El titular de la cartera de Cultura Fabricio Valencia Gibaja, mediante Resolución Ministerial N° 000418-2024-MC designó temporalmente del 21 al 27 de julio de 2025 al abogado Orlando Alonso Barrantes Ravines como responsable de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp-Lambayeque del Pliego 003, la cual depende de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque (DDC), en adicción a sus funciones.

En vista que el responsable de dicha Unidad Ejecutora, y también director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, Carlos Eduardo Wester La Torre hará uso de sus vacaciones durante esas fechas, las labores interinas serán asumidas por Barrantes Ravines.   

Como se recuerda, en febrero del 2011 según la Resolución Directoral N° 000014-2021-UE005/MC el entonces director y responsable de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, arqueólogo Luis Alfredo Narváez Vargas, excluyó a Orlando Alonso Barrantes Ravines como Secretario Técnico del PAD de dicha Unidad Ejecutora, debido a una denuncia interpuesta por el fiscal Omar Ramos Gaona contra el mencionado abogado, por presuntamente haber incurrido en inconducta funcional y por supuesto abuso de autoridad en su intervención en el Complejo Arqueológico Morro, en puerto Eten, en Chiclayo.

En un país donde la inseguridad ciudadana se agrava cada día y cientos de comisarías operan con vehículos en estado deplorable, el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha decidido priorizar la compra de autos de alta gama para sus propios oficiales. La medida, autorizada por el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), teniente general Víctor Zanabria Angulo, ha generado una ola de críticas tanto dentro como fuera de la institución.

La adquisición incluye 168 vehículos, entre ellos camionetas Audi para los tenientes generales, como el propio Zanabria Angulo, quien se adjudicó uno de estos lujosos automóviles. Según el portal del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), también se compraron 40 camionetas Toyota RAV4 para los generales (por S/5.2 millones) y 120 Toyota Corolla para los coroneles (por S/11.9 millones). El monto total supera los S/18 millones.

Contraste indignante con la realidad policial

Mientras estas compras se realizan, muchas comisarías en el país operan con patrulleros destartalados, sin combustible suficiente, equipos de comunicación obsoletos y personal mal equipado. Esta realidad contrasta de forma escandalosa con el nivel de gasto para satisfacer las necesidades de confort y estatus de una minoría de oficiales de alto rango.

Los vehículos fueron adquiridos tras un proceso de licitación que incluyó a 13 empresas automotrices, y finalmente fueron adjudicados a las concesionarias Euroshop y Autoespa. Cada vehículo Audi costó S/200,834, las Toyota RAV4 se compraron por S/131,683 cada una, y los Corolla a S/99,292.

Beneficiados y justificaciones legales

Entre los beneficiados, además de Zanabria Angulo, figuran el jefe del Estado Mayor de la PNP, Óscar Arriola; el inspector general Jhony Veliz; y el jefe de Operaciones, Carlos Céspedes. Las autoridades se amparan en una normativa del Ejecutivo que permite el financiamiento de vehículos oficiales. Sin embargo, la ley no establece marcas ni especificaciones de lujo, por lo que la elección recayó completamente en el criterio del Comando Policial.

Además, aunque los vehículos deben ser devueltos a la institución policial al pasar al retiro, existe la posibilidad de que los oficiales los compren a mitad de precio, como lo confirmó el general PNP (r) José Baella, quien criticó la decisión, señalando que en un contexto de creciente criminalidad, la Policía debería enfocar sus recursos en tecnología, armamento, movilidad y condiciones dignas para el personal en las calles. “Se debe tener criterio. Estas compras no son una prioridad cuando las comisarías no pueden operar con eficiencia”, advirtió.

Existiendo drones, motos y otros vehículos, aún se persiste en utilizar, como si estuviéramos en el siglo XIX, caballos para repeler o disuadir multitudes. Los tiempos han cambiado y utilizar equinos como por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) resulta desfasado e injustificado, entendiéndose que vivimos en un mundo civilizado.

En agosto del año 2022, la Primera Sala Constitucional de Lima otorgó una medida cautelar presentada por el Instituto Peruano de Asesoría Legal del Medio Ambiente y la Biodiversidad (IPALEMA) con la que se suspendía el artículo del Reglamento de la PNP que autoriza el empleo de la denominada Policía Montada en eventos o espectáculos públicos; sin embargo, se ha hecho caso omiso de dicha orden judicial.

