Política
Eduardo Guzmán cancela programas y despide masivamente a trabajadores de IRTP
El Presidente Ejecutivo de IRTP sorpresivamente comenzó a cancelar programas y despedir a los trabajadores que llevan años en el canal del Estado.
En la quincena de marzo del 2020, Eduardo Guzmán reunió a todos los trabajadores y en voz alta les dijo: “No se preocupen. A nadie se le va a despedir. Esta es una emergencia sanitaria y les garantizo que no se despedirá a ningún trabajador por no venir”. Su promesa fue un falso mensaje. Aquí los detalles sobre los despidos que viene ocurriendo en el canal del Estado.
¿Qué está pasando en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú? han empezado los despidos masivos de varios profesionales con años de servicios debido a las decisiones de su actual presidente Eduardo Guzmán Iturbe. En plena pandemia los trabajadores se quedan en la calle.
Asimismo, la cultura parece ser el peor enemigo de Guzmán porque se han cancelado programas culturales como Costumbres, que luego de 20 años salió del aire hace solo dos meses; lo mismo, sucedió con el programa de cine El placer de los Ojos, que luego de 20 años de emisiones, también salió del aire en el mes de noviembre, aunque esa decisión la tomó su conductor Ricardo Bedoya.
También, se acaba de levantar de la programación del canal estatal, el emblemático Presencia Cultural, un programa que permaneció en el aire 38 años; no obstante, cuando le preguntamos a Alonso Rabí por su salida de la programación, él se abstuvo de hablar y prefirió guardar silencio.
Así las cosas, volviendo al tema de los despidos, según nuestra fuente, Eduardo Guzmán en principio, tuvo previsto despedir a poco más de 20 trabajadores de forma sistemática; es decir, desde diciembre de 2020 y enero de 2021. Pero como la noticia se ha ido haciendo más notoria en redes, por el momento, se ha detenido la entrega de cartas notariales de despidos programadas para esta semana.
La carta de despido señala lo siguiente: «A fin de cumplir con las formalidades del caso, le agradeceremos efectuar la respectiva entrega de cargo y los bienes patrimoniales asignados con el superior jerárquico del área donde presta sus servicios. Finalmente, aprovecho la oportunidad también para expresarle nuestro agradecimiento por los servicios brindados a nuestra institución».
Los despidos estuvieron planeados, por eso se ordenó renovar contratos CAS por sólo un mes a los trabajadores que serían despedidos. En esa línea, el plan era cursar dos a tres cartas por día, porque si se hacía de un tirón, podría generar más escándalo.
Se han despedido a poco más de diez trabajadores, entres periodistas, especialistas audiovisuales y otros, del régimen CAS y Temporal. Sabemos que al resolverse las modalidades CAS y los contratos Temporales, SERVIR no los considera arbitrarios. Sin embargo, lo que es inhumano y arbitrario, es despedirlos en plena pandemia y en segunda ola creciente, sin una causal grave, mientras la mayoría realizaba un teletrabajo. Muchos de ellos tenían más de 15 años de servicios en el IRTP; pero hoy los echan sin una razón justificada, ya que los despedidos no tienen procesos administrativos abiertos.
Incluso, la Federación de Periodistas del Perú se ha pronunciado al respecto y ha expresado su absoluto rechazo contra estos despidos masivos, por aprovecharse del Covid y presionar a los empleados al trabajo presencial, cuando el riesgo de contagio es inminente. Eduardo Guzmán y su Gerente de Prensa, Renzo Mazzei han impuesto su voluntad y han desacatado las leyes laborales que durante la emergencia sanitaria dispusieron que justamente se implementara el trabajo remoto tanto para el sector público, como para el sector privado como contingencia hasta que concluya la pandemia Covid; no obstante, los trabajadores más cercanos al entorno de Guzmán están protegidos y a los empleados estables no se les asignó teletrabajo y nunca se les presionó y por eso se pasaron toda la pandemia cobrando sus salarios íntegros, con gratificaciones incluidas, sin hacer nada.
Incluso, el exdecano del Colegio de Periodistas, Max Obregón Rossi manifestó lo siguiente:
¡Ni empatía ni respeto!
