Política
Las licencias de Benavides [VIDEO]
A raíz de un comunicado de la SUNEDU, se destapa el sospechoso licenciamiento de siete filiales de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). No les exigieron requisitos fundamentales que sí fueron exigidos a decenas de universidades que fueron cesadas.

Lima Gris publicó el día 8 de junio un informe alertando sobre el extraño vínculo entre la SUNEDU y la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), centro de estudios de propiedad del grupo económico Intercorp. La UTP recibió el licenciamiento para su sede central en Lima pero, simultáneamente, la SUNEDU le otorgó licenciamientos para siete sedes en provincias que solo existían en el papel. Una decisión ajena a la ley porque el requisito para recibir un licenciamiento es tener el local terminado y con toda la implementación necesaria. Lima Gris descubrió que esas siete licencias se otorgaron a la UTP en junio de 2019 sin contar con ningún local y sin que exista una ley que autorice.
Empiezan a asomar irregularidades mucho más profundas a raíz del comunicado que la SUNEDU emitió en respuesta a nuestro informe y en el cual se descubre, por testimonio de la propia institución, que la actuación del ex titular de la SUNEDU y hoy ministro de Educación, Martín Benavides Abanto, debe ser sometida a una severa investigación.

En su comunicado la SUNEDU señala que “El 26 de enero del 2018, la UTP presentó la solicitud de creación de 8 filiales ubicadas en las regiones de Ancash, Cusco, Tacna, Puno, Ica, Piura, Junín y La Libertad” y añade que “Para obtener su licenciamiento, la universidad demostró contar con la infraestructura y el equipamiento necesario para la prestación del servicio educativo”. Por esas razones, la SUNEDU le extendió el licenciamiento a las filiales de la UTP “tras corroborar que dicha casa de estudio cumplía las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) indispensables para ofrecer el servicio educativo de nivel universitario en el Perú”.
Estas afirmaciones de la propia SUNEDU abren la puerta a un asunto sumamente grave. Reconocen haber otorgado licencia a la UTP sede central y a 7 filiales (pidieron 8 al final fueron 7). El problema es que para otorgar licenciamiento a esas filiales se trajeron abajo las reglas establecidas por ley que, en cambio, aplicaron rigurosamente para el cierre de otras universidades.
De acuerdo a ley, el Licenciamiento Institucional para que una universidad funcione tiene una exigencia obligatoria: que la sede principal y sus filiales a nivel nacional tengan infraestructuras similares y el mismo nivel de equipamiento e implementación. Además, estos requisitos deben ser verificados de manera presencial durante el proceso de licenciamiento. Es decir, la SUNEDU debe constatar que la infraestructura esté completa, que estén instaladas las bibliotecas, equipados los laboratorios y todo lo necesario para el funcionamiento óptimo de una sede universitaria.
¿Qué hizo la SUNEDU en el caso de las filiales de la UTP? Otorgó las 7 licencias sin que existan los locales.
Algunas de esas filiales hoy continúan en construcción y otras aún no arrancan, por lo tanto, no tienen lo que la ley exige: infraestructura completa, bibliotecas ni laboratorios. Tampoco cuentan con otro requisito exigido por la SUNEDU: licencia de funcionamiento municipal que se otorga recién cuando se empieza a operar. Por no cumplir con estos requisitos, muchas universidades perdieron su licenciamiento; sin embargo, no le fueron exigidos a la UTP, la universidad del Grupo Intercorp, dueño del monopolio de farmacias y de Interbank.

