Dentro de las causas que eximen de responsabilidad penal a las personas, se encuentra la figura de la Legítima defensa, que por antonomasia es un derecho constitucional, porque está contemplado en la Carta Magna nacional.
Ante este derecho constitucional, naturalmente, están exentos de responsabilidad penal: el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que en el cumplimiento de su deber y el uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte (artículo 20° inciso 11 del Código Penal). Sin embargo, el conflicto de esta relativa inimputabilidad se agrava cuando un civil común la ejerce.
Es decir, la figura de la Legítima defensa es el derecho de defenderse utilizando la violencia contra un inminente agresor ilegitimo, con el único objetivo de proteger el bien jurídico propio, o de terceros, y cuyo medio racional empleado para repeler el ataque, no haya sido el que en primera instancia haya provocado la agresión (Artículo 20° inciso 3 del Código Penal).
Este tema ha vuelto a la discusión mediática precisamente, porque en las noticias del fin de semana se propalaron imágenes del asesor de seguridad y excandidato al Congreso Luis Miguel Llanos. En el video registrado, claramente se observa que fue asaltado por un grupo de hampones cuando se hallaba en los exteriores de un restaurant en Tumbes; sin embargo, Llanos extrajo su pistola para repeler el ataque y a pesar que logró abatir a su agresor, él salió herido por tres impactos de bala. Actualmente, se encuentra recuperándose en una clínica en el norte del país.
En ese sentido, la Legítima defensa en nuestro país, más que una solución que sirva para atenuar un conflicto, se ha mostrado como un aditivo ante el problema que enfrenta una persona cuando es atacada por un criminal.
Ataque de delincuentes en Tumbes a Luis Miguel Llanos.
Aunque parezca absurdo, parece ser, que más protección tiene un sujeto que de forma antijurídica emplea un arma de fuego de procedencia ilegal para perpetrar crímenes con asesinato incluido, a diferencia de un ciudadano común que adquiere con su propio peculio un arma lícita y que se somete a las pruebas y exámenes de rigor, incluso al de salud mental, para poder finalmente obtener una licencia a través de SUCAMEC. No obstante, de acuerdo a la casuística local, no todas las personas que se han visto involucradas en incidentes de tiros por el solo hecho de repeler un ataque criminal para salvaguardar sus vidas han sido favorecidas con la figura de la Legítima defensa; porque, incluso, algunas de esas personas han terminado en prisión y sentenciadas por homicidio simple.
Es importante resaltar que la Legítima defensa no se da automáticamente; es decir, no hay que creer deliberadamente que si uno se defiende y mata a un supuesto agresor que ha pretendido atacarlo, luego saldrá librado penalmente; porque a partir de ese momento, el ciudadano que se defendió tendrá que demostrar, tanto a la Policía como a la Fiscalía, que su conducta fue jurídica en el marco de la ley que busca protegerlo. Y necesariamente se tendría que cumplir con tres requisitos esenciales que dicta la norma.
Por ejemplo, ¿Será Legítima defensa cuando un ladrón que ingresa a tu casa portando un arma de fuego y en el momento de su huida extraes tu arma y le disparas? o ¿Si tú matas con una pistola a un agresor que pretendió atacarte con un cuchillo, es Legítima defensa?
Tomando en cuenta a nuestra actual legislación, es probable que el primer ejemplo no ingrese necesariamente al terreno de la Legítima defensa; y también es probable que el segundo ejemplo podría configurarse como una Legítima defensa. Y menciono probable… porque los juicios de valores apresurados y prematuros no son tomados en cuenta por el juzgador; porque, luego de un incidente violento, donde hubo agresión, se hacen una serie de delicadas valoraciones que empiezan desde el parte policial, hasta llegar al terreno fiscal, con testimonios, pericias, y otros medios probatorios; incluso, se recurre a los análisis de las Jurisprudencias penales y las Ejecutorias supremas.
En ese sentido, cabe mencionar que hay dos clases de Legítima defensa:
Legítima defensa perfecta.- Que consiste en cumplir con los tres requisitos previstos en la ley, para que realmente se cumpla con las causas que justiciarán un hecho tópico y que por tanto, eximirán de responsabilidad penal al sujeto atacado. En otras palabras, los ciudadanos que finalmente hayan hecho uso de su Legítima defensa perfecta, es más que seguro que sean absueltos ante la ley.
