Por: Jorge Paredes Terry

Hermano y hermanas de la Provincia de Pataz. Ya se emitió el Decreto Supremo donde se establece las acciones de las Fuerzas Armadas en nuestra Provincia, ante ello es importante que se conozcan algunos recursos que como población se puede interponer ante los órganos correspondientes de sentirse vulnerado sus derechos.

Los requisitos clave para interponer un Recurso de Habeas Corpus y un Recurso de Amparo (para proteger el derecho al trabajo) ante el Tribunal Constitucional (TC) en el Perú:

1. RECURSO DE HABEAS CORPUS (Art. 25° CP y Ley 23506)
   Se presenta cuando hay una detención arbitraria, restricción ilegal de libertad o amenaza inminente contra tu libertad personal.

Requisitos:
Demandante: La persona afectada, su familiar o cualquier persona (incluso sin mandato).
Demandado: La autoridad que ordenó o ejecutó la detención (policía, militar, fiscal, juez, etc.).
Escrito simple (no necesita abogado en primera instancia).
Narración clara de los hechos (dónde, cuándo, quién te detuvo).
Pruebas (testigos, fotos, videos, partes policiales).
Pedido concreto (que te liberen, que cesen las amenazas).

¿Dónde se presenta?
-Ante cualquier juez penal (incluso por teléfono o correo en casos urgentes).

• Si no te hacen caso, puedes ir al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio.

1. RECURSO DE AMPARO (para defender el derecho al trabajo) (Art. 37° CP)
   Sirve cuando una autoridad o particular vulnera tu derecho al trabajo (despidos injustos, discriminación, impedimento de trabajar, etc.).

Requisitos:
Demandante: El trabajador afectado o su representante.
Demandado: El empleador, la entidad estatal o quien restringe tu derecho.
Escrito fundamentado (mejor con abogado).
Narrar los hechos (qué derecho laboral violaron).
Pruebas (contrato, despido escrito, testigos, comunicaciones).
Pedido claro (reincorporación, pago de salarios, cese de amenazas).

¿Dónde se presenta?

• Primero en un juez laboral o mixto (es obligatorio agotar esta vía).
• Si el fallo es negativo, puedes elevarlo al TC mediante recurso de agravio constitucional (aquí sí necesitas abogado).
  

¿Cómo llegar al Tribunal Constitucional (TC)?

1. Primero debes agotar la vía judicial ordinaria (juez penal para Habeas Corpus / juez laboral para Amparo).
2. Si el fallo es negativo, en 15 días puedes presentar recurso de agravio constitucional ante el TC.
3. El TC revisará si hubo violación constitucional.

Consejos de un luchador que ha peleado sus derechos:

• Documenta todo (fotos, videos, copias de documentos).
• Busca apoyo legal (organizaciones de DDHH o colegios de abogados).
• No te dejes intimidar, porque el Habeas Corpus y el Amparo son herramientas del pueblo.

¡Mucha fuerza, compañeros! Si el sistema no te hace justicia, sigue peleando hasta el TC.

Quien hasta hoy era llamado Robert Prevost, ahora Papa León XIV, parece ser el justo medio entre reformistas y tradicionalistas al interior de la iglesia.  Por un lado su experiencia misionera dirigida a los marginados, los pobres y en especial a los emigrantes, lo cual lo contrapone frente a la agresiva política de deportaciones del presidente Trump, y por otro lado está el detalle de la recuperación en su investidura de las prendas tradicionales del santo padre.

León es hijo de Matilde Martínez, bibliotecaria española, su padre es de ascendencia franco italiana, creció en el difícil Chicago y pertenece a la orden de los agustinos. Tal vez este origen de una orden antiquísima explique su revalorización de los símbolos pontificios como son el uso de la muceta, la estola y la cruz dorada que Francisco al asumir la cátedra de Pedro no lució, este detalle es muy significativo pues viene a tranquilizar a los sectores más tradicionales de la Iglesia pero sin dejar de lado el acercamiento desde el amor hacia todos los cual dejó patente en su primer discurso, el de que el mal no vencerá y el amor debe ser para todos.

