Política
Los grandes gastos de Sagasti en el Despacho Presidencial en pandemia
El Despacho Presidencial ocupado por Francisco Sagasti en el mes de enero de 2021 gastó S/ 23,347 soles en embutidos, S/ 23,287 soles en carnes y S/ 26,479 soles en papel higiénico. Aquí el informe.

Mientras miles de peruanos se encuentran sin trabajo y varios negocios continúan quebrando por el confinamiento establecido por el gobierno del presidente Francisco Sagasti, es de pésimo gusto que el Despacho Presidencial se siga realizando adquisiciones y servicios de elevados costos durante el mes de enero de 2021.
No conforme con el escándalo de la compra de los cupcakes en el mes de diciembre de 2020, el Despacho Presidencial de Francisco Sagasti, sigue gastando miles de soles, dinero que debería ser destinado para camas UCI, oxígeno, e indumentaria para médicos y enfermeras que se encuentran en la primera línea. Es lamentable que este gobierno desconozca la palabra austeridad en plena crisis económica.
El 2021 el Despacho Presidencial inició el año con curiosas compras y contratos que a continuación mencionaremos. De todo lo adquirido en en el mes de enero aquí hemos enumerado algunos gastos que encontramos en el portal de Transparencia.
Mediante la empresa Milagros y Lorena S.A.C el Despacho Presidencial adquirió en enero de 2021 leche evaporada por el valor de S/ 20,060 soles según la orden de compra N° 1. De la misma forma el 01/14/2021 se compró embutidos a la empresa Inversiones Jeanbe por el monto de S/ 23,347 soles, tal como figura en la orden de compra N° 2. Al mismo proveedor de embutidos también se le compró carne de res, cerdo, cuy, carnero y vísceras por el monto de S/ 23,287 soles, tal como aparece en la orden de compra N° 14.

De la misma forma, el 27 de enero de 2021 también se adquirió papel higiénico por el valor de S/ 26,479 soles a la empresa JP Inversiones. Ese mismo día también se compró papel toalla por el valor de S/ 10,886 soles al proveedor Papelera El Pacifico, tal como se puede observar en las órdenes de compra N° 103 y 104. El 28 de enero el Despacho Presidencial pagó por frutas y verduras el monto de S/ 10,845 soles, también a la empresa Inversiones Jeanbe.

Dentro de las contrataciones aparecen los siguientes montos onerosos. Por el servicio de apoyo legal a Yesenia Nelida García Romero se le pagó el monto de S/ 30,000 soles, tal como figura en la orden de servicio N° 66. También aparece un contrato de Ursula Nubia del Pozo Sosa por el servicio de apoyo administrativo para el Gabinete Técnico, por lo cual se le pagó S/ 30,000 soles. De la misma forma encontramos a Carlos Benny Vargas Higaldo, contratado para el servicio de apoyo especializado en contrataciones públicas, por lo cual se pagó S/ 19,500 soles. Otra de las órdenes de servicio es la del contrato de asistencia en la organización de actividades, por ese trabajo Ángela Gabriela Torrecilla Ampuero cobró S/ 21,000 soles, y Yerko Díaz Martínez por el servicio de elaboración de estratégica de comunicación se le pagó S/ 10,000 soles.

Al mismo estilo del caso Richard Swing se sigue gastando miles de soles en órdenes de servicio, por eso es importante conocer en qué gasta el dinero de todos los peruanos el Despacho Presidencial que ocupa el líder del gobierno morado Francisco Sagasti.
Otra de las órdenes de servicio que hallamos fue la de Luis Ángel Huertas Reyes, a quien se le pagó por el servicio de apoyo administrativo la suma de S/ 18,000 soles. También en el portal de Transparencia figura Antonio Jonathan Vásquez Álvarez, a quién se le pagó por el servicio especializado de contrataciones el monto de S/ 27,000 soles. Otra de las órdenes de servicio que aparece es la de José Ernesto Arias Lazo, a quien el Despacho Presidencial de Sagasti pagó S/ 22,500 soles por el servicio de registros fotográficos. De la misma forma, César Fajardo Jordan cobró S/ 10,000 soles por el servicio de edición fotográfica, como figuran en las órdenes de servicio N° 83 Y 84 del 13 de enero de 2021.
También a Sofía Manuela Escurra Taype se le pagó S/ 16,000 soles por el servicio en comunicación y protocolo. Otra gasto que aparece es el de Alberto Orbegoso Simarra por el servicio de diseño de material gráfico y audiovisual cobró S/ 16,500 soles. Las personas mencionadas en el servicio gráfico también aparecieron en el mes de diciembre de 2020 con órdenes de servicio.

