Política
Keiko Fujimori es denunciada por Lavado de Activos y Organización Criminal
La denuncia penal presentada ante la Fiscalía señala que los involucrados habrían traído al Perú $ 1,250 millones de dólares desde Suiza, a través del Grupo Romero, dueño del Banco de Crédito. Los denunciantes han presentado tres audios de 23 minutos que detallan las coordinaciones.
El jueves 28 de mayo, Malzón Urbina La Torre y Karen Urbina Nunura, denunciaron ante la Fiscalía Supranacional Especializada en Lavado de Activos a cargo de José Domingo Pérez Gómez, al partido Fuerza Popular y a su lideresa Keiko Fujimori, por presuntamente formar parte de una organización criminal, y por delito de lavado de activos, por delito contra la fe pública, por atentado contra el derecho de sufragio, tráfico de drogas y otros.
En la denuncia que los Urbina han interpuesto contra la presunta organización criminal que estaría liderada por Keiko Fujimori, se ha contemplado a otras 13 personas.
Los denunciados son:
Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presidenta del Partido Político Fuerza Popular.
Alberto Kenya Fujimori, expresidente de la Republica.
José Aybar Cancho, presunto testaferro de los Fujimori.
Luis Galarreta Velarde, candidato a la Primera Vicepresidencia por Fuerza Popular.
Patricia Juárez Gallegos, investigada por el Equipo Especial Lava Jato y candidata a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular.
Dionisio Romero Paoletti, director del Grupo Romero.
Eduardo Romero Guzmán, socio del Grupo Romero.
Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
Piero Corvetto Salinas, Jefe de la ONPE.
Walter Chirinos Purizaga, excandidato al Congreso por Avanza País.
Susana Higuchi Miyagawa, madre de Keiko Fujimori.
Pier Paolo Figari Mendoza, asesor de Fuerza Popular.
Ana Hertz de Vega, asesora de Fuerza Popular.
Giuliana Loza Avalos, abogada y coprocesada de Keiko Fujimori.
El petitorio de la presente denuncia, señala que los responsables de la comisión del delito de organización criminal dedicada al lavado de activos, entre otros, de $ 1,250 millones de dólares traídos desde un banco en Suiza para ser usados como un fondo de contingencia para invertir en la actual campaña presidencial de la señora Keiko Fujimori. En este sentido, la presidenta del partido político Fuerza Popular, junto a sus codenunciados, han unido dolosas voluntades por tiempo indefinido y de manera concertada han efectuado hechos delictivos repartiéndose diversas tareas o funciones con el sórdido y siniestro propósito de acceder al poder con toda la apariencia democrática del caso.
Asimismo, mencionan que, entre las pruebas presentadas a la Fiscalía, está la estructura financiera a través de la cual se traería el dinero a Perú, (la gestión inició en 2019 a través de Paddington Invesment Holding).
Los denunciantes afirman que han presentado tres audios de 23 minutos en total en el que se detallan las coordinaciones del equipo enviado por Los Romero, a Suiza, y la prueba de fondos en Londres, etc. La conversación es entre Eduardo Romero, Ernesto Higueras Cortez, Aybar Cancho y quien grabó los audios.
Según, señala Urbina Nunura, el encargado de viabilizar el retorno de dinero a Perú era José Aybar Cancho, conocido anteriormente como testaferro de Alberto Fujimori y presunto cómplice en la venta de armas a las FARC.
Además, refiere que, en esta operación, el grupo Romero, ha puesto a disposición del “objetivo” un pool de abogados que viajan a Zúrich para concretar la operación, y que a cambio de armar la estructura financiera que sostendrá la operación, los Romero piden el 35% de comisión, y que incluso se ofrecen a dar el dinero en partes a Aybar Cancho según se necesite, para así no moverlo inmediatamente porque «no es conveniente», según menciona, todo eso está grabado en el audio.
