Hace unos meses salió en libertad pero podría ir nuevamente preso. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo denunció penalmente a Antauro Humala, hermano del ex presidente nacionalista Ollanta Humala, por el presunto delito de apología al terrorismo. La medida se produce luego que el líder etnocacerista se refiriera, mediante polémicas expresiones, a la agrupación subversiva Sendero Luminoso (SL) como si en realidad se tratara de un partido político.

“Hay que ser realistas. Nosotros, los etnocaceristas, somos matemáticos, científicos, decimos las cosas como son. Lo mejor que ha dado la izquierda, desde Pizarro hasta ahorita, como partido político, ha sido Sendero Luminoso. Y que me graben”, fueron las declaraciones del ahora investigado.

En este contexto, la denuncia fue realizada por Milko Alberto Ruiz Espinoza, procurador público especializado en delitos de terrorismo, el último jueves 26.

“Esta Procuraduría Especializada tomó conocimiento que a través de la red social TikTok (…) dicha publicación fue informada por diversos medios de comunicación, en el cual se aprecia a la persona de Antauro Igor Humala Tasso propalando frases [sobre Sendero Luminoso]”, se lee en el documento.

El delito de apología al terrorismo se encuentra comprendido en el artículo 316-A del Código Penal, el mismo que fue incluido mediante la Ley N° 30610 publicada el 19 de julio del pasado 2017.

Para el procurador Mirko Ruiz “es claro y evidente que la acción realizada por Antauro Humala Tasso recae en el delito de apología al terrorismo al justificar a la ‘organización terrorista – Sendero Luminoso’ y honrar de esta manera su pensamiento ‘pensamiento Gonzalo’”.

“Más aún, teniendo en cuenta que a través de esta acción se reivindica las acciones de la agrupación terrorista”, señaló en el citado texto.

Antauro Humala y su controversial pasado

Antauro Humala Tasso cuenta con amplios antecedentes penales. En su legajo, se encuentra una condena por un levantamiento militar en el pasado 2005 contra el entonces presidente Alejandro Toledo.

En dicho año, el líder etnocacerista llevó a cabo el denominado ‘Andahuaylazo’: un sangriento motín contra el régimen de ese entonces en la ciudad de Andahuaylas. En la práctica, se tomó una comisaría por asalto con un trágico descenlace, pues cuatro policías y otros dos reservistas (como se les denominaba a los acompañantes de Humala) perdieron la vida.

Tras esta situación, fue detenido y posteriormente condenado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio, secuestro, rebelión, daños agravados y sustracción de armas. En el año 2011, sin embargo, su pena se redujo a 19 años tras una revisión del caso por parte de la Corte Suprema.

Fue liberado en agosto del 2022 tras solo 17 años en prisión.

No se trataba de una película de acción ni una pelea entre bandas del narcotráfico sino una muestra del nivel de violencia y caos en que ha llegado las protestas en las regiones más alejadas del país que poco a poco se van convirtiendo en la ley del viejo oeste en donde cualquier ciudadano se protege de la mejor manera que ve contra los actos vandálicos de seudo manifestantes que aprovechan la ausencia de efectivos policiales para dar rienda suelta a saqueos, pillaje o robos dentro de propiedades privadas.

Esta mañana una turba de alrededor de 500 personas atacaron con piedras y otros objetos la vivienda del gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka, quien hizo uso de su arma de fuego con disparos al aire para repeler el vandalismo.

Los vándalos, que participaban de una marcha en la ciudad de Puerto Maldonado, se dirigieron a la casa del gobernador Otsuka que era custodiado por seis policías que solo tenían gases lacrimógenos y escudos.

Aprovechando esa poca vigilancia, la turba comenzó a lanzar piedras contra el inmueble e intentó incendiarla.

El ataque causó heridas en la autoridad regional y en algunos de sus familiares. Debido a este feroz ataque, Otsuka sacó su arma de fuego e hizo disparos mientras llegaban más efectivos policiales.

