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Política

Gobierno de Vizcarra gastó más de S/. 1,000 millones en órdenes de servicios

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Si bien, en el quinquenio del presidente Ollanta Humala se decretó la Ley de Contrataciones Nº 30225 que definía las condiciones para contratar con el Estado, en el gobierno de Martín Vizcarra se aprobó el Texto Único Ordenado Decreto Supremo Nº 082-2019-EF. Y hoy podemos vislumbrar que el actual régimen aprovechó cada texto de los preceptos de esta ley para asegurar miles de órdenes de servicios que favorecieron hasta por S/. 1,100 millones de soles a los amigos del círculo cercano de Palacio de Gobierno.

En teoría, la finalidad de la ley señala que las contrataciones de servicios deben permitir el cumplimiento de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Y entre sus principios se resalta la libertad de concurrencia, porque se promueve el libre acceso y participación de los proveedores debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. También se hace referencia a una igualdad de trato, porque queda prohibida la existencia de privilegios o ventajas, así como la transparencia absoluta. Asimismo, se habla de equidad porque dizque se debe guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad. Es decir, hay toda una verborrea que se ufana de ética, pero que suena inverosímil y que incluso advierte que para contratar con el Estado existen muchas oportunidades porque está garantizada la transparencia y la probidad.

No se puede hablar de transparencia cuando hoy se ha descubierto que hay otros miles de Richard Swing que han realizado un festín económico en varios ministerios del gobierno.

Richard Cisneros Carballido.

En esa línea, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el que lidera el ranking del derroche porque ha desembolsado la enorme suma de S/. 436`500,966 millones desde 2018 hasta julio de este año para contratar a funcionarios a dedo, así como innumerables órdenes de servicios. Le sigue el Ministerio de Educación, al mando del cuestionado Martín Benavides que ha derrochado S/. 422`209,076 millones para colocar en puestos de trabajos a los amigos del entorno presidencial. Y como ya es habitual, el Ministerio de Cultura que no solo albergó a un coach sapiencial motivacional como Richard Cisneros Carballido, sino, a otros “proveedores de servicios” por un total de S/.129`998,685 millones. Pero el Ministerio de Vivienda tampoco se quedó atrás, porque realizó un desembolso de S/. 113`277,260 millones para favorecer órdenes de servicios desde 2018 hasta julio de 2020.

Asimismo, el Despacho Presidencial desde julio de 2018 hasta julio de este año destinó S/. 5`276,734.61 millones para contratar a personas naturales sin mayores filtros. De la misma forma Petroperú gastó S/. 6,476,188 millones en ese tipo de contrataciones por cifras menores a 8 UIT con el objetivo de evadir los procesos de selección.  

Ahora bien, en toda esta lluvia de millones de contrataciones destinadas a los amigos del entorno presidencial existe un patrón común que ha sido la clave para que los mandamases de los ministerios hayan otorgado órdenes de servicios; prescindiendo así de licitaciones públicas, concurso público, y comparación de precios.

Aquel punto en común que sirve como la llave que abre todas las puertas del Estado, obedece a dos métodos de contrataciones que se denominan contratación directa y selección de consultores individuales.

Precisamente, en los últimos dos años los ministerios han realizado esas dos modalidades, porque la ley de contrataciones ahora permite realizar órdenes de servicios de forma directa sin concurso, ni licitación en caso que el servicio de cada proveedor no sobrepase las 8 UIT que son equivalentes a S/. 34,400 soles. Es decir, esas órdenes de servicios han sido utilizadas a la medida de los “proveedores” de turno.

Ante ello cabe la pregunta ¿Por qué cada orden de servicio de Richard Swing no sobrepasó los S/. 34,400 soles? Justamente, su contratación más costosa ascendió a S/. 33,400 y ésta se dio antes que empezara la cuarentena el 12 de febrero de este año; es decir, fue menor que el monto de ocho Unidades Impositivas Tributarias y al no sobrepasarlas simplemente todo quedaba en conformidad. En ese sentido, la consigna siempre fue que los montos de los contratos sean menores de 8 UIT.  

