Política
Fiscal Tomás Gálvez: “Yo le decía Cesítar porque éramos amigos”
El Fiscal Tomás Gálvez y miembro de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público se encuentra investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias y organización criminal. Mientras tanto, la Junta Nacional de Justicia, tampoco ha dado un pronunciamiento claro sobre los procesos disciplinarios que tienen pendientes contra fiscales y jueces supremos.
Mientras tanto, Tomás Gálvez acaba de denunciar ante el presidente del Congreso, al Fiscal Supremo Pablo Sánchez por los delitos penales: Encubrimiento personal agravado, Encubrimiento real, Abuso de autoridad, Patrocinio ilegal, Colusión agravada, Usurpación de funciones, Revelación indebida de identidad agravada y Falsedad ideológica. Así como una denuncia por infracción constitucional por violar el artículo 39° de la Constitución Política del Perú.
Tomás Aladino Gálvez Villegas en esta entrevista nos cuenta aspectos sobre las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato y sobre su rivalidad con el fiscal Pablo Sánchez.
En principio, esto es como una guerra entre usted y el Fiscal Pablo Sánchez, porque primero él lo denunció a usted por su presunto vínculo con la organización criminal los Cuellos Blancos del Puerto, y ahora usted acaba de interponer una denuncia contra él ¿A qué se debe esta guerra entre ustedes que son Fiscales Supremos?
Para empezar, no se trata de ninguna guerra. Cuando tú conoces de la comisión de un delito estás en la obligación de denunciarlo, y si no lo haces en tu condición de fiscal, estás incurriendo en omisión de denuncia, o en infracción de tus deberes. Y no es que esté en una guerra con Pablo Sánchez y lo haga ahora. Desde que conocí el contenido del acuerdo que se expresó, o que se determinó en la sentencia, porque el acuerdo no lo han soltado nunca porque hasta ahora lo han mantenido en absoluto secreto; desde ese momento yo dije que estos señores Vela y Pérez estaban protegiendo y encubriendo a la empresa Odebrecht. No es que yo lo diga desde ahora y no es que haya levantado una guerra.
Si no es una guerra, ¿Entonces qué es?
En primer lugar, yo solicité a la Junta de Fiscales Supremos que los citen para que expliquen ese contenido irregular y delicado del acuerdo, pero Pablo Sánchez dijo que no y luego ellos salieron a despotricar contra mi persona. Todo quedó en nada por la protección de Pablo Sánchez; entonces no es que ahora yo esté haciendo una guerra, todo lo contrario, estoy denunciando un hecho que en ese momento dije que lo iba a denunciar, pero ante quién lo iba a denunciar, ¿Lo iba denunciar ante la Fiscal de la Nación que prácticamente está en dúo con Pablo? Imposible. Tenía que esperar ciertamente que se constituya la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para interponer la denuncia, y como ya está constituida, por eso es que he interpuesto la denuncia. Punto.
En ese sentido, cuando usted criticaba la labor del Equipo Especial Lava Jato su tesis consistía en que ellos no se estaban enfocando en un tema de fondo; es decir, usted decía que sus investigaciones la basaban en aspectos accesorios e irrelevantes, y no en los temas de fondo, como por ejemplo, los delitos ligados al Gasoducto Sur peruano.
Pero precisamente… mira. Se supone que estaban celebrando un acuerdo de colaboración eficaz. Y en ese acuerdo de colaboración eficaz para ponernos de acuerdo, tú me das las pruebas que sean útiles, veraces y oportunas, y yo evalúo las pruebas que me das, y te concedo los beneficios, muy bien. Pero a los jefes, dirigentes y a los que han hecho daño, en este caso de la empresa Odebrecht, no les podían dar la excepción de pena, porque la ley lo prohíbe. Entonces, tendría que esperar la prueba para yo darte luego el beneficio. Y qué hicieron estos señores: les dieron todos los beneficios, inclusive los que estaban prohibidos sin que la empresa entregara las pruebas porque solo se comprometieron a entregarlas en el futuro. Por eso es que han ido viajando constantemente para que les entreguen las pruebas que hasta ahora no lo han hecho. Entonces, celebraron el acuerdo de colaboración a pesar de que la empresa ocultó las pruebas de todos los hechos importantes. Y en esas condiciones cómo te voy a dar el beneficio, si eso es elemental.
Y según usted ¿Por qué hicieron eso?
