La reciente admisión de apelación presentada por Patricia Benavides Vargas, suspendida fiscal suprema, ha reactivado un conflicto interno que ya desbordó los límites del Ministerio Público. Lejos de tratarse de un proceso judicial común, el enfrentamiento entre Benavides Vargas y la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha evidenciado una peligrosa politización del sistema de justicia peruano.

Con el respaldo del abogado Jorge del Castillo, quien calificó de «express» la resolución que suspendió a Benavides Vargas por 24 meses, la estrategia es clara: revertir una medida que, si bien fue contundente, no estuvo exenta de cuestionamientos procesales. Sin embargo, lo más grave no es el recurso legal en sí, sino el uso instrumental de los órganos judiciales en medio de una pugna de poder.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá ahora pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión impuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Pero la expectativa está menos en el argumento jurídico y más en el equilibrio de fuerzas internas. Las decisiones ya no parecen moverse por criterios de institucionalidad, sino por simpatías y alianzas políticas que fracturan peligrosamente la imagen de imparcialidad del Poder Judicial.

Ambas señoras, Benavides Vargas y Espinoza Valenzuela, representan facciones enfrentadas dentro del Ministerio Público, convirtiendo a esta institución en un campo de batalla. El problema no es solo la disputa personal entre dos fiscales, sino cómo esta ha contaminado los cimientos del sistema judicial, arrastrando a jueces, fiscales y salas completas a tomar posición en lo que debería ser un proceso técnico y desapasionado.

La justicia, en lugar de ser un poder del Estado autónomo, parece haberse convertido en una arena política más. El daño es profundo: se debilita la confianza ciudadana y se compromete la legitimidad de futuras decisiones. Mientras Benavides Vargas lucha por volver, la justicia debería luchar por no hundirse con ella.

Mónica Otilia Tiburcio Orbezo fue designada hace dos días, como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

Ella tenía la misión de enfocarse en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Sin embargo, ya no va más y a través de la Resolución N° 000040-2025-DP/SGDP, firmada por el Secretario General, Enrique Vílchez, el Gobierno decidió aceptar su renuncia, dándole las gracias por los servicios prestados, apenas un día.

¿Ahora quién será el reemplazante de Tiburcio? ¿Acaso alguien que juegue en pared con el IRTP?

El Congreso de la República, lejos de ser una institución al servicio del pueblo, se ha convertido en una agencia de empleo para militantes, familiares y amigos de los legisladores. Lo revelado por el periodista Martín Hidalgo no sorprende, pero sí indigna: hay al menos 30 grupos de hermanos contratados dentro del Parlamento gracias al uso descarado de influencias por parte de congresistas que actúan como si el Estado fuera su chacra personal.

Lo más grave es que este modus operandi no solo es conocido, sino también tolerado por las bancadas más poderosas. Fuerza Popular y, aún más escandalosamente, Alianza para el Progreso (APP) han convertido al Congreso en su feudo, donde colocan a militantes, amigos y familias enteras sin el menor rubor. No se trata de casos aislados, sino de una práctica sistemática que deja en evidencia el profundo desprecio que estos partidos tienen por la ética pública y el servicio al país.

Uno de los recientes casos más graves, tiene que ver con la congresista de APP, denunciada por “mochasueldo” e investigada por la Fiscalía, Rosio Torres, quien contrató a Cecilia Salazar y a su hija Alexandra Tafur, ambas militantes del partido de César Acuña. ¿Y qué dijo Eduardo Salhuana presidente del Congreso y también de APP? que no hay norma que prohíba el hecho de la parlamentaria por Loreto.

Los contratos se distribuyen sin vergüenza, como si fueran favores políticos pendientes tras campañas financiadas en la sombra. Son hermanos, primos, esposas, hijos y operadores de campaña que de pronto aparecen con sueldos del Estado, sin mérito alguno y muchas veces sin siquiera cumplir con las funciones que se les asignan. Todo esto es posible gracias a la «organización parlamentaria», ese espacio discrecional en el que cada congresista puede disponer de puestos como quien reparte caramelos.