De ahí una perspectiva en defensa de los migrantes que lo ha vuelto un duro critico a las políticas de Donald Trump sobre este punto. Al respecto en su cuenta de X, Prevost twittea criticando al vicepresidente de Trump, y le dice:

“JD Vance se equivoca : Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás”.

Sobre el nombre elegido por el santo padre es una referencia a la continuidad del Papa preconciliar, León XIII, autor de la encíclica Rerum Novarum, que va dirigido a la clase trabajadora, especialmente importante en estos momentos en que se venera e idolatra a los super ricos. Recordar a los pobres, a los emigrantes es recordar a los marginados.

También es conocida su postura en contra de la pena de muerte durante su episcopado en Chiclayo. Lo cual lo dista de las políticas de mano dura de los gobiernos en boga.

Tal vez su elección como Papa signifique también un reconocimiento a la Iglesia misionera , en especial al clero estadounidense y canadiense que vino a suplir a los misioneros españoles a partir de la década de 1980 y que ha estado en la primera linea en la lucha contra la pobreza en América Latina. Entonces este es un reconocimiento a todos esos sacerdotes americanos que se dejaron y se dejan la piel en el continente de la esperanza. Honor a ellos y en especial al padre Christopher Dunne, el cura de mi pueblo en Mateo.

Sobre su obra episcopal en Perú ya todos han hablado hasta por los codos. Una cosa sí es cierta, y lo dijo Fred Rohner: el Papa no es charapa. El Papa es mochica. Y tiene toda la razón.

En un país sacudido por el crimen organizado, donde las balas ya no distinguen entre mineros, comerciantes o ciudadanos de a pie, el aún premier Gustavo Adrianzén Olaya ha demostrado que su promesa de “amplísima vocación de renuncia” es, en la práctica, una declaración vacía, embustera y hasta traidora. Actualmente, cuatro mociones de censura que más parecen “apariencias parlamentarias” pesan sobre él, pero ninguna lo mueve del sillón del Ejecutivo. Su justificación: irse no resolvería la inseguridad ciudadana. Como si quedarse sí lo hiciera.

En conferencia de prensa, Adrianzén afirmó con solemnidad que abandonaría el cargo si eso ayudara a erradicar el crimen. Lo dijo justo después de la masacre en Pataz, donde 13 trabajadores fueron asesinados. Frente a ese horror, su único aporte fue un tibio llamado a la unidad y colaboración entre poderes del Estado. ¿Dónde están las medidas concretas? ¿Dónde la acción real?

El premier, más preocupado por evitar la confrontación con el Congreso que por enfrentar a las mafias, pide «diálogo político y responsabilidad», mientras el país entero se sumerge en una espiral de miedo. La falta de liderazgo y respuesta efectiva del Gobierno de Dina Boluarte es realmente alarmante e insostenible; sin embargo, Adrianzén Olaya insiste en aferrarse a un cargo que, por sus propias palabras, está dispuesto a dejar. Por lo visto, la vocación de servicio solo queda en el discurso, sencillamente porque esta gente carece de todo honor.

Peor aún, en medio del escándalo por el injustificado aumento de sueldo presidencial, Adrianzén salió a blindar como siempre a Dina Boluarte. Negó tajantemente que la mandataria haya solicitado el incremento y deslindó responsabilidades, apuntando al Ministerio de Economía (MEF) y a Servir. Pero los peruanos no olvidan: este no es su primer acto de servilismo.

En 2015, como ministro de Justicia del gobierno de Ollanta Humala, Adrianzén cumplió con la oscura consigna de remover a la procuradora Julia Príncipe, quien investigaba a la hoy fugitiva Nadine Heredia. Tras consumar el “encargo”, renunció y desapareció del escenario político. Ahora, casi una década después, vuelve como el fiel escudero de Boluarte Zegarra, repitiendo el mismo libreto de sumisión.

Gustavo Adrianzén no es nuevo en el arte de sostener gobiernos oscuros y cuestionados. Su resistencia a irse no es por compromiso con el país, sino por “complicidades políticas” que hoy huelen a encubrimiento. Su permanencia en el cargo no solo es insostenible, es una afrenta a una ciudadanía hastiada que solo exige resultados y no discursos de baja estofa.

