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Política

El Datazo: Richard Swing y la vacuna a Vizcarra / Piden la censura del Gabinete Morado

Lo último de la coyuntura política de manera resumida.

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RICHARD SWING NO ERA EL ÚNICO QUE VACUNABA

Así que el candidato al Congreso por Somos Perú, aquel que figuraba con el nombre de una caricatura de Disney en las listas de Odebrecht, o sea Martincito Vizcarra, ya se habría vacunado el 29 de octubre pasado, junto a su esposa (y según nuestra fuente Mónica Moreno y Mirian Morales también se habrían vacunado), mientras la población se moría de a pocos y como moscas, en las carpas mal construidas, los hospitales mal implementados y el miedo de médicos y enfermeras que a diario se enfrentan a esta terrible pandemia. Ahora se sabe que quienes habrían inoculado la vacuna a Goofy y su entorno más próximo sería el médico Germán Málaga —jefe de ensayos clínicos de Sinopharm— y la enfermera Cynthia Castillo… REALMENTE UN MISERABLE EL EX PRESIDENTE GOOFY. VAS A PASAR A LA HISTORIA COMO UN TRAIDOR A LA PATRIA.

LAS REACCIONES ANTE LA VACUNADA DE VIZCARRA I

Si somos sensatos y tratamos de ver las implicancias de los hechos, quienes serían los responsables directos por la vacunación del ex presidente y su esposa sería, nada más y nada menos que el ex premier Walter Martos Ruiz y la actual ministra de Salud Pilar Mazzetti, que por decoro ya debió haber renunciado a su cargo y, con ella, tendrían que irse otros funcionarios de línea, que sí sabían y estaban enterados de lo hecho por el ex presidente, pero aquí la cosa llega a más y se tendría que inhabilitar de la administración pública a estos funcionarios que callaron y no denunciaron este hecho… EL CONGRESO DEBE PRESENTAR INMEDIATAMENTE LA INHABILITACION DE DIEZ AÑOS A TODA ESA SARTA DE FUNCIONARIOS DE CARICATURA AMIGOTES DE GOOFY.

LAS REACCIONES ANTE LA VACUNADA DE VIZCARRA II

Uno de los congresistas que más animadversión tiene en la población es Ricardo Burga, de Acción Popular (Sí, aquel que hizo de pera de boxeo del joven Carlos Ezeta ante las cámaras de TV). Sin embargo, es el primero que ha saltado para solicitar la presencia de la ministra de Salud Pilar Mazzetti. Creemos que no solo se debe de protestar sino de denunciar en el acto a la ministra y sus funcionarios comprometidos, pidiendo la inhabilitación por 10 años de la administración pública… EN EL CONGRESO DEBEN ESTAR DISPUTÁNDOSE LA AUTORÍA DE ESA DENUNCIA. AUNQUE LA COMISIÓN COVID-19 DEBERÍA SER LA LLAMADA A INVESTIGAR EN DETALLE EL TEMA PARA CONOCER TODITITA LA VERDAD.

LAS REACCIONES ANTE LA VACUNADA DE VIZCARRA III

Anoche, la ministra Pilar Mazzetti, a través de un canal de televisión, desmintió tener conocimiento de la vacuna del expresidente de la Republica Martín Vizcarra. Entonces la responsabilidad debería de recaer en algún viceministro que visitaba de manera reiterada Palacio de Gobierno. Ya tenemos el nombre del que visitaba muy a menudo a Mirian Morales y al ex premier Walter Martos… AHORA ENTENDEMOS TU JUEGO, MARTINCITO.

LAS REACCIONES ANTE LA VACUNADA DE VIZCARRA IV

La directora de Perú 21, Cecilia Valenzuela, en declaraciones a un medio local dijo que “Vizcarra nunca fue voluntario”. El expresidente Vizcarra, haciendo abuso de su poder, solicitó al doctor Germán Málaga que fuera a Palacio de Gobierno a conversar con él y ahí le pidió que le pusieran la vacuna a él y a su esposa. ¿A nadie más? Humm, quien sabe… BUENA, CHICHI. HAY QUE DARLE CON TODO AL BANDIDO.