Eduardo Guzmán y Renzo Mazzei son dos periodistas que por esos azares de la vida cumplen función pública en el instituto Nacional de radio y Televisión. El primero es su presidente Ejecutivo y el segundo gerente de prensa. Aunque más de uno ha cuestionado sus competencias profesionales; lo cierto están allí por decisión del gobierno de turno. Que se hayan sucedido diversas administraciones gubernamentales no les mueve ni un pelo. Bueno, eso es lo de menos para ellos. Ahora para granjearse las simpatías de los moraditos y también para llevar a sus amigos, decidieron prescindir de algunas decenas de trabajadores contratados bajo régimen CAS, incluyendo varios del área de prensa que tienen más de diez años de servicios. Para ello, ya les cursaron cartas notariales e informado que solo laboran hasta fin de mes. No tengo duda que los afectados retornarán en algún tiempo por la puerta grande debido a que las leyes están a su favor. Indigna sí que se llamen periodistas solo por aplaudir como focas a sus domadores.
Aquí la respuesta de Eduardo Guzmán a la publicación en Facebook de Max Obregón Rossi.
¿Quién es Eduardo Guzmán Iturbe?
Ha sido dos veces Presidente Ejecutivo de IRTP. Las dos veces aceptó el cargo para reemplazar a Hugo Coya; la madrina de Guzmán fue Mercedes Araoz. La primera vez, en enero del 2018 cuando Coya renunció por su desacuerdo con el indulto que PPK brindó a Alberto Fujimori.
Posteriormente, Guzmán fue echado del mando de IRTP en mayo del 2018 por el expremier Vicente Zeballos, luego de censurar al congresista Edwin Donayre, quien fue invitado por el productor del programa político, Pepe Mariño, para una entrevista con Enrique Chávez. Aquella vez, Guzmán impidió a toda costa que entrevisten a Donayre y exigió al productor que le anuncie al propio congresista que ya no saldrá al aire. Ante ello, Donayre hizo un escándalo en redes denunciando el veto, porque, además significaba un atentado contra la libre expresión, el pluralismo del canal del Estado, y el derecho a opinar.
La segunda vez que Guzmán asumió como Presidente Ejecutivo, fue en diciembre de 2019, cuando el entonces ministro de Cultura Francesco Petrozzi echó a Coya irregularmente del IRTP. Petrozzi a pesar de ser ministro de Estado, simplemente, obedeció las ordenes de dos funcionarias del expresidente Vizcarra, Mirian Morales y Mónica Moreno, Secretaria General de Palacio de Gobierno y Jefa de Prensa de Palacio de Gobierno, respectivamente. Desde ese momento Eduardo Guzmán asumió nuevamente la presidencia en diciembre del 2019, hasta hoy, en plena pandemia.
Un dato importante: En la primera reunión que Eduardo Guzmán tuvo con los máximos jefes del área de prensa en enero del 2020, él aseguró que el IRTP no tenía presupuesto por culpa de Hugo Coya, quien usó todo el dinero para la producción de la serie El último Bastión. Serie que acaba de ser anunciada en la programación mundial de Netflix. Sin embargo, Guzmán despreció esa producción hecha en casa estatal y se expresó en malos términos, de Coya y de la serie; afirmando, además, que no tenía rating. (ver twitt del 19 de enero, donde Hugo Coya celebra el éxito de la serie que será incluida en Netflix) https://twitter.com/Hcoya/status/1351651812198256642?s=08
Luego, en el mes de noviembre de 2020, durante los escasos 5 días del gobierno de Manuel Merino, Eduardo Guzmán pretendió hacer creer a todos que renunciaría al cargo, luego de sondear que no lo querían, tras la asonada en las calles contra Merino, dijo que renunciaba porque estaba en desacuerdo con aquel gobierno; pero, cuando a los pocos días Merino renunció a la presidencia del Perú, Guzmán se hizo el loco, y como su carta no había cursado el trámite regular a las más altas autoridades, permaneció en el cargo. Al punto que el ministro Alejandro Neyra ni bien fue designado por Francisco Sagasti, lo ratificó prácticamente en IRTP.
