Durante la semana de representación, el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), congresista Jorge Marticorena Mendoza, visitó la Institución Educativa N.º 20801 «Jorge Chávez», ubicada en el centro poblado La Unión, distrito de Sayán, provincia de Huaura. Esta visita se realizó en cumplimiento de un compromiso asumido con la directora del plantel, Maritza Obregón, quien previamente viajó hasta el Barrio Chino (Ica) para exponer la crítica situación del colegio.

La realidad que encontró el parlamentario fue alarmante. Con más de 50 años de servicio a la comunidad, la escuela enfrenta serios problemas de infraestructura. Varias aulas han sido clausuradas por deterioro, obligando a los estudiantes a trasladarse a locales externos que no cuentan con servicios básicos, lo que compromete seriamente su bienestar y el desarrollo de las clases.

A pesar de las pésimas condiciones en las que se encuentra la infraestructura de la institución educativa es admirable el compromiso que ha asumido la directora, el personal docente y los alumnos, motivación que los llevó a ser los protagonistas principales de la franquicia Transformers, OPTIMUS PRIME de siete metros de altura, elaborado por los escolares del primer año de secundaria, quienes utilizaron material reciclado: papel, cartón, carrizos, el cual fue paseado por todo el pueblo por el aniversario de su institución educativa

«La educación es un derecho fundamental. No podemos permitir que niños estudien en condiciones precarias», declaró Marticorena en una entrevista. También destacó el esfuerzo de la comunidad educativa, especialmente de los alumnos de primer año de secundaria, quienes a pesar de las carencias, crearon una escultura de siete metros de Optimus Prime con materiales reciclados, como parte del aniversario escolar. «Ese espíritu merece ser respaldado con acciones concretas», añadió.

El congresista anunció que gestionará, junto a autoridades locales y regionales, la instalación de módulos temporales para asegurar la continuidad de las clases. Asimismo, se comprometió a impulsar recursos para la reparación y mantenimiento de la infraestructura existente. «Esta no debe ser una acción aislada. Necesitamos soluciones sostenibles que garanticen una educación digna», enfatizó.

Marticorena reiteró su compromiso con la comunidad educativa y aseguró que iniciará de inmediato las gestiones necesarias ante los entes competentes. Padres de familia y docentes fueron informados de que se están tomando medidas para resolver esta situación y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje.

El reciente recorte del área protegida de las emblemáticas Líneas y Geoglifos de Nasca ha encendido las alarmas en la comunidad arqueológica del país. Mediante la Resolución Viceministerial N.º 000128-2025-VMPCIC/MC, firmada el pasado 28 de mayo, el Ministerio de Cultura ha oficializado una medida que, según expertos, vulnera flagrantemente la protección del patrimonio mundial declarado por la UNESCO.

El Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú ha emitido un pronunciamiento firme y crítico, denunciando que esta resolución fue aprobada sin seguir el debido proceso técnico ni ético, dejando fuera de protección a numerosos sectores de geoglifos recientemente descubiertos por arqueólogos peruanos y japoneses. Estos nuevos hallazgos confirman que el paisaje cultural de Nasca aún guarda múltiples secretos, lo cual hace más cuestionable el argumento oficial de que «ya no hay más sitios arqueológicos por descubrir», como aseguró el ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, en recientes declaraciones públicas.

El gremio arqueológico ha condenado abiertamente el accionar de la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva, quien, siendo arqueóloga colegiada, firmó esta resolución que consideran atentatoria contra la integridad del patrimonio nacional. También han señalado la participación de Jhony Isla Cuadrado, director del Plan de Gestión Nasca-Palpa, y del director de la DDC Ica, Víctor Injante Tipismana, exigiendo su destitución inmediata y su denuncia ante las instancias correspondientes.

Además, el Colegio de Arqueólogos alerta sobre un trasfondo económico en esta medida: la redelimitación favorecería intereses vinculados a la minería ilegal y a proyectos de expansión agrícola no formalizados, que estarían promoviendo el desmembramiento del perímetro arqueológico para facilitar actividades extractivas en la zona.

