En pleno Día del Trabajo, mientras los peruanos festejaban su descanso por feriado laboral, la presidenta de la República Dina Boluarte aprovechó para condecorar con la Orden del Trabajo al titular del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, en medio de las graves investigaciones en su contra.

Desde Palacio de Gobierno, la mandataria rindió homenaje a Arévalo Vela, quien lidera al Poder Judicial, institución que en algún momento evaluará las acusaciones en contra de Dina Boluarte por el ‘caso Rolex’ y las marchas, donde hubo un trágico saldo de muertos.

El Gobierno habría optado por galardonar al máximo líder de la Corte Suprema, por tratarse del primer abogado laboralista que llega a ocupar la presidencia del Poder Judicial, así como por sus aportes a la Ley Procesal del Trabajo y a su posterior reforma promulgada en el 2023.

Expremier de Dina Boluarte actualmente es asesor del presidente del PJ, Javier Arévalo

El expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Dina Boluarte, Pedro Ángulo Arana, dejó dicho cargo, el 21 de diciembre de 2022; es decir, solamente permaneció 11 días en la PCM. E inmediatamente a los pocos días, desde el 7 de enero de 2023, Ángulo Arana se convirtió en el asesor principal del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.

“A través del Oficio N° 0304-2022-2daSDCST-P-PJ de fecha 29 de diciembre del 2022, el presidente del Poder Judicial para el período 2023-2024, propone en el cargo de confianza al jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, al señor abogado Pedro Miguel Angulo Arana, señala el oficio.

Y posteriormente, mediante la Resolución Administrativa N° 000028-2023-P-PJ, Pedro Ángulo Arana es designado:

SE RESUELVE:

Artículo Primero. – DESIGNAR, a partir de la fecha, al señor Abogado PEDRO MIGUEL ANGULO ARANA, en el cargo de confianza de jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República”, se lee en la resolución.

Resolución Administrativa N° 000028-2023-P-PJ, que designa a Pedro Ángulo como asesor de Javier Arévalo.

Presidente del PJ según la ley, está impedido de recibir condecoraciones de litigantes

No solo habría un presunto conflicto de interés de parte del presidente de la Corte Suprema Javier Arévalo por haber recibido un galardón de la mandataria Dina Boluarte, y cuyo expremier de su gobierno que también está investigado por las muertes en las protestas antigubernamentales, es el abogado Pedro Ángulo, quien actualmente trabaja con Arévalo en calidad de su asesor en el Poder Judicial.  Sino que, también, Javier Arévalo, estaría violando la ley, al recibir una condecoración de una persona que está investigada por la Fiscalía y que luego pararía a ser procesada por el órgano judicial que él dirige.

En resumidas cuentas, Javier Arévalo, según el inciso 2 del artículo 40° de la Ley (N° 29277) de la Carrera Judicial está impedido de recibir premios y/o galardones de personas litigantes.

Inciso 2, del artículo 40° de la Ley (N° 29277) que prohíbe que Javier Arévalo reciba galardones.

Presidenta Dina Boluarte afronta investigaciones que está en curso

Fiscalía inició hace unas semanas una investigación contra la presidenta Dina Boluarte, por presunto enriquecimiento ilícito y omisión a consignar declaraciones en documentos, a raíz de una serie de joyas de lujo descubiertos en su posesión, y que fue denominado como el ‘caso Rolex’.

Precisamente, el Ministerio Público (MP) programó la declaración ampliatoria de Dina Boluarte a las 9:30 a. m. del 15 de mayo. Dicho acto se desarrollará presencialmente en su sede principal de Cercado de Lima.

“Recibir la declaración ampliatoria de Dina Boluarte Zegarra, para el 15 de mayo del 2024, la misma que se realizará de manera presencial 9:30 horas, en compañía de su abogado, en las instalaciones del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, sitio Av. Abancay S/N cuadra 5, piso 09 – Cercado de Lima”, se lee en la notificación.  

Su Gobierno “sólido y fuerte” se va partiendo desde adentro. Eduardo Guerrero Castillo presentó este último martes su renuncia al puesto de asesor técnico del Gabinete Técnico de la Presidencia, tras un informe del diario El Comercio que daba cuenta de una denuncia de su ex pareja a la que habría intentado quemarla viva.

Guerrero dirigió una carta escueta al secretario general del despacho presidencial, Enrique Vílchez, para formalizar su salida. “Sirva la presente para saludarlo atentamente y, a su vez, comunicarle mi renuncia […]. Agradeciéndole la atención que le brinde a la presente, me despido”, se lee en el texto.