Con Resolución Ministerial N° 187-2025-MINEDU publicada el 30 de abril de 2025, el Ministerio de Educación a cargo del Dr. Morgan Quero Gaime, le entrega más de tres millones y medio de soles de subvención a CARE Perú bajo la dirección de Marilú Martens para que se haga cargo de las residencias estudiantiles en Amazonas.

Recordemos quién es la ex ministra Marilú Martens. La misma que en 2024 denunciaba con indignación los «abusos sexuales de docentes contra alumnas en Condorcanqui» y exigía «inhabilitación de por vida» para los perpetradores.

La misma que, como ministra de Educación, presentó el informe «Desenrollando la madeja de la impunidad» poniendo en evidencia que durante su gestión supo de los casos en Condorcanqui e Imaza (Amazonas) y no hizo nada. Ahora en calidad de representante legal de CARE PERÚ, desde la llegada de Marilú Martens a la dirección de CARE Perú en 2020, la organización ha recibido S/ 16 784 617,18 (DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE Y 18/100 SOLES), lo que equivale a aproximadamente el 88% del total transferido entre 2019 y 2025, una millonaria subvención para implementar servicios educativos en Amazonas y otros departamentos justo en zonas donde cuando fue ministra jamás ha demostrado competencia real.

¿Y cómo olvidar sus despectivas declaraciones sobre nosotros los docentes? «No son los más talentosos los que dicen ‘me voy a Educación'» o «No son las carreras más consideradas», afirmó sin pudor en septiembre de 2024. ¿Esta es la persona a quien entregamos millones para mejorar las residencias en Amazonas? ¿La que menosprecia públicamente a quienes deben ejecutar su proyecto?

(Vídeo de las declaraciones de Marilú Materns respecto a las declaraciones de Morgan Quero en diciembre)

Exministra de Educación Marilú Martens defiende a Morgan Quero por millonaría entrega de dinero a ONG.https://t.co/tcV7vjIwHb pic.twitter.com/Mffv82v0mr

— Revista Lima Gris (@Limagris) May 8, 2025

En diciembre de 2024, Marilú Martens evitó pronunciarse sobre una posible renuncia del ministro de Educación, Morgan Quero, tras sus polémicas declaraciones, en las que afirmó que «los derechos humanos son para las personas, no para las ratas». Martens justificó su postura, señalando que los cambios en la conducción del sector perjudican a los más de nueve millones de estudiantes y ralentizan los procesos educativos. Sin embargo, el 7 de mayo, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, “presentó una denuncia constitucional contra Quero, acusándolo de incitación a la discriminación en su modalidad agravada, en agravio de las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, ocurridas entre 2022 y 2023”. La denuncia se basa en las declaraciones de Quero, de acuerdo a la Fiscalía, las cuales promueven la exclusión y desvalorización de las personas afectadas por las protestas, contribuyendo a su estigmatización.

Desde la firma del Convenio N° 123-2019-MINEDU en julio de 2019, CARE Perú ha recibido presupuesto del Ministerio de Educación (MINEDU) para ejecutar diversas intervenciones en instituciones educativas del país. Cabe señalar que, desde el año 2020, Marilú Martens Cortés, exministra de Educación, se desempeña como directora de dicha organización.

