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Política

La universidad fantasma de Benavides

La Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL) fue creada en el 2012, lleva ocho años sin funcionar, tiene apenas tres aulas en las que nunca se dictó ni una clase, carece de equipamiento, nadie sabe el nombre de su rector y, sin embargo, el ex jefe de la SUNEDU, Martín Benavides, le otorgó un veloz licenciamiento el año 2019.

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Antes de la SUNEDU, la institución que otorgaba licenciamiento a las universidades era el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) y el 25 de julio de 2012, la CONAFU, mediante resolución 405-2012, le otorgó licencia de funcionamiento provisional a la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL) para brindar servicios educativos en cinco carreras profesionales: Derecho; Ingeniería Mecánica; Contabilidad y Finanzas: Ingeniería de Sistemas y Telemática; y Enfermería.

El dueño original de esta universidad fue Mario Gabriel Peláez Bardales, hermano del controvertido ex fiscal de la Nación José Peláez Bardales. En febrero de 2013, el Grupo El Comercio compró la licencia de funcionamiento que tenía Peláez y constituyó el 30 de julio de 2013 la Universidad Privada Peruano Alemana SAC (UPAL). En los documentos oficiales aparece como propietaria Proyectos Educativos Integrales del Perú, la empresa que el Grupo El Comercio tiene para sus negocios en el sector educación.

Finalmente, en junio del 2017 el Grupo El Comercio le vendió la UPAL —universidad que no operaba, era tan solo un papel al fondo de inversión UCX Holding, el actual propietario en sociedad con la empresa SASIL.

El factor Benavides

Con estos antecedentes, los nuevos dueños de la UPAL se presentaron el 24 de julio de 2017 ante la SUNEDU para solicitar el codiciado Licenciamiento Institucional, es decir, el permiso para funcionar como universidad. Ese año no tuvieron suerte, pero todo cambió a favor de la UPAL cuando llegó Martín Benavides Abanto como jefe de la SUNEDU.

El 2 de febrero de 2019, la UPAL obtuvo el informe técnico de licenciamiento, el 3 de junio el informe de Asesoría Jurídica y el 5 de agosto la Resolución del Consejo Directivo Nº 105-2019-SUNEDU/CD que le otorgó la “Licencia Institucional a la Universidad Privada Peruano Alemana SAC (UPAL) para ofrecer el servicio educativo superior universitario”. Todo muy extraño como veremos a continuación.

Un asunto grave

¿Cómo logró tener licenciamiento una universidad como la UPAL que desde el año 2012 nunca había funcionado y solamente era un papel con logotipo? La propia SUNEDU admite que la UPAL “hasta ahora no ha ofertado el servicio educativo”, es decir, aceptó que se presente a solicitar un licenciamiento sin haber tenido nunca un alumno, ni un profesor ni haber dictado una sola clase; y con esos antecedentes le concedieron una licencia para operar.

Peor todavía, le permitieron reducir las carreras (jamás dictadas) porque su permiso original del año 2012 era para dictar cinco carreras y el 2019 la SUNEDU le aceptó “modificar totalmente la oferta académica” y le permitió desistir “de los cinco programas académicos para los que había sido autorizada inicialmente” y le aceptó que solamente dicte dos nuevos programas: Empresa y Tecnología e Ingeniería de Software. En otros casos, los cambios en los programas de enseñanza fueron causal de cierre, pero, para la fantasma UPAL fue fundamento para lograr un licenciamiento.

La universidad de tres salones

Cuando se revisa el expediente de la universidad fantasma UPAL, se encuentra un increíble informe que señala “El local cuenta con tres aulas en total: Aula 1, Aula 2 y Aula 3. Asimismo, cuenta con dos laboratorios que se pueden convertir en aulas por el tipo de equipamiento (lap tops)”.

Es decir, la UPAL es una “universidad” que tiene menos aulas que aquellas antiguas academias de preparación que una familia abría en una casa para preparar postulantes. Durante la tramitación, la propia SUNEDU fue consciente de que tres aulas constituyen una infraestructura ridícula y, por eso, su informe intenta una justificación insólita: se puede ampliar en dos aulas más si se retiran las lap tops del laboratorio. Es decir, los alumnos tendrían que desalojar los laboratorios para poder recibir clases y después devolver los equipos a los laboratorios. ¿Esto es lo que Benavides llama Condiciones Básicas de Calidad?

