No quiere compartir el baño. El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, en declaraciones para Exitosa, manifestó que las personas de la comunidad LGBT son las únicas responsables de sentirse discriminadas “cuando quieren ser algo diferente en la sociedad”. Dichas aseveraciones se dan bajo el contexto de que recientemente el Congreso de la República aprobó una ley que establece el uso de baños según el sexo biológico.

El legislador recalca que sus declaraciones no implican cualquier tipo de discriminación hacia la comunidad LGBT, argumentando que sus miembros son seres humanos al igual que todos.

“No hay discriminación a nadie. La discriminación es cuando ellos se autocalifican LGBT. Son seres humanos al igual que yo y que usted. Ellos son los que se discriminan y quieren ser algo diferente en la sociedad», declaró para el citado medio.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En declaraciones para Exitosa, el congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, aseguró que las personas LGTB se "autodiscriminan" por querer ser algo "diferente en la sociedad". Ello en el marco de la aprobación de una ley que establece el uso de… pic.twitter.com/H3F8QCtSS6

— Exitosa Noticias (@exitosape) April 3, 2025

El congresista, uno de los coautores de la norma, explicó que estuvo “congelada” durante más de dos años y que nació a raíz de la denuncia de una usuaria al notar que en el aeropuerto Jorge Chávez existían baños para aquellas personas con que se autoperciben como mujeres u hombres.

«Yo soy autor de parte de esa ley. Ayer ha sido aprobada esta ley que fue puesta en comisiones hace más de dos años (…) ha estado congelada, recién salió ayer. Esto se hizo cuando se escuchó la denuncia de una persona que había ido al aeropuerto y encontró unos baños donde podían entrar hombres y mujeres juntos, entonces salió la discusión, hicimos una investigación y era necesario normarlo para evitar problemas, sobre todo en la niñez», continuó explicando. 

 Activista trans en contra de Ley

A propósito de ello, la activista trans Gahela Cari rechazó que se acuse a las personas trans como los principales agresores sexuales contra menores.

«En lugar de poder invertir el dinero del Estado en sacar normas a favor de la educación y de la población, se use a los niños para vulnerar los derechos de las personas trans. Es grave», sostuvo la ex candidata al Congreso.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que desde este jueves 27 de marzo se encuentra efectiva la prohibición de realizar publicidad estatal en todo el país, ante la oficialización de la convocatoria a Elecciones Generales 2026 (EG 2026), de acuerdo con la normatividad vigente.

El impedimento rige desde el pasado jueves 27 de marzo. Es decir, desde el día siguiente en que se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N°039-2025-PCM, mediante el cual la mandataria Dina Boluarte convocó al proceso para elegir al presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

Existen excepciones

Si bien esta restricción está vigente y tiene que acatarse bajo todo concepto, también tiene excepciones. Es decir, cuando la publicidad estatal se justifica en casos de impostergable necesidad o utilidad pública, por temas referidos a educación, salud, seguridad u otras situaciones similares, tal como lo precisa el Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, aprobado por Resolución n.° 047-2024-JNE.

Alcaldes, gobernadores y otros servidores públicos no podrán hacer propaganda

Los avisos o mensajes exceptuados, en ningún caso pueden contener o hacer alusión a colores, nombres, frases o textos, símbolos, signos o cualquier otro elemento que directa o indirectamente esté relacionado con una organización política.

Además, ningún funcionario o servidor público de una entidad o cualquiera de sus dependencias deberá aparecer en la publicidad estatal, a través de su imagen, nombre, voz, cargo o cualquier otro medio que de forma indubitable lo identifique.

En las citadas excepciones, debe cumplirse las exigencias señaladas en el citado reglamento. Así, por ejemplo, se debe solicitar autorización previa, de tratarse de avisos o mensajes publicitarios a ser propalados por radio o televisión.

En tanto, si la difusión se lleva a cabo a través de la prensa escrita, redes sociales u otros medios se deberá presentar un reporte posterior. También se anota que los referidos procedimientos deben entregarse ante la Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI) del JNE, mientras no se instalen los Jurados Electorales Especiales (JEE) competentes.

