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Política

Keiko Fujimori es denunciada por Lavado de Activos y Organización Criminal

La denuncia penal presentada ante la Fiscalía señala que los involucrados habrían traído al Perú $ 1,250 millones de dólares desde Suiza, a través del Grupo Romero, dueño del Banco de Crédito. Los denunciantes han presentado tres audios de 23 minutos que detallan las coordinaciones.

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El jueves 28 de mayo, Malzón Urbina La Torre y Karen Urbina Nunura, denunciaron ante la Fiscalía Supranacional Especializada en Lavado de Activos a cargo de José Domingo Pérez Gómez, al partido Fuerza Popular y a su lideresa Keiko Fujimori, por presuntamente formar parte de una organización criminal, y por delito de lavado de activos, por delito contra la fe pública, por atentado contra el derecho de sufragio, tráfico de drogas y otros.

En la denuncia que los Urbina han interpuesto contra la presunta organización criminal que estaría liderada por Keiko Fujimori, se ha contemplado a otras 13 personas.

Los denunciados son:

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presidenta del Partido Político Fuerza Popular.

Alberto Kenya Fujimori, expresidente de la Republica.

José Aybar Cancho, presunto testaferro de los Fujimori.

Luis Galarreta Velarde, candidato a la Primera Vicepresidencia por Fuerza Popular.

Patricia Juárez Gallegos, investigada por el Equipo Especial Lava Jato y candidata a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular.

Dionisio Romero Paoletti, director del Grupo Romero.

Eduardo Romero Guzmán, socio del Grupo Romero.

Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

Piero Corvetto Salinas, Jefe de la ONPE.

Walter Chirinos Purizaga, excandidato al Congreso por Avanza País.

Susana Higuchi Miyagawa, madre de Keiko Fujimori.

Pier Paolo Figari Mendoza, asesor de Fuerza Popular.

Ana Hertz de Vega, asesora de Fuerza Popular.

Giuliana Loza Avalos, abogada y coprocesada de Keiko Fujimori.

El petitorio de la presente denuncia, señala que los responsables de la comisión del delito de organización criminal dedicada al lavado de activos, entre otros, de $ 1,250 millones de dólares traídos desde un banco en Suiza para ser usados como un fondo de contingencia para invertir en la actual campaña presidencial de la señora Keiko Fujimori. En este sentido, la presidenta del partido político Fuerza Popular, junto a sus codenunciados, han unido dolosas voluntades por tiempo indefinido y de manera concertada han efectuado hechos delictivos repartiéndose diversas tareas o funciones con el sórdido y siniestro propósito de acceder al poder con toda la apariencia democrática del caso.

Asimismo, mencionan que, entre las pruebas presentadas a la Fiscalía, está la estructura financiera a través de la cual se traería el dinero a Perú, (la gestión inició en 2019 a través de Paddington Invesment Holding).

Estructura financiera de la ruta del dinero procedente de Suiza.

Los denunciantes afirman que han presentado tres audios de 23 minutos en total en el que se detallan las coordinaciones del equipo enviado por Los Romero, a Suiza, y la prueba de fondos en Londres, etc. La conversación es entre Eduardo Romero, Ernesto Higueras Cortez, Aybar Cancho y quien grabó los audios.

Según, señala Urbina Nunura, el encargado de viabilizar el retorno de dinero a Perú era José Aybar Cancho, conocido anteriormente como testaferro de Alberto Fujimori y presunto cómplice en la venta de armas a las FARC.

Además, refiere que, en esta operación, el grupo Romero, ha puesto a disposición del “objetivo” un pool de abogados que viajan a Zúrich para concretar la operación, y que a cambio de armar la estructura financiera que sostendrá la operación, los Romero piden el 35% de comisión, y que incluso se ofrecen a dar el dinero en partes a Aybar Cancho según se necesite, para así no moverlo inmediatamente porque «no es conveniente», según menciona, todo eso está grabado en el audio.

Cabe recordar, que el mandamás del grupo Romero, regaló 3 millones 650 mil dólares a la candidata fujimorista durante su campaña en 2011 y para el fiscal José Domingo Pérez, el megaempresario Dionisio Romero Paoletti cometió el delito de fraude en la administración de persona jurídica en agravio de Credicorp, al tomar ese dinero que no era de su peculio personal; sin embargo, actualmente, se encuentra “limpio de polvo y paja”.

