Una fuerte amenaza contra la Iglesia Católica. El congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, publicó a través de su cuenta de Twitter un mensaje altamente conflictivo, en donde le exige a los miembros de la Conferencia Episcopal del Perú no inmiscuirse en temas de política, advirtiéndoles que los “poderes del Estado” tendrían un motivo para intervenir esa institución eclesiástica.

“Si la iglesia católica ingresa a los temas del Estado y gobierno, están dando el gran paso para que los poderes del Estado intervengan en su organización y cuentas económicas. Un buen avance para nuestros pueblos”, escribió Waldemar Cerrón.

En similar postura también lo hizo el fundador e ideólogo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se atrevió a comparar a los miembros de la Iglesia Católica como un “pequeño grupo de ricos”.

“La Iglesia Católica no debe entrometerse en políticas del Estado peruano, su Estado es el Vaticano. No deben prestarse para que los golpistas accedan a un respaldo social y ejecutar su plan, puesto que, históricamente siempre fueron un pequeño grupo de ricos”.

Estas declaraciones se dan inmediatamente después del pronunciamiento de los Obispos del Perú, quienes hicieron un llamado a los poderes del Estado a dialogar y superar este “momento de profunda crisis social y política”.

Indicaron que es decepcionante que el Perú sea uno de los cuatro países que registran el mayor índice de percepción de corrupción en América Latina y este tipo de delitos ha llegado a las altas esferas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en otras instancias del Estado y sectores de la sociedad civil. ” Sin duda la corrupción es un cáncer que lo infecta todo e impacta en el alto índice de la pobreza, que en el Perú alcanza el 27.5% de la población”.

“Está crisis generalizada afecta aspectos fundamentales de la vida de los peruanos, en la alimentación, ya que la falta de recursos genera verdaderas situaciones críticas en varias regiones del país. Muchos expertos prevén retrocesos en la cobertura y calidad de los servicios en mayores niveles de subempleo e informalidad y desempleo, pues la corrupción asfixia a los emprendimientos a través de los cupos y sobornos”, indicaron los representantes de la Iglesia Católica.

Finalmente, pidieron a las más altas autoridades del país a respetar la libertad de prensa, que es uno de los pilares de la democracia. “Asimismo solicitamos a los medios de comunicación que informen con veracidad, honestidad y respeto”.

Antes de que Pedro Castillo asumiera como presidente de la República, su ‘cuñadísima’ Yenifer Paredes ya mantenía comunicaciones con Juan Silva, cuando este aún ni siquiera juramentaba como ministro de Transportes, según el registro de llamadas que tuvo acceso Latina Noticias. De qué temas tan importantes habrían conversado pues en una de esas tantas llamadas incluso se realizó pasadas las once de la noche.

Dieciocho fueron las veces en que Yenifer Paredes y Juan Silva tuvieron una conversación vía telefónica entre mayo y agosto del año pasado. Fechas en que como se recuerda se venía realizando la campaña electoral de Pedro Castillo y su posterior victoria en los comicios.

El informe emitido por Latina, da constancia de la última llamada registrada entre ambos, que data del 2 de agosto del 2021. Fue Paredes Navarro quien llamó a Silva y más tarde, ese mismo día, él volvió a comunicarse con ella.

También señalaron que al día siguiente, el 3 de agosto, el exministro de Transportes y Comunicaciones se reunió en Palacio de Gobierno con el jefe de Estado por más de una hora.

Posteriormente, el 7 de agosto, el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, quien actualmente se encuentra detenido, se reunió con Castillo Terrones en la Casa de Pizarro.

Un día después, el 8 de agosto, el empresario detenido Hugo Espino Lucana ingresa a la residencia presidencial desde 3:52 pm. hasta las 9:09 p.m. El mismo día llega Juan Silva.

Todo ello se realizó antes de que las empresas que Hugo y Anggie Espino Lucana obtuvieran licitaciones con el Estado en Cajatambo y Anguía, respectivamente.

Ministerio Público solicitaría 36 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes

La situación de la hija putativa del mandatario cada vez se va poniendo más oscura, mucho más que la desaparición de las grabaciones de las cámaras de Palacio, pues ha trascendido que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción no esperaría que venza el plazo de los 10 días de detención preliminar que viene cumpliendo Yenifer Paredes, la que justamente culminará este fin de semana, sino que viene preparando el requerimiento para esta cumpla prisión preventiva por un plazo de 36 meses. Esto también se le aplicaría a los hermanos Hugo y Anggi Espino, y al alcalde de Anguía, José Medina.

