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Política

El Datazo: Merino denuncia que Vizcarra le hizo brujería / Funcionarios cuestionados en la Contraloría

Lo último de la coyuntura política de manera resumida.

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LA CREME DE LA CREME DE NELSON SCHACK

Nuestras fuentes al interior de la Contraloría nos han hecho llegar el cuadro del entorno más íntimo del actual Contralor Nelson Schack —próximo a grupos del Opus Dei, amante del uso de zapatitos de un rojo encarnado, y sobre quien pesan serias denuncias de contratación de personal que no reuniría las condiciones mínimas para ocupar tales puestos—. Aquí el breve prontuario que nos han alcanzado. Primero está José Luis Díaz Oliden, quien ocupa el cargo de vicecontralor —de quien se dice habría dado la conformidad para la construcción del Centro de Convecciones de Lima al Club de la Construcción—; segundo está Humberto Ramírez Trucios, también vicecontralor —a quien denuncian de tener vínculos con el ex jefe de Ositran Juan Carlos Zevallos (actualmente en prisión), quien recibió dinero de Odebrecht; en tercer lugar está Hernán Díaz Huamán también vicecontralor —a quien sindican de ser responsable de la contratación del dueño de una Escuela Empresarial—; en cuarto lugar está Luis Miguel Iglesias —denunciado por presentar un diploma falso de una universidad internacional que entregaba grados académicos sin mucho trámite, control y requisitos—; en quinto lugar está Eugenio Rivera García —denunciado por acoso sexual a una colaboradora de la institución (ya separado)—; en sexto lugar está Aquilino Romero Alcalá —a quien señalan que estaría involucrado en hechos irregulares por la compra de papel y el alquiler de un local de Huacho—; y al final, pero no en último lugar, Nathalie Ingaruca Ruíz —ex jefa del gabinete de asesores del ex presidente de la Corte Suprema Duberlí Rodríguez (conspicuo integrante del partido comunista Patria Roja e investigado por su cercanía con César Hinostroza)—… COMO QUIEN DICE, “DIOS LOS CRÍA Y EL DIABLO LOS JUNTA”. CADA LÍDER ESCOGE A LA GENTE DE SU ENTORNO A SU MEDIDA, IMAGEN Y SEMEJANZA. ASÍ SE SIENTE MÁS CÓMODO PARA TRABAJAR. JAMÁS LA CONTRALORÍA TUVO DIRECTIVOS O GERENTES CUESTIONADOS COMO AHORA. Y EL CONGRESO SE HACE DE LA VISTA GORDA ¿POR QUÉ?

QUIÉNES ESTAN DETRÁS DE LA REMOCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CONGRESO

Otra vez está circulando una moción para remover a la presidenta encargada del Congreso. Y tras eso, los nombres de dos congresistas de Acción Popular, que querrían hacerse del mando de la Presidencia del Legislativo: la congresista Leslie Lazo —presidenta de la Comisión de Justicia y que, según denuncia periodística, tendría dos investigaciones fiscales (una archivada y la otra abierta)—, y el congresista Ricardo Burga Chuquipiondo —amigo de Édgar Alarcón en el Congreso y de quien, según denuncias periodísticas, se comenta que presenta 13 procesos en la Fiscalía—. Ambos son muy cercanos al ex congresista Edmundo del Águila y del líder acciopopulista Raúl Diez Canseco. Últimamente hemos visto a del Águila muy activo en las redes, atacando al ex presidente Vizcarra y al actual presidente Sagasti… ¿QUÉ DIRÁ YONHY LESCANO?

MERINO A MARTÍN VIZCARRA: “TÚ ME HICISTE BRUJERÍA”

Sí, el siguiente “Datazo” viene al ritmo del Gran Combo de Puerto Rico. Resulta que hace unos días, en una entrevista televisiva en Tumbes, el ex presidente del Congreso y ex presidente de la República, don Manuel Merino de Lama, denunció que “(…) al día siguiente de su juramentación como presidente del país, encontró en su despacho un gallinazo moribundo con sangre y con las patas quebradas (…)” y que, tras las revelaciones de Vizcarra y su brujo, cree que estos le habrían hecho “macumba” … DESDE ESTA COLUMNA HACEMOS “CONTRA” CON LOS DEDOS (POR SI ACASO). ¿NO SERÁ QUE MERINO NECESITA QUE LE PASEN EL HUEVITO (COMO A VIZCARRA) Y LE HAGAN SU BAÑO DE FLORECIEMIENTO?