Legítima defensa imperfecta.- En cuyo tópico tendría que carecerse de alguno de los tres requisitos como condición elemental para que no se exima de responsabilidad penal al sujeto atacado; sin embargo, esa misma responsabilidad penal podría ser atenuada y/o disminuida por el juzgador. En otras palabras, los ciudadanos que finalmente hayan hecho uso de su Legítima defensa imperfecta, es más probable que sean sentenciados por homicidio simple con una pena menor.
En cuanto, a los requisitos para que se configure una Legítima defensa perfecta tenemos:
La agresión ilegítima.- Es la que sobreviene de un agresor de forma inminente, cuando se vislumbra que el peligro de atacar y atentar contra un bien jurídico protegido como la vida y la salud, es real y grave.
La racionalidad del medio empleado.- como bien señala la norma, aquí se requiere una necesidad racional del medio empleado para impedir la agresión, porque se tomará en cuenta la intensidad y peligrosidad de la agresión, así, como la forma de proceder del agresor. Por tanto, la justicia y equidad consiste en medir la proporcionalidad que hay entre el peligro de la agresión, y el acto de defenderse legítimamente.
La falta de provocación suficiente de quien hace la defensa.- Es decir, el agredido que busca defenderse no debe haber provocado, incitado o insultado al agresor, para que éste ejecute algo por el hecho de verse enojado. Es decir, quien se defiende no debe obedecer a un comportamiento que haya originado reacciones de terceros contra él, y más bien, deberá actuar por el mero objetivo de neutralizar a su inminente agresor.
Felizmente, la legislación penal incorporó como presupuesto esencial La racionalidad,a diferencia de La proporcionalidad, que estuvo tipificada en nuestro Código Penal hasta el año 2003. Con ese criterio, muchos ciudadanos que hicieron uso de la Defensa propia y/o Legítima defensa, pero que no emplearon un medio proporcional para defenderse, tuvieron que purgar cárcel por no haber actuado de acuerdo a ley.
Es decir, si anteriormente un agresor atacaba con un cuchillo y el ciudadano se defendía con un arma de fuego; ya no podía acogerse a la Legítima defensa; sencillamente, porque en aquel incidente no hubo Proporcionalidad. Eso significa, que el agresor ilegítimo estuvo en desventaja porque atacó con un arma blanca y el ciudadano se defendió legítimamente, pero con un arma de fuego.
Sugiero que al momento de vernos patrocinados por abogados penalistas, seamos acuciosos a la hora de elegirlos, porque siempre encontraremos juzgadores de naturaleza sui géneris que obedecen a un afán de distanciarse de la norma, y es precisamente en ese momento donde nuestros abogados defensores tendrán que elaborar una convincente teoría del caso.
En ese sentido, recordemos aquel sonadísimo caso de enero de 2012, donde el joven universitario Gastón Mansilla Yupanqui de 20 años, ante la inseguridad ciudadana que reinaba en las arterias capitalinas, optó por comprarse una pistola con su licencia respectiva. Luego, cuando Mansilla salía de sus clases de la universidad Villarreal, fue perseguido y atacado por dos delincuentes en las inmediaciones de la avenida Tacna en el centro de Lima, y cuando uno de los agresores intentó acuchillar al joven, éste extrajo su arma de fuego y abatió a su atacante.
El caso se volvió mediático porque el joven universitario inmediatamente fue internado al penal San Jorge por homicidio simple, sencillamente, porque la jueza Asunción Puma León que resolvió el caso, había basado su resolución de prisión preventiva contra Mansilla con el presupuesto de la Proporcionalidad de medios, cuando en realidad, en esa época ese presupuesto ya había sido excluido como valoración en el Código Penal, porque había sido reemplazado por la Racionalidad. No obstante, la jueza fue procesada por prevaricato y OCMA la separó del cargo y le abrió un proceso disciplinario por incapaz. Asimismo, el Fiscal Provincial Penal Juan Héctor de La Cruz Aguilar, que formuló la denuncia contra el joven universitario, también fue investigado por la Oficina de Control Interno del ministerio Público por haber incurrido en una falta de análisis respecto a la Legítima defensa.
