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¿Lucha anticorrupción? Es la segunda vez que se le revoca una prisión preventiva a Keiko Fujimori

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Keiko Fujimori hasta el momento se encuentra recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos pero saldrá en las próximas horas gracias a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado que acaba de revocar su prisión preventiva de 15 meses y le cambió la restricción por un Mandato de Comparecencia Restrictiva.

Ella se irá a su casa probablemente el día lunes pero bajo las siguientes reglas de conducta: a) La obligación de no ausentarse de la ciudad de su domicilio, ni variar el mismo sin previa autorización por escrito al Juzgado. b) La obligación de comparecer cada treinta días a la Oficina de Registro y Control Biométrico a efectos de registrar su huella digital. c) La obligación de presentarse puntualmente ante las autoridades del Poder judicial y/o Ministerio Público, en cuanto sea válidamente requerida para ello. d) La prohibición de comunicarse con sus computados, testigos u otros órganos de prueba, sea en forma personal o por intermedio de terceros o a través de cualquier forma o medio tecnológico, mientras no concluya el presente proceso. 

Asimismo, pese a que a través de la investigación ya se confirmó que ella ha recibido muchos millones de varios empresarios, entre ellos del mandamás del Grupo Credicorp Dionisio Romero, solo deberá pagar una modestísima caución de S/70 mil soles en un plazo de cinco días hábiles.

Recordemos brevemente las veces que Keiko Sofia Fujimori Higuchi obtuvo medidas cautelares de excepción, o mejor dicho prisiones preliminares y preventivas. Si bien el 28 de enero de este año, el titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga Urday, le dictó sentencia de prisión preventiva por 15 meses, ya que ella obtuvo una Libertad condicional los primeros días de diciembre de 2019, gracias al Tribunal Constitucional que el 25 de noviembre declaró Fundada el Hábeas Corpus presentado por su hermana Sachi Fujimori.

Justamente el TC presidido en aquel momento por Ernesto Blume ordenó la liberación de la hija de Alberto Fujimori porque ella había obtenido su primera prisión preventiva de 36 meses, el 31 de octubre de 2018 mediante sentencia dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, titular de la Sala Nacional Especial. Aquella medida excepcional que falló el juez Concepción prácticamente fue la continuación de una prisión preliminar que ella recibió el 10 de octubre, pero que a causa de una apelación presentada por su abogada Gulliana Loza, Fujimori Higuchi fue liberada de la preliminar el 17 de octubre, no obstante, finalmente fue recluida en los 14 días posteriores al penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

Según los sucesos y actos procesales que viene protagonizando hasta el momento, Keiko Fujimori nunca se dará por vencida en su afán de evadir a la justicia, porque desde un principio negó toda vinculación con trasnacionales como Odebrecht y con los grandes grupos empresariales del Perú, como el Club de la Construcción con quien tuvo reuniones privadas, así como sus nexos con el cuestionado exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, y el prófugo exvocal Supremo el hermanito César Hinostroza.

Y a pesar que el Ministerio Público le ha imputado los presuntos delitos de lavado de activos, cabecilla de una organización criminal, asociación ilícita para delinquir, receptación, falsa declaración en proceso administrativo, obstrucción a la justicia, fraude procesal y falsedad genérica; ella solo se da tiempo para declarar de manera imperturbable que todo lo que se le imputa es falso, porque es parte de un ajusticiamiento y venganza política. Es obvio que la abogada Loza la ha asesorado muy bien con respecto a sus garantías procesales.

En ese sentido, hasta el momento Keiko Fujimori es inocente porque de forma taxativa se acoge al principio de presunción de inocencia y aunque ese principio es un derecho fundamental para garantizar la libertad de las personas, también se torna como un derecho subjetivo que favorece a todo aquel que esté vinculado a conductas típicas antijurídicas, pero no es menos cierto que su aplicación es insoslayable tal como lo señala su fundamento legal en el artículo: 2° inciso 24. literal E de la Constitución política del Perú, y en el Artículo II del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal de Perú.  

Asimismo, ella merece un Debido Proceso (que significa el derecho a la defensa, el derecho de tener un tribunal independiente e imparcial, y derecho a una sentencia motivada) que es un principio de la función jurisdiccional. Es el derecho y garantía que toda persona posee a través de una tutela jurisdiccional efectiva, tal como lo señala su fundamento legal en el artículo: 139° inciso 3 de la Constitución política del Perú, y en el artículo 7° del TUO de La Ley Orgánica del Poder Judicial, y en el Artículo I, 1 del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal de Perú.