Keiko Fujimori y Dionisio Romero Paoletti.

Además, los Accionistas, directores y ejecutivos de Credicorp han declarado que su expresidente Romero Paoletti nunca les informó que dispuso de 3 millones 650 mil dólares de los fondos de la corporación para entregarlos personalmente y en efectivo a la señora Fujimori. Dichos desembolsos se hicieron en 17 partes, desde el 2 de noviembre de 2010 hasta el 20 de mayo de 2011, época en el que Keiko Fujimori aún era congresista y, por tanto, tenía la condición de funcionaria pública.

Asimismo, la candidata presidencial en aquel momento tampoco consignó el dinero en declaración jurada como funcionaria pública, ante la ONPE.

En esa línea, el fiscal Pérez Gómez, se basó en los testimonios y manifestaciones de accionistas, directores y ejecutivos del Grupo Credicorp, y por eso estableció que todos los millones de dólares que Romero Paoletti entregó en maletines y sobres manila a Keiko Fujimori, en presencia de Jaime Yoshiyama Tanaka y de José Chlimper Ackerman, provienen de origen ilícito, porque como ya se resaltó, aquel regalo de dinero se hizo a espaldas de la corporación.

Jaime Yoshiyama.

Urbina Nunura asevera también, que, con el dinero proveniente de Suiza, que es “parte de todo lo que robó el expresidente Alberto Fujimori”, están costeando los gastos de la campaña presidencial, y en los pagos se incluyen sobornos al JNE para que omita investigar paneles, compra de votos y actas probadamente falsificadas, con la excusa de que no son demasiadas.

También, menciona que las pericias de las actas falsificadas, al igual que todas las violaciones a la ley electoral que se han visto desde el 11 de abril (fecha de la primera vuelta electoral), ameritaba que el JNE anulara las votaciones de la primera vuelta, porque al seguirla se configuraba un atentado a la voluntad popular y una violación de su propia Ley Orgánica.

Actas falsificadas.

Según la denuncia, Urbina Nunura, afirma que, en los últimos días, el Fujimorismo ha querido armar un escenario en el que el JNE beneficia al candidato Pedro Castillo, cuando en realidad los ha beneficiado a ambos candidatos, según, la creencia de que para Keiko Fujimori sería más fácil ganar; y que, además, la ONPE, con Piero Corvetto a la cabeza, también sería parte de la “organización criminal”.

Asimismo, señala que Keiko Fujimori, sabe de la existencia del audio que la involucra con uno de los personajes más oscuros del gobierno de su padre, José Luis Aybar Cancho, y que el testigo que grabó dicho audio fue amedrentado en las últimas semanas, tanto por Aybar Cancho, como por Walter Chirinos Purizaga, excandidato al Congreso por Avanza País, quien llamaba a Keiko para pedirle reuniones a fin de neutralizar el impacto de esta denuncia. Sin embargo, Chirinos Purizaga ha respondido y afirma no conocer a Aybar Cancho ni a Keiko Fujimori en persona; e incluso pide que registren todas sus llamadas telefónicas.

Finalmente, la denunciante asevera que el uso de esta gran cantidad de dinero, explica la feroz campaña de Keiko Fujimori por ser capaz de comprar a los medios de comunicación y que todas las pruebas están en manos de la Fiscalía a cargo de José Domingo Pérez y éstas incluyen más de 40 folios y una memoria portátil USB con tres audios que comprometen a la señora Fujimori y al Grupo Romero.  

Cabe recordar que uno de los denunciantes, Malzón Urbina es el juez que cuando estuvo a cargo del 56º Juzgado Penal de Lima, ordenó la destitución de la exalcaldesa Susana Villarán por haber cometido desacato a la autoridad, al no cumplir con la orden de retirar los bloques de cemento que en esa época no permitían el ingreso de carga pesada al antiguo mercado mayorista de La Parada. Aquel juez emitió un fallo a favor de los comerciantes de La Parada, para que el Consejo Metropolitano retirara los bloques de cemento.

Juez Malzón Urbina.