Jueza Asunción Puma León que injustamente envío a prisión al joven Gastón Mansilla Yupanqui.
Afortunadamente, el joven universitario tras cuatro días de encierro, fue absuelto y puesto en libertad; lo que sin duda, coadyuvó en parte a generar un precedente positivo. Sin embargo, aún continúan las inconsistencias en los fallos que tienen que ver la con la Legítima defensa.
Finalmente, cabe reflexionar y formular una pregunta de rigor ¿La Legítima defensa favorece realmente a la ciudadanía… o a los criminales?
En los últimos años la SUCAMEC ha sido muy inquisidora con los civiles que requieren una licencia de uso de armas de fuego para sus defensas personales; eso, sin mencionar la inversión onerosa y los procesos administrativos engorrosos que obligadamente debe emprender un administrado.
Pero, esa inquisición y coerción no se da en los criminales y bandas organizadas que cuentan con los más grandes arsenales, que adquieren en el mercado negro a vista y paciencia de los aparatos de inteligencia de la Policía Nacional. Como decía el locutor Humberto Martínez Morosini: “Aquí no pasa nada”. Ante ello, y ante la creciente ola de violencia que en la era post-Covid ganará más terreno delictivo, urge inmediatamente una Política Pública de Desarme Nacional.
Es decir, ya es hora de que se articule un trabajo conjunto entre El Congreso (para emitir el marco legal), el ministerio del Interior, ministerio de Defensa, los gobiernos locales y regionales, para que de una vez, emprendan una requisa permanente de las armas de fuego ilícitas que se encuentran en todo el territorio nacional. E Insisto: el desarme deberá ser permanente, a través de un Decreto Legislativo, y no, un saludo a la bandera, como hasta hoy se ha venido dando de forma intermitente en la provincia constitucional del Callao.
Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.
¿Se volverán a limpiar las manos? La cuarta víctima del suero fisiológico resultó nada menos que una bebé de tan solo un año y dos meses, la cual ingresó a la clínica SANNA con un cuadro de fiebre y diarrea, pero durante el tratamiento se le suministró el suero defectuoso ocasionándole convulsiones que la llevaron a la muerte.
Cuentan los afligidos padres de Kayla que cerca de 15 médicos estuvieron junto a su menor hija sin hacer más que mirarla mientras convulsionaba. Ellos denuncian negligencia por parte del personal médico que estuvo presente, adelantando que presentarán una denuncia contra la clínica y “los que resulten responsables”.
«Cuando estaba en hospitalización, ya habían pasado más de 4 horas con el suero, mi bebé empieza a temblar y convulsionar fuerte. El personal médico que estaba con nosotros no sabía qué hacer. El papá de mi bebé es quien presiona el botón de emergencia para que se puedan acercar a auxiliar a mi bebé, pero todos los que ingresaban solo miraban. No tenían varios implementos», declaró la joven madre.
Asimismo, aseguró que la clínica estaba más preocupada en que pague por los medicamentos que se utilizaron para la atención de su bebé, detallando que el gasto total fue de 2 mil soles.
«La clínica de lo que más se preocupaba era por el tema del pago (…) La clínica lo más preocupado que estuvo era de que yo firmara o que cancelara. Estaban preocupados por anotar qué medicamento terminaron de usar en UCI pediátrico, o sea todo. Lo primero para ellos era el cobro (…) Más de dos mil hemos gastado en mi bebé», agregó.
fuente: latina.
Minsa ordena el “cierre temporal” de Medifarma
En tanto, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), ha ordenado el “cierre temporal” del laboratorio Medifarma S.A. luego de detectarse que habría más de un lote defectuoso del suero fisiológico.
Según el escrito, para confirmar la calidad del producto, el laboratorio de control de calidad Hypatia S.A. realizó pruebas en las que se detectó una alteración en la concentración de cloruro de sodio. Los análisis revelaron que los niveles de sodio en el suero variaban entre 63.8 % y 644.0 % por encima del estándar permitido.
