El entrevistador favorito del Gobierno trabajaba en TV Perú sin cobrar un sol, pero sí lo hacía a través de la Autoridad Autónoma del Agua (ANA). Fue el periodista Beto Ortiz quien revelara que IRTP (Instituto Nacional de Radio y Televisión) decidió prohibir el ingreso a las instalaciones de TV Perú al periodista Julio Navarro Falconí.

Según Ortiz, Navarro Falconí está impedido de acceder al referido canal, en tanto se niegue a suscribir un acuerdo con IRTP.

“Lo más increíble es que en IRTP se acaban de enterar. Informaron a la nueva gestión que tome conocimiento y que, en tanto no exista un convenio o acuerdo suscrito entre el señor Julio Navarro e IRTP, se ordena que no ingrese al canal”, dijo Ortiz el último lunes.

“Todo el mundo sabía que tipo de trabajo estaba haciendo ese señor, lavado y engrase se llama. Es una vergüenza que existan sujetos como este, es una vergüenza para el gremio. Lo que ha hecho es muy grave, se ha prestado hacer cómplice de toda la corrupción y cobrando por debajo de la mesa, al estilo de montesinos”, indicó Ortiz.

El periodista de Willax indicó que esta decisión se da a conocer después del trabajo periodístico de su programa el cual revela que Julio Navarro laboró en TV Perú sin recibir dinero.

“Se trataría de un entrevistador predilecto del gobierno nefasto que, no solo se desvivía cuidando la imagen de Pedro Castillo, sino que era un jefe déspota y autoritario. Ahora sabemos que no podía seguir trabajando con su extraña modalidad ad honorem”, comentó el corresponsal del programa.

«Es el entrevistador favorito de Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betssy Chávez y todos los miembros más distinguidos del gobierno mafioso. Las entrevistas que hace califican como kinesiología. Y en canal 7 se consolaban diciendo que no cobra, que lo hace gratis, que sus caricias son desinteresadas; pero no es así. No está en planilla, pero vaya que cobra, y cobra en costal», opinó el periodista Beto Ortiz.

No cobraba en TV Perú pero si en el ANA

El citado programa indicó que Navarro Falconi es remunerado por la ANA, una entidad dependiente del Ministerio de Agricultura (Midagri) por el servicio de coordinación y seguimiento a las acciones complementarias del proyecto de PGIRH por S/30 mil soles.

“Julio tiene la suerte de trabajar en la misma institución pública y en la misma área con su hermano Marco Antonio Navarro Falconi. Marco Antonio trabaja hace ocho años en la entidad, recibiendo en 2022, según el portal Transparencia Económica, la cantidad de 137,500 soles”, señala el reportaje.

“Por normas de transparencia hay un principio de legalidad y varias cosas del Estado, todo trabajo en el Estado debe suponer un contrato escrito, un proceso de selección, sueldo, contrato escrito, y la regla es que tiene que ser retribuido”, dijo Jorge Toyama, abogado laborista.

La torre de Castillo contó absolutamente todo lo que viene pasando dentro de Palacio, complicando aún más la situación legal del presidente Pedro Castillo. Sus días en la casa de Pizarro estarían contados.

Una seria denuncia recae sobre el presidente Pedro Castillo a un día del debate de la vacancia presidencial. El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre, ha acusado directamente al mandatario de ordenar el encubrimiento de las fugas del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y su sobrino Fray Vásquez.

En entrevista con Panamericana, el exfuncionario, quien hace unos días estuvo detenido por el caso Petroperú, criticó el intentó de responsabilizar a la DINI por la fuga de ambos personajes allegados al jefe de Estado.

“Se quiso involucrar a la DINI con la sustracción de la justicia de los prófugos, estamos hablando del sobrino Fray Vásquez y el exministro Juan Silva […]. Yo he tomado conocimiento [del encubrimiento] como hombre de inteligencia […]. El presidente de la República (dio la directiva para ese encubrimiento), ¿quién más saldría perjudicado?”, manifestó.

Consultado si es que Silva y Vásquez estarían fuera del país para eludir a la justicia peruana, el exjefe de la DINI respondió: “De acuerdo a lo que he escuchado en el audio y la versión de la persona que me informa, [ambos] estarían afuera”.

Posteriormente, Fernández Latorre expuso una conversación que sostuvo con Beder Camacho sobre cómo se habría producido la fuga de los prófugos. Según el material, el exministro del Interior, Dimitri Senmache, habría conocido sobre esta operación, así como su exedecán Hugo Verástegui.

