Política
El misterio de la cancelación del concierto de Maluma y los hilos escondidos de Elvira Labarthe en el gobierno de Martín Vizcarra
En febrero del año pasado, un anunciado concierto con la presentación del famoso cantante colombiano Maluma fue abruptamente cancelado con la gente ingresando al Estadio Nacional y el rapero rumbo al vestuario. Un episodio que quedó en el misterio y un año más tarde se conoce la historia escondida.

La investigación a cargo del Ministerio Público sobre los actos de corrupción y otros delitos que implican al expresidente Martín Vizcarra, empieza a mostrar entretelones que estaban en el misterio.
Una ruta de investigación importante se ha abierto a partir del hallazgo, en las computadoras incautadas, de correos electrónicos que muestran un hecho que a nivel de opinión pública no se conocía: la estrecha vinculación de la señora Elvira Labarthe Flores con Martín Vizcarra Cornejo. La Sra. Labarthe es la madre de Salvador del Solar Labarthe, quien se desempeñó como primer ministro del gobierno de Vizcarra. Las investigaciones empiezan a develar que la señora Labarthe, una cotizada relacionista pública y gestora de intereses, ha tenido vínculos con el investigado ex presidente desde la época en que se desempeñaba como gobernador regional, cargo en el cual incurrió en actos de corrupción que hoy son materia de investigación fiscal. Entre los hechos que se empiezan a develar se ha llegado a conocer que Elvira Labarthe representa intereses de empresarios mexicanos, una cartera de clientes que logró armar en sus años de residencia en México.

El portal El Foco reveló en una publicación del 27 de abril pasado, que el expresidente Vizcarra tuvo como asesores en la sombra a “Elvira Labarthe Flores y Óscar Díaz Moscoso, dos personas que desde hace décadas se dedican a la gestión de intereses empresariales. Estos dos personajes le decían al expresidente a quién nombrar ministro o a qué empresario recibir en Palacio de Gobierno”.
En los correos electrónicos que se logró rescatar de la computadora del Despacho Presidencial que están en manos del Ministerio Público, aparecen comunicaciones que Elvira Labarthe y Óscar Díaz intercambiaron con Vizcarra. “La madre de Salvador del Solar y Vizcarra tienen una amistad que se remonta al 2012, cuando Vizcarra dirigía el Gobierno Regional de Moquegua. Por ese entonces, Elvira Labarthe era asesora de Southern, la firma mexicana que explota la mina Cuajone y posee una fundición en Ilo, ambas en Moquegua”, señaló El Foco.

El misterio Maluma
Otro hecho que empieza a descubrirse es el misterio del concierto cancelado en el Estadio Nacional del famoso cantante Maluma, un episodio que, en febrero del año pasado, fue cubierto por todos los medios de comunicación por la intempestiva cancelación del espectáculo y, sobre todo, por la razón alegada: que un techo del Estadio Nacional estaba en peligro de venirse abajo. Resulta que las investigaciones que se están desarrollando empiezan a mostrar que ese misterio escondía la mano de doña Elvira Labarthe Flores y sus influencias con las autoridades de ese momento.
En febrero de 2020 Zeta Gas, la empresa mexicana que opera en Perú en el almacenamiento, distribución y comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP), decidió premiar la lealtad de sus clientes con un concierto programado exclusivamente para las familias consumidoras de sus balones de gas. Se trataba de un concierto muy importante porque se anunció la presentación del famoso cantante Maluma que cuenta con enorme audiencia no solo en Perú sino a nivel continental. El masivo evento debía realizarse el 6 de febrero de 2020 en el Estadio Nacional. Era, además, el primer concierto que una marca del rubro de gas organizaba completamente gratis para sus clientes y la presencia de Maluma, que arribó a Lima, se volvió tendencia en las redes sociales y acaparó la atención de las estaciones de televisión.

