Ayer se desató en Ica un conflicto social donde los trabajadores de fundos quemaron un bus en medio de masivas protestas que reclamaban estar en contra del Decreto de Urgencia Nº 043-2019 que modifica la Ley Nº 27360 para promover y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad agraria por diez años adicionales.

El objetivo de los trabajadores agrarios, es que se derogue este Decreto que fue aprobado el 28 de diciembre de 2019 por Martín Vizcarra durante el interregno parlamentario, ya que aún no había un Congreso en ejercicio.

Luego de analizar los sucesos correspondientes a los fundos y a los campos de sembríos que están en el suelo peruano, se puede decir que esta ley de promoción agraria, en la práctica ha favorecido mayormente a las agroexportadoras, que son las que han ganado muchos dividendos para sus arcas, y no así, al campesino peruano que sigue siendo vulnerado en sus derechos laborales, porque el jornal que perciben no les alcanza para cubrir los gastos de sus canastas familiares.

Ahora bien, recordemos que entre los congresistas del Parlamento disuelto que votaron a favor de extender por 10 años adicionales la Ley de Promoción Agraria están Gino Costa y Alberto de Belaúnde, ambos del partido Morado.

Asimismo, recordemos cómo Alberto de Belaunde defendía la ampliación de 10 años de la ley agraria y por eso votó a su favor y escribió una columna el 21 de julio de 2019 en el diario Correo, donde afirmaba: “Debemos extender la exitosa Ley de Promoción Agraria”.

Aquí un extracto:

1. Debemos extender la exitosa Ley de Promoción Agraria, con las mejoras que sean necesarias. La norma permite mejores condiciones laborales a los trabajadores del campo que las que tendrían bajo el régimen regular, y brinda la flexibilidad necesaria que el negocio requiere. Asimismo, deberíamos extender el modelo a otras actividades económicas de similar naturaleza.

El fiscal del Equipo Especial, German Juárez Atoche ha sido enfático y expresó que su investigación que ha envuelto al expresidente Martín Vizcarra en presuntos actos de corrupción, es contundente y está tan avanzada, que pronto interpondría una acusación fiscal. 

Ante las críticas y postura desafiante que viene ejerciendo el exjefe de Estado en los medios de comunicación, Juárez respondió y puntualizó que está listo para formular la denuncia. 

El fiscal además aseveró, que Martín Vizcarra mintió en sus declaraciones públicas, porque las declaraciones oficiales que dio ante el ministerio Público fueron distintas. Eso en referencia, a las declaraciones que el expresidente dio a la prensa cuando mencionó que el fiscal Juárez no contaba con elementos probatorios de actos de corrupción en su contra. 

Ante esas expresiones el fiscal dijo: «Está mintiendo, claro que está mintiendo. Sí hay elementos que le hemos confrontado y que él nos ha dicho que los recuerda».

Asimismo, Juárez Atoche añadió que Vizcarra ha confesado que los correos emitidos desde una cuenta de nombre «mvizcarra» sí le pertenecen: «Puedo decir de manera genérica que el correo donde aparecen las comunicaciones con Obrainsa, «mvizcarra», ha reconocido que es su correo».

«Es un caso que es sólido, sí es sólido. Yo creo que sí [su camino es la cárcel]. Yo me podría ir, incluso, de acuerdo con las diligencias que estoy realizando y avanzando, hasta en una acusación directa», concluyó el fiscal Juárez.

El mandatario se acogió a su derecho de guardar silencio para responder sobre la relación estrecha que tuvo con sus funcionarios más cercanos en Palacio de Gobierno, la exsecretaria general Mirian Morales, la exadministradora del despacho presidencial Karem Roca y el exjefe de comunicaciones Óscar Vásquez con respecto a las contrataciones de Richard Cisneros Carballido, más conocido como Richard Swing.

Lo sorprendente fue que Martin Vizcarra sí llegó a las instalaciones del Congreso alrededor de las 9:40 de la mañana y Edgar Alarcón (Unión por el Perú) presidente de la Comisión, ordenó que la sesión sea reservada. Y simplemente, el expresidente de la República durante la sesión se quedó callado y no respondió.

Luego, en declaraciones a la prensa que dio Martín Vizcarra en los exteriores del Congreso, agregó que la actitud golpista del Parlamento tiene el rechazo de toda población y dijo además, que hay una contradicción porque el Congreso está integrado por personas que ya perdieron legitimidad; y que el único órgano que tiene legitimidad para todas esas diligencias es el Ministerio Público y concluyó aseverando que hizo uso de su derecho constitucional de guardar silencio, porque es una prerrogativa que tiene todo ciudadano y se mostró molesto porque dijo que con solo dos intervenciones de dos padres de la Patria, él recibió agravios e insultos y que por eso, no estaba dispuesto a estar allí.