Las notas de prensa no están prohibidas  

Asimismo, no se encuentran dentro de la definición de publicidad estatal las notas de prensa; las comunicaciones internas e interinstitucionales; y los avisos sobre procedimientos a convocarse en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y otras normas afines.

Indecopi declaró improcedente la denuncia presentada por la asociaciones de defensa al consumidor, Centro EQUIDAD, ADCIP, y PROCONSUMO, contra Real Plaza SRL y sus gerentes y/o apoderados, Misael Shimizu Mitsumasu, Luis Alonso Santa María Torres y Garlet Noemi Rodríguez Ortiz, por su presunta responsabilidad y/o culpa, en los hechos fatídicos del pasado 21 de febrero del 2025, y por su actuar negligente en días posteriores, por acciones de supuesta omisión que vulneraron los derechos de los consumidores. Y por haber ocultado información de las deficiencias en sus 11 locales o centros comerciales. 

La Comisión de Protección al Consumidor a través de la Resolución Final N° 0747-2025/CC2 argumenta que se han cumplido todos los requisitos necesarios para que se configure el supuesto de afectación al Principio de Non Bis In Idem (no dos veces por lo mismo). Por esa razón, no solo han declarado inadmisible la denuncia, sino también, improcedente, por falta de competencia, arguyen. 

Alegan que no tienen competencia para sancionar

De acuerdo al punto 23 de la resolución de Indecopi, se señala que el artículo 46° de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) establece que las ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas y por ende establecen las escalas de multas. Asimismo, en el punto 24, indican que las municipalidades de Huancayo, Cusco, Villa María del Triunfo, Ate, Piura, Guardia Civil, Centro Cívico, y Juliaca cuentan con competencia para conocer los hechos cuestionados, con respecto a los centros comerciales de Real Plaza. 

En tal sentido, en el punto 25, Indecopi argumenta que “ya existe una entidad del estado (autoridad municipal) con competencia para conocer los hechos denunciados por Equidad, Proconsumo y ADCIP, por lo que no corresponde a Indecopi conozca el mismo sin haberse verificado una afectación en concreto a los consumidores”. Asimismo, en el punto 26, la entidad señala que “En atención a lo expuesto, corresponde declarar improcedente por falta de competencia, el extremo referido a que Real Plaza, el señor Shimizu, el señor Santa María y la señora Rodríguez habrían puesto en riesgo la seguridad de los consumidores, toda vez que sus locales comerciales (Real Plaza Huancayo, Cusco, Villa María del Triunfo, Puruchuco, Santa Clara, Piura, Guardia Civil, Centro Cívico y Juliaca) presentaban defectos (estructurales y eléctricos)”.

Indecopi no identifica deficiencias de Real Plaza

En los puntos 36, 37 y 38, la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi considera que los denunciantes de Real Plaza y sus apoderados, brindaron medios probatorios con información que sustenta de manera genérica las deficiencias que habrían presentado los centros comerciales de dicha empresa. Por lo tanto, no fue posible identificar de manera concreta y detallada los defectos aducidos. Asimismo, señalan que no les fue posible verificar que, con anterioridad a las intervenciones de las municipalidades, la empresa denunciada hubiese tenido conocimiento de las deficiencias alegadas.

Declaran improcedente resarcir económicamente a afectados de Real Plaza

Finalmente, en los puntos, 39, 40 y 41, Indecopi declaró improcedente interponer la medida cautelar solicitada por los denunciantes, con el fin de que se reembolsen los gastos efectuados por los consumidores que fueron afectados por la tragedia del pasado 21 de febrero del 2025, en su local del Centro Comercial Real Plaza Trujillo. La entidad, nuevamente argumenta que, ante esta pretensión, también se ha configurado el Principio de Non Bis In Idem, considerando que las supuestas infracciones ya están siendo analizadas por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad. 

En resumidas cuentas, Indecopi, a través de su Comisión de Protección al Consumidor, prácticamente abandona su legítimo rol de proteger a los usuarios peruanos. En tanto, surge la pregunta ¿a quién protege Indecopi, al consumidor o a la empresa privada? 