Cabe recordar, que el mandamás del grupo Romero, regaló 3 millones 650 mil dólares a la candidata fujimorista durante su campaña en 2011 y para el fiscal José Domingo Pérez, el megaempresario Dionisio Romero Paoletti cometió el delito de fraude en la administración de persona jurídica en agravio de Credicorp, al tomar ese dinero que no era de su peculio personal; sin embargo, actualmente, se encuentra “limpio de polvo y paja”.
Además, los Accionistas, directores y ejecutivos de Credicorp han declarado que su expresidente Romero Paoletti nunca les informó que dispuso de 3 millones 650 mil dólares de los fondos de la corporación para entregarlos personalmente y en efectivo a la señora Fujimori. Dichos desembolsos se hicieron en 17 partes, desde el 2 de noviembre de 2010 hasta el 20 de mayo de 2011, época en el que Keiko Fujimori aún era congresista y, por tanto, tenía la condición de funcionaria pública.
Asimismo, la candidata presidencial en aquel momento tampoco consignó el dinero en declaración jurada como funcionaria pública, ante la ONPE.
En esa línea, el fiscal Pérez Gómez, se basó en los testimonios y manifestaciones de accionistas, directores y ejecutivos del Grupo Credicorp, y por eso estableció que todos los millones de dólares que Romero Paoletti entregó en maletines y sobres manila a Keiko Fujimori, en presencia de Jaime Yoshiyama Tanaka y de José Chlimper Ackerman, provienen de origen ilícito, porque como ya se resaltó, aquel regalo de dinero se hizo a espaldas de la corporación.
Urbina Nunura asevera también, que, con el dinero proveniente de Suiza, que es “parte de todo lo que robó el expresidente Alberto Fujimori”, están costeando los gastos de la campaña presidencial, y en los pagos se incluyen sobornos al JNE para que omita investigar paneles, compra de votos y actas probadamente falsificadas, con la excusa de que no son demasiadas.
También, menciona que las pericias de las actas falsificadas, al igual que todas las violaciones a la ley electoral que se han visto desde el 11 de abril (fecha de la primera vuelta electoral), ameritaba que el JNE anulara las votaciones de la primera vuelta, porque al seguirla se configuraba un atentado a la voluntad popular y una violación de su propia Ley Orgánica.
Según la denuncia, Urbina Nunura, afirma que, en los últimos días, el Fujimorismo ha querido armar un escenario en el que el JNE beneficia al candidato Pedro Castillo, cuando en realidad los ha beneficiado a ambos candidatos, según, la creencia de que para Keiko Fujimori sería más fácil ganar; y que, además, la ONPE, con Piero Corvetto a la cabeza, también sería parte de la “organización criminal”.
Asimismo, señala que Keiko Fujimori, sabe de la existencia del audio que la involucra con uno de los personajes más oscuros del gobierno de su padre, José Luis Aybar Cancho, y que el testigo que grabó dicho audio fue amedrentado en las últimas semanas, tanto por Aybar Cancho, como por Walter Chirinos Purizaga, excandidato al Congreso por Avanza País, quien llamaba a Keiko para pedirle reuniones a fin de neutralizar el impacto de esta denuncia. Sin embargo, Chirinos Purizaga ha respondido y afirma no conocer a Aybar Cancho ni a Keiko Fujimori en persona; e incluso pide que registren todas sus llamadas telefónicas.
Finalmente, la denunciante asevera que el uso de esta gran cantidad de dinero, explica la feroz campaña de Keiko Fujimori por ser capaz de comprar a los medios de comunicación y que todas las pruebas están en manos de la Fiscalía a cargo de José Domingo Pérez y éstas incluyen más de 40 folios y una memoria portátil USB con tres audios que comprometen a la señora Fujimori y al Grupo Romero.
Cabe recordar que uno de los denunciantes, Malzón Urbina es el juez que cuando estuvo a cargo del 56º Juzgado Penal de Lima, ordenó la destitución de la exalcaldesa Susana Villarán por haber cometido desacato a la autoridad, al no cumplir con la orden de retirar los bloques de cemento que en esa época no permitían el ingreso de carga pesada al antiguo mercado mayorista de La Parada. Aquel juez emitió un fallo a favor de los comerciantes de La Parada, para que el Consejo Metropolitano retirara los bloques de cemento.
Lima Gris conversó con Karen Urbina y ella nos respondió que las personas mencionadas en la denuncia sabían que iban a ser denunciados: “Si tú te das cuenta y revisas, no hay ataques porque saben… ¿qué podrían discutir? tendrían que negar sus propias voces”.
Pero Chirinos Purizaga ya ha salido a responder y ha afirmado que no conoce en persona a Aybar Cancho, ni a Keiko Fujimori.
Sí, pero dice que no ha conversado, pero que solo comentó. Entonces, o conversó o no conversó; es así de fácil. Si no conversó… no conversó, y si comentó, entonces sí conversó.
Esta denuncia es muy complicada en este contexto, donde hay una guerra entre dos grupos políticos y la campaña es muy fuerte, porque hay mucha inversión de por medio.
Lo que nosotros queremos no es apoyar a Pedro Castillo, porque obviamente, nosotros sabemos qué es lo que va a hacer Castillo. Es más, lo sabemos bastante de cerca y de muy buena fuente. Lo que nosotros hemos buscado y vamos a seguir buscando desde que se dieron los resultados a boca de urna en la primera vuelta, es que se anulen, porque el Jurado está seriamente comprometido. Y si quien organiza la elección no la puede garantizar, entonces, con qué tranquilidad podemos ir a votar, confiar en los resultados, y si a esas vamos, Keiko Fujimori ni siquiera debiera estar postulando porque es una persona que tiene una acusación. El Jurado podría de oficio negarle la inscripción, como se la ha debido negar a Urresti, o a Humala.
Pero hay un problema, este JNE con el señor Salas Arenas, y con todo lo que tú mencionas entre otras denuncias, es evidente que está blindado, porque es increíble que no pase nada, porque la JNJ no existe y la Fiscalía tampoco existe…
Lo que pasa es que ellos son autónomos; entonces, se cobijan en esa autonomía y en su discreción de accionar o no accionar, y en realidad como el asunto no es retroactivo.
Para empezar, nosotros hemos interpuesto tres acciones de amparo, y ese fue el primer paso que dimos, pero eso demora. Eso sí es retroactivo, pero va a demorar, y cuando nos den la razón obviamente, se va a retrotraer todo lo que ha pasado, y por eso es que nosotros hemos decidido hacer la denuncia con todas las pruebas que tenemos y muchas más cosas que no hemos dicho y que han ido saliendo, después de que la denuncia se presentó.
Entonces emprendieron otras acciones.
La idea hubiera sido expedir una acción de inconstitucionalidad, pero al Tribunal Constitucional directamente, que es el único que podría hacer algo al respecto; pero es complicado. Lamentablemente hay que hacer lo que se puede y hay que esperar los mejores resultados. No podemos hacer más, lamentablemente, y si en algún momento está en nuestras manos hacer algo más, lo vamos a hacer.
¿Qué responderías si dicen que con esta denuncia quieres tumbarte a Keiko porque eres del grupo de Castillo?
Tú sabes que hay un exceso de maniqueísmo y en realidad ya nosotros hemos explicado bastante que tanto mi padre como yo, lo que buscamos es mejorar las cosas, y el que esté torcido tiene que irse y punto. Y si quieren pensar que soy roja, amarilla o verde, no me importa, la verdad. Lo mismo decían de mi padre; decían que era aprista cuando sacó a Guzmán, después cuando sacó a Keiko, ya no podían decir que era aprista.
¿Te han llamado para amenazarte?
A nosotros no. Pero la persona que grabó el audio ha sido amedrentada. Obviamente, todos estamos en riesgo; sí estamos cubiertos porque tenemos todos los audios y algunas otras pruebas que tenemos que guardar para nuestra propia seguridad. Obviamente, si es que algo nos pasa, son ellos, pero yo creo que no les convendría en este momento, y la verdad que yo también esperaba unos ataques feroces, porque las hordas de troles del fujimorismo son horribles, pero creo que las han guardado porque estamos en campaña y no creo que nos vaya a pasar nada porque sería prácticamente una admisión de culpabilidad.
¿Tu padre sigue en sus funciones como magistrado?
Mi padre ahora ejerce como abogado, ya no es magistrado y no lo ratificaron por el caso de La Parada.
¿Crees que la Fiscalía responda favorablemente esta denuncia?
Sí pues; ya está en su cancha. Nosotros hicimos lo que podemos desde donde estamos y esperamos que la Fiscalía esté a la altura de todo lo que le hayamos entregado.
¿Finalmente, votarás por Pedro Castillo?
No; no iré a votar. No estoy de acuerdo con ninguno de los dos y no contarán con mi voto. Lo que sí seré es opositora y vigilante de quien salga.
Política
Presentan PL para sancionar penalmente a candidatos que no cumplan con sus promesas de campaña
Iniciativa legislativa de Roberto Kamiche pretende eliminar las propuestas populistas o de difícil realización en el corto plazo recurriendo a la mentira solo para ganarse el voto del ciudadano.
De aprobarse más de la mitad del Congreso se iría a prisión. El parlamentario de Alianza para el Progreso (APP), Robert Kamiche, presentó el Proyecto de Ley (PL) n.° 10650/2024, en la que pretende erradicar la distorsión de hechos históricos, estadísticos y científicos dentro del ámbito político, y castigar el uso de información falsa como estrategia electoral, en el marco de las próximas Elecciones generales 2026.
En el artículo 1 de dicho proyecto se establece que la ley tiene como propósito “evitar la normalización de la mentira en la vida política y su impacto negativo en la gobernanza del Perú”. Para lograr esto, el texto propone la incorporación de varios artículos al Código Penal, con penas específicas para quienes utilicen la mentira como una herramienta para manipular el voto de la ciudadanía o dañar la imagen de otros candidatos.
Asimismo, en el siguiente artículo del PL se presenta la modificación al artículo 356.A del Código Penal, que establece que “el candidato hábil de una lista electoral que utilice, en el proceso electoral en el cual participa, la mentira como estrategia política que distorsione hechos o datos históricos, estadísticos, económicos, científicos o de otra naturaleza, para intentar persuadir al electorado en favor de su candidatura o en contra de otro candidato será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”. Esta sanción se aplicaría a aquellos que, a través de falsedades, busquen alterar la voluntad del electorado.
El proyecto de ley fue ingresado formalmente el 28 de marzo de 2025, y cuenta como coautores a los congresistas Eduardo Salhuana Cavides, Nelcy Lidia Ruiz Rodríguez, Magaly Rosmery García Correa, Idelso Manuel Acuña Peralta y María Grimaneza Heidinger Ballesteros. Actualmente, se encuentra a la espera de ser discutido y votado en las instancias correspondientes del Congreso de la República.
Política
Congreso: citan a ministro de Salud y a directivos de Medifarma y Sanna por suero mortal
La Comisión de Salud del Congreso citó al titular del Minsa, César Vásquez, junto a los gerentes de Medifarma, Luis Rengifo, y de Sanna, Francisco Feliú, tras las muertes de pacientes por administración de suero defectuoso. Asimismo, se citó al exgerente de Digemid, Moisés Mendocilla.
Desde el Congreso de la República, la Comisión de Salud y Población, presidida por el legislador Luis Picón, citó al ministro de Salud, César Vásquez (APP), al exdirector general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Moisés Mendocilla, y a los representantes de Medifarma, Luis Rengifo, y de Sanna, Francisco Feliu, para que respondan por el caso del suero fisiológico defectuoso del lote 2123624 que le arrebató la vida a cuatro pacientes que tuvieron atención médica en las clínicas Sanna y afectó la salud de 17 personas, hasta el momento.
Este martes 1 de abril, los directivos citados deberán presentarse en el Palacio Legislativo, a partir de las 11:30 de la mañana en la sala Carlos Torres y Torres Lara, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.
El Minsa denunció a Sanna
A través de su Procuraduría pública, el Ministerio de Salud (Minsa) presentó una denuncia penal contra la clínica Sanna y todos los que resulten responsables, por no haber reportado a tiempo la ‘reacción adversa’ del suero fisiológico del laboratorio Medifarma.Ya que, de acuerdo a la ley vigente, estos incidentes deben reportarse en un plazo máximo de 24 horas. Sin embargo, la demora en la alerta habría impedido que Digemid activara a tiempo los protocolos de inmovilización del producto, lo que habría permitido evitar más fallecidos por causa del suero contaminado.
Política
Juan José Santiváñez ya no se encuentra en el Perú, según movimiento migratorio
Ex titular del Mininter no cuenta con impedimento de salida del país y puede ir a cualquier parte del mundo.
Libre como el viento. El censurado ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez, investigado por el presunto delito de influencias, donde el capitán Junior Izquierdo (Culebra) lo acusara de estar detrás de una serie de favores gubernamentales, ya no se encuentra en el Perú, luego que Latina Noticias difundiera su movimiento migratorio hasta el pasado 29 de marzo.
Es junto en esa fecha donde se aprecia que el ex ministro Santiváñez voló con destino a los Estados Unidos.
Cabe mencionar que el pasado 24 de marzo el Poder Judicial (PJ) rechazó el pedido de la Fiscalía para impedir su salida del país hasta que duren las investigaciones.
Los argumentos del juez Juan Carlos Checkley para negar el impedimento de salida del país contra Juan José Santiváñez, fueron los anteriores viajes del exministro, los cuales presentaron su retorno al Perú. De acuerdo con el magistrado, esto denota la disminución de un riesgo de fuga.
En tanto, el ex ministro Santiváñez cuestionó el enfoque mediático de su viaje y rechazó que se presente como un hecho de relevancia judicial.
“El borde de la ridiculez considerar una gran exclusiva o urgencia el informar sobre un viaje familiar (esposa e hijos) a los Estados Unidos. Si estuvieran informados sabrían que pedí licencia en el estudio donde soy socio principal (Jamis & Dalguerre Abogados) hasta el 10 de abril para tomar unas breves vacaciones con toda mi familia. Resulta que ahora, que no soy funcionario público, informan más sobre mis movimientos que la lucha contra la criminalidad que tanto usaron para atacar nuestra gestión. En fin, es bueno siempre buscar la noticia, no inventarse una”, escribió en un mensaje interno que recibió el diario Expreso.
Política
Gobierno de Dina Boluarte quiere obligar a los medios de comunicación difundir sus ‘logros’ [VIDEO]
En una denominada “franja informativa” se pretendería ensalzar las detenciones y capturas durante el estado de emergencia.
Política
Sonia Delgado Céspedes, ex militante de APP, es designada como directora de Digemid [VIDEO]
Reemplazará a Moisés Mendocilla, en medio de escándalo por sueros fisiológicos defectuosos que hasta el momento ha causado la muerte de cuatro personas.
El Ministerio de Salud (Minsa) designó hoy a Sonia Marisol Delgado Céspedes como la nueva directora general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Dicho cambio está sustentado en la Resolución Ministerial n.° 226-2025/Minsa, publicada en el diario El Peruano.
De esta manera, Sonia Delgado Céspedes ocupará este cargo en reemplazo de Moisés Eliseo Mendocilla Risco, quien ocupó dicho cargo desde el 4 de julio del 2023.
La designación de Delgado Céspedes llega luego de que la clínica Medical Network, lugar donde los médicos realizaron intervenciones estéticas a tres pacientes utilizando suero fisiológico observado por el Minsa, indicara que dio aviso a la Digemid, pero dicha entidad les habría hecho “caso omiso”, acusándolos “injustamente”.
De momento, se han registrado al menos cuatro casos de personas fallecidas por la aplicación de suero fisiológico defectuoso.
Sonia Delgado Céspedes se desempeñaba hasta antes de su designación como consejera del Minsa en calidad de representante de los colegios profesionales de salud.
Es doctora en Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), química farmacéutica con experiencia en el sector público y privado y fue decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú (2023-2024).
De acuerdo con su hoja de vida, Delgado laboró 8 años en la Digemid como evaluadora y jefa de Dispositivos Médicos. Además, ha laborado 3 años en el Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud – Cenares como especialista en asuntos regulatorios y miembro de comités de selección para la compra de productos farmacéuticos y dispositivos médicos.
Asimismo, estuvo afiliada al partido Alianza para el progreso (APP) de César Acuña entre los años 2006 al 2007.
Política
El negocio de las armas: una alianza oscura tras FAME
Una reunión en un restaurante de Miraflores reveló un negocio oscuro en el que se mezclan poder político, negocios de armas y funcionarios públicos
El 21 de febrero, se realizó una reunión clandestina en Miraflores. Este encuentro, realizado inmediatamente después de la salida discreta de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, involucró a figuras clave vinculadas al comercio de armamento en el país. Cuarto Poder mostró imágenes de la reunión que involucra a tres personajes claves.
Jorge Garboza, director de la ONG «Las manos que ayudan de corazón» y señalado como intermediario de Nicanor Boluarte, Paulo César Zevallos Rivarola, gerente temporal de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), y el empresario Diego Alfaro Di Natale, conocido por su relación con el proveedor de armas israelí IWI, se reunieron de manera casual en un restaurante en Miraflores.
Lo que parecía un encuentro sin mayores implicancias pronto dejó claro que las piezas del negocio comenzaban a encajar. En una conversación de tono confiado, Garboza relató su encuentro con Nicanor, mientras que Alfaro actuaba como puente entre Garboza y Zevallos. El objetivo de la reunión era claro: asegurar que Zevallos obtuviera el nombramiento definitivo como titular de la Gerencia Comercial de FAME, lo que finalmente ocurrió el 1 de marzo.
FAME, la empresa estatal encargada de la fabricación y comercialización de armas para el Ejército y la Policía Nacional, ha sido objeto de controversia. En 2024, la Contraloría detectó irregularidades en la compra de fusiles de la empresa israelí IWI, con la que FAME mantiene contratos millonarios. Sin embargo, el encuentro en el restaurante dejó en evidencia cómo estos contratos parecen estar entrelazados con favores políticos y empresariales.
La relación de Diego Alfaro con IWI es crucial, ya que representó a la empresa que vendió al Perú 10,000 fusiles ARAD7 por 23 millones de dólares. Mientras tanto, FAME, en sociedad con IWI, ha firmado acuerdos millonarios con el Estado para proveer armamento a la policía, incluida una transacción de 19 millones de dólares.
Más allá de la reunión en el restaurante, otros encuentros entre los involucrados, como las visitas previas de Alfaro a Zevallos en su despacho y su viaje a España en 2024, apuntan a una conexión más profunda, que no solo involucra negocios, sino también posibles implicaciones legales, ya que varios de los participantes enfrentan investigaciones fiscales.
El encuentro de 15 minutos, aunque fugaz, tuvo consecuencias inmediatas. El pedido hecho durante la conversación se materializó con la designación de Zevallos como titular de FAME, lo que demuestra cómo, en el corazón de este negocio de armas, las decisiones claves se toman en espacios ajenos a una institución, y lejos de la mirada pública.
La falta de respuesta por parte de FAME y de los involucrados deja una sombra de impunidad, mientras el país enfrenta una crisis de confianza en sus instituciones. En reuniones clandestinas, donde los intereses políticos y económicos se entrelazan, se define el destino de cargos clave, bajo la influencia del poder presidencial.
Política
Patricia Muriano contó todo sobre el oscuro gobierno de Dina Boluarte
El Secretario General de Palacio de Gobierno involucrado en las presuntas firmas falsas. La información brindada por Muriano Peralta podría acabar con el gobierno de Dina Boluarte.