La recomendación es no consumir ningún lote de esta marca por precaución. En tanto, Medifarma informa que retirará todos los lotes de suero fisiológico de su marca en circulación.
La tragedia que ha golpeado a la familia de Alejandra Landers ha dejado una profunda herida no solo en sus seres queridos, sino también en la sociedad, que observa con creciente indignación la posible negligencia médica que pudo haber causado su muerte. Alejandra, de solo 26 años, ingresó a la clínica SANNA de San Borja con un simple resfrío. Sin embargo, tras recibir un suero fisiológico contaminado, su estado empeoró rápidamente hasta llegar a la muerte cerebral. Su padre no escatima en palabras: “Mi hija llegó sana y me la entregaron muerta”, declaró, denunciando la aparente falta de cuidado y vigilancia médica en el tratamiento de su hija.
La historia de esta joven, que parece un error evitable, plantea serias dudas sobre la gestión de la clínica y el control de calidad de los insumos médicos que se suministran a los pacientes. De acuerdo con el relato de la madre, Eliana, la joven fue admitida en urgencias a las 9:17 p.m. Sin embargo, horas después, presentó síntomas graves, como convulsiones y pérdida de conciencia. La desesperación de los padres aumentó al ver que la clínica tardó tres horas en realizarle exámenes, a pesar de la evidente gravedad de su condición. “Cuando la toqué, su cara estaba mojada de saliva y su cuerpo orinado”, narró Eliana entre lágrimas, destacando la falta de una respuesta rápida y adecuada.
La situación no solo pone en evidencia una aparente falta de protocolos médicos adecuados, sino que también subraya un sistema de salud que parece proteger más a las instituciones involucradas que a las víctimas. La familia de Alejandra ha denunciado, además, la burocracia que ha rodeado la posibilidad de iniciar acciones legales contra los responsables de este trágico suceso. Su abogado denuncia que, a pesar de los esfuerzos por presentar una denuncia penal, las autoridades se niegan a aceptar el caso, alegando problemas de competencia. Es un ejemplo más de la obstrucción al acceso a la justicia, en la que las víctimas y sus familias se enfrentan a un laberinto legal que favorece la impunidad.
Para colmo, el Ministerio de Salud cambió en 2024 la normativa relacionada con la notificación de reacciones adversas a medicamentos, extendiendo el plazo para reportarlas de 24 horas a 7 días. Esta medida, que podría haber sido pensada para aliviar la carga administrativa, en la práctica podría favorecer la impunidad, al dificultar el rastreo oportuno de situaciones como la ocurrida con Alejandra, donde la contaminación del suero fue el detonante de su muerte cerebral.
A pesar de la gravedad de los hechos, tanto la clínica SANNA como la farmacéutica Medifarma han ofrecido cubrir los gastos médicos y han mencionado la posibilidad de una indemnización. Sin embargo, el padre de Alejandra rechazó cualquier compensación económica, buscando únicamente la verdad. “No queremos dinero, queremos la verdad”, afirmó contundente, dejando claro que la justicia y la responsabilidad de los involucrados son lo que realmente importa para la familia.
Este caso plantea una reflexión profunda sobre la falta de responsabilidad y el sistema de salud que parece más preocupado por proteger su reputación que por rendir cuentas ante hechos tan graves. La familia de Alejandra y la sociedad en su conjunto exigen justicia y que este tipo de tragedias no queden impunes. Es esencial que se asuman responsabilidades, se tomen medidas preventivas y se garanticen los derechos de los pacientes, para que casos como este no se repitan.
Panorama conversó con los padre Alejandra. Aquí todos los detalles.
La soberbia mata señores de Poderosa: tres asesinatos más en Pataz
Hace unos días, las Rondas Campesinas de Pataz llegaron hasta Lima con un pedido desesperado: apoyo para enfrentar a la delincuencia que azota su tierra. Armados apenas con varas y palos, estos hombres y mujeres, guardianes de sus comunidades, buscaron ayuda en las mineras y el Estado. La respuesta de Minera Poderosa fue fría, indiferente: les cerraron la puerta en la cara. Hoy, la sangre vuelve a teñir la tierra de Pataz.