En su reemplazo ingresará el periodista Jean Pajuelo, quien se desempeñaba como gerente de Comunicaciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), director de programas informativos en televisión y catedrático de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

La renuncia del asesor presidencial se produjo en medio de un escenario de creciente tensión en el Ejecutivo, tras declaraciones cruzadas entre Boluarte y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista. La gobernante rechazó las afirmaciones del titular del MEF sobre la supuesta debilidad del Gobierno y defendió su administración como “sólida, fuerte y unida”.

“No somos un Gobierno débil, somos un Gobierno que estamos construyendo una madurez democrática, una madurez política para que en adelante no venga ningún grupito que quiera quebrar la democracia, que quiera quebrar el Estado de derecho y en menos de cinco años tengamos seis presidentes”, señaló la mandataria en un acto oficial.

Parte policial data del año 2011

En setiembre del año pasado, el diario El Comercio, reveló que el ahora renunciante asesor aparecía en los registros de la Policía Nacional del Perú (PNP) acusado de intentar quemar a su pareja y de conducir en claro estado de ebriedad.

La víctima reportó en 2011 que Guerrero reaccionó violentamente y amenazó con quemarla viva, un incidente que solo quedó registrado en una constancia policial, sin llegar a formalizarse una denuncia.

“[…] Le dije que se vaya de casa definitivamente; él respondió que se irá solo si le daba el auto y al no querer darle la llave, empezó a lanzar y romper las cosas de la casa. […] Me retiré y fui a hablar con su mamá. […] Llegamos a la casa […], pero él comenzó a amenazarme, que si no le daba el auto o dinero a cambio me iba a quemar viva y que [yo] se las iba a pagar todas”, se escribió en el reporte policial.

La expareja de Guerrero añadió que consignaba estos hechos para “salvaguardar su integridad”. Sin embargo, decidió no presentar una denuncia. Por su parte, el entonces asesor presidencial descartó haber “ejercido violencia física ni psicológica contra la madre de mi hija”.

Además, el 16 de abril de 2020, en plena pandemia y con restricciones sanitarias, fue detenido por conducir en estado de ebriedad en Surquillo. La Policía lo procesó por delitos contra la seguridad pública y enfrentó una sanción, según el citado medio.

Tuvo que dar un paso al costado. El congresista de la República, Darwin Espinoza, dejó de ser el vocero oficial de Acción Popular (AP) tras una reunión con los miembros del partido de la lampa, en el marco de las diversas acusaciones en su contra, que lo involucran en un presunto intercambio de favores, y donde también se le investiga por supuestamente haber hecho uso indebido de los recursos del Estado para crear su propio partido político.

Mediante declaraciones a los medios, el parlamentario William Soto informó que fue el mismo Espinoza quien dio su cargo a disposición de la bancada, a fin que puedan elegir su reemplazo.

“Hemos tenido reunión convocada para hoy (martes) a la 1 de la tarde, hemos estado los ocho congresistas de la bancada Acción Popular y el congresista Espinoza ha puesto su cargo a disposición de la bancada y hemos elegido un nuevo vocero que es el congresista Elvis Vergara, de aquí en adelante todo nuestro respaldo a Vergara”, dijo a la prensa.

De tal modo, el también presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) del Congreso de la República expresó su respaldo a su colega Elvis Vergara, quien fue elegido por la bancada para reemplazar a Darwin Espinoza.

En tal sentido, Soto informó que con la designación de Vergara como nuevo vocero de Acción Popular se dará una “buena oportunidad para oxigenar a la bancada”.

También señaló que Darwin Espinoza les informó que no planea renunciar ni a la bancada ni al partido AP. Afirmó que se comprometió a colaborar con las investigaciones y ofreció explicaciones al grupo parlamentario.

“Él tendrá que esclarecer, cuando lo citen tendrá que responder ante los hechos. El mayor interés que tenemos es que la bancada tiene nuevo vocero y queremos trabajar con el secretario general del partido”, sostuvo.

Por su parte, el nuevo vocero de AP indicó, a través de su cuenta de X, confirmó su designación como vocero de su partido, la cual fue aprobada por unanimidad.

“En la reunión ordinaria de la bancada Acción Popular, celebrada el día de hoy, se acordó por unanimidad mi elección como vocero titular para completar el periodo de los actuales portavoces”, se lee en la notificación.

Según precisó, es la tercera vez que tiene la oportunidad de ser elegido para “representar” a sus correligionarios, a fin de representarlos a nivel parlamentario y político.