Pero la lista de contrataciones del mes de enero de 2021 continúa. Por el servicio de edición, coordinación y envío de notas de prensa a Carlos Enrique Huamancayo el Despecho Presidencial le pagó S/ 16,000 soles. También al señor Miguel Ángel Montes Benites por el servicio de monitoreo de redes sociales se le canceló la suma de S/ 12,000 soles. Otra de las personas que figura es Roberto Carlos Soto Quispe, quien fue contratado para realizar el servicio de apoyo en coordinación de actividades administrativas, por cual se le pagó S/ 11,000 soles.
También el despacho del presidente Sagasti contrató al señor Freddy Enrique Lozano, para el servicio de vigilancia médica ocupacional por la suma de S/ 8,000 soles. A Daniel Carbajal Quispe y José Felipe Galvez, cobraron cada uno por el servicio de apoyo en cocina de S/ 12,000 soles. A los señores Chang Paulo Pun Guevara y Héctor Marcos Quispe Guzmán el Despacho Presidencial les pagó a cada uno S/ 10,500 soles por el servicio de chofer.

Y para finalizar, encontramos las órdenes de servicio de Ingrid Glenda Ortiz Garate por el monto de S/ 15,000 soles por el servicio diseño de propuestas de implementación. Además, en Palacio de Gobierno se pagó S/ 22,291 soles por el servicio de telefónica móvil en el Despacho Presidencial, y por el servicio de televisión por cable el monto de S/ 4,900 soles a la empresa Telefónica del Perú, tal como figuran en las órdenes de servicio N° 30 y 40 de enero de 2021 en el portal de Transparencia.

Con estas adquisiciones y contratos, sabemos que el Despacho Presidencial no limita sus gastos en tiempos de austeridad. La vida en Palacio y la buena comida continúa entre embutidos y todo tipo de carnes que millones de peruanos no pueden comprar por la crisis económica generada por la pandemia.
Política
Rosío Torres coloca a madre e hija en el Congreso y Salhuana afirma que no es ilegal
La congresista de APP, denunciada por “mochasueldo” e investigada por la Fiscalía, contrató a Cecilia Salazar y su hija Alexandra Tafur, ambas militantes del partido. Eduardo Salhuana, presidente del Congreso y también de APP, remarcó que no hay norma que prohíba el hecho.