Aquí el articulo de la ley de contrataciones que ha coadyuvado a que se realicen órdenes de servicios con montos menores de ocho Unidades Impositivas Tributarias:

Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del OSCE

5.1 Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley:

a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción.

Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco.

En resumidas cuentas, han utilizado inadecuadamente las normas de contrataciones con el Estado para favorecer con puestos de trabajos a parientes de funcionarios cercanos al despacho presidencial, así como a allegados del gobierno para evadir la Ley Servir que es la que regula y fiscaliza al empleado público. 

Entre tanto, hace unas semanas la Comisión de Fiscalización del Congreso citó al mandatario para que responda por las extrañas órdenes de servicios de personajes como Richard Swing, así como, por otras contrataciones de gente ligada a su entorno de confianza más cercano. Sin embargo, éste se negó a asistir y dio una conferencia de prensa donde afirmó que responderá a todos los cuestionamientos sobre el caso del coach sapiencial motivacional con un ánimo de transparencia y también esbozó que su gobierno no tiene nada que esconder y aprovechó para pedir que el Congreso no se enfoque en un solo contrato; sino, en las otras 40 mil ordenes de servicios que existen en el ministerio de Cultura. No obstante, agregó que sus respuestas las iba a hacer por escrito porque consideró que no tenía la obligación de hacerlo presencialmente.

Finalmente, la Comisión de Fiscalización del Congreso ya emitió un informe preliminar que revela que, entre los ministerios de Transportes, Educación, Cultura, y Vivienda se ha gastado más de S/.1,100 millones en contrataciones que han sido diseñadas a dedo a la medida de los supuestos beneficiados y que desde el punto de vista administrativo no se habría utilizado adecuadamente la ley y que más bien se incidió indiscriminadamente en órdenes de servicios de personas naturales con montos menores de ocho UIT, para evadir de esa forma el debido proceso, a través de términos de referencias (TdR) insustentables.

Lo cierto es que esto terminará muy mal… tarde o temprano, pero terminará muy mal.      

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

Política

El negocio de las armas: una alianza oscura tras FAME

Una reunión en un restaurante de Miraflores reveló un negocio oscuro en el que se mezclan poder político, negocios de armas y funcionarios públicos

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El 21 de febrero, se realizó una reunión clandestina en Miraflores. Este encuentro, realizado inmediatamente después de la salida discreta de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, involucró a figuras clave vinculadas al comercio de armamento en el país. Cuarto Poder mostró imágenes de la reunión que involucra a tres personajes claves.

Jorge Garboza, director de la ONG «Las manos que ayudan de corazón» y señalado como intermediario de Nicanor Boluarte, Paulo César Zevallos Rivarola, gerente temporal de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), y el empresario Diego Alfaro Di Natale, conocido por su relación con el proveedor de armas israelí IWI, se reunieron de manera casual en un restaurante en Miraflores.

Lo que parecía un encuentro sin mayores implicancias pronto dejó claro que las piezas del negocio comenzaban a encajar. En una conversación de tono confiado, Garboza relató su encuentro con Nicanor, mientras que Alfaro actuaba como puente entre Garboza y Zevallos. El objetivo de la reunión era claro: asegurar que Zevallos obtuviera el nombramiento definitivo como titular de la Gerencia Comercial de FAME, lo que finalmente ocurrió el 1 de marzo.

FAME, la empresa estatal encargada de la fabricación y comercialización de armas para el Ejército y la Policía Nacional, ha sido objeto de controversia. En 2024, la Contraloría detectó irregularidades en la compra de fusiles de la empresa israelí IWI, con la que FAME mantiene contratos millonarios. Sin embargo, el encuentro en el restaurante dejó en evidencia cómo estos contratos parecen estar entrelazados con favores políticos y empresariales.

La relación de Diego Alfaro con IWI es crucial, ya que representó a la empresa que vendió al Perú 10,000 fusiles ARAD7 por 23 millones de dólares. Mientras tanto, FAME, en sociedad con IWI, ha firmado acuerdos millonarios con el Estado para proveer armamento a la policía, incluida una transacción de 19 millones de dólares.

Más allá de la reunión en el restaurante, otros encuentros entre los involucrados, como las visitas previas de Alfaro a Zevallos en su despacho y su viaje a España en 2024, apuntan a una conexión más profunda, que no solo involucra negocios, sino también posibles implicaciones legales, ya que varios de los participantes enfrentan investigaciones fiscales.