Mientras tanto, el servicio parlamentario profesional, aquel que requiere carrera y mérito, queda relegado. ¿Para qué formar cuadros técnicos si con un carnet partidario basta para asegurarse un puesto? Esta es la lógica de la ‘dedocracia’ parlamentaria que ha colonizado el Legislativo.

El blindaje es otra constante. Entre ellos se tapan, se protegen, se callan. Cuando un escándalo estalla, se finge indignación en los pasillos, pero las comisiones de ética duermen el sueño eterno. Nadie investiga, nadie sanciona. La impunidad es parte del sistema.

Lo más trágico es que esto se hace con dinero de todos los peruanos. El Congreso, lejos de representar al pueblo, ha sido capturado por cúpulas partidarias que reparten cargos como botín. Si no se interviene con una reforma real y profunda, el Congreso seguirá siendo el refugio de mediocres, corruptos y familiares bien conectados.

Al parecer tendrá que requerir más días para “meditar” ya que recientemente la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en los Estados Unidos, ratificó el pasado 24 de junio dos laudos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dirigida por Rafael López Aliaga, el pago de aproximadamente 200 millones de dólares a Rutas de Lima.

Como se recuerda, la MML y el consorcio Rutas de Lima (inicialmente liderada por Odebrecht y en la actualidad bajo el control de Brookfield Insfrastructure), firmaron en el año 2013 un contrato de concesión en tres vías de la capital, la Panamericana Norte, Sur y Ramiro Prialé, por un plazo de 30 años, donde se acordó el cobro de peajes a favor de la concesionaria, y que las mismas podían estar sujetas a incrementos paulatinos a lo largo de los años tras nuevos acuerdos pactados en los años 2014 y 2016.

Fue en el año 2017 donde se inició la disputa legal entre Rutas de Lima y la MML tras la implementación del peaje ‘Nueva Chillón’, en el distrito de Puente Piedra. Indignados vecinos empezaron a hacer protestas a lo que ellos consideraban como un cobro abusivo de parte de la concesionaria y en respuesta la comuna limeña decidió cancelar el cobro de manera unilateral, indicando entre sus argumentos que dicho contrato resultaba nulo porque la empresa matriz era Odebrecht, la misma que habría sobornado a funcionarios para quedarse con dicha concesión. Entre los involucrados de ese presunto soborno también se incluye a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.  

Fue así que en el año 2020 el primer laudo arbitral resolvió que la MML debía pagar 68 millones de dólares más intereses a favor de Rutas de Lima, monto que con el tiempo se ha elevado a 190 millones de dólares. En el año 2022, un segundo laudo otorgó otros 7 millones a favor del consorcio por la demora en aplicar los ajustes tarifarios.

Declaraciones de ‘Porky’ terminaron inclinando la balanza a favor de Rutas de Lima

Un gran detalle que no se le ha escapado a la jueza Ana C. Reyes, de la Corte de Columbia, fueron las reiteradas declaraciones del alcalde de Lima, quien se oponía públicamente en pagarle a la concesionaria. Tales declaraciones le permitieron a la jueza sacar una conclusión.

“No pagaré ni un solo mango”, “(La Municipalidad) no paga nada a grupos criminales”, “No pagamos a delincuentes”, “(La Municipalidad) tiene mecanismos de defensa contra bandas criminales”, son algunas frases dichas por el alcalde y tomadas en cuenta por la magistrada.

“La Corte no recompensará tal conducta dilatoria al eximir a (la Municipalidad de) Lima de la obligación predeterminada (…) de presentar una fianza para posponer la ejecución y cumplimiento del fallo. La Corte deniega la petición del solicitante para suspender la ejecución y el cumplimiento del fallo”, resolvió la jueza.

Quizás sea que ahora el alcalde de Lima requiera de un “traductor” a su costado, porque cada vez que declara al público lo estaría haciendo sin tomarse un segundo para pensar en lo que dice. Esta vez la justicia estadounidense le “explotó” en la cara al popular ‘Porky’.

