La parlamentaria Isabel Cortez Aguirre, integrante de Cambio Democrático-Juntos por el Perú viajó a Huancavelica en enero del presente año, y aprovechó su visita para organizar las bases de su nuevo partido político ‘Partido Obrero del Perú’, reveló el informe de Panorama.

En el viaje, la acompañaron Elena Coopi y Florentina Quiroz, ambas del Sindicato de Trabajadores Obreros de Lima, quienes también promoverían la formación de la organización política.

La parlamentaria Isabel Cortez también acudió este año a Trujillo, región La Libertad en semana de representación para promover el nuevo partido, entre el 18 y 22 de marzo.

El principal asesor de la legisladora, Luis Zea, fue el encargado de separar en diciembre de 2023 la denominación del mencionado partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Yo a provincia voy a pedido de los sindicatos, ellos tienen sus problemas. La última semana de representación fui a Tumbes. Son los sindicatos son los que están formando sus bases”, admitió la congresista al dominical y aceptó que en algunos viajes de semana de representación llevaban el logo del partido en formación ‘Partido Obrero del Perú’.

Les bajan el tacón. El Poder Ejecutivo aprobó este último viernes 10 de mayo el Decreto Supremo N.º 009 -2024 -SA que patologiza las identidades LGBTIQ+ y otras formas de diversidad sexual, especialmente las personas trans.

En dicho decreto, publicado en el diario oficial ‘El Peruano’, el Ministerio de Salud (Minsa) incorporó la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE -10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Plan de Aseguramiento en Salud (PEAS).

De esta manera, los diagnósticos de la CIE-10 ahora se incluyen dentro de los trastornos mentales asegurados por el servicio estatal de salud. En dichos diagnósticos se mencionan las diversidades sexuales, tales como la transexualidad, el travestismo, la identidad de género, entre otros.

Argumentos del Minsa

A través de un comunicado, el Minsa aseguró que la reciente actualización era necesaria “para garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental”y que el CIE-10 se mantiene vigente en Perú “en tanto se inicie la implementación progresiva del CIE-11, tal como ocurre en otros países”.

Sobre los riesgos expuestos por las organizaciones LGBTI, aseguraron que ratifican su posición de que la diversidad de género y sexual no son enfermedades. “Expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual en el país”, indicaron.

Asimismo, reiteraron que la Resolución Ministerial n.°753- 2021/Minsa, “Orientaciones técnicas para el cuidado integral de la salud mental de la población adolescente”, establece que “la orientación sexual y la identidad de género de una persona no constituye en sí misma un trastorno de la salud física o mental y, por tanto, no deben ser sometidas a tratamiento o atención medica ni a las llamadas terapias de reconversión”.

Reacciones de la comunidad LGTBIQ+

La publicación de este decreto supremo ha generado rechazo en las redes sociales, especialmente entre activistas por los derechos LGBTIQ+.

“En pleno 2024, el Estado sigue guiándose del CIE-10 (1990), cuando ya existe el CIE-11, en donde la identidad trans, por ejemplo, ya no se considera una “enfermedad mental”. Esto significa un tremendo retroceso para los derechos de la comunidad LGBTIQ+, que por sí ya es una minoría tremendamente estigmatizada y desprotegida”, señaló la activista Caro Díaz en ‘X’.

“El problema es que (la identidad trans y travesti) esté en un manual que las catalogue como enfermedad. Ningún organismo científico serio considera ser una persona trans u homosexual como enfermedad”, mencionó, por su parte, la directora del colectivo Más Igualdad, Alexandra Hernández.

Desde que asumió como ministro de Educación, Morgan Quero ha estado actuando más como una especie de vocero defensor de la presidente Dina Boluarte, quien actualmente se encuentra en graves problemas por su oscura gestión y muy nerviosa por la reciente captura y detención de su hermano Nicanor Boluarte Zegarra y de su abogado Mateo Castañeda.