LAS REACCIONES ANTE LA VACUNADA DE VIZCARRA V

Los congresistas Otto Guibovich, de Acción Popular, y Zenaida Solís, del Partido Morado, indicaron que propondrán en el Congreso la creación de una comisión investigadora por el tema de la participación de Martín Vizcarra en los ensayos clínicos de Sinopharm. «Tiene que haber una investigación muy importante, rápida y expeditiva, porque es necesario saber cuál fue la participación de Pilar Mazzetti», expresó Solís. este pedido lo harán el día de hoy a través de una moción multipartidaria… PARECE QUE LA MINISTRA MAZZETTI Y SUS FUNCIONARIOS TENDRÁN QUE DEFENDERSE.

LAS REACCIONES ANTE LA VACUNADA DE VIZCARRA VI

Según una nota de prensa soltada pasada la medianoche del jueves 11, los que desenvainaron la espada y se lanzaron con el puñal entre los dientes contra Goofy, fueron los congresistas de Nueva Constitución que, según dice su comunicado, ya tienen lista una denuncia constitucional contra el Matincito vacunado. La acusación sería por presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previsto y penado en el artículo 399 del Código Penal con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años… ¿Acompañará Vizcarra al locuaz de Antauro en el penal de Ancón? COSA DE LOCOS, ¿NO?

PIDEN LA CENSURA DEL GABINETE MORADO

El vocero de APP, César Combina, pidió la palabra anoche para también hablar de una censura contra la Premier y su gabinete, porque el Gobierno “no quiere publicar el padrón de beneficiados de las vacunas”. Tras ello, la presidenta Mirtha Vásquez levantó la sesión del Pleno. No olvidemos que Combina es muy amigo del pastor José Linares, quien se pasea por los pasillos del Congreso, pues es defensor a ultranza y miembro de la Coordinadora Republicana… ¿ESTÁN CON UNAS GANAS LOCAS DE VACAR O QUIEREN SER VACUNADOS?

LESCANO SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN CAMPANILLA

El candidato presidencial Yonhy Lescano sufrió un accidente cuando se dirigía en una camioneta hacia Tocache, en San Martín. La parte delantera del vehículo donde era trasladado quedó destrozada luego que chocó con la base del Puente Punta Arena, en la localidad de Campanilla. Parece ser que necesita de una operación, pero se trasladó con su equipo de campaña hacia Pucallpa… GAJES DEL OFICIO, DIJO EL CANDIDATO DE LA LAMPA, O COMO QUIEN DICE: UNAS SON DE CAL Y OTRAS DE “PUNTA ARENA”. LA VERDAD, PARECE QUE ESTA VEZ LO SALVÓ LA “CAMPANILLA”.

EN EL DATAZO ADVERTIMOS LA EXCLUSION DE GEORGE FORSYTH

Hace dos semanas dimos el dato que el Jurado Electoral Especial excluiría al candidato por Victoria Nacional y su plancha presidencial de las próximas elecciones de abril, y es que las dos tachas están bien fundamentadas. Nos comentan nuestras fuentes, en la interna del partido del “arquero”, que el más nervioso es el padre del candidato. Y es que, según saben muchos de sus “amigos”, ha invertido indigentes cantidades de dinero en la postulación de su jugador… ¿DEVOLVERÁ EL DINERO FORSYTH AL SER EXCLUIDO? A VER, DIJO UN CIEGO. LO CIERTO ES QUE LO SABREMOS CUANDO DECIDA EL TEMA EL CUESTIONADO JNE.