Sin embargo, Keiko Fujimori ha sido investigada desde 2015 por los presuntos aportes fantasmas mediante rifas y cócteles durante la campaña de su candidatura por Fuerza 2011, pero ella como siempre negó todo. Y en 2016 la Fiscalía abrió otra investigación también por Lavado de Activos, pero esta vez el titular de la carga de la prueba fue José Domingo Pérez, porque con la misma modalidad de 2011, los de Fuerza Popular realizaron cócteles con recaudaciones millonarias para la campaña de su candidatura de 2016.

Ahora bien, a pesar que la investigación está bien avanzada, lo que todo mundo se pregunta es ¿Cuándo el fiscal José Domingo Pérez formulará la denuncia penal respectiva a Keiko Fujimori, además de los otros 60 investigados?

¿Qué está pasando con el Equipo Especial liderado por Rafael Vela que aún no culmina su investigación?  Se entiende que esta pandemia del Covid-19 ha paralizado casi todas las actividades sociales, económicas y fiscales, no obstante va a ser muy importante la celeridad en las próximas decisiones del Ministerio Público respecto a este caso. En la Fiscalía todo obedece a una cuestión técnica porque el caso en realidad lo dirige el fiscal José Domingo Pérez y por eso es de conocimiento público que durante todo el año 2019 e inicios de 2020 se han incorporado decenas de testimonios y de material probatorio, por eso quizás se deba la demora en la acusación.

La opinión pública solo espera por el bien de la propia investigación preparatoria, que este año de todas maneras se formule la denuncia respectiva contra Keiko Fujimori.

Por otro lado, entre la Fiscalía y la defensa técnica de Fujimori Higuchi se ha formado una encarnizada guerra mediática y legal, que a través de bombardeos procesales y de comunicación en los medios vienen mostrando quién es el que va ganando la batalla semana a semana, mes a mes y año tras año. Y en base a esa contienda la batalla por el momento la está ganando la lideresa de Fuerza Popular, porque pronto recobrará su libertad.

Pero Vela Barba, en tono desafiante con respecto al fallo que ha revocado la preventiva acaba de afirmar que no le sorprende la conducta de la Sala Penal de Apelaciones que liberó a la excongresista fujimorista ya que la reciente revocación es carente de imparcialidad, porque ahora aducen que la obstrucción procesal de parte de la investigada ha disminuido, así como su peligro de fuga. ¿Quién los entiende? ellos se contradicen, porque primero reconocieron que había peligro procesal; y ahora cambian de opinión y lo niegan todo en plena coyuntura del Covid-19.

Además, tampoco se notificó de la apelación al Equipo Especial, y nadie menciona que la apelación no debió admitirse, porque el plazo para interponer el recurso de apelación de parte de la defensa técnica venció, y a pesar de esa caducidad administrativa y reglamentaria, la Sala de Apelaciones admitió extrañamente el recurso que lo consideró concedente y no se respetó el plazo establecido. Por lo tanto hay una sanción y no se ve realmente el tema de fondo, como bien está saliendo a los medios a declarar la abogada Giulliana Loza.

Como siempre, Keiko Fujimori tuvo un trato privilegiado en esta decisión judicial. En suma, todo ya estaba orquestado para liberarla, pero ahora se tendrá que ver en lo sucesivo cómo va a cumplir sus reglas de conducta, porque va a gozar de forma relativa de su derecho al libre tránsito, pero no podrá reunirse con implicados y con testigos para coordinar, inducir y/o influir en sus próximas declaraciones ¿y quién se encargará de vigilar eso? Lo cierto en todo esto, es que ella sí ha realizado obstaculización a la actividad probatoria anteriormente, cuando mentía en sus declaraciones e inducia a sus militantes para que nieguen las verdades de sus eventos cocteleros.

