Política
Gobierno de Sagasti pretende copar las Fuerzas Armadas con Gerentes Civiles
Desde que la ministra Nuria Esparch asumió la cartera de Defensa, tuvo muy clara su decisión de introducir Gerentes Públicos Civiles en su sector, para reformar los nuevos roles de las Fuerzas Armadas.

En este sentido, desde el momento que la exgerenta Corporativa de Graña y Montero y hoy ministra de Defensa empezó a brindar entrevistas, afirmó ese afán de introducir civiles para que gerencien a las Fuerzas Armadas. Incluso, manifestó su alegría de que el expulsado exministro del Interior Rubén Vargas haya dado un paso importante por hacer un uso intensivo de los civiles e inyectar sangre nueva en la Policía; además, lo felicitó personalmente por haber realizado una Reforma Central para el Perú; y reconoció que ella está en el mismo esfuerzo, porque ya se reunió con el jefe de SERVIR para coordinar la incorporación de Gerentes Civiles en el sector Defensa.
Aquí un extracto de sus aseveraciones en dos medios escritos oficialistas
El 25 de noviembre, en un medio escrito dijo: “Las Fuerzas Armadas se están capacitando en este momento para que 10 mil efectivos de las FFAA puedan ser vacunadores dentro del objetivo del ministerio de Salud de poder desplegar un equipo grande de vacunación nacional, apenas estén disponibles las vacunas contra el Covid”.
“Con el equipo, aquí en el Ministerio de Defensa lo que pensábamos es ¿cómo podemos hacer para que más civiles puedan entrar a los temas de Defensa? y se pueda sostener la Gerencia Pública del largo plazo y que pueda coadyuvar también a cumplir con los objetivos del sector. El ministro Rubén Vargas ha dado un paso muy importante, yo la verdad lo he felicitado personalmente y me alegra enormemente; usted comprenderá, habiendo sido parte de SERVIR y escuchar que el Ministerio del Interior iba a ser un uso importante intensivo de los Gerentes Públicos; es un respaldo enorme a la Autoridad Nacional del Servicio civil, lo cual me alegra muchísimo; eso es una Reforma Central para el Perú”.

“Así que me alegra muchísimo que el ministro Rubén Vargas esté convencido de la importancia de incorporar gerencia publica de alta calidad y de inyectar esta sangre nueva dentro de las áreas claves de su sector. Y le garantizo que nosotros estamos exactamente en el mismo esfuerzo. Creemos que todos los sectores merecen tener estos Gerentes Públicos que han sido entrenados y seleccionados después de procesos muy complejos. Nos hemos reunido ya con el Jefe de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, el señor Martínez y le hemos expuesto nuestro interés de poder contar con su apoyo para el despliegue de Gerentes Públicos en el sector Defensa”.
Y lo que ha generado más preocupación en diferentes actores sociales y militares, se refiere, a lo que también dijo: “En este momento estoy en conversaciones para establecer un Comité Consultivo y, sí, se requiere que tengamos una discusión como país sobre el rol de nuestras Fuerzas Armadas, de cara a las nuevas amenazas y a las labores que se realizan. Quisiera dejarle a la siguiente gestión una suerte de agenda de los temas en materia de políticas públicas y de roles de las FFAA”.
Asimismo, el 26 de noviembre en otro medio escrito añadió: “Como explicaba el presidente Sagasti, creo que cada vez más las Fuerzas Armadas han pasado de ser la Fuerza Bélica, a entrar en el desarrollo socioeconómico del país. Son la primera respuesta ante cualquier evento, desde la pandemia hasta el terremoto. Los roles en las Fuerzas Armadas en la región han ido virando con los años. Se han ido sofisticando.”
Altos oficiales están indignados y no aceptarán más cambios en las Fuerzas Armadas
El general EP (r) y exministro de Defensa, Roberto Chiabra fue enfático en su opinión cuando señala que la nueva reforma que pretende realizar este gobierno es de policializar a las Fuerzas Armadas. Y señaló: “En ocho meses no se puede hacer una reforma. Lo que dice la ministra (Nuria Esparch) está fuera de la realidad. Por más de 20 años se ha probado que la Fuerza Armada es la más solida democrática e institucionalmente hablando, porque no ha intervenido en las controversias políticas; han estado subordinadas al orden constitucional y no al poder político. Es decir, su deber ha ido por el lado del Estado de Derecho y no de los gobiernos de turno. Si en lo político se ha probado que es una institución sólidamente democrática y en lo operacional ha funcionado mejor aún, ¿Qué quieren reformar y quiénes son los notables? No pueden reformar nada. En todo caso, que se preocupen del presupuesto 2021 del Ministerio de Defensa, que es el más bajo de la historia, porque no hay soldados”.