Tres jóvenes trabajadores de Poderosa han caído en una emboscada de la delincuencia organizada y muchos más ciudadanos anónimos en toda la provincia están siendo masacrados.
¿Cuántos muertos más hacen falta para que la soberbia de unos pocos se derrumbe? ¿Cuántos ataques, cuánto dolor debe soportar la población antes de que las empresas y las autoridades entiendan que sin la unión con la gente organizada, la batalla contra el crimen está perdida?
Las Rondas Campesinas no piden limosnas, piden herramientas, recursos, colaboración. Son la primera línea de defensa en una zona donde el Estado brilla por su ausencia. Mientras tanto, la delincuencia avanza, mejor armada, más violenta, más audaz. Cada rechazo, cada desdén, es una victoria para las hordas criminales que ven cómo sus enemigos están divididos.
La soberbia mata. Mata cuando las empresas privilegian sus protocolos sobre la vida de las personas. Mata cuando el Estado responde con burocracia a una emergencia. Y mientras tanto, en Pataz, los ronderos siguen plantando cara a los balazos con nada más que coraje y palos.
¿Hasta cuándo? La respuesta debería ser hoy. Porque mañana, el costo será mas. Comparto con ustedes parte de la propuesta entregada a las compañías mineras y al gobierno central.
Propuestas para una Estrategia Integral
1. Comités de Seguridad Mixtos
– Crear mesas de trabajo conformadas por líderes ronderos, mandos policiales, representantes del Ejército y delegados de las mineras. Estos comités diseñarían operativos conjuntos con inteligencia compartida, evitando la duplicidad de esfuerzos y garantizando una respuesta rápida ante ataques.
2. Financiamiento Compartido
– Las mineras, en vez de gastar millones en seguridad privada para sus instalaciones, deberían destinar un porcentaje a fondos mancomunados con el gobierno regional. Estos recursos financiarían:
– Equipamiento básico: Radios, chalecos antibalas, drones de vigilancia y botiquines de emergencia para las Rondas.
– Infraestructura: Puestos de control en zonas críticas, con tecnología de monitoreo y alerta temprana.
3. Capacitación y Legalidad
– La Policía y el Ejército deben entrenar a los ronderos en:
– Primeros auxilios.
– Protocolos de detención sin violencia excesiva.
– Uso de tecnologías de rastreo.
– Uso de armamento no letal o escopetas
– A cambio, regularizar su estatus jurídico para que su labor sea reconocida y protegida, no criminalizada.
4. Operativos «Escudo Andino»
– Desplegar unidades móviles combinadas (Policía, Ejército y Rondas) para patrullajes en zonas de alta peligrosidad, con apoyo aéreo en casos de enfrentamientos.
– Establecer un número de emergencia exclusivo para alertas rápidas, con geolocalización.
5. Programas Sociales como Prevención
– Las mineras y el Estado deben impulsar proyectos en las comunidades para cortar el reclutamiento de jóvenes por el crimen: becas, talleres técnicos y empleos formales en lugar de migajas asistencialistas.
Nos unimos o nos derrotan
La soberbia empresarial y la indiferencia estatal ya han costado demasiadas vidas. Pataz no necesita discursos, necesita acción. Si las mineras y el gobierno no se unen hoy a las Rondas, mañana no habrá operativo que detenga el avance de las hordas criminales.
La pregunta no es si pueden hacerlo, sino si quieren. Porque mientras deliberan, los pobres siguen poniendo los muertos.
Primero carne de caballo, luego alimentos en mal estado, y ahora ¡vellos! Un terrible caso se ha dado en la Institución Educativa n.° 016 del Centro Poblado Puentecillos, distrito de Santa Rosa, en Jaén, donde padres de familia han denunciado la presencia de vellos en las conservas de pollo distribuidas por el programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma).
El incidente fue reportado durante la preparación de los alimentos escolares, en presencia de los padres de familia, docentes y personal de cocina del centro educativo.
«Se han encontrado vellos supuestamente. Son pequeños. Delante de padres de familia, de la directora y de las profesoras vimos. Yo pensé que eran gusanos. Al momento en que nosotros abrimos el pollo enlatado era prácticamente vellos», aseveró una madre de familia.
