El Poder Judicial, a través de la Sala penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia que preside el juez supremo César San Martín Castro, rechazó por unanimidad y declaró infundado el recurso de casación presentado por la exprimera dama, Nadine Heredia Alarcón, para no ser procesada por el delito de colusión agravada en el caso Gasoducto Sur Peruano.

«Declararon infundado el recurso de casación, por las causales de inobservancia de precepto constitucional e infracción de precepto material interpuesto por la encausada Nadine Heredia Alarcón», se lee en el documento oficial.

La próxima semana dictarán sentencia contra Ollanta Humala

El Poder Judicial informó que la sentencia del juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala Tasso y otros procesados de su entorno será conocida el próximo martes 8 de abril, durante una audiencia presencial.

Como se sabe, Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón, así como otros investigados, son imputados por presuntamente haber incurrido en el delito de lavado de activos, por aparentemente haber recibido dinero ilícito de constructoras brasileñas Odebrecht y OAS y del Gobierno de Venezuela para las campañas presidenciales de los años 2006 y 2011. Entonces, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, desde febrero del 2022, viene llevando a cabo el juicio oral y de acuerdo al pedido del Ministerio Público, el exmandatario nacionalista podría ser condenado a 20 años de cárcel, mientras que, su esposa, Nadine Heredia, recibiría 26 años y seis meses de prisión.

Sería el 2do presidente juzgado por caso ‘Lava Jato’

En caso que Ollanta Humala Tasso sea condenado a 20 años de cárcel, sería el segundo expresidente de la República en ser sentenciado por el caso «Lava Jato». Como se recuerda, hace apenas unos meses, en octubre del 2024, el exjefe de Estado, Alejandro Toledo Manrique fue condenado a 20 años y seis meses de cárcel y actualmente cumple prisión en el Penal de Barbadillo.

En una emotiva ceremonia que dio inicio a la celebración del 56° aniversario de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) de Loreto, se realizó una paraliturgia presidida por el padre Raymundo Portelli. El acto contó con la destacada presencia del gerente regional de la GRTC, Pío Flores Tang, quien ha sido un pilar fundamental en el desarrollo y modernización del sector, así como de directores ejecutivos, funcionarios y colaboradores de la institución.

Durante el evento, se llevó a cabo el tradicional izamiento de la bandera nacional y de la región, en un acto simbólico que reafirma el compromiso de la GRTC con el progreso y bienestar de la región Loreto. Además, se realizó un emotivo reconocimiento a los trabajadores que, a lo largo de los años, han contribuido con su esfuerzo y dedicación al crecimiento de la gerencia, en especial a aquellos que han concluido su etapa laboral en la institución.

Uno de los momentos más significativos de la celebración fue el inicio de la obra de mantenimiento de la carretera Iquitos-Nauta, en el tramo comprendido entre los kilómetros 70 y 94. Este proyecto, impulsado por la gestión del Gobernador Regional René Chávez y su gerente Pío Flores, representa un avance crucial para mejorar la conectividad y la infraestructura vial de la región, beneficiando directamente a miles de habitantes y a la economía local.

La figura del Pío Flores Tang sigue siendo clave en el impulso de proyectos que promuevan la modernización del transporte y las comunicaciones en Loreto, reafirmando su compromiso con el desarrollo integral de la región y el bienestar de su gente.

Cada cierto tiempo el gobierno de turno anuncia el corte de millares de líneas telefónicas con la clara intención de paralizar la delincuencia, lamentablemente es tanta la cantidad de chips en el mercado que los malhechores encuentran mil maneras de continuar con las extorsiones, incluso llamando con números aparentemente del extranjero.

Durante su participación en el denominado ‘Cuarto de Guerra’, la mandataria y el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, anunciaron el bloqueo de millón y medio de celulares que son empleados por la delincuencia, así como la baja de 300 mil líneas móviles con historial delictivo.

Antes del anuncio, la presidenta Dina Boluarte informó sobre la depuración del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) «con el objetivo de impedir el uso de líneas y equipos con historial vinculado a actividades delictivas».

«De esta forma, y gracias a la articulación de todos los niveles de Gobierno junto con Opsitel, Reniec, Migraciones, Cancillería y las empresas operadoras, daremos de baja desde mañana a 300 mil líneas móviles inválidas y bloquearemos progresivamente hasta 1 millón y medio de celulares con IMEI asociados a un historial de uso altamente negativo«, agregó la mandataria tras una nueva sesión en el Cuarto de Guerra en Palacio de Gobierno.