Esas tres aulas, según la licencia de funcionamiento que la SUNEDU le dio a la UPAL, tienen la siguiente capacidad: “El aforo de cada aula es para veinte (20) estudiantes en las aulas 1 y 3, y para cuarenta (40) estudiantes en el aula 2. Los laboratorios tienen un aforo de veintiún (21) estudiantes cada uno”.

Es decir, las tres aulas pueden recibir 80 estudiantes en total. Si ya es muy extraño licenciar una universidad de apenas 80 estudiantes mientras se deja en la calle a casi 150 mil estudiantes. Lo que ingresa en el terreno de la sospecha es que la SUNEDU autoriza a esta universidad fantasma para convocar un proceso de admisión anual para las dos únicas carreras que dicta con vacantes de 100 para cada carrera, es decir, un total de 200 alumnos en su primera convocatoria de admisión.

¿Dónde van a ingresar esos 200 alumnos si las aulas sólo pueden tener capacidad para 80 alumnos? Incluso, si desarman los laboratorios todos los días llegan a una capacidad tope de 121. Lo que dice el informe de la SUNEDU ingresa al terreno de la sospecha por cuanto se esmera en apoyar a la UPAL: “En cuanto al número de aulas y laboratorios, la cantidad máxima de aforo de sus tres (3) aulas y dos (2) laboratorios es de ciento veintiún (121) personas, por lo que, si se dictan en turnos de mañana y noche (12 horas diarias) y si cada grupo de estudiantes usa los ambientes de dos (2) a tres (3) horas diarias, la Universidad garantiza contar con ambientes suficientes para brindar el servicio educativo”.

Si bien es imposible entender aquello de “turnos de 12 horas diarias con clases de tres horas diarias” lo concreto es que se trata de un caso flagrante de una universidad que no cumple con un mínimo de infraestructura, pero la SUNEDU sostiene que hay garantía de ambientes suficientes. ¿Por qué en este caso la SUNEDU pasó por alto las Condiciones Básicas de Calidad que exige con tanto rigor?

Benavides mandó cerrar universidades porque tenían un caño de agua en mal estado y se niega rotundamente a que algunas universidades —con amplia infraestructura— sean reorganizadas para que miles de estudiantes no se queden sin estudios.  ¿Por qué el afán de cerrar universidades a como dé lugar y darles licencias a universidades en construcción (UTP) o fantasma como la UPAL?

Un aspecto que tendrá que ser sometido a necesaria investigación son los famosos Informes de Verificación Presencial de la SUNEDU. En el caso de la universidad fantasma UPAL señalan que verificaron de manera presencial los laboratorios y encontraron que existía un “mejoramiento de equipamiento en sus laboratorios con lo que se puede afirmar que la universidad dispone de infraestructura para el desarrollo de sus programas de estudio”. Una tremenda contradicción entre este informe y otro que señala que los dos laboratorios solo tienen lap tops y, por eso, pueden usarse como aulas.

Existe el siguiente hecho injustificable. La SUNEDU ha otorgado licenciamiento a una universidad que no funcionó nunca y que existía en un papel del año 2012. Por si no bastara le ha dado permiso a la universidad fantasma UPAL para operar recién a futuro y le ha pasado por alto el exigente requisito de calidad. La SUNEDU lo dice explícitamente: “El licenciamiento otorgado implica que la universidad podrá iniciar sus actividades académicas luego de haber demostrado que está en capacidad de cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria”.

Entonces, si la UPAL tiene pendiente demostrar “que está en capacidad de cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC)” ¿por qué le otorgaron licencia cuando por esta misma razón se cerraron decenas de universidades?

El ex titular de la SUNEDU y hoy ministro de Educación, Martín Benavides Abanto, ha insistido en afirmar que muchas universidades se cerraron porque no cumplían con criterios de infraestructura y con un normal funcionamiento. En nombre de esa rigurosidad las cerró sin dar ninguna alternativa a decenas de miles de estudiantes que vieron truncado su futuro profesional y hasta hoy la SUNEDU no les da una opción.