Lima Gris conversó con Karen Urbina y ella nos respondió que las personas mencionadas en la denuncia sabían que iban a ser denunciados: “Si tú te das cuenta y revisas, no hay ataques porque saben… ¿qué podrían discutir? tendrían que negar sus propias voces”.

Pero Chirinos Purizaga ya ha salido a responder y ha afirmado que no conoce en persona a Aybar Cancho, ni a Keiko Fujimori.

Sí, pero dice que no ha conversado, pero que solo comentó. Entonces, o conversó o no conversó; es así de fácil. Si no conversó… no conversó, y si comentó, entonces sí conversó.

Esta denuncia es muy complicada en este contexto, donde hay una guerra entre dos grupos políticos y la campaña es muy fuerte, porque hay mucha inversión de por medio.

Lo que nosotros queremos no es apoyar a Pedro Castillo, porque obviamente, nosotros sabemos qué es lo que va a hacer Castillo. Es más, lo sabemos bastante de cerca y de muy buena fuente. Lo que nosotros hemos buscado y vamos a seguir buscando desde que se dieron los resultados a boca de urna en la primera vuelta, es que se anulen, porque el Jurado está seriamente comprometido. Y si quien organiza la elección no la puede garantizar, entonces, con qué tranquilidad podemos ir a votar, confiar en los resultados, y si a esas vamos, Keiko Fujimori ni siquiera debiera estar postulando porque es una persona que tiene una acusación. El Jurado podría de oficio negarle la inscripción, como se la ha debido negar a Urresti, o a Humala.

Pero hay un problema, este JNE con el señor Salas Arenas, y con todo lo que tú mencionas entre otras denuncias, es evidente que está blindado, porque es increíble que no pase nada, porque la JNJ no existe y la Fiscalía tampoco existe…

Lo que pasa es que ellos son autónomos; entonces, se cobijan en esa autonomía y en su discreción de accionar o no accionar, y en realidad como el asunto no es retroactivo.

Para empezar, nosotros hemos interpuesto tres acciones de amparo, y ese fue el primer paso que dimos, pero eso demora. Eso sí es retroactivo, pero va a demorar, y cuando nos den la razón obviamente, se va a retrotraer todo lo que ha pasado, y por eso es que nosotros hemos decidido hacer la denuncia con todas las pruebas que tenemos y muchas más cosas que no hemos dicho y que han ido saliendo, después de que la denuncia se presentó. 

Entonces emprendieron otras acciones.

La idea hubiera sido expedir una acción de inconstitucionalidad, pero al Tribunal Constitucional directamente, que es el único que podría hacer algo al respecto; pero es complicado. Lamentablemente hay que hacer lo que se puede y hay que esperar los mejores resultados. No podemos hacer más, lamentablemente, y si en algún momento está en nuestras manos hacer algo más, lo vamos a hacer.

¿Qué responderías si dicen que con esta denuncia quieres tumbarte a Keiko porque eres del grupo de Castillo?

Tú sabes que hay un exceso de maniqueísmo y en realidad ya nosotros hemos explicado bastante que tanto mi padre como yo, lo que buscamos es mejorar las cosas, y el que esté torcido tiene que irse y punto. Y si quieren pensar que soy roja, amarilla o verde, no me importa, la verdad. Lo mismo decían de mi padre; decían que era aprista cuando sacó a Guzmán, después cuando sacó a Keiko, ya no podían decir que era aprista.

¿Te han llamado para amenazarte?

A nosotros no. Pero la persona que grabó el audio ha sido amedrentada. Obviamente, todos estamos en riesgo; sí estamos cubiertos porque tenemos todos los audios y algunas otras pruebas que tenemos que guardar para nuestra propia seguridad. Obviamente, si es que algo nos pasa, son ellos, pero yo creo que no les convendría en este momento, y la verdad que yo también esperaba unos ataques feroces, porque las hordas de troles del fujimorismo son horribles, pero creo que las han guardado porque estamos en campaña y no creo que nos vaya a pasar nada porque sería prácticamente una admisión de culpabilidad.

¿Tu padre sigue en sus funciones como magistrado?

Mi padre ahora ejerce como abogado, ya no es magistrado y no lo ratificaron por el caso de La Parada.

¿Crees que la Fiscalía responda favorablemente esta denuncia?