El encuentro de 15 minutos, aunque fugaz, tuvo consecuencias inmediatas. El pedido hecho durante la conversación se materializó con la designación de Zevallos como titular de FAME, lo que demuestra cómo, en el corazón de este negocio de armas, las decisiones claves se toman en espacios ajenos a una institución, y lejos de la mirada pública.

La falta de respuesta por parte de FAME y de los involucrados deja una sombra de impunidad, mientras el país enfrenta una crisis de confianza en sus instituciones. En reuniones clandestinas, donde los intereses políticos y económicos se entrelazan, se define el destino de cargos clave, bajo la influencia del poder presidencial.

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Política

Patricia Muriano contó todo sobre el oscuro gobierno de Dina Boluarte

El Secretario General de Palacio de Gobierno involucrado en las presuntas firmas falsas. La información brindada por Muriano Peralta podría acabar con el gobierno de Dina Boluarte.

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La situación de la presidenta Dina Boluarte se ha vuelto cada vez más insostenible. En los últimos días, su amiga de confianza y exasistente presidencial, Patricia Muriano, ha comenzado a delatarla, lo que podría llevarla a enfrentar graves consecuencias legales. La excolaboradora de la mandataria ha comenzado a colaborar con la Fiscalía desde Estados Unidos, confirmando hechos clave que podrían marcar el fin del gobierno de Boluarte.

Uno de los factores que más resuena en el Palacio de Gobierno es la figura de Patricia Muriano. Según su testimonio ante la Fiscalía, Muriano ha confirmado que la presidenta se sometió a una cirugía estética en junio de 2023 y que, durante su recuperación, se falsificaron firmas en varios Decretos Supremos. Esta información ha causado gran revuelo, ya que, según Muriano, la mandataria estaba incapacitada para ejercer funciones en ese período, sin embargo, se firmaron al menos tres decretos durante su reposo.

Un aspecto crucial en la investigación es la misteriosa «puerta 6» de Palacio de Gobierno. Este acceso, que no tiene ningún tipo de registro ni control, fue utilizado por varias personas cuya entrada no quedó registrada en los documentos oficiales. Entre ellas se encontraría Ney Guerrero Orellana, un conocido productor televisivo, quien habría ingresado por este portón sin que nadie pudiera confirmar su presencia. Este acceso sin control genera sospechas sobre las actividades que se habrían realizado detrás de esas puertas, sin dejar evidencia alguna.

Cuarto Poder confirmó la visita de Ney Guerrero.

Muriano, quien tenía la responsabilidad de garantizar que los salones de reuniones estuvieran «libres de chuponeos», también podría tener información valiosa sobre otras irregularidades. Según su círculo cercano, la exasistente fue la encargada de filtrar estos salones y evitar cualquier tipo de grabación de conversaciones.

Pero el impacto de Muriano va más allá de las cirugías estéticas de la presidenta. Durante su testimonio, ha hablado sobre la falsificación de firmas en los decretos emitidos mientras Dina Boluarte estaba en recuperación. Estos decretos son claves en la investigación, ya que incluyen temas como la alimentación saludable y el estado de emergencia en varios distritos. Además, en ese mismo período se firmaron resoluciones supremas y actas de consejos de ministros que presentan diferencias evidentes en las firmas, lo que refuerza la sospecha de falsificación.

Patricia Muriano, quien fue una de las personas más cercanas a la presidenta, comenzó a distanciarse de ella a finales de 2023, a raíz de un aumento en la desconfianza. En diciembre de ese año, Muriano presentó su renuncia, pero esta fue rechazada. En marzo de 2023, finalmente dejó su cargo y, desde ese momento, ha decidido contar todo lo que sabe. Aunque le pidieron que no hablara con nadie, ha decidido colaborar con la justicia desde su refugio en Estados Unidos.

La situación legal de Dina Boluarte se complica a medida que nuevos detalles salen a la luz, y la figura de su exasistente Patricia Muriano parece ser clave en la resolución de este escándalo. Con la colaboración de Muriano, la Fiscalía podría abrir nuevos frentes de investigación, lo que pone en riesgo el futuro político de la presidenta. En los próximos días, se esperan más revelaciones que podrían llevar a Boluarte a enfrentarse a un juicio y, posiblemente, a la cárcel.

