En Lima Gris Radio, Edwin Cavello y Luis Felipe Alpaca conversaron con el jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Ángel Delgado Silva, quien afirmó que sus declaraciones en la entrevista lo hacia a título personal.

En la conversa radial, Ángel Delgado resaltó que, aunque Dina Boluarte, como presidenta, es la máxima responsable de la política exterior, su gestión genera malestar en la ciudadanía al conocerse su viaje a Asia, justo cuando su gobierno exhibe señales visibles de ineficiencia.

En otro punto, explicó que será la Junta de Portavoces del Congreso la encargada de definir la conformación de las comisiones parlamentarias, y que ese diseño institucional se ratificará luego en sesión de Pleno.

Delgado Silva, también aseguró que Dina Boluarte sí puede ser vacada, al igual que Martín Vizcarra en noviembre de 2020, invocando la causal prevista en la Constitución sobre incapacidad moral permanente.

Asimismo, el analista recordó al “caviaraje” —representado en parte por el Partido Morado y el entorno político de Mirtha Vásquez— que, aunque no fue mayoritario, sí respaldó a Vizcarra en su momento.

Respecto al surgimiento de más de 40 partidos para las elecciones generales de 2026, Delgado Silva atrajo la mirada crítica hacia el legado del expresidente Vizcarra. Según su lectura, aquel proceso fragmentó intencionalmente el sistema político, y criticó a la comisión de “notables” presidida por Fernando Tuesta Soldevilla como parte de esa estrategia del “caviaraje” para debilitar la política democrática.

Finalmente, Ángel Delgado consideró que mientras Dina Boluarte no incurra en otro escándalo, es poco probable que se presente una nueva moción de vacancia en su contra. Cabrá observar si este nivel de tolerancia deriva no solo de equilibrios parlamentarios, sino también del desgaste político general del país.

Aquí la entrevista completa.

El Congreso de la República fue escenario de una nueva polémica este 4 de agosto, protagonizada por el fiscal José Domingo Pérez y el partido Renovación Popular, quienes se enfrascaron en un cruce de acusaciones que, más allá del fondo, exhibe claros tintes de cálculo político y afán mediático.

Durante su participación ante la Comisión de Fiscalización, el fiscal del equipo especial Lava Jato aseguró que la agrupación liderada hoy por Rafael López Aliaga figura entre los partidos investigados por presuntamente haber recibido financiamiento ilícito de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. Según Pérez, los aportes se habrían dado en las campañas del 2011 y 2014, cuando el partido operaba bajo el nombre de Solidaridad Nacional. “Recibieron 200 mil dólares en 2011 y cerca de un millón de dólares en 2014”, afirmó, sin presentar nuevos elementos probatorios ni avances concretos del proceso.

Renovación Popular reaccionó de inmediato con un comunicado que, más que una defensa jurídica, sonó a discurso de campaña anticipada. Negaron haber recibido dinero alguno y recordaron que como organización política formal nacieron en 2020, desligándose de su pasado como Solidaridad Nacional, aunque convenientemente conservan las bases, activos y protagonismo que este les heredó. El oportunismo es evidente: lavarse las manos del pasado para llegar limpios al 2026.

Más allá de la disputa, es imposible no señalar el show en el que se ha convertido la figura del fiscal José Domingo Pérez. Conocido por su habilidad para aparecer en cámaras más que por lograr sentencias contundentes, vuelve a la escena pública con declaraciones que parecen más pensadas para titulares que para expedientes. La falta de resultados tangibles en casos emblemáticos lo persigue, mientras continúa utilizando su investidura para mantenerse vigente en el debate mediático.

Ambas partes parecen más interesadas en cuidar su imagen que en esclarecer la verdad. Renovación Popular intenta sacudirse de un pasado incómodo justo cuando se avecina el periodo electoral, mientras Pérez alimenta su perfil con declaraciones espectaculares que poco aportan al debido proceso.

La ciudadanía espera justicia, no campañas disfrazadas ni fiscales figurettis.

Si hay que hablar de congresistas que no merecen ni un apretón de manos se podría mencionar de manera indubitable a Darwin Espinoza Vargas, legislador por la región Áncash, quien cada cierto tiempo es protagonista de portadas en los diarios, no precisamente por sus logros y destacados proyectos de ley, sino por las denuncias y acusaciones en su contra.

El parlamentario de Acción Popular (de 42 años) fue ‘sorprendido’ por los vecinos del Asentamiento Humano “Señor Cautivo de Ayabaca”, en Huarmey, bautizando una de las principales avenidas de su ciudad con el nombre del acciopopulista.