Lo mismo, hizo su gerente de Prensa, Renzo Mazzei que también hizo su show y proclamó indignado a todos los medios que anunciaba su renuncia como gerente, porque no aceptaba al gobierno de Manuel Merino; sin embargo, nunca lo hizo. Es decir, se quedó calladito en los fueros de TV Perú, haciendo hora, hasta que luego de la renuncia de Merino, siguió orondo a las órdenes de Guzmán, hasta hoy.
Esa patética conducta, nos hace recordar el doble rasero del ministro del Interior José Elice que asume su responsabilidad política por las muertes de los trabajadores agrarios y que por eso él nunca se aferra a un cargo. Y en la práctica, se está aferrando al cargo y no se digna a renunciar.
Diferencias entre Hugo Coya y el actual Eduardo Guzmán
Según nuestras fuentes de los predios de la avenida José Gálvez, en Santa Beatriz:
Hugo Coya: A simple vista, tiene apariencia de antipático y tiene un carácter raro. Es difícil verlo sonreír, porque es de rostro adusto; sin embargo, es un tipo honesto y muy profesional. Es directo y dice las cosas cuando no funcionan. No entra en mermeladas, ni arreglos. Un directivo fomentador de la meritocracia. Él pudo despedir a mucha gente inepta del IRTP y a otros opuestos ideológicamente, pero jamás lo hizo.
Coya ha conseguido para el IRTP convenios internacionales muy relevantes. Es un perfeccionista de la redacción. Crítico de la productividad del trabajador. Fomenta la capacitación permanente del periodista. Ha dado a todos los productores y asistentes de producción talleres sobre periodismo televisivo en su propio despacho; esa no era su función, pero él fue docente siempre. Consiguió que los errores en pantalla disminuyeran en un 96 %. Instauró autoridad en el IRTP, al punto que los amagues de corrupción disminuyeron.
Atendió a los trabajadores antiguos que ganaron hace algunos años un juicio laboral en el Poder Judicial, porque no les pagaban sus indemnizaciones ordenadas por el juez. En su despacho supervisaba los noticieros en vivo y ante una falla, llamaba de inmediato al switcher para corregir al productor de turno. Asimismo, sabe valorar a la persona y al mérito del trabajador.
Eduardo Guzmán: No es nada inclusivo; solo conversa con el entorno ejecutivo de su alrededor. Es un discriminador. Cuando volvió al IRTP, lo primero que hicieron excompañeros de Guzmán, fue llamar a muchos trabajadores de la empresa para que se cuiden de sus artimañas y que no crean en su palabra, porque nunca cumple lo que promete. Según nuestra fuente, nos relata que en la quincena de marzo del 2020 Guzmán reunió en el pool de prensa a todos los periodistas y en voz alta dirigió estas palabras: “No se preocupen. A nadie se le va a despedir. Esta es una emergencia sanitaria mundial y muchos tenemos que irnos a casa por nuestra salud. Les garantizo que no se despedirá a ningún trabajador por no venir”; y lo primero que ha hecho al finalizar el 2020 y al iniciar el 2021 es despedir a trabajadores del IRTP. «Hizo entregar cartas notariales de despido cuando el trabajador recibía su canasta navideña. Su personalidad es maquiavélica, fría, hipócrita y premeditada. Sólo ayuda a sus amigos. Por eso ha querido meter como sea al IRTP a su amigote Johnny Sánchez Sierra, ex periodista de Frecuencia Latina«, señaló nuestra fuente.
Finalmente, en medio de esto, el ministro de Cultura Alejandro Neyra no se pronuncia. Por fuentes sabemos que Eduardo Guzmán pretende perpetuarse en el cargo en el IRTP obedeciendo las órdenes del gobierno de turno.
No por algo, ha ofrecido toda la logística del IRTP y todos los noticieros para apoyar la campaña de Julio Guzmán y Martín Vizcarra. Eso significa: dar cobertura mediática, transmitir en vivo, e invitarlos al set a cada momento, no solo a Julio Guzmán y a Vizcarra; también a los otros candidatos del Partido Morado.
Eduardo Guzmán tiene el mismo apellido de Julio Guzmán y de eso hace alarde con los asesores del candidato Guzmán. El mismo alarde que hace el conductor Enrique Chávez, por su relación laboral en Caretas con Francisco Sagasti cuando fue columnista.