Choque y fuga. Un grave accidente que involucra al actual alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, ocurrió la tarde de ayer cuando su camioneta impactara violentamente con una garita del peaje de Chillón, situado en el kilómetro 25 de la Panamericana Norte.

De acuerdo a las imágenes captadas, el suceso ocurrió a bordo de su moderna camioneta y los testigos, entre los cuales se encontraban agentes policiales encargados de la vigilancia del peaje, indicaron que el alcalde se encontraba en aparente estado de ebriedad. La escena del accidente, que incluyó el vuelco del vehículo a causa de la alta velocidad, evidenció la presencia de botellas de cerveza, incluso una caja completa, en el interior del automóvil.

De acuerdo con versiones preliminares obtenidas en el lugar de los hechos, se estima que el alcalde iba acompañado por al menos cuatro personas, todas ellas trasladadas en una ambulancia de la Municipalidad de Puente Piedra bajo custodia policial. Se maneja otra versión, aún por confirmar, que indica que dos vehículos municipales, con serenos a bordo, interceptaron la ambulancia, redujeron al policía que custodiaba al alcalde y lo trasladaron a otro lugar para su atención, en una acción que califica como irregular.

Las imágenes del incidente muestran que la bolsa de aire de la moderna camioneta Chevrolet se activó, lo que posiblemente salvó la vida del alcalde y sus acompañantes. A pesar de que el vehículo terminó volcado con las llantas hacia arriba, los ocupantes resultaron con golpes, pero sin lesiones graves. Sin embargo, la rapidez con la que se limpió la escena del accidente deja interrogantes sobre la gestión del incidente.

Tras el reporte del incidente, el vehículo implicado fue trasladado a la comisaría del distrito para dar curso a las investigaciones pertinentes. En el lugar, se llevó a cabo el interrogatorio a los ocupantes de la camioneta que acompañaban al alcalde de Puente Piedra.

Alcalde Rennán Espinoza se encuentra como “No habido”

En una escena caótica y llena de tensión, lo que inició como un intento de traslado de heridos al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz se convirtió en un enfrentamiento entre miembros del Serenazgo y agentes policiales, según reportes de la PNP.

El protagonista de este episodio, identificado como Eleazar Guerrero Cubas, miembro del Serenazgo local, irrumpió en la escena, desatando un forcejeo con el personal policial encargado del traslado. Esta acción provocó que el alcalde del distrito del norte, se alejara del lugar a bordo de una unidad médica municipal, dejando en el aire las interrogantes sobre las circunstancias del accidente.

Por su parte, el Área de Prensa del municipio de Puente Piedra asegura que el alcalde no estaba al volante en el momento del accidente, aunque sí resultó herido en la pierna, siendo atendido en un lugar no especificado. Hasta el momento, el paradero del alcalde Espinoza se encuentra como desconocido.

Avizora un callejón sin salida y se resguarda para lo que se le viene.  La fiscal de la Nación suspendida Patricia Benavides viene siendo investigada por el Ministerio Público desde principios de año, acusándola de ser la presunta lideresa de una organización criminal que habría realizado una serie de gestiones para favorecer su gestión y su permanencia en la Fiscalía.

Conociendo la gravedad de dichas imputaciones, así como la aparición de más testigos protegidos, la abogada constituyó un patrimonio familiar a favor de sus menores hijas el pasado 20 de diciembre del año pasado.

Seis días después, Benavides realizó los trámites para que dicho edicto se publique en el Diario oficial el Peruano, en el apartado de administración de justicia, haciendo pública esa constitución de patrimonio familiar.

Específicamente se menciona que “Liz Patricia Benavides Vargas solicita la constitución de patrimonio familiar a favor de sus menores hijas (…)”, se lee en el documento.

El patrimonio familiar es sobre un inmueble de Benavides ubicado en Jirón Juan Gris número 282, urbanización Las Begonias, en el distrito de San Borja, Lima.

El trámite fue validado por el notario Elard Wilfredo Vilca Monteagudo.

Este particular, pero sustancial detalle lo hizo saber el fiscal adjunto supremo Marcial Páucar durante la exposición de motivos para el requerimiento de 36 meses de impedimento de salida del país para Benavides.

Cabe mencionar que una de las características del patrimonio familiar es dotar de inembargabilidad de los bienes, en este caso el inmueble ubicado en San Borja.

Abogado penalista explica el porqué de dicha decisión

Al respecto, el abogado penalista Andy Carrión explicó que la decisión tomada por Patricia Benavides no se trata de un adelanto de herencia, sino de la constitución de un patrimonio familiar.