La congresista Rosío Torres Salinas, de Alianza Para el Progreso (APP), vuelve a protagonizar un escándalo que evidencia el uso clientelista de recursos públicos en el Congreso. Esta vez, la parlamentaria —investigada por el caso de recortes salariales conocido como “mochasueldo”— ha sido señalada por contratar en su entorno inmediato a una madre y su hija, ambas militantes del mismo partido de César Acuña Peralta.
El reportaje de Cuarto Poder reveló que Cecilia Salazar, asesora principal de Torres Salinas e involucrada en la presunta red de recortes, fue reemplazada temporalmente por su hija, Alexandra Tafur Salazar, como trabajadora del Área de Desarrollo y Bienestar del Parlamento. La contratación de ambas no solo expone la precariedad ética que impera en ciertos sectores del Legislativo, sino también el descaro con el que se normaliza el nepotismo encubierto bajo la excusa de la legalidad.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana —también miembro de APP— confirmó la relación familiar y reconoció que, si bien no existe una norma explícita que lo prohíba, el hecho es “éticamente cuestionable”. Una declaración tibia, que más parece una maniobra para ganar tiempo que un verdadero compromiso con la transparencia.
Este episodio revela una práctica común pero silenciada: el uso de cargos públicos como botín político, donde los puestos se reparten entre amigos, militantes y familiares. Que Rosío Torres haya confiado su despacho a personas investigadas por delitos, y que además pertenezcan a su círculo íntimo, debería ser suficiente para exigir su separación inmediata del cargo y una investigación seria desde el Congreso.
No se trata solo de una “falta ética”. Se trata de un patrón de conducta reiterado. Cecilia Salazar, madre de Alexandra, ha sido acusada por un extrabajador del despacho de haber sido cómplice directa en el cobro ilegal de parte de los sueldos del personal. Que hoy siga operando en el Congreso como “trabajadora de confianza” de Torres Salinas, parlamentaria por Loreto, y que su hija Alexandra haya sido colocada en un cargo público, es una afrenta a la ciudadanía.
Mientras tanto, el presidente del Congreso promete “evaluar” y “revisar” si existen más casos similares. La pregunta es: ¿necesita más evidencias para actuar? ¿O la complicidad partidaria seguirá imponiéndose sobre la ética pública?
El Congreso no puede seguir funcionando como agencia de empleos. La permanencia de Rosío Torres y su entorno cercano en puestos clave es un insulto a los peruanos que esperan integridad, no favores ni redes de impunidad.
Política
‘Ley General de Turismo’ proyecta 34 mil nuevos empleos hacia 2030
La nueva normativa busca impulsar el desarrollo sostenible del sector, formalizar a miles de prestadores turísticos, atraer inversiones y fortalecer la economía local en todas las regiones del país, generando un movimiento económico superior a 17 mil millones de dólares.

La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, anunció este jueves que el Ejecutivo está sentando las bases para consolidar un turismo fuerte, sostenible y descentralizado, capaz de generar al menos 34 mil nuevos puestos de trabajo en todo el país. Así lo señaló durante la ceremonia de promulgación de la nueva Ley General de Turismo, realizada en Palacio de Gobierno.
En el acto participaron el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, así como otras autoridades del sector.
“El turismo no solo es una fuente de ingresos para miles de familias peruanas; también constituye un motor clave para el crecimiento económico y un pilar fundamental en la promoción de nuestra cultura y diversidad ante el mundo”, expresó la mandataria.
Boluarte Zegarra destacó que la promulgación de esta norma representa un hito en la modernización del sector turístico, al fomentar su desarrollo competitivo y sostenible. Según detalló, la ley permitirá la formalización de al menos cinco mil nuevos prestadores de servicios turísticos en las denominadas zonas especiales de desarrollo, lo cual contribuirá significativamente a dinamizar las economías locales.
Además, precisó que se espera una reducción del 30 % en la oferta informal en los destinos turísticos priorizados, mediante la implementación de controles efectivos y el fortalecimiento del apoyo a las micro y pequeñas empresas del sector (mypes).
Uno de los avances más relevantes que trae la nueva normativa es la ampliación del régimen de recuperación anticipada del IGV, que ahora beneficiará a más de 5,900 empresas turísticas, en contraste con las menos de mil que podían acceder bajo el esquema anterior.
Además, subrayó que, con esta ley, se proyecta alcanzar más de mil millones de dólares en nuevas inversiones turísticas públicas y privadas hacia 2030, lo que generaría un movimiento económico superior a los 17 mil millones de dólares. Esta cifra representa un crecimiento de más del 52 % respecto al desempeño del sector en 2024. Asimismo, reafirmó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento institucional del turismo, al proyectar la llegada de más de cinco millones de turistas internacionales por año al 2030, cifra que representa una meta ambiciosa pero alcanzable.
Política
Perú estudia salir del ‘Sistema Interamericano de Derechos Humanos’
¿Avance o retroceso? El titular del Minjusdh, Juan Alcántara anunció que la Cancillería liderará una comisión multisectorial encargada de evaluar rigurosamente la permanencia del Perú en el SIDH.