Acto seguido, el ministro del Interior informó sobre la medida que se aplica porque «estamos en pie de guerra contra la extorsión y la magia de trata de personas».

«Desde el Gobierno, hemos decidido dar un paso más y atacar al crimen, quitándole todas las herramientas que utilizan para dañar a la población. Como ya es de conocimiento de todos, son 300 mil líneas que serán invalidadas y un bloqueo progresivo de un millón y medio de equipos móviles. Estamos en pie de guerra contra la extorsión, contra la mafia de trata de personas. Del robo, de secuestro, de estafa, de tráfico de drogas y de aquellos delitos que causan zozobra en nuestro país», declaró.

En el marco de la semana de representación el vocero alterno de Alianza por el Progreso (APP), congresista, Jorge Marticorena Mendoza, brindó una ceremonia de reconocimiento a docentes, líderes gremiales, autoridades públicas, representantes del arte y la sociedad civil de la región de Ica y de Lima.

La merecida ceremonia se realizó con el propósito de destacar su encomiable labor así como la importancia del trabajo articulado y la unión de esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas, adultos y personas de la tercera edad del país a través de las labores que desarrollan.

La ceremonia de reconocimiento se llevó a cabo el viernes 28 de marzo en el auditorio Alberto Andrade Carmona del Congreso de la República con presencia de autoridades de del parlamento y diversas instituciones. La distinguida mesa de honor estuvo conformada por el congresista, Jorge Marticorena Mendoza, la abogada, Yessenia Lozano Millones, en representación del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, los doctores, Víctor Andrés Espinoza, director Ejecutivo de la dirección Especializada de oftalmología del INO, Jorge Medina Rubio, ex director del Hospital de Neurocirugía, el Gerente General del GORE Ica, Abel Osorio, el ex jefe del Frente Policial de Ica, Gral. PNP Manuel Vidarte Perrigo.

Durante su discurso, el congresista Marticorena señaló que, a través de una coordinación oportuna y una gestión interinstitucional sostenible y planificada podemos brindar una atención integral que asegure el ejercicio efectivo a favor de los derechos de los más vulnerables desde los diversos sectores del Estado y a lo largo del territorio peruano.

Además, mencionó: “Gracias a las personas que hoy nos acompañan y su vocación de servicio podemos vivir en un país mejor, con serios problemas aún por resolver, pero poniendo nuestro mayor empeño iremos camino a superar todos esos obstáculos que muchas veces nos impide avanzar debido a la burocracia”.

Asimismo, sostuvo que el trabajo articulado desde su despacho está generando que se cumplan con los objetivos trazados cuyos resultados particularmente en la región de Ica recae siempre sobre los únicos beneficiados, la población.

«Unir esfuerzos es fundamental para garantizar que nuestros niños y adolescentes reciban la atención y el apoyo necesario para su desarrollo integral. Reitero mi compromiso de seguir trabajando juntos tendiendo puentes por una agenda país para crear espacios seguros, educativos y recreativos donde los miembros de nuestras comunidades puedan crecer y prosperar», enfatizó.

Finalmente, agregó que es importante enaltecer la labor de aquellas personas que nos acompañan durante largas jornadas de trabajo y en ese sentido el objetivo de esta ceremonia es enaltecer el esmero y sacrificio cotidiano que contribuye al bienestar de todos los peruanos.

En la ceremonia, el congresista Jorge Marticorena hizo entrega de 31 diplomas de reconocimiento y recordatorios. También se contó con la presencia los familiares y colaboradores cercanos de las destacadas personalidades que fueron reconocidas.

Como se recuerda, en el mes de enero el congresista Edwin Martínez Talavera volvió a generar polémica al decir que la joven presuntamente violada por su colega el parlamentario José Jerí “debió haberse controlado en su consumo de alcohol”.  Cabe señalar que, por dichas declaraciones, el pasado 10 de enero, la legisladora Susel Paredes lo denunció ante la Comisión de Ética del Congreso.

“Aquí no cabe el espíritu de cuerpo. Las víctimas nunca son responsables. Los violadores son los responsables. La vergüenza cambió de lado”, aseveró la congresista del Bloque Democrático Popular, en aquel momento.

Sin embargo, tras más de dos meses, la Comisión de Ética del Congreso, aprobó por unanimidad, el Informe de Calificación que denuncia al congresista Edwin Martínez Talavera (no agrupado) por haber afirmado que una mujer fue responsable de su ultrajo.