Sí pues; ya está en su cancha. Nosotros hicimos lo que podemos desde donde estamos y esperamos que la Fiscalía esté a la altura de todo lo que le hayamos entregado. 

¿Finalmente, votarás por Pedro Castillo?

No; no iré a votar. No estoy de acuerdo con ninguno de los dos y no contarán con mi voto. Lo que sí seré es opositora y vigilante de quien salga.

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

Política

Mineros informales amenazan con romper diálogo si el Gobierno no cede a sus reclamos

Mineros pretenden imponer sus condiciones, caso contrario anuncian nuevas protestas en el país.

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Más de 50 personas fallecidas a causa de la minería informal, pero eso no es suficiente para muchos mineros informales que se encuentran camuflados entre algunos mineros artesanales. Para ellos, lo único que interesa es el oro, quedando en un segundo plano el derramamiento de sangre.

Pasadas las once de la mañana de hoy, los principales dirigentes de la Confederación Nacional de Federaciones Mineras del Perú (Confemin) ingresaron al despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros para sostener la cuarta mesa de diálogo con el premier Eduardo Arana y otras altas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo.

En la importante reunión también estuvieron presentes Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), así como el expresidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, y la exvicepresidenta de dicho grupo de trabajo, Diana Gonzales.

Principales representantes de la minería artesanal se reunieron con el premier Arana. Foto: Perú21.

Este importante grupo de mineros pretende doblegar al Gobierno Central para que flexibilice los plazos para regular el uso de explosivos durante la extracción del oro, caso contrario abandonarán cualquier tipo de negociación.

El detonante es el Decreto Supremo 09-2025-EM, que exige a los mineros informales obtener autorización para el uso de explosivos antes del 17 de agosto. Según Confemin, este plazo es “técnicamente inviable” y dejaría fuera del proceso a miles de trabajadores.

Previamente, Máximo Franco Béquer, presidente de Confemin, criticó que el Ejecutivo haya ignorado las observaciones planteadas en mesas técnicas y subcomisiones. Según el dirigente, hubo consenso en que los plazos eran imposibles de cumplir, pero hasta ahora no se ha hecho ningún cambio normativo.

Si no atienden nuestras demandas, volveremos a protestar”, afirmó Ismael Palomino, coordinador nacional de Confemin. La paciencia se agota, y los gremios ya alistan acciones si el Ejecutivo mantiene la fecha límite actual.

El problema no solo afecta a quienes no han podido avanzar con la formalización. También golpea a los más de 50 mil mineros que ya fueron excluidos del Reinfo, profundizando la percepción de que el proceso está mal diseñado y genera más informalidad en lugar de reducirla.

El dato:

Un reciente informe del Observatorio de Conflictos Mineros señala que más del 50% de los conflictos sociales en el país están vinculados a la minería, especialmente a la informal y artesanal. 

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Política

Perú evalúa retirarse de la Corte IDH: ¿defensa de soberanía o retroceso institucional? [VIDEO]

El Gobierno inició el análisis técnico para definir si el Perú debe continuar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en medio de presiones políticas y cuestionamientos al rol del organismo adscrito a la OEA.

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El Gobierno peruano ha iniciado una revisión formal sobre su continuidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), según confirmó el ministro de Justicia, Juan Alcántara. La evaluación está siendo desarrollada por un equipo técnico conjunto entre el Ministerio de Justicia y la Cancillería, aunque aún no se ha definido una fecha para presentar conclusiones ni decisiones oficiales.

Esta revisión se produce en un contexto de creciente tensión entre el Estado peruano y el organismo internacional, tras las recientes observaciones de la Corte sobre el proyecto de ley que busca otorgar una amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa por acciones realizadas en el contexto del terrorismo de dos grupos subversivos entre 1980 y 2000. Aunque el proyecto aún se encuentra en trámite legislativo, la Corte solicitó detener su avance, lo que provocó la inmediata reacción del Ejecutivo.

La CIDH impone su agenda: rechaza amnistía para militares que enfrentaron al terrorismo.

