Mientras el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, se encuentra nuevamente fuera del cargo por vacaciones hasta el 9 de agosto —sumando ya 145 días de ausencia en lo que va del año—, el Ministerio Público ha iniciado una diligencia clave para esclarecer presuntas irregularidades en la adjudicación de dos obras públicas por casi S/ 300 millones.

La Fiscalía Anticorrupción intervino esta semana las oficinas del Gobierno Regional de La Libertad, incautando documentos relacionados con los contratos observados. Durante más de dos horas, los fiscales se reunieron con funcionarios para recoger información administrativa y escuchar los primeros descargos. El objetivo: determinar si los procesos de licitación se ajustaron de acuerdo a ley o si, por el contrario, existieron prácticas que podrían configurar presuntos delitos de corrupción.

Desde la administración regional se ha insistido en que los procedimientos fueron legales. El gerente general, Martín Namay Valderrama, aseguró que el control posterior —responsabilidad de la Contraloría— permitirá verificar la autenticidad de los documentos presentados por las empresas contratistas. Además, afirmó que la gestión regional viene colaborando con la Fiscalía y ha puesto a disposición toda la información solicitada.

Sin embargo, la investigación no se detiene en La Libertad. El consejero regional Robert de la Cruz encendió las alarmas al señalar que la empresa ganadora de las obras también ha sido beneficiada con millonarios contratos en otras regiones gobernadas por autoridades cercanas a Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña Peralta. Particularmente, mencionó Ayacucho, donde el gobernador Wilfredo Oscorima —otro aliado político de APP— ha adjudicado proyectos millonarios a la misma compañía.

Estas coincidencias, según De la Cruz, no pueden ser ignoradas y exigen una revisión más amplia del patrón de contrataciones públicas dentro de regiones dirigidas por el partido apepista. Advirtió posibles conflictos de interés y solicitó una investigación profunda, no solo desde el ámbito judicial, sino también político.

Acuña Peralta, por su parte, rechazó las acusaciones a través de redes sociales y sostuvo que su gestión se rige por principios de legalidad y transparencia. Pero su prolongada ausencia en momentos clave y la repetición de contratistas bajo su entorno partidario dejan más preguntas que respuestas.

El congresista ‘golondrino’. El parlamentario por la región Apurímac, Paul Gutiérrez Ticona, bien podría ser calificado como el típico legislador sin bandera ni ideología definida, pues desde que se estableció este Parlamento en el 2021 inició con Perú Libre para luego conformar la bancada del Juntos por el Perú, tiempo después representaba los colores del Bloque Magisterial, y tras la disolución de esta última ahora anuncia su inserción a Somos Perú.

Con la incorporación de Gutiérrez Ticona a Somos Perú, la bancada del actual presidente del Congreso, José Jerí, alcanzó los 10 integrantes. Antes de las elecciones a la Mesa Directiva 2025-2026, se incorporaron a esta bancada los congresistas Alex Paredes, Elizabeth Medina y Óscar Zea, quienes también dejaron el desintegrado Bloque Magisterial.

De esta manera, los integrantes de la bancada de Somos Perú suman 10 representantes: Alfredo Azurín Loayza, Paul Gutiérrez Ticona, José Jerí Oré, Elizabeth Medina Hermosilla, Jorge Morante Figari, Alex Paredes Gonzales, Bernando Pazo Nunura, Héctor Valer Pinto, Óscar Zea Choquechambi y Ana Zegarra Saboya.

Con este nuevo cambio la conformación de los grupos parlamentarios ha quedado de la siguiente manera: Fuerza Popular continúa siendo la bancada con más integrantes, teniendo a 21; le sigue Alianza para el Progreso con 17; detrás de ellos está Podemos Perú con 13; Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Perú Libre y Renovación Popular tienen 11 legisladores; Somos Perú con 10; Acción Popular con 9; Avanza País con 6; Bancada Socialista, Bloque Popular Democrático, Honor y Democracia cuentan con 5 integrantes cada uno; finalmente los no agrupados suman 6.

El dato:

En febrero de 2025, la Comisión de Ética del Congreso recomendó sancionarlo con una amonestación escrita pública. Se le señalaba por incluir respuestas generadas por ChatGPT en al menos cinco proyectos de ley sin edición ni revisión adecuada, lo cual fue considerado un “descuidado uso de la inteligencia artificial”, aunque no se estableció plagio formal.