Hay un punto en el cual esta historia ingresa a un terreno de ilegalidad. La SUNEDU exigió en los procesos de licenciamiento una constatación en las sedes universitarias para verificar que cumplan con las Condiciones Básicas de Calidad. Para el caso de las filiales de la UTP, el 13 de marzo de 2019 se designó a la Comisión de Verificación para “la visita presencial los días 21, 22, 25, 27, 28 y 29 de marzo de 2019; y, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 y 15 de abril de 2019, en los locales de la sede Lima así como en los locales de las filiales ubicadas en las ciudades de: (i) Chiclayo, (ii) Arequipa, (iii) Piura (iv) Santa, (v) Ica, (vi) Trujillo, La Libertad y (vii) Huancayo”.
Si las cosas se hubiesen hecho dentro de la ley, esa Comisión de Verificación tendría que haber informado que las filiales de la UTP no cumplían con el requisito de Infraestrestructura porque eran locales en construcción y, por lo tanto, había que denegar el licenciamiento para las siete sedes en provincias.
Ocurrió lo contrario. Se emitió el Informe de Verificación Presencial 071-2019-SUNEDU-DILIC-EV de fecha 07 de Mayo del 2019 señalando que el requisito de Infraestructura estaba cumplido.
«07 de mayo de 2019 se emitió el informe de verificación presencial N°071-2019-SUNEDU-DILIC-EV, el cual concluye con resultado favorable, en tanto se verificó el cumplimiento CBC».

En base a este informe (y otros), Martín Benavides como jefe de la SUNEDU firmó, el 12 de junio de 2019, la Resolución del Consejo Directivo Nº 081-2019-SUNEDU/ CD afirmando que se habían cumplido las Condiciones Básicas de Calidad —local terminado, aulas, salas de profesores, biblioteca, laboratorios— y otorgó a la UTP el licenciamiento para su sede principal en Lima y para las siete filiales a nivel nacional —no cinco como señalan en su comunicado—.
Al día de hoy, ¿cuál es el estado real de esas sedes licenciadas de manera ilegal? No están terminadas y, obviamente, no tienen equipamiento. Esta es la realidad:


¿Cómo pudo la SUNEDU en mayo de 2019 verificar el cumplimiento de “la infraestructura completa” si al día de hoy esos locales se encuentran en proceso de construcción? ¿Cómo pudieron dar fe de la existencia real de las bibliotecas y los laboratorios si no existe esa implementación?
El hoy ministro de Educación, Martín Benavides, deberá explicar por qué concedió y firmó los 7 licenciamientos para las filiales en provincias de la UTP, mientras cerraba universidades por no cumplir con los mismos requisitos que incumplió la UTP.
Existen más evidencias de un proceso que, a la luz de los hechos, parece haber sido destinado a favorecer a la UTP, la universidad del poderoso Grupo Intercorp. Todas las universidades que la SUNEDU clausuró sin diseñar alternativas para que 120 mil estudiantes pudiesen seguir sus estudios, fueron dejadas sin licenciamiento por no cumplir las ocho condiciones que la ley exige. Sin embargo, esas ocho condiciones que la SUNEDU aplicó a todas las universidades con gran rigor, no las exigió en el caso de la UTP.
Estas son las ocho Condiciones Básicas de Calidad exigidas. Si una universidad incumplía con tan solo una de ellas, perdía el licenciamiento.

Como es fácil advertir, las siete filiales de la UTP no podían cumplir con ninguna de las ocho Condiciones Básicas de Calidad por la sencilla razón de que no estaban funcionando y sus sedes siguen en construcción; sin embargo, obtuvieron el licenciamiento.
¿Por qué el hoy ministro de Educación y ex jefe de la SUNEDU, Martín Benavides, decidió actuar de este modo? No se trata de simples errores administrativos, se trata de ventajas concedidas para un negocio sumamente lucrativo.
Política
Adiós al Reinfo hereditario
Minem decidió dar marcha atrás modificando en último momento reglamento de formalización.