Todo indica que, con estos despidos masivos, Eduardo Guzmán pretende hacer una especie de lobby con el Partido Morado y con el de Vizcarra-Salaverry para, entregarles el canal durante la campaña electoral, a cambio de ser ratificado en el cargo en el nuevo gobierno, si es que ganan las elecciones.
Pero más allá de la decisión que ha tomado Eduardo Guzmán, habría que preguntarse ¿Quién le ordenó que realice aquellos despidos? Si tomamos en cuenta que la habitual dinámica de siempre, obedecería a órdenes desde Palacio de Gobierno y la PCM.
Nos comunicamos vía telefónica con el despacho de Eduardo Guzmán y su Gerente de Prensa Renzo Mazzei, pero no tuvimos respuesta.
Política
Mineros informales amenazan con romper diálogo si el Gobierno no cede a sus reclamos
Mineros pretenden imponer sus condiciones, caso contrario anuncian nuevas protestas en el país.
Más de 50 personas fallecidas a causa de la minería informal, pero eso no es suficiente para muchos mineros informales que se encuentran camuflados entre algunos mineros artesanales. Para ellos, lo único que interesa es el oro, quedando en un segundo plano el derramamiento de sangre.
Pasadas las once de la mañana de hoy, los principales dirigentes de la Confederación Nacional de Federaciones Mineras del Perú (Confemin) ingresaron al despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros para sostener la cuarta mesa de diálogo con el premier Eduardo Arana y otras altas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo.
En la importante reunión también estuvieron presentes Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), así como el expresidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, y la exvicepresidenta de dicho grupo de trabajo, Diana Gonzales.
Este importante grupo de mineros pretende doblegar al Gobierno Central para que flexibilice los plazos para regular el uso de explosivos durante la extracción del oro, caso contrario abandonarán cualquier tipo de negociación.
El detonante es el Decreto Supremo 09-2025-EM, que exige a los mineros informales obtener autorización para el uso de explosivos antes del 17 de agosto. Según Confemin, este plazo es “técnicamente inviable” y dejaría fuera del proceso a miles de trabajadores.
Previamente, Máximo Franco Béquer, presidente de Confemin, criticó que el Ejecutivo haya ignorado las observaciones planteadas en mesas técnicas y subcomisiones. Según el dirigente, hubo consenso en que los plazos eran imposibles de cumplir, pero hasta ahora no se ha hecho ningún cambio normativo.
“Si no atienden nuestras demandas, volveremos a protestar”, afirmó Ismael Palomino, coordinador nacional de Confemin. La paciencia se agota, y los gremios ya alistan acciones si el Ejecutivo mantiene la fecha límite actual.
El problema no solo afecta a quienes no han podido avanzar con la formalización. También golpea a los más de 50 mil mineros que ya fueron excluidos del Reinfo, profundizando la percepción de que el proceso está mal diseñado y genera más informalidad en lugar de reducirla.
El dato:
Un reciente informe del Observatorio de Conflictos Mineros señala que más del 50% de los conflictos sociales en el país están vinculados a la minería, especialmente a la informal y artesanal.
Política
Perú evalúa retirarse de la Corte IDH: ¿defensa de soberanía o retroceso institucional? [VIDEO]
El Gobierno inició el análisis técnico para definir si el Perú debe continuar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en medio de presiones políticas y cuestionamientos al rol del organismo adscrito a la OEA.
El Gobierno peruano ha iniciado una revisión formal sobre su continuidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), según confirmó el ministro de Justicia, Juan Alcántara. La evaluación está siendo desarrollada por un equipo técnico conjunto entre el Ministerio de Justicia y la Cancillería, aunque aún no se ha definido una fecha para presentar conclusiones ni decisiones oficiales.
Esta revisión se produce en un contexto de creciente tensión entre el Estado peruano y el organismo internacional, tras las recientes observaciones de la Corte sobre el proyecto de ley que busca otorgar una amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa por acciones realizadas en el contexto del terrorismo de dos grupos subversivos entre 1980 y 2000. Aunque el proyecto aún se encuentra en trámite legislativo, la Corte solicitó detener su avance, lo que provocó la inmediata reacción del Ejecutivo.