Más aún, en la actualidad, Benavides se opone a que las universidades privadas con licencias denegadas se incorporen al Decreto Supremo 016-2019-MINEDU. Este dispositivo es pertinente para dar una solución e, incluso, pondría fin a una situación de discriminación que no puede consentirse.

En efecto, las universidades públicas denegadas gracias al régimen del D.S. 016-2019 pueden reorganizarse bajo el control de la SUNEDU y, si elevan su nivel académico, pueden volver a funcionar, de lo contrario cierran para siempre. Esa misma regla debería aplicarse para las universidades privadas denegadas cuyos alumnos están en la calle. Ese régimen al ser exclusivo para las universidades estatales, es inconstitucional porque atenta contra la igualdad ante la ley (art. 103 de la Constitución) y es discriminatorio. Si se incorpora a las universidades privadas denegadas, se evita la inconstitucionalidad y la discriminación. 

Un detalle final que dice mucho: si Benavides hoy no es jefe de la SUNEDU ¿por qué sale en los medios de comunicación a hablar a nombre de la SUNEDU pasando por encima del actual jefe? ¿Será por temor a que se sigan descubriendo las decisiones arbitrarias que tomó para darle el mercado de la educación a sectores con poder económico? Si alguien se preguntase: ¿presunción de corrupción? quizá empiece a dar una pista real.

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Política

Colegio Médico del Perú investiga a cirujano Mario Cabani por presunto intercambio de favores

El CMP inició investigación ética y disciplinaria en contra de Mario Cabani, cirujano de la presidenta Dina Boluarte porque habría gestionado puestos en entidades del Estado para personas allegadas a cambio de cirugías estéticas realizadas en su clínica.

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El Colegio Médico del Perú (CMP) ha iniciado de oficio una investigación ética y disciplinaria contra Mario Cabani Ravello, cirujano estético de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, por presuntas irregularidades en su práctica profesional y por ende por incumplir las normas deontológicas que rigen el ejercicio de la profesión médica en Perú.  

Comunicado Oficial del CMP n.° 31-2025, que anuncia investigación a Cabani.

Esta investigación surge tras la publicación de un informe que en los medios de comunicación difunde documentos y correos electrónicos en el que se indica que el cirujano plástico habría solicitado puestos en el Estado para personas de su confianza y entorno, tras realizar intervenciones quirúrgicas a la mandataria Dina Boluarte.

Según el comunicado oficial del CMP N° 31-2025, el caso será evaluado por su comité ético, el cual analizará si Cabani Ravello incurrió en faltas deontológicas, específicamente relacionadas con el principio de imparcialidad y la conducta profesional en su relación con la presidenta. Si se encuentran irregularidades, podrían aplicarse sanciones disciplinarias al cirujano.

Este caso ya se encuentra en investigación preliminar en el Ministerio Público y ha cobrado más relevancia, tras la difusión de dos audios y de un correo electrónico, en el que Cabani Ravello habría solicitado a la exsecretaria personal de Boluarte Zegarra, Patricia Muriano Peralta, cargos en diversas entidades estatales, como EsSalud y PromPerú, para allegados suyos.

El doctor Mario Cabani ya empezó a hablar en Fiscalía, contra Dina Boluarte.

Exsecretaria Patricia Muriano declaró ‘virtualmente’ ante Fiscalía sobre cirugías de Dina Boluarte

Finalmente, la exsecretaria de la presidenta de la república Dina Boluarte, Patricia Muriano Peralta, si bien no llegó a aterrizar a suelo peruano, procedente de Estados Unidos para declarar presencialmente ante el Ministerio Público por el caso denominado ‘cirugías’; de todas maneras, realizó la diligencia y lo hizo de manera virtual ante el fiscal supremo Hernán Mendoza quien investiga el caso de las intervenciones quirúrgicas de la mandataria. Durante la comunicación en línea, Muriano Peralta ofreció detalles sobre las operaciones estéticas a las que se sometió Boluarte Zegarra en 2023.

