Política
El arma de Vladimir Cerrón
El 03 de septiembre la Gerencia de Armas de Sucamec inhabilitó de por vida a Vladimir Cerrón por contar con sentencia penal; sin embargo, de manera sorpresiva actualmente el fundador de Perú Libre figura con licencia vigente para portar su pistola Glock. Aquí el informe.
El exgobernador regional por Junín, Vladimir Cerrón Rojas, solicitó a SUCAMEC la renovación de su licencia de arma de fuego, pero en vista que tiene antecedentes penales y judiciales, la Gerencia de Armas de la entidad en mención se la negó; sin embargo y a pesar de la resolución que lo declaró inhabilitado, la Sucamec le amplió al líder de Perú Libre su licencia para portar su arma de fuego hasta el 30 de junio de 2022.
¿Cómo es posible que Sucamec primero deniegue una renovación de licencia basándose en la normativa y al poco tiempo la renueve?
El 21 de junio de 2017 la Sucamec autorizó y le emitió a Vladimir Cerrón Rojas, una licencia de uso de arma de fuego Nº 7058536 para su defensa personal.
Luego su licencia venció el 21 de junio de 2020, pero el señor Cerrón Rojas no emprendió ningún trámite de renovación, porque el país se encontraba en plena pandemia, y como cualquier otro administrado, recién el 18 de agosto de este año realizó su trámite en SUCAMEC para solicitar a través del expediente Nº 202100226109, la renovación de la misma.
Sin embargo, en virtud al principio de Verdad Material contenido en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley Nº 27444, la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos (GAMAC) luego de haber realizado la búsqueda en el MSIAP, se advirtió que el ciudadano Vladimir Cerrón Rojas cuenta con Registro histórico de Antecedente Penal por delito doloso, conforme se detalla en el siguiente cuadro:
Posteriormente, la Gerencia luego de haber realizado la búsqueda en el Servicio de Información Web, pudo advertir que Cerrón Rojas registra antecedentes judiciales vigentes por delito doloso, en la modalidad de Negociación Incompatible, detallado a continuación:
Por otro lado, la SUCAMEC solicitó información a la Policía Nacional del Perú respecto a los Antecedentes Policiales del ciudadano en mención y se informó que Cerrón Rojas registra Antecedentes Policiales por el delito de Negociación Incompatible; por lo tanto, la Gerencia de Armas verificó que el exgobernador regional de Junín estaría contraviniendo lo señalado en el literal a) del artículo 7 de la Ley de Armas de Fuego Nº 30299, el cual establece que, como condición para obtener y renovar una licencia de uso, no se debe contar con antecedentes judiciales ni policiales por delitos dolosos. Eso significa que el solicitante no tenga registro vigente ante el Sistema Penitenciario, por incumplimiento de pena privativa de libertad.
Asimismo, la Gerencia de Armas precisó en su Resolución Nº 4149-2021-Sucamec-Gamac que la denegatoria a la solicitud que presentó Cerrón Rojas se sustenta observando el interés público, el cual fija el equilibrio entre una posible autorización a favor del administrado y las consecuencias de ejercer dicha autorización dentro de un contexto de convivencia pacífica. En este sentido el interés público se constituye como la base de toda decisión administrativa, por lo que, teniendo en cuenta que poseer un arma de fuego no es un derecho en nuestro ordenamiento jurídico, por ser una prerrogativa del Estado como regulador a través de SUCAMEC, la GAMAC consideró que Vladimir Cerrón Rojas al registrar antecedentes penales, judiciales y policiales no resulta una persona idónea para uso y porte de armas de fuego.
Por lo tanto, tal como establece el numeral 29.1 del artículo 29º del Reglamento de la Ley, el señor Cerrón Rojas debió internar en los almacenes de la SUCAMEC y de manera definitiva la pistola Glock 25 que tiene en posesión, y tuvo 15 días hábiles para hacerlo. Sin embargo, a pesar de la resolución de GAMAC, que es clara en su imposición de no otorgarle una ampliación y/o renovación, el líder de Perú Libre no internó la pistola y goza de una licencia de uso de armas vigente hasta el próximo año, contraviniendo y desacatando bajo todo concepto, lo que ordena la ley.