Por su parte, el Almirante en retiro y exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Montoya, también fue tajante y ha respondido al gobierno y a la ministra Esparch que al portafolio de Defensa no le compete realizar reformas profundas, porque las FFAA están regidas por la Carta Magna: “Cualquier modificación del rol de las Fuerzas Armadas, como la defensa de la integridad del territorio nacional u otros colaterales, tiene que hacerse en términos constitucionales”; sostuvo en declaraciones a Expreso. “No sé que fin tenga esa reforma, porque cualquier reforma de esa naturaleza se tendría que hacer en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y en el Congreso de la República”.

“Cualquier otra vía, tendría como objetivo político debilitar a las Fuerzas Armadas, como lo están haciendo con la Policía Nacional, que la maltratan cada vez más, por parte de un gobierno que no está gobernando, sino destrozando las instituciones, como sucede con la PNP. Me da la impresión que quieren hacer lo mismo con las FFAA; no sé si quieren policializarla, pero en líneas generales está claro que quieren debilitarlas; no quieren fortalecerlas. Pero las FFAA no son la Policía Nacional, no aceptarán cambios que las debiliten”.
El exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, abogado y magister en Política y Economía Internacional, Andrés Gómez de la Torre, sostuvo en una entrevista a Expreso que: “En los últimos años el sector estuvo conducido por militares en retiro; prácticamente desde PPK, y con intervalos, años atrás. Parece que se incidirá en la conducción civil, con una expertise de exviceministra de Defensa, con la novedad que se trata de una mujer por vez primera, desde la creación del ministerio (de Defensa) en 1987. El tiempo de este gobierno es corto y ya estamos en un proceso electoral. Son escasos meses de un gobierno que solamente cumple con finalizar un periodo presidencial (2016-2021). No hay mucho espacio para realizar reformas estructurales de fondo y darles la debida continuidad. Como parámetro general aplicable a ambos sectores, no se puede experimentar con las Fuerzas Armadas ni la Inteligencia, menos en tiempos electorales”.
El Presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso ya pidió explicaciones a la ministra de Defensa, Nuria Esparch
El titular de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, del Congreso de la República, Daniel Urresti, envió el oficio Nº 788-2020-2021-CD-NOIDAlCD/CR a la propia ministra de Defensa, Nuria Esparch, para que precise sobre sus aseveraciones sobre el Comité Consultivo de Notables que pretende insertar, para reformar los nuevos roles de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el parlamentario pidió a la destinataria de la misiva, responder lo solicitado, de acuerdo a los plazos establecidos.
En suma, la situación en el Perú se pone más álgida y apenas hace unas horas emboscaron y abatieron al Oficial de Mar, Gustavo Valladares Neyra en el VRAEM y las carreteras regionales nuevamente están siendo tomadas y bloqueadas; mientras, la ministra Nuria Esparch continua con un perfil bajo, sin embargo, al parecer sigue la agenda de un grupo hegemónico de civiles, que han estado insertados sigilosamente durante décadas en algunos viceministerios y que actualmente no abandonan su objetivo de desnaturalizar y transformar a las instituciones policiales y Armadas para otros fines, que no precisamente sean cautelar el orden público y la defensa de la soberanía nacional, respectivamente. Estaremos atentos.
Política
Mineros informales amenazan con romper diálogo si el Gobierno no cede a sus reclamos
Mineros pretenden imponer sus condiciones, caso contrario anuncian nuevas protestas en el país.