Muriano Peralta no solo coordinó las consultas con el cirujano plástico Mario Cabani, encargado de realizar los procedimientos estéticos, sino que también tiene datos específicos sobre el financiamiento de dichas intervenciones.

En la diligencia virtual la exsecretaria de la presidenta Dina Boluarte confirmó detalles de la rinoplastia y otros procedimientos estéticos que la presidenta se realizó el año pasado. Asimismo, corroboró un audio que reveló la relación entre ambas, así como la posible manipulación de la historia clínica de Boluarte Zegarra. También, habría revelado que la jefa de Estado habría permanecido dos días hospitalizada en la clínica Cabani.

Patricia Muriano empezó a declarar ante Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones, Mario Cabani habría realizado al menos cinco procedimientos quirúrgicos a Dina Boluarte en el año 2023, entre los cuales se destacan una rinoplastia y una abdominoplastia. Asimismo, la clínica del doctor Cabani, ‘Cabani Health’, entregó a la Fiscalía documentos relacionados con las operaciones, incluidos correos electrónicos y cartas notariales que exigirían el pago de los procedimientos.

Un detalle que ha generado suspicacias, es la falta de facturas y la ausencia de la historia clínica de la presidenta de la República, la cual, según Muriano Peralta, habría sido retirada personalmente por Boluarte Zegarra.  

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Política

Teniente alcalde de Chorrillos recibió ‘fajo de dinero’ para presunta coima a tribuno del JNE [VIDEO]

A través de un video se capta al primer regidor de Alianza para el Progreso (APP) Richard Cortez Melgarejo recibir una fuerte cantidad de billetes en una reunión privada. Tras la propalación del audiovisual, el Consejo Municipal lo encaró y lo suspendió. Asimismo, el alcalde Fernando Velazco, le dijo: «Vas a responder ante la Fiscalía».

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El Municipio de Chorrillos, a través del Concejo Municipal, fue escenario de un escándalo tras la difusión de un video en el que se observa al teniente alcalde de las filas de Alianza para el Progreso (APP), Richard Cortez Melgarejo, recibiendo fajos de dinero, en medio de una reunión privada.

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal, el alcalde Fernando Velazco presentó el material audiovisual ante los regidores y vecinos. En el video, Cortez Melgarejo discute sobre un proceso de vacancia y menciona contactos con miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Chorrillos, del jueves 27 de marzo.

En el audiovisual que se expuso frente a los 13 regidores que conforman el Concejo Municipal y algunos ciudadanos del distrito, el teniente alcalde de Alianza Para el Progreso (APP) intenta persuadir a su interlocutor para que le brinde un “apoyo económico” en lo que denomina una “línea de confianza con proyección al futuro”. Asimismo, Cortez Melgarejo habla sobre el proceso de vacancia aparentemente ‘obstruido’ en alguna instancia del JNE, y las soluciones que le encuentra a este trámite.

«Lamentablemente, este jurado está un poco desprestigiado. Entonces, estas situaciones, de cuestión de interpretación se manejan de otra forma. Yo he buscado la forma de contactarme con alguno de los cinco tribunos para así evitar que, al final, algún intermediario me termine engañando o mintiendo. A través del doctor Acevedo he logrado contactarme con uno de los tribunos. He tenido una conversación directa, seria y concisa. Para mí, es una batalla que voy a ganar», expresa el teniente alcalde en la conversación con uno de los presuntos ‘aportantes’.

El interlocutor le termina dando una ‘inicial’ pecuniaria a Cortez Melgarejo: «Toma, te estoy dando 5 (mil soles). Una señal de buena voluntad. A más tardar, mañana te estoy dando 35 (mil soles)».

Posteriormente, en otra parte del video, que recopila varias grabaciones, Richard Cortez Melgarejo influye en otra persona, a la que revela, conoció a través de un tercero al que llama ‘Tejada’, para que se sume a la recolección de fondos que, según exclama, ya tiene acumulado 150 mil soles. En seguida, este nuevo ‘aportante’ le da un nuevo fajo de billete, Cortez Melgarejo cuenta la suma y lo mete a su bolsillo.