Sin embargo, el mismo día del concierto, 6 de febrero de 2020, con el cantante listo para su presentación y el público ya formando las filas de ingreso al Estadio Nacional, el concierto fue cancelado y el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Gustavo San Martín, difundió una información que causó enorme sorpresa, pues, señaló que el concierto no contaba con los certificados de Defensa Civil.
“Lamentablemente, ya hay un grupo de personas haciendo cola. Nosotros, obviamente hemos dispuesto que las puertas no se abran. Creo que hay un pequeño grupo de gente que ingresó antes de que nosotros tomáramos la decisión. Hasta el último momento intentamos hacer las coordinaciones para tener el certificado de Defensa Civil y sin esa normativa nosotros no podemos dar el pase para este evento”, dijo San Martín.

Lo extraño en ese momento es que Defensa Civil había realizado las inspecciones correspondientes hasta horas antes y no existía ninguna irregularidad. Además, no existe registro de que un espectáculo de esa magnitud sea cancelado con los espectadores ya dispuestos a ingresar a las tribunas. Demasiados hechos extraños convirtieron al clausurado concierto de Maluma en un misterio por resolver.
Influencias en la sombra
¿Qué pasó realmente? ¿Por qué minutos antes de su inicio se canceló un evento para miles de personas? ¿Cómo fue posible que un estadio donde se había realizado la multitudinaria inauguración de los Juegos Panamericanos 2019, se jugaban encuentros internacionales por la Copa Libertadores y albergaba los partidos de la selección peruana de fútbol, de pronto se convertía en un local de alto riesgo?
El argumento que se esgrimió fue que “el techo de una de las tribunas tenía riesgo de desplomarse”, pero una falla de esa naturaleza y gravedad tendría que haber sido detectada por Defensa Civil en las inspecciones realizadas en los días anteriores y no, sorpresivamente, poco antes del inicio del concierto. Algo que añadió más sospecha a la cancelación del concierto de Maluma fue que en los días siguientes se difundió, en algunos medios de comunicación, la noticia de que “el Estadio Nacional no podría ser utilizado” por el problema ya mencionado.
Sin embargo, a la luz de los hechos, esa información fue direccionada porque la realidad terminó demostrando que “el peligro de desplome del techo” fue un pretexto de último momento para impedir el mencionado concierto, toda vez que el 13 de febrero, exactamente una semana después de que se impidiera el show de Maluma, el Estadio Nacional fue el escenario para el encuentro entre Sporting Cristal y Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores. A eso se sumó que el gerente de marketing de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Benjamín Romero, despejó todas las dudas declarando que «El Estadio Nacional es la casa de la Selección Peruana y ese es el estadio donde vamos a jugar. El tema de Brasil ya está cerrado y vamos a disputar todos los partidos de las Eliminatorias ahí». Efectivamente, el partido entre Perú y Brasil se jugó el 31 de marzo en el Estadio Nacional sin ningún inconveniente y con todos los techos sin ningún problema.
Lo concreto es que nunca existió un problema para usar el Estadio Nacional la noche en que debió realizarse el concierto de Maluma convocado por la empresa Zeta Gas. Tanto así que el propio IPD lo reconoció con el informe N° 000032-2020-OGA/IPD de fecha 17 de febrero de 2020 —apenas once días después de la cancelación— y en el cual el Jefe de la Oficina de Administración del IDP, Renato Ricardo García Arribasplata, señala lo siguiente:
“Se informa que esta Administración realizó diferentes gestiones para que la Municipalidad de Lima Metropolitana otorgara la viabilidad del evento y como resultado de dichas gestiones, funcionarios de la Municipalidad, realizaron una visita de inspección el día 05/02/2020, un día antes del evento, verificando principalmente las salidas de evacuación, campo deportivo, instalaciones provisionales colocadas para el evento, sistema eléctrico del evento y el plan de evacuación del evento, con la finalidad de otorgar la viabilidad al concierto en temas de seguridad, en el cual se brindaron algunas recomendaciones técnicas, las que fueron implementadas de forma inmediata”.