Para el canciller Elmer Schialer, esta intervención es una extralimitación. “Ni siquiera es ley y ya están exigiendo una posición. ¿La Corte IDH es un gobierno supranacional?”, cuestionó en declaraciones a la prensa. La posición fue reforzada por sectores políticos, como el congresista José Cueto, quien reiteró su respaldo al retiro del Perú del sistema interamericano, al considerar que este vulnera la soberanía nacional.
No obstante, más allá del debate coyuntural, surge una pregunta de fondo: ¿ha sido favorable para el Perú mantener su participación en la Corte IDH?
Durante las últimas décadas, la Corte ha sido clave en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, donde se reconocieron violaciones a los derechos humanos cometidas por el propio Estado. Estos fallos contribuyeron a fortalecer la rendición de cuentas y a consolidar una institucionalidad más respetuosa de los derechos fundamentales. Sin embargo, también ha habido momentos en que sus decisiones han generado fricciones con autoridades nacionales, especialmente en asuntos vinculados a las Fuerzas Armadas y la lucha contra el terrorismo.
El dilema, por tanto, no se reduce a obedecer o no a una corte externa, sino a equilibrar el respeto a la soberanía con el compromiso internacional del país en materia de derechos humanos. Retirarse de la Corte IDH también podría enviar un mensaje preocupante sobre el retroceso en estos compromisos, especialmente en un contexto donde las instituciones democráticas ya enfrentan desafíos serios.
El debate está abierto, y su desenlace tendrá implicancias profundas en la política exterior y la salud institucional del país.
#EnVivo
— Canal N (@canalN_) August 1, 2025
Juan Alcántara, ministro de Justicia: Se está evaluando la salida de la Corte IDH, cuando tengamos el resultado del equipo técnico se dirá si es conveniente o no
Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/r9yuzEBgbD
Política
Solicitan vacancia de Gino Ríos en la JNJ por sentencias por violencia familiar
Parlamentaria Flor Pablo presentó formalmente una solicitud de vacancia contra el magistrado Gino Ríos “por carecer de idoneidad moral como exige la ley para integrar, y menos aún presidir, la JNJ”, manifestó.
La permanencia de Gino Ríos Patio en la presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sido cuestionada por la congresista no agrupada, Flor Pablo Medina, quien ha solicitado formalmente su vacancia por falta de idoneidad moral, citando como fundamento dos sentencias firmes en su contra por violencia psicológica.
La solicitud fue presentada oficialmente mediante un oficio ante la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, según se informó a través de las redes sociales de la parlamentaria. En su pronunciamiento, Flor Pablo exigió a la JNJ actuar con celeridad, argumentando que un funcionario con antecedentes por violencia familiar no puede mantenerse en un cargo desde el cual se nombran jueces y fiscales, particularmente aquellos vinculados a la justicia de familia.
“Un sentenciado por violencia familiar no puede seguir nombrando jueces y fiscales. He presentado una solicitud de vacancia contra Gino Ríos por carecer de la idoneidad moral que exige la ley para integrar, y menos aún presidir, la JNJ”, expresó la congresista en la red social X.
La parlamentaria recordó que las sentencias contra Ríos Patio se emitieron en el marco de un proceso de divorcio y una denuncia por violencia familiar, ambos con resolución firme. Bajo este contexto, insistió en que la ley es clara respecto a los requisitos éticos que deben cumplir los miembros de la JNJ, entidad clave para el sistema de justicia del país.
En su oficio formal, identificado como n.° 875-2025-2026-FPM-CR, Pablo sostiene que se cumplen plenamente las causales establecidas en el artículo 13° de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que contempla la vacancia por pérdida de idoneidad moral. Además, consideró que ignorar estas causales podría debilitar gravemente la credibilidad institucional de la JNJ.
La congresista también solicitó ser notificada de los descargos y pruebas que pueda presentar el señor Ríos, para ejercer su derecho a rebatir cualquier alegación que busque invalidar la solicitud.