Ante la situación, los padres han solicitado la presencia de las autoridades responsables para inspeccionar los productos y garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo. Advirtieron que, de no obtener una solución, rechazarán la recepción de estos productos en futuras entregas.
El caso ha reavivado cuestionamientos sobre el control de calidad en la distribución de alimentos escolares y la supervisión de los proveedores encargados del abastecimiento.
Foto: Radio Marañón.
La respuesta de Wasi Mikuna
En tanto, el programa Wasi Mikuna, a través del encargado de imagen institucional, mencionó que se vienen realizando las indagaciones en el centro educativo de conformidad a los protocolos, adelantando que se pronunciarán oficialmente cuando haya resultados.
Asimismo, el Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo (Midis) pidió que no se consuma el producto hasta que exista un pronunciamiento al respecto.
«Ante esta alerta (…) sobre una presunta materia extraña en la conserva de pollo, el programa Wasi Mikuna informa que (…), al tomar conocimiento de manera inmediata, acudió a la institución educativa donde, en presencia de los integrantes del comité de alimentación escolar y comunidad educativa procedió a verificar el lote del producto. Se procedió a revisar el muestreo de los alimentos; en tanto, se suspendió el uso y consumo del lote involucrado», se puede leer en el documento.
Odisea en el circuito de playas por ‘cierre total’ de bajada de Armendáriz
Tras varios meses de paralizar una obra turística en Miraflores-Barranco, y luego del robo en la grúa abandonada en la quebrada de Armendáriz, los conductores no solo sufrieron congestión vehicular durante el verano, sino, que la supuesta fecha de entrega del puente peatonal, según informa la comuna miraflorina tras el reinicio de las obras, sería en junio.
En la bajada de Armendáriz una gigantesca grúa generó el rechazo y el malestar de transeúntes y conductores vehiculares no solo miraflorinos y barranquinos, sino de la capital, por encontrarse abandonada y varada hace varios meses en el lugar que ya debía haberse inaugurado un puente peatonal que uniría los distritos de Miraflores y Barranco. Sin embargo, gracias a la improvisación, esta obra quedó paralizada debido a las disputas y desencuentros entre la Municipalidad de Miraflores liderada por el alcalde de Renovación Popular, Carlos Canales y la compañía INCOT SAC Contratistas Generales.
Caos en el circuito de playas hasta el 01 de abril Así las cosas, la bajada de Armendáriz ha sido cerrada totalmente al tránsito vehicular desde altas horas de la noche del jueves 27 de marzo, hasta el martes 01 de abril. ¿Las razones? La municipalidad de Miraflores anunció que reiniciaron las obras del Corredor Turístico, que enlazará Miraflores con Barranco, con el puente tubular en la quebrada mencionada. En tanto, la Municipalidad miraflorina informó que, el cierre será total hasta las 5:00 a. m. del martes 1 de abril.
A partir de esa fecha, las restricciones continuarán según el horario aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML): de lunes a domingo, se restringirá el tránsito de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., y el cierre será total de 9:00 p. m. a 5:00 a. m. del día siguiente. Según informan, la medida es requerida debido al movimiento de la gigantesca grúa que ocupará parte de los carriles. Se espera que una vez finalizadas las obras—anunciaron que sería dentro de tres meses, a fines del mes de junio—la vía será completamente reabierta.
Alcalde Canales en 2024 canceló contrato y perjudicó a vecinos
Como se recuerda, en diciembre del 2024, la Municipalidad de Miraflores resolvió el contrato con INCOT S.A.C. Contratistas Generales debido al incumplimiento en la culminación de un puente peatonal en los malecones que uniría a los distritos de Miraflores y Barranco, el cual se denomina: proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del Corredor Turístico Malecón de la Reserva”. Sin embargo, INCOT se defendió y le echó la culpa a la subcontratista, la empresa metalmecánica AMENPROD STELL S.A.C. tildándola como la verdadera responsable de la paralización de la obra, por no cumplir con la entrega de la estructura metálica, pese a que estaba pagada en un 95%. E incluso, porque pedían más dinero para cumplir con la entrega.