Más de 50 personas fallecidas a causa de la minería informal, pero eso no es suficiente para muchos mineros informales que se encuentran camuflados entre algunos mineros artesanales. Para ellos, lo único que interesa es el oro, quedando en un segundo plano el derramamiento de sangre.
Pasadas las once de la mañana de hoy, los principales dirigentes de la Confederación Nacional de Federaciones Mineras del Perú (Confemin) ingresaron al despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros para sostener la cuarta mesa de diálogo con el premier Eduardo Arana y otras altas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo.
En la importante reunión también estuvieron presentes Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), así como el expresidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, y la exvicepresidenta de dicho grupo de trabajo, Diana Gonzales.

Este importante grupo de mineros pretende doblegar al Gobierno Central para que flexibilice los plazos para regular el uso de explosivos durante la extracción del oro, caso contrario abandonarán cualquier tipo de negociación.
El detonante es el Decreto Supremo 09-2025-EM, que exige a los mineros informales obtener autorización para el uso de explosivos antes del 17 de agosto. Según Confemin, este plazo es “técnicamente inviable” y dejaría fuera del proceso a miles de trabajadores.
Previamente, Máximo Franco Béquer, presidente de Confemin, criticó que el Ejecutivo haya ignorado las observaciones planteadas en mesas técnicas y subcomisiones. Según el dirigente, hubo consenso en que los plazos eran imposibles de cumplir, pero hasta ahora no se ha hecho ningún cambio normativo.
“Si no atienden nuestras demandas, volveremos a protestar”, afirmó Ismael Palomino, coordinador nacional de Confemin. La paciencia se agota, y los gremios ya alistan acciones si el Ejecutivo mantiene la fecha límite actual.
El problema no solo afecta a quienes no han podido avanzar con la formalización. También golpea a los más de 50 mil mineros que ya fueron excluidos del Reinfo, profundizando la percepción de que el proceso está mal diseñado y genera más informalidad en lugar de reducirla.
El dato:
Un reciente informe del Observatorio de Conflictos Mineros señala que más del 50% de los conflictos sociales en el país están vinculados a la minería, especialmente a la informal y artesanal.
Política
Perú evalúa retirarse de la Corte IDH: ¿defensa de soberanía o retroceso institucional? [VIDEO]
El Gobierno inició el análisis técnico para definir si el Perú debe continuar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en medio de presiones políticas y cuestionamientos al rol del organismo adscrito a la OEA.

El Gobierno peruano ha iniciado una revisión formal sobre su continuidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), según confirmó el ministro de Justicia, Juan Alcántara. La evaluación está siendo desarrollada por un equipo técnico conjunto entre el Ministerio de Justicia y la Cancillería, aunque aún no se ha definido una fecha para presentar conclusiones ni decisiones oficiales.
Esta revisión se produce en un contexto de creciente tensión entre el Estado peruano y el organismo internacional, tras las recientes observaciones de la Corte sobre el proyecto de ley que busca otorgar una amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa por acciones realizadas en el contexto del terrorismo de dos grupos subversivos entre 1980 y 2000. Aunque el proyecto aún se encuentra en trámite legislativo, la Corte solicitó detener su avance, lo que provocó la inmediata reacción del Ejecutivo.

Para el canciller Elmer Schialer, esta intervención es una extralimitación. “Ni siquiera es ley y ya están exigiendo una posición. ¿La Corte IDH es un gobierno supranacional?”, cuestionó en declaraciones a la prensa. La posición fue reforzada por sectores políticos, como el congresista José Cueto, quien reiteró su respaldo al retiro del Perú del sistema interamericano, al considerar que este vulnera la soberanía nacional.
No obstante, más allá del debate coyuntural, surge una pregunta de fondo: ¿ha sido favorable para el Perú mantener su participación en la Corte IDH?
Durante las últimas décadas, la Corte ha sido clave en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, donde se reconocieron violaciones a los derechos humanos cometidas por el propio Estado. Estos fallos contribuyeron a fortalecer la rendición de cuentas y a consolidar una institucionalidad más respetuosa de los derechos fundamentales. Sin embargo, también ha habido momentos en que sus decisiones han generado fricciones con autoridades nacionales, especialmente en asuntos vinculados a las Fuerzas Armadas y la lucha contra el terrorismo.