🔴Con palos y piedras, vándalos atacaron la casa del gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka Salazar, quien respondió con disparos al aire #EsNoticiaAhora pic.twitter.com/zBmV4TO3EH

— Latina Noticias (@Latina_Noticias) January 27, 2023

Los vándalos destrozaron la puerta de ingreso a la vivienda y rompieron todas las lunas, además de daños en su vehículo.

En declaraciones para Canal N, Otsuka pidió al Gobierno tomar una decisión y poner fin al vandalismo y bloqueo de carreteras que afectan a diversas regiones, entre ellas Madre de Dios. “No se puede enviar a los policías enfrentar a los vándalos sin armas con el argumento del costo social. Hay que tomar una decisión y poner fin a esto”, aseveró.

Afirmó que no permitirá que los vándalos atenten contra él y su familia. “Tengo que defender a mi familia, lo mío. Yo no he robado, lo que tengo me ha costado. La próxima vez que vengan los mataré, si la policía no lo hace lo haré yo“, aseveró.

Sostuvo que no se debe permitir que los vándalos provoquen daños y tomen la carretera matando de hambre a la población. Finalmente, Organizaciones de Madre de Dios vienen acatando un paro de 48 horas y se sumaron a las protestas contra el gobierno.

Por Umberto Jara

El 19 de julio de 2022, el Congreso publicó la Ley 31520, una norma que modifica la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU. En sencillo, los que dirigen actualmente esta entidad, por mandato de dicha ley, deben dar un paso al costado después de largos años de manejo hegemónico de las universidades y cuyo balance puede resumirse en dos ámbitos.

Un primer ámbito, que le dio un prestigio a la institución, fue el haber cancelado el licenciamiento a universidades que no merecían seguir operando por ser básicamente centros de lucro en perjuicio de los alumnos. Al respecto existió consenso público y nadie puede negar que tales cierres fueron un acierto.

Sin embargo, existe un aspecto negativo que no solamente ensombrece la gestión de la SUNEDU sino que tendrá que ser investigado. El pasivo de esta institución es que a partir del gobierno de Martín Vizcarra —sobre cuya corrupción no hay dudas— pasó a convertirse en una entidad que empezó a dar licenciamientos selectivos dirigidos a universidades pertenecientes a grupos económicos, incluso sin exigirles los requisitos de ley. También se convirtió en una entidad pasiva y silenciosa sin investigar casos gravísimos como la fábrica de tesis plagiadas que se descubrió en la Universidad César Vallejo a raíz del bochornoso caso de la tesis del ex presidente Pedro Castillo.

Son apenas dos graves ejemplos de varios más que tiñen de irregularidades y sospechas a la SUNEDU que, esta vez, ha decidido sumar a estos antecedentes el de ponerse al margen de la legalidad negándose a cumplir con la Ley 31520. ¿Por qué no quieren cumplir con una la ley? Porque es una ley que ordena que el actual Consejo Directivo debe culminar sus funciones.

Apenas el Congreso puso en vigencia la Ley 31520, la entidad inició una activa campaña mediática señalando que se “estaba destruyendo la reforma universitaria y destruyendo a la SUNEDU”. Si bien el título de la norma es pomposo: “Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, lo real es que al revisar su contenido se puede verificar que no son ciertas las dramáticas proclamas del superintendente Oswaldo Zegarra.

Lo central de la citada ley es que el Consejo Directivo de la SUNEDU —inamovible desde el año 2015 y cuyos miembros, un nombre más o un nombre menos, son los mismos— debían terminar sus funciones y tienen que ser reemplazados no de manera arbitraria sino por miembros designados por varias instituciones: dos representantes de las universidades estatales, uno de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú.

