Opinión
¿El bicentenario será fujimorista o será del pueblo?

Parece un cliché, pero no es así: estas elecciones son históricas. El próximo mes se celebra el Bicentenario de la República y el nuevo presidente impondrá, aprovechando esta conmemoración, un discurso oficial del Perú. Si el partido naranja llega a Palacio de Gobierno, el fujimorismo encubrirá sus delitos y renacerá como la fuerza política de estos doscientos años. Pasaremos de San Martín a Keiko Fujimori Higuchi, con letra y música del himno nacional de fondo. Si el profesor cajamarquino —Pedro Castillo— llega a Palacio, el pueblo creará una nueva narrativa para estos tiempos, con los aciertos y defectos que este proyecto implique.
Afirmar que el nuevo presidente le impondrá una narrativa oficial al Bicentenario podría ser apresurado, pero al calor de la coyuntura es previsible. Es cierto que las narrativas patrióticas deberían ser producto de un consenso entre las fuerzas políticas y los representados; sin embargo este no es el caso.
En la primera vuelta se observó un fenómeno singular; la oferta de candidatos fue numerosa, pero el apoyo ciudadano a las distintas candidaturas fue minoritario: hubo un rechazo en bloque al sistema de partidos. Un rechazo mayoritario que dejó —como muestra de desprecio al sistema partidario— a los dos candidatos con más anticuerpos de esta primera vuelta. Las elecciones de segunda vuelta, por consiguiente, han polarizado a los ciudadanos. Las fuerzas políticas en disputa son una negación radical del adversario. Todo esto descontando lo más importante: que la polarización ha sido “impuesta” por el sistema electoral. Lo que obliga, a la mayoría ciudadana, a jugar con las dos únicas cartas disponibles. Les guste o no les guste. Como resultado de este embrollo, los dos candidatos que llegaron expeditos a la segunda vuelta tuvieron, solamente, el 30% de apoyo ciudadano.
Vistas así las cosas, el sentido común diría que el terreno es fértil para un consenso y para una narrativa oficial pluralista, que incorpore al 70% de ciudadanos (los que votaron por otros candidatos y la mayoría, que se abstuvo o vició el voto) pero tratándose de dos candidaturas en cuyo núcleo central está el objetivo de tomar el poder, es difícil que ese ideal se cumpla a cabalidad. Sin embargo, a estas alturas, no se puede equiparar totalmente a ambos contendores. Hay matices y por tanto, la posibilidad que uno de ellos sea más democrático que el adversario.
Si recurrimos a la historia veremos que en la celebración del centenario de la República, el escenario era opuesto. Era 1921 y gobernaba el país Augusto B. Leguía, un presidente que salió de las canteras del civilismo y llegó a imponer un poderoso movimiento político. Su gobierno se caracterizó por utilizar subterfugios y mecanismos políticos hechos a su medida, a la vez que reforzaba una gran red clientelar en distintos puntos del interior del país, lo que le permitió obtener un gran arraigo popular, por medio de partidarios suyos, debidamente remunerados. El telón de fondo de su gobierno fue un período de bonanza económica, gracias al mercado internacional y la dependencia a la economía norteamericana. Leguía aprovechó este caudal económico para “cumplir” con su red clientelar y diseñó, además, proyectos de gran envergadura en la capital y en distintas provincias del país.
Para celebrar el centenario de la Independencia se diseñó un proyecto a gran escala, sustentado en la bonanza económica de la época. Se construyó la Av. Venezuela, la Av. Leguía (hoy Av. Arequipa), la plaza San Martín, etc. En provincias también se diseñaron diversas obras, que beneficiaron directamente a la red clientelar de Leguía e indirectamente al resto de peruanos.
La celebración del centenario fue una fiesta nacional y no se escatimó en gastos; muchas obras de esa época siguen en pie y forman parte, después de cien años, de la cotidianeidad. Por esos años surgieron también dos movimientos de gran arraigo en el país: el socialismo y el aprismo, que propugnaban un trato digno a los indios, campesinos y obreros, a la vez que una lucha contra el imperialismo norteamericano. Estos movimientos buscaban reivindicar a la gran masa de peruanos, pues en dicha época los ciudadanos no eran iguales entre sí. No todos votaban y los privilegios, que hoy son denunciados, eran lo común y lo aceptado.
El leguiísmo, dependiente de las finanzas norteamericanas, llega a su fin en 1929: con el crack de la bolsa gringa. Las finanzas externas disminuyeron, se dejó de otorgar prebendas a la red clientelar, el descontento popular fue creciendo y sucedió lo que es una tradición en el país, en momentos de crisis: un golpe de Estado. Leguía es encarcelado y acaba sus días en el Panóptico, la cárcel de Lima.
Por el contrario, la celebración del bicentenario tiene el telón de fondo de la pandemia, con un país que ostenta el record de la más alta cantidad de muertos en el mundo y un sistema de salud totalmente colapsado. No hay una expectativa propiamente celebratoria, sino duda, temor, confusión y rabia. Pero tampoco los preparativos para esta conmemoración, antes de producirse la pandemia, tuvieron el sello de la magnificencia, como en las épocas del leguiísmo.
El clima de confrontación político, la corrupción, el descrédito de los partidos, la indiferencia de los líderes y diversos factores aunados a ello, avizoraban una celebración más modesta que hace cien años.