La tesis fiscal es que apunta a una coordinación entre Yenifer Paredes y Hugo Espino para “la participación de empresas de fachada” para “ganar licitaciones de manera fraudulenta en (pro) de otras provincias y/o departamentos”. Ahí entraría a tallar su empresa y la de su hermana, JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC y DESTCON Ingenieros & Arquitectos S.A.C, respectivamente.

Hay que indicar que la primera ganó un contrato con la Municipalidad Provincial de Cajatambo por más de S/3 millones 800 mil en octubre pasado. En tanto, la segunda obtuvo una licitación con la Municipalidad de Anguía por más de tres millones de soles en diciembre pasado.

Repartija en las comisiones del Congreso de la República. En estos días todos estamos más atentos al borrado de las imágenes de las cámaras de vigilancia dentro de Palacio, o las declaraciones del premier Aníbal Torres, y no nos percatamos que el Legislativo ha hecho lo que le dio la gana en la conformación de las nuevas comisiones.

Otra ‘perla’ más de esta impopular institución del Estado es la designación del congresista José Luna Gálvez como nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto para el periodo 2022-2023, pero eso no sería novedad pues ya se tenía previsto, según la repartija acordada entre todas las bancadas, que la bancada de Podemos Perú (PP) tendría como cabeza de ese grupo de trabajo a uno de sus miembros.

En ese marco, José Luna Gálvez se erige como la única propuesta para presidir este importante grupo de trabajo, pese a tener dos investigaciones fiscales en curso por casos de corrupción (organización criminal y el caso Lava Jato).

De esta forma, el líder de PP dirigirá la revisión, debate y aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Público, Equilibrio Financiero, Endeudamiento y Cuenta General de la República, lo cual incluye la asignación de recursos a las entidades del Estado que lo investigan: el Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato. Algo inaudito.

La bancada de Integridad y Desarrollo calificó como “claro error” que Luna Gálvez encabece Presupuesto y exhortó a PP a que realice otra propuesta. Además, anunciaron que presentarán un proyecto de ley para prohibir la participación de congresistas investigados por corrupción en las comisiones de Presupuesto y Economía.

Frente a los cuestionamientos, el parlamentario de Podemos buscó asegurarse de no tener ningún impedimento para hacerse con esta comisión y envió una carta al oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, en el que solicita expresamente esclarecer este punto. Como respuesta, se le indicó que los congresistas inmersos en procesos penales solo tienen prohibido integrar comisiones con función fiscalizadora: la Comisión de Ética, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

El exministro de Economía Luis Miguel Castilla aseveró que el presidente de la Comisión de Presupuesto tiene discrecionalidad para cambiar la composición y distribución de la asignación presupuestal y que, en ese sentido, no es adecuada la elección de Luna Gálvez al estar cuestionado por hechos de corrupción. “Cualquier cambio a la ley será con el visto bueno del presidente de la Comisión de Presupuesto”, apuntó.

El economista Diego Macera coincidió al advertir a Perú21 que “siempre hay un espacio de negociación y hay que tener cuidado en que no haya intereses particulares que se filtren en los anexos de la ley”.

De qué se le investiga a Luna Gálvez

A José Luna Gálvez se le investiga por presuntamente pertenecer a la organización criminal “Los Gánster de la política” que habría captado a miembros del desactivado CNM para que intervengan en la elección del exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, a fin de lograr la inscripción de Podemos Perú.

De acuerdo con la Fiscalía se trata de una organización que se infiltró y copó el organismo electoral en 2017 a fin de intervenir en la elección del exjefe de la ONPE Adolfo Castillo Meza.

Asimismo, el empresario de 66 años también se encuentra envuelto en el supuesto delito de lavado de activos en el caso “Lava Jato”, en donde se habría utilizado a la universidad de fachada para el ingreso de dinero proveniente de Brasil.

Para 2014, fueron las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS las que aportaron dinero ilícito. La primera empresa se encargó de coordinar, a través del exejecutivo Raymundo Trindade Serra, una entrega de US$50.000 a Martín Bustamante Castro, exfuncionario de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Posteriormente se fue contactando a Luna y al ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio para utilizar aquel dinero y otros montos futuros de 70 y 80 mil dólares en su campaña electoral.

Esta tarde se verá si el premier Aníbal Torres acudirá al Congreso de la República acompañado de una muchedumbre aduladora, tal como lo hiciese el presidente Castillo cuando acudió al Ministerio Público, o lo hará de manera responsable, sin tantos aspavientos. Esto último, conociendo su carácter explosivo y contestatario, resulta algo poco creíble.