Anteriormente, el nombramiento de los directivos de la SUNEDU estaba a cargo del Ministerio de Educación. Se suponía que por concurso público pero en los hechos operó un llamado “Comité de Selección” cuyos miembros surgían del interés político: Fabiola León Velarde (2015) esposa del ex congresista del Partido Morado Gino Costa; Francisco Sagasti (2016-2019) del Partido Morado; y el curioso caso del inamovible  Walter Estrada López (2016 a la fecha) puesto en el cargo por su relación de fidelidad con Jorge Alva, padre de la ex ministra de Economía, María Antonieta Alva y amigo personal de Martín Vizcarra.

Es imposible negar que la SUNEDU hoy es un ente politizado y es nítido que su Consejo Directivo surge del manejo del Partido Morado. En su afán de enquistarse en el cargo, el propio superintendente, Oswaldo Zegarra, se dirigió, el 23 de diciembre 2022, a Palacio de Gobierno junto a la congresista morada Flor Pablo, a pedir audiencia a la presidenta Dina Boluarte, el día antes de Navidad, para solicitar la cabeza del ministro de Educación, Oscar Becerra, por el simple hecho de que este ministro osó decir: “Tenemos que apoyar a la Sunedu, pero no debemos apoyarla como si fuera un dogma o una revelación divina”.

La rebeldía de la SUNEDU en acatar una ley se hizo pública desde el instante en que se promulgó la Ley 31520. De inmediato iniciaron una sostenida campaña mediática con una idea fuerza que es falsa “La ley 31520 trae abajo la reforma universitaria”. Ciertos medios de comunicación repitieron la frase en lugar de tomarse el afán de leer la norma y allí se puede encontrar que se ha dispuesto que el Consejo Directivo tenga una composición plural: universidades estatales y privadas, Concytec, Sineace, Minedu y Colegios Profesionales.

La SUNEDU no solamente ha utilizado la desinformación como cuestionable arma. En su afán por desconocer la Ley 31520, se dirigió al Poder Judicial y encontró una jueza temeraria que, burlándose de la Constitución, declaró fundada una acción de amparo que declara nulo “el procedimiento legislativo seguido por el Congreso para modificar artículos de la Ley Universitaria”.

Un disparate total porque nuestro sistema legal y democrático está basado en la separación de poderes y una jueza que pertenece al Poder Judicial no puede dejar sin efecto un acto del Congreso porque pertenece al Poder Legislativo. Ya sabemos que el actual Congreso es muy cuestionable pero el orden constitucional no puede ser pisoteado porque la SUNEDU busca a una jueza ¿amiga? ¿corrupta? que trató de ayudar a que sus directivos sigan en sus cargos.

El guión de la ilegalidad continúa. Ocurre que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia a finales de diciembre de 2022 ordenando que la Ley 31520 se cumpla. El efecto inmediato es que los que actualmente manejan la SUNEDU deben poner sus cargos a disposición; sin embargo, están decididos a no respetar la ley con tal de mantenerse en funciones y en la misma línea de cuando buscaron a una jueza para un fallo ajeno a ley, ahora esta utilizando una leguleyada digna de un abogado bufón. Su argumento es que la Ley 31520 para ser aplicada necesita ser reglamentada y al no existir ese reglamento no se puede aplicar y, así, los dueños de la SUNEDU deben seguir en sus cargos.

Se trata de un argumento que un alumno de primer ciclo de Derecho tendría vergüenza en utilizar por la sencilla razón de que la Ley 31520 lo que ha hecho únicamente es modificar cinco artículos de la Ley 30220, Ley Universitaria. Por lo tanto, no necesita ser reglamentada porque, simplemente, está modificando una ley vigente que ya cuenta con su propio reglamento.

El Consejo Directivo de la SUNEDU encabezado por Oswaldo Zegarra no se quiere ir. ¿A quién se parecen? A los políticos cuando se atornillan a sus cargos incumpliendo la ley. Se confirma la tendencia de estos años: La SUNEDU no es un ente supervisor de la educación universitaria; es una organización política.