El servicio del Metropolitano sigue suspendido por falta de pago del subsidio, y mientras las tres cocesionarias (Lima Vía Express, Transvial Lima, y Perú Masivo) continúan paralizando sus operaciones en las arterias de la ciudad, la jefa de la Autoridad Autónoma de Transporte Urbano, (ATU) María Jara, aún no da respuestas concretas para solucionar este problema.

Ella prometió otorgar una compensación económica a los concesionarios del Metropolitano por las pérdidas generadas durante la pandemia. Sin embargo, esta funcionaria que injustamente ha sido enaltecida por los medios como la gurú del transporte, desde que ha asumido todos sus cargos ligados a la gestión pública del transporte urbano, ha tenido logros nulos y solo ha sido protagonista de escándalos por extrañas contrataciones y por haber emitido papeletas fantasmas; más allá de haber empadronado a los taxistas y de haber iniciado la fallida Reforma del Transporte en la era Villarán. Incluso, el propio alcalde de Lima, Jorge Muñoz hace unos meses afirmó: “Solo encontré obstrucción desde que Jara está en el puesto”. 

 Los usuarios continúan realizando largas colas en la estación Naranjal del Metropolitano en Independencia y por lo pronto, la ATU apenasha contemplado un plan para que 75 buses troncales de la empresa concesionaria Lima Bus Internacional otorguen servicios expresos en las horas punta y también se complementará con el apoyo de 40 buses del Ministerio de Defensa y 30 de la Policía Nacional del Perú.

María Jara una gurú del ineficiente transporte urbano

La señora María Jara es una abogada de la PUCP que cuenta con una maestría bajo su brazo y que además tiene muchísima experiencia en el sector estatal, en todo lo que concierne a transporte público y lo que es su regulación. Además, es docente a nivel posgrado.

Ella salió de las canteras de la gestión de la alcaldesa Susana Villarán y fue nombrada Gerente de Transporte Público (GTU) de la Municipalidad de Lima, entre 2011 a 2013 y los resultados de su gestión simplemente fueron deficientes, además de su negativa participación en la licitación de los Corredores Complementarios, en lo que sería una mala Reforma del Transporte limeño, a tal punto, que la propia Susana Villarán tuvo que despedirla por su ineptitud; así como lo hizo con su ahijado Gabriel Prado.

Sin embargo, inmediatamente en 2015, María Jara empalmó como superintendente en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) y tuvo que renunciar en 2016 por el escándalo de la emisión de papeletas fantasmas; incluso el Ministerio Público en febrero de 2017 abrió investigación preliminar contra la exfuncionaria por considerar que en aquella Dirección había una red que fabricaba las papeletas fantasmas.

Luego, en el inicio del gobierno de PPK en julio de 2016 asumió el cargo de Directora General de Transporte Terrestre del MTC; aunque, renunció apenas a los meses de asumirlo, en enero de 2017 sin dar mayores explicaciones. Pero a los dos meses se acomodó en la Defensoría del Pueblo como jefa del Área de Servicios Públicos y también como consultora en la PCM. Hasta que en abril de 2019 Martin Vizcarra la designó como ministra de Transportes y Comunicaciones, en reemplazo del moqueguano Edmer Trujillo; no obstante, Jara solo estuvo cinco meses en la cartera, porque hubo cambio de premier y Vizcarra con su gabinete Zeballos eligieron nuevamente a Edmer Trujillo como titular de Transportes. Pero a los pocos días la designaron como la presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.

Pero los escándalos siguieron siendo parte de su gestión, porque ella contrató a consultores que eran miembros de su empresa Jara Consulting Group y que ahora se llama Valkiria Consultores SAC, empresa fundada por Héctor Rubio Guerrero, actual director de Asuntos Ambientales y Sociales de la ATU. Según el programa Punto Final emitido hace unos meses, antes que María Jara asumiera la jefatura de la ATU contrató a Rubio Guerrero un mes antes que este sea contratado por la ATU, así como a Luis Canessa, actual apoderado de Valkiria Consultores y que, por cierto, sus oficinas están en el mismo edificio donde vivía María Jara. Incluso, ante ese nuevo escándalo, ella en el mes de julio acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso para dar explicaciones de esas contrataciones y negó que, tanto Valkiria como Jara Consulting hayan realizado consultorías con el MTC.