La sentencia, dictada con los votos de los jueces superiores Ordóñez Alcántara y Tapia Gonzales, concluye que el uso de caballos en operativos policiales no supera el test de proporcionalidad. Según el fallo, “el uso de vehículos de transporte terrestre administrados por la Policía Nacional del Perú, así como de armas disuasivas como las bombas lacrimógenas, constituyen medios idóneos para efectuar un control de multitudes en escenarios de manifestaciones o eventos públicos”.

“(La medida cautelar) dice que no pueden sacar a los caballos mientras se resuelve para los eventos de multitudes, para los espectáculos, para el control de multitudes donde exista la violencia (…) porque existen otros métodos, como las unidades motorizadas”, dijo Sonia Córdova, presidenta de IPALEMA para Canal N.

La activista mencionó que la Policía ha usado caballos en protestas registradas en Arequipa, así como en conflictos con mineros. Indicó que el 14 de julio se ha solicitado a la Sala Constitucional que haga efectiva la advertencia que se le hizo en febrero de 2024 a la PNP para que se denuncie el incumplimiento ante el Ministerio Público y que se inicie un procedimiento disciplinario con posible destitución contra los efectivos responsables.

El dato:

El Ministerio del Interior apeló la sentencia y será la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema la instancia que tendrá la última palabra en este caso.

En un contexto donde la coordinación técnica entre autoridades es crucial para el avance de proyectos de infraestructura, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, decidió no participar en la reunión convocada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), prevista para el martes 22 de julio. La cita tenía como objetivo definir aspectos técnicos del proyecto ferroviario Lima–Chosica, una iniciativa esperada por miles de limeños que enfrentan diariamente problemas de movilidad.

La ausencia del burgomaestre fue confirmada por el propio ministro de Transportes, César Sandoval, quien lamentó públicamente la decisión de López Aliaga. Desde Chiclayo, donde participaba en una actividad oficial, Sandoval declaró: “Lamento mucho, porque desprecia la convocatoria y es su naturaleza de ser. ¿Yo qué puedo hacer? El que está postulando a la candidatura presidencial es él, no yo”.

A pesar de su frustración, el titular del MTC señaló que el encuentro seguirá adelante con el equipo técnico que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha designado como representante. “Con él o sin él, el municipio estará representado”, precisó.

La decisión de López Aliaga responde, según sus propias palabras, a un malestar con el enfoque del ministro Sandoval. Acusó al MTC de adoptar una postura política frente al proyecto ferroviario, y señaló “tratos discutibles” como argumento para justificar su ausencia. “Yo solo he dado amor a este señor”, ironizó el alcalde de Renovación Popular en declaraciones a la prensa, insinuando un trato despectivo por parte del Ejecutivo.

Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por diversos sectores, que consideran que su negativa a participar en una mesa técnica revela una falta de compromiso institucional frente a un proyecto de impacto metropolitano. En lugar de buscar diálogo o resolver las discrepancias de forma técnica y directa, López Aliaga ha optado por una actitud confrontacional y ausente.

No obstante, su ausencia en espacios de decisión estratégica como esta reunión deja dudas sobre su verdadero interés en concretar un avance tangible. Frente a proyectos de alto interés ciudadano, se espera que las autoridades estén a la altura del cargo, no solo con discursos, sino con presencia, responsabilidad y voluntad de diálogo.

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, no puede evitar estar en el centro de la polémica tras haber lanzado insultos desmedidos y profundamente ofensivos contra Abilia Ramos, presidenta de las Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, quien días antes denunció la entrega de sangrecita de pollo en mal estado por parte de una empresa contratada por la Municipalidad.

En lugar de responder con responsabilidad ante una denuncia pública que involucra directamente a su gestión edil en la provisión de alimentos básicos para familias vulnerables, el alcalde de Renovación Popular optó por atacar personalmente a la dirigente. “Una olla que estamos localizando, que es politizada, que está ligada a una señora de izquierda, mentirosa, asesina y ladrona”, declaró López Aliaga en un acto público, desatando la indignación de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Las declaraciones no solo carecen de evidencia y sustento, sino que constituyen una grave falta de respeto hacia una mujer que representa a cientos de madres que, desde 2020, sostienen la alimentación comunitaria en los barrios más golpeados por la crisis económica y social. Lejos de responder con altura a una crítica legítima, López Aliaga optó por el insulto, el desprecio y la desinformación.