Todo tiene una razón. Si no entregaban las pruebas, entonces ¿por qué les concedieron los beneficios y por qué cerraron el acuerdo? porque la empresa Odebrecht necesitaba que le entreguen los 5 mil millones de la venta de la Central Hidroeléctrica Chaglla. Para eso celebraron el acuerdo, solo para entregar el dinero, y no porque les entregaron las pruebas, o porque estaban investigando, ni porque la empresa estaba colaborando. Porque la empresa no ha colaborado en lo absoluto, y cómo le vas a conceder los beneficios.
Usted está diciendo que ¿el Equipo Especial ha jugado mal?
Esos señores distorsionaron la investigación, como tú más o menos has dicho…
Yo no he dicho eso, yo solo le pregunto
Pero mira pues, ¿qué se tenía que investigar en este caso? Se tenía que investigar los grandes actos de colusión y los sobornos realizados en la adjudicación de los megaproyectos, Gasoducto Sur Peruano, Chaglla, Chavimochic, H2Olmos, etc. Allí en esas obras con presupuestos bien inflados y sobrevalorados, ahí se tenía que investigar qué funcionarios participaron, cuánto de coima hubo, dónde estaba la plata, y sobre todo, quiénes de esas empresas participaron. Ese era el cuerpo de la investigación, no otra cosa. Pero ellos dejaron de lado la esencia de la investigación y se pusieron a investigar otra cosa, que les den datos sobre financiamientos de campañas electorales.
Pero no está mal descubrir esos delitos
Eso no era delito. Ahora ya es delito, pero no en ese momento. Yo no sé si te acuerdas que en agosto del año pasado recien el Congreso sacó una ley considerando como delito al financiamiento de campaña.
Pero igual, si… (Interrupción)
Entonces qué significa: que la información que les dan sobre ese financiamiento es una información de casos irrelevantes, porque no es delito y eso ni siquiera es competencia de la Fiscalía.
Entiendo cuando usted argumenta desde su posición jurídica como Fiscal, que el lavado de activos para que sea delito tendría que comprobarse que la procedencia del dinero sea ilícita, pero…
Pero todavía no hemos hablado de lavado de activos. Yo te hablo de financiamiento de campañas electorales y en el momento que esta gente entregó dinero, como han entregado los del Banco de Crédito, y el grupo Gloria, etc., todos ellos entonces estarían presos pues, si sería delito.
No seamos incautos, eso es inmoral.
Pero no era delito y eso es irrelevante desde la perspectiva penal. Ahora, desde la perspectiva tributaria, y desde Contraloría, eso podrán investigarlo. Incluso desde la perspectiva moral podemos condenar esos actos inmorales, pero la Fiscalía no investiga actos inmorales, no investiga actos de honestidad, sino, investiga delitos. Y esos eran hechos, no eran delitos.
¿Y acaso el cohecho no es un delito?
Pero estoy hablando de financiamiento de campaña, ¿por qué me cambias a cohecho?
Porque el financiamiento de campaña se ofrece como una condición de promesa para que luego haya una retribución del funcionario público, y eso es lo que hubo después.
Es como si yo te diga: si mañana tengo un hijo, pasado mañana voy a tener una nuera, después voy a tener unos nietos…
De todas maneras, son actos de corrupción
Es que el hecho tiene que producirse ahora, la ley lo establece categóricamente. Yo te tendría que dar el dinero en un proceso o en un contrato, o como un acto preparatorio para que después me des las obras. Pero acá no se ha demostrado que se dieron las obras, o que se intentó dar las obras; es más, creo que muchos de ellos ni siquiera han sido gobierno. A ver si eso es delito entonces ¿por qué no está presa Lourdes Flores?
Le repito, es corrupción.
Desde la perspectiva general, digamos, cuando nosotros decimos que las cosas tienen que ser limpias, podríamos decir que es corrupción, pero no es un delito. ¿Qué cosa es un delito? es un hecho que está descrito expresamente en la norma como delito.
Sé perfectamente que todo lo que está tipificado en el instrumento legal del Código Penal es delito, pero ¿qué me dice de Susana Villarán y Luis Castañeda que están con arresto domiciliario?