Recapacitaron. Desde distintos grupos empresariales, autoridades y la sociedad civil se vio de mala manera de que se quiera continuar ofreciendo una puerta de ingreso a los mineros ilegales que camuflados de artesanales o informales pretendían seguir deforestando, contaminando los bosques y ríos de nuestro país, así como asesinando a todo aquel que les quisiese hacer frente.
Es así que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se derogaron algunas disposiciones en el reglamento que regula el proceso de formalización minera en el Perú. De esta manera, se modificó y publicó el Decreto Supremo n.° 010-2025-EM este último domingo 1 de junio.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la eliminación de poder transferir automáticamente por herencia la titularidad en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo); también se retira la coordinación presupuestal con los gobiernos regionales para este proceso.
De acuerdo con el decreto citado, se derogan tanto el artículo 10 del Reglamento de la Ley n.° 32213 aprobado previamente por el Decreto Supremo n.° 009-2025-EM, como la Tercera Disposición Complementario Final del Decreto Supremo n.° 018-2017-EM.
Estas disposiciones permitían, entre otras cosas, la transferencia de titularidad en el Reinfo por sucesión y la posibilidad de que los gobiernos regionales colaboraran en el proceso de formalización minera mediante convenios específicos.
El Decreto Supremo n.° 010-2025-EM subraya la necesidad de garantizar la calidad regulatoria y la efectividad de las competencias del Minem en el proceso de formalización minera.
La norma fue refrendada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro Jorge Luis Montero, quienes destacaron la importancia de estas medidas para fortalecer la sostenibilidad y la legalidad en la pequeña minería y minería artesanal.

Política
Al mismo estilo que Pedro Castillo, Dina Boluarte también organizó su fiesta de cumpleaños en estricto privado [VIDEO]
Mariachis, torta, ‘ayayeros’, y mucho secretismo en torno a los 63 años de la mandataria.

Una presidenta caprichosa. Si ya se salió con las ganas de viajar al Vaticano para verse con ¡dos papas!, adornar sus muñecas con carísimos relojes, realizarse “retoquitos” en el rostro, impedir que se le acerquen los periodistas, mandar a cerrar la Plaza Mayor durante un simulacro de sismo, querer aumentarse el sueldo y luego negarlo, ignorar el clamor de toda una población que le pide mano dura contra la extorsión, Dina Boluarte no podía quedarse sin una fiesta de cumpleaños el pasado viernes 30 de mayo.
Acostumbrada a querer realizar sus actividades sin el ojo cuestionador de la prensa, la jefa de Estado habría dado una orden directa de prohibir el ingreso de celulares, de acuerdo al dominical Cuarto Poder; asimismo, tampoco se quiso registrar el ingreso de sus visitantes en el acta de ingreso a Palacio de Gobierno, protocolo obligatorio cuando se trata de permitirle el acceso a una persona, sea este funcionario, diplomático o alguna autoridad gubernamental.
Pese a esta obstaculización de la información se pudo observar el ingreso del canciller Elmer Schialer, el vocero presidencial Freddy Hinojosa, su premier Eduardo Arana, y cómo no, sus fieles ‘vasallos’ Juan José Santiváñez y Gustavo Adrianzén. La llegada del actual titular del Minjusdh, Juan Alcántara, solo corroboraba que adentro de Palacio el banquete estaba servido, pues se le vio ingresando con un costoso obsequio para la cumpleañera, el cual se trataría de una joya.