Pero la abogada Loza fiel a su contraataque, arremete e insiste en declarar a los medios lo mismo que ha argumentado la Sala Penal de Apelaciones: que el Equipo Especial de la Fiscalía no ha demostrado diligencia en sus pesquisas porque realizaron maniobras dilatorias por no llevar a juicio a la imputada en el menor plazo posible. Ante ello, Rafael Vela no se ha quedado callado y ha dicho que eso es falso. Él manifiesta que ellos no participaron de la diligencia porque tenían que acatar el aislamiento social. En ese sentido, la Sala Penal viene invadiendo y usurpando las labores del Ministerio Público porque le pidió a Vela que escaneen los folios de los 400 tomos para su revisión, pero Vela replicó y respondió que eso no se podía realizar porque estamos en plena cuarentena y por tanto se debía proteger la salud de los doce operadores judiciales que tendrían que movilizarse para escanear los miles de folios.

Fue así, que la defensa técnica de Keiko Fujimori impulsó su teoría del caso basándose en la pandemia del Covid-19 y ¿cómo ésta podría afectar la salud de su patrocinada al seguir permaneciendo en un penal? Pero lo cierto es que Fujimori Higuchi goza de privilegios carcelarios porque tiene una celda para ella sola. Entonces cuando los jueces argumentan que se basan en la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se deben adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento en los sistemas penitenciarios, que incluya la “reevaluación de los casos de prisión preventiva”. Ella definitivamente no califica ante esa recomendación, porque simplemente nunca estuvo, ni está hacinada.

Rafael Vela ha sido enfático y ratifica que ha habido una decisión Ah doc en el fallo revocador, con nombre propio… y ese nombre es Keiko. Es decir, ha sido valorado con absoluta parcialidad, y se ha violado el derecho de igualdad. Y luego de que se levante la medida del aislamiento social el Equipo Especial reactivará sus actividades a pesar de la reducción del personal y deberá haber gobernanza electrónica y/o teletrabajo, para asegurar que en este año de todas maneras haya acusación fiscal e inicio del juicio oral, ya que la investigación preparatoria está a punto de culminar aproximadamente dentro de dos meses, claro está dependiendo del desarrollo de la pandemia en nuestro país.

Finalmente, el Equipo Especial Lava Jato va a apelar la sentencia y pronto va a interponer un recurso de Casación, pero tampoco hay un plazo perentorio en ese recurso, y esa es la razón por lo que demora en resolverse. Es decir, la Corte Suprema resuelve de acuerdo a su disposición; eso quiere decir que Keiko Fujimori estará libre por mucho tiempo.

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

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Colectivos realizarán protesta contra ‘apología al terrorismo’ en el Ministerio de Cultura

Ante el escenario ciudadano que exige una responsable inversión del erario público para el estímulo de obras cinematográficas, varios colectivos harán un plantón el miércoles 8 de mayo en el frontis de la sede principal del Ministerio de Cultura.

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Más de una decena de colectivos realizarán este miércoles 8 de mayo un plantón-protesta en el frontis de la sede principal del Ministerio de Cultura para mostrar su rechazo a los criterios utilizados por la Dirección de Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) para otorgar los estímulos económicos provenientes de los fondos públicos a proyectos cinematográficos con sesgo ideológico.

El plantón se realizará desde las tres de la tarde y participarán colectivos como Legión Patriota y Comando Valer, Insurgencia, Movimiento Democrático Anticomunista, Fenavit, Fundación Juana López, Elite Democrático, Trinchera Demócrata Perú, Anti Comunistas-Anticaviares, entre otros.

En la promoción de su anuncio se lee: “Ministra de Cultura financia películas que le lavan la cara al terrorismo sanguinario pisoteando la memoria de mies de víctimas”.

Cabe mencionar que el Congresista Alejandro Muñante ya solicitó a través de una moción de orden del día, crear una Comisión Investigadora en el Parlamento para investigar los ‘Estímulos Económicos’ del Mincul para conocer cuáles fueron los criterios para financiar proyectos cinematográficos, y advirtió que el “Ministerio de Cultura destinó fondos públicos para financiar y promover cinematografías que tergiversan la historia”.

Ministerio de Cultura anunció una reestructuración en el financiamiento para los proyectos cinematográficos

Ante el escenario ciudadano que exige una responsable inversión del erario público para el estímulo de obras cinematográficas y tras el oficio que la congresista Rosangella Barbarán le envió a la ministra Leslie Urteaga, para que explique sobre el financiamiento de películas con temática terrorista, la titular del sector anunció, reestructuración.