Tenemos que razonar lógicamente, porque Villarán era gobierno local y le entregaron plata, porque le financiaron la campaña, o mejor dicho, le entregaron 3 millones de dólares para su campaña, que es distinto, para que entregue las obras y por eso entregó Rutas de Lima, eso es categórico. Pero eso es colusión, porque el funcionario está en el cargo, y a cambio de entregarle la obra, creo que en el caso de Villarán al principio la concesión era para 30 años, y luego la aumentó a 40 años y le infló el presupuesto al triple, porque para eso recibió la plata. Eso es un proceso concreto por eso es corrupción, claro que sí, es soborno.
Con respecto al aparato fiscal ¿Usted cree que Pablo Sánchez tiene mucha influencia, e iría por encima de la doctora Zoraida Ávalos en las decisiones del Ministerio Público?
El problema es que Pablo Sánchez ha realizado actos concretos que significan actos de corrupción, como el caso de su hijo que lo hizo ingresar al JNE, y a su otro hijo que lo metió a la Procuraduría del Ministerio de Justicia, y luego ese hijo en contraprestación hizo que a otra persona la promuevan a la Fiscalía. Eso está comprobado, no sé si viste en un reportaje donde su hijo dice: “Mi papá me preguntó si quería trabajar… y me dijo, ya anda a trabajar allá”.
¿Estamos hablando de Patrocinio ilegal?
Sí, es Patrocinio ilegal conforme al Código. Y ese mismo hecho es el que ha considerado la justicia española para admitir la extradición de Hinostroza Pariachi. A él lo están extraditando porque consideran que es un delito grave por haber recomendado a una persona para que ingrese a trabajar en una entidad como Tráfico de influencias y como Patrocinio ilegal; es tan grave que a Hinostroza hasta la extradición están dándole por eso. Y yo he denunciado ese hecho concreto contra Pablo Sánchez, y no es que esté pensando que tiene mucho poder.
Hablemos de Los Cuellos Blancos del Puerto
Yo sé que muchos periodistas están condicionados porque creen que yo particularmente soy un Cuello Blanco, y no. Yo no tengo que ver absolutamente nada con eso.
Entiendo que tenga argumentos legales para discutir los temas, pero generalmente usted choca con la prensa cuando le entrevistan
Pero qué quieres que haga cuando la gente no entiende temas legales.
Pero tampoco puede desestimar las opiniones de los periodistas
Pero dime cuál pues.
Hablo de que usted no es un Fiscal muy popular que digamos
Y eso qué tiene que ver. No me cambies de tema, yo soy profesor de metodología y me desespera cuando la gente se pierde en el camino. Vamos a suponer que yo no soy popular y eso qué tiene que ver con la naturaleza de los hechos que estoy denunciando. No tienes que criticarme a mí, y si quieres defenderlos a ellos, entonces defiende los hechos que te estoy diciendo.
Aquí no se trata de defenderlo a usted, ni al Fiscal Pablo Sánchez con los fiscales del Equipo Especial. Aquí se trata de que usted tenga tolerancia.
Mira, hemos estado hablando de esas cosas y no hemos sacado una conclusión sobre los hechos. Y me sacas conclusiones: que yo no soy un Fiscal popular, entonces estás dando un salto que se llama falacia…
¿Cómo ve a la nueva Junta Nacional de Justicia?
Yo tenía mucha esperanza porque Aldo Vásquez Ríos ha sido mi profesor; el otro señor Henry Ávila también es un profesor universitario con quien hemos coincidido en distintos lugares muy importantes; la doctora María Zavala… hemos sido colegas como Vocales Superiores; y la doctora Inés Tello una persona muy ecuánime, y al resto no los conozco, así que de ellos no hablo ni a favor, ni en contra. Pero con esos cuatro yo tenía mucha esperanza, porque ellos son juristas y son gente bien formada, y dije: no voy a tener ningún problema para que ellos entiendan que yo no tengo nada que ver. Pero de arranque me abren un procedimiento inmediato que es contrario a la ley y a la Constitución. Y a Pablo Sánchez y a San Martín que claramente han realizado hechos que son materia de investigación, ni los mencionan. Y a mí que no tengo absolutamente nada que ver, me abren un procedimiento inmediato para que de una vez con un informe dicten la resolución y me destituyan.
¿Cree que hay una falta de motivación en ese procedimiento?
Por eso yo dije que los voy a denunciar, porque ellos han cometido infracciones constitucionales y delitos de discriminación, porque cuando tú das un trato desigual contra una persona… y a mí me han discriminado, porque a otros por hechos más graves ni los comprenden en una investigación. Y a mí por haber hecho algo lícito me incluyen.