El citado medio indicó que la fiesta de cumpleaños empezó al promediar las nueve de la noche y se prolongó pasada la medianoche, momento en el que salió un conjunto de mariachis para cantarle ‘Las mañanitas’ a la autodenominada “mamá de todos los peruanos”. Aquella parranda palaciega que no habría escatimado en gastos habría estado organizada por Carmen Giordano, asesora y amiga cercana de Boluarte Zegarra.
Ya caída la una de la madrugada, uno a uno empezaron a salir los ministros invitados, yéndose raudamente a sus vehículos sin brindar declaraciones.
#CuartoPoder
— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) June 2, 2025
Viernes 30 de mayo. No había actos oficiales en la agenda presidencial, pero en Palacio todo indicaba lo contrario: policías alertas, músicos ingresando con arpas y guitarras por la puerta 6. La celebración por el cumpleaños 63 de Dina Boluarte ya estaba en marcha ►… pic.twitter.com/ILpPeEay4I
En tanto, ninguna autoridad del Ejecutivo se ha pronunciado hasta el momento por la fiesta de cumpleaños privada de la Jefa de Estado.
Al mismo estilo que Pedro Castillo
Como se recuerda, el 19 de octubre de 2021, meses después de que Pedro Castillo fuera oficialmente nombrado como presidente del Perú, este quiso cambiar su modesta celebración de cumpleaños por algo más suntuoso y opulento. Es así que la empresaria Karelim López habría apoyado financieramente en la fiesta, contratando un grupo de mariachis, la presentación de un elenco del Brisas del Titicaca, así como de abundante comida que le es del agrado del chotano, todo ello con el apoyo de los entonces ministros de Castillo Terrones.
“Yo gasté en todo ello 7.000 soles, de los cuales 5.000 me entregó Bruno Pacheco indicando que era la cuota de los ministros, pero no me reembolsaron los 2.000 restantes”, explicó la lobista.
Cabe recordar que la fiesta por los 52 años de Pedro Castillo se realizó en plenas restricciones por la pandemia, prohibiéndose las reuniones sociales.

Política
CONADEA: Universitarios de Arqueología del Perú rechazan reducción del perímetro de las Líneas de Nasca
Ante la insólita y cuestionada decisión del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y la viceministra Moira Novoa, la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Arqueología lanza su voz de protesta y llama a defender el patrimonio de Nasca, recordando que proteger la memoria cultural es una responsabilidad colectiva.

No solo el Colegio de Arqueólogos del Perú ha rechazado la reciente decisión de recortar el área protegida de las emblemáticas Líneas y Geoglifos de Nasca, una medida adoptada por el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y la viceministra Moira Novoa. Ahora, representantes de las universidades del país, a través de la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Arqueología (CONADEA), también se han unido en defensa del patrimonio cultural de la Nación. Mediante un pronunciamiento público, expresaron su firme oposición a la modificación del plano perimétrico de la reserva arqueológica.

Entre los principales argumentos, CONADEA señala que una medida de tal magnitud afecta gravemente un bien declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Consideran que se está atentando contra un legado espiritual, simbólico y cultural de los pueblos antiguos, cuya memoria debe ser preservada con respeto. Intervenir su entorno natural implica distorsionar su significado y romper el vínculo milenario entre el ser humano, el territorio y su historia.
Finalmente, CONADEA exhorta a todas las universidades del país a mantenerse alertas y comprometidas con la defensa del patrimonio de Nasca, recordando que esta lucha no es individual, sino una responsabilidad colectiva con la memoria y el futuro cultural del Perú.

Política
Johnny Marchán es designado como gerente general de Osiptel
Mediante Resolución n.° 000089-2025-PE/OSIPTEL se nombró al ingeniero sanitario de la UNI.

Movidas. El pasado 30 de mayo se nombró al ingeniero sanitario y maestro en gestión ambiental, Johnny Analberto Marchán Peña, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) quien, mediante Resolución n° 000089-2025-PE/OSIPTEL, fue oficializado como el nuevo gerente general del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
“Designar a partir del 02 de junio de 2025, al señor Johnny Analbeto Marchán Peña en el cargo de confianza de Gerente General del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL”, se lee en la resolución publicada hoy en el diario oficial El Peruano.


Con más de 24 años de trayectoria en la administración pública, Marchán Peña ha ocupado importantes cargos, destacando su liderazgo como presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES).
Asimismo, se ha desempeñado como director general de Programas y Proyectos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, gerente de Fiscalización en la SUNASS y presidente del Tribunal de Atención de Reclamos de la misma entidad. Entre otros roles, también ha sido jefe de Estudios Económicos en el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).
Vinculaciones
El ex presidente de SANIPES sería parte del círculo de confianza de la ex ministra de Producción Rocío Barrios Alvarado durante el gobierno de Martín Vizcarra. Cabe recordar que Rocío Barrios es hermana de la cuestionada ex presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios.
El dato:
El ahora gerente general de OSIPTEL no se encuentra afiliado a ningún partido político luego de haber realizado la consulta en el JNE.