El reciente anuncio del ministro de Justicia, Juan Alcántara, sobre la conformación de una comisión liderada por la Cancillería para evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) marca un momento clave y delicado en la política exterior y de derechos humanos del país. Esta decisión, impulsada por el premier Eduardo Arana y respaldada por el Ejecutivo, pone sobre la mesa una discusión que tiene implicancias jurídicas, diplomáticas y éticas de gran magnitud.
El hecho de que la Cancillería esté a cargo de esta comisión responde a criterios de competencia institucional. El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Elmer Schialer, posee la atribución exclusiva de conducir la política exterior del país, y por tanto, la eventual denuncia o retiro de tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recae en su ámbito. No obstante, esta formalidad no exime al Estado peruano de asumir las consecuencias que implicaría alejarse de un sistema que ha sido tradicional en la protección de derechos fundamentales, durante las últimas décadas, especialmente en contextos donde la justicia interna ha sido insuficiente.
El SIDH ha sido históricamente una herramienta de protección para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en la región. Casos emblemáticos en el Perú, como los de La Cantuta, Barrios Altos o los abusos en penales durante la época de la subversión, encontraron justicia internacional cuando los mecanismos nacionales fallaron.
No obstante, también se han registrado excesos por parte de diversos sectores, en especial algunas ONG que, de manera cuestionable, han instrumentalizado el discurso de los derechos humanos para obtener financiamiento millonario de fundaciones internacionales, promoviendo con ello una agenda progresista. En algunos casos, incluso han recurrido a demandar al Estado con el aparente objetivo de obtener indemnizaciones cuantiosas. A esto se suma la creciente y desproporcionada injerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual ha generado preocupación en distintos sectores del país.

El Ejecutivo plantea que esta evaluación se hará de manera multisectorial —incluyendo al Congreso, la sociedad civil y la academia—, es decir, esta comisión deberá tomar una decisión en un espacio real de deliberación democrática.
La soberanía democrática se fortalece cuando el país se sujeta a estándares supranacionales que garantizan el respeto a la dignidad humana; sin embargo, esta es insoslayable y bajo ningún concepto debería socavarse con algún tipo de injerencia internacional inapropiada.
En conclusión, esta comisión debe ser transparente, técnicamente sólida y abierta al escrutinio público. De lo contrario, podría sentar un precedente regresivo en la protección de derechos humanos en el Perú.
Política
Rechazan apelación de Pedro Castillo y seguirá en prisión preventiva por 18 meses
La Corte Suprema declaró infundada la solicitud de cesación de prisión preventiva presentada por la defensa del expresidente, quien enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró infundada la solicitud de ‘cesación de prisión preventiva’ presentada por el abogado del expresidente Pedro Castillo. Con esta decisión, se confirma la vigencia de la medida coercitiva de 18 meses, dispuesta el 5 de julio de 2024 por la Sala Penal Permanente.
La resolución forma parte del proceso penal que se le sigue a Castillo Terrones por su presunta responsabilidad en delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Entre los cargos más graves figura el delito de rebelión, contemplado en el artículo 346° del Código Penal, además de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
El Poder Judicial ha considerado que no existen elementos nuevos que justifiquen una variación de la medida. Para el tribunal, los delitos imputados son de suficiente gravedad como para sustentar la prisión preventiva, en tanto se continúa desarrollando el juicio correspondiente.
La defensa del exmandatario alegó que la medida resulta excesiva y desproporcionada, pero su apelación fue rechazada. Según la Corte Suprema, las condiciones jurídicas que motivaron la decisión original se mantienen vigentes, así como el riesgo procesal que representa el imputado.
Castillo se encuentra actualmente recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple la prisión preventiva impuesta. Esta medida fue ratificada tras la revisión de los elementos presentados en la investigación fiscal, entre ellos su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, que dio origen a su detención y posterior procesamiento.
El proceso judicial avanza con audiencias periódicas, aunque no exentas de controversia. En las últimas semanas, se han registrado enfrentamientos verbales entre los magistrados y la defensa legal, reflejando el clima tenso que rodea el caso.
Política
Vizcarra niega sobornos: su abogado afirma que pruebas de Obrainsa son falsas
Mientras el Poder Judicial evalúa imponer seis meses de prisión preventiva a Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo, su defensa legal desacredita la versión presentada por la empresa Obrainsa como parte de su colaboración eficaz.