Es decir, Defensa Civil, conforme a sus atribuciones, había dejado expedito el escenario el día anterior al concierto. ¿Por qué horas después todo cambió de manera abrupta? Si todo estaba en orden ¿qué pasó la noche del 6 de febrero de 2020 cuando miles de asistentes al concierto de Maluma se tuvieron que volver a casa sin poder ver al cantante, en un evento que, además, era gratuito para quienes pudieran acreditar que eran clientes de Zeta Gas?
Influencias desde fuera
Un año y tres meses después el misterio se empieza a resolver. Una fuente de la fiscalía señala que dentro de las investigaciones que se están realizando existen evidencias de que dicha cancelación tuvo origen en el círculo más cercano del ex presidente Martín Vizcarra y asoma el nombre de Elvira Labarthe Flores, la gestora de intereses empresariales quien según el informe del portal El Foco —el primer medio en poner en evidencia las actividades de la madre del ex primer ministro de Vizcarra, Salvador del Solar Labarthe— “le decía al expresidente a quién nombrar ministro o a qué empresario recibir en Palacio de Gobierno”.
En la fiscalía se vienen analizando los correos electrónicos que aparecen en las computadoras incautadas y una fuente a la que hemos tenido acceso señala que Elvira Labarthe habría movido sus influencias para que se impida de manera abrupta el concierto porque ella tenía directa relación con uno de los miembros del Directorio de la central de Zeta Gas en México quien, en ese momento, tenía discrepancias con el resto de directivos.
En un directorio dividido y en pugna a raíz del sonado divorcio que llegó a tribunales de México y Estados Unidos de Norteamérica entre el millonario empresario del gas Miguel Zaragoza Fuentes y su esposa Evangelina López Guzmán, el directivo en rebeldía contaba con una relación muy cercana con Elvira Labarthe con quien trabajaba desde hace años. Entonces, a través de ella buscó agudizar la tensión existente en el directorio de la empresa y le caía como anillo al dedo cancelar el concierto de Maluma organizado por Zeta Gas porque el día del concierto, como hemos podido comprobar con el registro migratorio, se encontraba en Lima, precisamente, Miguel Zaragoza Fuentes. Sabotear el concierto era una señal de poderío que la facción disidente quiso enviar en ese momento a pesar de que afectaba la imagen de la propia empresa.
Este hecho se suma a las evidencias que la fiscalía determinará en los meses siguientes para evaluar responsabilidades sobre los diversos casos de tráfico de influencias ocurridos en el gobierno de Martín Vizcarra, actualmente investigado por corrupción.

Cabe recordar que en el importante informe publicado el 27 de abril pasado por el portal El Foco, se señalan hechos que demuestran la cercana relación entre Elvira Labarthe Flores y Martín Vizcarra. “En junio del 2016, cuando Vizcarra fue electo vicepresidente y debía entregar al Jurado Nacional de Elecciones la lista de sus invitados a la entrega de credenciales, puso en la nómina a Labarthe”.
El ascenso político de Vizcarra fue muy beneficioso para Elvira Labarthe cuando éste ocupó el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) y luego la Presidencia del Perú.
“En uno de los correos que Elvira Labarthe envió a Martín Vizcarra el 22 de septiembre del 2016, le solicita que reciba en el MTC a una delegación de ejecutivos de la constructora portuguesa Mota Engil. La delegación era encabezada por Rubén Lora Morgan, presidente de la firma en el Perú. El correo de Labarthe, fue enviado a Karem Roca, asistente personal de Vizcarra. “Hola Karen, buenos días, te adjunto los nombres y números de placa de las personas que irán hoy a las 6 pm acompañando al Ing. Rubén Lora a ver al ministro”.

Al final, “con Vizcarra como ministro de Transportes, Mota Engil logró, en abril del 2017, ganar un contrato por S/ 8.6 millones para la instalación de un puente provisional sobre el río Virú. Y, con Vizcarra como presidente de la República, en el 2019, la constructora para la que trabajaba Elvira Labarthe consiguió dos contratos por 47.6 millones de soles. Mota Engil es una de las 31 empresas que están involucradas en el Club de la Construcción, caso que viene siendo investigado por el fiscal Germán Juárez Atoche”, mencionó El Foco.