Para el canciller Elmer Schialer, esta intervención es una extralimitación. “Ni siquiera es ley y ya están exigiendo una posición. ¿La Corte IDH es un gobierno supranacional?”, cuestionó en declaraciones a la prensa. La posición fue reforzada por sectores políticos, como el congresista José Cueto, quien reiteró su respaldo al retiro del Perú del sistema interamericano, al considerar que este vulnera la soberanía nacional.

No obstante, más allá del debate coyuntural, surge una pregunta de fondo: ¿ha sido favorable para el Perú mantener su participación en la Corte IDH?

Durante las últimas décadas, la Corte ha sido clave en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, donde se reconocieron violaciones a los derechos humanos cometidas por el propio Estado. Estos fallos contribuyeron a fortalecer la rendición de cuentas y a consolidar una institucionalidad más respetuosa de los derechos fundamentales. Sin embargo, también ha habido momentos en que sus decisiones han generado fricciones con autoridades nacionales, especialmente en asuntos vinculados a las Fuerzas Armadas y la lucha contra el terrorismo.

En junio del 2024 el jurista peruano Alberto Borea fue elegido como juez de la Corte IDH.

El dilema, por tanto, no se reduce a obedecer o no a una corte externa, sino a equilibrar el respeto a la soberanía con el compromiso internacional del país en materia de derechos humanos. Retirarse de la Corte IDH también podría enviar un mensaje preocupante sobre el retroceso en estos compromisos, especialmente en un contexto donde las instituciones democráticas ya enfrentan desafíos serios.

El debate está abierto, y su desenlace tendrá implicancias profundas en la política exterior y la salud institucional del país.

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Política

Solicitan vacancia de Gino Ríos en la JNJ por sentencias por violencia familiar

Parlamentaria Flor Pablo presentó formalmente una solicitud de vacancia contra el magistrado Gino Ríos “por carecer de idoneidad moral como exige la ley para integrar, y menos aún presidir, la JNJ”, manifestó.

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La permanencia de Gino Ríos Patio en la presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sido cuestionada por la congresista no agrupada, Flor Pablo Medina, quien ha solicitado formalmente su vacancia por falta de idoneidad moral, citando como fundamento dos sentencias firmes en su contra por violencia psicológica.

Oficio n.° 875-2025-2026-FPM-CR presentado por la parlamentaria no agrupada.

La solicitud fue presentada oficialmente mediante un oficio ante la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, según se informó a través de las redes sociales de la parlamentaria. En su pronunciamiento, Flor Pablo exigió a la JNJ actuar con celeridad, argumentando que un funcionario con antecedentes por violencia familiar no puede mantenerse en un cargo desde el cual se nombran jueces y fiscales, particularmente aquellos vinculados a la justicia de familia.

“Un sentenciado por violencia familiar no puede seguir nombrando jueces y fiscales. He presentado una solicitud de vacancia contra Gino Ríos por carecer de la idoneidad moral que exige la ley para integrar, y menos aún presidir, la JNJ”, expresó la congresista en la red social X.

La parlamentaria recordó que las sentencias contra Ríos Patio se emitieron en el marco de un proceso de divorcio y una denuncia por violencia familiar, ambos con resolución firme. Bajo este contexto, insistió en que la ley es clara respecto a los requisitos éticos que deben cumplir los miembros de la JNJ, entidad clave para el sistema de justicia del país.

En su oficio formal, identificado como n.° 875-2025-2026-FPM-CR, Pablo sostiene que se cumplen plenamente las causales establecidas en el artículo 13° de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que contempla la vacancia por pérdida de idoneidad moral. Además, consideró que ignorar estas causales podría debilitar gravemente la credibilidad institucional de la JNJ.

La congresista también solicitó ser notificada de los descargos y pruebas que pueda presentar el señor Ríos, para ejercer su derecho a rebatir cualquier alegación que busque invalidar la solicitud.

Con esta petición, se reabre el debate sobre los criterios éticos y la responsabilidad institucional en los altos cargos del sistema judicial, y se pone a prueba la disposición de la JNJ para aplicar con firmeza su propia normativa interna.

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Política

Fiscalía Anticorrupción allana gestión de César Acuña en La Libertad

César Acuña tomó vacaciones y el Ministerio Público intervino las oficinas del Gobierno Regional de La Libertad por presuntas irregularidades en contratos de obras valorizadas en S/ 300 millones.