Luego de investigaciones periodísticas, Gutiérrez retiró los proyectos cuestionados. Reconoció que fue un asesor quien copió y pegó las respuestas de IA y afirmó que no supervisó los documentos antes de presentarlos oficialmente.

La reciente controversia por el proyecto del Tren Lima-Chosica ha desnudado algo más que una discrepancia técnica. Ha puesto en evidencia un enfrentamiento político entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encabezado por César Sandoval, y la Municipalidad Metropolitana de Lima, dirigida por Rafael López Aliaga. Lo que podría haber sido un debate técnico sobre movilidad urbana, terminó convertido en un intercambio de acusaciones que refleja la descoordinación entre niveles de gobierno.

El punto más álgido se produjo cuando el alcalde de Lima acusó al ministro Sandoval de intentar apropiarse del material rodante del tren con supuestos fines irregulares. Incluso fue más allá, al insinuar que el ministro había buscado respaldo político para acceder al cargo, encendiendo así una chispa que rápidamente escaló.

La respuesta no se hizo esperar. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) difundió un comunicado categórico respaldando a Sandoval y condenando lo que calificó como “lamentables expresiones” del burgomaestre. En el documento, se destaca que el titular del MTC actúa con criterios técnicos y en busca de soluciones sostenibles para el sistema de transporte, mientras se lamenta el deterioro de la coordinación interinstitucional.

Detrás del lenguaje diplomático, sin embargo, se percibe una preocupación legítima. El enfrentamiento entre dos figuras clave en la gestión de infraestructura pública pone en jaque proyectos urgentes como el tren Lima-Chosica, vital para aliviar el caos vehicular de la capital. Lejos de fomentar consensos, ambos actores han optado por el enfrentamiento público, arrastrando consigo el riesgo de paralización de obras necesarias.

El ministro Sandoval, por su parte, agradeció públicamente el respaldo de la PCM, reiterando su compromiso con cerrar brechas sociales y trabajar con gobiernos locales.

Pero ese llamado al diálogo llega después del ruido mediático, y en medio de una narrativa de poder en la que cada parte institucional parece más interesada en marcar territorio que en coordinar esfuerzos.

Más allá de quién tenga la razón técnica, lo cierto es que esta disputa política revela la fragilidad de la articulación institucional en el país. En un contexto donde la ciudadanía exige soluciones concretas al colapso del transporte, la confrontación parece ser, una vez más, el camino elegido.

El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), anunció que este viernes 1 de agosto se pondrá a debate en el Pleno el nuevo pedido de autorización presentado por el Ejecutivo para que la mandataria Dina Boluarte pueda ausentarse del país entre el 5 y el 12 de agosto, con destino a Japón e Indonesia.

La solicitud, registrada en el Proyecto de Resolución Legislativa N° 11986/2025-PE, fue remitida al Parlamento el 29 de julio. Según se detalla, la jefa de Estado ha sido invitada por el Gobierno japonés a participar en la Exposición Universal ‘Osaka Kansai 2025’, evento que se celebrará el 9 de agosto en la ciudad de Osaka. Además, está programada una reunión bilateral con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en Tokio, y una audiencia con el emperador Naruhito.

Posteriormente, Boluarte planea trasladarse a Indonesia, donde el 11 de agosto asistiría a las actividades oficiales por el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. La visita, de acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, tendría carácter de “Visita de Estado”.

Aunque la solicitud cumple con los procedimientos constitucionales, el titular del Congreso expresó ciertas reservas. Jerí lamentó que la presidenta no haya enviado aún las iniciativas legislativas anunciadas durante su reciente mensaje a la Nación, como la propuesta de ley para regular la pequeña minería y la minería artesanal.

“Creo mucho en la política de los detalles. Hubiera sido más oportuno que, junto con el pedido de autorización, llegaran también los proyectos que prometió. Eso habría sido un gesto distinto”, comentó Jerí. También reconoció que parte de la ciudadanía cuestiona la frecuencia de los viajes presidenciales y percibe una falta de atención a temas prioritarios del país.

El Congreso definirá este viernes si autoriza el desplazamiento internacional de la mandataria, en un contexto en el que se exige mayor coherencia entre los anuncios del Ejecutivo y sus acciones.

La adquisición de trenes por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha entrado en una fase crítica de cuestionamiento. Lo que inicialmente fue presentado como una generosa donación por parte de la empresa ferroviaria estadounidense Caltrain, ahora es objeto de sospecha y denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación.