Elvira Labarthe se movió con cierta prudencia tras las bambalinas del poder por eso es que recién gracias a la incautación de computadoras se empiezan a conocer sus movimientos. La madre de Salvador del Solar solía enviar al expresidente Vizcarra, solicitudes para reuniones vía correo electrónico y en ellos solicitaba que el hoy investigado Vizcarra reciba empresarios en Palacio de Gobierno. Estas solicitudes entraron en pausa cuando se reveló en la prensa una cita concertada con Óscar Medelius, un hombre vinculado a Montesinos. Entonces, cesaron los correos electrónicos y pasaron a las coordinaciones vía WhatsApp.
Tanta era la confianza entre Elvira Labarthe y Martín Vizcarra, que las reuniones con la madre de Salvador del Solar, comenzaron a realizarse en su casa ubicada en San Isidro. “Cuando fue consultada por las reuniones que se realizaban en su domicilio, la madre del ex premier Salvador del Solar no respondió a las llamadas ni los mensajes”, señaló El Foco.
Los misterios no suelen ser eternos y esta vez el fondo musical lo pone Maluma cuando canta “Yo te escuché decirle a alguien”.
Política
Fiscalía investiga al alcalde de Pomalca por presunta apropiación de fondos municipales
El alcalde Manfri Bernal y dos funcionarias son investigados por no depositar más de S/ 171 mil en la Cuenta Única del Tesoro, lo que habría facilitado el presunto desvío de recursos públicos durante el primer semestre de 2025.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha abierto una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Pomalca, Manfri Bernal, y dos funcionarias de su gestión, por la presunta apropiación indebida de recursos económicos municipales que ascienden a más de S/ 171 mil soles.
El fiscal a cargo del caso, Daniel Gerardo Flores Aguinaga, del Tercer Despacho de la mencionada fiscalía, junto a agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, intervino las oficinas de Caja y Tesorería de la municipalidad para recabar documentos y verificar los ingresos recaudados durante el primer semestre de 2025.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.
Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.
En la investigación figuran también Ana Llempén, tesorera de la entidad, quien no habría rendido cuentas ni realizado el traslado de fondos, y Rosaliz Cubas, gerente municipal, señalada por presunta omisión de funciones en el control financiero.
El alcalde Bernal es incluido por inacción ante las irregularidades, lo que podría interpretarse como tolerancia o encubrimiento. La fiscalía ha establecido un plazo de 240 días para determinar responsabilidades y recabar elementos de convicción.
Política
Mininter aprueba contratación de abogados que defenderán a exministro Santivañez
Las resoluciones firmadas por la Secretaría General autorizan el uso de recursos públicos para contratar al estudio de abogados propuesto por el propio Santivañez, investigado por presuntas irregularidades durante su breve gestión en el Ejecutivo.

El Ministerio del Interior ha aprobado, mediante tres resoluciones de Secretaría General —N° 119-2025-IN-SG, 120-2025-IN-SG y 121-2025-IN-SG— la contratación de servicios legales para la defensa del exministro Juan José Santivañez Antúnez, quien enfrenta diversos procesos en su contra.

Resolución de Secretaria General N° 119-2025-IN-SG.
Esta decisión tiene como antecedente la Resolución de Secretaría General N° 071-2025-IN-RSG, emitida el 14 de mayo de 2025, en la que se declara procedente la solicitud presentada por el propio Santivañez para contar con servicios especializados de asesoría y defensa legal. Posteriormente, el Proveído N° 009696-2025-IN-OGAF, con fecha 21 de mayo, fue remitido desde la Oficina General de Administración y Finanzas a la Oficina de Abastecimiento, formalizando el requerimiento.

Resolución de Secretaria General N° 120-2025-IN-SG.
El estudio legal propuesto por Santivañez Antúnez para asumir su defensa es Miranda & Asociados E.I.R.L., firma que también brinda servicios contables y que, según los documentos oficiales, fue seleccionada por el exministro.
Las resoluciones en cuestión aprueban la ejecución de los Procedimientos de Selección No Competitivos N° 25, 26 y 27, a través de los cuales se formalizará la contratación de los abogados encargados de asumir la representación legal del exfuncionario.
Todas las resoluciones han sido firmadas por Erick Fernando Caso Giraldo, actual secretario general del Ministerio del Interior.