Con esta petición, se reabre el debate sobre los criterios éticos y la responsabilidad institucional en los altos cargos del sistema judicial, y se pone a prueba la disposición de la JNJ para aplicar con firmeza su propia normativa interna.
Política
Fiscalía Anticorrupción allana gestión de César Acuña en La Libertad
César Acuña tomó vacaciones y el Ministerio Público intervino las oficinas del Gobierno Regional de La Libertad por presuntas irregularidades en contratos de obras valorizadas en S/ 300 millones.
Mientras el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, se encuentra nuevamente fuera del cargo por vacaciones hasta el 9 de agosto —sumando ya 145 días de ausencia en lo que va del año—, el Ministerio Público ha iniciado una diligencia clave para esclarecer presuntas irregularidades en la adjudicación de dos obras públicas por casi S/ 300 millones.
La Fiscalía Anticorrupción intervino esta semana las oficinas del Gobierno Regional de La Libertad, incautando documentos relacionados con los contratos observados. Durante más de dos horas, los fiscales se reunieron con funcionarios para recoger información administrativa y escuchar los primeros descargos. El objetivo: determinar si los procesos de licitación se ajustaron de acuerdo a ley o si, por el contrario, existieron prácticas que podrían configurar presuntos delitos de corrupción.
Desde la administración regional se ha insistido en que los procedimientos fueron legales. El gerente general, Martín Namay Valderrama, aseguró que el control posterior —responsabilidad de la Contraloría— permitirá verificar la autenticidad de los documentos presentados por las empresas contratistas. Además, afirmó que la gestión regional viene colaborando con la Fiscalía y ha puesto a disposición toda la información solicitada.
Sin embargo, la investigación no se detiene en La Libertad. El consejero regional Robert de la Cruz encendió las alarmas al señalar que la empresa ganadora de las obras también ha sido beneficiada con millonarios contratos en otras regiones gobernadas por autoridades cercanas a Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña Peralta. Particularmente, mencionó Ayacucho, donde el gobernador Wilfredo Oscorima —otro aliado político de APP— ha adjudicado proyectos millonarios a la misma compañía.
Estas coincidencias, según De la Cruz, no pueden ser ignoradas y exigen una revisión más amplia del patrón de contrataciones públicas dentro de regiones dirigidas por el partido apepista. Advirtió posibles conflictos de interés y solicitó una investigación profunda, no solo desde el ámbito judicial, sino también político.
Acuña Peralta, por su parte, rechazó las acusaciones a través de redes sociales y sostuvo que su gestión se rige por principios de legalidad y transparencia. Pero su prolongada ausencia en momentos clave y la repetición de contratistas bajo su entorno partidario dejan más preguntas que respuestas.
Política
Bancada de Somos Perú ahora tiene 10 miembros tras la integración de Paul Gutiérrez
Parlamentario en este quinquenio ha pasado por cuatro bancadas.
El congresista ‘golondrino’. El parlamentario por la región Apurímac, Paul Gutiérrez Ticona, bien podría ser calificado como el típico legislador sin bandera ni ideología definida, pues desde que se estableció este Parlamento en el 2021 inició con Perú Libre para luego conformar la bancada del Juntos por el Perú, tiempo después representaba los colores del Bloque Magisterial, y tras la disolución de esta última ahora anuncia su inserción a Somos Perú.
Con la incorporación de Gutiérrez Ticona a Somos Perú, la bancada del actual presidente del Congreso, José Jerí, alcanzó los 10 integrantes. Antes de las elecciones a la Mesa Directiva 2025-2026, se incorporaron a esta bancada los congresistas Alex Paredes, Elizabeth Medina y Óscar Zea, quienes también dejaron el desintegrado Bloque Magisterial.
De esta manera, los integrantes de la bancada de Somos Perú suman 10 representantes: Alfredo Azurín Loayza, Paul Gutiérrez Ticona, José Jerí Oré, Elizabeth Medina Hermosilla, Jorge Morante Figari, Alex Paredes Gonzales, Bernando Pazo Nunura, Héctor Valer Pinto, Óscar Zea Choquechambi y Ana Zegarra Saboya.