Rutas alternas durante el cierre
Mientras dure el cierre, los conductores deberán tomar rutas alternas para aminorar en algo el congestionamiento que ya viene perjudicándolos. Para el desplazamiento de norte a sur, se debe tomar la Subida San Martín hacia la Av. Del Ejército, girar a la izquierda en la Av. José Pardo, continuar por la Av. Ricardo Palma y luego acceder a la vía auxiliar de la Vía Expresa en dirección sur. Otra alternativa es usar la Bajada Balta desde el Circuito de Playas, girar a la derecha en la Av. Óscar R. Benavides (Diagonal) y seguir hasta la Av. José Pardo.
De sur a norte, quienes vengan de Barranco pueden tomar la salida 2 (Av. 28 de Julio) hacia la vía auxiliar de Paseo de la República, girar a la izquierda en la Av. Ricardo Palma, seguir por la Av. José Pardo hasta la Av. Del Ejército y continuar hasta la Subida San Martín. Otra opción es tomar la Av. Reducto, continuar por la Av. 28 de Julio, girar a la derecha en la Av. José Larco, luego girar nuevamente a la derecha en la Calle Shell, lo que llevará directamente a la Bajada Balta en dirección norte.
Los vecinos miraflorinos y barranquinos y los ciudadanos en general, esperan que la municipalidad de Miraflores, con supervisión de la MML, esta vez cumplan con los plazos de entrega, ya que se han visto dilatados durante meses y es exigible que el famoso puente peatonal realmente sea culminado en el mes de junio, de acuerdo a lo anunciado.
Muertes en los quirófanos. El Ministerio de Salud (Minsa) emitió la “alerta sanitaria” n.° 38 -2025 ante el reporte de varios casos de pacientes que registraron reacciones adversas al suero fisiológico proveniente de un lote en específico; la situación se agravó aún más cuando se informó sobre la muerte de tres personas de distintas regiones del país a consecuencia de la aplicación de ese suero. A detalle se trata de dos pacientes de la Clínica Sánchez Ferrer de Trujillo y uno más de una persona en Cusco que se había sometido a una liposucción.
De acuerdo con el Minsa, la alerta se activó tras la identificación de cuatro casos iniciales de reacciones adversas “no graves” en clínicas de Lima y Cusco, registrados el 22 de marzo de 2025 en la base de datos nacional de farmacovigilancia. Posteriormente, al 24 de marzo, el número de casos ascendió a diez, distribuidos en las regiones de Lima (4), Cusco (4) y La Libertad (2). Entre estos, dos casos graves fueron reportados en Cusco, lo que incrementó la preocupación sobre la seguridad del producto.
En tanto, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), entidad adscrita al Minsa, ha ordenado la retirada inmediata de todas las unidades de este lote en particular y procederá a su evaluación.
fuente: latina.
Clínicas deslindan responsabilidad
Por su parte, la clínica de Cusco Medical Network 02 emitió un comunicado donde deslinda toda responsabilidad médica en relación al fallecimiento de una paciente tras someterse a una liposucción. La clínica aclara que el médico que atendió a la paciente “no forma parte del staff permanente de nuestra clínica, sino que fue contratado directamente por la propia paciente para la realización de un procedimiento específico”. Asimismo, el mencionado centro médico indicó que tomará “acciones legales” contra Medifarma y M&M Productos Médicos y Farmacéuticos SRL”.
La clínica Sanna informó que desde el lunes se conoció que el laboratorio farmacéutico Medifarma había anunciado la presencia de un lote defectuoso de suero fisiológico. En ese sentido precisaron que este producto fue retirado ya de su red de clínicas.
Este 28 de marzo artistas confirman nueva manifestación ¡Marchamos todos! ‘No queremos Morir’
La movilización iniciará en el Parque Bustamante y Rivero, en San Isidro desde las 5 p.m. y se dirigirá hacia el Ministerio del Interior, con el fin de exigir al Gobierno de Dina Boluarte que tome medidas inmediatas contra la criminalidad.