“El transportador de acuerdo al audio es el comandante Verástegui, actual jefe de tránsito, y exedecan del ministro Dimitri Senmache. [¿Entonces Senmache sabía de la fuga de Juan Silva?] Sabía, de acuerdo a la información que yo tengo sí sabía. Yo no puedo decir o determinar algo de una información, yo recojo la información y se la doy a conocer, pero no puedo atribuir algo si no lo he visto”, reveló.

Presidente Castillo habría alzado la mano a su esposa Lilia Paredes

La primera dama, Lilia Paredes, habría sido víctima de maltrato por parte de su esposo y presidente Pedro Castillo. Según narró Fernández, el sobrino Rudbel Oblitas cobra relevancia precisamente porque habría grabado un video de la agresión dentro de Palacio de Gobierno.

“Habría un video grabado por Rudbel al presidente de la república. Un acto de violencia de género hacia su esposa. Es la versión de Beder Camacho”, señaló el exjefe de la DINI a Buenos Días Perú.

A su salida de la entrevista declaró lo mismo aclarando que es “algo que no me consta, pero es una versión que en Palacio corría. Por eso, Rudbel Oblitas cobra la importancia que tiene ahora, dicen que él lo ha grabado”.

El Gobierno de las puertas giratorias para los amigos del jefe de Estado. Luego de la sorpresiva dimisión de Daniel Barragán a la cartera de Defensa, ayer lunes el presidente Pedro Castillo tomó juramento a Emilio Bobbio Rosas en su reemplazo. El docente se convierte en el nuevo integrante del Gabinete Ministerial de Betssy Chávez.

Se sabe que el flamante titular del Ministerio de Defensa (Mindef) es Licenciado en Ciencias Militares con mención en Ingeniería, por la Escuela Militar de Chorrillos y magíster en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo por la Universidad Alas Peruanas, de la que también es doctor en Políticas Públicas en Seguridad Nacional y Desarrollo Sostenible.

En cuanto a su experiencia profesional, Bobbio Rosas fue director del Instituto Geográfico Nacional, de la Escuela de Ingeniería del Ejército, así como de Defensa Civil de la Región Oriente. Además, ha ejercido la actividad docente en las universidades de San Marcos y Norbert Wiener.

En setiembre de este año, Bobbio Rosas fue designado como jefe del Gabinete de Asesores de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

La DINI centraliza todos los servicios de Inteligencia de los tres institutos armados y de la Policía. Además, en sus malas gestiones, se usó en contra de políticos de oposición, periodistas y ciudadanos, a quienes se les hizo seguimiento y rastreo de su vida privada, cuyos datos fueron usados según conveniencia del gobierno de turno.

Gustavo Bobbio confesó en una entrevista al diario La República que Antauro Humala, “es un amigo al que le doy consejos cuando me los pide y ambos somos nacionalistas”.

«A pesar de que soy un militar en retiro, no sería lugarteniente de un mayor más joven. Tampoco doy charlas frecuentemente para Humala. Habré dado unas tres en los dos últimos años para el Movimiento Nacionalista», agregó.

Durante agosto, Bobbio se reunió hasta en tres oportunidades con el profesor Castillo en el despacho presidencial.

En una entrevista en RPP de junio de este año, después de sostener un encuentro con el entonces candidato Castillo, señaló: “No he encontrado en él ningún rastro de comunismo, he encontrado una persona honesta sencilla y bastante inteligente que, además, tiene una gran sensibilidad social”.

El presidente Pedro Castillo y la premier Betssy Chávez designaron ayer domingo al General EP (r) Wilson Fredy Barrantes Mendoza como Director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

Dicha resolución suprema señala que el máximo cargo de la referida adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se encontraba vacante.

Como se recuerda, el Ejecutivo dio por finalizada la designación de José Luis Fernández Latorre en dicho puesto, el pasado 27 de noviembre, luego que el Poder Judicial ordenara su detención preliminar como parte de la investigación fiscal por irregularidades en la compra de biodiesel que forma parte del caso Petroperú.

Sus vínculos con el Movadef

Según una investigación del diario El Comercio, Wilson Barrantes participó en eventos organizados por el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), en calidad de ponente, al menos en dos oportunidades, entre el 2017 y el 2018. En dichos eventos, según el referido medio, Barrantes habría negado la existencia del terrorismo, señalando que se trata solo de narcotraficantes.

De acuerdo a información recabada por el citado medio, el 17 de abril del 2017 el general en situación de retiro participó en un conversatorio junto a Alfredo Crespo, abogado del fallecido cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. La actividad tuvo lugar en el Hotel Riviera del Centro de Lima. Asimismo, el 10 de enero del 2018, Barrantes participó en otro evento organizado por el Movadef que tuvo lugar en el mismo hotel capitalino.