El 08 de mayo pasado, publicamos un artículo titulado “Morgan Quero ¿Ministro, abogado o escudero de Dina Boluarte?” donde se cuestiona el papel que viene desempeñando el ministro de Educación, pero, además, señalamos que según nuestras fuentes, teníamos conocimiendo que el ministro Morgan Quero desearía ser Premier y, por ello, lo estarían perfilando y voceando para eventualmente asumir la titularidad de la PCM en reemplazo de Gustavo Adrianzén.

En una comunicación que tuve con el ministro Morgan Quero, me hizo referencia al artículo líneas arriba mencionado, y sobre eso respondió: “No soy abogado, no soy escudero. Cuando me preguntan respondo de todo”.

Además, evidentemente incomodo por lo que se había publicado sobre su posible designación como Presidente del Consejo de Ministros, señaló: “Es absolutamente falso que desee ser Premier. Espero que puedas corregir eso. Nunca he pedido ningún cargo. Me siento muy honrado de estar en el MINEDU”.

Esta fue la aclaración del ministro de Educación y cumplimos con publicarlo. Pero también queremos hacer una pregunta a la presidente de los Rolex, Dina Boluarte, ¿Quién reemplazá al Premier Gustavo Adrianzén si presenta su renuncia?

La fiscal suprema especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, Delia Espinoza Valenzuela pidió al Poder Judicial que se levante el secreto de las comunicaciones de la suspendida fiscal Patricia Benavides Vargas, de un grupo de congresistas y de jueces implicados en el caso que se le sigue por ser cabecilla de una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público.

Además, se le investiga por el presunto canje del archivo de investigaciones penales contra parlamentarios, a cambio de votos en temas de su interés político. También se le cuestiona la presunta recepción de sobornos, a cambio de dirigir licitaciones en la Fiscalía.

El pedido fiscal se remitió al despacho del juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley, quien en los próximos días convocará a una audiencia virtual «reservada» para evaluarla.

La solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones abarca también a Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, así como al exministro Hernán Garrido Lecca y al fiscal Elmer Ríos Luque.

La exfiscal Benavides fue sometida a una intervención quirúrgica el pasado martes 7 de mayo y actualmente se encuentra internada mientras enfrenta un proceso pendiente en la Junta Nacional de Justicia que podría resultar en su destitución.

Tras varias horas de allanar la vivienda de Nicanor Boluarte ubicada en el distrito de San Borja, el operativo concluyó y se procedió a su traslado a la sede de medicina legal.

Al salir de forma accidentada, debido a la masiva presencia de los periodistas, y ante las preguntas de la prensa, el hermano de la presidenta de la República negó todas las imputaciones e insistió en su inocencia, ante las acusaciones de tráfico de influencias.  Mientras era escoltado por la policía, declaró no tener vínculos con los hechos que se le imputan.

Según la tesis de la Fiscalía, el caso de ‘Los Waykis en la Sombra’, se basa en la existencia de una organización criminal, que sería liderada por el hermano de la mandataria.

Además, se ha impuesto una prohibición de comunicación con los otros detenidos y se ha ordenado levantar el secreto bancario y de comunicaciones de Boluarte y otros veintiún investigados.

Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta detenido y conducido por agentes policiales.

Hermana de Nicanor y de la presidenta Dina Boluarte pidió respeto  

La hermana de la presidenta Dina Boluarte también se pronunció, pidiendo respeto y transmitiendo fortaleza a su hermano.

“No puede ser posible que traten así a los ciudadanos. Damos mucha fortaleza a mi hermano, la persona honesta es así, que enfrenta”, se le escucha decir. 

Cabe precisar que el Poder Judicial, en el marco de la operación ‘Valkiria Jericó’ por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, ordenó la detención preliminar de Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado.

También se encuentra en la lista Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, abogado de la presidenta. Asimismo, allanaron 26 inmuebles, e incautaron bienes tecnológicos y se autorizó judicialmente el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones con el fin de visualizar y extraer información de sus teléfonos móviles, tabletas, computadoras, laptops, USB’S y disco duros externos.

El Pleno del Congreso de la República aprobó la moción de interpelación contra la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, por haber aprobado un decreto legislativo referido a la concesión del agua. Con 52 votos a favor, 33 en contra y 12 abstenciones se admitió el pedido.