El congresista Pasión Dávila Atanacio, de la Bancada Socialista, solicitó el 23 de julio que se inicie una investigación preliminar contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y funcionarios de la MML, por presuntos delitos que incluyen defraudación de renta de aduanas, malversación de fondos, colusión, abuso de autoridad y falsedad ideológica. Según el parlamentario, no se trataría de una donación genuina, sino de una “compraventa encubierta”.

La solicitud enviada a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, incluye el pedido expreso de que se cite como investigados tanto al burgomaestre como a los funcionarios responsables de la operación. Dávila advierte que la magnitud de los hechos amerita una investigación “exhaustiva e inmediata”, ante posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y declaraciones aduaneras.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la aparente contradicción entre la información entregada por Caltrain y la presentada por la MML. Mientras la empresa estadounidense consignó en su carta oficial de “donación” un valor de US$ 4.9 millones por el material ferroviario, la Municipalidad registró el mismo proceso con un valor inflado de S/822 millones, bajo el concepto de “valor técnico patrimonial”.

Además, Dávila Atanacio indica que existen actas del Comité Consultivo de Ciudadanos de Caltrain, fechadas el 15 de enero de 2025, en las que se hace referencia explícita a una “venta” de locomotoras, no a una donación. También se sostiene que el material fue parte de un proceso de retiro de flota diésel y había sido previamente puesto en venta pública por la empresa.

La denuncia también incluye la posible existencia de pagos no declarados. Por su parte, el exministro Rafael Rey habría afirmado que la MML transfirió más de US$ 7 millones a Caltrain, contradiciendo el discurso oficial sobre la gratuidad de la operación.

Frente a estos indicios, surgen preguntas que la municipalidad metropolitana liderada por López Aliaga aún no ha respondido con claridad: ¿hubo realmente una donación sin condiciones? ¿Por qué no se hizo pública toda la documentación? ¿Y por qué el valor declarado varía tanto según la fuente?

Por ahora, el caso avanza hacia el Ministerio Público, mientras las dudas sobre la transparencia del proceso siguen creciendo.

¿En qué momento trabaja? El líder de Alianza para el Progreso (APP) y uno de los principales responsables de que Dina Boluarte continúe en el poder, César Acuña, continúa dándose licencias como si hubiera desarticulado a todas las organizaciones criminales de su región.

Una vez más el infame ‘Plata como cancha’ vuelve a coger sus maletas para irse de viaje del 29 al 9 de agosto, dejando descabezada nuevamente su gobernación, a merced de los mineros informales, la delincuencia, los extorsionadores y demás flagelos con los que tienen que convivir aquellos ciudadanos que votaron por él.

Y es que los ejercicios mentales de multiplicar siete por ocho lo han dejado muy fatigado que necesita tomarse un tiempo libre para recuperar sus energías. Tanto será su descaro e indolencia hacia sus paisanos que con este nuevo descanso ya lleva 145 días alejado de su función como gobernador.

Viajes como cancha

Según reportes oficiales, los 145 días de inasistencia de César Acuña se deben a vacaciones, licencias y otras ausencias solicitadas por motivos diversos. Si bien esta vez no se ha registrado un viaje fuera del país, como en ocasiones anteriores, la constante ausencia del líder regional pone en duda su compromiso con los problemas más urgentes de La Libertad. Solo en lo que va del 2025, el gobernador ha acumulado ausencias que representan cerca del 30 % del tiempo total de gestión desde que asumió funciones.

Las reiteradas ausencias de Acuña han coincidido con momentos clave para la gestión regional: desde la continuidad de proyectos públicos hasta situaciones de emergencia por seguridad ciudadana, infraestructura o programas sociales. En muchas de esas etapas, el Gobierno Regional de La Libertad operó sin su principal autoridad presente.

La imagen que deja César Acuña con esta nueva ausencia refuerza la percepción de una autoridad que ejerce el poder con ligereza y sin asumir plenamente las responsabilidades de su cargo. En regiones como La Libertad, donde se concentra una importante cuota del problema delictivo nacional, la inacción institucional puede tener costos muy altos.

En la audiencia de ayer, la fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas, de a Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, informó que se presentó como nuevo elemento de convicción la tesis de Patricia Benavides, afirmando que cuenta con alto grado de similitud con otros trabajos presentados.