Así como ocurrió el pasado viernes 21 de marzo, ciudadanos a través de diferentes plataformas han difundido una nueva convocatoria para manifestarse este viernes 28 de marzo, a las 5 de la tarde, en el Parque José Luis Bustamante y Rivero, en San Isidro. La protesta lleva como nombre ¡Marchamos todos! y en el cual los asistentes partirán desde el parque sanisidrino y se dirigirán a la sede del Ministerio del Interior, ubicada en la Av. Canaval y Moreyra.
Convocatoria ArtistasXlapaz para el viernes 28 de marzo.
Marcharán los artistas
Distintos artistas de salsa, cumbia, DJs, cantantes solistas y otros representantes del ámbito musical han compartido y difundido publicaciones sobre la convocatoria, e hicieron un llamado a la población a sumarse a la protesta. El objetivo de esta manifestación es exigir al Gobierno de Dina Boluarte, que tome acciones contra la criminalidad que día a día somete a la población a los más viles vejámenes y los asesina a mansalva, tal como ocurrió con la tragedia por el reciente homicidio del cantante Paul Flores.
Dina Boluarte advierte: “No descansaremos hasta devolverle al pueblo la seguridad que merecen”.
Hace 11 días asesinaron a Paul Flores
Apenas hace una semana, la reconocida agrupación Armonía 10 compartió un mensaje en redes sociales en memoria de Paul Flores (39 años), conocido como ‘Ruso’, quien perdió la vida la madrugada del domingo 16 de marzo, tras ser víctima de un atentado armado. Se presume que el crimen estuvo vinculado a extorsionadores que habrían amenazado a la banda de cumbia.
Por causa de este execrable suceso, la ola de indignación en la comunidad artística y en la ciudadanía en general creció enormemente, y se organizó una primera marcha (21 de marzo) en la que cientos de personas salieron a las calles para exigir al Gobierno que tomen acciones rápidas y efectivas contra el crimen organizado, para que “no los sigan matando”.
En menos de diez días, una serie de denuncias sobre la gestión de la directora del colegio Santa Rosa de Lima, la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo, ha llegado a la redacción de Lima Gris. Hemos publicado aquellas respaldadas con documentos oficiales y testimonios de fuentes involucradas, entre ellas: la asignación irregular de vacantes, la construcción de tres aulas sin un expediente técnico con dinero de los padres de familia y la manipulación del proceso de contratación docente.
Ahora, hemos accedido al documento titulado Convenio Marco N° 002-2019-MINEDU entre el Ministerio de Educación y la Policía Nacional del Perú. Este convenio establece que la designación de directores en colegios administrados por la PNP debe recaer exclusivamente en un oficial PNP. Es decir, el nombramiento de la suboficial Cama Trebejo sería irregular y contrario a la normativa vigente.
En la cláusula quinta del documento, titulada “Compromiso de las Partes”, se especifica que la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional del Perú tiene la obligación de designar en el cargo de Director, a un Oficial PNP. El convenio claramente señala: «podrán celebrar Convenios de Cooperación Institucional con la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía siempre, reconociendo como Director de II EE PNP, al Oficial designado por el Mininter (Ministerio del Interior)».
El nombramiento irregular de la suboficial Cama Trebejo no es un asunto menor; sería una violación directa a un convenio que busca garantizar una gestión adecuada en los colegios administrados por la PNP. Permitir que estas irregularidades se normalicen pone en riesgo no solo el cumplimiento de la normativa, sino también la calidad educativa de cientos de estudiantes.
En el mismo convenio, en la cláusula décimo segunda se señala: «En caso de incumplimiento, dentro de los 15 días calendario de producido el mismo, la parte afectada requerirá a la otra el cumplimiento de los compromisos asumidos, otorgándole un plazo de 15 días hábiles, bajo apercibimiento que el convenido quede resuelto de pleno derecho».
Es importante señalar que el convenio fue firmado por los exministro Daniel Alfaro y Carlos Morán. La educación no es un juego ni un espacio para la improvisación o el favoritismo. Es un derecho fundamental que debe ser protegido con responsabilidad y transparencia, y en este caso, es el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior quienes deben responder con acciones concretas.
No es posible que algunos integrantes de la Policía Nacional del Perú manejen espacios educativos como si fuera una chacra. Lo que más sorprende que esto sucede frente a los ojos del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior.