La Policía Anticorrupción detuvo en la mañana del martes al gobernador encargado de la región Junín, Clever Mercado Méndez, en presencia del fiscal Aladino Lazo Pacheco, en el marco de la investigación por presuntos sobornos a consejeros para emitir votos en contra del retorno del gobernador en licencia, Fernando Orihuela Rojas.

La detención de Mercado fue en una vivienda del sector de Millotingo el distrito de El Tambo (Huancayo) y, según la Fiscalía, se dio debido que fue mencionado en una de las escuchas proporcionadas a la Policía de haber presuntamente “ordenado” el reparto de diversas sumas de dinero a los consejeros regionales haciendo, un total de S/ 42,850.

Este hecho se da como consecuencia de la detención del gerente regional de infraestructura, Gerardo Portocarrero Almonacid, cuando entregaba una presunta coima de S/3.800 al consejero José Villazana Flores, quien horas antes denunció el intento de soborno.

“En el audio grabado se escucha al gerente (Gerardo Portocarrero) decir que esta entrega (de dinero) era por órdenes del gobernador Clever Mercado”, sostuvo Villazana a la prensa.

Desde las 9:00 a.m. del martes, el fiscal Lazo junto a la Policía llegaron a la sede del Gobierno Regional de Junín donde recogieron documentación y se entrevistaron con cada uno de los consejeros. En la oficina de gobernación permanecía Fernando Orihuela, mientras que el despacho de la vicegobernación estaba vacío.

Durante esas diligencias las autoridades salieron raudos, pero minutos después se conoció de la detención del gobernador Mercado.

Fernando Orihuela, a finales de julio, presentó un documento al consejo regional para retomar sus labores como gobernador debido que había solicitado su retiro de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, quedando así el partido del lápiz sin candidato a la región Junín donde precisamente es cuna de Perú Libre.

En estos momentos, se debate en el consejo regional la aceptación de la solicitud de Orihuela para su retorno.

A principios de año, exactamente los días 24 y 25 de enero, el presidente de la República Pedro Castillo ofreció una entrevista para la cadena internacional CNN, en donde comentaba sobre la posibilidad de otorgar a Bolivia una salida al mar. Dichas declaraciones no escaparon de la atenta observación de los internacionalistas, pues se estaba hablando de desconocer parte de nuestra soberanía para ofrecérsela a otro país.

“No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo…jamás haría que cosas que el pueblo no quiera”, dijo Castillo Terrones aquella vez.

“Yo no lo estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia (…) Ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste”, agregó Pedro Castillo, según lo que señala la acusación.

Como siempre, el jefe de Estado se amparó en que la última palabra la tendría el ‘pueblo’, a través de un referéndum, ese mismo que hace solo unos días, de acuerdo a una encuesta realizada por Datum, lo rechaza hasta en un 81% en algunas partes del Perú.

Fue el congresista de Acción Popular Wilson Soto quien presentara una denuncia constitucional contra el mandatario, acusándolo, en resumen, de traición a la patria. 

De acuerdo al informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se recomienda la inhabilitación de Castillo Terrones por un periodo de cinco años, por haber violado los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1,2 y 11 de la Constitución Política del Perú.

“Apreciándose que el máximo representante de la república mediante sus declaraciones demostró su intención de transgredir el mandato de la Carta Fundamental, se concluye y se recomienda: Acusar por juicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de Presidente de la República, por infracción de los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú; y, de acuerdo al artículo 100 de la Carta Magna, proponemos que se imponga la sanción de inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública”, se lee en el escrito.

“Se concluye y se recomienda: acusar por antejuicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de Presidente de la República, como presunto autor del delito de Traición a la Patria previsto y sancionado por el artículo 325° del Código Penal; en calidad de Autor y en grado de tentativa en agravio del Estado Peruano”, agrega el documento.

Once cuentas en total confiscadas a pedido del fiscal de lavado de activos Richard Rojas Gómez, cuyas titularidades se encuentran a nombre del fundador del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón, así como de su madre, Bertha Rojas, por disposición del Poder Judicial (PJ).