Hay que señalar que la pistola Glock 25 es un arma de fuego de procedencia austriaca y tiene una gran performance por ser ligera. Su calibre es de 380 y tiene una capacidad de abastecimiento de 15 tiros.
Resolución de SUCAMEC que inhabilita a Vladimir Cerrón
En la Resolución de Gerencia Nº 4149-2021-SUCAMEC-GAMAC, el entonces Gerente de Armas, Municiones y Artículos Conexos, Héctor Manuel Gonzales Veramendi, basado en el Informe de Licencias Nº 4084-2021-SUCAMEC-GAMAC-UFNO-LTP del 03 de septiembre, realizado por el Analista III de Licencias, Óscar Alberto Delgado Debernardi, que recomendó desestimar la solicitud del expediente Nº 202100226109 de renovación de licencia de uso de arma de fuego y disponer la cancelación de la misma, resolvió:
Desestimar la solicitud de renovación de licencia de uso de arma de fuego presentada por el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas por contar con Registro de Antecedentes Penales, Judiciales y Policiales por delito doloso.
Cancelar la licencia de uso de arma de fuego emitida en favor del señor Vladimir Roy Cerrón Rojas.
Incorporar los datos del señor Vladimir Roy Cerrón Rojas en el Registro de Personas Inhabilitadas de la SUCAMEC.
Disponer que el señor Vladimir Roy Cerrón Rojas, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados desde la notificación de la respectiva resolución, realice el internamiento definitivo del arma de fuego, la cual se encuentra en posesión del ciudadano.
Poner en conocimiento a la Gerencia de Control y Fiscalización el requerimiento de internamiento del arma de fuego, la cual se encuentra en posesión del ciudadano.
Notificar la presente Resolución de Gerencia, así como el Informe de Licencias que la motiva, al señor Vladimir Roy Cerrón Rojas, según lo establecido en los artículos 20º y 21º del TUO de la Ley Nº 27444.
Sin embargo, nada de eso se cumplió y actualmente, el señor Vladimir Cerrón Rojas puede portar su pistola Glock 25, porque de modo inexplicable y sorprendente, en el propio sistema de SUCAMEC figura la Constancia de Registro de Licencia de Uso y Tarjetas de Propiedad de Armas de Fuego que suscribe que Cerrón Rojas se encuentra HABILITADO y que su licencia está regularizada y en la condición de VIGENTE, con fecha de vencimiento: 30 de junio de 2022.
Aquella situación configura un delito, si tomamos en cuenta que la Ley de Armas de Fuego de Uso Civil Nº 30299 establece que las personas (administrados) que tienen antecedentes penales, automáticamente quedan inhabilitadas de por vida para obtener licencias de armas de fuego, porque la norma ordena que se les tiene que decomisar las armas que poseen ilegalmente.
GAMAC inhabilitó a Cerrón para que no porte armas de fuego, pero luego en SUCAMEC lo habilitaron
Según nuestra fuente, en el momento que Cerrón realizó su trámite para solicitar la renovación de licencia de arma de fuego, el Superintendente de SUCAMEC, Juan Antonio Álvarez Manrique “le ordenó” al entonces Gerente de GAMAC Héctor Manuel Gonzales Veramendi que renueve la licencia del exgobernador regional de Junín; sin embargo, Gonzales Veramendi no le hizo caso y simplemente cumplió con su trabajo ciñéndose a la ley y mediante una resolución debidamente motivada le negó a Cerrón la renovación de su licencia, porque éste tiene antecedentes penales y judiciales, y luego de esa decisión, el 12 de septiembre retiraron del cargo a Gonzales Veramendi, y como “castigo” lo enviaron a una sede del Callao como Intendente de la Intendencia Regional I.
Asimismo, Gonzáles Veramendi mediante la Resolución de Superintendencia Nº 708-2021, recién acaba de ser separado definitivamente de la SUCAMEC desde el 25 de septiembre, por orden del Superintendente Juan Antonio Álvarez Manrique. ¿Acaso una clara represalia por no favorecer a Cerrón?