Al mismo estilo que el ex premier Aníbal Torres, para la congresista de Cambio Democrático -Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, “correrán ríos de sangre” para que recién las manifestaciones sean tomadas en serio para el Ejecutivo, pues, según la legisladora, de nada sirve una protesta pacífica, y que es necesario que la gente muera para hacerse sentir, justificando de esa manera los distintos actos vandálicos que se vienen reportando durante las movilizaciones sociales.

Como es evidente, los que actúan como ‘carne de cañón’ no son los dirigentes ni líderes políticos, muchos menos los congresistas de izquierda que solo se dedican a azuzar más a los protestantes, sino que son los ciudadanos más humildes que muchas veces, como bien se ha recogido en sus manifestaciones, se encuentran dispuestos a “entregar su vida” a una causa que ellos consideran como justa, es decir, el adelanto de elecciones, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, y la conformación de una asamblea constituyente.

La parlamentaria Bazán Narro, en una entrevista ofrecida para Exitosa, en un momento se olvidó de su importante rol como congresista y habló sin ningún filtro, demostrando las verdaderas intenciones de un grupo radical que solo busca más violencia, manifestando que la protesta pacífica “no genera cambios” y que estas “deben incomodar”.

“Hemos pasado a que la protesta legítima y pacífica no genera cambio, entonces no se escucha a las personas que protestan pacíficamente. Luego hemos pasado a que la protesta tiene que incomodar, es decir, trasladarse de una región donde se hace, a otra región que es la capital”, declaró.

Para la congresista @sigridbazan, las protestas pacíficas no generan cambios… pic.twitter.com/MxPPyLZ5Yz

— Giuliana Caccia (@giulianacaccia) January 26, 2023

En esa línea, la legisladora comparó la actual convulsión social con las marchas de noviembre del 2020 en las que Manuel Merino renunció a la Presidencia de la República tras el asesinato de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

“Hemos pasado de que la gente que protesta ahora tiene que morir. Lo de Inti y Bryan marcó un antes y un después en los que un presidente fue destituido por la población, pero ahora que han fallecido 50 personas que no ha sido en Lima, no tenemos ese mismo estándar”, agregó.

También cuestionó que el Parlamento busque declarar persona no grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales, por opinar sobre la coyuntura nacional y no se haga lo mismo cuando entidades supranacionales como la ONU dan pronunciamientos en este mismo sentido.   

Y, claro está, mientras ella alza su voz de protestas desde sus redes sociales o desde una paradisiaca playa, mientras más fallecidos haya mejor para la exigencia de una nueva constitución y aumentar así su discurso victimizante.

Tras la salida de Sandra Belaunde en el ministerio de Producción, el Gobierno ha designado a Raúl Pérez-Reyes como su reemplazante.  Pérez-Reyes ya estuvo frente a este Ministerio en la gestión del expresidente Martín Vizcarra, en abril de 2018. Esta vez, se convierte en el segundo titular en esta cartera. Asimismo, ha ocupado varios cargos en el sector público.

Entre en el 2011 y 2014, se desempeñó como viceministro de Comunicaciones. Mientras que entre el 2015 y 2017, fue viceministro de Energía. Asimismo, estuvo como directivo en el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Energía y Minas (Osinergmin).

Otro de los cargos que ocupó fue directivo en la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi, como también en Servicios Postales del Perú (Serpost). El 30 de abril de 2018 juró como ministro de la Producción del entonces vacado presidente Vizcarra, esto luego de ser viceministro en el sector.

Dos meses de Gobierno y ya son siete cambios

Los ministros de Estado que retrocedieron tras la crisis política que atraviesa el Perú fueron al menos siete. Desde que asumió el cargo la presidenta de la República, Dina Boluarte, las manifestaciones en su contra han continuado. En enero de 2023, las movilizaciones se reiniciaron en donde uno de los pedidos era el adelanto de elecciones.

El primero dejar el cargo fue el ministro de Trabajo, Eduardo García, quien presentó su carta de renuncia el 12 de diciembre. Luego de cinco días, Jair Pérez Brañez (Cultura) y Patricia Correa Arangoitia (Educación) tomaron la misma decisión.