A NAPOLEÓN LE CAYÓ KEIKOLOO

Ayer, el congresista Napoleón Vigo, de Fuerza Popular, pidió que se solicite al Ejecutivo vacunar a los congresistas y sus respectivos asesores, porque están en «primera línea» cuando trabajan en la semana de representación. ¿Qué cosa? A muchos, esas declaraciones les cayeron como purgante de abuelita, es decir, peor que aceite de ricino en el paladar. Inmediatamente, la candidata naranja salió en un video a desmentir que fuera un pedido de su bancada y que no estaba de acuerdo… EN LAS REDES, MÁS DE UNO DIO A ENTENDER QUE ESTO FUE UN “ARMANI” DE LA LIDERESA, YA QUE NO LEVANTA EN LAS ENCUESTAS NI CON MONTACARGA, Y SU CANDIDATURA, NI CON PASTILLITA AZUL SUBE ALGUITO SIQUIERA.

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Política

Gobierno exportará presos en lugar de solucionar el hacinamiento penitenciario

Frente a la crisis carcelaria y la falta de nuevas cárceles, el Ejecutivo busca trasladar reos a El Salvador, una medida costosa, cuestionada y que no aborda las causas reales del problema. Expertos advierten que esta propuesta es un parche irresponsable y demagógico.

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El exdirector general de asuntos criminológicos del Ministerio de Justicia, Víctor Quinteros, cuestionó duramente la reciente propuesta del Gobierno de enviar presos peruanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, calificándola de “inviable” y una medida demagógica que evade responsabilidades.

Quinteros enfatizó que mientras el gasto diario por reo en Perú oscila entre 27 y 30 soles, el traslado y confinamiento en el CECOT implicaría un costo superior a 200 dólares por preso, una cifra que evidencia la falta de racionalidad económica y social en la iniciativa gubernamental. “Los peruanos deben cumplir su condena en territorio nacional. Existe un marco legal para enviar presos extranjeros a sus países de origen, pero no para exportar peruanos”, aclaró.

El especialista criticó que el Ejecutivo pretenda externalizar un problema que es claramente de su competencia, desviando la atención pública y política de la urgente necesidad de construir y ampliar cárceles en Perú. “Esta propuesta refleja la incapacidad de los políticos para enfrentar el hacinamiento penitenciario que afecta a miles de reclusos y vulnera derechos humanos fundamentales”, apuntó.

Las cárceles en Perú se encuentran hacinadas en su extremo.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para deshacinamiento de penales antes del 2030, aunque con un plazo prudencial. Alcántara argumentó que factores como la pandemia y el impacto del ciclón Yaku han retrasado la ejecución de medidas, por lo que se ha solicitado tiempo adicional.

Sin embargo, para Quinteros, estos argumentos no justifican la falta de políticas concretas y responsables. “Exportar presos no es una solución, es un parche costoso y cuestionable que no atiende las causas estructurales del problema”, concluyó.

La polémica propuesta abre el debate sobre la prioridad real del Estado frente a una crisis penitenciaria que sigue sin resolverse desde hace años, mientras se opta por soluciones improvisadas que pueden poner en riesgo derechos y soberanía.

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Política

Delia Espinoza se justifica por no reponer a Patricia Benavides

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, niega incurrir en desacato y se ampara en tecnicismos legales para no restituir a su rival, Patricia Benavides. Lo más preocupante: insiste en que no hay crisis institucional y asegura que el Ministerio Público “funciona con normalidad”.

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En medio de la crisis institucional que sacude al Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha optado por el camino del tecnicismo para justificar su negativa a reponer en el cargo a Patricia Benavides, como ordenó la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Lo que está en juego no es solo un conflicto de poder, sino el respeto al Estado de derecho y a las decisiones de los órganos constitucionales autónomos.