Resolución de Secretaria General N° 121-2025-IN-SG.
La decisión genera interrogantes sobre el uso de recursos públicos en defensa de exautoridades investigadas, especialmente en contextos donde la transparencia institucional está bajo constante escrutinio.
Cabe recordar que Juan José Santivañez fue designado ministro del Interior en abril de 2024, y debió dejar el cargo en medio de denuncias públicas por presuntas contrataciones irregulares, vínculos con estudios legales cuestionados y posible tráfico de influencias. Actualmente, es investigado por el Ministerio Público, por lo que el uso de recursos del Estado para costear su defensa ha generado preocupación y críticas por parte de especialistas y sectores de la sociedad civil.
Política
Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte
Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.

La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.

Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.
El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.
“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.
Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.
Política
Eduardo Arana y Pérez Reyes se zurraron en el Congreso
Pese a ser citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, los ministros Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes no asistieron al Congreso, eludiendo su responsabilidad de explicar el alza salarial de Dina Boluarte.

Ambos ministros fueron citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos y no acudieron al Congreso y esquivaron la rendición de cuentas sobre el aumento de sueldo a la presidenta Boluarte.
Una vez más, el Ejecutivo da la espalda al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, decidieron no presentarse ante la Comisión de Fiscalización, pese a estar citados para ofrecer explicaciones sobre el polémico incremento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte. Su ausencia, lejos de pasar desapercibida, ha sido interpretada como una burla al control parlamentario y una muestra de desprecio por la transparencia.
La sesión, programada para las 10:30 de la mañana, arrancó con la lectura de asistencia. Ninguno de los dos altos funcionarios se hizo presente en el hemiciclo. Ambos enviaron oficios en los que comunicaban su inasistencia, sin brindar argumentos de fondo que justifiquen su decisión de no acudir.
La falta de compromiso del Ejecutivo llega en un momento particularmente sensible, cuando el país atraviesa una crisis de representación y una creciente desaprobación ciudadana hacia sus autoridades. Diversas voces dentro del Congreso ya se alistan para pedir que se reitere la citación, e incluso, que se recurra a mecanismos más severos como la convocatoria por grado o fuerza, amparados en el reglamento parlamentario.
Además de exigir la presencia de los ministros, la Comisión ha anunciado que requerirá los informes legales y técnicos que respaldan el cuestionado decreto supremo que elevó el salario presidencial. Se ha señalado especialmente la necesidad de acceder a los pronunciamientos de SERVIR y del propio MEF, que habrían sido clave para autorizar la medida.
El presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Valdivieso, también brilló por su ausencia. Su participación era crucial, dado que su entidad fue parte del sustento técnico del aumento. Al igual que los ministros, Valdivieso optó por enviar una carta excusándose, sin aclarar los motivos concretos de su inasistencia.
La estrategia de silencio adoptada por el Ejecutivo no hace más que profundizar el malestar público. En un contexto donde miles de peruanos exigen mayor eficiencia del Estado, el reajuste salarial a Boluarte se percibe como un acto de desconexión con la realidad nacional. La negativa a rendir cuentas solo incrementa las sospechas de arbitrariedad, y abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.
Política
REINFO: ¿Formalización o vía libre para la minería criminal?
La ampliación del Reinfo hasta 2025 reabre el debate sobre su eficacia. Mientras el Gobierno de Dina Boluarte defiende el proceso, expertos advierten que podría seguir siendo un escudo para actividades ilegales y delitos ambientales.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció que más de 31 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podrán continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la medida, que excluye a más de 50 mil inscripciones inactivas, ha generado una fuerte controversia sobre su efectividad y posibles consecuencias.
El titular del Minem aseguró que se ha realizado un «sinceramiento» del padrón de mineros, con el objetivo de ordenar el proceso y reforzar el combate a la minería ilegal. Montero Cornejo también señaló que se replicarán modelos de intervención como el aplicado en Pataz, que combina acciones de interdicción con mesas de desarrollo lideradas por autoridades locales y sectores del Ejecutivo.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la formalidad, la erradicación de la minería ilegal y la construcción de un país con paz social”, declaró el ministro en un medio radial. No obstante, su optimismo contrasta con los cuestionamientos de instituciones especializadas, que consideran que el REINFO ha fracasado en su objetivo original.