“En más de una oportunidad hemos planteado como definición, que no es nuestro, es harto conocida, que reconciliar es reconstruir el tejido social roto por la guerra interna en este país, como es cualquier otro país ¿Y cómo se reconstruye? Para nuestro punto de vista es través de amnistías generales, indultos y reparaciones”, señaló en esa última ponencia.

Asimismo, según el citado medio, Barrantes se reunió hasta en dos oportunidades con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, en el 2021. La primera reunión tuvo lugar el 9 de noviembre y duró 5 horas. La segunda, se realizó el 5 de diciembre y duró menos de una hora.

Wilson Barrantes no es nuevo en la política. En 2011 figuró como candidato a la vicepresidencia de la República por el partido político Justicia, Tecnología y Ecología.

Luego, en 2016, se unió Perú Libertario (antiguo nombre de Perú Libre) para postular al Congreso de la República. Tenía sus afiches con Vladimir Cerrón.

Le dejan el camino limpio ante una posible vacancia presidencial y la limpian de polvo y paja. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) decidió archivar la denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte por presuntamente haber infringido el artículo 126 de la Constitución al realizar gestiones a favor del Club Departamental Apurímac cuando ya formaba parte del Gobierno de Pedro Castillo.

Con 13 votos a favor y 8 en contra, se aprobó la recomendación del congresista Edgar Reymundo (Juntos por el Perú – Cambio Democrático) de desestimar de acusar e inhabilitar por 10 años de la función pública a la exministra de Desarrollo e Inclusión Social. Entre los que respaldaron este punto estuvieron integrantes de Acción Popular: Luis Aragón, Wilson Soto y José Arriola.

Durante la sesión en la SAC, Reymundo argumentó que el artículo 126 no puede tener una apreciación aislada respecto a la posibilidad de que Boluarte haya realizado una gestión de intereses y dirección a favor de un club privado en particular. Por esa razón, agregó que esto debería interpretarse junto a otros artículos de la Carta Magna.

Esto se denomina según el Tribunal Constitucional (TC) como “Principio de Concordancia Práctica”.

En ese sentido, en el documento se coloca como referencia otros artículos como el 121, 123 y 125; los mismos que establecen las funciones y atribuciones de los ministros.

“Entonces, a partir de la Concordancia Práctica de la Constitución Política y el marco normativo que regula las competencias, atribuciones y limitaciones de los ministros de Estado, debemos señalar que el artículo 126 de la Constitución Política de 1993 no limitaría a los ministros de Estado realizar todo tipo de actividad privada”, explicó.

Una confesión más que deja mal parado al presidente Pedro Castillo y todo su entorno presidencial, pasando por sus ex asesores hasta sus ex ministros. Absolutamente todos estarían involucrados en una red criminal que se encargaría de solicitar sobornos a cambio de licitaciones; una denuncia más que hace inconcebible la permanencia del mandatario.

Según una entrevista ofrecida a Punto Final, la empresaria inmobiliaria y ex gerente general de la empresa MarkaGroup, Sada Goray, afirmó que entregó S/ 4 millones a Salatiel Marrufo, quien se desempeñó como jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (MVCS).

El acercamiento con el funcionario se inició el 23 de agosto del 2021, cuando se conocieron en una reunión. En ese entonces, el abogado, que recién había asumido su cargo en las altas esferas del poder, mostraba interés por desarrollar nuevos proyectos de vivienda.

No obstante, la relación entre Sada Goray y Marrufo escala a otro nivel durante una de sus reuniones, ya que este le hace un inusual pedido.

“En una cuarta o quinta reunión me dice: ‘necesito que me des S/ 4 millones’. Le dije que esa plata no la tenía, pero me dijo que se trataba de una solicitud del presidente: ‘si usted me da la plata y está con nosotros todo le irá bien, pero sino, todo le irá mal’”, contó la empresaria para el dominical.

“Lo único que atiné en ese momento es decirle que le iba a pagar por partes”, agrega.

Se trataría de la cantidad más alta de dinero que se habría entregado a un funcionario público de este Gobierno. Según dicha versión, dicho monto fue fraccionado en seis partes y entregado sistemáticamente durante casi un año.

“Los pagos eran como yo iba consiguiendo la plata. Los primeros días de diciembre del año pasado si me exigió S/ 1 millón, que tuve que conseguir prestados para darle, porque era tanta su insistencia”, señala Goray.

“Yo pensé que con el primer pago ya me podía liberar de él, pero no fue así, porque él conocía mi casa, conocía todos mis negocios. Me decía que con esa plata se le iba a pagar a congresistas para que voten en contra de la vacancia”, añade.