«Es inaceptable que se pretenda reducir el área protegida de uno de los patrimonios más valiosos del país con fines ajenos a la conservación cultural», señala el comunicado. «Estamos ante un acto de claudicación del Estado frente a intereses ilícitos, en desmedro de la historia y la identidad nacional».

El Colegio exige la inmediata nulidad de la resolución, la interpelación del ministro Valencia Gibaja en el Congreso de la República y que la presidenta Dina Boluarte destituya de manera inmediata a los funcionarios implicados.

Este escándalo vuelve a poner sobre la mesa una preocupante realidad: la fragilidad institucional en materia de gestión patrimonial, donde decisiones técnicas son desplazadas por presiones políticas o económicas. Las Líneas de Nasca, trazadas hace más de mil años por las antiguas culturas del sur peruano, podrían estar en peligro no por el paso del tiempo, sino por la irresponsabilidad de quienes juraron protegerlas.

Aquí el pronunciamiento completo.

En un extenso mensaje, el ex primer ministro niega cualquier vínculo con el terrorismo y denuncia una estrategia sistemática de persecución política que tendría como finalidad el control ilegítimo del Poder Ejecutivo.

“Esta farsa caerá: ni vínculos con terrorismo, ni obstrucción a la justicia; solo persecución para seguir usurpando el Poder Ejecutivo”, sentenció Bellido al inicio de su publicación. El congresista recordó que, durante la segunda vuelta electoral del 2021, fue víctima —junto a otros miembros de Perú Libre— de acusaciones basadas en el testimonio de un supuesto informante relacionado con Sendero Luminoso, al que califica como “un agente lumpen usado por la DIRCOTE”.

Bellido sostiene que esas imputaciones, promovidas desde el Ministerio Público con apoyo de ciertos medios de comunicación, buscaron frenar el ascenso electoral de Pedro Castillo y asociar al partido ganador con la violencia terrorista. “La campaña sucia tenía un objetivo claro: evitar que Pedro Castillo ganara las elecciones”, escribió el parlamentario cusqueño.

Sin embargo, señala que, tras la victoria electoral, las maniobras no cesaron. A su juicio, hubo una articulación entre operadores del sistema judicial y servicios de inteligencia del Ejército para montar acusaciones de obstrucción a la justicia. Estas denuncias surgieron con mayor intensidad cuando asumió la presidencia del Consejo de Ministros en julio de 2021. “Se montó una falsa acusación con el objetivo de desestabilizar el gobierno y usurpar el Poder Ejecutivo”, afirmó.

El congresista no escatimó en señalar con nombre y apellido a quienes considera responsables de estas maniobras: “Son aquellos que lucran con el terrorismo, hacen política basada en el miedo, obtienen millones en su nombre y causan la muerte de personas inocentes bajo esa bandera”.

Asimismo, lanzó duras críticas contra la prensa que ha difundido estas denuncias. Bellido apuntó directamente a los medios de comunicación que califica como “sensacionalistas” y subordinados a intereses empresariales. “Se dedican exclusivamente a difamar a quienes no están alineados con su agenda o no sirven a los intereses económicos de los dueños de estas corporaciones”, escribió, sin hacer distinciones.

La publicación del congresista Guido Bellido surge en un contexto de creciente polarización política y judicialización de exfuncionarios vinculados al gobierno de Pedro Castillo, hoy en prisión preventiva por cargos de presunta rebelión y corrupción. Bellido Ugarte, quien presidió el Consejo de Ministros entre julio y octubre de 2021, ha sido una de las figuras más visibles —y polémicas— del oficialismo, y sostiene que las imputaciones en su contra responden a un “linchamiento político” con fines de control del poder.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha respondido a estas acusaciones. No obstante, la publicación del congresista ha reavivado el debate sobre la politización de la justicia, el uso de los medios como herramientas de presión y la fragilidad institucional del país.

Aunque muchos no lo deseen, Dina Boluarte terminará su mandato en julio de 2026, luego de haber creado ‘puentes’ con las principales bancadas del Congreso de la República; sin ellos, su nefasto gobierno habría durado menos que el de Pedro Castillo que no tuvo ‘muñeca’ ni tino para saciar el hambre de los parlamentarios.

Tras la renuncia de Gustavo Adrianzén al premierato su reemplazante fue el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana Melchor, quien este 12 de junio tendrá que acudir con todo su Gabinete Ministerial al hemiciclo del Legislativo, buscando (o ratificando) el voto de confianza.

Sabiendo de antemano que no iba a contar con los votos suficientes para evitar su censura, el entonces premier Adrianzén decidió ‘inmolarse’ y ofrecer su ‘cabeza en bandeja’ para así evitar el primer ‘strike’ de un gabinete ministerial en la era Boluarte. De no haber realizado tal movida, Dina Boluarte y compañía en estos momentos solo tendrían una ‘bala de plata’, la cual era sumamente riesgosa si no se escogía correctamente al nuevo primer ministro. De haber persistido con Adrianzén estarían a merced del Congreso y eso significaba una amenaza muy fuerte para las aspiraciones de la chalhuanquina.

A los hechos eso nunca sucedió y ahora estamos solo hablando de un nuevo premier que ya contaría con la aprobación de la mayoría de bancadas en el Congreso; es por ello que Arana y compañía acudirán más que confiados el próximo 12 de junio para recibir la aprobación del Legislativo.

“Hemos compatibilizado las agendas y ya hemos dispuesto que la fecha de presentación del Gabinete sea el jueves 12 de junio, a partir de las 9 horas”, indicó el premier Arana luego de haber sostenido una reunión con el presidente del Parlamento, el congresista de Alianza para el Progreso (APP), su tocayo Eduardo Salhuana.

Asimismo, Arana Melchor también mencionó que ha cursado invitaciones formales a las diferentes bancadas con el objetivo de sostener encuentros previos a su exposición ante el pleno, las cuales se realizarán el lunes 2 y martes 3 de junio.

 “Tenemos una agenda prevista para exponer nuestros lineamientos de trabajo, pero también para escuchar y recoger las propuestas de los legisladores”, añadió.

Desde las bancadas de izquierda ya se viene anunciando que no le darán el voto de confianza al gabinete de Arana, pero pesará más ese tridente compuesto por Fuerza Popular, Renovación Popular y APP, sí, la misma bancada del presidente del Congreso.

Seis servidores del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) viajarán a la ciudad de Brisbane, Australia, del viernes 6 al sábado 14 de junio de este año, para participar en reuniones del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), en las que se discutirán prioridades del acuerdo.

Por tratarse de un tema de interés institucional, asistirán a las reuniones los siguientes funcionarios del Viceministerio de Comercio Exterior: Gerardo Antonio Meza Grillo, director encargado de la Dirección de Asia, Oceanía y África; Celia Pamela Beatriz Huamán Linares, Alexandra Cecille Brun Coronado y Ángela Lucía Rodríguez Fernández, todas ellas también pertenecientes a esa dirección. Además, viajarán Ángela Rossina Guerra Sifuentes, de la Dirección de Norteamérica y Europa, y Victoria Marisol Palacios Surco, encargada de la Dirección de Asuntos Multilaterales.

Según lo dispuesto, cada pasaje aéreo a Oceanía en clase económica costará 3,100 dólares, mientras que el viático diario asignado por el pliego presupuestal del Mincetur a cada funcionario será de 385 dólares. En total, entre pasajes y estadía, el ministerio desembolsará $31,690 dólares, lo que equivale aproximadamente a 115,668 soles.

La Resolución Ministerial n.° 145-2025-Mincetur autoriza el viaje de los mencionados funcionarios para representar al Perú en los encuentros del CPTPP. Además, se establece que, al retornar al país, deberán presentar un informe detallado a la ministra Úrsula Desilú León Chempén, con las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de cuentas correspondiente.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) es un acuerdo comercial entre 11 países de la región Asia-Pacífico, diseñado para fomentar el libre comercio, reducir aranceles y promover normas comunes en temas como inversión, propiedad intelectual, comercio electrónico, trabajo y medio ambiente.

El CPTPP usa el término “progresista” más como una etiqueta diplomática y política que como una garantía de políticas con enfoque social. Su carácter progresista es más nominal que estructural.

La reciente decisión del Ministerio de Cultura de reducir el perímetro de protección de las Líneas de Nasca ha despertado una ola de críticas, entre ellas, la de la congresista Susel Paredes, quien alertó sobre los riesgos que esta medida representa para la integridad de uno de los patrimonios arqueológicos más importantes del continente.

“Todo recorte a zonas arqueológicas, zonas de amortiguamiento, son negativas, porque los espacios de las zonas arqueológicas siempre son tentación para las invasiones. Mira nomás Chan Chan, es un escándalo, está invadido inmensamente”, sostuvo Paredes en declaraciones a Lima Gris, subrayando que estas modificaciones abren la puerta a la destrucción progresiva del patrimonio cultural.

El Ministerio de Cultura, a través de una resolución firmada por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa Silva, aprobó la modificación del polígono de protección de la zona arqueológica de Nasca, lo que implica un recorte de su zona de amortiguamiento. La medida ha generado preocupación entre especialistas, activistas y algunos sectores del Congreso, quienes cuestionan la falta de transparencia en la decisión y temen consecuencias irreversibles.

“La zona de Nasca no solamente son las líneas, hay inmensa cantidad de restos de momias en donde sea que tú abras el suelo”, advirtió Paredes. “Eso tiene que estar muy resguardado. No debe recortarse en ningún caso los límites de las zonas arqueológicas, ni los polígonos, ni las zonas de amortiguamiento, porque lo que necesitamos es protegerlas”.

La congresista también apuntó al trasfondo político de la decisión. “Que APP gobierna con el fujimorismo y con Dina Boluarte, eso es un hecho que lo demuestran los votos y las designaciones en distintas instancias del Estado”, declaró, sugiriendo que detrás del recorte podrían existir intereses particulares ligados al control del territorio.

Consultada sobre posibles acciones parlamentarias, Paredes señaló que solicitará información directa sobre la resolución emitida. “Lo que sí puedo hacer es yo misma pedir la información”, dijo, dejando abierta la posibilidad de convocar a la viceministra de Cultura a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

El caso ha puesto nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sitios arqueológicos frente a decisiones administrativas que, lejos de garantizar su protección, podrían facilitar su degradación. En el caso de Nasca, los expertos coinciden en que cualquier intervención debe estar regida por criterios técnicos estrictos y por una política de preservación que respete el valor histórico, cultural y espiritual del lugar.

A lo largo de la historia del Perú, distintos presidentes recurrieron a curanderos, chamanes, espiritistas, consejeros espirituales o videntes, para que les brinden una visión “más allá de lo evidente”; normalmente lo hacían para conocer quiénes eran sus enemigos, a develar a personajes cercanos de su entorno que en verdad los estaban traicionando. Así, se cuenta que el expresidente Alan García visitaba a los maestros de las huaringas, o que Alberto Fujimori era un asiduo cliente de chamanes y ‘brujitas’. El caso más mediático y conocido fue del expresidente Martín Vizcarra, quien permitía ingresar a su despacho al vidente conocido como Hayimy.

Nuestra actual jefa de Estado, Dina Boluarte, tampoco querría quedarse atrás, siendo ella muy creyente de lo que la ciencia no puede llegar a explicar, vinculándosela con el pastor evangélico Anthony Lastra, pues siempre es tener dos ojos en la espalda.

El pastor ya es un ‘caserito’ dentro de Palacio de Gobierno, pues fue guía espiritual del entonces expresidente Pedro Castillo y de su esposa Lilia Paredes, quien por cierto ha manifestado abiertamente ser evangélica.

Lastra, en sus redes sociales, aseguró haber tenido un rol activo en la salida de la entonces ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, a quien calificó de “hija del diablo” por mostrarse a favor del aborto y de una política pro LGBT.

“… le dije al presidente Castillo que la saque porque si no venía juicio de Dios a su vida y él la sacó”, escribió el pastor Lastra, quien ahora estaría hablándole al oído a la máxima autoridad del país.

A propósito de ello, mediante un comunicado, el Gobierno de Boluarte ha salido a rechazar que el pastor evangélico tenga una relación laboral o espiritual con los organismos del Estado, añadiendo en la parte final que la mandataria “es una mujer de profunda fe católica”, pero abierta a un “diálogo interreligioso”.

Y es que tal mensaje sale luego de que se difundiera una foto oficial donde sale Lastra junto con Boluarte y el ahora premier Eduardo Arana.

El dato:

Lastra considera al Partido Morado de ser “la peor vergüenza del país” al fomentar el matrimonio civil para personas del mismo sexo, tildándolos de ser “hijos de Satanás” por encontrarse a favor de la despenalización del aborto.

Cada quinquenio nos hacemos la misma pregunta: ¿es este Congreso el peor de la historia? Nuestra Constitución Política ha sido tan manoseada con pequeñas modificaciones que no se ha requerido una nueva Carta Magna para darnos cuenta que se trata de una distinta, alterada, variada, modificada, todo para beneficio de aquellos que se hacen llamar ‘padres de la Patria’ y para aquellos que se jactan de ser los líderes de los partidos políticos.

El cambio más reciente va relacionado con el retorno de la bicameralidad en el Congreso, donde volveremos a ver a los senadores y diputados. Para que ocurra eso se tuvieron que modificar 53 artículos de la Constitución (artículos 2, 39, 56, 57, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 150, 157, 161, 162, 182, 183, 191, 194, 201, 203 y 206).

Antes que nada, corresponde mencionar que legalidad no es lo mismo que legitimidad, centrándonos solamente en el ámbito político y no jurídico. La legalidad es entendida cuando una institución se ha conformado de acuerdo a las leyes prescritas; en este caso los parlamentarios fueron elegidos mediante voto popular, corroborado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En contraposición, si una autoridad asume un cargo de manera autoritaria o no respetando ‘las reglas del juego’, se entiende por ello que se encuentra de manera ilegal.

En cambio, la legitimidad puede entenderse a la validación que tienen las autoridades frente a la población. Esto puede variar dependiendo al buen o mal desempeño que tengan estos desde sus puestos; así, un Congreso legitimado es aquel que cuenta con la aprobación de las personas y ello se obtiene cuando se ven leyes productivas y no inclinadas solo para beneficio de unos cuantos.

Recientemente, una encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) arrojó resultados previsibles, otorgándole un 4 % de aprobación a nuestro atribulado y errático Congreso de la República.

Esto tiene una explicación que para la mayoría de ciudadanos resulta muy fácil de entender, pero que para algunas personas solo se trata de una ‘guerra sucia’ para desprestigiar a los ‘padres de la Patria’. Tal vez su desaprobación se deba a los excesivos gastos que realizan mes a mes, contratando personal que nunca se aparece en sus despachos; o recortándoles el sueldo a sus trabajadores, aceptando ellos de “manera voluntaria”; o quizás porque prefieren votar de manera virtual cuando hay sesiones plenarias; o quién sabe, somos crueles al no permitirles que impulsen sus partidos políticos utilizando los recursos del Estado; o peor aún, les ponemos mala cara cuando nos enteramos que votaron a favor de leyes totalmente perjudiciales para el país; o, sencillamente, vemos cómo aprueban la bicameralidad.

Es por ello (y muchas cosas más) que el Poder Legislativo ha perdido legitimidad ante la población.

Bastará ver cómo al final del segundo periodo legislativo, que acaba este 15 de junio (a tan solo dos semanas) nuestros eruditos congresistas, entre gallos y medianoche, promulgan leyes sin mucho debate de por medio o análisis técnico; entonces, volveremos a preguntarnos una vez más ¿será acaso este el peor Congreso de la historia?