El comandante Gonzales Veramendi, apenas duró 11 días en la Intendencia Regional I, ya que como “castigo” lo pusieron en ese cargo desde el 13 de septiembre pasado, luego de haber gerenciado en GAMAC desde el 16 de diciembre de 2020.
El actual Jefe de SUCAMEC salió de Migraciones por múltiples denuncias
¿Quién es el actual jefe de Sucamec Juan Antonio Álvarez Manrique? Él es un General de la Policía Nacional en situación de retiro y tiene varios estudios académicos, como maestrías y especializaciones en ESAN y en el CAEN.
También fue designado Director General de Migraciones durante el gobierno de Alan García, el 25 de enero de 2008; sin embargo, fue separado del cargo el 15 de noviembre de 2010, tras denuncias por despilfarro de dinero, por haber pagado altísimos honorarios a sus abogados con el dinero del Estado, por el proceso que se le seguía por haber favorecido y permitido que en marzo de 2008 los requisitoriados por la PNP Guillermo Tardío Rodríguez, Eric Bartoli Orlandini y Nancy Reátegui Noriega, fuguen del país.
No obstante, en 2012, tres jueces del Callao que llevaban el caso de la fuga de los requisitoriados, decidieron que no había mérito para seguir con el juicio oral a Álvarez Manrique, porque el presunto delito de abuso de autoridad ya había prescrito. Seguidamente, el alto oficial policial se desempeñó en diferentes cargos, como consultor en seguridad en la Embajada de Japón, Gerente de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad Distrital del Rímac, entre otros cargos como asesor y consultor, hasta que el transitorio encargado de Palacio de Gobierno Francisco Sagasti y el defenestrado exministro del Interior Rubén Vargas, lo nombraron jefe de la Sucamec, a través de la Resolución Suprema Nº 116-2020-IN, el 27 de noviembre de 2020; es decir, ya tiene en el cargo 10 meses.
Caos en Sucamec
Así las cosas, dentro de Sucamec el ambiente laboral se encuentra en un verdadero desbarajuste, y las rencillas entre los funcionarios siguen acrecentándose; incluso, el personal que trabaja en sus oficinas ya tiene dos meses sin cobrar haberes, porque solo pagan a los asesores y gerentes; es decir, hay un desgobierno institucional que ya requiere ser intervenido por Contraloría.
Incluso, hace unos días, el 24 de septiembre han designado al nuevo Gerente de GAMAC, Hernán Luque Málaga, en reemplazo del coronel de la PNP Jorge Abel Linares Ripalda, que solo estuvo dos semanas en el cargo. Curiosamente Linares Ripalda, reemplazó al comandante EP, Héctor Gonzales Veramendi, el 12 de septiembre.
¿Por qué cambian en menos de un mes a tres gerentes de GAMAC? Si tomamos en cuenta, que esa importante Gerencia en la Sucamec se debe mantener estable y operativa, porque es la que se encarga de dar trámite a las expediciones de las licencias de uso de armas de fuego.
Esperemos que el ministro del Interior Juan Carrasco, explique sobre la reciente habilitación otorgada por Sucamec a favor de Vladimir Cerrón.
ACTUALIZACIÓN
Según nuestra fuente, luego de nuestra publicación en la Sucamec se pretendería cambiar en el sistema la condición de HABILITADO por INHABILITADO.
Política
Ministro de Educación Morgan Quero, investigado por discriminación, es defendido con fondos del Minedu
¿Uso legítimo o abuso de recursos públicos? ¿Por qué se normalizó el despilfarro de dinero?
El Ministerio de Educación aprobó —mediante resolución de Secretaría General N.º 208-2024-MINEDU — otorgar defensa legal al ministro de Educación Morgan Quero Gaime con fondos públicos, pese a estar denunciado por presunta discriminación contra el pueblo Awajún.
En aplicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N.º 004-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles” —modificada por las Resoluciones N.º 185-2016-SERVIR-PE y N.º 103-2017-SERVIR-PE— el Ministerio de Educación a venido otorgando defensa legal a funcionarios y exfuncionarios. Esta normativa, en su numeral 6.1, establece, entre otros requisitos, que para acceder a dicho beneficio se debe presentar una solicitud expresa dirigida al titular de la entidad, cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva.