Los servicios de consultoría fueron dos y estuvieron valorizados en S/44 mil a cada uno. Asimismo, se contrató a Luis Vilela, amigo personal de Jara, Rubio y Canessa, y que también fue asesor de María Jara cuando ella estaba en el MTC. Este año, en total solo en 4 meses, Vilela y Canessa ganaron S/106 mil soles cada uno, lo que equivale a un sueldo de S/23 mil por mes; mientras que Rubio Guerrero S/59.500 soles en 60 días de trabajo. Todas las ordenes de servicios fueron firmadas por María Jara. Recordemos que Rubio Guerrero en enero de 2017 fue suspendido como superintendente de la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías (SUTRAN) precisamente, por la denuncia de fabricación de papeletas falsas.

Alzan su voz de protesta. En horas de la madrugada del día de hoy miles de trabajadores del sector agroindustrial salieron a bloquear con piedras y palos parte de la carretera de la Panamericana Sur en el tramo del Álamo hasta la zona de Expansión Urbana del distrito de Salas Guadalupe, exigiendo mejores condiciones laborales y un incremento salarial.

Entre sus diversos reclamos, entre ellos los bajos sueldos, las bajas condiciones laborales, y la exigencia de que se les realice la prueba de descarte del COVID, en declaraciones para RPP Noticias, el presidente del Frente de Trabajadores Agrarios de Ica (FRENTAGRI) Julio Carbajal, demandó que se derogue el Decreto de Urgencia 043-2019, aprobado en el gobierno de Martín Vizcarra, que amplía por diez años la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, Ley 27360.

El presidente sindical manifestó para el mismo medio que “los trabajadores del sector reciben un salario de S/. 39.10 por 12 horas de trabajo diario… a veces llegamos a los 20 o 15 soles. Algunos son padres de familia, y ese jornal no les alcanza”.

Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros anunció mediante su cuenta de Twitter que estará llegando una comitiva de alto nivel del Ejecutivo al lugar de las protestas para establecer un diálogo.

Según se lee en el anuncio, la comitiva se invitará a “un espacio de diálogo y escucharán las demandas de los dirigentes agrarios, con la mediación de las autoridades locales”.

Hasta el momento, producto de las protestas se han reportado dos policías heridos. Se trata de los suboficiales de Tercera, Jerson Arturo Núñez Rebaza, herido por una piedra en la rodilla derecha; y Eduardo Ramírez Sulca, víctima de una piedra en el hombro izquierda.

Más movidas dentro de la institución. Mediante un oficio dirigido al Ministerio del Interior, el General (r) Óscar Gonzáles Rabanal, renunció el día de ayer de manera irrevocable a su cargo como jefe de la Dirección contra el crimen organizado.

A través de un oficio dirigido al Ministro del Interior, el General en retiro manifestó que su renuncia se encuentra motivada por “los sucesos que se han desarrollado en las dos últimas semanas los cuales vienen afectando la imagen e institucionalidad de la PNP”

Por su parte, el día domingo hizo lo mismo el Teniente General Edgardo Garrido López a su cargo de Subcomandante General de la PNP, en una misiva dirigida al Comandante General César Cervantes, hace la solicitud de su renuncia al amparo del artículo 2 de la Constitución Política del Perú y en concordancia con el artículo 83 del D.L N° 1149, en donde indica que su pase al retiro se debe a “motivos estrictamente personales”.

Todas estas renuncias se originan luego de la salida de 18 altos mandos de la policía, y el nombramiento como Comandante General a César Cervantes —ubicado en el puesto 18 en el orden jerárquico de la institución— reemplazando así a Orlando Velasco Mujica como jefe de la PNP.

Las razones claramente obedecen a la caída de los ingresos nacionales, a causa de una casi nula actividad económica, así como al incremento en el gasto debido a las medidas preventivas del Covid y de la reactivación económica.  Sin embargo, la mejor forma de superar aquel déficit, sería recurriendo a los ahorros acumulados durante los años prósperos que tuvo nuestra economía; sin embargo, el presidente Sagasti solo ha contemplado como alternativa para superar el déficit fiscal, la vía del endeudamiento público, basándose en un supuesto nivel de endeudamiento que Perú tiene en la región, (que según Sagasti, está en alrededor del 28% ).