Concejo Municipal lo suspendió

Tras observar las reveladoras imágenes, los demás integrantes del Consejo Municipal increparon fuertemente a Richard Cortez Melgarejo por su presunto acto de corrupción y anunciaron la suspensión de sus funciones por contravenir los principios éticos de la función pública. Tras conocer dicha decisión, el teniente alcalde trató de defenderse, pero terminó protagonizando una fuerte discusión con el alcalde de Chorrillos Fernando Velazco, y tras abandonar la sesión, la autoridad edil le dijo: «Vas a responder ante la Fiscalía».

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Política

‘Renovación Popular’ defiende a ‘Fuerza Popular’ y rechaza a Fiscal de la Nación por pretender su cancelación

A través de un comunicado, el partido ‘celeste’ de propiedad de Rafael López Aliaga se solidariza con el partido de Keiko Fujimori, debido a la disposición de la fiscal Delia Espinoza, que podría determinar la extinción del partido ‘naranja’ y el de Carlos Álvarez, ‘País para Todos’.

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El partido político de Rafael López Aliaga, ‘Renovación Popular’, se pronunció con respecto a la medida dispuesta por la Fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela, y rechazó que busque declarar la ilegalidad de las organizaciones políticas ‘Fuerza Popular’ y ‘País para Todos’. Mediante un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) exhortaron a Espinoza Valenzuela a «avocarse a su función» y no utilizar políticamente sus facultades fiscales. Asimismo, el (CEN) indicó que aquello solo interferiría en el proceso electoral convocado.

Renovación Popular, mediante sus redes sociales, compartió el comunicado oficial, en donde expresó su rechazo ante lo establecido por la mandamás del Ministerio Público.

Comunicado del CEN de Renovación Popular.

Fiscalía inició diligencias por denuncia de ilegalidad contra dos partidos políticos

Como se sabe, último jueves 27 de marzo, la Fiscalía inició diligencias contra los partidos ‘Fuerza Popular’ y ‘País para Todos’, por presuntamente haber incurrido en «conductas antidemocráticas».

Según el artículo 14 de la Ley n.º 28094 – Ley de Organizaciones Políticas, la Corte Suprema, a pedido del fiscal de la Nación o defensor del Pueblo, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos, siendo los siguientes:

1- Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos.

2- Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que, para la consecución de fines políticos, practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera.

3- Apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo Y/o el narcotráfico.

Artículo 14° de la Ley n.º 28094 – Ley de Organizaciones Políticas.

‘Renovación Popular’ exige a Delia Espinoza que se avoque a sus funciones.

«RP manifiesta el rechazo rotundo a la utilización política de la facultad de investigar que tiene la fiscal de la Nación, pretendiendo interferir en el proceso electoral ya convocado», se lee en el primer punto anunciado por la agrupación celeste que lidera López Aliaga.

Además, aseguró que sus militantes defenderán el Estado de Derecho y el sistema democrático de gobierno, y garantizarán el respeto irrestricto al derecho constitucional de elegir y ser elegidos que tienen todos los peruanos. Por último, RP exhortó a Delia Espinoza a avocarse exclusivamente a sus funciones, y no interferir en asuntos políticos.

«Exigimos a la fiscal de la Nación avocarse a su función constitucional de investigar y combatir la delincuencia y la criminalidad que mantienen en zozobra a toda la población, haciendo uso eficiente de sus recursos, para lograr dicho fin. El derecho de elegir a sus autoridades las tiene el pueblo peruano, no la fiscal de la Nación», concluyó el CEN del partido.

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Política

Declaraciones de exsecretaria complican a Dina Boluarte: tras cirugías, publicaron tres decretos con firma falsa de la presidenta

Patricia Muriano teme por su vida y no desea volver a Perú. Sin embargo, declaró ante Fiscalía de forma virtual por más de 6 horas y estaría tramitando residencia en Estados Unidos como ‘perseguida política’ del gobierno. Su próxima declaración está programada para inicios de abril.

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La exsecretaria personal de la presidenta Dina Boluarte, Patricia Muriano Peralta, pese a que no llegó a Perú para apersonarse al Ministerio Público, y a pesar que el abogado de la mandataria Juan Carlos Portugal intentó frustrar la diligencia, ella declaró de forma virtual ante la Fiscalía durante más de 6 horas por el ‘caso Cirugías’. Según el informe de Hildebrandt en sus Trece, se indica que Muriano Peralta declaró que tres decretos fueron publicados con la firma falsa de la jefa de Estado y todas las intervenciones fueron operaciones de rejuvenecimiento.