Con este nuevo cambio la conformación de los grupos parlamentarios ha quedado de la siguiente manera: Fuerza Popular continúa siendo la bancada con más integrantes, teniendo a 21; le sigue Alianza para el Progreso con 17; detrás de ellos está Podemos Perú con 13; Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Perú Libre y Renovación Popular tienen 11 legisladores; Somos Perú con 10; Acción Popular con 9; Avanza País con 6; Bancada Socialista, Bloque Popular Democrático, Honor y Democracia cuentan con 5 integrantes cada uno; finalmente los no agrupados suman 6.
El dato:
En febrero de 2025, la Comisión de Ética del Congreso recomendó sancionarlo con una amonestación escrita pública. Se le señalaba por incluir respuestas generadas por ChatGPT en al menos cinco proyectos de ley sin edición ni revisión adecuada, lo cual fue considerado un “descuidado uso de la inteligencia artificial”, aunque no se estableció plagio formal.
Luego de investigaciones periodísticas, Gutiérrez retiró los proyectos cuestionados. Reconoció que fue un asesor quien copió y pegó las respuestas de IA y afirmó que no supervisó los documentos antes de presentarlos oficialmente.
Política
Gobierno rechaza afirmaciones de López Aliaga y respalda al ministro Sandoval
La disputa por el proyecto ferroviario Caltrain aviva el enfrentamiento entre el MTC y la Municipalidad de Lima. La mandataria Dina Boluarte apoya al ministro César Sandoval y deslegitima las acusaciones del alcalde Rafael López Aliaga, profundizando la confrontación política.
La reciente controversia por el proyecto del Tren Lima-Chosica ha desnudado algo más que una discrepancia técnica. Ha puesto en evidencia un enfrentamiento político entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encabezado por César Sandoval, y la Municipalidad Metropolitana de Lima, dirigida por Rafael López Aliaga. Lo que podría haber sido un debate técnico sobre movilidad urbana, terminó convertido en un intercambio de acusaciones que refleja la descoordinación entre niveles de gobierno.
El punto más álgido se produjo cuando el alcalde de Lima acusó al ministro Sandoval de intentar apropiarse del material rodante del tren con supuestos fines irregulares. Incluso fue más allá, al insinuar que el ministro había buscado respaldo político para acceder al cargo, encendiendo así una chispa que rápidamente escaló.
La respuesta no se hizo esperar. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) difundió un comunicado categórico respaldando a Sandoval y condenando lo que calificó como “lamentables expresiones” del burgomaestre. En el documento, se destaca que el titular del MTC actúa con criterios técnicos y en busca de soluciones sostenibles para el sistema de transporte, mientras se lamenta el deterioro de la coordinación interinstitucional.
Detrás del lenguaje diplomático, sin embargo, se percibe una preocupación legítima. El enfrentamiento entre dos figuras clave en la gestión de infraestructura pública pone en jaque proyectos urgentes como el tren Lima-Chosica, vital para aliviar el caos vehicular de la capital. Lejos de fomentar consensos, ambos actores han optado por el enfrentamiento público, arrastrando consigo el riesgo de paralización de obras necesarias.
El ministro Sandoval, por su parte, agradeció públicamente el respaldo de la PCM, reiterando su compromiso con cerrar brechas sociales y trabajar con gobiernos locales.
Pero ese llamado al diálogo llega después del ruido mediático, y en medio de una narrativa de poder en la que cada parte institucional parece más interesada en marcar territorio que en coordinar esfuerzos.
Más allá de quién tenga la razón técnica, lo cierto es que esta disputa política revela la fragilidad de la articulación institucional en el país. En un contexto donde la ciudadanía exige soluciones concretas al colapso del transporte, la confrontación parece ser, una vez más, el camino elegido.
Política
Mañana el Congreso decide si autoriza viaje de Dina Boluarte a Asia
Permiso de mandataria para salir del país el próximo martes con destino a Japón e Indonesia será debatido este 1 de agosto en el pleno del Congreso.
El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), anunció que este viernes 1 de agosto se pondrá a debate en el Pleno el nuevo pedido de autorización presentado por el Ejecutivo para que la mandataria Dina Boluarte pueda ausentarse del país entre el 5 y el 12 de agosto, con destino a Japón e Indonesia.