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Congresista Muñante solicitó crear Comisión para investigar los ‘Estímulos Económicos’ del Mincul

El congresista Alejandro Muñante presentó una moción para crear una comisión investigadora para conocer cuáles fueron los criterios para financiar proyectos cinematográficos, y advirtió que el “Ministerio de Cultura destinó fondos públicos para financiar y promover cinematografías que tergiversan la historia”.

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El parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó una moción de orden del día (N° 11383) para crear una comisión multipartidaria que investigue en el plazo de 60 días, el uso de los fondos públicos otorgados por el Estado para la Actividad Cinematográfica y Audiovisual; es decir, a los proyectos de cine presentados por sus realizadores, entre los años 2011 y 2023.

La investigación busca determinar si estos fondos “cumplieron los propósitos contemplados en la norma, esto es, estimular la educación, y promover la imagen del Perú a nivel nacional e internacional”.

Moción que solicita crear comisión para investigar uso de fondos públicos para películas.

El congresista, a través de su cuenta en X, advirtió que el “Congreso de la República debe investigar inmediatamente el correcto uso de los recursos públicos destinados a la producción de películas señaladas por su sesgo ideológico y acusadas de tergiversar la historia de país”.  

En el segundo folio de la moción se indica que el Mincul destinó fondos públicos para financiar producciones que tergiversan ideológicamente la historia del Perú, respecto al terrorismo que azotó al país.

“Contrariamente a los fines de la norma, a través de denuncias periodísticas, se ha podido conocer que el Ministerio de Cultura ha destinado fondos públicos para financiar, promover y distribuir producciones cinematográficas y audiovisuales que tergiversan la historia del Perú en lo que respecta al terrorismo y proyectos artísticos que tienen una carga ideológica”, señaló Muñante.

Asimismo, el congresista citó películas como “El Viaje de Javier Heraud”, “La Revolución y la Tierra”, “Hugo Blanco, Río Profundo”, “La Última Tarde”, y la recién estrenada “La Piel Más Temida”, estas dos últimas dirigidas por el cineasta huancaíno Joel Calero.

Expremier Salvador del Solar también se benefició con S/800 mil para una de sus películas

Muñante Barrios, se refirió al Decreto de Urgencia N° 022-2019 que promulgó el expresidente Martín Vizcarra

“Estas producciones habrían tenido un importante incremento a raíz de la dación del Decreto de Urgencia 022-2019 que fue promulgada por Martín Vizcarra de la mano con Salvador del Solar, aprovechando el interregno parlamentario, tras el cierre del Congreso. Sin embargo, llama la atención que, gracias a este DU, el expremier habría sido beneficiado con S/800 mil en el 2023 para la producción de una de sus películas”.

Hasta 2022 el Ministerio de Cultura otorgó casi 110 millones para producción de películas

El congresista también se refirió a los años de financiamiento de producciones cinematográficas por parte del ministerio de Cultura:

“Asimismo, hemos advertido en la moción que, desde el 2011 al 2022 se ha entregado S/109 millones, 883 mil, 873 para la Actividad Cinematográfica y Audiovisual. Además, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, ha anunciado otros S/36 millones en el 2024”.

Así las cosas, y pese a que a la ministra de Cultura Leslie Urteaga ya anunció que en DAFO habrá una reestructuración en el financiamiento para proyectos cinematográficos; de todas maneras, tiene mucho qué explicar, sobre este tema y sobre otros casos, como la contratación de la empresa Joinnus y las vulneraciones que acaban de darse en patrimonios arqueológicos como Chan Chan y Kuélap.

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Walter Gutiérrez renunció a los cargos de embajador del Perú en España y Andorra

Al exdefensor del Pueblo los cargos solo le duraron unas semanas. Walter Gutiérrez fue designado como embajador de Perú en España en marzo de 2023; sin embargo, inició funciones el 21 de abril y lo más probable es que El Ejecutivo lo coloque en otro cargo.

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¿Acaso el Ejecutivo le está reservando otro cargo? Walter Gutiérrez ha presentado su renuncia al cargo de embajador en España y del Principado de Andorra, y como representante del país ante la Organización Mundial de Turismo (OMT).

La decisión fue comunicada a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a través de una carta.

La designación de Walter Gutiérrez como embajador en España se llevó a cabo en marzo de 2023, y comenzó oficialmente sus funciones el 21 de abril del mismo año. Luego, el 12 de mayo, asumió simultáneamente como embajador extraordinario y plenipotenciario de Andorra.