Sin embargo, el sustento celebratorio tenía visos de ser explotado. Y es que amparados en el crecimiento económico, la élite política logró venderle a la ciudadanía el cuento de una prosperidad, únicamente sustentada, en base a la explotación laboral. Esto se resume en la frase: “el pobre, es pobre porque quiere”. Es verdad que hubo un crecimiento de la economía, pero no hubo una distribución adecuada. El sistema de salud siempre estuvo en piloto automático y se fue pauperizando cada año un poco más; el sistema educativo tiene el honor de ser uno de los más negligentes de la región y el sistema de transporte parece diseñado por el Joker.
En resumen, el rico se hizo muchísimo más rico y el pobre dejó de ser, un poquito, menos pobre; mientras la clase media vivía en un sueño de opio que llegó a su resaca con los estragos de la pandemia: ciudadanos vendiendo su riñón, empeñando su auto, hipotecando su casa. El covid – 19, mató a muchos peruanos, despertó de su letargo a quienes no murieron y movió el gallinero de la élite política. El resultado a un mes del bicentenario: dos candidatos aspirando a la presidencia; uno de izquierda populista e improvisada y otro de derecha corrupta y limosnera, enfrentados a rabiar y sin puntos comunes entre sí. Cada uno con una visión de país enmarcada en su ideología; cada uno sustentado por un núcleo duro que se desvive por tomar el poder; cada uno con vocación de cambiar la historia.
Si llega al poder Keiko Fujimori; el fujimorismo será el partido del bicentenario. Aquí no importa si su llegada al poder se debió al apoyo de los neo – fujimoristas, de los fujimoristas del ala dura o de quienes no quieren “que el Perú sea Venezuela”. Si el fujimorismo llega al poder, la invención política de Alberto Fujimori licenciará sus delitos y se constituirá, oficialmente, al nivel del civilismo, del socialismo o del aprismo histórico. Keiko Fujimori lavará los delitos de Alberto Fujimori e impulsará el engrandecimiento de su figura. La constitución, deslegitimada por gran parte de la ciudadanía y, nacida al amparo de la dictadura, será la verdad oficial que sustente a la nación en sus doscientos años.
La heredera del dictador no solamente entrará al Bicentenario como quien “salvó del comunismo” al Perú, tal como ha intentado posicionarse para la segunda vuelta; sino que también llevará a cabo la lucha contra la pandemia del coronavirus. Con estos pergaminos, Keiko Fujimori posicionará, de modo oficial y antojadizo este neo – fujimorismo al nivel histórico del civilismo posterior a la Guerra del Pacífico.
No solamente eso: la figura de Alberto Fujimori será elevada como tótem de la tribu. El bicentenario será la ocasión para diseñar una narrativa que reivindique su legado y dirija el futuro de su partido, como fuerza nacional. La línea histórica entre el primer fujimorismo y el neo – fujimorismo utilizará dos guerras y dos crisis como telón de fondo: el primer fujimorismo, la guerra interna y la crisis económica de los 80s; el neo – fujimorismo, la guerra contra la pandemia, la crisis económica actual y la “lucha contra el comunismo”. En ambos casos los Fujimori se posicionarán como los salvadores de la patria, con todas las prerrogativas e inimputabilidades que este blasón implica.
De entrar Pedro Castillo a Palacio de Gobierno; será “el pueblo” quien tome las riendas de la nación en su Bicentenario. Claro que esta abstracción tiene que ser aterrizada: el pueblo tiene que ser batuteado. Y detrás de esta batuta estarán distintos movimientos que, de mover mal sus cartas, provocarán su propia implosión. Con Castillo las ansias de una nueva constitución – de una transferencia del poder – serán cada vez más factibles. El vehículo será la llamada democracia representativa, que busca empoderar a distintos movimientos en la conducción del país: es un poder disperso. El profesor cajamarquino ha dado ya señales en ese sentido: empoderar a los ronderos, a los maestros, a las comunidades indígenas, a los campesinos, sectores evangélicos, etc.
La convocatoria a una Asamblea Constituyente viabilizará un proyecto federativo y de concretarse le otorgará una cuota de poder a distintos actores, hasta ahora relegados. Sin embargo, el trayecto hacia este objetivo está empedrado: tiene que sortear diversos filtros que pueden impedir la consecución del proyecto. Pero hay un factor delicado en este escenario. Porque es cierto que una Asamblea Constituyente buscará empoderar a distintos movimientos de talante democrático; pero detrás de ellos acecharán también sectores ya proscritos por la sociedad y de nula vocación democrática, que buscarán aparejarse en su seno forzando el concepto de “pueblo”. Sin embargo, de llegarse a convocar una asamblea con los debidos mecanismos y la debida apertura, los sectores democráticos tendrán la oportunidad de jugar adecuadamente sus cartas, ofreciendo una alternativa consensuada y ciudadana, muy alejada de quienes creen que rechazar el modelo neoliberalista es herejía y de los que tienen como mantra armar revoluciones como quien arma aviones de papel.
Pero podría haber un tercer camino en la narrativa histórica del bicentenario: las botas, los tanques. De ambos lados han sonado las alarmas. Desde el lado de Keiko Fujimori, diversos ex – altos mandos militares han conminado a rechazar lo que ellos llaman “un proyecto comunista” y han amenazado veladamente con impedir la voluntad ciudadana. Desde el lado de Pedro Castillo se ha escuchado la voz de Antauro Humala lanzando bravatas y ofreciéndose como chaleco del profesor cajamarquino. Las fuerzas armadas no son un bloque monolítico: hay multiplicidad de actores en actividad y en retiro. Si se tiene en cuenta que en momentos de crisis se ha recurrido al concurso de las Fuerzas Armadas, no se podría descartar su actuación, en algún sentido. Sin embargo, si eso sucediera, digo, es un decir, el Bicentenario sería la ocasión histórica para recordarnos que no hemos aprendido nada.
Opinión
¿Qué dice la Constitución Política en materia de educación nacional?