El desenlace de este caso sigue siendo incierto, pero lo que parece claro es que la confianza en la presidenta se ha desmoronado, y la verdad detrás de la «puerta 6» y los Decretos falsificados podría ser el golpe final a su gobierno.

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Política

Nuevo escándalo en Condorcanqui: Subprefectos y un ministro de Educación en medio de irregularidades

Tras la denuncia de violaciones masivas de niñas y adolescentes de los grupos étnicos Wampís y Awajún, aparece un nuevo caso que involucra al Ministerio de Educación y al Ministerio de Interior en la región Amazonas.

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Por Leonardo Serrano Zapata

En medio de la crisis educativa que vive Condorcanqui (Amazonas), nuevas denuncias salpican al actual Subprefecto Provincial, Romer Orrego Ikam. Según documentos oficiales y testimonios a los que se tuvo acceso, Orrego estaría presuntamente apoyando al Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado «San Marcelo» para operar de manera irregular en las sedes de Nieva y El Cenepa.

Esta institución, dirigida por los hermanos Rosales, ha estado ofreciendo formación docente sin contar con las autorizaciones necesarias. Según la Resolución Directoral N.º 00085-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD-DIFOID y el reciente Oficio N.º 00130-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD, esta institución «no cuenta con licenciamiento ni con filial autorizada por el Ministerio de Educación».

El 12 de noviembre de 2024, mediante Oficio N.º 02302-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID dirigido al propio Orrego Ikam, el MINEDU estableció categóricamente que: «El Instituto de Educación Superior Pedagógica privado ‘San Marcelo’ no cuenta con autorización para brindar servicios en un lugar distinto al de su local ubicado en el distrito de San Miguel, provincia y región de Lima, ni para brindar servicios educativos bajo la modalidad a distancia».

El caso llegó incluso al Congreso de la República. El legislador Guido Bellido Ugarte, mediante Oficio N° 1175-2024-2025-GBU/CR del 12 de diciembre de 2024, solicitó información al MINEDU, quien confirmó la irregularidad del IESP «San Marcelo» en su Informe N° 00040-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID del 17 de enero de 2025.

La gravedad del caso aumenta tras la difusión de un audio en redes sociales el pasado 10 y 11 de marzo de 2025. Según el denunciante Luis Chigkim Catip, en dicha grabación se escucharía al Subprefecto Orrego Ikam negociando el retiro de una denuncia contra los hermanos Rosales por presuntamente intermediar en la apertura de sedes no autorizadas. En el audio, Orrego habría sugerido reducir de 5,000 a 2,000 soles el monto solicitado para desistir de la denuncia por presunta estafa.

Cabe recordar que Romer Orrego Ikam, quien defendió públicamente al Ministro de Educación Morgan Niccolo Quero Gaime en junio de 2024, fue designado como Subprefecto poco después, reemplazando a María Clarivel Huaman Jintach, quien fue sentenciada por solicitar pagos indebidos para el otorgamiento de garantías personales.

Como consecuencia de esta situación irregular, decenas de estudiantes que confiaron en esta institución han quedado en el limbo, ya que, según la normativa vigente, «el marco normativo que rige la trayectoria académica en la Formación Inicial Docente no admite regularizaciones». 

Acta de firmas de denuncia Subprefecto.

Un acta del Juez de Paz de Condorcanqui, con participación del Comandante PNP William Herrera Cotera, muestra que ya existe un «pedido de destitución del señor Subprefecto ROMER ORREGO IKAM por haber pruebas contundentes sobre la negociación y estar involucrados directamente con el Instituto San Marcelo». Este documento hace referencia al aparente vínculo con Gilmer Nilton Rosales Sánchez, quien fue candidato por Fuerza Popular a la Alcaldía de Condorcanqui en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Es urgente que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio del Interior se pronuncien sobre estas graves acusaciones. Mientras tanto, en una región que sufre por la falta de profesionales docentes calificados en EIB, el Subprefecto anuncia que la atención de su despacho será virtual, limitando aún más el acceso a servicios gubernamentales en esta apartada provincia amazónica.