Entre los años 2019 y 2025, el Ministerio de Educación ha otorgado subvenciones a CARE Perú mediante convenios y resoluciones ministeriales. En 2019, bajo la gestión de la ministra Flor Aideé Pablo Medina, mediante el Convenio N° 123-2019-MINEDU y la RM N° 393-2019-MINEDU, se transfirieron S/ 2 187 000,00; en 2020, bajo el ministro Carlos Martín Benavides Abanto, mediante el Convenio N° 010-2020-MINEDU y la RM N° 147-2020-MINEDU, se otorgaron S/ 4 498 208,00; en 2021, bajo el ministro Ricardo David Cuenca Pareja, a través del Convenio N° 072-2021-MINEDU y la RM N° 236-2021-MINEDU, se entregaron S/ 2 658 417,18; en 2022, bajo el ministro Rosendo Leoncio Serna Román, mediante el Convenio N° 016-2022-MINEDU y la RM N° 300-2022-MINEDU, se transfirieron S/ 1 592 400,00; en 2023, bajo la ministra Miriam Janette Ponce Vértiz, a través de los Convenios N° 016-2023-MINEDU y N° 019-2023-MINEDU, se otorgaron S/ 1 981 000,00 y S/ 665 649,00, respectivamente; en 2024, bajo el ministro Morgan Niccolo Quero Gaime, mediante el Convenio N° 058-2024-MINEDU y la RM N° 475-2024-MINEDU, se entregaron S/ 1 796 000,00; y finalmente en 2025, también bajo Morgan Niccolo Quero Gaime, con el Convenio N° 007-2025-MINEDU y la RM N° 187-2025-MINEDU, se transfirieron S/ 3 592 943,00.

El CONVENIO 016-2022-MINEDU, se deriva de la propuesta presentada por CARE PERÚ el 26 de mayo de 2023, la cual fue revisada y aprobada por el MINEDU en un plazo de 13 días hábiles, es decir, el 13 de junio de 2023. Esta aprobación permitió que CARE PERÚ, mediante la Resolución Ministerial N° 531-2023-MINEDU del 29 de septiembre de 2023, accediera a una subvención de S/1 981 000,00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL Y 00/100 SOLES). Resulta llamativo que un expediente de apenas 10 páginas haya sido revisado y aprobado en tan solo 13 días hábiles por los técnicos de DIGEIBIRA.

Cabe señalar que la mayoría de los convenios han sido revisados y aprobados por la DIGEIBIRA, dependencia donde anteriormente la exministra de Educación Marilú Martens se desempeñó como directora de Educación Básica Alternativa.
 

Respecto al CONVENIO 019-2023-MINEDU, de 116 folios, CARE PERÚ presentó su propuesta educativa mediante carta del 21 de junio de 2023, y subsanó observaciones el 5 de julio de 2023. La propuesta fue evaluada por el Comité de Evaluación, conforme consta en el Informe N° 00287-2023-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DISER, de fecha 13 de julio de 2023. Es destacable que la revisión y aprobación de esta propuesta, de considerable extensión (116 folios), haya sido realizada en solo 5 días hábiles. Esta evaluación permitió que CARE PERÚ, mediante la Resolución Ministerial N° 538-2023-MINEDU del 4 de octubre de 2023, accediera a una subvención de S/665 649,00 (SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES). Sin duda, sorprende la eficiencia mostrada por los técnicos de DIGEIBIRA en este proceso.

En la gestión del hoy ministro de Educación, Morgan Quero, en el marco del CONVENIO 058-2024-MINEDU, de 203 folios, CARE PERÚ presentó su propuesta educativa el 9 de julio de 2024. La propuesta fue evaluada por el Comité de Evaluación, conforme consta en el Informe N° 00283-2024-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DISER y en el Informe N° 00310-2024-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DISER. Es destacable que la revisión y aprobación de esta propuesta, de considerable extensión (203 folios), se haya realizado en menos de 20 días hábiles. Esta evaluación permitió que CARE PERÚ, mediante la Resolución Ministerial N° 475-2024-MINEDU del 20 de septiembre de 2024, accediera a una subvención de S/ 1 796 000,00 (UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL Y 00/100 SOLES). Sin duda, se trata de una muestra de la eficiencia demostrada por los técnicos de DIGEIBIRA en este proceso.