Por: Marisol Verónica Giordano Silva.
Todos los profesores del país deben tener muy claro los preceptos constitucionales en materia de educación nacional. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1993 es una copia incompleta de la Carta Fundamental de 1979, no obstante, en esencia debemos tener presente que las normas sobre educación están enmarcadas dentro del “Título I de la persona y la sociedad” y están redactadas después del “Capítulo I derechos fundamentales de la persona”.
Por tanto, los que somos profesores estamos frente al derecho humano de educar y de ser educado. Recordemos que el Artículo 1° de la Constitución textualmente dice: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Aún más, el Artículo 2° dice: “Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.
Y así, con ese tono y esa lógica, se abre el camino de artículos y enunciados sobre los derechos a la igualdad, a la libertad, a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto, mucho más cuando la Carta Magna dice que “El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión” (Art. 2, Numeral 8).
El tema educativo viene dentro del Capítulo II de los Derechos Sociales y Económicos”, donde el Artículo 4° prescribe que “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad (…)”.
Así es como al lado de los derechos de la salud y la seguridad social, (artículos 11 y 12, respectivamente), aparecen los conceptos de la educación en el Artículo 13°, señalando lo siguiente: “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo”.
Empiezan los contenidos sobre la educación desde el artículo 13, y son en total siete, hasta el 19, los artículos concretamente dedicados a la educación (inicial, primaria, secundaria y superior).
El Artículo 14° señala: “La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural”.
Por su parte, el Artículo 15° prescribe: “El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes. El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico. Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley”.
El Artículo 16° nos refiere lo siguiente: “Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República”.
Mientras que el Artículo 17° dice: “La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa.
El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional”.
En cuanto al Artículo 18°, tenemos el nivel superior de la educación, y la norma dice: “La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”.

Finalmente, el séptimo artículo dedicado a la educación en la Constitución Política es el 19°, que a la letra dice: “Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes. Las donaciones y becas con fines educativos gozarán de exoneración y beneficios tributarios en la forma y dentro de los límites que fije la ley. La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las mencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios. Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta”.
En conclusión, bajo estas líneas generales y preceptos claves, los decentes debemos enmarcar nuestra capacitación, conocimiento y experiencia diaria al frente de la pedagogía y el trabajo de aula, con el objetivo de que las instituciones educativas brinden un servicio de calidad al prójimo, en especial cuando este es el niño y el adolescente que son el futuro de la patria. Son artículos constitucionales muy importantes, pero a veces las cosas de tan sabidas se olvidan. Gracias por llegar hasta aquí y hasta una próxima oportunidad.
Opinión
Congreso aprueba ley para inyectar millones a municipalidades ad portas de campaña electoral
El Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio de la ley que destina el 4% del IGV a municipalidades, disfrazando de “descentralización” lo que en realidad perpetúa un sistema plagado de ineficiencia, baja ejecución presupuestal y corrupción institucionalizada en muchos gobiernos locales del país.