Política
Congresista Jorge Marticorena exige atención urgente para escuela en Sayán
«La educación es un derecho fundamental. No podemos permitir que niños estudien en condiciones precarias», declaró el parlamentario.

Durante la semana de representación, el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), congresista Jorge Marticorena Mendoza, visitó la Institución Educativa N.º 20801 «Jorge Chávez», ubicada en el centro poblado La Unión, distrito de Sayán, provincia de Huaura. Esta visita se realizó en cumplimiento de un compromiso asumido con la directora del plantel, Maritza Obregón, quien previamente viajó hasta el Barrio Chino (Ica) para exponer la crítica situación del colegio.
La realidad que encontró el parlamentario fue alarmante. Con más de 50 años de servicio a la comunidad, la escuela enfrenta serios problemas de infraestructura. Varias aulas han sido clausuradas por deterioro, obligando a los estudiantes a trasladarse a locales externos que no cuentan con servicios básicos, lo que compromete seriamente su bienestar y el desarrollo de las clases.
A pesar de las pésimas condiciones en las que se encuentra la infraestructura de la institución educativa es admirable el compromiso que ha asumido la directora, el personal docente y los alumnos, motivación que los llevó a ser los protagonistas principales de la franquicia Transformers, OPTIMUS PRIME de siete metros de altura, elaborado por los escolares del primer año de secundaria, quienes utilizaron material reciclado: papel, cartón, carrizos, el cual fue paseado por todo el pueblo por el aniversario de su institución educativa

«La educación es un derecho fundamental. No podemos permitir que niños estudien en condiciones precarias», declaró Marticorena en una entrevista. También destacó el esfuerzo de la comunidad educativa, especialmente de los alumnos de primer año de secundaria, quienes a pesar de las carencias, crearon una escultura de siete metros de Optimus Prime con materiales reciclados, como parte del aniversario escolar. «Ese espíritu merece ser respaldado con acciones concretas», añadió.
El congresista anunció que gestionará, junto a autoridades locales y regionales, la instalación de módulos temporales para asegurar la continuidad de las clases. Asimismo, se comprometió a impulsar recursos para la reparación y mantenimiento de la infraestructura existente. «Esta no debe ser una acción aislada. Necesitamos soluciones sostenibles que garanticen una educación digna», enfatizó.

Marticorena reiteró su compromiso con la comunidad educativa y aseguró que iniciará de inmediato las gestiones necesarias ante los entes competentes. Padres de familia y docentes fueron informados de que se están tomando medidas para resolver esta situación y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje.
Política
Líneas de Nasca: Colegio de Arqueólogos exige la renuncia del ministro Fabricio Valencia
Ministerio Público, Congreso de la República y el Colegio de Arqueólogos del Perú, tras los pasos de la oscura gestión del ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja. Diversos sectores exigen su salida tras presunta negociación política con las Líneas de Nasca.