Entonces ¿Hubiera preferido una investigación preliminar?
Claro. Yo no me opongo a que me investiguen. Es que ahí hay una consigna, y además hay mucha gente de la Junta que han motivado a favor del Acuerdo y tienen fotos con Odebrecht y todo eso.
Ahora habla que lo han discriminado, pero se olvida de las respuestas discriminadoras que dio a dos periodistas mujeres
Así como estoy conversando contigo en voz alta y con firmeza, así he conversado con ellas, y por eso dicen que las he discriminado. ¿En qué las he discriminado?
Usted le dijo a Carla Harada: “Mujer qué… hablo quechua… no me estás entendiendo” ¿Acaso ya no se acuerda?
¿Así les he dicho? Yo solo les he dicho que no entienden.
Pero hay que tener respeto
Lo que pasa es que yo soy directo, y quizás soy imprudente en eso. Mira a ellas, que no entendían les dije: ¿estoy hablando quechua que no me entienden? Eso he dicho; en dónde discrimino.
También ha admitido que es amigo personal de César Hinostroza Pariachi
Desde siempre, porque nos encontramos en la Academia y hemos juramentado juntos y nos hemos hecho amigos. Nos hemos comunicado por cuestiones de amistad y por cuestiones funcionales ¿Cuál es el problema? Y si partes de ahí, por el hecho que sea mi amigo, qué tiene que ver; yo nunca lo he negado porque es una realidad. Yo nunca niego ni a mis amigos ni a los hechos. Lo que he hecho pongo el pecho, lo que me calumnian, me defiendo con firmeza. Punto.
Pero en uno de sus audios con Hinostroza Pariachi se escucha que usted le está pidiendo un favor para un amigo
Pero claro… si tú eres mi amigo y me pides un favor porque estás en problemas y yo pido un favor a otro, claro que sí. Mientras el favor que pido no sea ilícito, ¿cuál es el problema?
Que ese favor que usted pedía era para el fiscal Walter delgado
El fiscal Walter Delgado es mi amigo. Yo he sido su profesor, prácticamente he sido su padrino… es casi como mi hijo; entonces, él estaba en una situación de depresión, grave, por unos problemas familiares que no puedo decirlo, y ya estaba al borde de la locura. Hinostroza ya había hablado con Walter porque eran amigos también, porque había sido su profesor y ya le había levantado la moral.
Eso parecía un favorcito para ayudarlo en un litigio familiar contra su esposa
Claro que era un favor, como que tú me puedes pedir un favor, o como que yo te puedo pedir un favor; pero el favor que te pido no es ilícito. No hemos hablado en ningún momento del litigio, porque el litigio estaba resuelto a favor de Walter. Primera vez que hablo de esto y ojalá que lo publiques. Cuando yo llamo a Hinostroza, el caso de Walter estaba resuelto. Entonces ¿para qué voy a llamar para que interceda Hinostroza por un caso resuelto; y acaso Hinostroza tenía el caso? Ahora, si yo hubiese llamado a Hinostroza, y él tenía el caso; ahí si me puedes decir.
Pero es un Vocal Supremo pues, tampoco seamos ingenuos
Y yo soy Fiscal Supremo. Y a quién le voy a pedir yo… a quién le voy a ordenar.
Mientras, Hinostroza Pariachi le decía a usted Tomasito
Está bien pues. Y yo le decía Cesítar porque éramos amigos. ¿Qué pasa contigo?
Para finalizar, ante las denuncias se está pidiendo que usted debe renunciar como Fiscal Supremo ¿Qué tiene que responder?
Yo si quiero renuncio… y sino no ¿cuál es el problema? Si no he hecho absolutamente nada como para renunciar, sino, que me digan qué he hecho, a ver. Dame por lo menos el beneficio de la duda. Sino, que como Pablo Sánchez hace la cortina de humo para tener el espacio adecuado para encubrir a Odebrecht, lo hizo bacán pues, y como las fiscales del Callao dependen de Pablo, porque él la nombró a Sandra Castro, porque ha sido su alumna y todo eso… y le obedece. Acuérdate que mi oficina está al frente de la de él, y todas las veces que venían las fiscales a hablar con Pablo, yo lo sabía pues.