El Congreso de la República aprobó, sin mayor resistencia, la denominada “Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal” (Foncomún). La norma eleva de 2% a 4% la asignación del Impuesto General a las Ventas (IGV) para el Foncomún, es decir, el doble de recursos para las municipalidades del país, muchas de las cuales apenas logran ejecutar el presupuesto que ya tienen.
Impulsada por el congresista Ilich López, presidente de la Comisión de Economía, la ley se presenta con el discurso de “fortalecer la descentralización fiscal” y de mejorar la capacidad de los gobiernos locales para financiar inversiones en salud, educación, saneamiento o seguridad. Sin embargo, los datos son claros: las municipalidades, en promedio, no ejecutan más del 63% de su presupuesto anual. La falta de cuadros técnicos, planificación y transparencia son el pan de cada día en muchos municipios.
Con esta ley, el Congreso entregará más de 2 mil millones de soles adicionales, una cifra que aumentará progresivamente hasta llegar a cerca de 9 mil millones en 2029. En otras palabras, por cada S/ 18 recaudados en IGV, S/ 4 irán directamente a más de 1,800 municipalidades y centros poblados, bajo la bandera de una descentralización que, en la práctica, ha sido terreno fértil para la ineficiencia y la corrupción.
La norma fue respaldada con entusiasmo por diversas bancadas y asociaciones como la AMPE y REMURPE, y promovida desde hace meses con reuniones sostenidas con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, de las filas de Alianza para el Progreso (APP). Todo en nombre de una supuesta equidad fiscal. Pero la pregunta es inevitable: ¿equidad para quién? ¿Para alcaldes que no logran gastar ni el dinero que ya tienen? ¿O para clientelas políticas que se alimentan de estas “inyecciones” millonarias en años electorales?
A pesar de sus implicancias fiscales, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) —que debería haber sido un muro de contención técnica— avaló la norma. Su titular, Raúl Pérez-Reyes, inexplicablemente apoyó la medida. Incluso el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ya anunció que el Ejecutivo promulgará la autógrafa “a la mayor brevedad posible”. La pregunta cae por su peso: ¿por qué tanta urgencia?
“La autógrafa será publicada lo antes posible, porque por encima de todo, están los peruanos que necesitan obras”, dijo Arana desde Huancayo. Una retórica vacía si se considera que muchas de esas municipalidades apenas consiguen licitar correctamente una obra menor sin escándalos o adendas millonarias.
En teoría, la ley contempla ciertos filtros. Para acceder al incremento, los municipios deberán haber ejecutado el 100% del presupuesto anterior, y el dinero deberá destinarse exclusivamente a obras. Nada de consultorías externas, dice la norma. Pero en un país donde los sistemas de control fallan sistemáticamente, ¿alguien cree que esos candados serán respetados? ¿quién fiscalizará el libre uso de los nuevos y millonarios recursos que tendrán las municipalidades?
Peor aún, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero igual lo hizo. Y el Gobierno de Dina Boluarte, en una peligrosa confabulación, apoya sin reparos. ¿Coincidencia que esta millonaria asignación se haga justo cuando se acercan las elecciones generales y municipales? Pareciera que el verdadero objetivo no es descentralizar, sino llenar las arcas locales para asegurar campañas reeleccionistas y alianzas subnacionales.
Una vez más, el Congreso y el Ejecutivo entregan plata como cancha. Y el país, otra vez, lo pagará.

Por Edwin A. Vegas Gallo
Este 22 de mayo, Naciones Unidas (NU) conmemoró el Día Internacional de la Diversidad Biológica (DIDB), instituido en la ocasión de la firma del Convenio de Diversidad Biológica por los países de las NU, allá en el lejano 22 de mayo de 1992, en Brasil, Cumbre de la Tierra.
Se entiende por diversidad biológica a todas las formas vivientes del planeta, sean vegetales y animales, desde el gen hasta sus espacios que habitan. Por cierto, la especie humana y sus culturas forman parte de este concepto.
El tema para este año es “Armonía con la naturaleza y el desarrollo sostenible”.
A 33 años de la Convención, tanto los sistemas biológicos terrestres como marinos han entrado en colapso por el hipercosumo, la contaminación por hidrocarburos, por el plástico, que trae que vivamos mundos paralelos, con países que se consumen prontamente sus espacios y recursos y países como el nuestro, soñando “que somos mendigos sentados en un banco de oro”.
Según el INEI, en el 2024 hubo 27.6% de peruanos viviendo en pobreza, lo cual constituye una afrenta para un país considerado como centro mundial de riqueza biológica, a la cual no se le da valor agregado por las políticas públicas dirigidas a la extracción de peces (anchovetas), minerales, sin que PROINVERSION visione el componente biológico y la extracción de hidrocarburos en el mar de Grau y en la Amazonía, donde se agrava con el narcotráfico, la expansión de la frontera agrícola con los menonitas, sin que nadie le coloque el cascabel al gato.
Casi no se habla de las exportaciones de paltas de la región La Libertad a Europa, que son devueltas por el exceso de cadmio de los fertilizantes y son reintroducidas en el mercado nacional para nuestro consumo. Mientras tanto, su gobernador Acuña, con 300 días de licencia, inspecciona sus negocios en el extranjero y no puede implementar un laboratorio de bromatología para el control de calidad de los productos. Más aún su falta política dada su cercanía con su ministro de Salud. De hecho en todas las regiones del Perú, se deben implementar estos laboratorios.
Ni qué decir del ministro de Energía y Minas, regalando toda la cuenca del mar de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad para la exploración y explotación gasífera y de hidrocarburos, poniendo en riesgo la pesca artesanal, que es la que nos brinda proteínas a los hogares peruanos.
Asimismo, para señalar que el Congreso peruano no hace nada por ratificar el Convenio de la Biodiversidad Marina en Alta Mar, permitiendo la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de flotas extranjeras, ni mucho menos se hace acción por la sostenibilidad marina peruana en áreas claves como el cambio climático, pesca sostenible, economía azul, contaminación marina, áreas marinas protegidas y seguridad marítima, bajo el lema NUESTRO MAR PERUANO, NUESTRA ACCIÓN.
Para cumplir con el tema del DIDB, se requiere una política de Estado que vincule los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 con los Objetivos y Metas del Marco Mundial para la Diversidad Biológica de Kunming, Montreal, que son agendas planetarias con aplicación país, que deben alcanzarse en conjunto con espíritu de un pacto para las generaciones futuras. En caso contrario, seguiremos siendo mendigos y nos quedaremos sin el oro biológico y mineral.