Pese a ola de crímenes por la minería ilegal, Gobierno extiende por cuarta vez el Reinfo.
Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), la extensión del REINFO puede terminar favoreciendo el crecimiento de la criminalidad asociada a la minería informal. En un comunicado reciente, el CAL advirtió que, tras nueve años de vigencia, apenas el 2.31 % de los inscritos logró formalizarse. El resto permanece en un limbo legal que, en muchos casos, sirve de cobertura para operaciones ilícitas.
Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que el REINFO no puede interpretarse como una figura que otorgue exención penal frente a delitos ambientales. La prolongación del plazo, según el TC, no resulta constitucionalmente amparable si se convierte en una puerta trasera para evitar sanciones legales.
Desde el Ejecutivo se insiste en que la exclusión de 50 mil REINFOS demuestra voluntad de depuración. El 90 % de estos registros, dijo el ministro Montero Cornejo, llevaban más de cuatro años suspendidos y no presentaban ningún avance en el proceso.
Sin embargo, el dilema de fondo persiste: ¿puede el Estado seguir ampliando plazos sin fortalecer la capacidad institucional para fiscalizar y sancionar? Si la formalización se convierte en una excusa para la inacción, el riesgo es que la minería ilegal siga expandiéndose, esta vez con una aparente fachada legal.
Política
Fiscalía Investiga al ministro de Cultura Fabricio Valencia por escándalo de Nasca
La denuncia contra el titular del Mincul y la investigación fiscal surgen por un presunto atentado contra las Líneas de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco, que habría sido impulsado desde el propio Gobierno.

La Fiscalía ha iniciado una investigación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por una controvertida decisión que puso en riesgo uno de los patrimonios arqueológicos más valiosos del país: las Líneas de Nasca.
Todo comenzó cuando el Ministerio de Cultura redujo drásticamente el área protegida que cubre las milenarias líneas y geoglifos ubicados en la región Ica. Esta decisión —formalizada mediante una resolución viceministerial a fines de mayo— dejó fuera de protección más de 2,300 kilómetros cuadrados. Para muchos, ese recorte abrió las puertas a la minería informal, que ya amenaza la integridad del sitio arqueológico.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Ica, con el respaldo de la Fiscalía Superior Penal de Lima. También participa el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, liderado por el fiscal José Alejandro Meléndez Curasi, que ha iniciado una pesquisa preliminar de 60 días, con posibilidad de extensión.

Fuente: Ministerio Público.
Además del ministro Valencia, están bajo la lupa la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva —quien firmó la resolución—, así como funcionarios clave de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y el alcalde provincial de Nasca.
Los investigados incluyen a Jeanette Gutiérrez Achulla, responsable interina de la DDC de Ica; Johny Isla Cuadrado, arqueólogo a cargo del Sistema de Gestión Nasca-Palpa; y William Bravo Quispe, alcalde de Nasca. Se les acusa de presuntos delitos como atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad.
El foco está en la resolución N° 000128-2025-VMPCIC/MC, que modificó los límites del área protegida establecida en 1993 y reafirmada en 2004 por la Unesco. La zona original comprendía 5,633 km², pero con la nueva norma se redujo a 3,235 km², sin que —según la denuncia— se cumplieran los procedimientos legales.
Política
PPK no podrá salir del país: PJ le rechaza habeas corpus
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski insiste en evadir a la justicia, pese a estar investigado por presuntos aportes ilegales en su campaña de 2016, vinculados al caso Odebrecht.

Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, sigue buscando salidas para esquivar los procesos judiciales en su contra. Esta vez, el Poder Judicial rechazó un nuevo recurso de habeas corpus presentado por su defensa, con el que intentaba levantar la orden de impedimento de salida del país que pesa sobre él por 18 meses.
PPK enfrenta una investigación preparatoria por los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016, relacionados al caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes en América Latina. A pesar de ello, el exmandatario ha insistido en su derecho a viajar al extranjero, ahora apelando a su edad y estado de salud.

En junio PPK se quiso ir del país en silla de ruedas, pero fue impedido por Migraciones.
La Segunda Sala Constitucional de Lima ratificó la decisión del juez Jonathan Valencia, quien ya había declarado improcedente el recurso. El tribunal consideró que no tenía sentido pronunciarse sobre el fondo del pedido, ya que existe una resolución vigente —emitida el 8 de junio por la jueza Margarita Salcedo— que impide la salida de Kuczynski del país por año y medio.
La defensa alegó una supuesta vulneración al derecho de una adecuada motivación judicial. Sin embargo, el colegiado concluyó que la medida restrictiva ya está activa, y por tanto el pedido no tiene objeto, aplicándose la figura legal de “sustracción de la materia”.
“Nos encontramos ante una situación jurídica que responde al régimen ordinario de sustracción de la materia”, señala la resolución judicial.

En 2016, gran sector de la prensa difundía que PPK era ‘presidente de lujo’.
Como ya es habitual, Kuczynski reaccionó alegando injusticia. El pasado 16 de junio, expresó su malestar por no poder viajar a Estados Unidos, argumentando motivos de salud y el deseo de reencontrarse con su esposa, a quien dice no ver desde hace siete años.
Su plan era acudir a una revisión médica en Miami y luego trasladarse a Wisconsin para reunirse con su pareja y buscar fondos para costear su tratamiento y defensa legal.
Sin embargo, para muchos, este nuevo intento de salir del país no es más que una estrategia más de PPK para evitar enfrentar la justicia en Perú. A lo largo de los años, ha usado distintos argumentos para eludir procesos judiciales, y ahora recurre a su edad, con la esperanza de quedar impune.
Política
Inteligencia de la PNP alerta sobre posible toma del Congreso por parte de mineros
Servicio de inteligencia pone en alerta sobre posible toma del parlamento por parte de CONFEMIN.

Un documento interno de la Policía Nacional del Perú (PNP), al que tuvo acceso este medio, advierte sobre una posible toma de las instalaciones del Congreso de la República y locales conexos, protagonizada por mineros afiliados a la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN PERÚ).
Según el memorando N.º 012-2025-DIRSEEST-DIVSECON-DEPOPEDH/OFIPLOPE, la Unidad Especializada PNP, a través de su canal de inteligencia, ha detectado intenciones radicalizadas dentro del grupo de manifestantes que desde hace días bloquean la Av. Abancay. El reporte señala que estas acciones podrían derivar en “posibles actos violentos contra las instalaciones del Palacio Legislativo”, con el objetivo de provocar desmanes dentro del recinto parlamentario.
Frente a este riesgo, el documento ordena al personal policial que extreme las máximas medidas de seguridad, vigilancia y control ante cualquier situación adversa. Se pide especial atención a la presencia de los manifestantes y al posible escalamiento de sus acciones.
El memorando establece una serie de medidas concretas, entre ellas:
- Garantizar la seguridad personal del Presidente del Congreso, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos durante su permanencia en la sede.
- Asegurar la protección de todas las instalaciones del Congreso y sus locales conexos, reforzando los dispositivos de seguridad.
- Incrementar la presencia policial y los controles de identidad en accesos y zonas de alto tránsito dentro del perímetro institucional.
- Establecer coordinación con las unidades de inteligencia y el DEPOPEDH para anticipar, prevenir y neutralizar cualquier amenaza.

Esta alerta ocurre en un contexto de creciente tensión social protagonizado por gremios de la minería artesanal, que exigen mayor reconocimiento legal y rechazan recientes fiscalizaciones del Estado. Hasta el momento, no se ha confirmado si el Ejecutivo ha tomado acciones preventivas adicionales frente a este posible escenario.
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