Finalmente, en el marco del CONVENIO N° 007-2025-MINEDU de 11 de abril de 2025, de 180 folios, CARE PERÚ presentó la “Propuesta de servicio educativo en el modelo de secundaria con residencia estudiantil del ámbito rural de Amazonas” el 14 de marzo de 2025, y la “Propuesta de servicio educativo en el modelo de secundaria tutorial del ámbito rural de las regiones de Áncash y Huancavelica”, el 5 de marzo de 2025. La propuesta fue evaluada por el Comité de Evaluación, conforme consta en el Informe N° 0063-2025-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DISER y en el Informe N° 0087-2025-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DISER. Al igual que en el proceso anterior, resulta destacable que la revisión y aprobación de esta propuesta, de considerable extensión (180 folios), se haya realizado en menos de 20 días hábiles. Esta evaluación permitió que CARE PERÚ, mediante la Resolución Ministerial N° 187-2025-MINEDU del 30 de abril de 2025, accediera a una subvención de S/ 3 592 943,00 (TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES Y 00/100 SOLES). Ello reafirma la eficiencia demostrada por los técnicos de DIGEIBIRA en este proceso.

Es importante señalar que, mediante Resolución Ministerial N° 205-2024-MINEDU de 7 de mayo de 2024, se designó al señor José Moreno Ocampo como director de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, dependiente del Viceministerio de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (DIGEIBIRA). Cabe destacar que, durante su gestión, se realizaron la revisión y aprobación de los convenios suscritos con CARE PERÚ en los años 2024 y 2025.

Cabe señalar que solo durante la gestión del ministro Morgan Niccolo Quero Gaime (2024-2025) la organización CARE PERÚ ha recibido un total de S/ 5 388 943,00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES Y 00/100 SOLES) por concepto de subvenciones.

Nos preguntamos; ¿Qué papel cumplió el ministro Morgan Quero en el otorgamiento de dinero público a los amigos o entre quienes evitan pronunciarse en su contra? Habría que transparentar cómo se desarrollaron los procesos de entrega de subvenciones.

Estas subvenciones se otorgan tras un proceso que presumiblemente se desarrolla entre diversas organizaciones, las cuales presentan sus propuestas al Ministerio de Educación, entidad encargada de evaluar y seleccionar a las organizaciones beneficiarias; en ese contexto, CARE PERÚ resultó seleccionada como entidad beneficiaria. Sin duda, se trata de un hecho que amerita una investigación más acuciosa por parte de la Contraloría General de la República, el Congreso y, de corresponder, la Fiscalía. Cabe señalar que, durante el período 2019-2025, CARE PERÚ recibió S/ 18 971 617,18 (DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE Y 18/100 SOLES).

Con respecto al presupuesto de S/ 3,5 millones otorgado a CARE Perú para este 2025, cabe preguntarse: ¿Cuántos programas efectivos de prevención del abuso sexual infantil podrían implementarse con dichos recursos? ¿Cuántas investigaciones reales podrían impulsarse para esclarecer los 524 casos de abuso denunciados en la región Amazonas? ¿Cuántas cámaras de seguridad podrían instalarse en las instituciones educativas públicas que hoy enfrentan amenazas del sicariato? Estas interrogantes no solo ponen en evidencia la urgencia de priorizar los recursos del sector educación, sino que también invitan a reflexionar sobre la eficiencia y pertinencia de las subvenciones otorgadas en relación con las necesidades más apremiantes de nuestras comunidades escolares.

Pero no. El dinero va hacia los bolsillos de siempre. La hipocresía política se viste de indignación selectiva. La metáfora es perfecta: mientras Martens señalaba con el dedo la llaga abierta del abuso sexual en las escuelas, su otra mano ya estaba extendida para recibir el premio a su «preocupación». Como esos médicos charlatanes que diagnostican enfermedades que nunca sanan, pero cobran cada consulta puntualmente.

Voy a tomar las palabras de la exministra de Educación, pronunciadas en diciembre de 2024: “Quiero un balance de los avances que se han dado en el incremento del 2024”. Por transparencia, el Ministerio de Educación debería explicar a los docentes y a todos los peruanos qué se ha logrado con los casi 19 millones de soles otorgados a CARE PERÚ durante los últimos siete años. Es hora de exigir cuentas claras. De pedir resultados medibles. De castigar no solo a los abusadores, sino también a quienes lucran sin ofrecer soluciones reales.

¿Hasta cuándo permitiremos que los fondos públicos sean el premio consuelo para quienes fracasaron en sus cargos oficiales? ¿Hasta cuándo toleraremos que las víctimas sigan esperando mientras los despachos ministeriales firman cheques millonarios a sus amigos? ¿Cuáles son los resultados?