Seis a nombre del condenado por corrupción y cinco pertenecientes a su madre, dando una suma total en las cuentas de S/3 millones 22 mil, los cuales deberán ser sustentados ante las autoridades.

La medida fue autorizada en el transcurso de la última semana por el juez Jorge Chávez Tamariz en una investigación que se le sigue a ambos por presunto blanqueo de dinero, en el que se imputa que se utilizó dinero de origen sospechoso para diversos fines, entre ellos el de financiar las campañas políticas de Perú Libre tanto a nivel distrital, provincial, regional, congresal y presidencial.

En total, son cinco cuentas de Bertha Rojas las que se vieron afectadas y seis las de Cerrón. Rojas López tenía más de 90 mil soles en sus cuentas de ahorros del Banco de la Nación, mientras que en Credicorp tenía una cuenta en soles y dólares que sumadas superaban el millón de soles. En el caso del ex gobernador regional de Junín, este tenía en una cuenta de ahorro BBVA más de S/377 mil y en una cuenta Interbank más de S/1.2 millones.

Según la resolución judicial, la Fiscalía planteó incautar dichas cuentas el 1 de agosto pasado. Tras ello, el magistrado Chávez Tamariz estimó que la medida era proporcional, idónea y necesaria ante el peligro de que tanto el ex gobernador de Junín como su madre dispusieran o desaparecieran dichos montos en sus cuentas deshaciendo la posibilidad de un decomiso definitivo a favor del Estado.

En el caso de Cerrón se valoraron las pericias que demostraron un desbalance patrimonial en sus cuentas del 2002 al 2018. El investigado, aseguran la Fiscalía y los informes periciales, tampoco pudo demostrar si realmente recibió pagos de más de S/15 mil entre 2008 y 2010 por clases dictadas en la Universidad Nacional del Centro.

Por el contrario, se evidenciaron contradicciones en su versión de que habría recibido además recibos por honorarios por el desempeño de su profesión como médico en 2021.

Testigos han afirmado que no pagaron por esos servicios, señala la resolución del juez. Una de sus transacciones realizada en 2017, por otra parte, por S/260.000, fue identificada como sospechosa por no encajar con las declaraciones juradas que había presentado entonces ante la Contraloría General de la República.

La cuenta en dólares de BBVA de Cerrón tampoco ha podido acreditar adecuadamente su origen, resalta el Ministerio Público. Con relación a Bertha Rojas, se tienen como elementos para incautar sus cuentas las adquisiciones de inmuebles en Junín y en Lima así como transferencias para el pago de la reparación civil que se impuso a su hijo Vladimir Cerrón en 2019 por una sentencia que se le dictó por negociación incompatible.

A pesar de que tiene vigente aún el congelamiento de sus fondos por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), el juez Chávez Tamariz determinó que la constante actividad y transferencias entre sus cuentas era motivo suficiente para dictar la medida. Por todo ello, se concluyó que “existen abundantes operaciones sospechosas e inconsistencias que no se condicen con la realidad” en las cuentas de los investigados.

La hipótesis principal que maneja la Fiscalía en este caso es que Perú Libre fue utilizada para recibir dinero ilícito de lo generado por la presunta red criminal “Los Dinámicos del Centro” (dedicada en Junín al tráfico de licencias de conducir e intercambio de favores en su Dirección General de Transportes y Comunicaciones durante la gestión de Vladimir Cerrón).

Ello con el fin de que dichos montos sirvieran para “el pago de diversos servicios, gastos propios e inversiones como plan de actividades políticas y con ello darle apariencia de legalidad”.

No le simpatiza. El congresista Edgar Tello cuestionó la decisión del presidente de la República, Pedro Castillo, de designar a Betssy Chávez como nueva ministra de Cultura, en reemplazo de Alejandro Salas que ahora pasa a ser el nuevo titular de Trabajo.

El parlamentario indicó que el actual gabinete no es el adecuado, pues Chávez Chino había sido censurada por el Congreso de la República por los cuestionamientos que tuvo al mando del Ministerio de Trabajo.