En la declaración ante el equipo del fiscal supremo Hernán Mendoza Salvatierra, encargado del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del MP, Muriano Peralta reconoció su voz y ratificó que el audio difundido es suyo y confirmó que el contenido de este es verídico. De igual modo, ratificó que la expresidenta Dina Boluarte fue sometida a cinco intervenciones quirúrgicas.

Exsecretaria Patricia Muriano declaró ‘virtualmente’ ante Fiscalía sobre cirugías de Dina Boluarte.

Abogado de Boluarte intentó frustrar declaración

Según se dio a conocer, la defensa técnica de la jefa de Estado, Juan Carlos Portugal, tal como lo hizo en diciembre pasado, nuevamente se opuso a que Patricia Muriano declarara ante el Ministerio Público. Sin embargo, el equipo fiscal admitió el testimonio de la examiga de Dina Boluarte, quien ha manifestado que está dispuesta a colaborar con todo lo que se pueda con la investigación del ‘caso cirugías’, pero solo lo hará de forma virtual, ya que no desea volver al Perú y teme por su vida. Incluso, ya habría empezado a tramitar su residencia en Estados Unidos argumentado que es una perseguida política del gobierno de Dina Boluarte Zegarra.

Entre las cosas más importantes que reveló y confirmó, fue que al menos tres decretos supremos que se publicaron en el diario oficial ‘El Peruano’ llevaban una firma falsa de la mandataria. Esto debido a que la presidenta Dina Boluarte se encontraba indispuesta después de las intervenciones estéticas realizadas entre el 28 y 30 de junio del 2023.

Además, mencionó que, si bien el internamiento fue de 48 horas, la jefa de Estado se mantuvo en reposo absoluto hasta el 9 de julio del 2023. En relación a ello, también indicó que el médico Mario Cabani la visitó en dos oportunidades en su vivienda de Surquillo. Sin embargo, él no fue el único galeno que supervisó su estado de salud, porque la expresidenta de EsSalud, María Elena Aguilar del Águila, también estuvo en la Clínica Cabani en la fecha que se realizaron las operaciones a la presidenta Dina Boluarte. Por lo que ella se habría encargado personalmente de supervisar la recuperación postoperatoria de la mandataria.

Doctores Mario Cabani y exjefa de EsSalud María Aguilar supervisaron recuperación de Dina Boluarte.

Muriano es presionada por circulo cercano de la presidenta

Según se ha podido conocer, Patricia Muriano le ha dicho a su círculo más cercano que ha estado recibiendo presiones del círculo de seguridad de la jefa de Estado Dina Boluarte Zegarra para que desconozca el audio en el que se le escucha confirmar las operaciones estéticas de la mandataria, y que niegue que fuera su voz.

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Política

Alcalde de Lima designa como nuevo gerente de Emape a ingeniero que dijo polémica frase “no se cayó, se desplomó”

José Luis Justiniano será recordado por tratar de explicar torpemente el derrumbe de un puente que no duró ni 10 años.

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¡Qué estaremos pagando! El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, incapaz hasta la fecha de poder reordenar Mesa Redonda y Mercado Central, investigado por traer vagones de tren a sobrecosto, desaparecido durante el último incendio en Barrios Altos pero que sí se encontraba muy predispuesto a tomarse cuanta foto sea posible con un famoso streamer extranjero, ahora acaba de designar a uno de los ingenieros incondicionales del ex burgomaestre Luis Castañeda Lossio, nos referimos al ingeniero José Luis Justiniano Martínez, como el nuevo gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

Ingeniero José Luis Justiniano Martínez.  

Y es que más que se le recuerde al ingeniero Justiniano Martínez por sus magníficas obras en la ciudad, es recordado solamente por su frase “no se cayó, se desplomó” luego que tratara de explicar la caída del puente de la Solidaridad en el año 2017, luego de la crecida del río Rímac.