La empresaria afirma haber entregado a la Fiscalía de la Nación toda la información que confirmaría su versión. En ese sentido, ya ha declarado en calidad de investigada ante el equipo especial de fiscales que dirige Marita Barreto y asegura haber proporcionado toda la evidencia que demostraría los pagos realizados a Marrufo.

Adicional a ello, sostiene que se trató de una extorsión y que en ningún momento buscó beneficiarse del Estado. “No tenemos ningún beneficio del Estado, no tengo obras públicas, no soy proveedora del Estado”.

Una nueva denuncia contra Betssy Chávez sale a la luz. Así como benefició a la familia de Abel Sotelo, la actual premier desde que llegó al gobierno hizo gala de su gran ignorancia. Hace unos años esta desconocida abogada tacneña tenía un programa en las redes sociales en vivo desde su habitación llamado “Los Malpensados”, el mil oficios que le cargaba los cables y la ayudaba tras cámara era Omar Vásquez Quispe. De ganar S/ 1,680 soles en la universidad Basadre de Tacna, terminó convertivo en asesor del Estado ganando más de S/ 17,680 soles mensuales, todo esto con ayuda de Betssy Chávez Chino.

En su programa de Betssy Chávez, que transmitia desde su habitación, Omar era su ayudante y era con quien hablaba detrás de cámaras. Cuando Betssy Chavéz llegó a convertirse en ministra de Trabajo, lo convirtió en asesor II del estado Peruano. Una designación irregular de un personaje que no estaba capacitado para el cargo. Una forma sistemática de robarle al Estado.

Sin experiencia para el cargo

Omar Vásquez Quispe era un simple ayudante que se ganaba la vida con un sueldo básico en la universidad Basadre em Tacna. Antes de que Chávez Chino llegué al gobierno, jamás ocupó un cargo de asesror ni había trabajado en un ministerio. Su único talento para convertrise en asesor del Estado, fue ser amigo de Betssy Chávez y su ayudante en los videos que compartía en sus redes sociales.

Tras la censura de Betssy Chávez por el Congreso, Omar dejó el cargo de asesor en el Ministerio de Trabajo, pero semanas después, la gran ignoracnia de Betssy Chávez lo volvió a desgidnar como asesor ahora en el Ministerio de Cultura. Es así que Omar Vásquez Chino se convirtió en Asesor de la Secretaría General del Archivo de la Nación en el MINCUL.

Nuevos hechos de la designaciones irregulares que continúan demostrando el saqueo del actual gobierno.

Aquí el reportaje completo de Panorama:

El pasado 20 de noviembre arribó a Lima una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Como ya la opinión pública conoce, este “grupo de alto nivel” tenía sobre todo un objetivo político: defender y apoyar al cuestionado presidente Pedro Castillo en momentos que es investigado por presuntos actos de corrupción y con nada más ni nada menos que seis investigaciones preliminares en la Fiscalía de la Nación.

La historia de esta trama en la que se pretende confundir a la población, empieza en una sesión extraordinaria en Washington, en la que el Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la OEA, decidió el supuesto “respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática” en Perú y llamó “a todos los actores” a actuar dentro “del estado de derecho”.

Nada más risible que esto, pues Castillo y sus adláteres para defenderse de las graves acusaciones en vez de declarar ante las autoridades y responder a los cuestionamientos, se están victimizando con el argumento de que se trata de un golpe de Estado.

Pedro Castillo, denunció a mediados de octubre un supuesto intento de golpe de Estado supuestamente inspirado por el Ministerio Público, horas después de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso de la República.

“Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú, un golpe de Estado con libretos creados utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal, lo cual rechazo rotundamente”, dijo en una conferencia a la prensa extranjera en el Palacio de Gobierno.

Definitivamente, esta es una coartada en la que recurre al viejo cuento de hacerse la víctima. Y por esa razón es que recurrió a sus aliados procomunistas de la OEA para que vengan al Perú a defenderlo.

Castillo pidió “auxilio” a la OEA de esta manera, mediante una misiva de donde citamos el siguiente párrafo: “Solicitar a usted, señor secretario general (Luis Almagro), que disponga las medidas de urgencia que permitan abrir un diálogo entre los diversos poderes del Estado para resolver la crisis política que afecta a la democracia peruana, evitando al mismo tiempo la configuración de una nueva modalidad de golpe de Estado”, reza la misiva enviada a la OEA y publicada por varios medios de comunicación (https://tinyurl.com/3nreun3m).