CUANDO SE VA UNO, SE VAN TRES Y HASTA CUATRO

A propósito de brujerías, dicen las abuelas que cuando una persona muere, no se va sola: se lleva consigo a dos más, y yo diría que hasta a cuatro. Pues resulta que ante el sensible fallecimiento del congresista characato Hipólito Chaiña Contreras (y lo que sigue es dicho con el debido respecto al galeno y parlamentario fenecido), comentan que habrían estado ocurriendo cosas inexplicables y como para poner los pelos de punta en las oficinas de la bancada Nueva Constitución. Sillas que se mueven solas, objetos que se caen sin más ni más, en fin, pareciera que don Hipólito estuviera desandando sus pasos y despidiéndose de sus compañeros de bancada. No faltaron quienes recordaron que cuando uno se va, se van dos más. Sin embargo, parece que esta vez se van todos, al punto de que la bancada de Nueva Constitución se disolvió, matando políticamente los sueños de los cuatro congresistas supérstites. Fina cortesía de doña Mirtha Vásquez, que le dicen.

DISOLVIERON LA BANCADA DE NUEVA CONSTITUCIÓN

En cartas dirigidas a los congresistas de Nueva Constitución por el Oficial Mayor del Congreso Yon Pérez, esta bancada fue disuelta al no contar con los cinco miembros requeridos por el Reglamento del Congreso para la conformación de la misma. Se comenta que esta bancada (de línea antaurista) sería la responsable de hacer circular una moción para la remoción de la presidenta encargada del Congreso. Nosotros creemos que, en el fondo, detrás de esa argucia estaría un parlamentario arácnido y cabezón, a punto de ser objeto de un antejuicio político para ser puesto a disposición de la justicia, quien se habría jugado su “bala de plata” usando a Nueva Constitución como máscara de proa para ejecutar su estrategia de censurar a la Mesa Directiva para salvar el pellejo. Nueva Constitución, dicho sea de paso, está mal manejada por un asesor político tatarate y campañero que visita mucho a Antauro Humala… CUANDO CONSTRUYES CASTILLOS SIN BASES Y TE CREES INEXPUGNABLE, AHÍ ESTÁN LOS RESULTADOS. PALOMILLO, CÓRTATE LAS UÑAS, QUE LAS TIENES LARGAS Y MUGROSAS. YA NOS ENTERAMOS DE TU VISITA A PUNO. OJO AL PIOJO. TATATATÁ…

JULIO GUZMÁN PIDE A ACUÑA QUE RESPONDA

Un colaborador eficaz ha declarado en una fiscalía anticorrupción en Chiclayo que personas cercanas al partido APP pagaron, en el 2016, para que Julio Guzmán y su partido político fueran excluidos de la contienda electoral… DENUNCIA MUY FUERTE QUE TIENE QUE INVESTIGARSE.

EL ENTORNO DE GEORGE FORSYTH

Nos comentan que en las internas de Victoria Nacional hay mucho descontento por el entorno del candidato. Dicen que la mayoría es gente ligada al ex presidente Alejandro Toledo —quien está denunciado por corrupción y espera su juicio para ser extraditado al país—. Entre los que se ha visto al costado de Forsyth están Renán Espinoza —ex alcalde de Puente Piedra y congresista—, Carlos Bruce —ex ministro y ex congresista— y el abogado Roberto Rojas Montes —uno de los engreídos del ex presidente chakano—. En otras palabras, esto parece el club de los amigos del Johnnie Walker nacido en Cabana¿ACASO NO SON PELIGROSAS ESAS JUNTAS? YA NOS DIO SED. ¡SALUD!

PREOCUPACIÓN EN LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Hay trascendidos según los cuales la presidenta de esta institución, Inés Tello Bonilla, andaría muy preocupada porque los manejos administrativos de su institución serían muy “raros”. La encargada de estos temas, Betty Marrufo Astete, resulta muy “flexible” al momento de contratar asesores, técnicos y auxiliares, lo que conllevaría a que el nivel de la institución esté muy por debajo del nivel requerido. No permitamos que la JNJ sea una nueva versión con los mismos vicios y defectos del cuestionado CNMOJALÁ HAGAN UNA DEPURACIÓN Y CONTRATEN GENTE SIGUIENDO CRITERIOS DE TRANSPARENCIA, IMPARCIALIDAD Y MERITOCRACIA, Y NO POR EL FAMOSO TARJETAZO.