Política
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Política
Ministra Leslie Urteaga en la mira del Congreso tras denuncias de niños intoxicados con productos de ‘Wasi Mikuna’
La titular del Midis, quien hace unos días cogió maletas y viajó a Chile a un foro de ‘desarrollo sostenible’, tendrá que asistir al Parlamento para rendir explicaciones sobre la intoxicación de más de 120 escolares en diversas regiones. Por su parte, la congresista Norma Yarrow le cursó un oficio exigiéndole una inmediata respuesta.
Como se recuerda, el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini pretendió “lavarle la cara” al otrora programa alimentario ‘Qali Warma’, tras las denuncias que indicaban que los productos alimenticios destinados a escolares del país, estaban preparados con carne de caballo. Por lo que optó a cambiarle de nombre y en diciembre de 2024 decidió ponerle ‘Wasi Mikuna’.
‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’ resultaron ser lo mismo
Han transcurrido, cuatro meses, y dicho programa social no ha cambiado en su estructura ni en sus habituales problemas. Y en solo una semana, se han intoxicado alrededor de 120 niños en Áncash, Amazonas y Piura, luego de consumir conservas de pescado procedentes del programa Wasi Mikuna.
Ante ello, algunos congresistas, como la presidenta de la Comisión Investigadora en torno a Programas Sociales, Katy Ugarte Mamani dijo que «no hay un control de calidad» en el programa ‘Wasi Mikuna’, el cual reemplazó a ‘Qali Warma’. Asimismo, consideró que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, inmediatamente debe acudir al Congreso para responder sobre los reportes de escolares intoxicados, tras consumir los alimentos del cuestionado programa social.
“La ministra tiene que venir al Congreso sobre esta situación tan delicada, porque no podemos permitir que niños sigan intoxicándose y no podemos jugar con la salud de la niñez”, refirió Ugarte Mamani.
Norma Yarrow exige explicaciones a ministra Leslie Urteaga
La parlamentaria de Renovación Popular, Norma Yarrow Lumbreras también se pronunció sobre la reciente denuncia de niños intoxicados por ingerir productos alimenticios de ‘Wasi Mikuna’, e indicó que tiene información del daño ocasionado en más de 80 menores de un colegio piurano, donde se distribuyen desayunos elaborados por el programa del Midis. Además, recordó los posibles casos de intoxicación ocurridos recientemente en el distrito de Los Olivos y en la localidad de Bagua.
Yarrow Lumbreras solicitó a tomar acciones de supervisión e investigar los hechos de esta alarmante situación, remarcando que «afecta la salud de la población escolar». En ese sentido, exigió una inmediata respuesta a fin de que se identifiquen las responsabilidades del caso.
Posteriormente, la congresista anunció mediante sus redes sociales que había enviado los oficios correspondientes a la ministra Leslie Urteaga y el contralor César Aguilar, con la finalidad de esclarecer estas preocupantes circunstancias que perjudican a varios escolares peruanos. Además, criticó duramente al programa ‘Wasi Mikuna’, calificándolo como «un burdo maquillaje» de su predecesor, ‘Qali Warma’.
«Nuevamente alumnos de diferentes regiones resultan intoxicados al ingerir alimentos del programa Wasi Mikuna, antes Qali Warma. Esto es una burla y atentado a los estudiantes más humildes. Envío oficios a la Contraloría y al Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo (MIDIS). Otra vez se pone en riesgo la vida de nuestros escolares», publicó en su cuenta de X, Yarrow Lumbreras.
Leslie Urteaga se fue de viaje a Chile
La cuestionada ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga Peña, apenas hace tres días cogió sus maletas y emprendió vuelo a Santiago de Chile, representando a Perú en la Octava Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, que se lleva a cabo en el país mapuche, del 1 al 4 de abril.
Durante su ausencia, el despacho del Midis quedó a cargo del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate.
Política
Congresista Montoya sobre la comunidad LGBT: “Ellos mismos se discriminan” [VIDEO]
Parlamentario sostiene que “ellos mismos se discriminan cuando quieren ser algo diferente en la sociedad”.
Política
Gobernadores regionales, alcaldes, congresistas y otros funcionarios públicos están prohibidos de realizar publicidad estatal
Tras el anuncio presidencial que convocó a Elecciones Generales 2026 quedan prohibidas todas las propagandas estatales. Es decir, todo servidor público no podrá aparecer en spots a través de su imagen y voz que lo identifique y tampoco deberá publicitar colores, frases, símbolos, o signos, que estén relacionados con una organización política.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que desde este jueves 27 de marzo se encuentra efectiva la prohibición de realizar publicidad estatal en todo el país, ante la oficialización de la convocatoria a Elecciones Generales 2026 (EG 2026), de acuerdo con la normatividad vigente.