«Durante mi semana de representación estuvimos reunidos con los moradores del Asentamiento Humano “Señor Cautivo de Ayabaca” de Huarmey, quienes me sorprendieron al haber registrado con mi nombre a su avenida principal. Muchas gracias por su consideración, gracias por su confianza y por el cariño que siempre me demuestran. Sin lugar a dudas, gestos como estos motivan y hacen que nos esforcemos mucho más para poder conseguir los objetivos que nos hemos trazados, pronto tendrán su luz provisional. ¡Seguimos trabajando por el desarrollo de Ancash!», manifestó en sus redes sociales.

Inmediatamente las redes sociales estallaron de indignación debido a los serios cuestionamientos contra el parlamentario Espinoza. La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en su contra, acusándolo de presunta concusión, peculado por utilización y peculado de uso en agravio del Estado.

El parlamentario enfrenta señalamiento por supuestamente exigir a sus empleados aportes monetarios destinados a la compra de obsequios, así como para financiar la recolección de firmas, gastos de transporte, hospedaje y alimentación en diferentes actividades, con la amenaza de perder el puesto.

A ello se suma que junto a la congresista Kira Alcarráz (Podemos Perú) fueron señalados por presunto intercambio de favores. La acusación incluía la supuesta asignación de una trabajadora del despacho de Espinoza a la oficina de Alcarráz, así como la eventual negociación del voto de la legisladora en esta comisión.

Otro hecho que acaparó los titulares de la prensa fue cuando se descubrió los constantes viajes que hacía junto a una asesora con la que mantenía una relación sentimental.

Por si todo ello no fuera poco, también es sindicado como uno de ‘Los Niños’, el presunto brazo parlamentario del expresidente Pedro Castillo.

Una verdadera estrella solitaria. El Partido Aprista Peruano (APRA) confirmó que no formará alianzas electorales para las elecciones generales de 2026, según recientes declaraciones de dos de sus representantes más visibles.

Jorge del Castillo anunció su intención de postular junto a su colega partidario Mauricio Mulder (ambos exparlamentarios) en una plancha presidencial del APRA, con miras a las elecciones del próximo año.

“Con mi compañero Mauricio Mulder le he propuesto que vayamos juntos a las elecciones en la misma plancha presidencial, con la estrella del aprismo”, anunció Del Castillo. Aseguró que, en un contexto donde podrían participar “treintaitantos candidatos”, la unidad aprista será vista con preocupación por sus adversarios. “El Apra unida puede perfectamente estar en la segunda vuelta y ganar la elección”, afirmó.

Del Castillo resaltó que este es un momento decisivo para la agrupación: “Este es el momento de las grandes decisiones que tenemos que tomar, y en ese sentido esta unión encarna la unidad del aprismo, que puede tener muchas discusiones internas, pero cuando se trata de luchar por el Perú, no hay nada que nos separe”, declaró en las instalaciones del Congreso. 

El exparlamentario aclaró que es aún una propuesta de precandidatura, sujeta a los mecanismos internos del partido. “Nos preparamos sin duda para participar en las próximas elecciones con la voluntad del pueblo aprista y de muchos otros ciudadanos que ven en el APRA una opción seria de gobierno”, concluyó en un evento realizado por el 46 aniversario del fallecimiento del líder histórico del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre.

¿Carla García presidenta?

En cuanto a una eventual candidatura de Carla García, hija del expresidente Alan García, Mauricio Mulder no descartó esa posibilidad y aseguró que, como cualquier otro militante, tiene derecho a participar en el proceso interno del Apra:

“Ella puede ser una candidata como cualquier otra persona”, señaló. Mulder explicó que el partido definirá sus postulaciones a través de los comicios internos: “Se definiría candidaturas bajo la modalidad de un militante, un voto. Ahí veremos quiénes serán los candidatos”.

En una declaración que raya en la temeridad diplomática, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado al Perú de invadir territorio colombiano, una afirmación que no solo carece de evidencia pública, sino que pone en riesgo las relaciones bilaterales entre dos países históricamente hermanos. Petro, sin mayores fundamentos, lanzó esta grave imputación a través de sus redes sociales, alegando que el Perú ha violado el Tratado de Límites de Río de Janeiro, que desde 1934 delimita claramente las fronteras entre ambas naciones.