Por parte del ministro de Educación Morgan Quero existe un gran silencio. Por otro lado, ministro Diaz Zulueta, los ciudadanos necesitamos muestras de transparencia y lucha concreta contra la corrupción. No cometa el error del ex ministro Santiváñez que con la RM N° 1066-2024-IN de fecha 16 de agosto de 2024, decidió absolver a la ex subprefecta de la Provincia de Condorcanqui Rosemary Pioc Tenazoa, con la excusa de que se perdió el expediente de la denuncia. ¡El colmo!

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Política

Colegio Médico del Perú investiga a cirujano Mario Cabani por presunto intercambio de favores

El CMP inició investigación ética y disciplinaria en contra de Mario Cabani, cirujano de la presidenta Dina Boluarte porque habría gestionado puestos en entidades del Estado para personas allegadas a cambio de cirugías estéticas realizadas en su clínica.

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El Colegio Médico del Perú (CMP) ha iniciado de oficio una investigación ética y disciplinaria contra Mario Cabani Ravello, cirujano estético de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, por presuntas irregularidades en su práctica profesional y por ende por incumplir las normas deontológicas que rigen el ejercicio de la profesión médica en Perú.  

Comunicado Oficial del CMP n.° 31-2025, que anuncia investigación a Cabani.

Esta investigación surge tras la publicación de un informe que en los medios de comunicación difunde documentos y correos electrónicos en el que se indica que el cirujano plástico habría solicitado puestos en el Estado para personas de su confianza y entorno, tras realizar intervenciones quirúrgicas a la mandataria Dina Boluarte.

Según el comunicado oficial del CMP N° 31-2025, el caso será evaluado por su comité ético, el cual analizará si Cabani Ravello incurrió en faltas deontológicas, específicamente relacionadas con el principio de imparcialidad y la conducta profesional en su relación con la presidenta. Si se encuentran irregularidades, podrían aplicarse sanciones disciplinarias al cirujano.

Este caso ya se encuentra en investigación preliminar en el Ministerio Público y ha cobrado más relevancia, tras la difusión de dos audios y de un correo electrónico, en el que Cabani Ravello habría solicitado a la exsecretaria personal de Boluarte Zegarra, Patricia Muriano Peralta, cargos en diversas entidades estatales, como EsSalud y PromPerú, para allegados suyos.

El doctor Mario Cabani ya empezó a hablar en Fiscalía, contra Dina Boluarte.

Exsecretaria Patricia Muriano declaró ‘virtualmente’ ante Fiscalía sobre cirugías de Dina Boluarte

Finalmente, la exsecretaria de la presidenta de la república Dina Boluarte, Patricia Muriano Peralta, si bien no llegó a aterrizar a suelo peruano, procedente de Estados Unidos para declarar presencialmente ante el Ministerio Público por el caso denominado ‘cirugías’; de todas maneras, realizó la diligencia y lo hizo de manera virtual ante el fiscal supremo Hernán Mendoza quien investiga el caso de las intervenciones quirúrgicas de la mandataria. Durante la comunicación en línea, Muriano Peralta ofreció detalles sobre las operaciones estéticas a las que se sometió Boluarte Zegarra en 2023.

Muriano Peralta no solo coordinó las consultas con el cirujano plástico Mario Cabani, encargado de realizar los procedimientos estéticos, sino que también tiene datos específicos sobre el financiamiento de dichas intervenciones.

En la diligencia virtual la exsecretaria de la presidenta Dina Boluarte confirmó detalles de la rinoplastia y otros procedimientos estéticos que la presidenta se realizó el año pasado. Asimismo, corroboró un audio que reveló la relación entre ambas, así como la posible manipulación de la historia clínica de Boluarte Zegarra. También, habría revelado que la jefa de Estado habría permanecido dos días hospitalizada en la clínica Cabani.

Patricia Muriano empezó a declarar ante Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones, Mario Cabani habría realizado al menos cinco procedimientos quirúrgicos a Dina Boluarte en el año 2023, entre los cuales se destacan una rinoplastia y una abdominoplastia. Asimismo, la clínica del doctor Cabani, ‘Cabani Health’, entregó a la Fiscalía documentos relacionados con las operaciones, incluidos correos electrónicos y cartas notariales que exigirían el pago de los procedimientos.