Luego la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Grecia Rojas Ortiz, decidió dejar el cargo. Solo habían pasado algunos días de que el nuevo Gabinete Ministerial juró, pero la presidenta decidió cambiar al jefe de la PCM, Pedro Angulo. Lo reemplazó Alberto Otárola, quien se desempeñaba como ministro de Justicia.

Sin embargo, la jefa de Estado continuaría con el cambio, por lo que decidió que remover al entonces ministro del Interior. En ese momento, ya se contaba con las muertes de varios peruanos en medio de las manifestaciones que se desarrollaba en las regiones del país.

Amparados en lo que dicta la Constitución Peruana, anoche, a través de un comunicado conjunto de los ministerios del Interior y Defensa, se ha anunciado que la Policía Nacional del Perú (PNP) a partir de mañana recibirá el apoyo de las Fuerzas Armadas para “el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia”, las cuales ya llevan varias semanas tomadas por los manifestantes.

Ambas carteras ministeriales solicitaron a los ciudadanos que continúan bloqueando las carreteras que desistan de “estas medidas ilegales” y permitan “el desbloqueo pacífico” para “evitar enfrentamientos con las fuerzas del orden, que actuarán en defensa de la legalidad”, según lo estipulado en el artículo 137 de nuestra Carta Magna.

Defensa e Interior señalaron que se trata de “un acto ilegal contra la libertad de tránsito, la cual constituye un derecho fundamental (…) y que garantiza la facultad de toda persona para transitar por el territorio nacional”.

“El Código Penal, en su artículo 200°, tipifica como delito de extorsión a quienes, con violencia o amenaza, toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos, y establece como sanción entre 5 y 10 años de pena privativa de la libertad”, advierte el comunicado.

Hasta la fecha, diez peruanos han fallecido “como consecuencia de este acto ilegal”, entre ellos un nonato cuya madre no pudo recibir atención médica oportuna en la ciudad de La Libertad. También fallecieron un recién nacido en Puno, y un niño apenas con apenas un año de edad en Cusco, quienes tampoco pudieron ser atendidos de emergencia.

“El derecho a la protesta no faculta la obstaculización de vías, ni mucho menos puede superponerse al derecho a la vida de aquellas personas que requieren ser trasladadas para recibir tratamientos delicados como el oncológico, o que necesitan que llegue a sus regiones oxígeno y medicinas”, siguió la misiva.

“El bloqueo de carreteras ha ocasionado, además, escasez y alzas en los precios de alimentos de primera necesidad y combustible [en Cusco, Arequipa, Tacna y Puno]. En algunas regiones, incluso, está poniendo en riesgo el suministro de agua potable, lo cual afecta principalmente a las y los peruanos más pobres”, continúa el comunicado.

Con protestas que no cesan, los bloqueos también han provocado un fuerte aumento de precios en productos básicos, que afecta a las poblaciones más vulnerables del país.

El jefe de gabinete, Alberto Otárola, anunció la implementación de un puente aéreo a Madre de Dios, que permitirá llevar cinco toneladas de alimentos para paliar el desabastecimiento que viene causando el bloqueo de la vía Interoceánica, carretera que conecta la costa sur de Perú con ciudades brasileñas.

Gajes del oficio y cercanías entre ex mandatarios de izquierda. El expresidente boliviano Evo Morales designó a Raúl Noblecilla, exabogado de Pedro Castillo, para que lo defienda en la investigación que la Fiscalía de Puno le sigue por los presuntos delitos de contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad de atentado contra la integridad nacional.

En este caso, además, se encuentra comprendidos el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón y el ex gobernador de esa región, Germán Alejo Apaza.

El caso a cargo del fiscal provincial Efraín Mallea Claros de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno inició el proceso luego de la denuncia penal formulada por el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya.