El caso José Jerí

A inicios de enero, se dio a conocer una denuncia de abuso sexual contra una señorita. Los acusados son el parlamentario José Jerí (Somos Perú) y el ciudadano Marco Cardoza, persona vinculada al congresista.

Pese a que el Ministerio Público abrió investigación preliminar por la presunta comisión del delito de violación sexual, quien al parecer intentó justificar el hecho fue el congresista Edwin Martínez.

«Debieron controlar a la muchacha para que no beba tanto y después puedan suceder este tipo de situaciones». Asimismo, señaló, que la agraviada «también ha debido controlarse un poco porque en borrachera pierden la ecuanimidad y empiezan a resaltar esas cosas feas que a veces tienen las personas escondidas dentro».

En su defensa, el legislador de Somos Perú rechazó toda responsabilidad en el hecho, al afirmar que el 30 de diciembre del año pasado se apersonó a la investigación, a través de su abogado y que ese mismo día se puso en contacto con la víctima.

Comisión de Ética investigará a Martínez talavera

En la sesión realizada la tarde del 31 de marzo se abordó el caso. Tras su aprobación por unanimidad, el grupo de trabajo parlamentario decidió abrir un proceso de investigación a Edwin Martínez Talavera. La denuncia se encuentra contenida en el Expediente 202-2024-2025/CEP-CR presentado por Susel Paredes. El informe declara procedente la denuncia por presunta vulneración del Código de Ética Parlamentaria y de su reglamento.

«Se considera la necesidad de escuchar el contexto en el que se dieron dichas declaraciones, puesto que el congresista debió ser cuidadoso al emitir las mismas; por tanto, deberá aclararlas en una próxima etapa: la investigación», se lee en el documento.

Comisión de Ética blindó a José Jerí, denunciado por presunta violación sexual

En el mes de febrero de este año, decidieron no investigar a congresista de Somos Perú, José Jerí, involucrado en un ataque sexual contra una mujer que tras despertar desnuda en una cama de la casa de campo del parlamentario lo denunció ante Fiscalía. Legislador Álex Paredes afirmó: «No se puede juzgar a cualquier funcionario por sus actos (que cometan) cada sábado y domingo».

Aquella vez, asistieron a la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso nueve congresistas, entre ellos Alcarraz, Heidinger, Paredes, Medina, Portalatino, Palacios Huamán y Vergara. Entre tanto, se mantuvieron ausentes, los dos de apellido Bazán y Rosangella Barbarán. Sin embargo, decidieron no abrir una investigación de oficio contra el congresista investigado José Jerí Oré, denunciado por presunta violación sexual a fines de diciembre pasado.

Para terminar de consumar “el acto”, el presidente del grupo de trabajo, Alex Paredes, anunció la determinación al inicio de la sesión, argumentando que el caso se encuentra en la Fiscalía y está bajo reserva.

Tras la censura de Juan José Santiváñez en la cartera del Interior, el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero Gaime, ha quedado como el ‘hazmerreír’ del Gabinete de Dina Boluarte con cada frase que suelta.

Cabe recordar sus polémicas frases sobre el caso de agresión sexual contra las niñas awajún, calificándolas como “prácticas culturales”, o la vez que dijo que “los derechos humanos no son para las ratas” cuando se le consultó sobre los casi 50 fallecidos durante las protestas del 2022.

Ahora, para no perder la costumbre de su torpe lengua, acaba de manifestar que para dictar inglés no se requiere de personal capacitado para enseñar ese idioma extranjero, pues solo basta con el material pedagógico.

“Probando que no necesitamos docentes de inglés, sino que podemos trabajar con una pedagogía de vanguardia y con material educativo generado desde el Minedu”, indicó el titular del Minedu durante su intervención en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República.

Tal vez se le pase por su mente suplantar a todos los docentes de inglés en el país por Inteligencia Artificial para la realización de los programas educativos, dejándolos así sin oportunidades laborales en el mercado local.

Cabe preguntarse ahora con qué excusa saldrá a decir a los distintos medios de comunicación, y, sobre todo, si nuevamente contará con el abrazo casi materno de la jefa de Estado para tranquilizarlo y devolverle la confianza.

Al parecer, la consigna de la bancada de Fuerza Popular continúa ejerciéndose en bloque y casi siempre se han mostrado en contra de destituir a la mandataria Dina Boluarte, a través de una vacancia por incapacidad moral. En tal sentido, el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi Capurro, rechazó una posible moción de vacancia contra la presidenta de la República y aseguró que ella deberá responder, a las acusaciones en su contra, pero cuando termine su periodo presidencial. Es decir, a partir del 29 de julio del 2026.