No más millones para los amigos del poder.

Miguel Arribasplata (Cajamarca, 1951) es un profesor universitario, novelista y ensayista de cuño. Su libro “La Guerra Cultural de baja intensidad en la literatura peruana” nos plantea una nueva revisión y severos retos en nuestra última novelística donde nos dice: “los intelectuales pequeñoburgueses y clasemedieros, arribistas a cuál más, son los soldados de esta contienda alienante promovida por el capitalismo tardío”.

Antes es necesario revisar sus libros como La niña de nuestros ojos (2010) donde se repasa la guerra interna y los procesos vividos en los ochenta y noventa. Así como otros textos: Tierra sin cosecha (1978), Bajada de reyes (2001), Tandal (1982) y Santiago el menor (2016) del cual Ricardo González Vigil dice: “Miguel Arribasplata derrocha humor y esmero estilístico cincelando una prosa de sabrosa textura oralizada”.

En La Guerra Cultural, Arribasplata se arma con métodos marxistas-leninistas para comprender esta última camada literaria citando a Mariátegui: “Nos interesa la sinceridad, la desnudez de la literatura burguesa. Más aún nos interesa su cinismo. Que nos haga conocer toda la complejidad, todos los desfallecimientos, todos los deliquios del espíritu burgués” (El artista y la época, p. 35).

Y entonces nos plantea los siguientes subtítulos: “Karina Pacheco y su prosa de artificio”: “levantar un mundo de ficción le cuesta caro a KP, El año del viento (2021) no es una operación estética de desautomatización del lenguaje cotidiano; es una novela cuyo rollo está envuelto en opiniones y noticias periodísticas de la época, a más del pobre comentario sociopolítico, que la narradora en primera persona adereza en la historia”.

Otros citados son: “La Sangre de la aurora: Sendero Luminoso en el asador feminista” donde prácticamente el autor nos habla de una literatura de la falsificación, “al punto de alterar todo un acontecimiento real y adaptarlo a sus fines utilitaristas”.

“Gabriela Wiener y Huaco Retrato: la nostalgia por ser diferente” a quien acusa de no tener identidad ni representación política con una temática de búsqueda traumática “que remueve el cotarro del mestizaje por el lado feminista con el pretexto de retorno a las raíces”.

Otro texto analizado sería “Cien cuyes, novela del fiasco”, puesto dentro del discurso literario de intelectuales clasemedieros en la nostalgia del conservadurismo pro-establishment.

En otras palabras, Arribasplata no-deja-títere-sin-cabeza y nos plantea repensar esta última novelística –para él– carente de fondo y forma, “que pretende formar lectores inadvertidos”, huérfana, además, por la partida de MVLL.

El taller en cuestión, según su propia convocatoria pública que pueden revisar en una cuenta de Instagram, busca “politizar el cuerpo desde una perspectiva que desafía las normativas coloniales y estéticas tradicionales, proponiendo un reencuentro con el goce, la grasa y la sensualidad como formas legítimas de expresión cultural”.

Según los parlamentarios, la actividad —que mezcla técnicas de twerk, funk brasileño y danza contemporánea con un “enfoque descolonial”— fue difundida por Espacio Vitrina, entidad que formaría parte del circuito de la Red de Salas de Teatro Región Metropolitana, la cual recibió $139.509.995 de pesos en el marco del PAOCC 2025 (unos 148 mil dólares de presupuesto para la Red de Salas).

Los diputados de Renovación Nacional, encabezados por Miguel Mellado, Carla Morales, jefe y subjefa de bancada, respectivamente, junto a Jorge Durán y Eduardo Durán, ambos integrantes de la comisión de Cultura, oficiaron a la contralora General de la República, Dorothy Pérez, solicitando una auditoría al Programa “Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras” (PAOCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El taller denominado “Prácticas de Culo”: Práctica de Movimiento Pélvico Freestyle, Improvisación con enfoque descolonial, con un abordaje somático, sensible y gozoso” en una de las organizaciones presumiblemente beneficiadas por esta línea de financiamiento público y sin embargo cobra a los usuarios por tomar dicho taller.