“Yo sé que este gabinete indudablemente no es el adecuado porque no se puede poner una gestión incorporando a ministras censuradas. Será muy buena profesional, pero tampoco es un buen inicio en esta etapa del Gobierno”, declaró en diálogo con Canal N.

Seguidamente, Tello dijo esperar que el jefe de Estado se rectifique de dicho nombramiento por el bien del país. Del mismo modo, aclaró que si bien no existe un impedimento legal para la designación de Chávez, ya hubo una decisión política por parte del Parlamento.

“Hay errores, pero estoy seguro que se van a rectificar en bien del país y tienen que sacar adelante la gestión (…) legalmente no habrá impedimentos, pero políticamente ha tenido una decisión del Congreso y eso pesa para poder sacar la gestión a nivel actual”, manifestó.

En otro momento, el parlamentario del Bloque Magisterial se mostró a favor de la rectificación de Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros, pues aseguró que ha sacado adelante la gestión y ha hecho respetar la democracia.

“Ha tenido sus altas y sus bajas, pero es una pieza fundamental en esta gestión. Quizá a algunos no les ha parecido, pero es una persona que ha estado sacando adelante la gestión, garantizando con logro las sesiones descentralizadas, haciendo respetar la democracia en nuestro país antes voces de vacancia, adelanto de elecciones y pretensiones que se ha escuchado”, subrayó.

Afirma ser inocente como el presidente Pedro Castillo. Beder Camacho, subsecretario general de Palacio de Gobierno, se reafirma en que no se convertirá en colaborador eficaz del Ministerio Público para esclarecer si presuntamente apoyó a mantener en condición de prófugo al ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, por orden expresa del jefe de Estado.

“Es falso lo que se ha vertido sobre la colaboración eficaz. Ser ello significa aceptar un delito, y yo no he cometido ningún delito, entonces no tengo miedo a lo que puedan decir en este proceso y estoy prestando mi declaración las veces que crea conveniente. Voy a asistir las veces que me cite la Fiscalía para este caso”, declaró al programa Punto final.

El subsecretario de Palacio reiteró que no tuvo contacto con Pacheco mientras estuvo en condición de prófugo de la justicia, menos que lo haya escondido por orden del presidente.

“En ese aspecto no hay la carpeta fiscal. Yo ya estoy en un proceso de investigación en el cual yo ya me presenté ante el Ministerio Público y no puedo declarar. Solamente puedo decir que soy inocente y con eso estoy respondiendo muchas cosas”, apuntó el funcionario del Poder Ejecutivo.

Según el diario El Comercio, Bruno Pacheco indicó ante los fiscales que estuvo en la clandestinidad por tres meses por una decisión del jefe de Estado y con la colaboración de Camacho. Esto confirma una presunta obstrucción a la justicia de Castillo, quien, precisamente, es investigado tras lo denunciado por el exministro del Interior, Mariano González que no deseaban buscar a los prófugos de este gobierno.

González indicó que el presidente le recomendó nombrar a Beder Camacho, actual subsecretario general de Palacio de Gobierno, en el viceministerio de Orden Interno. Si hubiese prosperado la designación, el funcionario podría haber tenido control sobre el nuevo equipo policial especializado liderado por los coroneles Harvey Colchado (Digimin), Walter Lozano (Dirandro), Franco Moreno (Diviac) y Luis Silva (Dirin) que dio con la entrega de Bruno Pacheco.

La llegada de la ministra Betssy Chávez al Ministerio de Cultura, implicaría un retroceso en el recambio de los funcionarios. La nueva gestión abrazaría a burócratas relacionados a la facción de Guillermo Lumbreras, que por varios años han tenido sumergido en la mediocridad al MINCUL.

Uno de lo primeros cambios que realizará la censurada ministra Betssy Chávez, es colocar a José Reyes Llanos como Secretario General en reemplazado de Ana Milagros Ninanya Ortiz, funcionaria que llegó al MINCUL en la gestión del ministro Alejandro Salas.