La moción fue presentada por el congresista Ilich López, por lo que la ministra deberá acudir al Congreso a responder el pliego interpelatorio el próximo viernes 17 de mayo las 10:00 de la mañana.

Por su parte el legislador López explicó por qué se dio la moción de interpelación, e indicó que los ciudadanos quieren saber las condiciones de la concesión del servicio de agua que plantea la norma y cuáles son las diferencias entre una concesión y una privatización.

“La ministra debe responder qué significa el artículo 3°, donde dice que el agua es inalienable, pero, sí es así, ¿por qué se concesiona?, ¿eso implicará un alza en el servicio de agua?, se preguntó.

La interpelación se dará, a diferencia de la que el Legislativo rechazó en marzo, contra la ministra Hania Pérez de Cuellar, por presunta desaparición de fondos y reporte de inconsistencias en el sector Vivienda.

Moción de interpelación cuestionará el término “concesión de agua”

Ilich López anunció que Hania Pérez de Cuéllar deberá detallar cuáles son las implicancias en el Decreto Legislativo N° 1620, el cual, cuenta con el término “concesión del agua”. Además, advirtió que la autoridad deberá responder por cuántos años se realizaría esta presunta concesión del servicio básico. El pliego interpelatorio cuenta con 13 preguntas que básicamente abordarán, los recibos que pagan los ciudadanos por el servicio de agua potable.

Hania Pérez de Cuellar niega que Sedapal sea privatizado

La titular de Vivienda, constantemente se ha presentado en diversos medios de comunicación para negar que el Gobierno de Dina Boluarte privatizará la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y en respuesta anunció que solo la darán en concesión. ¿Acaso eso no es privatizar?

Hoy, la presidenta de la Republica Dina Boluarte participó en la ceremonia de inauguración del Seminario Internacional: Constitución, Política, Democracia y Valores Institucionales”, desarrollado en la sede del Ministerio de Cultura y dijo que cree en la justicia del país y en la responsabilidad de quienes la administran. Y agregó con un rostro adusto, que no se distraerá con asuntos menores.

“No nos vamos a distraer con asuntos menores; creemos en la justicia en el país, creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país y en esa línea este gobierno seguirá apostando por la democracia, por respetar nuestra Constitución y por hacer más grande nuestra patria”, afirmó la mandataria.

Estas declaraciones las dio mientras su hermano Nicanor era capturado y detenido de modo preliminar por un plazo de 10 días, junto a su abogado defensor Mateo Castañeda, por presuntamente liderar una organización criminal, tras la diligencia del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), en una operación conjunta con la Diviac, denominado ‘Valquiria Jericó’, y que se dio inicio desde las seis de la mañana de hoy con el allanamiento y descerraje de las viviendas de 22 involucrados en el caso conocido como ‘Los Waykis en la Sombra’.

De acuerdo con la resolución del Poder Judicial, Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros seis implicados (José Luis Ortiz Morreros, Noriel Chingay Salazar, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino y Edwin Walter Ugarte Nina) deberán cumplir con la detención preliminar, además de permanecer incomunicados.

Dina Boluarte afirmó que sin descanso revertirá la pobreza

Asimismo, la mandataria aseguró que revertirá las cifras de pobreza reportadas por el INEI.

“Desde el Gobierno seguiremos defendiendo la democracia, la gobernabilidad, la institucionalidad y el orden constitucional, y, sin descanso ni distracciones de ningún tipo seguiremos doblegando nuestros esfuerzos a fin de revertir los números adversos referidos a la pobreza y pobreza extrema que ha reportado el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)”, enfatizó.  

Boluarte Zegarra, trató de evadir las responsabilidades de su gestión de gobierno, e indicó que las causas de dicho informe de extrema pobreza se deben a que el país vivió una convulsión política y social en diciembre de 2022, y en enero y febrero de 2023.

“Las cifras económicas de esta convulsión política, de casi 500 manifestaciones todas ellas violentas, económicamente han sido más fuertes que la pandemia del Covid-19, luego, tuvimos el problema del Yaku y demás eventos como consecuencia de ello”, concluyó.