El impedimento rige desde el pasado jueves 27 de marzo. Es decir, desde el día siguiente en que se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N°039-2025-PCM, mediante el cual la mandataria Dina Boluarte convocó al proceso para elegir al presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.
Existen excepciones
Si bien esta restricción está vigente y tiene que acatarse bajo todo concepto, también tiene excepciones. Es decir, cuando la publicidad estatal se justifica en casos de impostergable necesidad o utilidad pública, por temas referidos a educación, salud, seguridad u otras situaciones similares, tal como lo precisa el Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, aprobado por Resolución n.° 047-2024-JNE.
Alcaldes, gobernadores y otros servidores públicos no podrán hacer propaganda
Los avisos o mensajes exceptuados, en ningún caso pueden contener o hacer alusión a colores, nombres, frases o textos, símbolos, signos o cualquier otro elemento que directa o indirectamente esté relacionado con una organización política.
Además, ningún funcionario o servidor público de una entidad o cualquiera de sus dependencias deberá aparecer en la publicidad estatal, a través de su imagen, nombre, voz, cargo o cualquier otro medio que de forma indubitable lo identifique.
En las citadas excepciones, debe cumplirse las exigencias señaladas en el citado reglamento. Así, por ejemplo, se debe solicitar autorización previa, de tratarse de avisos o mensajes publicitarios a ser propalados por radio o televisión.
En tanto, si la difusión se lleva a cabo a través de la prensa escrita, redes sociales u otros medios se deberá presentar un reporte posterior. También se anota que los referidos procedimientos deben entregarse ante la Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI) del JNE, mientras no se instalen los Jurados Electorales Especiales (JEE) competentes.
Las notas de prensa no están prohibidas
Asimismo, no se encuentran dentro de la definición de publicidad estatal las notas de prensa; las comunicaciones internas e interinstitucionales; y los avisos sobre procedimientos a convocarse en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y otras normas afines.
Política
Indecopi se niega investigar a Centro Comercial Real Plaza
La Comisión de Protección al Consumidor declaró improcedente la denuncia presentada contra la empresa Real Plaza y sus apoderados, basándose en una ‘leguleyada’ que sustenta el principio ‘non bis in idem’, “ya que existe otra entidad del estado (autoridad municipal) con competencia para conocer los hechos denunciados”.
Indecopi declaró improcedente la denuncia presentada por la asociaciones de defensa al consumidor, Centro EQUIDAD, ADCIP, y PROCONSUMO, contra Real Plaza SRL y sus gerentes y/o apoderados, Misael Shimizu Mitsumasu, Luis Alonso Santa María Torres y Garlet Noemi Rodríguez Ortiz, por su presunta responsabilidad y/o culpa, en los hechos fatídicos del pasado 21 de febrero del 2025, y por su actuar negligente en días posteriores, por acciones de supuesta omisión que vulneraron los derechos de los consumidores. Y por haber ocultado información de las deficiencias en sus 11 locales o centros comerciales.
La Comisión de Protección al Consumidor a través de la Resolución Final N° 0747-2025/CC2 argumenta que se han cumplido todos los requisitos necesarios para que se configure el supuesto de afectación al Principio de Non Bis In Idem (no dos veces por lo mismo). Por esa razón, no solo han declarado inadmisible la denuncia, sino también, improcedente, por falta de competencia, arguyen.
Alegan que no tienen competencia para sancionar
De acuerdo al punto 23 de la resolución de Indecopi, se señala que el artículo 46° de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) establece que las ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas y por ende establecen las escalas de multas. Asimismo, en el punto 24, indican que las municipalidades de Huancayo, Cusco, Villa María del Triunfo, Ate, Piura, Guardia Civil, Centro Cívico, y Juliaca cuentan con competencia para conocer los hechos cuestionados, con respecto a los centros comerciales de Real Plaza.