El dilema, por tanto, no se reduce a obedecer o no a una corte externa, sino a equilibrar el respeto a la soberanía con el compromiso internacional del país en materia de derechos humanos. Retirarse de la Corte IDH también podría enviar un mensaje preocupante sobre el retroceso en estos compromisos, especialmente en un contexto donde las instituciones democráticas ya enfrentan desafíos serios.
El debate está abierto, y su desenlace tendrá implicancias profundas en la política exterior y la salud institucional del país.
#EnVivo
— Canal N (@canalN_) August 1, 2025
Juan Alcántara, ministro de Justicia: Se está evaluando la salida de la Corte IDH, cuando tengamos el resultado del equipo técnico se dirá si es conveniente o no
Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/r9yuzEBgbD
Política
Solicitan vacancia de Gino Ríos en la JNJ por sentencias por violencia familiar
Parlamentaria Flor Pablo presentó formalmente una solicitud de vacancia contra el magistrado Gino Ríos “por carecer de idoneidad moral como exige la ley para integrar, y menos aún presidir, la JNJ”, manifestó.

La permanencia de Gino Ríos Patio en la presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sido cuestionada por la congresista no agrupada, Flor Pablo Medina, quien ha solicitado formalmente su vacancia por falta de idoneidad moral, citando como fundamento dos sentencias firmes en su contra por violencia psicológica.

La solicitud fue presentada oficialmente mediante un oficio ante la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, según se informó a través de las redes sociales de la parlamentaria. En su pronunciamiento, Flor Pablo exigió a la JNJ actuar con celeridad, argumentando que un funcionario con antecedentes por violencia familiar no puede mantenerse en un cargo desde el cual se nombran jueces y fiscales, particularmente aquellos vinculados a la justicia de familia.
“Un sentenciado por violencia familiar no puede seguir nombrando jueces y fiscales. He presentado una solicitud de vacancia contra Gino Ríos por carecer de la idoneidad moral que exige la ley para integrar, y menos aún presidir, la JNJ”, expresó la congresista en la red social X.
La parlamentaria recordó que las sentencias contra Ríos Patio se emitieron en el marco de un proceso de divorcio y una denuncia por violencia familiar, ambos con resolución firme. Bajo este contexto, insistió en que la ley es clara respecto a los requisitos éticos que deben cumplir los miembros de la JNJ, entidad clave para el sistema de justicia del país.

En su oficio formal, identificado como n.° 875-2025-2026-FPM-CR, Pablo sostiene que se cumplen plenamente las causales establecidas en el artículo 13° de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que contempla la vacancia por pérdida de idoneidad moral. Además, consideró que ignorar estas causales podría debilitar gravemente la credibilidad institucional de la JNJ.
La congresista también solicitó ser notificada de los descargos y pruebas que pueda presentar el señor Ríos, para ejercer su derecho a rebatir cualquier alegación que busque invalidar la solicitud.
Con esta petición, se reabre el debate sobre los criterios éticos y la responsabilidad institucional en los altos cargos del sistema judicial, y se pone a prueba la disposición de la JNJ para aplicar con firmeza su propia normativa interna.
Política
Fiscalía Anticorrupción allana gestión de César Acuña en La Libertad
César Acuña tomó vacaciones y el Ministerio Público intervino las oficinas del Gobierno Regional de La Libertad por presuntas irregularidades en contratos de obras valorizadas en S/ 300 millones.