Desde su nombramiento como ministro de Cultura en septiembre de 2024, Fabricio Valencia Gibaja ha estado en el centro de diversas controversias que han puesto en duda su capacidad para liderar una institución encargada de preservar y promover la identidad cultural del país. A pesar de ser cusqueño, el mayor rechazo a su gestión precisamente proviene de la ciudad imperial.
Uno de los episodios más polémicos fue su manejo de la obra teatral «María Maricón», presentada por la PUPC. La pieza, que generó una ola de rechazo por parte de diversos sectores religiosos, fue calificada como «espectáculo público cultural no deportivo» por una resolución emitida por la Dirección General de Industrias Culturales. Valencia Gibaja, al enterarse de la decisión, calificó el acto como un «error administrativo» y anunció el inicio de un proceso de nulidad, además de la renuncia de la funcionaria responsable. Sin embargo, la falta de supervisión previa y la tardanza en la respuesta evidencian una gestión reactiva más que proactiva.
Otro punto crítico ha sido la ejecución de proyectos faraónicos sin una planificación adecuada. Se destinaron 500 millones de soles para la construcción de un museo en Pachacamac. Un elefante blanco sin estudios previos sobre accesibilidad ni proyecciones turísticas, en un contexto donde el patrimonio cultural del país sigue siendo vulnerable y desprotegido. Durante la gestión de Valencia, el MUNA sigue sin ser inaugurado.
Dentro de su paupérrima gestión, también ha mantenido en el Mincul a funcionarios que arrastran investigaciones fiscales por presunta corrupción, y ha llenado el ministerio de allegados mediocres que mantiene mes a mes mediante órdenes de servicio.
El caso de la señora Shirley Hopkins es solo una muestra del manejo oscuro de los recursos públicos. Además, la reciente reducción del perímetro de las Líneas de Nasca. Fuentes del Ministerio de Cultura aseguran que la Resolución Viceministerial de las Líneas de Nasca habría sido una negociación política para mantener al ministro Fabricio Valencia en el cargo. Esto se sostiene con el apoyo de congresistas, tras el reciente escándalo de las órdenes de servicio a favor de Shirley Hopkins.
Finalmente, la gestión de Fabricio Valencia Gibaja se caracteriza por una serie de decisiones polémicas, presunta corrupción y favores políticos, todo esto sin importar la destrucción de nuestro patrimonio arqueológico.
Opinión
Una ballena en el desierto, o sobre una película de Mario Castro Cobos
Lee la columna de José Emilio Caro