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Mientras el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, se encuentra nuevamente fuera del cargo por vacaciones hasta el 9 de agosto —sumando ya 145 días de ausencia en lo que va del año—, el Ministerio Público ha iniciado una diligencia clave para esclarecer presuntas irregularidades en la adjudicación de dos obras públicas por casi S/ 300 millones.

Gobernador Regional de la Libertad, César Acuña, se fue otra vez de vacaciones.

La Fiscalía Anticorrupción intervino esta semana las oficinas del Gobierno Regional de La Libertad, incautando documentos relacionados con los contratos observados. Durante más de dos horas, los fiscales se reunieron con funcionarios para recoger información administrativa y escuchar los primeros descargos. El objetivo: determinar si los procesos de licitación se ajustaron de acuerdo a ley o si, por el contrario, existieron prácticas que podrían configurar presuntos delitos de corrupción.

Desde la administración regional se ha insistido en que los procedimientos fueron legales. El gerente general, Martín Namay Valderrama, aseguró que el control posterior —responsabilidad de la Contraloría— permitirá verificar la autenticidad de los documentos presentados por las empresas contratistas. Además, afirmó que la gestión regional viene colaborando con la Fiscalía y ha puesto a disposición toda la información solicitada.

El gerente general del GORE, Martín Namay, asegura que contratos se sujetan a la ley.

Sin embargo, la investigación no se detiene en La Libertad. El consejero regional Robert de la Cruz encendió las alarmas al señalar que la empresa ganadora de las obras también ha sido beneficiada con millonarios contratos en otras regiones gobernadas por autoridades cercanas a Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña Peralta. Particularmente, mencionó Ayacucho, donde el gobernador Wilfredo Oscorima —otro aliado político de APP— ha adjudicado proyectos millonarios a la misma compañía.

Estas coincidencias, según De la Cruz, no pueden ser ignoradas y exigen una revisión más amplia del patrón de contrataciones públicas dentro de regiones dirigidas por el partido apepista. Advirtió posibles conflictos de interés y solicitó una investigación profunda, no solo desde el ámbito judicial, sino también político.

Acuña Peralta, por su parte, rechazó las acusaciones a través de redes sociales y sostuvo que su gestión se rige por principios de legalidad y transparencia. Pero su prolongada ausencia en momentos clave y la repetición de contratistas bajo su entorno partidario dejan más preguntas que respuestas.

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Política

Bancada de Somos Perú ahora tiene 10 miembros tras la integración de Paul Gutiérrez

Parlamentario en este quinquenio ha pasado por cuatro bancadas.

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El congresista ‘golondrino’. El parlamentario por la región Apurímac, Paul Gutiérrez Ticona, bien podría ser calificado como el típico legislador sin bandera ni ideología definida, pues desde que se estableció este Parlamento en el 2021 inició con Perú Libre para luego conformar la bancada del Juntos por el Perú, tiempo después representaba los colores del Bloque Magisterial, y tras la disolución de esta última ahora anuncia su inserción a Somos Perú.

Con la incorporación de Gutiérrez Ticona a Somos Perú, la bancada del actual presidente del Congreso, José Jerí, alcanzó los 10 integrantes. Antes de las elecciones a la Mesa Directiva 2025-2026, se incorporaron a esta bancada los congresistas Alex Paredes, Elizabeth Medina y Óscar Zea, quienes también dejaron el desintegrado Bloque Magisterial.

De esta manera, los integrantes de la bancada de Somos Perú suman 10 representantes: Alfredo Azurín Loayza, Paul Gutiérrez Ticona, José Jerí Oré, Elizabeth Medina Hermosilla, Jorge Morante Figari, Alex Paredes Gonzales, Bernando Pazo Nunura, Héctor Valer Pinto, Óscar Zea Choquechambi y Ana Zegarra Saboya.

Con este nuevo cambio la conformación de los grupos parlamentarios ha quedado de la siguiente manera: Fuerza Popular continúa siendo la bancada con más integrantes, teniendo a 21; le sigue Alianza para el Progreso con 17; detrás de ellos está Podemos Perú con 13; Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Perú Libre y Renovación Popular tienen 11 legisladores; Somos Perú con 10; Acción Popular con 9; Avanza País con 6; Bancada Socialista, Bloque Popular Democrático, Honor y Democracia cuentan con 5 integrantes cada uno; finalmente los no agrupados suman 6.