Según el exdefensor del Pueblo, su motivación corresponde a “consideraciones personales que hacen inviable continuar desempeñándome como embajador del Gobierno”.

Asimismo, trascendió que el también exdefensor del Pueblo, habría tenido diferencias con el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea acerca de las políticas del Gobierno sobre el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

Al presentar estas dimisiones debo agradecerle la confianza brindada para asumir las mencionadas responsabilidades. Asimismo, deseo expresarle que ha sido un honor representar al Estado peruano y a mi país en el reino de España”, señala Gutiérrez en la misiva.

Carta enviada por Walter Gutiérrez a Dina Boluarte donde renuncia a los cargos de embajador.

“Finalmente, es mi más sincero deseo que su Gobierno pueda concretar los objetivos de Estado que se han propuesto, así como cumplir con éxito el periodo constitucional de su gestión”, añade.

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Osiptel bloqueó más de 600,000 celulares con IMEI clonados en apenas 11 días

Asimismo, la representante de Osiptel advirtió que, a partir del 22 de julio, se bloquearán los equipos móviles que no estén registrados en la lista blanca del sistema.

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A mediados del mes pasado Osiptel había anunciado que desde el 22 de abril los celulares robados serían bloqueados. 

En esa línea, Tatiana Piccini, representante y directora de Atención y Protección del Usuario de Osiptel, informó que desde el 2 de abril se implementó un nuevo sistema que detecta celulares con IMEI clonado o inválido, como parte del Registro de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad Ciudadana.

En apenas once días de funcionamiento, ya se han identificado más de 600 mil dispositivos afectados y se han solicitado bloqueos a las operadoras correspondientes.

La representante de Osiptel advirtió que es sumamente importante proteger el código IMEI y recomendó a los usuarios que verifiquen la autenticidad de sus dispositivos móviles, marcando *#06#.

“Esta clonación representa un riesgo, ya que los delincuentes pueden utilizar estos dispositivos para actividades ilegales”, refirió en entrevista a Canal N.

¿Cómo consultar el estado de tu IMEI?

Asimismo, mencionó que se puede consultar el estado del IMEI en la herramienta ‘Checa tu IMEI’ proporcionada por Osiptel.

Desde el 22 de abril, todos los equipos celulares traídos desde el extranjero por personas naturales para su uso personal, vienen siendo registrados en el nuevo Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados y Fabricados (RETMIEF), en la lista de celulares válidos, o lista blanca, a través de las empresas operadoras de servicio móvil que les prestará el servicio para evitar el bloqueo.

Finalmente, Piccini informó que, a partir del 22 de julio, se bloquearán aquellos celulares no registrados en la lista blanca del sistema.

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Alcalde Rennán Espinoza a pesar de evidente video, negó que haya piloteado camioneta y que haya escapado de la ambulancia

Tras cinco días de silencio, apareció el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza y en una entrevista aseguró que nunca manejó la camioneta accidentada y que no huyó de la ambulancia que lo llevaba al hospital y más bien aseveró: “Se fuga quien está detenido, preso o impedido de su libertad. Cuando uno es un paciente y es trasladado en este tipo de casos, es a voluntad de la persona que se retira”.

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Tras una clandestinidad de cinco días, por fin apareció el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, y pesar de las imágenes de video que registraron los detalles del accidente y su explicita fuga de la ambulancia que lo trasladaba al hospital, él dio declaraciones a periodistas de América Noticias y negó todo.

Mientras monitoreaba la remodelación de un parque, el burgomaestre de Puente Piedra aseguró que el primero de mayo, día en el que su camioneta se estrelló contra una caseta en el peaje Chillón, él no conducía y negó que se haya fugado de la ambulancia que lo trasladaba al hospital.

Cuando el periodista le preguntó: ¿Usted no quiso entrar por temor a que le hagan un dosaje? Renán Espinoza respondió: “Pero yo no tengo que pasar dosaje etílico ¿cuál sería mi temor a pasar dosaje etílico?”

Entonces, vino la repregunta: “Alguien podría pensar que usted manejaba”.

“Pero si eso se estableció en el accidente; para eso estaba la policía en el lugar”, respondió el alcalde Espinoza. 

Asimismo, el alcalde de Puente Piedra desvirtuó el video en el que se observa hasta cuatro mujeres que intervienen en su rescate para emprender la fuga y en su lugar asegura que se trató de un ‘retiro voluntario’.