En un nuevo giro del caso “Lomas de Ilo”, el abogado del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, Erwin Siccha, ha afirmado que la información presentada por la empresa Obrainsa como parte de su colaboración eficaz ante el Ministerio Público sería falsa. Según Siccha, un informe pericial de parte, elaborado por la defensa, demostraría que las pruebas entregadas por Obrainsa no solo son inconsistentes, sino cronológicamente imposibles.
El Ministerio Público acusa a Vizcarra de haber recibido S/ 2,3 millones en sobornos a cambio de adjudicar los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional. La Fiscalía sostiene que parte de ese dinero fue entregado en efectivo por medio del exconserje Tobías Puertas. Sin embargo, la defensa del expresidente ha planteado un punto clave: los presuntos desembolsos S/ 400 mil y S/ 600 mil habrían ocurrido en enero y abril de 2014, mientras que las facturas que cobró Obrainsa y que habrían originado esos fondos para el supuesto soborno datan de junio del mismo año.

El abogado de Vizcarra se pregunta: ¿cómo puede sostenerse una teoría fiscal basada en pagos que ocurrieron después de los retiros? ¿Y por qué se aprobó una colaboración eficaz con pruebas que presentan inconsistencias tan evidentes?
Si el informe pericial presentado demuestra errores en las fechas clave, el Poder Judicial tendría el deber de examinarlo con objetividad, sin ceder a la presión mediática ni al cálculo político.
Mientras tanto, el Poder Judicial (PJ) anunció que retomará este jueves 26 de junio a las 5.00 p. m. la audiencia en la que decidirá si dicta o no seis meses de prisión preventiva contra el cuestionado exmandatario.
Política
Designan a Mónica Tiburcio como la nueva secretaria de comunicaciones del Despacho Presidencial
Tiburcio se reunió hasta en tres oportunidades con Juan José Santiváñez antes de su designación.

Quieren limpiarle la estirada cara a Dina Boluarte y lo hecho por el otrora vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien se encuentra desaparecido desde que saliera a la luz el escándalo de la comida en mal estado de Qali Warma (Wasi Mikuna), hasta el momento no viene dando resultados positivos.
Cabe recordar que la última conferencia de prensa ofrecida por el impávido vocero se dio el pasado 1 de febrero de 2025, y desde ese entonces han tenido que salir los ministros de Boluarte a brindar improvisadas conferencias a los medios de prensa.
Como Hinojosa resultaba inexpresivo y casi actuaba como un robot ante las cámaras, ahora el Gobierno ha preferido contar con una persona especialista en medios y que se encargue en mejorarle la alicaída imagen de la jefa de Estado; es por ello que ayer se designó como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial a Mónica Otilia Tiburcio Orbezo, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

La Resolución n.° 38-2025-DP/GDP lleva la firma del secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez Vílchez.

La resolución también precisa que el vínculo laboral de la servidora se encuentra regulado exclusivamente por el régimen de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil, su reglamento y las disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.
De igual modo, se dispone que la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones efectúe la publicación de la presente resolución en el portal institucional del Despacho Presidencial.
Tarea titánica
La gestión de Tiburcio estará enfocada en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Asimismo, también estará encargada de coordinar con los distintos medios de prensa y de gestionar la imagen institucional del Gobierno.
Como ya se indicó, la imagen estática dejada por Fredy Hinojosa no aportó en lo más mínimo por crear una cercanía con la población y sobre todo con los hombres de prensa.
Política
CIDH cuestiona a la JNJ por reposición de Benavides y respalda a Delia Espinoza
Una vez más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre asuntos internos del Perú, esta vez tomando posición en la disputa fiscal entre Delia Espinoza y Patricia Benavides, al objetar el fallo de la JNJ que buscaba reponer a esta última.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “advirtió” sobre una supuesta afectación a la autonomía del Ministerio Público, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolviera reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Con esta declaración, que ha causado controversia y rechazo en varios sectores jurídicos y políticos del país, la CIDH ha vuelto a entrometerse en los asuntos internos del Perú.