Con la Resolución de Secretaría General N.º 111-2024-MINEDU de fecha 2 de julio de 2024, el Ministerio de educación aprobó la defensa legal de Ana del Pilar López Rodas, exdirectora general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación, por presunta comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de discriminación e incitación a la discriminación. Acusación que comparte junto al actual ministro de Educación Morgan Niccolo Quero Gaime.
En efecto, mediante la Resolución de Secretaría General N.º 208-2024-MINEDU, publicada el 31 de octubre de 2024, se declara procedente el otorgamiento del beneficio de defensa legal a favor del actual titular del sector.
Cabe señalar que, el actual representante del MINEDU, es investigado por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima, en el marco de una investigación preparatoria, a raíz de sus declaraciones del 10 de junio de 2024, en las que afirmó:
“[…] Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación con los descargos que correspondan […]”.
Estas declaraciones se emitieron en relación con los casos de violencia sexual contra menores de edad ocurridos en la UGEL Condorcanqui, vinculados a poblaciones nativas Awajún y Wampis.
La norma Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 185-2016-SERVIR-PE, “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles”. – Anexo 2, toda vez que en su numeral 6.2 de la establece cuándo NO procede otorgar defensa legal. Entre los supuestos menciona:
Literal b) Cuando el solicitante no tenga la calidad de denunciado, investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable de ser el caso haya sido citado para la actuación de alguna prueba en los procesos, procedimientos previos o investigaciones a que se refiere el numeral 5.2 del Artículo 5 de la presente Directiva, los hechos imputados no estén vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de gestión en su oportunidad como servidor civil o ex servidor civil de la respectiva entidad, derivadas del ejercicio de la función pública.(el subrayado es nuestro)
¿Se justifica el uso de recursos del Estado para defender declaraciones que podrían constituir actos discriminatorios? ¿Acaso las presuntas declaraciones discriminatorias forman parte del «ejercicio regular» de funciones del ministro Morgan Quero? ¿Es un «criterio de gestión» insultar a un pueblo originario como el Awajún?
Si bien es cierto que el ministro actuaba en calidad de funcionario público al momento de las declaraciones, ello no implica per se que sus expresiones estén cubiertas por el marco funcional de su cargo. En este caso, las expresiones atribuidas al ministro —según la denuncia presentada por la congresista Ruth Luque Ibarra — no solo carecen de justificación funcional, sino que colisionan especialmente si éstas contravienen principios constitucionales como el respeto a la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la protección de los pueblos indígenas (artículos 1, 2 y 89 de la Constitución Política del Perú).
El caso del ministro Morgan Quero es particularmente indignante. Un alto funcionario acusado de emitir declaraciones discriminatorias contra el pueblo originario Awajún, y el Estado —nuestro dinero— pagando por su defensa. Como si las palabras que hieren a nuestras etnias fueran parte del deber ministerial. Como si ofender fuera una prerrogativa del cargo.
Resulta profundamente preocupante que, ante esta denuncia, algunos actores políticos y gremiales hayan salido a respaldar al ministro sin siquiera considerar la realidad estructural de exclusión que enfrentan las comunidades Awajún y Wampis no solo en el departamento de Amazonas.
Este caso amerita una revisión urgente por parte de la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General de la República y el Congreso de la República. La defensa legal con fondos públicos debe proteger el cumplimiento del deber, no blindar actos reprochables.
El artículo 77 de la Constitución establece que el uso de los recursos públicos debe estar orientado a fines de interés general. En consecuencia, el financiamiento de la defensa legal de un ministro acusado de realizar expresiones discriminatorias genera un conflicto ético-administrativo, pues se estaría utilizando dinero de todos los peruanos para proteger actos que podrían constituir una afectación directa a un sector históricamente vulnerado como el pueblo Awajún.
En términos de control de legalidad, corresponde evaluar si este acto administrativo —aunque aparentemente válido en su forma— resulta ilegítimo por su contenido y por la finalidad que persigue.
¿Es este el Perú que queremos? ¿Uno donde la discriminación se protege con fondos públicos mientras las comunidades indígenas luchan por ser escuchadas?