Espinoza Valenzuela declaró al Diario del Cusco que enfrentará cualquier denuncia del Congreso por presunto desacato, asegurando que hasta el momento no ha sido formalmente notificada de la resolución que restituye a Benavides Vargas como fiscal de la Nación. Bajo ese argumento, se ampara en que no hay “desobediencia” porque no hay una notificación formal, como si los pronunciamientos de la JNJ no fueran de conocimiento público ni vinculantes desde el momento de su emisión.

Más aún, cuestionó abiertamente que diversas autoridades —incluyendo congresistas, ministros y el propio defensor del Pueblo— hayan reconocido públicamente a Patricia Benavides como la legítima fiscal de la Nación. Según Espinoza, ese reconocimiento genera “confusión” y desinformación entre la ciudadanía, cuando en realidad lo que confunde es la resistencia de su despacho a acatar una resolución de un órgano constitucional.

Continúa la pugna entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el control de la Fiscalía.

Resulta preocupante que Delia Espinoza deslice la idea de que todo debe pasar primero por un análisis jurídico interno, como si la legalidad fuera un terreno interpretativo según su conveniencia. Bajo esa lógica, cualquier autoridad podría ignorar resoluciones oficiales mientras “analiza” si le parecen válidas.

La fiscal también aseguró que responderá a las denuncias del Congreso y que las mismas no prosperarán porque —según ella— la JNJ no siguió los procedimientos correctos. Es decir, antes que admitir el fallo y acatarlo, su estrategia es deslegitimar el procedimiento mismo, aunque este emane del ente competente.

Pero lo más grave no es la estrategia de defensa de Espinoza Valenzuela, sino la insistencia en negar que exista una crisis institucional. Afirma que el Ministerio Público “funciona con normalidad” y que no hay enfrentamientos internos. ¿Cómo puede hablarse de normalidad cuando existe una pugna abierta por el cargo más alto del organismo, cuando dos señoras reclaman legitimidad y el país observa una paralización operativa?

Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público es una crisis con todas sus letras, agravada por una autoridad que minimiza el problema y retrasa su solución. La falta de una acción clara y oportuna no solo erosiona la legitimidad del Ministerio Público, sino que pone en duda su independencia y respeto a la institucionalidad.

Si Delia Espinoza espera que el silencio y el formalismo legal detengan el avance de la verdad, está equivocada. El país necesita claridad, no excusas. Y el Ministerio Público, hoy más que nunca, requiere liderazgo con principios, no posiciones cómodas disfrazadas de legalidad.

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Política

Juan Silva: tres años prófugo y cero resultados de la PNP

Fugitivo desde el 7 de junio de 2022, el exministro de Transportes simboliza la evasión de justicia más descarada del gobierno de Pedro Castillo. Su caso revela la corrupción del pasado y la negligencia del presente. Sin captura, la justicia sigue humillada y desacreditada.

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Mientras la justicia reafirma la prisión preventiva por 36 meses contra el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué la Policía Nacional del Perú no logra capturarlo? La reciente decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de rechazar la apelación de su defensa no solo confirma la solidez de las pruebas en su contra, sino que también expone una verdad incómoda: la ineficiencia —¿o desinterés? — del aparato estatal por hacer cumplir esa medida.

Silva Villegas, imputado por liderar una presunta organización criminal junto al expresidente Pedro Castillo, lleva tres años en condición de prófugo. Se le atribuyen actos de corrupción vinculados a la licitación del Puente Tarata y a otras obras públicas entregadas a empresas chinas. Los delitos que enfrenta —organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias— no son menores. Sin embargo, a pesar de la orden de captura nacional e internacional emitida en marzo de 2023, nada se sabe con certeza de su paradero. ¿Ha desaparecido del mapa con tanta facilidad o alguien lo protege?

A esta impunidad se suma la estrategia legal del exministro, quien busca deslegitimar la prisión preventiva con apelaciones sin sustento. El Poder Judicial ha sido claro: su defensa no presentó nuevos elementos ni argumentos para debilitar los “graves y fundados elementos de convicción” existentes. Y aun así, Silva pretende burlar a la justicia desde la clandestinidad.