Recapacitaron. El gobierno de Dina Boluarte dio marcha atrás en querer imponer una “franja informativa” que obligaba a todos los medios de comunicación el transmitir todo lo que se debatía en el denominado ‘Cuarto de Guerra’, presidida Boluarte Zegarra y sus ministros.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Eduardo Arana, explicó que la medida había sido planteada con el fin de garantizar que los medios informaran sobre las actividades oficiales y las acciones del Ejecutivo durante el estado de emergencia contra la criminalidad.

Durante su anuncio, el funcionario detalló que la propuesta se basaba en el artículo 6 de la Ley de Radio y Televisión, que ya prevé el apoyo de los medios “en situaciones de desastre y emergencia”. Además, mencionó que un decreto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ya regula las obligaciones de los medios en estos contextos. “Hay una norma vigente. No es verdad que sea inconstitucional o ilegal, ya existe”, afirmó.

Explicó, además, que el propósito de la medida era unificar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad organizada y brindar a la población información relevante sobre las acciones del gobierno en el marco de un estado de emergencia. Aunque la propuesta no había sido sometida a un “debate público” formal, Arana reconoció que los comentarios previos habían generado “confusión sobre el verdadero propósito” de la propuesta.

“La intención de la medida tenía el fin de unir esfuerzos en beneficio de la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad, y que de modo alguno pretendía vulnerar la libertad de expresión, en aras de nuestra vocación democrática. Suspenderemos la referida propuesta”, dijo al reiterar que el Ejecutivo defiende los “valores democráticos” y la libertad de expresión.

Sin embargo, tal anuncio trajo consigo una ola de críticas por parte de distintos sectores, en especial desde la Asociación de Periodistas del Perú (APN), el cual calificó de “inaceptable” dicha propuesta del Ejecutivo.

La ANP había señalado que la propuesta revestía una particular gravedad, ya que observaba un intento de controlar el contenido de los medios. “En un contexto de permanentes arremetidas del Ejecutivo contra las libertades informativas, con escaladas constantes, resulta nocivo anunciar una propuesta de esta naturaleza”, sostuvieron.

Parecía nunca llegar, pero llegó el día en que algunas facciones del Congreso ya no pretenderían arropar al Gobierno de Dina Boluarte. Por lo que el Pleno aprobó, con 43 votos a favor, 39 en contra y 21 abstenciones, la admisión de la Moción de Orden del Día 16263, que solicita la interpelación del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya.

Como era de esperarse, las bancadas que se opusieron a aprobar la moción fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Bloque Magisterial y Honor y Democracia.

La interpelación propuesta por el legislador Edward Málaga Trillo (Avanza País), de acuerdo a lo confirmado por el presidente de la Mesa Directiva Eduardo Salhuana, quedó programada para el próximo miércoles 9 de abril a las 3 de la tarde, en la cual Adrianzén Olaya deberá responder un pliego de 43 preguntas alusivas a su labor en temas urgentes, como la inseguridad ciudadana y minería ilegal, la composición de su Gabinete Ministerial y la política económica del gobierno.

Por su parte, Málaga Trillo remarcó que el gobierno no resuelve un tema tan importante, como es la inseguridad.

“Incapacidad para avanzar en la lucha contra la inseguridad ciudadana, que nos sigue costando vidas, especialmente afectando a empresarios, comerciantes, transportistas, colegios y artistas”, refirió el parlamentario.

Premier Adrianzén: interpelación es una “persecución sistemática”

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén en la conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros, comparó la medida de interpelación, con casos anteriores de censura en el gobierno de Boluarte Zegarra y se refirió a las destituciones del exministro de Energía y Minas Rómulo Mucho y el exministro del Interior Juan José Santivañez, así como la interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones Raúl Pérez Reyes.

Asimismo, afirmó que el Ejecutivo también evalúa las medidas de retribución que tomará ante este proceso, como es la figura de cuestión de confianza: “Pero en la misma medida que el Congreso de la República articula mecanismos contenidos en el Reglamento del Congreso, el Poder Ejecutivo está evaluando las medidas que va a adoptar al respecto”.