La situación de la presidenta Dina Boluarte se ha vuelto cada vez más insostenible. En los últimos días, su amiga de confianza y exasistente presidencial, Patricia Muriano, ha comenzado a delatarla, lo que podría llevarla a enfrentar graves consecuencias legales. La excolaboradora de la mandataria ha comenzado a colaborar con la Fiscalía desde Estados Unidos, confirmando hechos clave que podrían marcar el fin del gobierno de Boluarte.
Uno de los factores que más resuena en el Palacio de Gobierno es la figura de Patricia Muriano. Según su testimonio ante la Fiscalía, Muriano ha confirmado que la presidenta se sometió a una cirugía estética en junio de 2023 y que, durante su recuperación, se falsificaron firmas en varios Decretos Supremos. Esta información ha causado gran revuelo, ya que, según Muriano, la mandataria estaba incapacitada para ejercer funciones en ese período, sin embargo, se firmaron al menos tres decretos durante su reposo.
Un aspecto crucial en la investigación es la misteriosa «puerta 6» de Palacio de Gobierno. Este acceso, que no tiene ningún tipo de registro ni control, fue utilizado por varias personas cuya entrada no quedó registrada en los documentos oficiales. Entre ellas se encontraría Ney Guerrero Orellana, un conocido productor televisivo, quien habría ingresado por este portón sin que nadie pudiera confirmar su presencia. Este acceso sin control genera sospechas sobre las actividades que se habrían realizado detrás de esas puertas, sin dejar evidencia alguna.
Cuarto Poder confirmó la visita de Ney Guerrero.
Muriano, quien tenía la responsabilidad de garantizar que los salones de reuniones estuvieran «libres de chuponeos», también podría tener información valiosa sobre otras irregularidades. Según su círculo cercano, la exasistente fue la encargada de filtrar estos salones y evitar cualquier tipo de grabación de conversaciones.
Pero el impacto de Muriano va más allá de las cirugías estéticas de la presidenta. Durante su testimonio, ha hablado sobre la falsificación de firmas en los decretos emitidos mientras Dina Boluarte estaba en recuperación. Estos decretos son claves en la investigación, ya que incluyen temas como la alimentación saludable y el estado de emergencia en varios distritos. Además, en ese mismo período se firmaron resoluciones supremas y actas de consejos de ministros que presentan diferencias evidentes en las firmas, lo que refuerza la sospecha de falsificación.
Patricia Muriano, quien fue una de las personas más cercanas a la presidenta, comenzó a distanciarse de ella a finales de 2023, a raíz de un aumento en la desconfianza. En diciembre de ese año, Muriano presentó su renuncia, pero esta fue rechazada. En marzo de 2023, finalmente dejó su cargo y, desde ese momento, ha decidido contar todo lo que sabe. Aunque le pidieron que no hablara con nadie, ha decidido colaborar con la justicia desde su refugio en Estados Unidos.
La situación legal de Dina Boluarte se complica a medida que nuevos detalles salen a la luz, y la figura de su exasistente Patricia Muriano parece ser clave en la resolución de este escándalo. Con la colaboración de Muriano, la Fiscalía podría abrir nuevos frentes de investigación, lo que pone en riesgo el futuro político de la presidenta. En los próximos días, se esperan más revelaciones que podrían llevar a Boluarte a enfrentarse a un juicio y, posiblemente, a la cárcel.
El desenlace de este caso sigue siendo incierto, pero lo que parece claro es que la confianza en la presidenta se ha desmoronado, y la verdad detrás de la «puerta 6» y los Decretos falsificados podría ser el golpe final a su gobierno.
Política
Nuevo escándalo en Condorcanqui: Subprefectos y un ministro de Educación en medio de irregularidades
Tras la denuncia de violaciones masivas de niñas y adolescentes de los grupos étnicos Wampís y Awajún, aparece un nuevo caso que involucra al Ministerio de Educación y al Ministerio de Interior en la región Amazonas.