Lo cuestionable no es solo el tono del pronunciamiento, sino su evidente sesgo. El organismo omitió que la suspensión por 24 meses de Benavides Vargas fue determinada por el Poder Judicial, a pedido de Delia Espinoza, cuando ella aún no era fiscal de la Nación, y que dicha medida dejó sin efecto cualquier intento de restitución. Sin embargo, la CIDH parece más interesada en blindar a Espinoza Valenzuela —quien desobedeció abiertamente una resolución de la JNJ— que en observar con imparcialidad el proceso institucional.
El respaldo implícito de la CIDH a una fiscal que se mantiene en el cargo tras negarse a cumplir un mandato legal, avalada luego por una decisión judicial, genera serias dudas sobre la coherencia del organismo de Derechos Humanos, que no condena la desobediencia de Espinoza ni su instrumentalización del Ministerio Público; por el contrario, se minimiza su impacto y se enfoca el reproche en una decisión que ya había sido invalidada por la justicia ordinaria.
¿Desde cuándo defender la autonomía institucional significa ignorar el Estado de derecho? La CIDH, que debería velar por los derechos humanos y la legalidad, se posiciona en un debate judicial y político interno como si tuviera mandato para intervenir, vulnerando así el principio de no injerencia.
Sus constantes pronunciamientos selectivos y omisiones calculadas evidencian una preocupante parcialidad que erosiona la legitimidad del propio sistema interamericano. En lugar de fortalecer la institucionalidad en Perú, la CIDH parece decidida a jugar un papel político, avalando conductas que, si provinieran de otras figuras, serían calificadas de antidemocráticas.
Política
Podemos Perú anuncia que no será parte de la nueva Mesa Directiva del Congreso
Bancada de José Luna indicó que apoyará agrupación que no esté alineada al gobierno, pero en el último voto de confianza al premier Arana marcaron en abstención la mayoría de ellos.

¿Cómo creerle a una bancada que en las decisiones más importantes prefirieron votar en abstención? La bancada de Podemos Perú, liderada por el cuestionado congresista José Luna Gálvez, tiene en sus filas a “perro, pericote y gato”, pues esa nómina está compuesta por parlamentarios con severas investigaciones y carpetas fiscales abiertas.
Se quieren presentar como los últimos paladines de la justicia, rechazando abiertamente una hipotética alianza con Dina Boluarte y el Gobierno Central, pero sus anteriores decisiones terminan por desmoronar tal falacia. El plan de Podemos y Luna Gálvez es querer hacer creer al ciudadano que es el bloque opositor del gobierno, para así acumular votos en las futuras elecciones.
Mediante un comunicado, la bancada de Podemos explicó que no respaldará ninguna fórmula para la nueva Mesa Directiva del Congreso. Explican que su decisión obedece a una posición coherente “frente a los graves hechos que viene marcando al actual gobierno y su relación de blindaje por ciertos grupos políticos del Congreso”.
Según ellos, añaden, solo apoyarán a la lista que garantice la independencia del Congreso, deslinde de actos de corrupción que involucren al entorno de la presidenta y rechace cualquier intento de intercambio de favores o reparto de cargos públicos. ¿Les creemos?
“Podemos Perú no permitirá que el Congreso se convierta en una extensión del Gobierno ni en un refugio de impunidad. El Perú no soporta más arreglos bajo la mesa ni componendas que solo profundizan la desconfianza ciudadana”, enfatizó la agrupación en el documento.

Cabe recordar que el pasado martes la bancada de Renovación Popular también había anunciado su decisión de no integrar la nueva Mesa Directiva 2025 -2026. Por su parte, Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña, mencionó que no tiene en mente presentarse para la nueva conformación. En tanto, la bancada de Somos Perú suena como la más voceada para obtener la presidencia. A ellos se sumarían APP y Fuerza Popular para completar la mesa.
Memorex:
En el pasado voto de confianza al gabinete Arana, ocho de los catorce miembros de Podemos Perú votaron en abstención, pese a que se trataba de un gabinete reciclado y con más dudas que certezas. Así se presentan como los grandes opositores de Boluarte.

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