Según la Resolución de Secretaría General N.º 087-2025-MINEDU, se formalizó una modificación presupuestaria por 970,950 soles al rubro Defensa Judicial del Estado. Si bien este fondo está legalmente destinado a la defensa jurídica del Estado como institución, existe el riesgo de que parte de estos recursos termine beneficiando a funcionarios de alto nivel involucrados en procesos legales por actos realizados durante su gestión. Esto abre una legítima preocupación ciudadana: ¿estamos financiando con recursos públicos una defensa que debería ser personal?
Política
Minedu cubre defensa del exministro Daniel Alfaro y el actual ministro Morgan Quero y otros 17 funcionarios
Con dinero de todos los peruanos se paga a abogados que defienden a exfuncionarios y funcionarios con problemas legales en el Ministerio de Educación.
Durante la gestión del ministro de Educación, Morgan Niccolo Quero Gaime, entre abril de 2024 y abril de 2025, la Secretaría General del Ministerio de Educación emitió 21 resoluciones mediante las cuales se concedió defensa legal a 19 personas —entre funcionarios y exfuncionarios— involucrados en procesos judiciales, investigaciones fiscales y administrativas, en el marco de presuntas responsabilidades derivadas del ejercicio de sus funciones.
En el ajedrez político del Perú, hay piezas que se mueven solas. No importa si están en jaque, si cometieron errores, o si su jugada fue torpe: el tablero se inclina siempre a su favor. ¿Por qué? Porque el Estado ha decidido que ciertos jugadores merecen protección. No importa el color de su ficha ni las reglas del juego.
En aplicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N.º 004-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles” —modificada por las Resoluciones N.º 185-2016-SERVIR-PE y N.º 103-2017-SERVIR-PE—, ha venido otorgando defensa legal a funcionarios y exfuncionarios. Esta normativa, en su numeral 6.1, establece, entre otros requisitos, que para acceder a dicho beneficio se debe presentar una solicitud expresa dirigida al titular de la entidad, cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva.
Bajo este marco, se han aprobado 19 defensas legales a favor de funcionarios y exfuncionarios del sector. Aunque se argumenta que el procedimiento se ajusta a la norma, en la práctica se configura un sistema desigual donde los beneficios se otorgan de manera selectiva. Mientras a algunos se les rechaza la solicitud sin mayor explicación, otros —incluido el exministro Daniel Alfaro, el ministro Morgan Quero Nicollo y exfuncionarios— reciben el respaldo del Estado como si se tratara de un privilegio garantizado.
Daniel Alfaro fue ministro de Educación del investigado expresidente Martín Vizcarra.
Entre los beneficiados destacan:
- Ruth Marina Vilca Tasayco, exjefa encargada de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resolución N° 063-2024-MINEDU, Expediente N° 12819-2023, 04/04/2024, presunta indemnización por daños y perjuicios al MINEDU).
- Rossana María Zurita Silva, exasesora Pedagógica para la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación (Resolución N° 077-2024-MINEDU, Expediente N° 04529-2021, 18/04/2024, presunta comisión del delito de exhibiciones obscena en material educativo).
- Leoncio Delgado Uribe, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 080-2024-MINEDU, Expediente N° 01938-2023 y Expediente N° 17692-2021-0-1801-JR-LA-84, 25/04/2024 y 03/03/2025, ambos por presunta indemnización por daños y perjuicios al Estado).
- Willy Arturo Olivera Absi, exjefe de la Oficina De Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 082-2024-MINEDU y N° 120-2024-MINEDU, Expedientes distintos, 25/04/2024 y 2/07/2024, presunta indemnización por daños y perjuicios al Estado).
- Raúl Antonio Moral Guillén, excoordinador Regional en Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres 09 de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación (Resolución N° 083-2024-MINEDU, PAD, 26/04/2024, presunto incumplimiento de funciones).
- Víctor Enmanuel Luján Ccorahua, excoordinador Regional en Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres 09 de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación (Resolución N° 101-2024-MINEDU, PAD, 22/05/2024, presuntamente, incumplimiento de funciones).