Frente a ello, la ‘Red de Ollas Comunes de Lima’ a través de un pronunciamiento público expresó su más enérgico rechazo a las expresiones del alcalde.

“No es solo una falta de respeto personal; es una agresión contra todas las mujeres que, desde el año 2020, respondemos a la desidia del Estado con organización y solidaridad. Nos parece indignante que una autoridad municipal que además pretende postular a la presidencia de la República, se exprese con desprecio hacia quienes hemos sostenido y seguimos sosteniendo la alimentación de miles de familias durante la pandemia y luego, con el alza del costo de vida, la falta de presupuesto y el aumento en el precio de los alimentos”, señalaron.

Recordaron, además que el trabajo de las ollas comunes es voluntario, sostenido con esfuerzo y dignidad, y ha sido fundamental durante la pandemia y la posterior crisis alimentaria.

El detonante del conflicto fue la denuncia sobre la entrega de sangrecita de pollo en pésimo estado a varias ollas comunes de San Juan de Lurigancho. Lejos de anunciar una investigación o verificar las condiciones de la entrega, el alcalde de Lima se refugió en el ataque verbal y la descalificación ideológica. Una estrategia que, según diversos analistas, busca distraer la atención pública de la verdadera gravedad del caso: el posible uso de recursos municipales para entregar alimentos en condiciones inadecuadas.

La ‘Red de Ollas Comunes’ también cuestionó duramente las afirmaciones del burgomaestre respecto a una supuesta disminución de la anemia infantil en Lima, atribuida únicamente a la entrega de sangrecita. Consideraron que esta visión es “simplista, peligrosa e irresponsable”, ya que invisibiliza las múltiples causas del problema, como el acceso limitado a alimentos nutritivos, servicios de salud deficientes y la falta de educación alimentaria.

“Expresamos nuestra extrañeza frente a las declaraciones del acalde que sin respaldo técnico afirma que gracias a su gestión se ha reducido la anemia en Lima Metropolitana, de 70% a 30%. Reducir el problema de la anemia a la entrega de sangrecita es una visión simplista y peligrosa. La anemia es un problema de salud pública multicausal, vinculado a múltiples factores como el acceso a alimentos nutritivos, agua segura, servicios de salud, vivienda adecuada y reducación alimentaria. Invisibilizar esa complejidad con fines propagandísticos es irresponsable”, también señalaron en el pronunciamiento.

A esto se suma la preocupación por el uso político de cifras sin respaldo técnico, justo en momentos en que el alcalde ha manifestado sus intenciones de postular a la presidencia de la República.

Las lideresas de las ollas comunes exigen una rectificación inmediata y una disculpa pública por parte de Rafael López Aliaga. “No se trata solo de una falta de respeto a una compañera. Es un agravio a todas las mujeres que sostenemos con nuestras manos la alimentación de miles de familias peruanas”, expresaron con firmeza.

Desde la sociedad civil, distintas voces se han sumado al repudio. El silencio o la tibieza frente a declaraciones de este calibre normaliza el abuso de poder, la violencia política y la criminalización de la protesta social.

Porque cuando una autoridad insulta sin pruebas a una mujer que exige transparencia, lo que está en juego no es solo su honor: está en juego la dignidad de miles que luchan día a día contra el hambre, la indiferencia estatal y, ahora, también contra la agresión desde el poder.

Cambio de timón. El Gobierno oficializó ayer el cambio en la presidencia del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, organismo encargado de organizar y gestionar el sistema integrado de transporte en la capital. A través de la Resolución Suprema n.° 006-2025-MTC, publicado en el diario oficial El Peruano, se aceptó la renuncia de David Hernández Salazar como miembro y presidente del Consejo Directivo de la entidad.

En el documento, refrendado por el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se agradece a Hernández Salazar “por los servicios prestados”, sin dar mayores explicaciones del porqué de su repentina salida.

Poco después, mediante la Resolución Suprema n.° 007-2025-MTC, el Ejecutivo designó a Jaime Francisco Romero Bonilla como nuevo miembro y presidente del Consejo Directivo de la ATU, conforme a la propuesta del MTC.