Un detalle que ha generado suspicacias, es la falta de facturas y la ausencia de la historia clínica de la presidenta de la República, la cual, según Muriano Peralta, habría sido retirada personalmente por Boluarte Zegarra.  

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Política

Teniente alcalde de Chorrillos recibió ‘fajo de dinero’ para presunta coima a tribuno del JNE [VIDEO]

A través de un video se capta al primer regidor de Alianza para el Progreso (APP) Richard Cortez Melgarejo recibir una fuerte cantidad de billetes en una reunión privada. Tras la propalación del audiovisual, el Consejo Municipal lo encaró y lo suspendió. Asimismo, el alcalde Fernando Velazco, le dijo: «Vas a responder ante la Fiscalía».

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El Municipio de Chorrillos, a través del Concejo Municipal, fue escenario de un escándalo tras la difusión de un video en el que se observa al teniente alcalde de las filas de Alianza para el Progreso (APP), Richard Cortez Melgarejo, recibiendo fajos de dinero, en medio de una reunión privada.

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal, el alcalde Fernando Velazco presentó el material audiovisual ante los regidores y vecinos. En el video, Cortez Melgarejo discute sobre un proceso de vacancia y menciona contactos con miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Chorrillos, del jueves 27 de marzo.

En el audiovisual que se expuso frente a los 13 regidores que conforman el Concejo Municipal y algunos ciudadanos del distrito, el teniente alcalde de Alianza Para el Progreso (APP) intenta persuadir a su interlocutor para que le brinde un “apoyo económico” en lo que denomina una “línea de confianza con proyección al futuro”. Asimismo, Cortez Melgarejo habla sobre el proceso de vacancia aparentemente ‘obstruido’ en alguna instancia del JNE, y las soluciones que le encuentra a este trámite.

«Lamentablemente, este jurado está un poco desprestigiado. Entonces, estas situaciones, de cuestión de interpretación se manejan de otra forma. Yo he buscado la forma de contactarme con alguno de los cinco tribunos para así evitar que, al final, algún intermediario me termine engañando o mintiendo. A través del doctor Acevedo he logrado contactarme con uno de los tribunos. He tenido una conversación directa, seria y concisa. Para mí, es una batalla que voy a ganar», expresa el teniente alcalde en la conversación con uno de los presuntos ‘aportantes’.

El interlocutor le termina dando una ‘inicial’ pecuniaria a Cortez Melgarejo: «Toma, te estoy dando 5 (mil soles). Una señal de buena voluntad. A más tardar, mañana te estoy dando 35 (mil soles)».

Posteriormente, en otra parte del video, que recopila varias grabaciones, Richard Cortez Melgarejo influye en otra persona, a la que revela, conoció a través de un tercero al que llama ‘Tejada’, para que se sume a la recolección de fondos que, según exclama, ya tiene acumulado 150 mil soles. En seguida, este nuevo ‘aportante’ le da un nuevo fajo de billete, Cortez Melgarejo cuenta la suma y lo mete a su bolsillo.

Concejo Municipal lo suspendió

Tras observar las reveladoras imágenes, los demás integrantes del Consejo Municipal increparon fuertemente a Richard Cortez Melgarejo por su presunto acto de corrupción y anunciaron la suspensión de sus funciones por contravenir los principios éticos de la función pública. Tras conocer dicha decisión, el teniente alcalde trató de defenderse, pero terminó protagonizando una fuerte discusión con el alcalde de Chorrillos Fernando Velazco, y tras abandonar la sesión, la autoridad edil le dijo: «Vas a responder ante la Fiscalía».

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Política

‘Renovación Popular’ defiende a ‘Fuerza Popular’ y rechaza a Fiscal de la Nación por pretender su cancelación

A través de un comunicado, el partido ‘celeste’ de propiedad de Rafael López Aliaga se solidariza con el partido de Keiko Fujimori, debido a la disposición de la fiscal Delia Espinoza, que podría determinar la extinción del partido ‘naranja’ y el de Carlos Álvarez, ‘País para Todos’.