Mientras el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, se encuentra nuevamente fuera del cargo por vacaciones hasta el 9 de agosto —sumando ya 145 días de ausencia en lo que va del año—, el Ministerio Público ha iniciado una diligencia clave para esclarecer presuntas irregularidades en la adjudicación de dos obras públicas por casi S/ 300 millones.

La Fiscalía Anticorrupción intervino esta semana las oficinas del Gobierno Regional de La Libertad, incautando documentos relacionados con los contratos observados. Durante más de dos horas, los fiscales se reunieron con funcionarios para recoger información administrativa y escuchar los primeros descargos. El objetivo: determinar si los procesos de licitación se ajustaron de acuerdo a ley o si, por el contrario, existieron prácticas que podrían configurar presuntos delitos de corrupción.
Desde la administración regional se ha insistido en que los procedimientos fueron legales. El gerente general, Martín Namay Valderrama, aseguró que el control posterior —responsabilidad de la Contraloría— permitirá verificar la autenticidad de los documentos presentados por las empresas contratistas. Además, afirmó que la gestión regional viene colaborando con la Fiscalía y ha puesto a disposición toda la información solicitada.

Sin embargo, la investigación no se detiene en La Libertad. El consejero regional Robert de la Cruz encendió las alarmas al señalar que la empresa ganadora de las obras también ha sido beneficiada con millonarios contratos en otras regiones gobernadas por autoridades cercanas a Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña Peralta. Particularmente, mencionó Ayacucho, donde el gobernador Wilfredo Oscorima —otro aliado político de APP— ha adjudicado proyectos millonarios a la misma compañía.
Estas coincidencias, según De la Cruz, no pueden ser ignoradas y exigen una revisión más amplia del patrón de contrataciones públicas dentro de regiones dirigidas por el partido apepista. Advirtió posibles conflictos de interés y solicitó una investigación profunda, no solo desde el ámbito judicial, sino también político.
Acuña Peralta, por su parte, rechazó las acusaciones a través de redes sociales y sostuvo que su gestión se rige por principios de legalidad y transparencia. Pero su prolongada ausencia en momentos clave y la repetición de contratistas bajo su entorno partidario dejan más preguntas que respuestas.
Política
Bancada de Somos Perú ahora tiene 10 miembros tras la integración de Paul Gutiérrez
Parlamentario en este quinquenio ha pasado por cuatro bancadas.

El congresista ‘golondrino’. El parlamentario por la región Apurímac, Paul Gutiérrez Ticona, bien podría ser calificado como el típico legislador sin bandera ni ideología definida, pues desde que se estableció este Parlamento en el 2021 inició con Perú Libre para luego conformar la bancada del Juntos por el Perú, tiempo después representaba los colores del Bloque Magisterial, y tras la disolución de esta última ahora anuncia su inserción a Somos Perú.
Con la incorporación de Gutiérrez Ticona a Somos Perú, la bancada del actual presidente del Congreso, José Jerí, alcanzó los 10 integrantes. Antes de las elecciones a la Mesa Directiva 2025-2026, se incorporaron a esta bancada los congresistas Alex Paredes, Elizabeth Medina y Óscar Zea, quienes también dejaron el desintegrado Bloque Magisterial.
De esta manera, los integrantes de la bancada de Somos Perú suman 10 representantes: Alfredo Azurín Loayza, Paul Gutiérrez Ticona, José Jerí Oré, Elizabeth Medina Hermosilla, Jorge Morante Figari, Alex Paredes Gonzales, Bernando Pazo Nunura, Héctor Valer Pinto, Óscar Zea Choquechambi y Ana Zegarra Saboya.
Con este nuevo cambio la conformación de los grupos parlamentarios ha quedado de la siguiente manera: Fuerza Popular continúa siendo la bancada con más integrantes, teniendo a 21; le sigue Alianza para el Progreso con 17; detrás de ellos está Podemos Perú con 13; Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Perú Libre y Renovación Popular tienen 11 legisladores; Somos Perú con 10; Acción Popular con 9; Avanza País con 6; Bancada Socialista, Bloque Popular Democrático, Honor y Democracia cuentan con 5 integrantes cada uno; finalmente los no agrupados suman 6.
El dato:
En febrero de 2025, la Comisión de Ética del Congreso recomendó sancionarlo con una amonestación escrita pública. Se le señalaba por incluir respuestas generadas por ChatGPT en al menos cinco proyectos de ley sin edición ni revisión adecuada, lo cual fue considerado un “descuidado uso de la inteligencia artificial”, aunque no se estableció plagio formal.
Luego de investigaciones periodísticas, Gutiérrez retiró los proyectos cuestionados. Reconoció que fue un asesor quien copió y pegó las respuestas de IA y afirmó que no supervisó los documentos antes de presentarlos oficialmente.
Política
Gobierno rechaza afirmaciones de López Aliaga y respalda al ministro Sandoval
La disputa por el proyecto ferroviario Caltrain aviva el enfrentamiento entre el MTC y la Municipalidad de Lima. La mandataria Dina Boluarte apoya al ministro César Sandoval y deslegitima las acusaciones del alcalde Rafael López Aliaga, profundizando la confrontación política.