Romero Bonilla asumirá la Presidencia Ejecutiva del organismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N.° 30900, que establece la estructura directiva de la ATU. Dicha norma señala que el Consejo Directivo está conformado por ocho miembros designados por un período de cinco años, y que el presidente del Consejo ejerce también la función ejecutiva de la entidad.

La designación de Romero se sustenta en lo establecido por la legislación vigente, incluyendo la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley que regula la participación del Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios públicos, así como los reglamentos internos del MTC y de la propia ATU.

Nuevo presidente de la ATU viene siendo investigado

En 2023, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao solicitó una condena de 5 años y 11 meses de prisión efectiva contra el entonces gobernador regional del Callao, Dante José Mandriotti Castro, por el presunto delito de colusión agravada.

La acusación también incluyó al entonces gerente general del Gobierno Regional, Jaime Romero Bonilla, y otros funcionarios, por presuntas irregularidades en la contratación de servicios durante el XI GORE Ejecutivo en 2019.

Según la tesis fiscal, se habrían contratado proveedores allegados y sobrevalorado servicios no justificados, generando un perjuicio económico de S/ 32,348 al Estado. La acusación se sustenta en 34 elementos de convicción, incluyendo informes del Órgano de Control Institucional (OCI) que detectaron sobrevaloraciones de hasta 200 % en algunos servicios.

Ya parecen piratas, pues no tienen bandera. A solo cinco días para la conformación de la nueva Mesa Directiva, otros tres parlamentarios decidieron pasarse a una nueva bancada que acepte sus ‘términos y condiciones’. Se trata de los legisladores Luis Cordero Jon Tay, Jorge Flores Ancachi y Segundo Quiroz, quienes se suman a Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña. Con esta inclusión, la agrupación parlamentaria de ‘Plata como cancha’ ahora tiene 17 representantes en el Legislativo, permaneciendo por detrás de Fuerza Popular que tiene 21.

Cabe mencionar que Luis Cordero renunció a la bancada de Somos Perú, el congresista Ancachi dejó Podemos Perú, en tanto su colega Quiroz hizo lo propio deslindándose del Bloque Magisterial.

Tras la partida de Óscar Zea, el Bloque Magisterial, formado en mayo de 2022, queda disuelto al no contar con el mínimo requerido de integrantes, el reglamento exige un mínimo de cinco participantes.

En tanto, las bancadas con 11 integrantes cada una son: Podemos Perú, Perú Libre y Renovación Popular. Mientras que Acción Popular y Somos Perú cuentan con 9 miembros.

Juntos por el Perú – Voces del Pueblo con 8; y Avanza País con 6. Las bancadas Socialista, Honor y Democracia, y el Bloque Democrático Popular suman 5 legisladores cada una. Los no agrupados alcanzan 10 parlamentarios.

Mientras la pobreza y la exclusión social siguen golpeando a millones de peruanos, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, se alista para representar al país en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la ONU, que se realizará en Nueva York del 20 al 23 de julio.

Su viaje, oficializado mediante la Resolución Suprema N.º 158-2025-PCM y firmado por Dina Boluarte Zegarra, ha sido presentado como una oportunidad para «visibilizar los avances del Perú» ante la comunidad internacional. Sin embargo, la realidad interna dista mucho de ese discurso optimista.

Urteaga Peña, quien asumió el MIDIS tras una gestión muy cuestionada en el Ministerio de Cultura, ha sido criticada por su bajo perfil técnico, la falta de liderazgo y la inacción frente al alarmante aumento de la pobreza en los últimos años. Bajo su gestión, los programas sociales no han mostrado mejoras sustanciales, y la articulación territorial sigue estancada.

El evento en Naciones Unidas, aunque relevante en la agenda global, corre el riesgo de convertirse en otro acto simbólico para el gobierno de Boluarte: mucha diplomacia, poca gestión real.

Durante su ausencia, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, quedará a cargo del despacho del MIDIS. A pesar de ello, la resolución indica que todos los gastos del viaje serán cubiertos por el propio ministerio, en un contexto donde las prioridades presupuestales del sector deberían estar enfocadas en atender las urgencias sociales.

¿Realmente se están exponiendo avances, o simplemente se está maquillando una gestión sin resultados para ganar visibilidad internacional? La presencia de Leslie Urteaga en foros globales puede sonar bien, pero poco aporta si en casa las cifras siguen en rojo.