“Este patrimonio constituido se cubre de eventuales incautaciones, expropiaciones o incluso extinción de dominio, porque no formaría parte únicamente de ella, sino sería un patrimonio con sus hijas”, señaló el letrado.

En declaraciones para el diario Correo, el abogado afirmó que la medida tomada por Benavides puede interpretarse como un peligro de obstrucción a la justicia.

En ese sentido mencionó el caso de Mauricio Fernandini, quien donó cuatro inmuebles a favor de su hermana, hecho que fue considerado entre los argumentos de la Fiscalía para solicitar la detención preliminar en contra del periodista.

“La Fiscalía consideró ese acto como obstrucción a la justicia, vinculado a la oportunidad, es decir, por la fecha en que se realizó el trámite”, indicó.

En la misma línea, Carrión recordó que cuando Patricia Benavides hizo la constitución de su patrimonio familiar ya había sido suspendida por la JNJ y las declaraciones de Jaime Villanueva que la vinculaban ya eran de conocimiento público.

“Ya había un riesgo de que en algún momento podría sustraerse este bien”, sostuvo.

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional contra el exparlamentario César Augusto Combina Salvatierra por presunto tráfico de influencias agravado, por presuntamente haber pedido dinero a diversos alcaldes, a cambio de gestionar sus proyectos en la Ley de Presupuesto del 2021         

En el documento dirigido al presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, el titular del Ministerio Público (MP) indicó que Combina Salvatierra es acusado por supuesto tráfico de influencias en el marco de su actuación como integrante de la representación nacional.

“Interpongo denuncia constitucional contra César Augusto Combina Salvatierra, en su actuación como congresista de la República, como presunto autor del delito contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios, en la modalidad de tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario, ilícito previsto y sancionado en el artículo 400 (primer y segundo párrafo) del Código Penal, en agravio del Estado”, se lee en el documento de la denuncia.

Denuncia Constitucional contra excongresista César Combina por tráfico de influencias.

La tesis fiscal, sustenta que Combina Salvatierra habría alardeado a los exalcaldes Cruger Miranda Rosales (Yanacancha), José Luis Cerrón Nastares (Colca) y Wilmer Felicio Catay Trucios (San Marcos de Rocchac), tener influencias en el Parlamento y habría ofrecido interceder sobre su “compadre” Héctor Acuña, expresidente de la Comisión de Presupuesto, para el financiamiento de obras, a cambio de S/50 mil soles por proyecto.

En la denuncia constitucional también se adjunta un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que reveló que César Combina recibió un depósito de S/45 mil soles por parte del exalcalde de Colca, Cerrón Nastares en octubre de 2020, justo cuando en el Congreso se debatía la Ley de Presupuesto 2021.

Justamente, sobre el exburgomaestre José Luis Cerrón Nastares, César Combina aseguró que “él creó esta noticia falsa, no con un ánimo de justicia, sino con la voluntad de manchar una honra”. Sin embargo, el Ministerio Público argumenta que el excongresista “no explica la razón o motivo por el cual una persona con la que no tuvo ningún vínculo, como es el caso de Cerrón Nastares, le haya depositado S/45 mil soles a su cuenta personal bancaria”.

Denuncia del Fiscal de la Nación será vista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

¿En qué cosiste el caso Combina?

Se debe recordar que, en el 2020, la página Portal Central informó que el entonces congresista de Alianza para el Progreso (APP) habría pedido y luego recibido dinero de aproximadamente 50 alcaldes de Junín, Huancavelica y Pasco y de empresarios de la construcción, a cambio de beneficiar con financiamiento a los proyectos ediles y que fueran incluidos en la Ley de Presupuesto del 2021.

No obstante, tras los pagos, Combina no habría cumplido con su parte conforme a los acuerdos, lo que originó la ira de los alcaldes y empresarios implicados. Este sería el motivo real de su exilio en España, aunque él se defendía y sostenía que todo se trataba de una persecución política por parte del partido Perú Libre.

Ex congresista César Combina viajó a España para solicitar asilo político.

Sin embargo, luego Combina Salvatierra retornó al Perú y fue precandidato a la alcaldía de Lima Metropolitana, por Fuerza Popular (FP), ya que abandonó el país con un discurso de hostigamiento un año atrás.

En enero de 2022, César Combina anunció su precandidatura a la alcaldía de Lima con el partido Fuerza Popular.