Alerta roja de Interpol contra Juan Silva se encuentra vigente hasta el año 2027.

La pasividad de la PNP en este caso es alarmante. No se trata de un prófugo cualquiera, sino de un exalto funcionario que, según la Fiscalía, formó parte del núcleo duro de una red criminal que saqueó al Estado. ¿Cómo es posible que, después de tres años, no exista un solo resultado concreto en su captura? ¿Realmente se le está buscando?

Es momento de que el Ministerio del Interior y la PNP rindan cuentas. No basta con emitir alertas rojas en Interpol si no hay un esfuerzo serio y sostenido para ubicar a quien simboliza la evasión de justicia más flagrante del gobierno de Pedro Castillo. El caso Silva refleja no solo la corrupción del pasado, sino la negligencia del presente. Y mientras siga libre, la justicia seguirá humillada.

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Política

Se cumplen 250 días sin que Dina Boluarte le responda a la prensa

Mandataria pasa sus días entre denuncias, cirugías encubiertas, documentos “clasificados” para que no se conozca su aumento de sueldo, y viajes al extranjero.

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La última vez que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se animó a contestarle a la prensa fue el ya lejano 22 de octubre de 2024, cuando en tono despectivo e irascible, les preguntaba antes a los hombres de prensa a qué medio pertenecían, asimismo, daba instrucciones sobre las preguntas que no tenía en mente responder porque eso sencillamente le ponía de muy mal humor.

Luego de ello, la autodenominada “mamá de todos los peruanos” se la pasó lanzando indirectas a los distintos medios cuando se trataba de una actividad oficial, tildándolos de ser los verdaderos “enemigos de la patria”, confabuladores, de estar jugando “en pared” con sus opositores para sacarla de Palacio. Incluso, en una ocasión, se atrevió a decir, siempre acompañada de niños y sus ministros complacientes, que los periodistas vienen realizando un “terrorismo de imagen” contra su persona.

Como si se tratara de una deidad a la que hay que agachar la cabeza y lanzar loas, la jefa de Estado no quiere que ningún medio de prensa se le acerque a menos de 50 metros, caso contrario serán interceptados por su seguridad personal, o peor aún, encerrados durante horas en algún ambiente cuando se trata de dar cobertura en una actividad oficial. Y es que esa mujer “valiente” pareciera tener miedo a las preguntas que le formulen aquellos entrevistadores que no se encuentran sometidos al canal del Estado o a su área de prensa.

A la presidenta no le gusta que le den la contra los periodistas. Foto: captura video Latina.

Tal vez quiera evitar ese incómodo momento cuando le pregunten sobre sus viajes al extranjero, las joyas “prestadas”, sus “retoquitos” mencionados por el doctor Mario Cabani, los detalles sobre qué hacía el ‘cofre’ en una playa del sur, o el petitorio para aumentarse el sueldo.

A propósito de todo eso, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) le recuerda a la mandataria que ya lleva 250 días sin dar declaraciones, las mismas que tengan la posibilidad de un contrapunto o una repregunta, y que no estén sujetas a un cuestionario u hoja elaborado por su área de prensa. Y es que ella prefiere que solo le hagan preguntas que no la incomoden o la dejen mal parada.

«La ANP recuerda que el 22 de octubre del 2024 Boluarte, tras 105 días de silencio mediático, presentó su balance de gestión junto a sus ministros de Estado para, posteriormente, responder a preguntas de medios con expresiones hostiles hacia quienes se las formulaban. Desde esa fecha, la ANP ha registrado momentos álgidos en que la mandataria ha hecho manifiesto su reiterado menosprecio a la libertad informativa», se lee en un pronunciamiento de la institución.

Le queda poco más de un año y todo indica que seguirá manteniendo la boca cerrada; tal vez esa sea su estrategia para no cometer ni un desliz o dejarse llevar por sus impulsos y responder “tu mamá” de nuevo.