Por Leonardo Serrano Zapata
En medio de la crisis educativa que vive Condorcanqui (Amazonas), nuevas denuncias salpican al actual Subprefecto Provincial, Romer Orrego Ikam. Según documentos oficiales y testimonios a los que se tuvo acceso, Orrego estaría presuntamente apoyando al Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado «San Marcelo» para operar de manera irregular en las sedes de Nieva y El Cenepa.
Esta institución, dirigida por los hermanos Rosales, ha estado ofreciendo formación docente sin contar con las autorizaciones necesarias. Según la Resolución Directoral N.º 00085-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD-DIFOID y el reciente Oficio N.º 00130-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD, esta institución «no cuenta con licenciamiento ni con filial autorizada por el Ministerio de Educación».
El 12 de noviembre de 2024, mediante Oficio N.º 02302-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID dirigido al propio Orrego Ikam, el MINEDU estableció categóricamente que: «El Instituto de Educación Superior Pedagógica privado ‘San Marcelo’ no cuenta con autorización para brindar servicios en un lugar distinto al de su local ubicado en el distrito de San Miguel, provincia y región de Lima, ni para brindar servicios educativos bajo la modalidad a distancia».
El caso llegó incluso al Congreso de la República. El legislador Guido Bellido Ugarte, mediante Oficio N° 1175-2024-2025-GBU/CR del 12 de diciembre de 2024, solicitó información al MINEDU, quien confirmó la irregularidad del IESP «San Marcelo» en su Informe N° 00040-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID del 17 de enero de 2025.
La gravedad del caso aumenta tras la difusión de un audio en redes sociales el pasado 10 y 11 de marzo de 2025. Según el denunciante Luis Chigkim Catip, en dicha grabación se escucharía al Subprefecto Orrego Ikam negociando el retiro de una denuncia contra los hermanos Rosales por presuntamente intermediar en la apertura de sedes no autorizadas. En el audio, Orrego habría sugerido reducir de 5,000 a 2,000 soles el monto solicitado para desistir de la denuncia por presunta estafa.
Cabe recordar que Romer Orrego Ikam, quien defendió públicamente al Ministro de Educación Morgan Niccolo Quero Gaime en junio de 2024, fue designado como Subprefecto poco después, reemplazando a María Clarivel Huaman Jintach, quien fue sentenciada por solicitar pagos indebidos para el otorgamiento de garantías personales.
Como consecuencia de esta situación irregular, decenas de estudiantes que confiaron en esta institución han quedado en el limbo, ya que, según la normativa vigente, «el marco normativo que rige la trayectoria académica en la Formación Inicial Docente no admite regularizaciones».
Acta de firmas de denuncia Subprefecto.
Un acta del Juez de Paz de Condorcanqui, con participación del Comandante PNP William Herrera Cotera, muestra que ya existe un «pedido de destitución del señor Subprefecto ROMER ORREGO IKAM por haber pruebas contundentes sobre la negociación y estar involucrados directamente con el Instituto San Marcelo». Este documento hace referencia al aparente vínculo con Gilmer Nilton Rosales Sánchez, quien fue candidato por Fuerza Popular a la Alcaldía de Condorcanqui en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
Es urgente que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio del Interior se pronuncien sobre estas graves acusaciones. Mientras tanto, en una región que sufre por la falta de profesionales docentes calificados en EIB, el Subprefecto anuncia que la atención de su despacho será virtual, limitando aún más el acceso a servicios gubernamentales en esta apartada provincia amazónica.
Por parte del ministro de Educación Morgan Quero existe un gran silencio. Por otro lado, ministro Diaz Zulueta, los ciudadanos necesitamos muestras de transparencia y lucha concreta contra la corrupción. No cometa el error del ex ministro Santiváñez que con la RM N° 1066-2024-IN de fecha 16 de agosto de 2024, decidió absolver a la ex subprefecta de la Provincia de Condorcanqui Rosemary Pioc Tenazoa, con la excusa de que se perdió el expediente de la denuncia. ¡El colmo!
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