El reciente recorte del área protegida de las emblemáticas Líneas y Geoglifos de Nasca ha encendido las alarmas en la comunidad arqueológica del país. Mediante la Resolución Viceministerial N.º 000128-2025-VMPCIC/MC, firmada el pasado 28 de mayo, el Ministerio de Cultura ha oficializado una medida que, según expertos, vulnera flagrantemente la protección del patrimonio mundial declarado por la UNESCO.
El Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú ha emitido un pronunciamiento firme y crítico, denunciando que esta resolución fue aprobada sin seguir el debido proceso técnico ni ético, dejando fuera de protección a numerosos sectores de geoglifos recientemente descubiertos por arqueólogos peruanos y japoneses. Estos nuevos hallazgos confirman que el paisaje cultural de Nasca aún guarda múltiples secretos, lo cual hace más cuestionable el argumento oficial de que «ya no hay más sitios arqueológicos por descubrir», como aseguró el ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, en recientes declaraciones públicas.
El gremio arqueológico ha condenado abiertamente el accionar de la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva, quien, siendo arqueóloga colegiada, firmó esta resolución que consideran atentatoria contra la integridad del patrimonio nacional. También han señalado la participación de Jhony Isla Cuadrado, director del Plan de Gestión Nasca-Palpa, y del director de la DDC Ica, Víctor Injante Tipismana, exigiendo su destitución inmediata y su denuncia ante las instancias correspondientes.
Además, el Colegio de Arqueólogos alerta sobre un trasfondo económico en esta medida: la redelimitación favorecería intereses vinculados a la minería ilegal y a proyectos de expansión agrícola no formalizados, que estarían promoviendo el desmembramiento del perímetro arqueológico para facilitar actividades extractivas en la zona.
«Es inaceptable que se pretenda reducir el área protegida de uno de los patrimonios más valiosos del país con fines ajenos a la conservación cultural», señala el comunicado. «Estamos ante un acto de claudicación del Estado frente a intereses ilícitos, en desmedro de la historia y la identidad nacional».
El Colegio exige la inmediata nulidad de la resolución, la interpelación del ministro Valencia Gibaja en el Congreso de la República y que la presidenta Dina Boluarte destituya de manera inmediata a los funcionarios implicados.
Este escándalo vuelve a poner sobre la mesa una preocupante realidad: la fragilidad institucional en materia de gestión patrimonial, donde decisiones técnicas son desplazadas por presiones políticas o económicas. Las Líneas de Nasca, trazadas hace más de mil años por las antiguas culturas del sur peruano, podrían estar en peligro no por el paso del tiempo, sino por la irresponsabilidad de quienes juraron protegerlas.
Aquí el pronunciamiento completo.

Política
Congresista Guido Bellido responde a campaña de desprestigio: “Esta farsa caerá”
En medio de renovadas acusaciones mediáticas, el congresista Guido Bellido Ugarte ha utilizado su cuenta oficial de X (antes Twitter) para responder de manera enfática a lo que califica como una “campaña de desprestigio” orquestada desde sectores del poder político, mediático y de inteligencia.

En un extenso mensaje, el ex primer ministro niega cualquier vínculo con el terrorismo y denuncia una estrategia sistemática de persecución política que tendría como finalidad el control ilegítimo del Poder Ejecutivo.
“Esta farsa caerá: ni vínculos con terrorismo, ni obstrucción a la justicia; solo persecución para seguir usurpando el Poder Ejecutivo”, sentenció Bellido al inicio de su publicación. El congresista recordó que, durante la segunda vuelta electoral del 2021, fue víctima —junto a otros miembros de Perú Libre— de acusaciones basadas en el testimonio de un supuesto informante relacionado con Sendero Luminoso, al que califica como “un agente lumpen usado por la DIRCOTE”.
Bellido sostiene que esas imputaciones, promovidas desde el Ministerio Público con apoyo de ciertos medios de comunicación, buscaron frenar el ascenso electoral de Pedro Castillo y asociar al partido ganador con la violencia terrorista. “La campaña sucia tenía un objetivo claro: evitar que Pedro Castillo ganara las elecciones”, escribió el parlamentario cusqueño.
Sin embargo, señala que, tras la victoria electoral, las maniobras no cesaron. A su juicio, hubo una articulación entre operadores del sistema judicial y servicios de inteligencia del Ejército para montar acusaciones de obstrucción a la justicia. Estas denuncias surgieron con mayor intensidad cuando asumió la presidencia del Consejo de Ministros en julio de 2021. “Se montó una falsa acusación con el objetivo de desestabilizar el gobierno y usurpar el Poder Ejecutivo”, afirmó.
El congresista no escatimó en señalar con nombre y apellido a quienes considera responsables de estas maniobras: “Son aquellos que lucran con el terrorismo, hacen política basada en el miedo, obtienen millones en su nombre y causan la muerte de personas inocentes bajo esa bandera”.
Asimismo, lanzó duras críticas contra la prensa que ha difundido estas denuncias. Bellido apuntó directamente a los medios de comunicación que califica como “sensacionalistas” y subordinados a intereses empresariales. “Se dedican exclusivamente a difamar a quienes no están alineados con su agenda o no sirven a los intereses económicos de los dueños de estas corporaciones”, escribió, sin hacer distinciones.
La publicación del congresista Guido Bellido surge en un contexto de creciente polarización política y judicialización de exfuncionarios vinculados al gobierno de Pedro Castillo, hoy en prisión preventiva por cargos de presunta rebelión y corrupción. Bellido Ugarte, quien presidió el Consejo de Ministros entre julio y octubre de 2021, ha sido una de las figuras más visibles —y polémicas— del oficialismo, y sostiene que las imputaciones en su contra responden a un “linchamiento político” con fines de control del poder.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha respondido a estas acusaciones. No obstante, la publicación del congresista ha reavivado el debate sobre la politización de la justicia, el uso de los medios como herramientas de presión y la fragilidad institucional del país.
Política
Un voto de confianza más que conversado
Premier Arana acudirá el 12 de junio al Congreso para solicitar el voto de confianza.