- Ana Del Pilar López Rodas, exdirectora general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe, y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación (Resolución N° 111-2024-MINEDU, investigación fiscal, 2/07/2024, presunto delito contra la humanidad, discriminación).
- Catalina Julietta Horna Melo, , excoordinadora del Área de Estudios y Proyectos de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 126-2024-MINEDU, Expediente judicial, 11/07/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
- Hernán Jesús Navarro Franco, exencargado de la Unidad de Planeamiento y Normatividad de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación(Resolución N° 160-2024-MINEDU, Expediente N° 03001-2024, 9/09/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
- Iván Jimy La Rosa Tong, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resoluciones N° 181-2024-MINEDU y N° 238-2024-MINEDU, expedientes distintos, 27/09/2024 y 13/12/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
- Ruth Angélica Ho González, exjefa de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resoluciones N° 183-2024-MINEDU y N° 184-2024-MINEDU, casos fiscales, 1/10/2024, presunta negociación incompatible).
- Daniel Alfaro Paredes, exministro de Educación, (Resolución N° 193-2024-MINEDU, juicio oral, 16/10/2024, presunta omisión funcional),
- Morgan Niccolo Quero Gaime, actual ministro de Educación (Resolución N° 208-2024-MINEDU, denuncia fiscal, 31/10/2024, presunto delito contra la humanidad, discriminación).
- Eric Franklin Paz Meléndez, exjefe de la Oficina de asesoría Jurídica del Ministerio de Educación(Resolución N° 215-2024-MINEDU, Expediente N° 05605-2024, 13/11/2024, presunta, indemnización por daños y perjuicios en perjuicio de la Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del Ministerio de Educación).
- Iván Jimy La Rosa Tong, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 238-2024-MINEDU, Expediente N° 03001-2024, 9/09/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – Ministerio de Educación.
- Fiorella Angélica Noguera Mendieta (Resolución N° 018-2025-MINEDU, caso fiscal, 22/01/2025, presunta negociación incompatible).
- Yovana Alfaro Ramos, exjefa de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resolución N° 026-2025-MINEDU, caso fiscal, 30/01/2025, presunta negociación incompatible).
- María Julia Martínez Reyes, excoordinadora macrorregional de la Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento de la Oficina de Infraestructura Educativa (Resolución N° 037-2025-MINEDU, Expediente N° 04492-2024, 14/02/2025, presunta indemnización de daños y perjuicios al Ministerio de educación).
- Nataly Luza Chacón, Especialista Senior en Remuneraciones de la Oficina de Gestión de Personal de la Oficina General de Recursos Humanos (Resolución N° 085-2025-MINEDU, PAD, 9/04/2025, presunta falta disciplinaria).
Casos improcedentes, no recibieron el beneficio de defensa legal de parte del Ministerio de Educación: Roberto Carlos Arrieta Casas – R.M. N.º 140-2024-MINEDU – 05/08/2024 y Rubén Jaramillo Zavala – R.M. N.º 141-2024-MINEDU – 05/08/2024.
Entre los funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Educación involucrados en procedimientos judiciales y administrativos durante el 2024 y 2025, destacan; Ruth Marina Vilca Tasayco, exresponsable del Programa de Nacional de Dotación de Materiales Educativos del Ministerio de Educación, como se recuerda habría estado involucrada en la compra de computadoras por 146 millones de soles, en la gestión del ex ministro de Educación Jaime Saavedra, lo que provocó su interpelación y censura.
En el caso de Rossana María Zurita Silva, exasesora Pedagógica para la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, estaría implicada en la investigación por ser coautora del texto escolar en el que se incluía un enlace con contenido sexual inapropiado para los estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria, situación que ocasionó la interpelación de la exministra de Educación Flor Pablo Medina en el gobierno de Martín Vizcarra.
Política
La buena fortuna de Vladimir Cerrón: en cuestión de meses anulan dos sentencias en su contra y ahora el Gobierno ya no ofrece recompensa por su captura
Cabe recordar que sobre el fundador de Perú Libre aún recae una orden de 24 meses de prisión preventiva por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.