El entonces gerente de Infraestructura Vial de Emape, Justiniano Martínez, dijo que la estructura había sido diseñada “por los mejores especialistas del medio” y “de acuerdo a las normas vigentes”.

“No se ha caído, solamente se ha desplomado su apoyo externo. Yo le estoy hablando técnicamente. Usted no me va a entender quizás nunca, porque es periodista”, mencionó al ser interrogado por América TV.

Ahora, de acuerdo a la plataforma oficial del Estado peruano, el ingeniero comenzó a laborar el 8 de marzo de este año en esta dependencia de la Municipalidad de Lima.

Será Justiniano Martínez quien tenga a cargo la firma de acuerdos y convenios con entidades públicas, privadas y organismos internacionales, así como la dirección, ejecución y supervisión del cumplimiento de las decisiones de la empresa. También será responsable de aprobar modificaciones presupuestarias y otras acciones administrativas.

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Política

TC libra de ‘polvo y paja’ a Vladimir Cerrón por caso La Oroya, anulando su condena [VIDEO]

Ideólogo de Perú estaría a punto de salir de la clandestinidad. Perulibristas celebran fallo a su favor.

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El viento sopla a su favor. Qué coincidencia que a tan solo horas de que la jefa de Estado, Dina Boluarte, anunciara la convocatoria a elecciones generales para abril del 2026, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue absuelto por la Corte Suprema en el caso ‘Aeródromo Wanka’, teniendo que pagar solamente una reparación civil; y por su eso no fuera suficiente, el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de Cerrón Rojas, anulando su condena de 4 años de prisión preventiva suspendida por el caso ‘La Oroya’.

fuente: rpp.

De acuerdo con la decisión del alto tribunal, las sentencias de primera y segunda instancia carecen de una debida motivación. Esto, dicen los magistrados, porque se condenó al líder de Perú Libre por hechos por los que no fue acusado por la Fiscalía.

Así, en el caso La Oroya, se acusó a Cerrón por solicitar a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) el pago de mayores gastos a favor del Consorcio Altiplano e incumplir sus obligaciones como gobernador regional.

Sin embargo, subraya el TC, en las sentencias condenatorias se llegó a la conclusión de que la negociación incompatible se concretó con la ampliación del plazo para que el consorcio ejecute la obra “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de la Oroya”, lo que implicó un pago de 850.000 soles adicionales al presupuesto original.

En relación a la sentencia de segunda instancia, el TC determina que también tiene errores de motivación como, por ejemplo, que no se haya desarrollado “de manera objetiva y razonable la existencia de un interés indebido” por parte de Cerrón, interés que sea “ajeno al ejercicio de sus funciones como entonces gobernador regional de Junín”.

Por ello, el TC declaró nulas las sentencias condenatorias y ordenó al Juzgado Penal de primera instancia que emita un nuevo pronunciamiento sobre la acusación de la Fiscalía contra Vladimir Cerrón, es decir, que se determine nuevamente si es culpable o inocente del delito de negociación incompatible.

El dato:

Sobre el prófugo Vladimir Cerrón solo recae una orden de prisión preventiva por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, así como el pago pendiente de dos reparaciones civiles.

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Política

Congresista Guido Bellido exige explicaciones al MINEDU por designación irregular de directora en colegio PNP

Parlamentario integrante de la Comisión de Educación del Congreso, solicitó un informe detallado al ministro de Educación Morgan Quero.

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Desde el Congreso de la República, el parlamentario Guido Bellido Ugarte ha enviado un oficio al ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, solicitando información sobre el nombramiento de la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo como directora del colegio PNP Santa Rosa de Lima. Esta solicitud responde a las denuncias y documentos que evidencian una gestión deficiente que afecta a una comunidad estudiantil de 900 alumnos de primaria y secundaria.

En el oficio Nº 1927-2024-2025-GBU/CR dirigido al titular del Minedu, Bellido Ugarte menciona la información publicada por Lima Gris y advierte que, según el Convenio Marco N° 002-2019-MINEDU, suscrito entre el Ministerio de Educación y la Policía Nacional del Perú, “se establece expresamente que la designación de directores en colegios administrados por la PNP debe recaer en un Oficial PNP”. Sin embargo, Cama Trebejo es suboficial, lo que, según el oficio, “podría contravenir dicho convenio, generando preocupación sobre el cumplimiento normativo y la gestión adecuada de los centros educativos administrados por la PNP”.