La congresista Rosío Torres Salinas, de Alianza Para el Progreso (APP), vuelve a protagonizar un escándalo que evidencia el uso clientelista de recursos públicos en el Congreso. Esta vez, la parlamentaria —investigada por el caso de recortes salariales conocido como “mochasueldo”— ha sido señalada por contratar en su entorno inmediato a una madre y su hija, ambas militantes del mismo partido de César Acuña Peralta.

El reportaje de Cuarto Poder reveló que Cecilia Salazar, asesora principal de Torres Salinas e involucrada en la presunta red de recortes, fue reemplazada temporalmente por su hija, Alexandra Tafur Salazar, como trabajadora del Área de Desarrollo y Bienestar del Parlamento. La contratación de ambas no solo expone la precariedad ética que impera en ciertos sectores del Legislativo, sino también el descaro con el que se normaliza el nepotismo encubierto bajo la excusa de la legalidad.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana —también miembro de APP— confirmó la relación familiar y reconoció que, si bien no existe una norma explícita que lo prohíba, el hecho es “éticamente cuestionable”. Una declaración tibia, que más parece una maniobra para ganar tiempo que un verdadero compromiso con la transparencia.

Este episodio revela una práctica común pero silenciada: el uso de cargos públicos como botín político, donde los puestos se reparten entre amigos, militantes y familiares. Que Rosío Torres haya confiado su despacho a personas investigadas por delitos, y que además pertenezcan a su círculo íntimo, debería ser suficiente para exigir su separación inmediata del cargo y una investigación seria desde el Congreso.

No se trata solo de una “falta ética”. Se trata de un patrón de conducta reiterado. Cecilia Salazar, madre de Alexandra, ha sido acusada por un extrabajador del despacho de haber sido cómplice directa en el cobro ilegal de parte de los sueldos del personal. Que hoy siga operando en el Congreso como “trabajadora de confianza” de Torres Salinas, parlamentaria por Loreto, y que su hija Alexandra haya sido colocada en un cargo público, es una afrenta a la ciudadanía.

Mientras tanto, el presidente del Congreso promete “evaluar” y “revisar” si existen más casos similares. La pregunta es: ¿necesita más evidencias para actuar? ¿O la complicidad partidaria seguirá imponiéndose sobre la ética pública?

El Congreso no puede seguir funcionando como agencia de empleos. La permanencia de Rosío Torres y su entorno cercano en puestos clave es un insulto a los peruanos que esperan integridad, no favores ni redes de impunidad.

La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, anunció este jueves que el Ejecutivo está sentando las bases para consolidar un turismo fuerte, sostenible y descentralizado, capaz de generar al menos 34 mil nuevos puestos de trabajo en todo el país. Así lo señaló durante la ceremonia de promulgación de la nueva Ley General de Turismo, realizada en Palacio de Gobierno.

En el acto participaron el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, así como otras autoridades del sector.

“El turismo no solo es una fuente de ingresos para miles de familias peruanas; también constituye un motor clave para el crecimiento económico y un pilar fundamental en la promoción de nuestra cultura y diversidad ante el mundo”, expresó la mandataria.

Boluarte Zegarra destacó que la promulgación de esta norma representa un hito en la modernización del sector turístico, al fomentar su desarrollo competitivo y sostenible. Según detalló, la ley permitirá la formalización de al menos cinco mil nuevos prestadores de servicios turísticos en las denominadas zonas especiales de desarrollo, lo cual contribuirá significativamente a dinamizar las economías locales.

Además, precisó que se espera una reducción del 30 % en la oferta informal en los destinos turísticos priorizados, mediante la implementación de controles efectivos y el fortalecimiento del apoyo a las micro y pequeñas empresas del sector (mypes).

Uno de los avances más relevantes que trae la nueva normativa es la ampliación del régimen de recuperación anticipada del IGV, que ahora beneficiará a más de 5,900 empresas turísticas, en contraste con las menos de mil que podían acceder bajo el esquema anterior.

Además, subrayó que, con esta ley, se proyecta alcanzar más de mil millones de dólares en nuevas inversiones turísticas públicas y privadas hacia 2030, lo que generaría un movimiento económico superior a los 17 mil millones de dólares. Esta cifra representa un crecimiento de más del 52 % respecto al desempeño del sector en 2024. Asimismo, reafirmó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento institucional del turismo, al proyectar la llegada de más de cinco millones de turistas internacionales por año al 2030, cifra que representa una meta ambiciosa pero alcanzable.