El legislador naranja indicó en entrevista con Canal N, que una vacancia presidencial, luego de haberse convocado las elecciones generales del 2026, solo generaría una «situación caótica» que no beneficiaría al país.

«Es un artículo que sirve para resolver una crisis política que no tiene otra solución que la vacancia presidencial. No creo que este sea el caso, sobre todo con las elecciones ya convocadas. En mi opinión, eso no amerita una vacancia presidencial y entrar a una situación caótica, a puertas de una elección que tenemos por delante», sostuvo Rospigliosi Capurro y aseguró que el Congreso tiene problemas más urgentes que atender, antes de abrir una investigación a la presidenta, ya que el Ministerio Público se encarga de ello.

«No creo que amerite la vacancia (…) eso se debe investigar y seguramente se va a investigar, pero la señora tendrá que responder cuando termine su periodo (…) La Constitución es muy clara, el artículo 117° señala temas específicos, por los cuales puede ser acusada. Puede ser investigada preliminarmente, pero no puede ser acusada», culminó el legislador.

En #CuentasClaras, el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, sostuvo que no ameritaría la vacancia presidencial por las presuntas firmas falsas en decretos supremos del caso de las cirugías de Dina Boluarte

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— Canal N (@canalN_) April 1, 2025

En medio de la crisis política, el pasado 21 de marzo de 2025, el Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó en primera votación una modificación al Decreto Legislativo 892, que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas. La reforma propone aumentar progresivamente el porcentaje de reparto de utilidades en el sector eléctrico del actual 5% hasta alcanzar el 10% en 2030.

El aumento irá de manera progresiva año a año: 7% en 2025, 8% en 2026 y 9% en 2027. Esto con el objetivo de equiparar este sector con otros, como el pesquero y el de telecomunicaciones, que ya aplican dicho porcentaje.

El arriesgado dictamen actualmente se encuentra pendiente de una segunda votación. Sin embargo, su aprobación en primera instancia ha generado polémica entre los sectores empresariales y trabajadores.

Postura del sector empresarial y analistas

Voces del sector empresarial han sido críticos con la iniciativa, ya que consideran que la medida es inviable y perjudicial por las siguientes razones:

– Impacto en tarifas: El aumento del reparto de utilidades podría incrementar las tarifas eléctricas en un 4%, afectando a todos los consumidores.

– Falta de sustento técnico: No existe un análisis técnico ni económico que justifique la medida y evalúe sus implicancias en el sector.

– Desincentivo a la productividad: Se modificaría la distribución de utilidades sin considerar el rendimiento individual de los trabajadores, lo que podría afectar la eficiencia laboral.

– Riesgo para la inversión: La medida podría desalentar la inversión en un sector que requiere constantes desembolsos para modernización y expansión.

– Falta de respaldo del Ministerio de Trabajo: Este organismo ha señalado que la propuesta carece de sustento suficiente, pues se basa en datos desactualizados.

Postura de los trabajadores del sector eléctrico

Por otro lado, la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú ha defendido la iniciativa. Los sindicalistas han lanzado los siguientes argumentos:

– La medida corrige una desigualdad histórica en la distribución de utilidades en comparación con otros sectores industriales.

– La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce a la industria eléctrica como parte del sector industrial, lo que justificaría un reparto mayor de utilidades.

– Consideran que el aumento del porcentaje no afectará la rentabilidad de las empresas ni desalentará la inversión.

– Argumentan que otros sectores con una distribución del 10% de utilidades no han sufrido impactos negativos en su economía.

– Sostienen que la oposición a la medida responde a intereses empresariales y no al bienestar de los trabajadores.

Evaluación del impacto

Tras conocer las posiciones y argumentos del sector empresarial y de los trabajadores, consultamos a la inteligencia artificial (ChatGPT) para obtener una respuesta imparcial del impacto potencial de esta medida en la inversión en infraestructura y energías renovables.

Nuestra pregunta fue: ¿Cómo afectaría el aumento del reparto de utilidades al 10% la capacidad de inversión en infraestructura y energías renovables del sector eléctrico, y cuáles serían las consecuencias para los consumidores y la economía a largo plazo?