En tal sentido, en el punto 25, Indecopi argumenta que “ya existe una entidad del estado (autoridad municipal) con competencia para conocer los hechos denunciados por Equidad, Proconsumo y ADCIP, por lo que no corresponde a Indecopi conozca el mismo sin haberse verificado una afectación en concreto a los consumidores”. Asimismo, en el punto 26, la entidad señala que “En atención a lo expuesto, corresponde declarar improcedente por falta de competencia, el extremo referido a que Real Plaza, el señor Shimizu, el señor Santa María y la señora Rodríguez habrían puesto en riesgo la seguridad de los consumidores, toda vez que sus locales comerciales (Real Plaza Huancayo, Cusco, Villa María del Triunfo, Puruchuco, Santa Clara, Piura, Guardia Civil, Centro Cívico y Juliaca) presentaban defectos (estructurales y eléctricos)”.
Indecopi no identifica deficiencias de Real Plaza
En los puntos 36, 37 y 38, la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi considera que los denunciantes de Real Plaza y sus apoderados, brindaron medios probatorios con información que sustenta de manera genérica las deficiencias que habrían presentado los centros comerciales de dicha empresa. Por lo tanto, no fue posible identificar de manera concreta y detallada los defectos aducidos. Asimismo, señalan que no les fue posible verificar que, con anterioridad a las intervenciones de las municipalidades, la empresa denunciada hubiese tenido conocimiento de las deficiencias alegadas.
Declaran improcedente resarcir económicamente a afectados de Real Plaza
Finalmente, en los puntos, 39, 40 y 41, Indecopi declaró improcedente interponer la medida cautelar solicitada por los denunciantes, con el fin de que se reembolsen los gastos efectuados por los consumidores que fueron afectados por la tragedia del pasado 21 de febrero del 2025, en su local del Centro Comercial Real Plaza Trujillo. La entidad, nuevamente argumenta que, ante esta pretensión, también se ha configurado el Principio de Non Bis In Idem, considerando que las supuestas infracciones ya están siendo analizadas por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad.
En resumidas cuentas, Indecopi, a través de su Comisión de Protección al Consumidor, prácticamente abandona su legítimo rol de proteger a los usuarios peruanos. En tanto, surge la pregunta ¿a quién protege Indecopi, al consumidor o a la empresa privada?
Política
Gobierno de Dina Boluarte desiste en imponer “franja informativa”
Fue el ministro de Justicia quien indicara que propuesta queda “suspendida”.
Recapacitaron. El gobierno de Dina Boluarte dio marcha atrás en querer imponer una “franja informativa” que obligaba a todos los medios de comunicación el transmitir todo lo que se debatía en el denominado ‘Cuarto de Guerra’, presidida Boluarte Zegarra y sus ministros.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Eduardo Arana, explicó que la medida había sido planteada con el fin de garantizar que los medios informaran sobre las actividades oficiales y las acciones del Ejecutivo durante el estado de emergencia contra la criminalidad.
Durante su anuncio, el funcionario detalló que la propuesta se basaba en el artículo 6 de la Ley de Radio y Televisión, que ya prevé el apoyo de los medios “en situaciones de desastre y emergencia”. Además, mencionó que un decreto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ya regula las obligaciones de los medios en estos contextos. “Hay una norma vigente. No es verdad que sea inconstitucional o ilegal, ya existe”, afirmó.
Explicó, además, que el propósito de la medida era unificar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad organizada y brindar a la población información relevante sobre las acciones del gobierno en el marco de un estado de emergencia. Aunque la propuesta no había sido sometida a un “debate público” formal, Arana reconoció que los comentarios previos habían generado “confusión sobre el verdadero propósito” de la propuesta.
“La intención de la medida tenía el fin de unir esfuerzos en beneficio de la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad, y que de modo alguno pretendía vulnerar la libertad de expresión, en aras de nuestra vocación democrática. Suspenderemos la referida propuesta”, dijo al reiterar que el Ejecutivo defiende los “valores democráticos” y la libertad de expresión.
Sin embargo, tal anuncio trajo consigo una ola de críticas por parte de distintos sectores, en especial desde la Asociación de Periodistas del Perú (APN), el cual calificó de “inaceptable” dicha propuesta del Ejecutivo.
La ANP había señalado que la propuesta revestía una particular gravedad, ya que observaba un intento de controlar el contenido de los medios. “En un contexto de permanentes arremetidas del Ejecutivo contra las libertades informativas, con escaladas constantes, resulta nocivo anunciar una propuesta de esta naturaleza”, sostuvieron.