Este jueves, desde las 4 de la tarde, el presidente del Consejo de Ministros acudirá al Parlamento a fin de responder por sus controversiales declaraciones, en donde incitaba a la violencia y a las manifestaciones.

“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”, manifestó en aquella ocasión cual caudillo ante una efervescente muchedumbre dentro de Palacio el pasado 11 de agosto.

Uno de los primeros en mostrar su rechazo de tan irresponsables declaraciones fue el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien presentara una denuncia constitucional contra el jefe de la PCM por una presunta infracción de la Carta Magna.

“Lo que han generado es una subversión, han alterado el orden público, han asustado a la población, han llamado a la gente a que se enfrente uno contra otro, peruano contra peruano. Eso no tiene perdón de Dios y hay una sanción para él porque eso configura un delito, encajan en el delito de motín, sedición y terrorismo”, criticó el parlamentario.

Como se sabe, los parlamentarios el día de ayer aprobaron con 73 votos a favor, 31 en contra y 5 abstenciones, citar al premier Torres, a fin de esclarecer sus declaraciones de la semana pasada.

Nueve congresistas de la bancada de Perú Libre (PL) han suscrito un proyecto de ley que propone que los medios de comunicación cedan espacios de su programación para que autoridades del gobierno central y local puedan informar de sus labores. La medida incluye tanto a medios televisivos como radiales, y señala que sería de forma gratuita durante los meses de julio y diciembre.

La iniciativa formulada por el congresista Segundo Montalvo (PL) señala que se busca “establecer la obligatoriedad” para que los medios brinden espacios gratuitos con el fin de que las autoridades “puedan expresarse e informar a la ciudadanía, anualmente, acerca de la consecución de los objetos y metas de su gestión en el año fiscal y entretanto dure la misma”. Además, se condiciona a que la difusión se haga durante el horario nocturno.

Sin embargo, no solo se trata de ceder el espacio en la pauta televisiva o radial, sino también publicitar la difusión de los mensajes. El proyecto de ley señala que se deberá promocionar hasta en cuatro oportunidades la difusión de los videos durante los quince días previos al estreno. Asimismo, señala que la difusión de 20 minutos se realizará en las quincenas de julio y diciembre en los distintos medios.

El proyecto de ley utiliza como base el artículo 41 de la Ley de organizaciones políticas, la misma que señala que “los medios de comunicación de propiedad del Estado, están obligados a otorgar mensualmente cinco minutos a cada partido político con representación en el Congreso para la difusión de propuestas y planteamientos. La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios hace la asignación correspondiente”.

Segundo Montalvo asegura que su propuesta no originaría gastos al erario nacional, “pero beneficia al Estado peruano”; sin embargo, no menciona las pérdidas que podría generar el ceder espacio de su pauta a los medios de comunicación. La iniciativa tan solo reflexiona sobre la relación que existe entre la empresa privada, los medios de comunicación y el Estado sin ahondar en los efectos económicos que podría generar.

“La actividad privada debe desarrollarse en concordancia con el interés común; es decir, debe considerar, necesariamente, el respeto y la atención a las demandas de la población, de modo tal que el Estado y la empresa privada, coordinada y conjuntamente, laboren en beneficios de la población nacional”, se lee en la exposición de motivos presentada por el representante de Perú Libre en el Congreso.

Llegó sin aspavientos ni comparsa al cargo de Directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, y en solo dos meses, Mildred Fernández Palomino ha hecho lo que nunca antes ningún director de la DDC se atrevió a hacer: luchar frontalmente contra la corrupción.

Para sorpresa y disgusto de muchos, la titular del Ministerio de Cultura – Cusco, está cumpliendo con su promesas, pues el primer hecho de corrupción que denunció fue la destrucción de un complejo de andenes en el sector cusqueño de Machutaucaray, destrucción que fue abalada y que se pretendió  ocultar,  un delito contra el patrimonio cultural con documentación emitida por el propio Ministerio de Cultura del Cusco, delito perpetrado para estafar a 160 humildes familias que luego de 12 años no cuentan con los servicios básicos a la fecha.

El segundo golpe que Mildred Fernández dio a la corrupción, lo presentó ante el Ministerio Publico, se trató del delito de peculado de uso, cometido en las instalaciones del taller de escultura policromada del área funcional de obras y puesta en valor de bienes muebles de la DDC, ubicada en el Centro Poblado de Tipón. En este espacio de la administración pública, se utilizaban materiales y moldes para la elaboración de piezas religiosas, para luego ser vendidas en el mercado negro. Incluso algunas esculturas eran puestas a la venta como replicas.