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Política

Alcalde de Lima empecinado en hacer su “marcha blanca” pese a que el tren Lima – Chosica no está concluido

Ministro de Transportes previamente ya le había respondido que “no hay una obra concluida ni iniciada”.

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Ya se siente el amo y señor del Perú. Han pasado tres años y la tan repetida “Lima, potencia mundial” es solo un sueño de opio, pues hasta el momento gran partes del Cercado de Lima está invadido de vendedores ambulantes y carretilleros, y ni qué decir sobre la creciente inseguridad que se vive.

El alcalde capitalino, Rafael López Aliaga, a propósito de esto último, mencionó muy suelto y despreocupado, que comprará drones que sobrevolarán la ciudad como “cóndores” y “explotarán” delante de los delincuentes.

Ahora, como si ya fuera presidente del país, viene repitiendo que iniciará una “marcha blanca” que será el inicio de las operaciones del tren Lima – Chosica, pero un gran detalle no pasa por inadvertido: no hay una obra concluida. Entonces, ¿dónde piensa colocar sus trenes de segunda traídos de los Estados Unidos?

El popular ‘Porky’ quiere colocar como sea sus trenes de la compañía Caltrain y ponerlas en funcionamiento el mes que viene. “El tren va a ir de todas maneras. Esa marcha blanca la hacemos en julio”, reiteró López Aliaga, a pesar de no existir un estudio técnico ni construidas las estaciones donde pasará el tren.

Al respecto, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, manifestó que tal “marcha blanca” no se encuentra contemplada debido a que “no hay una obra concluida ni iniciada”.

“Queremos saber si la Municipalidad de Lima lo va a hacer como obra suya, seguramente deben tener un expediente técnico, un plan a desarrollar y ejecutar, y sabrán los plazos y el cronograma. Si no lo puede hacer por diferentes circunstancias, sea tema presupuestal o apoyo técnico, y recurre al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC tendría que usar la concesión que ya tenemos y firmar una adenda -es una posibilidad-. Y esa adenda requiere revisarla técnicamente, incorporar la adenda, las especificaciones técnicas, requisitos, estudios, y hacer un proyecto para poder firmar una adenda de ampliación y eso no requiere menos de un año”, dijo.

Sin camino. Ministro Sandoval le recuerda al alcalde de Lima que no existe una vía concluida para que ponga sus trenes. Foto: Andina.

Enterado de esta última declaración del ministro Sandoval, ‘Porky’ respondió que desde el MTC se está buscando poner “trabas” y que de encontrar mayores obstáculos no lo dudará dos veces en organizar una marcha hacia la sede del MC, pues para él lo único que se estaría buscando es “politizar” este proyecto.

“Si comienza a poner trabas, hay que hacerle una marcha hasta el MTC. Hay que llenar el MTC de gente que sí quiere tren”, manifestó.

Lo cierto de todo esto es que no existe una obra terminada para que pasen los trenes, ¿o será que pasarán volando por la ciudad con ayuda de los drones “cóndores” que pensaba comprar ‘Porky’?

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Política

Rossella Leiblinger es designada ‘jefa interina’ del IRTP

Durante los últimos años, la abogada Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco ha desarrollado su trayectoria en el sector estatal, ocupando cargos en diversos ministerios. Actualmente dirige Industrias Culturales en el Ministerio de Cultura y asume provisionalmente la encargatura, en el IRTP.

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Mediante la Resolución Suprema nº 013-2025-MC, publicada en el diario El Peruano, el Ministerio de Cultura designó a la abogada Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco como jefa institucional encargada del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), en reemplazo de Ninoska Chandía Roque. El documento lleva las firmas del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y de la presidenta Dina Boluarte.

Resolución Suprema nº 013-2025-MC.

Leiblinger ejercerá el cargo de manera interina y en adición a sus funciones como directora del Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, posición que ocupa desde enero de este año.