“Se fuga quien está detenido, preso o impedido de su libertad. Cuando uno es un paciente y es trasladado en este tipo de casos, es a voluntad de la persona que se retira”, respondió.

También dijo que decidió ir a una clínica porque no estaba tan mal y agregó que solo fue auxiliado por unas vecinas.

“Mucha gente se acercó y es probable que sean personas de la Municipalidad como otras vecinas y vecinos, tengo varios amigos”.

Ante ello, se le preguntó: ¿No conoce a sus funcionarios?

“Sí los conozco, pero ni siquiera he apreciado bien los videos”, contestó el alcalde de Somos Perú.

Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas y en realidad, no se acercó ningún vecino, ni amigo. Por ello, el propio alcalde Rennán Espinoza terminó por reconocer que fueron sus funcionarias municipales, las que se lo llevaron de la ambulancia.

“Sí, son trabajadoras de la municipalidad”, admitió el burgomaestre.

Sila Pilar Chahua Bailón es la gerenta de Salud; Hilda Chaccha Suasnabar es la gerenta de Seguridad Ciudadana; Brenda Milagritos Santana Sáenz trabaja en la agencia centro y Deysi Linn Ortiz Tarazona es gerenta de Participación Vecinal. Aunque ésta última no estuvo, según el alcalde.

Cámara de seguridad registra cómo fugó el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza.

Negó que sus funcionarios municipales le hayan ayudado a escapar

“Yo no necesitaba ayuda para poder trasladarme, no estaba incapacitado; tranquilamente podía caminar, y se han acercado para ver si estaba en una situación más gravosa”, refirió.

Rennán Espinoza también negó haber estado ese mismo día en una reunión con sus trabajadores en el estadio municipal y señaló que dicho evento ocurrió un día antes.

Lo cierto, es que el hombre evacuado por la ventana del piloto de la camioneta vestía polo celeste y gorro azul; justamente, la indumentaria del alcalde Espinoza al momento del accidente; sin embargo, lo negó todo y dijo que se trata de una especulación, e incluso mencionó que las cámaras lo pueden corroborar todo.

Todo lo demás es pura especulación, las cámaras pueden corroborar todo esto, yo entiendo que la especulación y la suspicacia es mucho más grande decir que el alcalde estaba ahí, porque es el político, lo comprendo”, de esa manera negó todo.

Finalmente, también dijo que no vio la agresión de su sereno contra un efectivo de la Policía y que menos sabía que su jefe de Imagen nunca había tramitado un brevete en su vida.

Ante este afán de confundir a la opinión pública y de presuntamente obstaculizar las investigaciones con declaraciones insólitas y contrarias a las evidencias tecnológicas, ahora solo queda esperar a la Fiscalía de la Nación, para que tome cartas en el asunto, porque solo su institución es la que debe perseguir el delito y la única titular de la acción penal.

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Tras duras críticas, el Ministerio de Cultura anuncia reestructuración en el financiamiento para proyectos cinematográficos

Ante el escenario ciudadano que exige una responsable inversión del erario público para el estímulo de obras cinematográficas y tras el oficio que la congresista Barbarán le envió a la ministra Leslie Urteaga, para que explique sobre el financiamiento de películas con temática terrorista, la titular del sector anunció, reestructuración.

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La ministra de Cultura, Leslie Urteaga anunció que su portafolio realizará una restructuración del otorgamiento de los Estímulos Económicos para el fomento de producciones cinematográficas, porque consideran, que como se trata de fondos públicos, realizarán un proceso participativo, donde intervengan todas las voces, con el objetivo de promover el desarrollo de la industria del cine, pero esta vez a cabalidad, para brindar producciones de calidad a los ciudadanos del país.

La ministra Urteaga Peña, tomó esta decisión, tras las masivas críticas sobre el financiamiento de S/670 mil soles que el Ministerio de Cultura le otorgó al director de la película “La piel más temida” y luego de haber constatado que durante años diversos realizadores en lugar de rodar sus películas con el dinero que recibieron de los estímulos económicos que les otorgó el Mincul, se gastaron el dinero público en otros proyectos, como autos y departamentos.

Comunicado de la ministra de Cultura, en el que anuncia una restructuración de los financiamientos para proyectos cinematográficos.

Por ello, nuevamente se pone en discusión el tema de los manejos que se hacen en la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Mincul.