Aunque muchos no lo deseen, Dina Boluarte terminará su mandato en julio de 2026, luego de haber creado ‘puentes’ con las principales bancadas del Congreso de la República; sin ellos, su nefasto gobierno habría durado menos que el de Pedro Castillo que no tuvo ‘muñeca’ ni tino para saciar el hambre de los parlamentarios.
Tras la renuncia de Gustavo Adrianzén al premierato su reemplazante fue el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana Melchor, quien este 12 de junio tendrá que acudir con todo su Gabinete Ministerial al hemiciclo del Legislativo, buscando (o ratificando) el voto de confianza.
Sabiendo de antemano que no iba a contar con los votos suficientes para evitar su censura, el entonces premier Adrianzén decidió ‘inmolarse’ y ofrecer su ‘cabeza en bandeja’ para así evitar el primer ‘strike’ de un gabinete ministerial en la era Boluarte. De no haber realizado tal movida, Dina Boluarte y compañía en estos momentos solo tendrían una ‘bala de plata’, la cual era sumamente riesgosa si no se escogía correctamente al nuevo primer ministro. De haber persistido con Adrianzén estarían a merced del Congreso y eso significaba una amenaza muy fuerte para las aspiraciones de la chalhuanquina.
A los hechos eso nunca sucedió y ahora estamos solo hablando de un nuevo premier que ya contaría con la aprobación de la mayoría de bancadas en el Congreso; es por ello que Arana y compañía acudirán más que confiados el próximo 12 de junio para recibir la aprobación del Legislativo.
“Hemos compatibilizado las agendas y ya hemos dispuesto que la fecha de presentación del Gabinete sea el jueves 12 de junio, a partir de las 9 horas”, indicó el premier Arana luego de haber sostenido una reunión con el presidente del Parlamento, el congresista de Alianza para el Progreso (APP), su tocayo Eduardo Salhuana.

Asimismo, Arana Melchor también mencionó que ha cursado invitaciones formales a las diferentes bancadas con el objetivo de sostener encuentros previos a su exposición ante el pleno, las cuales se realizarán el lunes 2 y martes 3 de junio.
“Tenemos una agenda prevista para exponer nuestros lineamientos de trabajo, pero también para escuchar y recoger las propuestas de los legisladores”, añadió.
Desde las bancadas de izquierda ya se viene anunciando que no le darán el voto de confianza al gabinete de Arana, pero pesará más ese tridente compuesto por Fuerza Popular, Renovación Popular y APP, sí, la misma bancada del presidente del Congreso.
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