La indagación, que se dará por un plazo de 60 días, y ya se conoce las fechas en que los acusados deberán rendir su manifestación frente al delito que se les acusa.

Alejo Apaza se encuentra citado para declarar de forma presencial el próximo 6 de febrero; mientras que el exmandatario boliviano Morales deberá rendir su manifestación el 7 de marzo de forma virtual. En el caso deCerrón, todavía no se ha dado a conocer la fecha exacta.

En su denuncia, Montoya acusa a los procesados de haber realizado acciones destinadas a unir la región Puno al Runasur, organización creada por Evo Morales, quien ha frecuentado la región de Puno del Perú, presuntamente para persuadir y convencer a la población de su plan de divisionismo.

“Se ha generado un grave conflicto social que viene siendo utilizado, incentivado y aprovechado por intereses subalternos de los denunciados y sus asociados, cuyo objetivo es la secesión de parte de nuestro territorio para formar un estado independiente”, menciona el parlamentario en la denuncia establecida.

Montoya también atribuye a Apaza la presunta comisión del delito de usurpación de poderes, por supuestamente haber promovido la presencia de Evo Morales en Puno, además de haber “facilitado” en 2019 una ordenanza regional para que la región altiplánica pueda establecer “políticas de integración” con pueblos originarios de otros países.

En el caso de Cerrón, el legislador de la bancada de Renovación Popular lo acusa por sus publicaciones en Twitter, en una de las cuales aseguró: “Nos federalizamos en Asamblea Constituyente o se abre el camino a la secesión del país”.

Cabe recordar que, Montoya estableció dicha denuncia a inicios de enero y declaró a la prensa que “cualquier persona que atente contra la soberanía nacional debe ser sancionada y retirada del país o estar metida tras las rejas”.

Parlamento peruano declara como “persona no grata” a Evo Morales

A su vez, El Congreso de la República declaró como “persona non grata” al expresidente boliviano Evo Morales por sus “declaraciones públicas” contra el Perú. El Pleno aprobó por mayoría este estatuto con 74 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones.

“Declarar persona non grata al señor Evo Morales Ayma en el territorio nacional, por sus constantes incitaciones en la política nacional, las mismas que buscan desequilibrar el orden interno del país, en especial la zona sur del Perú”, se lee en la moción5225, que fue presentado por la congresista María del Carmen Alva, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Que presidentes de distintos países sostengan que Pedro Castillo continúa siendo presidente electo es una grave afrenta a la soberanía y determinación del Perú, sobre todo si ese discurso cae en muchas imprecisiones fomentadas por actores vinculados a la izquierda.

Bajo esa premisa, el Gobierno dispuso este jueves se retire definitivamente al Embajador del Perú, Jorge Alejandro Raffo Carbajal, en Honduras ante las recientes declaraciones de la presidenta de esa nación, Xiomara Castro, sobre la crisis social y política que se vive en nuestro país.

A través de Twitter, la Cancillería explicó que esto se debe a la “inaceptable injerencia” en asuntos internos de la mandataria Xiomara Castro en su intervención en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) desconociendo al Gobierno constitucional de la Presidenta Dina Boluarte.

“Como consecuencia de la posición adoptada por Honduras, las relaciones bilaterales con dicho país se mantendrán, de manera indefinida, a nivel de encargados de negocios”, tuiteó la entidad.

Mediante Resolución Suprema N° 019-2023-RE, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, se dio por terminadas las funciones del Embajador en el Servicio Diplomático de la República, Jorge Alejandro Raffo Carbajal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en Honduras.

La presente norma fue refrendada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi.

Presidenta de Honduras no reconoce a Dina Boluarte como máxima autoridad peruana

Durante su participación en VII Cumbre de la CELAC que se llevó a cabo en Argentina, Xiomara Castro, expresó su respaldo a Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva. Él es investigado por el delito de rebelión (alternativamente, conspiración para rebelión) en agravio del Estado.

“Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano, nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación”, manifestó la dignataria.