Incluso, la artista Pilar Roca, viuda del director de cine Federico García, publicó el libro “Misterdafo: Perú: Cine, política y corrupción”. Precisamente esta publicación se lanzó tras la muerte del director de la cinta “Tupac Amaru”, luego de que fuera discriminado por dicha dirección cinematográfica en el Mincul, porque en lugar de otorgarle un estímulo económico para restaurar su emblemática película, prefirieron dárselo a un realizador italiano.

El libro de Pilar Roca desentraña con lujo de detalles estadísticos e informativos, la catadura ética y moral de la cinematografía nacional, e incluso menciona con nombre propio a cada uno de los agentes de la entidad de los audiovisuales y demuestra las limitaciones y carencias de la Ley del Cine. Y finalmente, indica quiénes integran la “argolla” de los premios y estímulos económicos que brinda el Ministerio de Cultura.    

Libro Misterdafo que aborda la realidad de los financiamientos de los proyectos de cine en el Mincul.

No obstante, ante este escenario ciudadano que exige una responsable inversión del erario publico para el estimulo de obras cinematográficas la ministra respondió:

“Se ha decidido reestructurar los procedimientos de los Estímulos Económicos para el cine. Será un proceso participativo, escuchando a todos, con la finalidad de promover a cabalidad e desarrollo de la industria. Y a su vez, promover la Política Nacional de Cultura, que tiene como principio brindar servicios de calidad a los ciudadanos. Este proceso se llevará a cabo a través del reciente creado Laboratorio de Innovación Cultural- CulturaLAB, para lo cual se ejecutarán actividades de co-creación que garanticen un proceso participativo amplio”.

Además, indicó que respetarán la libertad artística, en base a una política clara de paz y memoria histórica de nuestra nación.

“Refirmamos que el otorgamiento de Estímulos Económicos para la Cultura es una intervención necesaria para el fomento de la industria cultural en el país, en este caso la cinematográfica, teniendo siempre el firme compromiso de cautelar los recursos del Estado. Respetando, para ello, la libertad artística, en base a una política pública clara, promoviendo una cultura de paz, la democracia y la memoria histórica de nuestra nación, que permitan una reflexión integradora de nuestro desarrollo como país”, remarcó la titular de Cultura. 

Finalmente, la ministra Urteaga invitó a todos los actores del sector cinematográfico y audiovisual a sumarse a esta iniciativa y a trabajar conjuntamente por un futuro prospero y diverso para todos los peruanos.

Congresista Rosangella Barbarán exige a la ministra Leslie Urteaga explicación sobre el financiamiento de películas con temática terrorista

Hace unos días, congresista Rosangella Barbarán envió una carta (Oficio N° 443-2023/2024-RABR-CR) a la ministra de Cultura Leslie Urteaga, para que dé explicaciones con carácter de urgencia con un informe escrito a través de un reporte indicando cuáles fueron los procedimientos y criterios de asignación de presupuesto que tiene el ministerio para financiar películas nacionales.

Aquí más información del tema https://limagris.com/congresista-rosangella-barbaran-exige-a-la-ministra-leslie-urteaga-explicacion-sobre-el-financiamiento-de-peliculas-con-tematica-terrorista/

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Alberto Fujimori pide al Congreso su pago de pensión vitalicia por ser expresidente, más vales de combustible

A pesar que el indultado expresidente le debe al Estado por concepto de reparación civil, S/ 57 millones; ha enviado tres oficios al Parlamento para solicitar, además de su pensión vitalicia de S/ 15,600, un asistente personal, con escolta presidencial y vales de combustible.

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El expresidente de la República, Alberto Fujimori, tras ser indultado solicitó formalmente al Congreso que se le asigne una pensión vitalicia establecida en la Ley N° 26519, así como el pago de un asistente personal y gastos por combustible, según el Acuerdo de Mesa 078-2016-2017/MESA-CR. Dicho pedido, fue redactado en tres oficios, en los que figuran las firmas del exmandatario excarcelado y de su abogado Elio Riera.

El 26 de enero pasado, se envió el primer oficio al Congreso y se solicitó la contratación de Óscar Demetrio Paredes Estrada, bajo la modalidad CAS, para que trabaje desempeñándose en calidad de asistente del exjefe de Estado.

Fuente Latina.