No cabe duda que la “madre de todos los peruanos” pasará este domingo un amargo Día de la Madre, luego que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) detuviera esta mañana, de manera preliminar, a su hermano mayor Nicanor Boluarte, así como al abogado de esta, Mateo Castañeda.

En una operación conjunta entre la Diviac y el Eficcop, denominado ‘Valquiria Jericó’, se dio inicio de las seis de la madrugada de hoy con el allanamiento y descerraje de las viviendas de 22 involucrados en el caso conocido como ‘Los Waykis en la Sombra’.

Durante la orden de allanamiento autorizada por el Poder Judicial (PJ) se detuvo preliminarmente por un plazo de 10 días al hermano de la jefa de Estado, así como al abogado de ella, Mateo Castañeda.

De acuerdo con la resolución del PJ, Boluarte, Castañera y otros seis implicados (José Luis Ortiz Morreros, Noriel Chingay Salazar, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino y Edwin Walter Ugarte Nina) deberán cumplir con la detención preliminar, además de permanecer incomunicados.

“Declarar fundado el requerimiento presentado por el representante del Ministerio Público, sobre detención preliminar judicial incomunicada de 8 investigados hasta por el plazo máximo de diez días naturales”, señala el documento.

En el operativo ‘Valkiria Jericó’ se encuentran comprendidos 22 investigados, desarrollándose simultáneamente en los departamentos de Lima, San Martín, Cajamarca, Junín y Apurímac. Para ello, 28 fiscales participaron de las diligencias de descerraje e incautación que incluyen ambientes abiertos y cerrados, registros vehiculares, incautación de bienes inmuebles y aparatos electrónicos como celulares, laptops y otros dispositivos.

Asimismo, el juez Richard Concepción Carhuancho autorizó el levantamiento secreto de las telecomunicaciones para visualizar y extraer información de sus teléfonos móviles, tabletas, computadoras, laptops, USB y disco duros externos de los investigados.

El Eficcop realizó un cuadro informativo donde se incluyen los nombres de los 22 involucrados, donde aparece en lo más alto el nombre de Nicanor Boluarte:

¿De qué se le acusa a Nicanor Boluarte?

De acuerdo a la tesis fiscal, Nicanor Boluarte utilizó el “poder de facto otorgado por su hermana” e instrumentalizó el aparato estatal de las prefecturas, y subprefecturas provinciales y distritales en los departamentos de San Martín, Cajamarca, entre otros, para obtener dádivas económicas a través de la designación de prefectos y subprefectos. Además, estos funcionarios habrían sido obligados a recolectar firmas para la inscripción de su partido, Ciudadanos por el Perú, ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Abogado de Dina Boluarte habría querido obstaculizar la investigación de la fiscal Marita Barreto que seguía contra su hermano

Siguiendo la tesis fiscal, el abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, también formaría parte de la presunta organización criminal al querer obstaculizar las investigaciones de la fiscal Marita Barreto al concertar un encuentro con el agente “René” en el restaurante ‘Pescados Capitales’, ubicado en la avenida La Mar, distrito de Miraflores, el pasado 14 de marzo, con la única intención de archivar la investigación contra Nicanor Boluarte Zegarra.

Para ello, habría ofrecido a los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano beneficios ilícitos por parte del Gobierno como ascensos y protección desde la vía judicial.

Sin embargo, debido a que no logró ninguno de sus objetivos, Mateo Castañeda habría concertado con “la máxima autoridad de la FF. AA.” y la Policía para “defenestrar al Equipo Especial de la PNP en apoyo al Eficcop”, suspendiendo de su puesto al coronel Colchado el 11 de abril del año en curso.

Mutis total de Dina Boluarte

Ocurridos todos estos hechos desde tempranas horas, a la jefa de Estado, Dina Boluarte, se le vio durante la ceremonia de inauguración del Seminario Internacional Constitucional Política, Democrática y Valores Institucionales, realizado en la sede del Ministerio de Cultura, con un rostro adusto.

“No nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país, creemos en la razonabilidad de las personas que administran la justicia de nuestro país”, señaló al final de su discurso.

Finalmente, la mandataria se retiró del acto oficial sin brindar ninguna declaración a la prensa.