No se cuidaron. El Ministerio de Cultura (Mincul), a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, indicó que viene realizando investigaciones contra unas supuestas ‘influencers’ por presuntamente infringir el reglamento de visita del santuario de Machu Picchu.

La entidad recordó que el uso de la imagen del Santuario Histórico “con fines publicitarios” está estrictamente prohibido.

Asimismo, explicó que la norma tiene como objetivo “proteger este invaluable Patrimonio Cultural y Natural”, así como garantizar “su conservación a lo largo del tiempo”.

A propósito de ello, Nino del Solar Velardo, jefe del referido parque arqueológico, expresó su preocupación sobre este caso, donde las ‘influencers’ habrían configurado el posible uso no autorizado de la imagen de Machu Picchu.

“Es fundamental que todos los ciudadanos, nacionales o extranjeros, que visitan la Llaqta de Machu Picchu cumplan con el Reglamento de Uso Sostenible y Visita Turística para la Conservación de la Llaqta de Machu Picchu que establece claramente las conductas calificadas como prohibidas o que transgreden la norma vigente”, manifestó.

Además, destacó que el boleto de ingreso establece explícitamente que, al adquirirlo, se aceptan los términos, condiciones y el reglamento de visita.

En ese sentido, indicó que la DDC, ante un posible incumplimiento de las normas, está facultada para iniciar ‘las acciones legales correspondientes’, lo que motivó abrir una investigación contra este grupo de creadores de contenido.

Cabe precisar que cualquier visitante que realice actos indebidos o intente ingresar con objetos prohibidos en los monumentos históricos enfrentará consecuencias severas. Estas medidas incluyen la expulsión inmediata del recinto sin posibilidad de reembolso y el inicio de acciones legales correspondientes.

El control y la vigilancia dentro de estos espacios están a cargo de los guardaparques del Ministerio de Cultura y de los agentes de la Policía Nacional, quienes deberían garantizar el cuidado.

Un ministerio de Educación descabezado. Resulta increíble que la presidenta Dina Boluarte persista en mantener a Morgan Quero Gaime al frente de la cartera de Educación, sabiendo ella de sus visibles limitaciones como alto funcionario. El titular del Ministerio de Eduación (Minedu) no ha dicho una frase controversial solo una vez, sino ya van varias, demostrando cada semana que se encuentra al frente de ese portafolio solo porque le es útil a la mandataria.

Recientemente, el impresentable ministro Quero, siguiéndole los pasos a César Acuña, se atrevió a lanzar vivas al autismo, en ocasión por el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, no reparando en lo que estaba diciendo; y lo peor de todo, es que hasta el momento no se ha retractado.

Al final de su discurso, y en un tono inesperado, el ministro exclamó: “¡Que viva el autismo!”. Esta declaración provocó una ola de críticas en las redes sociales, con muchos usuarios sorprendidos por la forma en que el ministro cerró su discurso.

Por su parte, la historiadora Carmen McEvoy calificó el comentario como un “patético y desconcertante mensaje de otro zombi de un Estado con demencia crónica”.

A propósito de ello, desde las afueras del Congreso de la República, un joven con autismo se animó a responderle a nuestro ignorante ministro de Educación.

El joven hizo un llamado a las autoridades para que se informen adecuadamente sobre el autismo y así evitar futuras declaraciones inapropiadas. Además, le solicitó al ministro que, en lugar de seguir haciendo polémicas públicas, se enfoque en priorizar y mejorar la gestión de su ministerio.

“Conozcan más sobre nuestra condición para que no estén gritando viva el autismo como lo hizo hoy una autoridad”, expresó el joven a las afueras del congreso.

Joven con autismo le responde al ministro de Educación @MORGANQUERO: "Conozcan más sobre nuestra condición para que no estén gritando viva el autismo.." pic.twitter.com/GmplaKEzcO

— Carlos Villarreal (@KikesitoVH) April 3, 2025

Los vientos favorables de los que goza Susana Villarán de la Puente, se deben a una ‘estrategia de blindaje’, de parte de actores políticos de tendencia izquierdista que vienen copando el Estado; no solo en la Fiscalía de la Nación; sino, en el propio Poder Judicial y en la Junta Nacional de Justicia. Eso sin contar, el apoyo que recibió de algunos medios de prensa que guardaron silencio constantemente.