Tras dos meses, el 20 de marzo llegó a la Oficialía Mayor del Congreso un oficio en el que el propio Fujimori solicita que se le otorguen vales de combustible, como parte de sus beneficios en calidad de exjefe de Estado. Asimismo, señala que el vehículo que utilizará es un auto Honda de placa AXX-588, el cual, según verificó Latina, está registrado a nombre de su fallecida exesposa Susana Higuchi.

Fuente Latina.

Finalmente, el 24 de abril el Oficial Mayor del Congreso Giovanni Forno recibió otro oficio. En dicho documento el expresidente solicita el pago de una pensión vitalicia, tal como se establece en la Ley N° 26519, la cual asciende a un monto de S/ 15,600, similar al sueldo básico de un congresista de la República.

Documento del 24 de abril en el que Alberto Fujimori pide su pensión como expresidente. Fuente Latina.

Abogado de Alberto Fujimori confirma el trámite de las solicitudes

Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, confirmó a Latina que los beneficios presidenciales, en efecto, vienen tramitándose ante el Congreso de la República.

“Sí, los he mandado yo, con firma del expresidente también. Le corresponde la pensión, los vales de combustible y el asistente. Además, hemos solicitado escolta presidencial al Ministerio del Interior. Todo esto le corresponde por ley”, afirmó Riera.

Expresidente Alberto Fujimori aún no paga la reparación civil

Tras declarar fundado en diciembre de 2023, según la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que el indulto a Alberto Fujimori fue legítimo, inmediatamente la Procuraduría General del Estado publicó un comunicado en el que aclaró que la deuda por reparación civil que afronta el expresidente, asciende a S/57 millones, por los casos de allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de CTS a Vladimiro Montesinos, casos por los que fue sentenciado. En esa línea, la Procuraduría aclaró que, a pesar del indulto, la deuda de Alberto Fujimori tampoco se ha extinguido.

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Nicanor Boluarte asesoró a empresa china que opera sin licencia y explota a trabajadores

La empresa china Tengda (Perú) Cerámica SAC. no tiene permisos ambientales, de defensa civil, ni permisos de construcción, ni licencia alguna; y a pesar de todo el alcalde de Salas-Ica, Javier Fernández viene dando todas las facilidades para que la planta china regularice su situación.

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En el kilómetro 286 de la carretera Panamericana Sur, en Ica, opera la empresa china Tengda sin licencia y a pesar que no tiene permiso de construcción, ni permiso para explotar agua, y mucho menos de funcionamiento, construyeron una inmensa planta de 40 hectáreas, que sería una de las fábricas de cerámica más grandes del país y los empleados trabajan sin que ninguna autoridad pueda fiscalizarlos y en condiciones informales, sin beneficios sociales.

¿Por qué esta firma china tuvo tanta suerte?  ¿Acaso esa suerte radica a su cercanía con Nicanor Boluarte?

Resulta, que la persona que Tengda (Perú) contrató para servicios legales, se trata de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta de la República Dina Boluarte.

Según, fuentes de Latina, el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, asesora a esta empresa china Tengda (Perú) Cerámica SAC.

Tengda contrató los servicios del abogado Boluarte Zegarra, en dos ocasiones: en mayo de 2023 y en enero de 2024. En el informe de Punto Final, se presentó las pruebas que demuestran que efectivamente Nicanor Boluarte asesoró a la empresa en fecha clave para el cambio de zonificación.

Uno de los Recibos por Honorarios que emitió Nicanor Boluarte a la empresa Tengda.

Ni la Municipalidad de Ica, ni de Salas Guadalupe otorgaron licencia a empresa china

El año pasado la solicitud de Tengda para modificar la zonificación fue rechazada por la Municipalidad Provincial de Ica. A pesar de no contar con permisos municipales ni la licencia de construcción correspondiente, la empresa presentó su plan de participación ciudadana al Ministerio de la Producción, que también fue objetado. Como parte de este trámite, la empresa registró una dirección en Los Olivos, en Lima, que resultó ser un restaurante de comida china, como su domicilio procedimental.

Trabajadores denuncian explotación laboral

Los trabajadores de la planta Tengda (Perú) protestaron por las condiciones de explotación que enfrentan. Afirman que no fueron registrados en planillas y que los contratos firmados carecen de validez. Asimismo, no tienen seguro social ni aportes a la AFP. Cerca de 127 empleados organizaron una manifestación y paralizaron sus actividades, dejando solo al personal chino trabajando.

VIDEO de Latina.

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