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El partido político de Rafael López Aliaga, ‘Renovación Popular’, se pronunció con respecto a la medida dispuesta por la Fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela, y rechazó que busque declarar la ilegalidad de las organizaciones políticas ‘Fuerza Popular’ y ‘País para Todos’. Mediante un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) exhortaron a Espinoza Valenzuela a «avocarse a su función» y no utilizar políticamente sus facultades fiscales. Asimismo, el (CEN) indicó que aquello solo interferiría en el proceso electoral convocado.

Renovación Popular, mediante sus redes sociales, compartió el comunicado oficial, en donde expresó su rechazo ante lo establecido por la mandamás del Ministerio Público.

Comunicado del CEN de Renovación Popular.

Fiscalía inició diligencias por denuncia de ilegalidad contra dos partidos políticos

Como se sabe, último jueves 27 de marzo, la Fiscalía inició diligencias contra los partidos ‘Fuerza Popular’ y ‘País para Todos’, por presuntamente haber incurrido en «conductas antidemocráticas».

Según el artículo 14 de la Ley n.º 28094 – Ley de Organizaciones Políticas, la Corte Suprema, a pedido del fiscal de la Nación o defensor del Pueblo, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos, siendo los siguientes:

1- Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos.

2- Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que, para la consecución de fines políticos, practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera.

3- Apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo Y/o el narcotráfico.

Artículo 14° de la Ley n.º 28094 – Ley de Organizaciones Políticas.

‘Renovación Popular’ exige a Delia Espinoza que se avoque a sus funciones.

«RP manifiesta el rechazo rotundo a la utilización política de la facultad de investigar que tiene la fiscal de la Nación, pretendiendo interferir en el proceso electoral ya convocado», se lee en el primer punto anunciado por la agrupación celeste que lidera López Aliaga.

Además, aseguró que sus militantes defenderán el Estado de Derecho y el sistema democrático de gobierno, y garantizarán el respeto irrestricto al derecho constitucional de elegir y ser elegidos que tienen todos los peruanos. Por último, RP exhortó a Delia Espinoza a avocarse exclusivamente a sus funciones, y no interferir en asuntos políticos.

«Exigimos a la fiscal de la Nación avocarse a su función constitucional de investigar y combatir la delincuencia y la criminalidad que mantienen en zozobra a toda la población, haciendo uso eficiente de sus recursos, para lograr dicho fin. El derecho de elegir a sus autoridades las tiene el pueblo peruano, no la fiscal de la Nación», concluyó el CEN del partido.

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Política

Declaraciones de exsecretaria complican a Dina Boluarte: tras cirugías, publicaron tres decretos con firma falsa de la presidenta

Patricia Muriano teme por su vida y no desea volver a Perú. Sin embargo, declaró ante Fiscalía de forma virtual por más de 6 horas y estaría tramitando residencia en Estados Unidos como ‘perseguida política’ del gobierno. Su próxima declaración está programada para inicios de abril.

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La exsecretaria personal de la presidenta Dina Boluarte, Patricia Muriano Peralta, pese a que no llegó a Perú para apersonarse al Ministerio Público, y a pesar que el abogado de la mandataria Juan Carlos Portugal intentó frustrar la diligencia, ella declaró de forma virtual ante la Fiscalía durante más de 6 horas por el ‘caso Cirugías’. Según el informe de Hildebrandt en sus Trece, se indica que Muriano Peralta declaró que tres decretos fueron publicados con la firma falsa de la jefa de Estado y todas las intervenciones fueron operaciones de rejuvenecimiento.

En la declaración ante el equipo del fiscal supremo Hernán Mendoza Salvatierra, encargado del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del MP, Muriano Peralta reconoció su voz y ratificó que el audio difundido es suyo y confirmó que el contenido de este es verídico. De igual modo, ratificó que la expresidenta Dina Boluarte fue sometida a cinco intervenciones quirúrgicas.

Exsecretaria Patricia Muriano declaró ‘virtualmente’ ante Fiscalía sobre cirugías de Dina Boluarte.