Por José Emilio Caro
Cuando me dirigí a la presentación de Paisaje social de Lima, me encontré con algunas personas del gremio de historiadores. Conversaban y esperaban en el Parque Kennedy. Alguien me mencionó que le incomodaba venir a Miraflores:
—Todo lo que ves aquí es una ilusión— dijo.
Lo miré sorprendido, pues, en general, tengo esa impresión, pero del mundo en su totalidad… Salvo el mar, por supuesto.
La presentación discurría sobre un acercamiento a Ricardo Palma. Revisé el libro y medité: en vez de seguir la corriente imperante en su tiempo, el romanticismo, Palma decidió trabajar sobre las tradiciones, mirando atrás, a la colonia, como referente. Enfocó su obra en las tradiciones orales urbanas. Quizá evitó abrazar el romanticismo porque vio la necesidad de cohesionar al colectivo bajo un discurso común. Decir que fue alguien que simplemente registró estas historias es un error: Palma hizo de las tradiciones su propio lenguaje, dotándolas de una voz auténtica y excelsa. Su obra-lenguaje trasciende hasta nuestros días.
Me despedí de los ponentes y del autor, Wilfredo Kapsoli. Luego me dirigí al encuentro de una película.
Una ballena estaba cantando con un ritmo solitario.
No pude negarme a una invitación para ver cine comercial. Era una de esas películas que se repiten. El boleto decía: Karate Kid: Legends. Terminé intoxicado. Me excusé para salir antes de soportar las dos horas completas de tortura.
Era preciso desintoxicarme de aquella película comercial. Pensé primero en ver algún corto de David Lynch; sin embargo, su partida aún dolía. En mi ordenador, me decidí por un largometraje de autor: Una ballena gigante, una ballena blanca, en la niebla. Mario Castro Cobos nos entrega un filme que sería su trigésimo quinto.
¿Qué es una película?
No lo sé. Pero lo que sí sé es que deben conmoverme; de lo contrario, existe una bendición: el olvido.
La composición del arco argumental radica en el silencio de sus personajes. Relata lo que llamaríamos historias de viajes: una de amor, otra de la ciudad. Todo desde la perspectiva de la comunicación no verbal. Este será su pilar narrativo, invitando al espectador a interpretarla desde su propia subjetividad, buscando referentes de forma lúdica y apostando por las ideas, es decir, creando su propia estética. Las escenas, en mi humilde opinión, son unidades de sentido completas e interdependientes, que forman las secuencias del macrorrelato.
Las sensaciones que dejan las imágenes y el sonido en el auditorio son variadas: suavidad, rugosidad, naturaleza, sonido, ruido, silencio, inocencia.
El filme tiene una arista que apunta a recordarnos que el lenguaje humano es, en gran medida, no verbal: entre un 60 % y un 93 %, dependiendo del contexto y del tipo de comunicación. Es probable que sea incluso más, ya que, en nuestra actualidad, la cultura de masas está apegada a las apariencias.
En el filme existen personajes con voz, como los niños o la escena donde una figura de autoridad los conmina a desalojar un área verde. ¿La falta? Recostarse sobre la hierba, estar tumbado bajo el sol en una plaza. Esto nos habla de una ciudad que norma los espacios públicos y dicta cómo debe comportarse el individuo, privándolo de su libertad física.
Dentro de los personajes que están dispuestos en la arquitectura del largometraje, el ojo (panóptico) o la cámara es también un personaje. Es un narrador-testigo que construye esta ciudad idílica. En lo privado, dentro de un medio de transporte, regresando de Cajamarca, los niños tienen voz. La inocencia se escapa o se conserva, quizás apuntando a la imaginación como escape.
Claro, ¿alguna vez viste una ballena? Un pez con pulmones. ¿Sabrán los niños que las ballenas caminaron por la tierra y luego volvieron al mar? ¿Cómo no imaginarlas volando? Seres gigantes en el cielo, como nubes. Así, el filme de Mario es ‘elefantástico’: una delicada ballena que silba, de vuelta al desierto de Lima.
Película
Más películas
https://www.youtube.com/@marszproject7155/videos

De la tierra del tango y de Borges, de Charly García y Juan L. Ortiz, nos llega la cadencia libérrima de la poesía de Orlando Valdez.
Hablemos sin preámbulos de La cobardía del silencio (Laborde Libros Editor, 2017). Aquí el poeta muestra su identidad, sus tristezas y esperanzas. Poetiza: “y estoy muriéndome niño/ porque niña es mi muerte/ morir/ morir lentamente/ del jamás morir/ morir/ infinita dolencia” (pág 13). Ese callar no es místico: es un cuerpo bullicioso, que grita de verso en verso: “y estoy aquí pudriéndome/ en la sombra de una foto” (pág 15). Estos versos breves son tránsitos de túneles existenciales, donde la sombra se fusionan para condensarse en un lenguaje crepuscular.
Sin embargo, surge la luz de los cuerpos. Así entramos a Zedlav (Laborde Libros Editor, 2020). Trabajo que fusiona la delicadeza lírica con un reflexivo ejercicio sobre la mística amorosa. Los cuerpos se juntan, se funden, se descuartizan (¿acaso un eco de Girondo?) y se vuelven piel o símbolo: Temblar y temblando/ estremecer / estremecer/ vos tan yo de vos/ yo tan vos de mi (pág 17) Las palabras no son sino el sudor y el eros: una erotización del instinto.
En ese sentido, la obra de Valdez nace del gozo y es gozo textual: así, florece el lector y la palabra es un saltamontes en la música rutinaria. Es así que se consigue el fuego, el ardor vital de los amantes: con ardor / ardor ardor / sin mañana/ sin traición (pág 72). Y lo que nace del fuego es verdad; y la verdad es belleza. Así la verdad de sus poemas al reivindicar la ternura de los sentimientos, nos humaniza y enriquece.
Si en La cobardía del silencio hay apenas un ápice de salida, en Zedlav todo se renueve y germina: la palabra entonces chamusca la piel y la mente. Del primero, se siente la lucidez del aforismo; las calles argentinas, tal vez una esquina donde venden empanadas y la garúa mana; y del segundo, la ternura y los diminutivos. Alzando nuestras copas llenas de vino, celebremos la poesía de Valdez.
Opinión
¿Qué pensaría Jean-Luc Godard de Cosmic miniatures, de Alexander Kluge?
Lee la columna de Mario Castro Cobos