LA ACCIÓN DE AMPARO DEL PRESIDENTE DE LA AMPE

El alcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra ha presentado una acción de amparo para que las municipalidades y gobiernos regionales puedan comprar las vacunas contra la Covid-19. Sin embargo, lo que no ha considerado el jefe de la AMPE es que la OMS ha establecido una norma por la cual las ventas de las vacunas son de gobierno a gobierno, para que el acceso sea igualitario y no haya ningún tipo de especulación y corrupción… YA SABEMOS QUE HAY UNA MAFIA QUE VENDE VACUNAS DE MANERA ILEGAL, ESPERAMOS UN ESTRICTO CONTROL DE LAS MISMAS.

AUTORIDADES TUMBESINAS SON SOMETIDAS ANTE LA JUSTICIA

¿Si eres gobernador o alcalde en Tumbes puedes terminar en la cárcel? Tal parece ser la conclusión que se obtiene tras haber sido condenados a cárcel efectiva por corrupción tres ex burgomaestres del departamento de Tumbes. Se trata de los ex alcaldes de San Jacinto, José Luis Cornejo Feijoó; de San Juan de la Virgen, Cristian Beyker Baca Zapata, y de Casitas, Rodrigo Merino Astudillo. Asimismo, están en capilla y formando cola, el actual gobernador de Tumbes Wilmer Dios Benites, así como los dos últimos exgobernadores, quienes afrontan problemas judiciales… ¡QUÉ TALES CONCHAS NEGRAS CON UÑAZAS DE LANGOSTA QUE HAY EN TUMBES! ¿Y LA FISCALIZACIÓN? NADA DE NADA. TODO ES PURO BURURÚ. MERINO SÓLO PERSIGUE A VIZCARRA…

UN HOMENAJE A LOS QUE PARTIERON

En estos días hemos recibido con mucha tristeza la noticia de la partida de varios amigos. Y es que esta pandemia se lleva a seres muy queridos. Una amiga entrañable y a quien jamás olvidaremos nos ha dejado: mi querida Claudia Benzán, a quien rindo un homenaje desde esta columna, gracias por tu cariño amiga querida. Y una oración para el jefe de Seguridad del edificio Azángaro del Congreso, don Rino Mattos, un caballero que ayer partió al encuentro con el Señor… HASTA SIEMPRE, QUERIDOS AMIGOS.

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Política

Fiscalía investiga al alcalde de Pomalca por presunta apropiación de fondos municipales

El alcalde Manfri Bernal y dos funcionarias son investigados por no depositar más de S/ 171 mil en la Cuenta Única del Tesoro, lo que habría facilitado el presunto desvío de recursos públicos durante el primer semestre de 2025.

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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha abierto una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Pomalca, Manfri Bernal, y dos funcionarias de su gestión, por la presunta apropiación indebida de recursos económicos municipales que ascienden a más de S/ 171 mil soles.

El fiscal a cargo del caso, Daniel Gerardo Flores Aguinaga, del Tercer Despacho de la mencionada fiscalía, junto a agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, intervino las oficinas de Caja y Tesorería de la municipalidad para recabar documentos y verificar los ingresos recaudados durante el primer semestre de 2025.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.

En la investigación figuran también Ana Llempén, tesorera de la entidad, quien no habría rendido cuentas ni realizado el traslado de fondos, y Rosaliz Cubas, gerente municipal, señalada por presunta omisión de funciones en el control financiero.

El alcalde Bernal es incluido por inacción ante las irregularidades, lo que podría interpretarse como tolerancia o encubrimiento. La fiscalía ha establecido un plazo de 240 días para determinar responsabilidades y recabar elementos de convicción.

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Política

Mininter aprueba contratación de abogados que defenderán a exministro Santivañez

Las resoluciones firmadas por la Secretaría General autorizan el uso de recursos públicos para contratar al estudio de abogados propuesto por el propio Santivañez, investigado por presuntas irregularidades durante su breve gestión en el Ejecutivo.

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El Ministerio del Interior ha aprobado, mediante tres resoluciones de Secretaría General —N° 119-2025-IN-SG, 120-2025-IN-SG y 121-2025-IN-SG— la contratación de servicios legales para la defensa del exministro Juan José Santivañez Antúnez, quien enfrenta diversos procesos en su contra.