La solicitud, registrada en el Proyecto de Resolución Legislativa N° 11986/2025-PE, fue remitida al Parlamento el 29 de julio. Según se detalla, la jefa de Estado ha sido invitada por el Gobierno japonés a participar en la Exposición Universal ‘Osaka Kansai 2025’, evento que se celebrará el 9 de agosto en la ciudad de Osaka. Además, está programada una reunión bilateral con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en Tokio, y una audiencia con el emperador Naruhito.
Posteriormente, Boluarte planea trasladarse a Indonesia, donde el 11 de agosto asistiría a las actividades oficiales por el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. La visita, de acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, tendría carácter de “Visita de Estado”.
Aunque la solicitud cumple con los procedimientos constitucionales, el titular del Congreso expresó ciertas reservas. Jerí lamentó que la presidenta no haya enviado aún las iniciativas legislativas anunciadas durante su reciente mensaje a la Nación, como la propuesta de ley para regular la pequeña minería y la minería artesanal.
“Creo mucho en la política de los detalles. Hubiera sido más oportuno que, junto con el pedido de autorización, llegaran también los proyectos que prometió. Eso habría sido un gesto distinto”, comentó Jerí. También reconoció que parte de la ciudadanía cuestiona la frecuencia de los viajes presidenciales y percibe una falta de atención a temas prioritarios del país.
El Congreso definirá este viernes si autoriza el desplazamiento internacional de la mandataria, en un contexto en el que se exige mayor coherencia entre los anuncios del Ejecutivo y sus acciones.
Política
Piden a la fiscal de la Nación investigar a López Aliaga por presunta compra encubierta de trenes
El congresista Pasión Dávila pidió a la Fiscalía abrir una investigación preliminar contra el alcalde de Lima y funcionarios de la MML, por los presuntos delitos de defraudación aduanera, malversación, colusión, abuso de autoridad y falsedad ideológica.
La adquisición de trenes por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha entrado en una fase crítica de cuestionamiento. Lo que inicialmente fue presentado como una generosa donación por parte de la empresa ferroviaria estadounidense Caltrain, ahora es objeto de sospecha y denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación.
El congresista Pasión Dávila Atanacio, de la Bancada Socialista, solicitó el 23 de julio que se inicie una investigación preliminar contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y funcionarios de la MML, por presuntos delitos que incluyen defraudación de renta de aduanas, malversación de fondos, colusión, abuso de autoridad y falsedad ideológica. Según el parlamentario, no se trataría de una donación genuina, sino de una “compraventa encubierta”.
La solicitud enviada a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, incluye el pedido expreso de que se cite como investigados tanto al burgomaestre como a los funcionarios responsables de la operación. Dávila advierte que la magnitud de los hechos amerita una investigación “exhaustiva e inmediata”, ante posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y declaraciones aduaneras.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la aparente contradicción entre la información entregada por Caltrain y la presentada por la MML. Mientras la empresa estadounidense consignó en su carta oficial de “donación” un valor de US$ 4.9 millones por el material ferroviario, la Municipalidad registró el mismo proceso con un valor inflado de S/822 millones, bajo el concepto de “valor técnico patrimonial”.
Además, Dávila Atanacio indica que existen actas del Comité Consultivo de Ciudadanos de Caltrain, fechadas el 15 de enero de 2025, en las que se hace referencia explícita a una “venta” de locomotoras, no a una donación. También se sostiene que el material fue parte de un proceso de retiro de flota diésel y había sido previamente puesto en venta pública por la empresa.
La denuncia también incluye la posible existencia de pagos no declarados. Por su parte, el exministro Rafael Rey habría afirmado que la MML transfirió más de US$ 7 millones a Caltrain, contradiciendo el discurso oficial sobre la gratuidad de la operación.
Frente a estos indicios, surgen preguntas que la municipalidad metropolitana liderada por López Aliaga aún no ha respondido con claridad: ¿hubo realmente una donación sin condiciones? ¿Por qué no se hizo pública toda la documentación? ¿Y por qué el valor declarado varía tanto según la fuente?
Por ahora, el caso avanza hacia el Ministerio Público, mientras las dudas sobre la transparencia del proceso siguen creciendo.
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