En solo dos meses, Mildred Fernández viene demostrando que cuando existe voluntad política todo es posible, incluso, una frontal lucha contra la corrupción. La nueva política de cero corrupción que se viene aplicando en el Ministerio de Cultura, se inició con el ministro Alejandro Salas, y hoy la ministra Betssy Chávez, se ha comprometido a continuar por ese camino.

Mano dura contra las mafias

Otro de los aciertos de Mildred Fernández, fue poner fin al ya conocido monopolio del boleto a Machupicchu por parte de algunos operadores turísticos, lo cual generaba inmensas colas de turistas, dicho trabajo ha sido reconocido tanto por la autoridad edil del mencionado distrito, Darwin Baca, así como por el frente de Defensa de los Intereses de Machupicchu.

Respecto al tema, Mildred Fernández señaló que en el caso de los tickets de ingreso a Machupicchu se encontró que se venía expidiendo y comercializando los boletos a la llaqta usando la Resolución Directoral Nº 0213-2011-DRC-CUS/MC que permitía el cambio de fecha y nombre, en vez de usar la Resolución Ministerial Nº 0216-2018-MC, vigente y que no permite el cambio de fecha y nombre en los boletos de ingreso al sitio arqueológico.

Los funcionarios de las diferentes áreas implicadas en la supervisión, venta de boletos y manejo del parque arqueológico de Machupicchu nunca alertaron referente al no uso de la Resolución Ministerial Nº 0216-2018-MC, acción que permitía el acaparamiento y especulación de los boletos de ingreso a una de las maravillas del mundo.  “Así que dispuse se realice las denuncias correspondientes a los diferentes funcionarios que extrañamente obviaron la resolución ministerial citada, lo que también causó el reciente estado de emergencia en Machupicchu Pueblo por encontrarse los boletos de ingreso a la llaqta totalmente agotados hasta el 16 de agosto”, mencionó la titular de la DDC de Cusco.

Un sindicato ilegal

Desde la ciudad imperial también se aclaró que los únicos cargos CAS de confianza corresponden al de la Dirección y la Subdirección Desconcentrada de Patrimonio y Defensa del Patrimonio Cultural de la DDC-Cusco, siendo las otras dos Subdirecciones y los demás cargos de línea, jerárquicos y de jefatura, copados por concursos CAS, obteniendo estabilidad laboral.

Estos altos funcionarios para mantenerse en sus puestos formaron un sindicato denominado SITRACAS-DDC-Cusco, vulnerando el artículo 42 de la C.P.P. que expresamente, prohíbe que este tipo de funcionarios formen un sindicato. “Igualmente tengo que hacer notar que la mayoría de estos funcionarios tienen procesos administrativos y judiciales por presuntos actos de corrupción y que habrían obtenido la inscripción de dicho sindicato de manera ilegal, por lo que dispuse se realicen las acciones legales correspondientes” , señaló Mildred Fernández.

Complot contra gestión de Mildred

Hemos tenido acceso a conversaciones de WhatsApp, donde algunos personajes que pertenecerían al sindicato ilegal, vienen preparando un complot contra la gestión de Mildred Fernández, debido a que su trabajo contra la corrupción viene causando la caída de deshonestos personajes que por varios años han estado vinculados al Ministerio de Cultura. Desde la clandestinidad vienen preparando un paro que incluye el cierre de Machu Picchu. Es decir, provocarán una nueva crisis y generarán nuevas perdidas al sector turismo.

En uno de los mensajes de un grupo de WhatsApp se lee: “Compañeros (as) buenos días, para informarles que anoche hubo asamblea en nuestro sindicato 1er acuerdo se le está denunciando en lo penal por tildarnos de corruptos. 2do acuerdo el día 24 del presente paro general contundente encabezado por los profesionales, y si no hay solución pasamos a 48 horas.  Se va a cerrar todos los parques incluido Machu Picchu”.

Estos personajes al verse afectados por el buen trabajo de Mildred Fernández, también mencionan que pedirán: “la renuncia de la directora, un acuerdo de la negociación colectiva y el punto principal: derogatoria del Decreto Supremo  043”.

Está claro que cuando los malos funcionarios son detectados y retirados, esos malos funcionarios buscarán dinamitar las instituciones del Estado desde dentro, sin importar que esto perjudique a todos los peruanos.

Lamentablemente. Ahora le tocará trabajar presencialmente al congresista de Fuerza Popular Hernando Guerra García, quien fue electo hoy como nuevo presidente de la Comisión de Constitución del Congreso para el periodo 2022-2023. De esta manera, el partido naranja vuelve a presidir este grupo de trabajo por segunda vez consecutiva, dado que la última titular de la comisión fue la parlamentaria Patricia Juárez, quien también forma parte de la banca de oposición.