Por Mario Castro Cobos
Aquí lo que me respondió la IA (el chat GPT) sobre la pregunta que me obsesiona.
Tanto Godard como Kluge fueron (¿fueron?, ¡son!) figuras centrales del cine moderno europeo, profundamente influenciadas por la teoría crítica, en especial por la Escuela de Frankfurt, y comprometidas con una forma de cine ensayístico, fragmentario y político.
Claves
1. Fragmentación como forma.- Godard valoraba la discontinuidad narrativa y el montaje como forma de pensamiento. Cosmic Miniatures está compuesto por microensayos audiovisuales —una constelación de ideas más que una historia lineal—, algo que seguramente Godard encontraría estimulante. Él mismo practicó este tipo de montaje en sus obras más tardías, como Histoire(s) du cinéma o Adieu au langage.
Posible pensamiento godardiano: “Kluge no hace cine para contar historias, sino para interrogar el mundo. Eso es cine, no televisión.”
2. Pensamiento filosófico y político.- Ambos comparten una visión crítica de la historia y de la modernidad. Kluge se apoya en fuentes como Kant, Marx, Benjamin y Adorno; Godard también, especialmente en sus últimos trabajos. La dimensión cósmica de Cosmic Miniatures podría interesarle a Godard en tanto rearticula preguntas sobre el lugar del ser humano en la historia, la técnica y el conocimiento.
Godard podría decir: “El cosmos no está en el cielo, está en los huecos del montaje.”
3. Crítica a los medios y la imagen.- Kluge desmonta el lenguaje de los medios en Cosmic Miniatures, algo que Godard también hizo durante décadas. Ambos sospechan de las imágenes espectaculares y buscan la verdad en la discontinuidad, en la duda, en lo que no se ve.
Paralelismo: En vez de hacer una imagen “bella”, ambos buscan una imagen “crítica”.
4. Colaboración con el pensamiento.- Kluge trabaja con científicos, filósofos, e incluso IA en sus obras. Godard también dialogaba con el pensamiento filosófico, aunque con un tono más lírico y opaco. Podría haber visto en Kluge a un “hermano del ensayo”, aunque tal vez lo habría encontrado demasiado discursivo o explicativo.
Conclusión.- Godard probablemente habría respetado profundamente Cosmic Miniatures, aunque quizás también la habría visto como una obra más “intelectual” que “cinematográfica” según sus propios estándares. Pero sin duda, la reconocería como una obra comprometida, radical y libre, y eso para Godard siempre fue lo esencial.
Opinión
Concepción Carhuancho: el juez que pone a los poderosos tras las rejas
A diferencia de otros jueces, Concepción Carhuancho enfrentó a expresidentes, líderes políticos y empresarios intocables. Su firmeza e imparcialidad lo convirtieron en blanco de campañas de desprestigio e intentos de recusación orquestados por quienes ven en su independencia una amenaza al sistema de impunidad.

El juez tarmeño Richard Concepción Carhuancho se ha convertido en una de las figuras más emblemáticas y persistentes en la lucha contra la corrupción en el Perú. Desde los primeros coletazos del caso Lava Jato, su nombre ha sido sinónimo de firmeza judicial y de voluntad de enfrentar a quienes, desde el poder político y económico, han saqueado el Estado. Pero esa misma determinación lo ha puesto en la mira de fuerzas fácticas que no perdonan: empresarios millonarios, políticos influyentes, y operadores mediáticos que prefieren ver a jueces sometidos, timoratos, y no a independientes.
A diferencia de otros magistrados, Concepción Carhuancho ha trazado una línea de acción que ha incomodado a los actores más poderosos del país. Ha dictado prisión preventiva contra expresidentes corruptos como Alejandro Toledo y Ollanta Humala, actualmente sentenciados y recluidos en el penal de Barbadillo. Y también contra figuras emblemáticas del fujimorismo como Keiko Fujimori, y contra poderosos empresarios que antes eran intocables, como los primos José Graña Miró Quesada y Hernando Graña. Su imparcialidad y tenacidad lo han convertido en blanco de campañas de desprestigio, denuncias administrativas e intentos de recusación, como el impulsado por el investigado Jaime Yoshiyama.