La reciente controversia por el proyecto del Tren Lima-Chosica ha desnudado algo más que una discrepancia técnica. Ha puesto en evidencia un enfrentamiento político entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encabezado por César Sandoval, y la Municipalidad Metropolitana de Lima, dirigida por Rafael López Aliaga. Lo que podría haber sido un debate técnico sobre movilidad urbana, terminó convertido en un intercambio de acusaciones que refleja la descoordinación entre niveles de gobierno.
El punto más álgido se produjo cuando el alcalde de Lima acusó al ministro Sandoval de intentar apropiarse del material rodante del tren con supuestos fines irregulares. Incluso fue más allá, al insinuar que el ministro había buscado respaldo político para acceder al cargo, encendiendo así una chispa que rápidamente escaló.
La respuesta no se hizo esperar. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) difundió un comunicado categórico respaldando a Sandoval y condenando lo que calificó como “lamentables expresiones” del burgomaestre. En el documento, se destaca que el titular del MTC actúa con criterios técnicos y en busca de soluciones sostenibles para el sistema de transporte, mientras se lamenta el deterioro de la coordinación interinstitucional.

Detrás del lenguaje diplomático, sin embargo, se percibe una preocupación legítima. El enfrentamiento entre dos figuras clave en la gestión de infraestructura pública pone en jaque proyectos urgentes como el tren Lima-Chosica, vital para aliviar el caos vehicular de la capital. Lejos de fomentar consensos, ambos actores han optado por el enfrentamiento público, arrastrando consigo el riesgo de paralización de obras necesarias.
El ministro Sandoval, por su parte, agradeció públicamente el respaldo de la PCM, reiterando su compromiso con cerrar brechas sociales y trabajar con gobiernos locales.

Pero ese llamado al diálogo llega después del ruido mediático, y en medio de una narrativa de poder en la que cada parte institucional parece más interesada en marcar territorio que en coordinar esfuerzos.
Más allá de quién tenga la razón técnica, lo cierto es que esta disputa política revela la fragilidad de la articulación institucional en el país. En un contexto donde la ciudadanía exige soluciones concretas al colapso del transporte, la confrontación parece ser, una vez más, el camino elegido.
Política
Mañana el Congreso decide si autoriza viaje de Dina Boluarte a Asia
Permiso de mandataria para salir del país el próximo martes con destino a Japón e Indonesia será debatido este 1 de agosto en el pleno del Congreso.

El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), anunció que este viernes 1 de agosto se pondrá a debate en el Pleno el nuevo pedido de autorización presentado por el Ejecutivo para que la mandataria Dina Boluarte pueda ausentarse del país entre el 5 y el 12 de agosto, con destino a Japón e Indonesia.
La solicitud, registrada en el Proyecto de Resolución Legislativa N° 11986/2025-PE, fue remitida al Parlamento el 29 de julio. Según se detalla, la jefa de Estado ha sido invitada por el Gobierno japonés a participar en la Exposición Universal ‘Osaka Kansai 2025’, evento que se celebrará el 9 de agosto en la ciudad de Osaka. Además, está programada una reunión bilateral con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en Tokio, y una audiencia con el emperador Naruhito.
Posteriormente, Boluarte planea trasladarse a Indonesia, donde el 11 de agosto asistiría a las actividades oficiales por el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. La visita, de acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, tendría carácter de “Visita de Estado”.