Resolución de Secretaria General N° 119-2025-IN-SG.

Esta decisión tiene como antecedente la Resolución de Secretaría General N° 071-2025-IN-RSG, emitida el 14 de mayo de 2025, en la que se declara procedente la solicitud presentada por el propio Santivañez para contar con servicios especializados de asesoría y defensa legal. Posteriormente, el Proveído N° 009696-2025-IN-OGAF, con fecha 21 de mayo, fue remitido desde la Oficina General de Administración y Finanzas a la Oficina de Abastecimiento, formalizando el requerimiento.

Resolución de Secretaria General N° 120-2025-IN-SG.

El estudio legal propuesto por Santivañez Antúnez para asumir su defensa es Miranda & Asociados E.I.R.L., firma que también brinda servicios contables y que, según los documentos oficiales, fue seleccionada por el exministro.

Las resoluciones en cuestión aprueban la ejecución de los Procedimientos de Selección No Competitivos N° 25, 26 y 27, a través de los cuales se formalizará la contratación de los abogados encargados de asumir la representación legal del exfuncionario.

Todas las resoluciones han sido firmadas por Erick Fernando Caso Giraldo, actual secretario general del Ministerio del Interior.

Resolución de Secretaria General N° 121-2025-IN-SG.

La decisión genera interrogantes sobre el uso de recursos públicos en defensa de exautoridades investigadas, especialmente en contextos donde la transparencia institucional está bajo constante escrutinio.

Cabe recordar que Juan José Santivañez fue designado ministro del Interior en abril de 2024, y debió dejar el cargo en medio de denuncias públicas por presuntas contrataciones irregulares, vínculos con estudios legales cuestionados y posible tráfico de influencias. Actualmente, es investigado por el Ministerio Público, por lo que el uso de recursos del Estado para costear su defensa ha generado preocupación y críticas por parte de especialistas y sectores de la sociedad civil.

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Política

Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte

Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.

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La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.

Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.

El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.

“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.

Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.

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Política

Eduardo Arana y Pérez Reyes se zurraron en el Congreso

Pese a ser citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, los ministros Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes no asistieron al Congreso, eludiendo su responsabilidad de explicar el alza salarial de Dina Boluarte.

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Ambos ministros fueron citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos y no acudieron al Congreso y esquivaron la rendición de cuentas sobre el aumento de sueldo a la presidenta Boluarte.

Una vez más, el Ejecutivo da la espalda al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, decidieron no presentarse ante la Comisión de Fiscalización, pese a estar citados para ofrecer explicaciones sobre el polémico incremento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte. Su ausencia, lejos de pasar desapercibida, ha sido interpretada como una burla al control parlamentario y una muestra de desprecio por la transparencia.

La sesión, programada para las 10:30 de la mañana, arrancó con la lectura de asistencia. Ninguno de los dos altos funcionarios se hizo presente en el hemiciclo. Ambos enviaron oficios en los que comunicaban su inasistencia, sin brindar argumentos de fondo que justifiquen su decisión de no acudir.

La falta de compromiso del Ejecutivo llega en un momento particularmente sensible, cuando el país atraviesa una crisis de representación y una creciente desaprobación ciudadana hacia sus autoridades. Diversas voces dentro del Congreso ya se alistan para pedir que se reitere la citación, e incluso, que se recurra a mecanismos más severos como la convocatoria por grado o fuerza, amparados en el reglamento parlamentario.

Además de exigir la presencia de los ministros, la Comisión ha anunciado que requerirá los informes legales y técnicos que respaldan el cuestionado decreto supremo que elevó el salario presidencial. Se ha señalado especialmente la necesidad de acceder a los pronunciamientos de SERVIR y del propio MEF, que habrían sido clave para autorizar la medida.

El presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Valdivieso, también brilló por su ausencia. Su participación era crucial, dado que su entidad fue parte del sustento técnico del aumento. Al igual que los ministros, Valdivieso optó por enviar una carta excusándose, sin aclarar los motivos concretos de su inasistencia.

La estrategia de silencio adoptada por el Ejecutivo no hace más que profundizar el malestar público. En un contexto donde miles de peruanos exigen mayor eficiencia del Estado, el reajuste salarial a Boluarte se percibe como un acto de desconexión con la realidad nacional. La negativa a rendir cuentas solo incrementa las sospechas de arbitrariedad, y abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.