Política
Premier Gustavo Adrianzén será interpelado por el Congreso de la República
Adrianzén deberá presentarse al Parlamento el 9 de abril para responder un pliego de 43 preguntas. La moción se fundamenta en “la incapacidad para luchar contra la inseguridad ciudadana”. En respuesta, el titular de la PCM califica la medida de “persecución política” y no descarta pedir cuestión de confianza.
Parecía nunca llegar, pero llegó el día en que algunas facciones del Congreso ya no pretenderían arropar al Gobierno de Dina Boluarte. Por lo que el Pleno aprobó, con 43 votos a favor, 39 en contra y 21 abstenciones, la admisión de la Moción de Orden del Día 16263, que solicita la interpelación del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya.
Como era de esperarse, las bancadas que se opusieron a aprobar la moción fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Bloque Magisterial y Honor y Democracia.
La interpelación propuesta por el legislador Edward Málaga Trillo (Avanza País), de acuerdo a lo confirmado por el presidente de la Mesa Directiva Eduardo Salhuana, quedó programada para el próximo miércoles 9 de abril a las 3 de la tarde, en la cual Adrianzén Olaya deberá responder un pliego de 43 preguntas alusivas a su labor en temas urgentes, como la inseguridad ciudadana y minería ilegal, la composición de su Gabinete Ministerial y la política económica del gobierno.
Por su parte, Málaga Trillo remarcó que el gobierno no resuelve un tema tan importante, como es la inseguridad.
“Incapacidad para avanzar en la lucha contra la inseguridad ciudadana, que nos sigue costando vidas, especialmente afectando a empresarios, comerciantes, transportistas, colegios y artistas”, refirió el parlamentario.
Premier Adrianzén: interpelación es una “persecución sistemática”
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén en la conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros, comparó la medida de interpelación, con casos anteriores de censura en el gobierno de Boluarte Zegarra y se refirió a las destituciones del exministro de Energía y Minas Rómulo Mucho y el exministro del Interior Juan José Santivañez, así como la interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones Raúl Pérez Reyes.
Asimismo, afirmó que el Ejecutivo también evalúa las medidas de retribución que tomará ante este proceso, como es la figura de cuestión de confianza: “Pero en la misma medida que el Congreso de la República articula mecanismos contenidos en el Reglamento del Congreso, el Poder Ejecutivo está evaluando las medidas que va a adoptar al respecto”.
Política
Mincul investigará a ‘influencers’ que realizaron publicidad en santuario de Machu Picchu
DDC del Cusco recuerda que están prohibidas las imágenes con “fines publicitarios” del santuario, y que los interesados deben de solicitar un permiso.
No se cuidaron. El Ministerio de Cultura (Mincul), a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, indicó que viene realizando investigaciones contra unas supuestas ‘influencers’ por presuntamente infringir el reglamento de visita del santuario de Machu Picchu.
La entidad recordó que el uso de la imagen del Santuario Histórico “con fines publicitarios” está estrictamente prohibido.
Asimismo, explicó que la norma tiene como objetivo “proteger este invaluable Patrimonio Cultural y Natural”, así como garantizar “su conservación a lo largo del tiempo”.
A propósito de ello, Nino del Solar Velardo, jefe del referido parque arqueológico, expresó su preocupación sobre este caso, donde las ‘influencers’ habrían configurado el posible uso no autorizado de la imagen de Machu Picchu.
“Es fundamental que todos los ciudadanos, nacionales o extranjeros, que visitan la Llaqta de Machu Picchu cumplan con el Reglamento de Uso Sostenible y Visita Turística para la Conservación de la Llaqta de Machu Picchu que establece claramente las conductas calificadas como prohibidas o que transgreden la norma vigente”, manifestó.
Además, destacó que el boleto de ingreso establece explícitamente que, al adquirirlo, se aceptan los términos, condiciones y el reglamento de visita.
En ese sentido, indicó que la DDC, ante un posible incumplimiento de las normas, está facultada para iniciar ‘las acciones legales correspondientes’, lo que motivó abrir una investigación contra este grupo de creadores de contenido.
Cabe precisar que cualquier visitante que realice actos indebidos o intente ingresar con objetos prohibidos en los monumentos históricos enfrentará consecuencias severas. Estas medidas incluyen la expulsión inmediata del recinto sin posibilidad de reembolso y el inicio de acciones legales correspondientes.
El control y la vigilancia dentro de estos espacios están a cargo de los guardaparques del Ministerio de Cultura y de los agentes de la Policía Nacional, quienes deberían garantizar el cuidado.
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