El dato:

En febrero de 2025, la Comisión de Ética del Congreso recomendó sancionarlo con una amonestación escrita pública. Se le señalaba por incluir respuestas generadas por ChatGPT en al menos cinco proyectos de ley sin edición ni revisión adecuada, lo cual fue considerado un “descuidado uso de la inteligencia artificial”, aunque no se estableció plagio formal.

Luego de investigaciones periodísticas, Gutiérrez retiró los proyectos cuestionados. Reconoció que fue un asesor quien copió y pegó las respuestas de IA y afirmó que no supervisó los documentos antes de presentarlos oficialmente.

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Política

Gobierno rechaza afirmaciones de López Aliaga y respalda al ministro Sandoval

La disputa por el proyecto ferroviario Caltrain aviva el enfrentamiento entre el MTC y la Municipalidad de Lima. La mandataria Dina Boluarte apoya al ministro César Sandoval y deslegitima las acusaciones del alcalde Rafael López Aliaga, profundizando la confrontación política.

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La reciente controversia por el proyecto del Tren Lima-Chosica ha desnudado algo más que una discrepancia técnica. Ha puesto en evidencia un enfrentamiento político entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encabezado por César Sandoval, y la Municipalidad Metropolitana de Lima, dirigida por Rafael López Aliaga. Lo que podría haber sido un debate técnico sobre movilidad urbana, terminó convertido en un intercambio de acusaciones que refleja la descoordinación entre niveles de gobierno.

El punto más álgido se produjo cuando el alcalde de Lima acusó al ministro Sandoval de intentar apropiarse del material rodante del tren con supuestos fines irregulares. Incluso fue más allá, al insinuar que el ministro había buscado respaldo político para acceder al cargo, encendiendo así una chispa que rápidamente escaló.

La respuesta no se hizo esperar. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) difundió un comunicado categórico respaldando a Sandoval y condenando lo que calificó como “lamentables expresiones” del burgomaestre. En el documento, se destaca que el titular del MTC actúa con criterios técnicos y en busca de soluciones sostenibles para el sistema de transporte, mientras se lamenta el deterioro de la coordinación interinstitucional.

Comunicado de la PCM que respalda al ministro de Trasportes, César Sandoval.

Detrás del lenguaje diplomático, sin embargo, se percibe una preocupación legítima. El enfrentamiento entre dos figuras clave en la gestión de infraestructura pública pone en jaque proyectos urgentes como el tren Lima-Chosica, vital para aliviar el caos vehicular de la capital. Lejos de fomentar consensos, ambos actores han optado por el enfrentamiento público, arrastrando consigo el riesgo de paralización de obras necesarias.

El ministro Sandoval, por su parte, agradeció públicamente el respaldo de la PCM, reiterando su compromiso con cerrar brechas sociales y trabajar con gobiernos locales.

Respuesta del ministro César Sandoval agradeciendo a la presidenta Boluarte.

Pero ese llamado al diálogo llega después del ruido mediático, y en medio de una narrativa de poder en la que cada parte institucional parece más interesada en marcar territorio que en coordinar esfuerzos.

Más allá de quién tenga la razón técnica, lo cierto es que esta disputa política revela la fragilidad de la articulación institucional en el país. En un contexto donde la ciudadanía exige soluciones concretas al colapso del transporte, la confrontación parece ser, una vez más, el camino elegido.

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Política

Mañana el Congreso decide si autoriza viaje de Dina Boluarte a Asia

Permiso de mandataria para salir del país el próximo martes con destino a Japón e Indonesia será debatido este 1 de agosto en el pleno del Congreso.

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El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), anunció que este viernes 1 de agosto se pondrá a debate en el Pleno el nuevo pedido de autorización presentado por el Ejecutivo para que la mandataria Dina Boluarte pueda ausentarse del país entre el 5 y el 12 de agosto, con destino a Japón e Indonesia.

La solicitud, registrada en el Proyecto de Resolución Legislativa N° 11986/2025-PE, fue remitida al Parlamento el 29 de julio. Según se detalla, la jefa de Estado ha sido invitada por el Gobierno japonés a participar en la Exposición Universal ‘Osaka Kansai 2025’, evento que se celebrará el 9 de agosto en la ciudad de Osaka. Además, está programada una reunión bilateral con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en Tokio, y una audiencia con el emperador Naruhito.