“La tesis que presentó (en el concurso público de la JNJ de 2022) y que generó su calificación (nombramiento) como fiscal suprema es una tesis con 85% de plagio. Por eso es que no aparecen. Vemos ahí como hay sustracción de los medios de pruebas”, reveló la fiscal Cárdenas.

No obstante, el juez supremo César San Martín recordó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ya archivó el proceso por el que se pide la separación de la investigada, motivo por el que ya no tendría sentido que persista la sanción.

En esa línea, la fiscal Cárdenas alegó que la decisión del Parlamento aún no ha sido notificada e insistió en que permitir el retorno de Benavides Vargas supondría que esta incurra nuevamente en irregularidades.

«La necesidad (de la suspensión) es para que no se instrumentalice a la institución para fines personales y por eso solicitamos la medida en tanto el Congreso no emita el pronunciamiento definitivo», agregó.

Cabe recordar que la Universidad Alas Peruanas admitió que en el año 2023 no pudo dar con la localización de ese trabajo, el mismo con que Benavides obtuvo sus grados de maestría y doctorado.

Tras la presentación de esa nueva evidencia, la Fiscalía busca que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirme la suspensión que se le impuso y que se amplíe a 36 meses.

El dato:

Benavides es imputada por supuestamente haber coordinado con el abogado José Luis Castillo Alva para que este la ayude a socavar el proceso administrativo que tenía en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a cambio de ayudarlo en su indagación por el caso Cuellos Blancos.

Mientras en el país continúan los cuestionamientos a la gestión presidencial, el Gobierno ha anunciado una nueva gira internacional. Esta vez, la presidenta Dina Boluarte visitará Japón e Indonesia entre el 5 y 12 de agosto, en lo que se ha calificado como un viaje destinado a “fortalecer las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales” del Perú con Asia. Así lo informó el canciller Elmer Schialer, quien, en conferencia de prensa, defendió con vehemencia la iniciativa, como ya es costumbre entre varios miembros del gabinete cuando se trata de justificar los movimientos de la jefa de Estado.

La solicitud para autorizar el viaje ya ha sido enviada al Congreso, tal como lo establece la Constitución. Schialer, con tono enfático, expresó su disposición de asistir al Pleno para sustentar el pedido. Sin embargo, el respaldo técnico de la gira no ha logrado opacar las dudas que persisten sobre la pertinencia política de un desplazamiento internacional en medio de una crisis interna de legitimidad, marcada por el descontento ciudadano y los cuestionamientos por el manejo del gobierno.

En su paso por Japón, la mandataria sostendrá reuniones con empresarios, funcionarios y la comunidad nikkei, además de participar en la Exposición Universal Osaka-Kansai 2025, donde Perú contará con un pabellón nacional. Se prevé, además, una audiencia con el emperador Naruhito, evento que Schialer no dudó en calificar como “una deferencia muy particular”.

La agenda en Indonesia incluye la firma del Acuerdo Comercial y de Cooperación Económica Integral (CEPA), el cual —según el canciller— permitirá quintuplicar las exportaciones peruanas a esa región. “Indonesia es el mayor país musulmán del mundo, con 280 millones de habitantes. El acceso a su mercado representa una gran oportunidad”, subrayó.

No se cuestiona que el fortalecimiento de los lazos comerciales y diplomáticos con Asia sea una prioridad estratégica. Sin embargo, lo que genera inquietud es la narrativa complaciente de los ministros, que suelen presentar cada acción presidencial como indiscutible, sin mostrar capacidad crítica ni autocrítica. El contexto político actual exige cautela, transparencia y sintonía con los problemas internos, no solo ceremonias protocolarias en el extranjero.

Las giras presidenciales, en efecto, son parte del trabajo diplomático habitual. Pero cuando estas ocurren mientras se acumulan conflictos sin resolver, promesas incumplidas y escándalos sin responsables claros, el simbolismo se vuelve más potente que los anuncios. ¿Es este el mejor momento para proyectar una imagen internacional, cuando la imagen interna sigue tan golpeada?

Schialer y otros ministros insisten en recalcar los beneficios económicos de estos viajes, pero omiten referirse al creciente escepticismo ciudadano sobre su impacto real y a los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en medio de un país aún marcado por la desigualdad y la desconfianza en las instituciones.

Por ahora, el Congreso tiene la última palabra sobre la autorización. Pero más allá del trámite legal, esta nueva gira internacional evidencia una constante en este gobierno: la necesidad de blindar políticamente a la presidenta, incluso a costa del juicio crítico y la rendición de cuentas.