Todo surgió a raíz de una publicación periodística colombiana que informaba sobre el traslado de las celebraciones de la Batalla de Boyacá a la ciudad de Leticia. Pero, en lugar de centrarse en la conmemoración, el mandatario colombiano optó por convertir el acto en un escenario de confrontación diplomática, afirmando que el Perú «ha copado» parte del territorio colombiano. Afirmación que, por su forma y contenido, resulta alarmantemente irresponsable.

Petro incluso fue más allá, acusando que se han aprobado leyes peruanas que «se apropian» de islas ubicadas supuestamente en zona colombiana, y advirtiendo que Leticia podría desaparecer como puerto amazónico por culpa de esta supuesta incursión. Sin embargo, no presentó mapas, documentos oficiales ni comunicación diplomática previa que respalde tales denuncias. Las declaraciones parecen más una maniobra política que un reclamo basado en hechos verificables.

Frente a esta situación, el silencio del canciller peruano Elmer Schialer resulta preocupante. Es urgente y necesario que la Cancillería se pronuncie de manera firme y categórica para desmentir las acusaciones infundadas del presidente colombiano y defender con claridad la soberanía nacional, la integridad territorial y el respeto a los tratados internacionales.

La diplomacia no puede ser sustituida por mensajes en redes sociales ni por narrativas populistas sin sustento. El Perú no puede permitir que se distorsione la realidad ni que se nos involucre en un conflicto fronterizo inexistente. Petro ha cruzado una línea peligrosa que requiere una respuesta inmediata y contundente. Las relaciones entre Estados se manejan con seriedad, no con impulsos ni con titulares alarmistas.

¿La recibirán con velas blancas? La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha dado plazo hasta hoy lunes 4 de agosto a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que cumpla con reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema. Este aviso tiene lugar luego de que la Corte Suprema revocara la suspensión de 24 meses contra la extitular del Ministerio Público.

Como se recuerda, la directora encargada de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, Magnolia Martínez Hidalgo, a pedido de la defensa de Benavides, requirió a Espinoza que acata la cuestionada resolución que anula la destitución de la exfiscal de la Nación “en el plazo de un día”, es decir hasta la medianoche de hoy.

Cabe precisar que la defensa de la extitular del Ministerio Público ha solicitado que sea repuesta como fiscal suprema titular y no como fiscal de la Nación. Esto coincide con lo manifestado tanto por Humberto Abanto como por la propia Patricia Benavides: que su mandato como máxima autoridad de la Fiscalía acabó indefectiblemente a inicios de julio.

Espinoza recordó que recientemente las dos Fiscalías Supremas Transitorias Especializadas en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos fueron convertidas a permanentes, pero que eso no garantiza que se contaba con el dinero para pagar una plaza de fiscal supremo titular.

Si ello se cumple, Patricia Benavides podría ser designada en una de esas Fiscalías Supremas.

No obstante, hay puntos a tenerse en cuenta. En la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos se tramitan las investigaciones contra altos funcionarios implicados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Benavides ha sido señalada por los cuestionados cambios en este equipo fiscal, incluso habría complotado con José Luis Castillo Alva. Su eventual designación en este despacho podría generar un evidente conflicto.

Por otro lado, una eventual designación en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos tampoco sería viable toda vez que este despacho tiene a su cargo la investigación contra su hermana, la jueza superior Enma Benavides, por presuntos sobornos de procesados por narcotráfico.

Una salida sería mover a algunos fiscales supremos de sus despachos para acomodar a Benavides o que sea enviada como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Actualmente, la fiscal suprema provisional Martha Maisch ocupa este cargo.

Millones regalados como cancha. Una investigación del programa Cuarto Poder revela que el gobierno regional de La Libertad, encabezado por César Acuña, otorgó una obra pública valorizada en más de 194 millones de soles a un consorcio sin las credenciales ni el historial necesario para hacerse cargo de tan importante obra.

De acuerdo al citado medio periodístico, el proyecto está a cargo del Consorcio Hospital Virú, conformado por tres empresas: JM Constructores Peruanos SAC, cuyo propietario, el ingeniero civil Joel Yangari Cartolín, figura como inhabilitado en el Colegio de Ingenieros del Perú, y cuya empresa no registra experiencia previa en la construcción de hospitales ni en obras públicas de gran envergadura; LC&EC Constructora —de la cuestionada joven empresaria Lucero Coca Condori, de 23 años, quien, según se conoció la semana pasada, logró ganar contratos por 300 millones de soles en el Gobierno Regional de la Libertad— y la empresa extranjera Riva S.A. Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú. 