Posteriormente, Boluarte planea trasladarse a Indonesia, donde el 11 de agosto asistiría a las actividades oficiales por el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. La visita, de acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, tendría carácter de “Visita de Estado”.

Mandataria solicitó autorización para ausentarse del país desde el 5 de agosto, para viajar a Japón e Indonesia.

Aunque la solicitud cumple con los procedimientos constitucionales, el titular del Congreso expresó ciertas reservas. Jerí lamentó que la presidenta no haya enviado aún las iniciativas legislativas anunciadas durante su reciente mensaje a la Nación, como la propuesta de ley para regular la pequeña minería y la minería artesanal.

“Creo mucho en la política de los detalles. Hubiera sido más oportuno que, junto con el pedido de autorización, llegaran también los proyectos que prometió. Eso habría sido un gesto distinto”, comentó Jerí. También reconoció que parte de la ciudadanía cuestiona la frecuencia de los viajes presidenciales y percibe una falta de atención a temas prioritarios del país.

El Congreso definirá este viernes si autoriza el desplazamiento internacional de la mandataria, en un contexto en el que se exige mayor coherencia entre los anuncios del Ejecutivo y sus acciones.

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Política

Piden a la fiscal de la Nación investigar a López Aliaga por presunta compra encubierta de trenes

El congresista Pasión Dávila pidió a la Fiscalía abrir una investigación preliminar contra el alcalde de Lima y funcionarios de la MML, por los presuntos delitos de defraudación aduanera, malversación, colusión, abuso de autoridad y falsedad ideológica.

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La adquisición de trenes por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha entrado en una fase crítica de cuestionamiento. Lo que inicialmente fue presentado como una generosa donación por parte de la empresa ferroviaria estadounidense Caltrain, ahora es objeto de sospecha y denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación.

El congresista Pasión Dávila Atanacio, de la Bancada Socialista, solicitó el 23 de julio que se inicie una investigación preliminar contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y funcionarios de la MML, por presuntos delitos que incluyen defraudación de renta de aduanas, malversación de fondos, colusión, abuso de autoridad y falsedad ideológica. Según el parlamentario, no se trataría de una donación genuina, sino de una “compraventa encubierta”.

Trenes sin rieles: el proyecto de López Aliaga y el conflicto con el MTC.

La solicitud enviada a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, incluye el pedido expreso de que se cite como investigados tanto al burgomaestre como a los funcionarios responsables de la operación. Dávila advierte que la magnitud de los hechos amerita una investigación “exhaustiva e inmediata”, ante posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y declaraciones aduaneras.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la aparente contradicción entre la información entregada por Caltrain y la presentada por la MML. Mientras la empresa estadounidense consignó en su carta oficial de “donación” un valor de US$ 4.9 millones por el material ferroviario, la Municipalidad registró el mismo proceso con un valor inflado de S/822 millones, bajo el concepto de “valor técnico patrimonial”.

Además, Dávila Atanacio indica que existen actas del Comité Consultivo de Ciudadanos de Caltrain, fechadas el 15 de enero de 2025, en las que se hace referencia explícita a una “venta” de locomotoras, no a una donación. También se sostiene que el material fue parte de un proceso de retiro de flota diésel y había sido previamente puesto en venta pública por la empresa.

La denuncia también incluye la posible existencia de pagos no declarados. Por su parte, el exministro Rafael Rey habría afirmado que la MML transfirió más de US$ 7 millones a Caltrain, contradiciendo el discurso oficial sobre la gratuidad de la operación.

Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, prometió trenes y lanzó fechas sin sustento claro.

Frente a estos indicios, surgen preguntas que la municipalidad metropolitana liderada por López Aliaga aún no ha respondido con claridad: ¿hubo realmente una donación sin condiciones? ¿Por qué no se hizo pública toda la documentación? ¿Y por qué el valor declarado varía tanto según la fuente?

Por ahora, el caso avanza hacia el Ministerio Público, mientras las dudas sobre la transparencia del proceso siguen creciendo.

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