Han transcurrido 148 días desde que el Poder Judicial autorizó el inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, y otros implicados, por el recibimiento de coimas de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar su campaña del “No a la revocatoria” y su reelección en 2014, a cambio de firmar contratos lesivos para la entrega y concesión de peajes.

Sin embargo, desde aquel 5 de noviembre de 2024, fecha en la que se emitió el auto de enjuiciamiento, hasta la actualidad, el caso no avanza, debido a que siete de los implicados apelaron la orden de llevar el caso a juicio al comenzar el 2025. En tanto, se informó que las “estratégicas apelaciones” serán revisadas por una sala de la Corte Superior Nacional.

Los implicados impugnaron amparándose en una reciente y nociva ley del Congreso (n.° 32130), promulgada en octubre pasado, que permite a los procesados apelar la orden del juez de pasar un caso a juicio oral, tras la fase de control de acusación.

Sala Penal de Apelaciones incurrió en “error” en favor de Susana Villarán

Increíblemente, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional frustró la audiencia respecto a la acusada Susana Villarán, porque entregó un documento equivocado al Ministerio Público. El estudio de abogados Echecopar había presentado un recurso contra un aspecto del proceso por los peajes de la corrupción, pero la fiscal superior Teresa Tapia Cruz alertó de un peligro.

“Hemos revisado y hemos advertido que, en lugar de consignarnos la resolución correspondiente a esta audiencia, nos habían insertado una concerniente a otro incidente (…) Vamos a presentar un escrito con todas las pruebas”, mencionó la fiscal.

Por su parte, el juez Víctor Enríquez Sumarinde pidió a su secretaria aclarar qué había sucedido. Esta terminó reconociendo su aparente equivocación.

“Se ha indicado que ingrese al contenido de la resolución que se adjuntó para que pueda verificar”, afirmó la fiscal Tapia Cruz, quien, también recibió una llamada de atención, ya que, desde el 19 de marzo, contaba con la comunicación equivocada.

“¿Del 19 al 31 recién se ha dado cuenta de que esa resolución corresponde a otro expediente? Su asistente debió haber verificado. ¿Por qué esperamos hasta el día de la audiencia para darnos cuenta de que tenemos un error?”, cuestionó el magistrado Enríquez Sumarinde.

Susana Villarán confesó que recibió dinero de Odebrecht y OAS

Es importante recordar la confesión que Susana Villarán hizo hace 6 años, exactamente el 11 de mayo del 2019 en una entrevista radial en Exitosa. Ella reconoció que tenía conocimiento de la contribución de las empresas brasileñas y que, junto al exgerente José Miguel Castro, decidieron aceptar los fondos.

«Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña de no a la revocatoria. Tomamos la decisión, José Miguel Castro y yo, de procurar y aceptar fondos de campaña. ¿Por qué lo hicimos? El momento por el que atravesaba Lima hacía necesario que la campaña ciudadana que movilizó a miles de ciudadanos se fortaleciera con publicidad», admitió.

Sin embargo, ella mintió cuando negó que su acción buscaba mantenerla en el cargo de alcaldesa, sino en «darle gobernabilidad» a Lima. También, contó que el propósito era continuar con reformas que eran fundamentales que no habían sido ejecutadas por sus antecesores.

«No se trató de mantener el poder de una persona elegida por el voto popular, sino de darle gobernabilidad a Lima, proseguir con las reformas del transporte, las obras de Barrio Mío, de resolver definitivamente el tema de La Parada y el pleno funcionamiento del Mercado Mayorista de Santa Anita», trató de justificar Villarán de la Puente.

Hoy es de conocimiento público que todo eso fue una burda mentira y lo único verosímil en este caso, es su responsabilidad penal por haber sido sobornada para sus propios intereses y en perjuicio de todos los ciudadanos peruanos; pero hasta el momento ella continua libre y sin restricciones por causa de la condescendía del Poder Judicial, jefaturado actualmente por Janet Tello Gilardi.