Si bien no existiría un financiamiento directo al taller, “sí se puede evidenciar un apoyo financiero indirecto en las imágenes de publicidad del logo respectivo del programa, así como también, el correspondiente a la Red Salas de Teatro Región Metropolitana”, alertaron los diputados de Renovación Nacional.

“Venimos en solicitar una auditoría a los recursos entregados por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio mediante el Programa ‘Apoyo a organizaciones culturales colaboradoras’, a modo de constatar si los objetivos por los cuales fueron otorgados resultan conciliables con el propósito del mismo”, señalaron también los diputados.

Ante esto, los parlamentarios cuestionan la pertinencia de este tipo de actividades dentro del marco de un programa financiado por recursos fiscales y exigen claridad.

“A la luz de lo anterior, la actividad denominada ‘Prácticas de CULO’ (…) podría presentar incompatibilidades con los lineamientos del PAOCC”, afirma el oficio presentado.  “Esto se debe a que su integración a un plan de gestión financiado por el programa requiere una justificación clara respecto de su aporte a los fines públicos y a la programación cultural continua de la organización postulante”, precisaron. Al no  estar debidamente contextualizado en la misión de la entidad, podría ser considerado improcedente o ajeno a los objetivos declarados, afectando así la elegibilidad o continuidad del financiamiento.

También reclamaron los diputados que, “Cuando se recortan recursos para seguridad y otras prioridades ciudadana, que el gobierno salga patrocinando “Prácticas de culo” es simplemente una bofetada para las miles de víctimas de la delincuencia”, añadió Mellado.

Trump, Musk, transexuales eyaculando, voz en off con un discurso de si quieres puedes, y el holocausto en Gaza, donde los judíos son inequívocamente los nazis (en imágenes alteradas, blanqueadas, suavizadas). Poco más o menos en eso consiste lo que vi. Superpuesto, sucesivo, mezclado. Dicho así suena bien. Dicho así puedes pensar que surgirán, más pronto que tarde, combinaciones terroríficamente interesantes. Que se producirán cortocircuitos reveladores. Que un montaje exacto y audaz conseguirá proezas y que logrará memorables extrañamientos. Pues la potencialidad está, la premisa está dada. Los elementos aguardan a ser recombinados a la velocidad de un mototaxi suicida y con la supuesta excitación extra de una relación ‘contranatura’. Pues nada de eso.

La clave es que el peculiar efecto documental de las imágenes del genocidio contra el pueblo palestino en Gaza es aminorado por recursos distanciadores. Cosa que también suena bien, dicha o escrita. Ya que son imágenes insoportables. Pero, curiosamente, pese a ese aminoramiento, estoy ante una muestra aburrida y cliché de cine de explotación, y poco más. Pero cómo, ¿en la película no se pretendía ser punki, radical, desafiante, llevar al espectador hacia una experiencia límite, confrontarlo con el colmo de lo ‘extraño’? -O con el cliché de lo extraño-. Las imágenes de Gaza son especialmente candentes: qué hacer con ellas es altamente problemático, la pregunta tal vez sea qué cosa tan oscura de lo humano nos lanzan a la cara, qué clase de respuesta exigen a quien las ve o las usa.

Reconozco un gran momento: cuando comprendo que el discurso del sí se puede y todos competimos todo el tiempo desde que nos levantamos cada mañana es justo el sionismo destruyendo Gaza. Está otro momento, con Baudrillard, la hegemonía, el bien contra el mal…  

Cómoda y relativamente neutralizadas, las imágenes se superponen por lo general bastante mecánicamente y de manera harto repetitiva, sin que esta repetición genere estados o pensamientos nuevos.

¡Lánzame esas imágenes en la cara con todo su poder destructor y sombríamente iluminador! Ahí hubieras tenido que hacer algo más; elaboración, desarrollo, pensamiento, profundidad, que justifique o haga sostenibles su inclusión, para acercarse a ese movimiento espantoso, a esa violación de la ‘naturaleza humana´. Cosa que no vi.