Abogado de Boluarte intentó frustrar declaración

Según se dio a conocer, la defensa técnica de la jefa de Estado, Juan Carlos Portugal, tal como lo hizo en diciembre pasado, nuevamente se opuso a que Patricia Muriano declarara ante el Ministerio Público. Sin embargo, el equipo fiscal admitió el testimonio de la examiga de Dina Boluarte, quien ha manifestado que está dispuesta a colaborar con todo lo que se pueda con la investigación del ‘caso cirugías’, pero solo lo hará de forma virtual, ya que no desea volver al Perú y teme por su vida. Incluso, ya habría empezado a tramitar su residencia en Estados Unidos argumentado que es una perseguida política del gobierno de Dina Boluarte Zegarra.

Entre las cosas más importantes que reveló y confirmó, fue que al menos tres decretos supremos que se publicaron en el diario oficial ‘El Peruano’ llevaban una firma falsa de la mandataria. Esto debido a que la presidenta Dina Boluarte se encontraba indispuesta después de las intervenciones estéticas realizadas entre el 28 y 30 de junio del 2023.

Además, mencionó que, si bien el internamiento fue de 48 horas, la jefa de Estado se mantuvo en reposo absoluto hasta el 9 de julio del 2023. En relación a ello, también indicó que el médico Mario Cabani la visitó en dos oportunidades en su vivienda de Surquillo. Sin embargo, él no fue el único galeno que supervisó su estado de salud, porque la expresidenta de EsSalud, María Elena Aguilar del Águila, también estuvo en la Clínica Cabani en la fecha que se realizaron las operaciones a la presidenta Dina Boluarte. Por lo que ella se habría encargado personalmente de supervisar la recuperación postoperatoria de la mandataria.

Doctores Mario Cabani y exjefa de EsSalud María Aguilar supervisaron recuperación de Dina Boluarte.

Muriano es presionada por circulo cercano de la presidenta

Según se ha podido conocer, Patricia Muriano le ha dicho a su círculo más cercano que ha estado recibiendo presiones del círculo de seguridad de la jefa de Estado Dina Boluarte Zegarra para que desconozca el audio en el que se le escucha confirmar las operaciones estéticas de la mandataria, y que niegue que fuera su voz.

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Política

Alcalde de Lima designa como nuevo gerente de Emape a ingeniero que dijo polémica frase “no se cayó, se desplomó”

José Luis Justiniano será recordado por tratar de explicar torpemente el derrumbe de un puente que no duró ni 10 años.

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¡Qué estaremos pagando! El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, incapaz hasta la fecha de poder reordenar Mesa Redonda y Mercado Central, investigado por traer vagones de tren a sobrecosto, desaparecido durante el último incendio en Barrios Altos pero que sí se encontraba muy predispuesto a tomarse cuanta foto sea posible con un famoso streamer extranjero, ahora acaba de designar a uno de los ingenieros incondicionales del ex burgomaestre Luis Castañeda Lossio, nos referimos al ingeniero José Luis Justiniano Martínez, como el nuevo gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

Ingeniero José Luis Justiniano Martínez.  

Y es que más que se le recuerde al ingeniero Justiniano Martínez por sus magníficas obras en la ciudad, es recordado solamente por su frase “no se cayó, se desplomó” luego que tratara de explicar la caída del puente de la Solidaridad en el año 2017, luego de la crecida del río Rímac.

El entonces gerente de Infraestructura Vial de Emape, Justiniano Martínez, dijo que la estructura había sido diseñada “por los mejores especialistas del medio” y “de acuerdo a las normas vigentes”.

“No se ha caído, solamente se ha desplomado su apoyo externo. Yo le estoy hablando técnicamente. Usted no me va a entender quizás nunca, porque es periodista”, mencionó al ser interrogado por América TV.

Ahora, de acuerdo a la plataforma oficial del Estado peruano, el ingeniero comenzó a laborar el 8 de marzo de este año en esta dependencia de la Municipalidad de Lima.

Será Justiniano Martínez quien tenga a cargo la firma de acuerdos y convenios con entidades públicas, privadas y organismos internacionales, así como la dirección, ejecución y supervisión del cumplimiento de las decisiones de la empresa. También será responsable de aprobar modificaciones presupuestarias y otras acciones administrativas.

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