Dos de tres. “Abran campo para la reaparición de Vladimir Cerrón”, pareciera decir la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien ya viene contando los días para su salida de Palacio de Gobierno, no sin antes retirar del camino las piedras y obstáculos del escurridizo líder de Perú Libre, quien en los últimos meses la buena fortuna, y ciertos fallos legales, le vienen sonriendo de par en par.
Y es que hasta hace unos días se ofrecía por el ideólogo del partido del lápiz hasta 500 mil soles por su captura, pero al realizarse una consulta rápida al portal de recompensas del Estado su nombre ya no figura en la lista de los más buscados.
Como se recuerda, a finales de diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) le anuló una condena efectiva de 3 años y 6 meses por el denominado caso ‘Aeródromo Wanka’. En esa ocasión la Corte había concluido que no se había demostrado el delito de colusión simple, ya que la firma del contrato entre el gobierno regional de Junín y el Consorcio Aeródromo Wanka no evidenciaba concertación dolosa ni intención de perjudicar al Estado.
Meses después, en marzo del año en curso, el mismo alto tribunal también le anuló la condena impuesta por negociación incompatible en el caso ‘La Oroya’. De acuerdo al TC, tanto la sentencia original como la resolución de apelación carecían de motivación suficiente al no establecer con claridad los hechos que demostrarían un favorecimiento indebido a un contratista ni el rol específico de Cerrón Rojas en los supuestos delitos.
En ambas ocasiones el ex gobernador de Junín denunció ser un “perseguido político”.
Sin embargo, aún queda en pie una orden de prisión preventiva de 24 meses contra Vladimir Cerrón por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ y los presuntos aportes ilegales de su partido que habrían favorecido las campañas de Pedro Castillo y Dina Boluarte.
Resulta relevante recalcar que en la actualidad el líder de Perú Libre no cuenta con condena alguna en su contra, así como de no tener inhabilitación alguna para ejercer cualquier cargo de elección popular, pudiendo postularse como alcalde, diputado o senador.
El dato:
No solo Vladimir Cerrón ha sido borrado del mapa del Programa de Recompensas del Mininter. El ex ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, también abandonó la lista de los más buscados. Él se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de dos años.
Política
Detectan que partido de Martín Vizcarra falsificó 5 mil firmas para su inscripción [VIDEO]
Reniec indicó que durante proceso de inscripción de partido Perú Primero del ex presidente se encontró la firma de afiliados sin haber dado su consentimiento.
Política
Alcaldes del Cusco denuncian maltrato durante ceremonia del Premio Nacional Sello Municipal [VIDEO]
Burgomaestres viajaron a la capital para recibir una placa de reconocimiento, pero esta nunca llegó. Alcaldes denuncian improvisación y maltrato por parte de la presidenta Dina Boluarte y ministra Leslie Urteaga.
Política
IRTP es copado por Fuerza Popular, Ninoska Chandía prepararía terreno para campaña electoral
La presidenta del IRTP ratificó a exjefe de prensa de Fuerza Popular, Christian Peralta Navarrete. Primero aceptó su renuncia y al día siguiente lo designó como su asesor II. Anteriormente él trabajó en el Parlamento gracias a los fujimoristas y habría formado un grupo de ‘cuentas falsas’ contra opositores. Con el nuevo ROF ratificaron a más ‘allegados’ en sus cargos de confianza.
Las movidas y reacomodos dentro del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP,) continúan bajo la jefatura de su presidenta ejecutiva Ninoska Chandía Roque. Como se recuerda, el mes pasado, exactamente el 10 de marzo, mediante Resolución de Jefatura n.° 000007-2025-IRTP-JE designó bajo el régimen CAS como hombre de su confianza a Christian Clemente Peralta Navarrete en el cargo de Asesor de la Jefatura Institucional de la entidad estatal.
Han transcurrido apenas 42 días desde su designación, y mediante Resolución de Jefatura n.° 000022-2025-IRTP-JE, del martes 22 de abril, la señora Chandía Roque resuelve aceptar la renuncia de Peralta Navarrete; y al día siguiente, mediante la Resolución de Jefatura n.° 000023-2025-IRTP-JE publicada el miércoles 23 de abril, decide contratar nuevamente a Peralta Navarrete como servidor de confianza, esta vez como Asesor II (bajo el régimen laboral D.L 1057).