Ante esta situación, el congresista exige al ministro Quero Gaime un «informe detallado sobre el proceso de designación de la dirección de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima y los criterios aplicados para la designación de la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo». Además, solicita explicaciones sobre las acciones que tomará el MINEDU frente a esta aparente vulneración del convenio.

Es importante señalar, que el legislador Guido Bellido es parte de la Comisión de Educación del Congreso de la República y, además, en la misiva menciona que el pedido de información lo realiza en virtud a sus facultades contenidas en los artículos 96 de la Constitución Política del Perú y 87 del Reglamento del Congreso.

El silencio del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior ante estas denuncias es inaceptable. Ambas instituciones tienen el deber de supervisar y garantizar que la normativa se cumpla, evitando que decisiones arbitrarias comprometan la calidad educativa de los colegios contemplados en su convenio. Desde Lima Gris, exhortamos a la Defensoría del Pueblo a intervenir de oficio y exigir medidas inmediatas que protejan el derecho de los estudiantes a una educación de calidad.

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Política

¿Ministerio de Infraestructura? Brecha de infraestructura se podría cerrar en 100 años al ritmo que vamos

Lee la columna de Hans Herrera Núñez

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La cuestión del proyecto impulsado por el gobierno de la creación de un Ministerio de Infraestructura llegó a la Mesa de Trabajo de hoy en el Congreso. Desde los representantes de diversos entes del Estado se percibía lo que podría llamarse un complaciente optimismo acrítico.

Antes que nada, una cuestión relevante en la creación de un nuevo ministerio es en el caso de Infraestructura determinar la identificación de brechas. Por ejemplo, en caso de necesitarse un hospital en Ancash cuáles serían las características, las cuales son capacidades que hace un ente rector que es el que identifica brechas. Este Ministerio de Infraestructura vendría a ser el ente rector en lo concerniente a obra pública y el que va definir la brecha, el cómo se va a articular, así como su ejecución. Cuando se habla de un plan de infraestructura tendría que estar articulado con los sistemas administrativos de las diferentes rectorías y ello incluye a los distintos niveles de gobierno.

En la mesa de trabajo encabezada por el congresista Rospigliosi, estuvieron presentes los representantes de los diferentes ministerios, así como del gremio empresarial.

El representante de MINEDU hizo hincapié en la necesidad de tener un ente regulador de forma transversal. «Tenemos 55 mil colegios públicos a niveles nacional y la brecha [en infraestructura] es altísima», señaló el representante de MINEDU quien refirió que se podría cerrar la brecha en más de cien años al ritmo que vamos. «Hemos llegado a 6% de presupuesto para infraestructura en educación».  También refirió que la brecha es dinámica debido al paso del tiempo y a efectos del clima.

El representante de Desarrollo Agrario, refirió que un nuevo ministerio sería prácticamente el mismo sistema de trabajo actual que se lleva en todos los ministerios, Pero que en este caso sería una gran unidad ejecutora que es tal como perciben lo propone el proyecto del Ejecutivo.

El representante del Ministerio de Salud, remarcó que lo que se propone es una entidad transversal de coordinación a nivel del Poder Ejecutivo y gobiernos locales y regionales, el cual atendería a mejorar los mecanismos de coordinación en una economía de escala.

El representante de los gobiernos regionales mencionó su preocupación en cuanto a la transferencia de funciones que realiza el Ejecutivo a los poderes regionales, lo cual no sucede de manera uniforme. Y esto porque existen gobiernos regionales a los que se ha transferido determinadas competencias mientras otras siguen concentradas en el gobierno nacional, por lo que invocó, a que se tenga a bien el incorporar una disposición al proyecto planteado por el gobierno, a través de la cual se disponga que la secretaría de descentralización de la PCM, precise los alcances de esta distribución de funciones a favor de gobiernos regionales de forma que quede claro las competencias que ejercerán cuando el ministerio de infraestructura funcione.

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