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Política

REINFO: ¿Formalización o vía libre para la minería criminal?

La ampliación del Reinfo hasta 2025 reabre el debate sobre su eficacia. Mientras el Gobierno de Dina Boluarte defiende el proceso, expertos advierten que podría seguir siendo un escudo para actividades ilegales y delitos ambientales.

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El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció que más de 31 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podrán continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la medida, que excluye a más de 50 mil inscripciones inactivas, ha generado una fuerte controversia sobre su efectividad y posibles consecuencias.

El titular del Minem aseguró que se ha realizado un «sinceramiento» del padrón de mineros, con el objetivo de ordenar el proceso y reforzar el combate a la minería ilegal. Montero Cornejo también señaló que se replicarán modelos de intervención como el aplicado en Pataz, que combina acciones de interdicción con mesas de desarrollo lideradas por autoridades locales y sectores del Ejecutivo.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la formalidad, la erradicación de la minería ilegal y la construcción de un país con paz social”, declaró el ministro en un medio radial. No obstante, su optimismo contrasta con los cuestionamientos de instituciones especializadas, que consideran que el REINFO ha fracasado en su objetivo original.

Pese a ola de crímenes por la minería ilegal, Gobierno extiende por cuarta vez el Reinfo.

Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), la extensión del REINFO puede terminar favoreciendo el crecimiento de la criminalidad asociada a la minería informal. En un comunicado reciente, el CAL advirtió que, tras nueve años de vigencia, apenas el 2.31 % de los inscritos logró formalizarse. El resto permanece en un limbo legal que, en muchos casos, sirve de cobertura para operaciones ilícitas.

Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que el REINFO no puede interpretarse como una figura que otorgue exención penal frente a delitos ambientales. La prolongación del plazo, según el TC, no resulta constitucionalmente amparable si se convierte en una puerta trasera para evitar sanciones legales.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la exclusión de 50 mil REINFOS demuestra voluntad de depuración. El 90 % de estos registros, dijo el ministro Montero Cornejo, llevaban más de cuatro años suspendidos y no presentaban ningún avance en el proceso.

Sin embargo, el dilema de fondo persiste: ¿puede el Estado seguir ampliando plazos sin fortalecer la capacidad institucional para fiscalizar y sancionar? Si la formalización se convierte en una excusa para la inacción, el riesgo es que la minería ilegal siga expandiéndose, esta vez con una aparente fachada legal.

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Política

Fiscalía Investiga al ministro de Cultura Fabricio Valencia por escándalo de Nasca

La denuncia contra el titular del Mincul y la investigación fiscal surgen por un presunto atentado contra las Líneas de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco, que habría sido impulsado desde el propio Gobierno.

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La Fiscalía ha iniciado una investigación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por una controvertida decisión que puso en riesgo uno de los patrimonios arqueológicos más valiosos del país: las Líneas de Nasca.

Todo comenzó cuando el Ministerio de Cultura redujo drásticamente el área protegida que cubre las milenarias líneas y geoglifos ubicados en la región Ica. Esta decisión —formalizada mediante una resolución viceministerial a fines de mayo— dejó fuera de protección más de 2,300 kilómetros cuadrados. Para muchos, ese recorte abrió las puertas a la minería informal, que ya amenaza la integridad del sitio arqueológico.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Ica, con el respaldo de la Fiscalía Superior Penal de Lima. También participa el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, liderado por el fiscal José Alejandro Meléndez Curasi, que ha iniciado una pesquisa preliminar de 60 días, con posibilidad de extensión.

Fuente: Ministerio Público.

Además del ministro Valencia, están bajo la lupa la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva —quien firmó la resolución—, así como funcionarios clave de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y el alcalde provincial de Nasca.

Los investigados incluyen a Jeanette Gutiérrez Achulla, responsable interina de la DDC de Ica; Johny Isla Cuadrado, arqueólogo a cargo del Sistema de Gestión Nasca-Palpa; y William Bravo Quispe, alcalde de Nasca. Se les acusa de presuntos delitos como atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad.

El foco está en la resolución N° 000128-2025-VMPCIC/MC, que modificó los límites del área protegida establecida en 1993 y reafirmada en 2004 por la Unesco. La zona original comprendía 5,633 km², pero con la nueva norma se redujo a 3,235 km², sin que —según la denuncia— se cumplieran los procedimientos legales.