El reciente anuncio del ministro de Justicia, Juan Alcántara, sobre la conformación de una comisión liderada por la Cancillería para evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) marca un momento clave y delicado en la política exterior y de derechos humanos del país. Esta decisión, impulsada por el premier Eduardo Arana y respaldada por el Ejecutivo, pone sobre la mesa una discusión que tiene implicancias jurídicas, diplomáticas y éticas de gran magnitud.

El hecho de que la Cancillería esté a cargo de esta comisión responde a criterios de competencia institucional. El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Elmer Schialer, posee la atribución exclusiva de conducir la política exterior del país, y por tanto, la eventual denuncia o retiro de tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recae en su ámbito. No obstante, esta formalidad no exime al Estado peruano de asumir las consecuencias que implicaría alejarse de un sistema que ha sido tradicional en la protección de derechos fundamentales, durante las últimas décadas, especialmente en contextos donde la justicia interna ha sido insuficiente.

El SIDH ha sido históricamente una herramienta de protección para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en la región. Casos emblemáticos en el Perú, como los de La Cantuta, Barrios Altos o los abusos en penales durante la época de la subversión, encontraron justicia internacional cuando los mecanismos nacionales fallaron.

No obstante, también se han registrado excesos por parte de diversos sectores, en especial algunas ONG que, de manera cuestionable, han instrumentalizado el discurso de los derechos humanos para obtener financiamiento millonario de fundaciones internacionales, promoviendo con ello una agenda progresista. En algunos casos, incluso han recurrido a demandar al Estado con el aparente objetivo de obtener indemnizaciones cuantiosas. A esto se suma la creciente y desproporcionada injerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual ha generado preocupación en distintos sectores del país.

El Ejecutivo plantea que esta evaluación se hará de manera multisectorial —incluyendo al Congreso, la sociedad civil y la academia—, es decir, esta comisión deberá tomar una decisión en un espacio real de deliberación democrática.

La soberanía democrática se fortalece cuando el país se sujeta a estándares supranacionales que garantizan el respeto a la dignidad humana; sin embargo, esta es insoslayable y bajo ningún concepto debería socavarse con algún tipo de injerencia internacional inapropiada.

En conclusión, esta comisión debe ser transparente, técnicamente sólida y abierta al escrutinio público. De lo contrario, podría sentar un precedente regresivo en la protección de derechos humanos en el Perú.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró infundada la solicitud de ‘cesación de prisión preventiva’ presentada por el abogado del expresidente Pedro Castillo. Con esta decisión, se confirma la vigencia de la medida coercitiva de 18 meses, dispuesta el 5 de julio de 2024 por la Sala Penal Permanente.

La resolución forma parte del proceso penal que se le sigue a Castillo Terrones por su presunta responsabilidad en delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Entre los cargos más graves figura el delito de rebelión, contemplado en el artículo 346° del Código Penal, además de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

El Poder Judicial ha considerado que no existen elementos nuevos que justifiquen una variación de la medida. Para el tribunal, los delitos imputados son de suficiente gravedad como para sustentar la prisión preventiva, en tanto se continúa desarrollando el juicio correspondiente.

La defensa del exmandatario alegó que la medida resulta excesiva y desproporcionada, pero su apelación fue rechazada. Según la Corte Suprema, las condiciones jurídicas que motivaron la decisión original se mantienen vigentes, así como el riesgo procesal que representa el imputado.

Castillo se encuentra actualmente recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple la prisión preventiva impuesta. Esta medida fue ratificada tras la revisión de los elementos presentados en la investigación fiscal, entre ellos su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, que dio origen a su detención y posterior procesamiento.

El proceso judicial avanza con audiencias periódicas, aunque no exentas de controversia. En las últimas semanas, se han registrado enfrentamientos verbales entre los magistrados y la defensa legal, reflejando el clima tenso que rodea el caso.