A continuación, la respuesta tras el análisis de la inteligencia artificial:

El aumento del reparto de utilidades al 10% en el sector eléctrico afectaría la capacidad de inversión en infraestructura y energías renovables de varias maneras:

Impacto en la inversión

1. Reducción de recursos para inversión: Las empresas del sector eléctrico, especialmente aquellas con inversiones intensivas en capital, destinarían una mayor parte de sus utilidades al reparto de beneficios, lo que reduciría los fondos disponibles para proyectos de expansión, modernización de redes y transición hacia energías limpias.

2. Mayor dependencia del financiamiento externo: Para compensar la menor reinversión de utilidades, las empresas podrían recurrir a deuda o financiamiento externo, lo que aumentaría costos financieros y riesgos a largo plazo.

3. Desincentivo a nuevas inversiones: Un mayor reparto de utilidades podría hacer que los inversionistas perciban menor rentabilidad en el sector, reduciendo el atractivo para nuevos proyectos, especialmente en energías renovables que requieren grandes desembolsos iniciales.

Consecuencias para los consumidores

1. Tarifas más altas: Si las empresas trasladan el impacto del menor margen de inversión a los consumidores, podrían aumentar las tarifas eléctricas para compensar la menor rentabilidad y garantizar la sostenibilidad de las operaciones.

2. Menor calidad del servicio: La reducción en inversión en mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica podría aumentar la frecuencia de cortes de energía y reducir la confiabilidad del suministro eléctrico.

3. Retraso en la transición energética: Menos inversión en energías renovables significaría una mayor dependencia de fuentes convencionales de generación, retrasando la descarbonización del sector eléctrico.

Impacto en la economía a largo plazo

1. Menor competitividad del sector eléctrico: La reducción de inversiones podría afectar la capacidad del sector para modernizarse y mejorar su eficiencia, haciendo que el país dependa más de energías costosas o contaminantes.

2. Impacto en la generación de empleo: Aunque el mayor reparto de utilidades beneficiaría a los trabajadores en el corto plazo, una reducción en la inversión podría frenar la creación de nuevos empleos en el sector eléctrico y en industrias relacionadas.

3. Mayor incertidumbre para el crecimiento económico: La energía es un insumo clave para la industria y la economía en general. Si el sector eléctrico se vuelve menos eficiente o más costoso, esto podría afectar la competitividad de otros sectores productivos, reduciendo el crecimiento económico en el largo plazo.

En conclusión, aunque el aumento del reparto de utilidades podría beneficiar a los trabajadores en el corto plazo, su impacto en la inversión y el desarrollo del sector eléctrico podría generar efectos negativos en la calidad del servicio, las tarifas y la transición energética, afectando tanto a los consumidores como al crecimiento económico del país a largo plazo.

Aspectos pendientes en el debate legislativo

Al analizar el dictamen y sus antecedentes, se identificó que este proviene de dos proyectos de ley acumulados:

* PL 02117/2021-CR, presentado por el congresista Ilich Fredy López Ureña (Acción Popular).

* PL 01644/2021-CR, presentado por el congresista Alex Antonio Paredes Gonzales (Bloque Magisterial de Concertación Nacional).

El 21 de febrero de 2025, la CGTP solicitó al presidente del Congreso acelerar la aprobación de la medida. Sin embargo, sorprende que el dictamen solo cuente con una opinión del Ministerio de Trabajo, que indica que no hay sustento suficiente en la exposición de motivos, la cual se basa en datos desactualizados.

Por otro lado, llama la atención la ausencia de opiniones técnicas de entidades clave como el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyos aportes serían fundamentales para evaluar las implicancias económicas y sectoriales.

Preguntas claves que debe responder el Congreso

Ante la falta de un análisis integral, surgen las siguientes interrogantes:

– Afectará la medida las tarifas eléctricas para los consumidores?

– Cómo impactará en la competitividad de sectores industriales que dependen de la electricidad?

– Se está considerando el riesgo de desincentivar la inversión privada?

– El aumento del reparto de utilidades podría comprometer la generación de empleo en el sector a largo plazo?

Si bien la Federación de Trabajadores argumenta en favor de la justicia laboral y la equiparación con otros sectores, no ha presentado evidencia sobre cómo esta medida afectará las inversiones necesarias para garantizar el desarrollo sostenible del sector eléctrico.

En este contexto, resulta indispensable que las comisiones de Economía y Energía y Minas del Congreso analicen de manera rigurosa estos puntos antes de someter la norma a segunda votación. Una decisión apresurada podría tener consecuencias adversas para la estabilidad del servicio eléctrico, las tarifas y la inversión en energías renovables.