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Política

PPK no podrá salir del país: PJ le rechaza habeas corpus

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski insiste en evadir a la justicia, pese a estar investigado por presuntos aportes ilegales en su campaña de 2016, vinculados al caso Odebrecht.

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Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, sigue buscando salidas para esquivar los procesos judiciales en su contra. Esta vez, el Poder Judicial rechazó un nuevo recurso de habeas corpus presentado por su defensa, con el que intentaba levantar la orden de impedimento de salida del país que pesa sobre él por 18 meses.

PPK enfrenta una investigación preparatoria por los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016, relacionados al caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes en América Latina. A pesar de ello, el exmandatario ha insistido en su derecho a viajar al extranjero, ahora apelando a su edad y estado de salud.

En junio PPK se quiso ir del país en silla de ruedas, pero fue impedido por Migraciones.  

La Segunda Sala Constitucional de Lima ratificó la decisión del juez Jonathan Valencia, quien ya había declarado improcedente el recurso. El tribunal consideró que no tenía sentido pronunciarse sobre el fondo del pedido, ya que existe una resolución vigente —emitida el 8 de junio por la jueza Margarita Salcedo— que impide la salida de Kuczynski del país por año y medio.

La defensa alegó una supuesta vulneración al derecho de una adecuada motivación judicial. Sin embargo, el colegiado concluyó que la medida restrictiva ya está activa, y por tanto el pedido no tiene objeto, aplicándose la figura legal de “sustracción de la materia”.

“Nos encontramos ante una situación jurídica que responde al régimen ordinario de sustracción de la materia”, señala la resolución judicial.

En 2016, gran sector de la prensa difundía que PPK era ‘presidente de lujo’.

Como ya es habitual, Kuczynski reaccionó alegando injusticia. El pasado 16 de junio, expresó su malestar por no poder viajar a Estados Unidos, argumentando motivos de salud y el deseo de reencontrarse con su esposa, a quien dice no ver desde hace siete años.

Su plan era acudir a una revisión médica en Miami y luego trasladarse a Wisconsin para reunirse con su pareja y buscar fondos para costear su tratamiento y defensa legal.

Sin embargo, para muchos, este nuevo intento de salir del país no es más que una estrategia más de PPK para evitar enfrentar la justicia en Perú. A lo largo de los años, ha usado distintos argumentos para eludir procesos judiciales, y ahora recurre a su edad, con la esperanza de quedar impune.

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Política

Inteligencia de la PNP alerta sobre posible toma del Congreso por parte de mineros

Servicio de inteligencia pone en alerta sobre posible toma del parlamento por parte de CONFEMIN.

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Un documento interno de la Policía Nacional del Perú (PNP), al que tuvo acceso este medio, advierte sobre una posible toma de las instalaciones del Congreso de la República y locales conexos, protagonizada por mineros afiliados a la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN PERÚ).

Según el memorando N.º 012-2025-DIRSEEST-DIVSECON-DEPOPEDH/OFIPLOPE, la Unidad Especializada PNP, a través de su canal de inteligencia, ha detectado intenciones radicalizadas dentro del grupo de manifestantes que desde hace días bloquean la Av. Abancay. El reporte señala que estas acciones podrían derivar en “posibles actos violentos contra las instalaciones del Palacio Legislativo”, con el objetivo de provocar desmanes dentro del recinto parlamentario.

Frente a este riesgo, el documento ordena al personal policial que extreme las máximas medidas de seguridad, vigilancia y control ante cualquier situación adversa. Se pide especial atención a la presencia de los manifestantes y al posible escalamiento de sus acciones.

El memorando establece una serie de medidas concretas, entre ellas:

  • Garantizar la seguridad personal del Presidente del Congreso, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos durante su permanencia en la sede.
  • Asegurar la protección de todas las instalaciones del Congreso y sus locales conexos, reforzando los dispositivos de seguridad.
  • Incrementar la presencia policial y los controles de identidad en accesos y zonas de alto tránsito dentro del perímetro institucional.
  • Establecer coordinación con las unidades de inteligencia y el DEPOPEDH para anticipar, prevenir y neutralizar cualquier amenaza.

Esta alerta ocurre en un contexto de creciente tensión social protagonizado por gremios de la minería artesanal, que exigen mayor reconocimiento legal y rechazan recientes fiscalizaciones del Estado. Hasta el momento, no se ha confirmado si el Ejecutivo ha tomado acciones preventivas adicionales frente a este posible escenario.

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