Aunque la solicitud cumple con los procedimientos constitucionales, el titular del Congreso expresó ciertas reservas. Jerí lamentó que la presidenta no haya enviado aún las iniciativas legislativas anunciadas durante su reciente mensaje a la Nación, como la propuesta de ley para regular la pequeña minería y la minería artesanal.
“Creo mucho en la política de los detalles. Hubiera sido más oportuno que, junto con el pedido de autorización, llegaran también los proyectos que prometió. Eso habría sido un gesto distinto”, comentó Jerí. También reconoció que parte de la ciudadanía cuestiona la frecuencia de los viajes presidenciales y percibe una falta de atención a temas prioritarios del país.

El Congreso definirá este viernes si autoriza el desplazamiento internacional de la mandataria, en un contexto en el que se exige mayor coherencia entre los anuncios del Ejecutivo y sus acciones.
Política
Piden a la fiscal de la Nación investigar a López Aliaga por presunta compra encubierta de trenes
El congresista Pasión Dávila pidió a la Fiscalía abrir una investigación preliminar contra el alcalde de Lima y funcionarios de la MML, por los presuntos delitos de defraudación aduanera, malversación, colusión, abuso de autoridad y falsedad ideológica.

La adquisición de trenes por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha entrado en una fase crítica de cuestionamiento. Lo que inicialmente fue presentado como una generosa donación por parte de la empresa ferroviaria estadounidense Caltrain, ahora es objeto de sospecha y denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación.
El congresista Pasión Dávila Atanacio, de la Bancada Socialista, solicitó el 23 de julio que se inicie una investigación preliminar contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y funcionarios de la MML, por presuntos delitos que incluyen defraudación de renta de aduanas, malversación de fondos, colusión, abuso de autoridad y falsedad ideológica. Según el parlamentario, no se trataría de una donación genuina, sino de una “compraventa encubierta”.

La solicitud enviada a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, incluye el pedido expreso de que se cite como investigados tanto al burgomaestre como a los funcionarios responsables de la operación. Dávila advierte que la magnitud de los hechos amerita una investigación “exhaustiva e inmediata”, ante posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y declaraciones aduaneras.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la aparente contradicción entre la información entregada por Caltrain y la presentada por la MML. Mientras la empresa estadounidense consignó en su carta oficial de “donación” un valor de US$ 4.9 millones por el material ferroviario, la Municipalidad registró el mismo proceso con un valor inflado de S/822 millones, bajo el concepto de “valor técnico patrimonial”.
Además, Dávila Atanacio indica que existen actas del Comité Consultivo de Ciudadanos de Caltrain, fechadas el 15 de enero de 2025, en las que se hace referencia explícita a una “venta” de locomotoras, no a una donación. También se sostiene que el material fue parte de un proceso de retiro de flota diésel y había sido previamente puesto en venta pública por la empresa.
La denuncia también incluye la posible existencia de pagos no declarados. Por su parte, el exministro Rafael Rey habría afirmado que la MML transfirió más de US$ 7 millones a Caltrain, contradiciendo el discurso oficial sobre la gratuidad de la operación.

Frente a estos indicios, surgen preguntas que la municipalidad metropolitana liderada por López Aliaga aún no ha respondido con claridad: ¿hubo realmente una donación sin condiciones? ¿Por qué no se hizo pública toda la documentación? ¿Y por qué el valor declarado varía tanto según la fuente?
Por ahora, el caso avanza hacia el Ministerio Público, mientras las dudas sobre la transparencia del proceso siguen creciendo.
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