Los cambios que se harán también implican los viceministerios Interculturalidad y el de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Además de los asesores en el gabinete y la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional, entre otros.

Luego de asumir el cargo de ministra de Cultura, Betssy Chávez viajó hasta la ciudad de Tacna, pero el fin de semana el mensaje fue claro: remover a los funcionarios del MINCUL. Es por eso que José Reyes Llanos pasa del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Cultura, con él también vendrían otros funcionarios que trabajaron en la gestión de Chávez Chino cuando ocupó esa cartera.

Nuevo Secretario General

Reyes Llanos, es hombre de confianza de Betssy Chávez, y dentro de su perfil figura que es abogado especializado en derecho administrativo, sistemas administrativos, gestión
pública y gestión de proyectos. Dentro de su experiencia en las instituciones del Estado, figura que ha trabajado también en el Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes, Ministerio de Cultura en en los años 2018 y 2019, FONAPE, y en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Además, José Reyes Llanos fue nombrado el 09 de setiembre de 2021 mediante la Resolución Suprema N°023-2021-TR miembro ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (ESSALUD). La resolución fue firmada por el presidente Pedro Castillo Terrones. Solo duró en el cargo cinco meses.

¿Betssy Chávez blindará a los denunciados por corrupción?

Como lo mencionamos líneas arriba, Betssy Chávez abrazará la facción de Lumbreras, y esto implicará que su hijo Luis Elías Lumbreras, siga laborando en el MINCUL a pesar de las denuncias donde aparece como imputado.

Entre las más graves figuran: Peculado de Uso (03º Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima); Peculado (Apropiación o utilización de caudales, en la 02º Fiscalía Superior Penal de Lima); Negociación incompatible (04° Fiscalía Superior Penal de Lima); Corrupción de funcionarios (04° Fiscalía Superior Penal de Lima) y Colusión con Defraudación Patrimonial al Estado ( 01º Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima).

Lo mismo sucede con el Gary Mariscal Herrera, que actualmente ocupa el cargo de Director de la dirección de Patrimonio Histórico e Inmueble, y cuenta con graves denuncias por maltrato, agresión, maltrato al personal, hostilidad y agresión verbal, acoso laboral, agresión física y psicológica, negociación para sus beneficios personales y destrucción del patrimonio. 

La realidad es que el exministro Alejandro Salas, no pudo sacarlos del cargo, tampoco la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias culturales. Son estos los personajes que vienen siendo blindados y que ahora se sumará a sus filas otros funcionarios que en años anteriores fueron retirados de la cartera de Cultura.

Incluso se habla que para el viceministerio Patrimonio Cultural, el nombre de una de las amantes de un reconocido arqueólogo aparece en el bolo para reemplazar a la actual viceministra Janie Gómez Guerrero.

A esto se suma que en Palacio de Gobierno no ha pasado desapercibido la designación de Chávez Chino como ministra de Cultura. La Primera dama, Lilia Paredes, expresó su rechazo en la intimidad palaciega y vendría evaluando el retorno a tu tierra.

Más allá de los gritos de “vacancia” o prensa golpista” algo que viene pasando en agua tibia es la compra de fertilizante por parte del Perú; a la ausencia de ese importantísimo suplemento las cosechas alimenticias se encuentran en riesgo de perderse, ocasionando una hambruna generalizada. Mientras duran esas discrepancias la llegada de la urea al Perú nuevamente se va retrasando.

La Contraloría General de la República ha detectado nuevamente irregularidades en la licitación de la empresa Ready Oil Suply LLC para la entrega de fertilizante al Perú, el cual se tenía prevista, a la fecha de celebrado el contrato, en un plazo de 45 días, o para finales de agosto.

Sobre ello, Agro Rural, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), aseveró que la compra de fertilizantes se realizó “de manera transparente y con trato igualitario a todos los postores”.

Sobre ello, la entidad del Midagri aseguró que en todas las etapas del proceso se contó con el control simultáneo y el acompañamiento permanente del Órgano de Control Institucional (OCI), mientras que para los actos públicos, se contó con la presencia de un notario público.