El reportaje enfatizó que ni Yangari ni Coca tienen experiencia en construcción de hospitales. De hecho, la empresa de Yangari solo registra pequeños servicios previos al Estado, como estudios topográficos, mecánica de suelos y la elaboración de planos y memoria descriptivas por montos que no superaban los S/34 000. 

Yangari Cartolín posee el 49 % del consorcio ganador, mientras que el 50 % restante pertenece a LC&EC Constructora, de Lucero Coca. El 1% restante pertenece a Riva S.A. Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria, una firma, apuntó el dominical, con trayectoria, cuya participación fue clave para acreditar los requisitos técnicos exigidos por el proceso de licitación.

«Para mí está claro que estas obras millonarias adjudicadas a ciudadanos que no tienen experiencia se deben a dos cosas: corrupción, por un lado, y gerentes testaferros, por otro. Están utilizando a personas [sin experiencia] para hacerse de estas obras en perjuicio de los liberteños», dijo el consejero regional Robert de la Cruz.

#CuartoPoder
Más de 194 millones de soles le costó a la gestión de César Acuña la obra del hospital de Virú, adjudicada a un consorcio donde figura una empresa sin experiencia previa ni contratos con el Estado, cuyo dueño está inhabilitado como ingeniero ►… pic.twitter.com/M5fxcG4XYP

— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) August 4, 2025

El especialista en contrataciones del Estado, José Trelles, expresó su preocupación por esta presunta irregularidad, ya que este “patrón” se observa en otros procesos: empresas sin experiencia que se asocian con compañías extranjeras con trayectoria solo para cumplir los requisitos mínimos.

Robert de la Cruz denunció amenazas de muerte contra aquellos que ponen de relieve supuestos actos de corrupción en la gestión de César Acuña. “Las amenazas de muerte y las agresiones físicas provienen de funcionarios de APP. Responsabilizó de lo que me pueda pasar de aquí en adelante al partido Alianza para el Progreso”, arguyó. Y añadió: “Alianza para el Progreso es el pulpo de la política de la región de La Libertad”.

El intento de presentar el libro del cabecilla terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) ha encendido una ola de críticas desde distintos sectores políticos. Diversos congresistas han expresado su rechazo ante lo que consideran una peligrosa forma de apología al terrorismo, bajo el disfraz de una actividad cultural.

El primero en pronunciarse fue el congresista José Cueto, quien calificó de inadmisible la intención de incluir en un espacio público como la FIL a un personaje que lideró una organización responsable de numerosos atentados durante las décadas de violencia política en el país. “No podemos permitir que ese tipo de ideologías la traten de maquillar para presentarla”, afirmó Cueto, advirtiendo sobre los intentos de reescribir la historia y blanquear el rostro del terrorismo a través de narrativas literarias.

En la misma línea, el congresista Fernando Rospigliosi consideró que abrirle las puertas de la feria del libro a un texto firmado por Víctor Polay implica un peligroso retroceso democrático. “No habría que darles publicidad ni espacio para que puedan hacer apología al terrorismo”, subrayó. Rospigliosi, exministro del Interior y conocido por su firme postura en contra de las agrupaciones violentistas, instó a las autoridades culturales a tomar responsabilidad y evitar normalizar discursos que relativicen el daño causado por el MRTA.

Por su parte, el congresista Roberto Sánchez también se pronunció en contra de la iniciativa, aunque con un enfoque más conciliador. “No volver nunca jamás a épocas del desprecio de la vida”, dijo, recordando los años oscuros que vivió el país a manos del terrorismo y la necesidad de proteger la memoria colectiva frente a discursos que trivialicen esa violencia.

La polémica sobre el libro de Polay se suma a un debate más amplio en torno a los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de las plataformas culturales frente a contenidos sensibles. La FIL de Lima, organizada por la Cámara Peruana del Libro, aún no ha emitido una postura oficial respecto a los cuestionamientos, pero el hecho ha reabierto heridas no cerradas provocadas por los grupos terroristas.

Víctor Polay Campos, actualmente preso por delitos de terrorismo, fue uno de los fundadores y máximos dirigentes del MRTA, organización que, junto a Sendero Luminoso, sembró el terror en el país durante las décadas de 1980 y 1990. La sola presencia de su nombre en el programa de un evento cultural ha sido percibida por muchos como un intento de legitimación encubierta.

El debate, lejos de cerrarse, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de una vigilancia ética y crítica en los espacios culturales del país, especialmente cuando se trata de voces que representan una historia de violencia, muerte y dolor para miles de peruanos.