En esa línea, la mesa directiva del grupo de trabajo también la conforman los legisladores Heidy Juárez, de Alianza para el Progreso (APP), y Alejandro Cavero, de Avanza País.

Cabe precisar que esta lista fue presentada por el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante y respaldada por el legislador de Acción Popular, Ilich López. Asimismo, la elección de Guerra García se llevó a cabo por unanimidad.

Luego de la elección, Nano Guerra declaró instalado el periodo de sesiones y precisó que comenzarán a trabajar en la coordinación para la próxima aprobación del plan de trabajo de la comisión mencionada. Del mismo modo, se acordó que las sesiones sigan ejecutándose los días martes a las 9:30.

“Quería agradecer la extraordinaria oportunidad que se me brinda de presidir esta comisión (…) asumo esta responsabilidad agradeciendo especialmente a los miembros de mi bancada y a ustedes por su voto, este voto unánime para presidir la Comisión de Constitución y Reglamento. Es un honor que es importante llevarlo con mucha práctica de diálogo”, indicó el electo presidente de la Comisión de Constitución del Congreso.

Además, agregó que se debe asegurar que las sesiones “sean procesos deliberativos con total apertura. Deliberar antes del voto es muy importante, el consenso no significa unanimidad, significa la oportunidad de decir lo que queríamos y luego se vota y estamos de acuerdo con el resultado de esa votación”.

El dato:

Cabe recordar que en la Comisión de Constitución se venía debatiendo el retorno a la bicameralidad. Precisamente la ex presidenta de dicha comisión, la congresista Patricia Juárez, era la promotora de dicha iniciativa, y el pasado 15 de julio solicitó una reconsideración luego de que no se alcanzaran los votos necesarios para su aprobación (87 votos).

“Aún no ha quedado firme la decisión que ha tomado el Congreso, de tal manera que en la siguiente legislatura estaremos nosotros volviendo a retomar el tema, en principio votando la reconsideración y si esta procede volvemos a tomar la propuesta de modificación constitucional y volver a llevarla al pleno para debatirla, es decir, comenzar desde cero”, explicó Patricia Juárez en el programa Todo Se Sabe de RPP Noticias.

Como por obra del destino o la buena fortuna las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno dejaron de funcionar el día 9 de agosto, horas antes de que se diera la intervención de los fiscales para detener a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, según información de Latina.

Se trata de un informe de la oficina de Análisis dirigido a la Casa Militar -escrito por el jefe de la Casa Militar, José Mariscal Quiroz– el cual reporta que han perdido información de tres cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno del pasado 9 de agosto. Estas corresponden a los ambientes del ingreso de Desamparados, el Salón Dorado, y la azotea de Palacio (avenida Áncash y avenida Carabaya).

Como se recuerda el día de la detención, las autoridades no pudieron hallar a Paredes Navarro en Palacio de Gobierno ni es su domicilio en Cajamarca. Ella misma se entregó al día siguiente al Ministerio Público. Es investigada por el supuesto delito de organización criminal.

El Equipo Especial contra la corrupción del poder había solicitado al Poder Judicial, sin éxito, que se ordene la entrega de las filmaciones de las cámaras de Palacio de Gobierno, a fin de determinar si la cuñada del presidente estaba presente al momento de la intervención.

Sin embargo, la Municipalidad de Lima ha anunciado que sí hará entrega de sus cámaras desplegadas en el centro histórico. Por esta investigación, el jefe de Estado Pedro Castillo también es investigado por el supuesto líder de esta supuesta organización criminal.

PJ rechaza habeas corpus presentado a favor de Yenifer Paredes

Por otro lado, el Poder Judicial (PJ), a través del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, rechazó el habeas corpus presentado a favor de la hermana menos de la primera dama Lilia Paredes, para revertir la detención preliminar por 10 días que pesa sobre Yenifer Paredes, debido a su participación en el presunto delito de organización criminal dentro del Gobierno.

El ciudadano arequipeño, Julio Jove Vilca, solicitó, no solo que la orden ante Paredes Navarro sea revertida, sino que se le exija a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a que pague una indemnización de S/ 100 millones, alegando a que se le detuvo a la “hija” del mandatario “sin haberse comprobado los supuestos delitos que se le atribuyen”.

El recurso ya había sido descartado hace una semana por el juez John Paredes Salas, y ha vuelto a ser rechazado, pues “se basa en hechos ‘inverificables’ debido a que la orden de detención proviene de un Juzgado de Investigación Preparatoria, y no del organismo del cual la fiscal Benavides es la máxima autoridad, es decir el Ministerio Público.