Leiblinger es directora de Industrias Culturales del Mincul y ahora está encargada del IRTP.

Es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Políticas Públicas y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Prácticamente, ha ejercido su trayectoria durante muchos años en el aparato estatal, habiendo laborado en los ministerios de Trabajo, Justicia, Energía y Minas, Interior, Mujer, así como en el Ministerio Público, la SBS y el Inabif.

Rossella Leiblinger Carrasco fue designada en enero del 2025 en el Mincul.

La llegada de Leiblinger Carrasco al IRTP se da en medio de un contexto institucional complejo, marcado por tensiones internas tras la salida de Chandía Roque, quien mantendría un grupo afín en la televisora, con el objetivo de cautelar sus intereses. Según fuentes del sector, se evalúa la designación de un nuevo titular en la jefatura institucional, siendo el nombre de Luis Francisco Vivanco Aldon uno de los voceados para asumir el cargo.

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Política

Continúa la pugna entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el control de la Fiscalía

La batalla entre Benavides y Espinoza sigue escalando, mientras el Juzgado Supremo admite la apelación de Benavides contra su inhabilitación de dos años, se profundiza el caos institucional en el Ministerio Público y se debilita la imagen de imparcialidad judicial.

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La reciente admisión de apelación presentada por Patricia Benavides Vargas, suspendida fiscal suprema, ha reactivado un conflicto interno que ya desbordó los límites del Ministerio Público. Lejos de tratarse de un proceso judicial común, el enfrentamiento entre Benavides Vargas y la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha evidenciado una peligrosa politización del sistema de justicia peruano.

Con el respaldo del abogado Jorge del Castillo, quien calificó de «express» la resolución que suspendió a Benavides Vargas por 24 meses, la estrategia es clara: revertir una medida que, si bien fue contundente, no estuvo exenta de cuestionamientos procesales. Sin embargo, lo más grave no es el recurso legal en sí, sino el uso instrumental de los órganos judiciales en medio de una pugna de poder.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá ahora pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión impuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Pero la expectativa está menos en el argumento jurídico y más en el equilibrio de fuerzas internas. Las decisiones ya no parecen moverse por criterios de institucionalidad, sino por simpatías y alianzas políticas que fracturan peligrosamente la imagen de imparcialidad del Poder Judicial.

Hace unos días, el PJ suspendió por 24 meses a Patricia Benavides del cargo de Fiscal Suprema.

Ambas señoras, Benavides Vargas y Espinoza Valenzuela, representan facciones enfrentadas dentro del Ministerio Público, convirtiendo a esta institución en un campo de batalla. El problema no es solo la disputa personal entre dos fiscales, sino cómo esta ha contaminado los cimientos del sistema judicial, arrastrando a jueces, fiscales y salas completas a tomar posición en lo que debería ser un proceso técnico y desapasionado.

La justicia, en lugar de ser un poder del Estado autónomo, parece haberse convertido en una arena política más. El daño es profundo: se debilita la confianza ciudadana y se compromete la legitimidad de futuras decisiones. Mientras Benavides Vargas lucha por volver, la justicia debería luchar por no hundirse con ella.

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Política

Renunció la jefa de Prensa de Palacio de Gobierno, Mónica Tiburcio

Apenas duró un día en el Despacho Presidencial.

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Mónica Otilia Tiburcio Orbezo fue designada hace dos días, como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

Resolución n.° 000040-2025-DP/SGDP, de renuncia de Mónica Tiburcio.

Ella tenía la misión de enfocarse en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Sin embargo, ya no va más y a través de la Resolución N° 000040-2025-DP/SGDP, firmada por el Secretario General, Enrique Vílchez, el Gobierno decidió aceptar su renuncia, dándole las gracias por los servicios prestados, apenas un día.

¿Ahora quién será el reemplazante de Tiburcio? ¿Acaso alguien que juegue en pared con el IRTP?

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