*Película vista en Andares Acciones cinematográficas, en el local de Paradero Cultural.

Por: Jorge Paredes Terry

Mientras el Gobierno de Dina Boluarte decreta la suspensión de actividades mineras en Pataz, las comunidades y población patacina denuncian que la medida solo busca limpiar el camino para la grandes mineras, criminalizando a los mineros artesanales y ocultando la verdad detrás de la masacre de 13 jóvenes.

Ayer, en una conferencia de prensa, el Gobierno de Dina Boluarte anunció la suspensión de todas las actividades mineras en la Provincia de Pataz, La Libertad, por 30 días, con posibilidad de prórroga. La medida, según el Ejecutivo, busca facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) para «combatir la minería ilegal». Pero detrás del discurso oficial, se esconde una realidad más oscura: una estrategia de persecución contra los mineros artesanales y pequeños productores, mientras las grandes empresas siguen saqueando el oro sin restricciones.

La doble moral del Gobierno: ¿Quiénes son realmente los ilegales?

Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), aplaudió la medida, pero dejó en claro su preocupación: “Debo entender que la suspensión se refiere a los mineros ilegales, no a los formales». Es decir, mientras el Estado despliega operativos militares contra los cholos, mineros pobres que trabajan en condiciones precarias, las grandes mineras, muchas de ellas vinculadas a corrupción, daño ambiental, evasión fiscal y lavado de activos siguen operando sin problemas.

Pero aquí está la trampa: el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado en 2016 para supuestamente formalizar a los mineros artesanales, ha sido una farsa. Miles de mineros llevan años esperando su formalización, mientras el Estado los criminaliza y les niega derechos. Ahora, bajo el argumento de «combatir la ilegalidad», el Gobierno los excluirá del REINFO, dejándolos a merced de la represión policial y militar.

Pataz: El epicentro del oro ilegal… pero ¿de quién?

Según la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), Pataz es el punto de salida de 600 toneladas diarias de oro ilegal. Pero, ¿quiénes se benefician de este negocio? No son los campesinos que extraen mineral con sus propias manos, sino las mafias que operan con complicidad de autoridades y empresarios.

Mientras el Gobierno habla de «orden», 13 jóvenes fueron masacrados en Pataz en circunstancias aún no aclaradas, según versiones de testigos presenciales los enviaron al matadero, sin preparación alguna para este tipo de operaciones, las versiones oficiales hablan de un «enfrentamiento», pero según observamos en videos fueron ejecuciones extrajudiciales. ¿Era realmente una operación contra la minería ilegal? ¿O fue un mensaje para callar a quienes se atreven a desafiar el poder de los grandes intereses mineros? ¿O estaba planificado para generar la respuesta que hoy el gobierno ha decretado? Pronto la verdad saldrá a luz.

El negocio de la represión

La minería ilegal le cuesta al país S/ 22,700 millones al año (2.5% del PBI), pero el problema no son los mineros artesanales, sino las redes de corrupción que permiten que ese oro salga del país sin pagar impuestos. En lugar de atacar a los eslabones más débiles, el Gobierno debería investigar a los verdaderos responsables: las empresas fantasma, los funcionarios corruptos y los exportadores que blanquean el mineral robado.

Pero no lo harán. Porque en el Perú, la minería legal e ilegal son dos caras de la misma moneda: el saqueo de los recursos del pueblo para beneficio de unos pocos. Mientras Dina Boluarte envía militares a Pataz, las mineras formales siguen contaminando ríos, evadiendo impuestos y desalojando comunidades sin piedad.

¿Quién es el verdadero criminal aquí?

La suspensión de actividades en Pataz no es más que una cortina de humo. No buscan acabar con la ilegalidad, sino limpiar el territorio para que las grandes empresas mineras operen sin competencia. Mientras los pobres son perseguidos, desaparecidos o asesinados, el oro sigue fluyendo hacia los bolsillos de los poderosos.

Los 13 jóvenes de Pataz no fueron «daño colateral». Fueron víctimas de un sistema que prefiere balas antes que justicia. Hasta cuándo?