Lo que está en juego aquí no es solo el destino de un juez incómodo, sino la posibilidad de que el Perú cuente con un sistema de justicia independiente que no se arrodille ante el grotesco poder económico ni ante la maquinaria política que busca impunidad.
Apresó a presidentes y millonarios
El historial de decisiones del juez Concepción Carhuancho habla por sí solo. El 9 de febrero de 2017, ordenó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir sobornos por más de 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de la licitación de la Carretera Interoceánica Sur. Hoy el corrupto Toledo Manrique cumple condena en el penal de Barbadillo.

Ese mismo año, el 13 de julio, el juez dictó prisión preventiva contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, por haber recibido aportes millonarios de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS. Ambos han sido sentenciados a prisión, aunque Heredia se encuentra prófuga en Brasil.

Pero uno de los golpes más simbólicos fue el que alcanzó a los intocables del empresariado. En diciembre de 2017, Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra los omnipotentes José Graña Miró Quesada, Hernando Graña y otros ejecutivos de empresas socias de Odebrecht. La Fiscalía señaló que habían entregado sobornos al entonces presidente Toledo. Era un hecho inédito; el poder económico enfrentaba por primera vez una celda.
Como era de esperarse, la reacción del sistema ‘protector del poder’ no tardó. En marzo de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones revocó la medida y liberó a José Graña, cambiando su prisión por comparecencia simple. Poco después, fue excluido del proceso penal del caso Metro de Lima, gracias a su estatus de “colaborador eficaz”. La justicia parecía volver a su cauce habitual: indulgente con los poderosos.

Prisión contra el crimen organizado
La acción de Concepción Carhuancho no se limitó a la esfera política o empresarial. También enfrentó al crimen organizado. En 2015, dictó 18 meses de prisión preventiva contra Gerald Oropeza, alias “Tony Montana”, y contra Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol”, ambos cabecillas del narcotráfico en el país. En 2017, impuso la misma medida contra Pedro Pérez Miranda, conocido como “Peter Ferrari”, vinculado al lavado de dinero a través de la exportación ilegal de oro.
En 2014, también ordenó la detención del entonces gobernador regional de Áncash, César Álvarez, por el caso «La Centralita». Álvarez fue luego condenado a 19 años de prisión. Cada uno de estos casos reafirma el perfil de un juez que no hace distinciones entre políticos, empresarios o criminales. Aquí no se trata de poner las manos al fuego por Concepción Carhuancho, porque sus acciones podrían ser perfectibles. No obstante, a través de ellas en los últimos años podemos colegir que su norte es la legalidad, aunque esta incomode.
El poder lo contraataca
En enero de 2020, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó prisión preventiva contra el exalcalde del Callao Juan Sotomayor y el excongresista de Fuerza Popular Víctor Albrecht, por corrupción en el caso de la empresa municipal ‘Slimp Callao’. Más recientemente, en noviembre de 2024, dictó detención preliminar contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y contra su abogado Mateo Castañeda, por organización criminal en el caso “Los Waykis en la sombra”.

Ante semejante prontuario de decisiones contra figuras influyentes, no sorprende que el sistema intente neutralizarlo. La ofensiva más reciente ha sido la difusión de un audio donde supuestamente el juez emitía opinión anticipada. Sin embargo, Concepción Carhuancho ha salido a desmentirlo con firmeza: “Ese audio es falso, trucho, es bamba. Ha sido creado con la finalidad de desprestigiarme”, declaró en una emisora local.
La fabricación de pruebas y la guerra sucia no son nuevas en contextos donde se quiere destruir a quienes tocan intereses prohibidos.
La consigna es deshacerse de Concepción Carhuancho
Retirar al juez Richard Concepción Carhuancho de los casos más sensibles no solo busca frenar procesos. Envía un mensaje de advertencia a todos los jueces del país: “quien ose enfrentar al poder será removido”. Se trata de un intento de restaurar un orden perverso donde los ricos, los políticos corruptos, los mineros ilegales y los narcotraficantes operan con total impunidad, sabiendo que el sistema judicial está a su servicio.
Las fuerzas que desean verlo fuera no se limitan a lo legal. Son políticas, empresariales y mediáticas. Actúan en las sombras, con recursos, influencias y conexiones que operan para construir impunidad. Lo que está en disputa no es el cargo de un juez, sino el principio republicano de que nadie está por encima de la ley.

El Perú, con todas sus heridas institucionales, no puede permitirse perder a los pocos jueces que todavía creen en la justicia como un bien público, y no como una mercancía negociable. Cautelar la labor de Concepción Carhuancho no es defender a un magistrado; es defender la posibilidad de un país distinto.
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