Con nuevo ROF en IRTP hay todo un ‘mejunje’ interno
Resulta que desde la jefatura del IRTP liderada por Ninoska Chandía y desde la Oficina de Gerencia General comandada por José Ernesto Vidal Fernández, dieron el visto bueno a un ramillete de personajes que ya pertenecían a la casa televisora y radial, tras haber elaborado informes y memorandos dirigidos a la Oficina de Gestión de Talento Humano “confirmando” que de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP-P), “los elegidos” cumplen con la totalidad de requisitos exigidos para los cargos asignados.
Es decir, las “ratificaciones” se basaron en el nuevo Reglamento de Organización Y Funciones del IRTP (ROF), que la señora Ninoska aprobó el 06 de febrero del 2025, el cual consta de 02 títulos y 81 artículos, dizque porque era necesario, en honor a la “modernización de la gestión del Estado”.
Servidores fueron ‘ratificados’ en sus cargos de confianza
Pero no solo el extrabajador de la bancada de Fuerza Popular y del exministro Demartini, Christian Clemente Peralta Navarrete, acaba de ser ratificado y/o reasignado en el IRTP, como asesor II de la Jefatura de la entidad.
La señora Ninoska Chandía también designó a Graciela Elizabeth Ramírez Alberca, en el cargo de Asesora II, quien apenas hace 4 meses Julio Demartini la designó como asesora en el Midis; a Víctor Raúl Ahumada Bastidas, en el cargo de Asesor I de la Gerencia General; a Nelly Flor Ramos García, también como Asesora I de la Gerencia General; a Rogger Mauro Gallardo Kruger, como Jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental; a Carlos Alfredo Castro Gao, como Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a Jorge Ricardo Tisnado Ipanaque, como Jefe de la Unidad de Logística; y a Jean Carlos Chávez García, como Jefe de la Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Ex jefe de prensa de Fuerza Popular continúa como asesor de IRTP
El Asesor II de la jefatura del IRTP, Christian Clemente Peralta Navarrete tiene en su historial una serie de nombramientos vinculados al partido de Keiko Fujimori y al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. No solo llegó al Congreso que tuvo mayoría fujimorista (73 curules) en 2016, sino que lo hizo como parte de la jefatura de comunicaciones del Legislativo, por lo que tuvo a su cargo el canal de televisión del Congreso.
Ese mismo año, el semanario Hildebrandt en sus 13 publicó un reportaje en el que se indicaba que Peralta Navarrete había creado al interior del Parlamento un “escuadrón fujitroll” encargado del “asesinato simbólico de los adversarios”, una serie de publicaciones en redes sociales para confrontar a los enemigos u opositores a Fuerza Popular.
En junio del 2018, luego de un reportaje en Cuarto Poder que hizo eco de la denuncia hecha por Hildebrandt en sus 13, Peralta Navarrete negó públicamente que estuviese a cargo de una red de ‘fujitrolls’.
“Efectivamente, se ha fortalecido el área de Redes Sociales. El Congreso, al igual que los medios, se está volviendo multiplataforma (…) antes teníamos a dos personas (…) Toda la vida dicen que yo particularmente dirijo una red de ‘fujitrolls’ y eso es falso”, afirmó luego de ser cuestionado por la contratación de 12 personas más en esta área.
Un artículo difundido por Ojo Público afirma que entre noviembre del año 2023 y febrero del 2024, Christian Peralta Navarrete también fue asesor del cuestionado exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, que dejó el cargo a finales de enero de este año, en medio del escándalo de corrupción por el Caso ‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’. En febrero del 2024, Demartini nombró a Christian Peralta Navarrete en la Oficina de Comunicación e Imagen del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Midis, aunque este nombramiento se mantuvo solo por unos días, entre el 16 de febrero y el 28 de febrero de ese año. Al menos hasta junio del año 2024, se reportó que Peralta Navarrete era el subgerente de comunicaciones de EsSalud; y actualmente, continúa formando parte del circulo de confianza de la allegada a Nicanor Boluarte, la presidenta ejecutiva del IRTP, Ninoska Chandía Roque.
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