Como se sabe, Castillo está protegido por la figura de la “inmunidad presidencial”, que prohíbe que sea procesado judicialmente hasta que termine su mandato como presidente. Sin embargo, tal como lo han señalado expertos en jurisprudencia, nada impide que sea investigado.

Como se sabe, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha sido calificado como un “camaleón político” por el prestigioso diario español “El País”, que recordó en una de sus ediciones que el uruguayo Almagro dio su respaldo al dictador venezolano Hugo Chávez: “Ahí está la consolidación de un proceso que ha sido plenamente exitoso en su política interna y exitoso en su proyección internacional (…) ese es el camino” (https://tinyurl.com/26m87bs6).

En otra oportunidad, tuvo palabras de elogio para un dictador que llevó al pueblo de Venezuela a la peor crisis política, económica y humanitaria: “Ojalá que cada uno de nosotros, en el ámbito que corresponda, recoja su ejemplo y lo lleve adelante, como de alguna manera intento yo cada día con cada gestión que hago”, dijo cuando se cumplió un año del fallecimiento del dictador (https://tinyurl.com/3hfvj4az).

Con estos antecedentes, ya sabemos que la OEA pretende sumarse al cuento de que Castillo es un perseguido político y que las acusaciones en su contra son parte de un complot “orquestado por la derecha golpista”.

Una vez en Lima, la misión de la OEA se reunió con diversos actores políticos para “evaluar la situación”, en un clima de descontento de gran parte de la población por la pésima gestión de Pedro Castillo.

De manera unánime, los medios de prensa en el Perú y el extranjero vienen dando cuenta de la serie de presuntos actos de corrupción, investigaciones y denuncias contra Castillo y su entorno de asesores y familiares.

Sin embargo, la Fiscalía de la Nación sí ha sabido defender ante la misión de la OEA –con argumentos de peso– su denuncia constitucional contra Pedro Castillo. Durante una reunión con la Organización de Estados Americanos (OEA) tras la petición del mandatario de activar la Carta Democrática Interamericana.

La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha asegurado ante la delegación de la OEA que es «falso» que dicha denuncia constitucional contra Castillo esté motivada por asuntos políticos o que sea parte de una «estrategia de ruptura del orden democrático», tal y como ha denunciado en reiteradas ocasiones el presidente del país.

Además ha precisado que existen 190 «elementos de convicción sobre la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo», producto de una investigación preliminar autorizada por el Tribunal Supremo de Perú, informó el diario La Razón.

Según Benavides, la denuncia constitucional es «lo único que podía efectuar su despacho» a nivel procesal y constitucional, añadiendo que «era su obligación» presentarla después de haber recabado «indicios suficientes de la comisión de delitos», ha informado la propia Fiscalía General en una misiva.

Muchos se preguntan, ¿de qué se le acusa a Castillo? En efecto, la Fiscalía de la Nación acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal

Según la fiscal, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

El portal “BBC Mundo” lo resume así: “Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas” (https://tinyurl.com/33dx5ur9).

Por lo tanto, y que queda claro, Castillo se está victimizando. Y esto no es nuevo, porque desde su elección (también cuestionada por la existencia de un presunto fraude electoral) la OEA lo defendió a capa y espada. Tal como lo ha señalado el periodista Luciano Revoredo en su artículo “Fuera OEA” en el portal laabeja.pe: “Hubo un hecho en esos días que conviene recordar. Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), llegó al Perú sorpresivamente, se reunió en Palacio de Gobierno con Castillo y le expresó su público respaldo. Lo calificó como un hombre de buenas intenciones, comprometido con la lucha contra la corrupción y el desarrollo del país. Conviene también recordar dos hechos más. En primer lugar, el papel lamentable que jugaron los observadores de la OEA en el último proceso electoral. Convalidaron todas las irregularidades que sucedieron. Fueron ciegos, sordos y mudos ante los actos a todas luces antidemocráticos del Jurado nacional de Elecciones y de la ONPE y finalmente mostraron su indolencia apareciendo ante los ojos de todos y mientras aún se discutía el posible fraude, en una francachela indigna de funcionarios de su nivel en visita oficial” (https://tinyurl.com/yrkefmu7).

También, recordemos el desaire que la OEA hizo a una delegación de peruanos que viajaron para presentar pruebas del fraude electoral y a quienes ni siquiera se les permitió ingresar a las oficinas de la OEA, dejándolos parados en la puerta.

Evidentemente, es necesario recalcar que Castillo, tarde o temprano, se sentará en el banquillo de los acusados y –si tiene la conciencia tranquila– deberá demostrar que es inocente. De lo contrario, tendrá que recibir todo el peso de la ley.