César Combina responde que acusaciones en su contra son parte de un ‘acoso político’

El excongresista de APP se pronunció en su red social X y tildó la denuncia del fiscal de la Nación como parte del “acoso político” al que es sometido. “Lamento que coincidentemente la Denuncia Constitucional se haya elaborado de forma exprés y presentada el día que entregué 29,800 firmas ante el JNE para inscribir un movimiento político”, escribió Combina.

Lujos, caprichos, y excentricidades pagadas por todos nosotros. Tras el incremento del bono de función congresal, ahora el Congreso busca mejorar los servicios higiénicos de las instalaciones del Poder Legislativo bajo el pretexto de que “baños se encuentran atascados” y por eso se tiene previsto realizar un gasto de S/14.6 millones, según un informe realizado por el portal El Foco.

El citado medio reveló los documentos del proyecto de construcción, en el que se detalla la remodelación de los baños no solo del Palacio Congresal, sino también de los otros cinco edificios que conforman el complejo legislativo y los edificios de las oficinas de los congresistas.

Según lo detallado por el medio de investigación, de estos S/14.6 millones de soles invertidos en el proyecto “Servicio de acondicionamiento de los servicios higiénicos de los edificios del Congreso de la República”, S/10 millones estarán destinados a la remodelación en sí de los espacios de aseo; mientras que el resto, que corresponde a un total de S/4.6 millones, está presupuestado para pagar impuestos y gastos generales.

Según el informe, los espacios sanitarios serán implementados con inodoros, lavamanos y urinarios eléctricos en todos los establecimientos bajo la jurisdicción del Parlamento. Pero no solo eso, también se espera que estos sean implementados “mesas de mármol y granito, luces led y duchas en algunas zonas”. Estos productos son conocidos por su alto costo en el mercado debido a su acabado y puede llegar a costar cientos de soles el metro cuadrado y en este proyecto serán pagados con el dinero del mismo Estado, en una contratación que debería ser la menor posible.

Las modificaciones serán desplegadas en los edificios pertenecientes al Complejo Legislativo, el Palacio Legislativo y los edificios parlamentarios Fernando Belaúnde Terry, José Faustino Sánchez Carrión, Roberto Ramírez de Villar y Luis Alberto Sánchez; en los que se encuentran los despachos de los 130 congresistas.

Cabe recalcar que este proyecto fue uno más de los aprobados para ejecutar durante la gestión del expresidente del Congreso, José Williams Zapata, en el año 2022. Ello, debido a que, según el medio, Williams actualizó el “Proyecto de Infraestructura Inmobiliaria del Congreso de la República” en el que se agregaron otros polémicos proyectos como la clínica del Congreso y el nuevo centro de capacitaciones del Congreso en el exclusivo balneario de Santa María del Mar.

La bancada de Cambio Democrático-JP presentó una moción de orden del día con el objetivo de eliminar el reciente acuerdo (n° 118-2023-2024/MESA-CR) que aprobó la Mesa Directiva, que a partir de la segunda legislatura 2023-2024 otorgará a todos los congresistas una asignación por función parlamentaria de S/11.000 soles.

La iniciativa se da luego que la Mesa Directiva del Congreso de la República acordó aumentar la asignación por representación para los congresistas en más de tres mil soles.

Es decir, los 130 parlamentarios pasarán de recibir S/7,617.20 a S/11,000 por su función congresal; lo que constituiría un aumento de S/3.383 soles mensuales bajo ese concepto, para gastos como alimentación, transporte y alojamiento, entre otros.

Moción de orden del día presentada por la bancada de Cambio Democrático-JP.

En el texto del documento se lee: “Que, de implementarse esta medida, el monto que recibiría cada congresista mensualmente sería equivalente a 25 remuneraciones mínimas vitales”.

“Que la aprobación y confianza de la ciudadanía en el Parlamento se encuentra en sus números más bajos, a la vez que la pobreza, la vulnerabilidad económica, y la anemia infantil no hacen sino incrementarse, por lo que al Congreso le corresponde asumir esta realidad con austeridad y empatía con la ciudadanía y no con incrementos salariales para las y los congresistas de la nación”.

Finalmente, la bancada de Cambio Democrático-JP pidió dejar sin efecto el acuerdo n° 118-2023-2024/MESA-CR que dispone elevar con carácter retroactivo, la asignación por función congresal.

“Que a efectos de recuperar la confianza ciudadana es indispensable que la Mesa Directiva del Congreso dé marcha atrás en el mencionado acuerdo y/o proceda a llevarlo al Pleno del Congreso para los 130 congresistas decidan su ratificación o archivamiento”, concluye el documento de la moción.