De acuerdo con el documento de la Contraloría, la firma norteamericana no cumplió con presentar sus estados financieros de los últimos tres años, como era requisito “con carácter eliminatorio” del proceso. Solo presentó los correspondientes al año fiscal 2021 y argumentó que no contaba con la información de los dos años previos debido a que en este periodo cesó sus actividades por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la Contraloría detectó que esta omisión se debía a que la empresa recién fue constituida el 4 de febrero del 2021 en Florida, EEUU.

No obstante, Agro Rural señala que “nunca se determinó la antigüedad como requisito de calificación de los participantes, ni en la directiva ni en ninguna de las absoluciones de consultas”.

“De haberse descalificado a un postor por los años de antigüedad, como sugiere el Órgano de Control Institucional, se habría incurrido en una violación del principio de competencia”, refirió.

La Contraloría también detectó diferencias en el plazo de entrega, pese a haberse establecido en 45 y 60 días para el primer y segundo lote.

“El plazo de entrega rige a partir del día siguiente de notificada la orden de compra, por lo que las propuestas admitidas se dan en estricto cumplimiento de la normativa vigente”, determinó la entidad del Midagri.

Finalmente, Agro Rural menciona que si el equipo a cargo de la contratación hubiera adoptado la decisión que sugiere el OCI, es decir, de “descalificar” a las ofertas de las Direct Agro y Ross Oil Supply LLC, el Estado peruano habría incurrido en un sobrecosto de 2 millones 820,241 dólares para la compra de 65,587 toneladas de urea.

Gavidia el ‘caprichoso’. El ministro de Defensa, José Luis Gavidia no solo hace uso indebido de las avionetas del Estado, llevando a su familia al interior del país, sino que es una persona de buen paladar y su estómago es sensible al menú de cualquier restaurante; por ello, hace uso indebido de la caja chica que le asigna su ministerio para dar rienda suelta a sus placeres culposos.

Según un reportaje de Punto Final, el ministro utilizó la caja del Ministerio de Defensa (Mindef) para pagar almuerzos de trabajo en exclusivos restaurantes de Lima.

El programa dominical indica que no se trató solamente de un ‘capricho’ sino que la compra de suculentos y costosos manjares fueron recurrentes. Es así que el ministro Gavidia el 11 de abril de este año utilizó de la caja chica la módica suma de S/ 790 para un almuerzo.

“Tenemos un monto tope que es del 90% de la UIT, eso es lo que tenemos aprobado”, dijo Nelly Rodríguez, directora general de Administración del Ministerio de Defensa.

Otro pago que se hizo fue el 6 de junio, en el que Gavidia habría tenido un almuerzo de trabajo con el secretario general del Ministerio de Defensa, pero lo curioso es que solo se pidió un plato de lenguado a la plancha con ensaladas y yuca de S/ 65.

Otro llamativo caso es el del menú del 2 de julio de este año, ya que el ministro de Defensa tuvo una reunión de trabajo, a 12:36 p.m., en el Círculo Militar; sin embargo, a esa hora estaba en Amazonas.

En respuesta a ese almuerzo en la que no estuvo Gavidia, la directora general de Administración del Mindef sostuvo que su comisión en Condorcanqui se demoró y “mandaron a una persona del despacho para hacer la compra, por eso que no aparece como delivery, y le trajeron su almuerzo que ya se convirtió en cena porque (el ministro) llegó a las 7 p.m.”.

En el reportaje también se señala que el 10 de mayo el ministro consigna una cena oficial en el restaurante Hornero con comandantes de las Fuerzas Armadas y en esa reunión se pidieron un angus entraña fina de S/ 185, un asado de tira con hueso con el mismo precio, además de champiñones a la parrilla. El importe total fue de S/ 452.50.

Cabe señalar que la Contraloría General de la República exhortó a los funcionarios que autorizan los gastos de caja chica que deben ejecutar dicha facultad con criterio de austeridad y racionalidad.

En esa línea, el órgano de control ya acreditó una comisión para analizar la caja chica del Ministerio de Defensa por los “apetitosos platos de lujo” de Gavidia.