No obstante, eso no se condice con el Decreto Legislativo Nº 1457 que promulgó Martín Vizcarra al inicio de la emergencia sanitaria, que suspende temporalmente la deuda pública a un máximo del 30% del PBI, si tomamos en cuenta que el propio ministro de economía Waldo Mendoza ha afirmado que la deuda pública se ha incrementado a 35.5% del PBI en este año. En este sentido, la anterior cifra que mencionó el presidente Sagasti no es cierta; sin embargo, él ha decidió endeudarnos por más de cien años, sin dar antes una explicación razonable de su decisión.  

Esto es un hecho sin precedentes en la historia peruana; entonces, nos viene en mente una pregunta: ¿Todos esos miles de millones serán destinados para la inversión de gasto público, o para gastos corrientes? Parece que Francisco Sagasti ya había planeado con anticipación esta audaz medida, porque, incluso unos días atrás dio declaraciones a Reuters explicando que eventualmente colocaría bonos para financiar los gastos de 2021. Entonces, nos volvemos a preguntar: ¿En qué se destinarán los 30 mil millones durante lo que le queda de gestión a Francisco Sagasti? ¿Para qué quiere más dinero si él en ocho meses dejará el gobierno?

Aquel millonario endeudamiento se muestra preocupante para el país, porque si el presidente aún no tiene claro en qué destinará esos fondos; entonces, tendría que dar una explicación pública para despejar las dudas de todos los peruanos, sobre todo, si el MEF aún no realiza un diagnostico exhaustivo sobre la situación de la caja fiscal.

El presidente Francisco Sagasti, a pesar que solo tiene ocho meses para administrar el país, ha tomado una decisión drástica, pese a que nuestras reservas internacionales en las últimas décadas fácilmente pasan los 80 mil millones; razón suficiente para poder emitir bonos soberanos y así poder lograr la liquidez que necesitamos; sin embargo, de buenas a primeras, el jefe de Estado transitorio no da explicaciones ni al Parlamento, ni a la población, de, cómo ha encontrado las arcas nacionales, y por ende ¿Por qué se recurre a esta medida de endeudar al Perú?

Es exigible que la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez el día que acuda a pedir el voto de confianza al Parlamento, asista con un informe cuantitativo y cualitativo que detalle las razones técnicas y razonables que llevaron a Francisco Sagasti endeudar al Perú por un periodo de más de cien años.    

Palabras del presidente Francisco Sagasti sobre este tema:

“Felizmente debido a años de prudencia económica, que continuaremos sin ningún resquebrajamiento y que mantendremos, nuestro país tiene la capacidad de endeudarse a tasas de interés relativamente razonables”.

“Cuando uno tiene espacio para endeudarse y estás en crisis eso es lo que tienes que hacer”.

 “Son dos cosas que hay que financiar”. “Parte va ser para financiar el servicio de la deuda existente y parte va ser para financiar el déficit fiscal altísimo”.

Asimismo, este fin de semana, el presidente Francisco Sagasti, la premier Bermúdez y el ministro de Economía Waldo Mendoza firmaron el Decreto Supremo Nº 368-2020-EF, que aprueba otra operación de endeudamiento externo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF (perteneciente al grupo del Banco Mundial. No olvidar que Francisco Sagasti fue jefe de la división de planeamiento estratégico de este banco) hasta por la suma de 50 millones de dólares, contrato que será suscrito por el director general de la Dirección General del Tesoro Público del MEF, José Olivares Canchari, con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública.

Aquí el informe de la BBC.

En horas de la noche de ayer se aprobó el presupuesto con 104 votos a favor, 13 en contra, y 8 abstenciones. El dictamen de la Ley de Presupuesto no requirió de segunda votación, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 78 del Reglamento del Parlamento Nacional. El monto aprobado asciende a 183 029 millones 770 mil 158 soles, y comprende los pliegos presupuestarios del Gobierno Central, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, e instancias descentralizadas.

También el pleno del Congreso aprobó los proyectos de Ley de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

En ese sentido, el congresista por APP y titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Humberto Acuña Peralta, sostuvo que los problemas para consensuar el dictamen se debieron al anexo 5, que forma parte de la iniciativa legislativa.

En su presentación final, ayer domingo 29, indicó que el articulado de la Ley de Presupuesto fue consensuado con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Al respecto, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia, expresó su conformidad con el texto sustitutorio alcanzado, y agradeció el esfuerzo de los congresistas por el logro, que se obtuvo de manera dialogada y concertada.

“El gran desafío es entrar al bicentenario con un manejo responsable de la economía y (a partir de allí) es necesario sentar las bases para estructurar un presupuesto que refleje los grandes desafíos de la inclusión y la gestión descentralizada”, manifestó la titular del Consejo de Ministros.