Política
De Chinchero a Richard Swing
Primero fue la denuncia del caso Chinchero. Ahora con los nuevos audios del caso Richard Swing sale a la luz que todo este tiempo el presidente Vizcarra nos estuvo mintiendo.

Lo que comienza mal, termina mal, y mucho más si hablamos de política. La llegada de Martín Vizcarra al poder fue el 28 de julio de 2016; en esa fecha PPK asume la presidencia del Perú. Con el aterrizaje de PPK a Palacio de Gobierno desfilaron diversos ministros que lo acompañaron en el corto tiempo que duró su mandato. Fue Martín Vizcarra, vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones con quien se inició los cuestionamientos y las duras críticas al gobierno de PPK. El epicentro del sismo político se ubicó en Cusco, exactamente en la zona de Chinchero. El proyecto de la construcción de un aeropuerto internacional generó el primer escándalo donde rodaron cabezas. Vizcarra renunció al MTC y lo sacaron del país para calmar las aguas. PPK lo designó embajador en Canadá. Un tiempo después la prensa equivocadamente seguía repitiendo “tenemos un presidente de lujo”. Ese mismo presidente hoy se encuentra con arresto domiciliario por estar implicado en el caso de corrupción más sonado en los últimos años: Odebrecht.
Según el informe de la Contraloría sobre el caso Chinchero, que en su momento estuvo a cargo del contralor Edgard Alarcón, entre los presuntos responsables figuran: Fiorella Molinelli (hoy Presidenta Ejecutiva de EsSalud), Yaco Paul Rosas Romero, Nancy Zedano Martínez, Gianina Beoutis Manrique, Hernán Omar Muñoz Valdivia, Yanina Hilario Solis, Jonathan de la Cruz Medina, Camilo Nicanor Carrillo Purín, César Antonio Balbuena Vela, Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, Carlos Rodolfo Juan Vargas Loret de Mola, José Carlos Balta del Río, Ximena Zavala Lombardi, Patricia Lisetta Teullet, José Carlos Balta Del Río y Javier Rizo Patrón Larraburre. Funcionarios que ocuparon cargos en el Ministerio de Transportes, Ositrán y Kuntur Wasi.
El informe presentado por Contraloría también incluyó a Martín Vizcarra Cornejo como responsable, ya que su participación en los hechos se encuentra acreditada debido a que aprobó mediante resolución ministerial N° 041-2017 MTC/01 de fecha 03 de febrero de 2017, el texto de la adenda número 01 al contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero de Cusco.
En el informe de Contraloría se señaló que la firma en los términos pactados podría significar para el Estado un mayor desembolso de recursos financieros, dejando así de velar por el debido cumplimiento de las funciones para el cargo de Ministro de Transportes y Comunicaciones, según lo señala el reglamento de organización y funciones.
Cuando salió a la luz el escándalo, el propio presidente Vizcarra señaló que la adenda de Chinchero era lesiva para el Estado, pero aun teniendo conocimiento de esto, se lo había hecho firmar a la señora Fiorella Molinelli. ¿Dónde está Molinelli actualmente? curiosamente la tiene en su gestión como Presidenta Ejecutiva de EsSalud. Producto del informe se abrió un proceso sancionador administrativo en la Contraloría en la gestión de Nelson Shack. El órgano instructivo comenzó a evaluar la sanción administrativa de todos los funcionarios encabezados por Fiorella Molinelli, y sorprendentemente el órgano instructivo concluyó que Fiorella Molinelli no tiene responsabilidad. Es decir, la gestión de Nelson Shack evaluó los hechos y concluyeron que hay inexistencia de responsabilidad por el acto de haber firmado la adenda. En otras palabras, la Contraloría a cargo de Shack la limpió.

¿Quién era el fiscal a cargo del caso Chinchero? Nada menos que José Domingo Pérez, quien, a pesar del informe meticuloso de la Contraloría, terminó archivando el caso. Además, fue el propio Nelson Shack que reveló que Domingo Pérez allanó las oficinas de la Contraloría de la República y se llevó toda la documentación que el ente fiscalizador tenía en su poder sobre Chinchero.
El caso Chinchero con el informe de Contraloría no debió ser archivado, según Edgard Alarcón, el anterior Congreso ha tenido sustento suficiente para hacer una denuncia constitucional para acusar a Alfredo Thorne, Bruno Giuffra, Fernando Zavala y Martín Vizcarra.
Richard Swing, el amigo negado
Luego de la caída de PPK, Vizcarra asume la presidencia del Perú el 23 de marzo de 2018. Regresó al país en medio del ruido de las investigaciones del caso Odebrecht. De Chinchero la prensa comenzó a hablar menos. Se sintió un silencio exagerado. Ninguno de los medios tradicionales volvió a sacar en portada o implicar al ahora presidente Martín Vizcarra en el caso Chinchero. Luego se fue conociendo las grandes sumas de dinero que paga el gobierno en publicidad y que se reparte entre los diversos canales de televisión y la prensa escrita. Entendimos que el silencio de los medios no es gratuito y que el periodismo nuevamente está en manos del poder económico y no en manos de los periodistas.
Los primeros días de mayo en plena pandemia llegó a nuestras manos información sobre las órdenes de servicio de Richard Cisneros Carballido en el Ministerio de Cultura. Comenzamos a investigar y con el pasar de los días nos dimos con la sorpresa que el cantante conocido como Richard Swing no tenía solo un par de órdenes de servicio, sino nueve en total.

El servicio contratado en plena pandemia era absurdo, se trataba de un “servicio de ejecución de actividades motivacionales a través de conferencias virtuales para mejorar el rendimiento laboral personal y social de los servidores del ministerio de Cultura” con un costo de 8 UIT, es decir, más de 30 mil soles. Con la documentación en mano entendimos que el ministerio con menos presupuesto se había convertido en una caja chica para distribuir dinero a los allegados al gobierno. Todo fue siendo maquillado mediante trabajitos que eran habilitados gracias a las famosas órdenes de servicio.
La segunda semana de mayo luego de nuestra publicación detallada sobre los más de 175 mil soles que cobró Richard Swing en el Ministerio de Cultura, la denuncia comenzó a rebotar en diferentes medios. Con los días aparecían más involucrados, y de la boca del propio Richard Swing salieron palabras que apuntaron a Palacio de Gobierno. El Presidente Martín Vizcarra en conferencia de prensa no pudo negar que conocía a Richard Cisneros, pero lo que sí negó fue su amistad con el personaje. El escándalo continuó con Sonia Guillén, una ministra de Cultura cuestionada que a los pocos días renunció al cargo.
Luego comenzó a aparecer más información, fotografías, visitas de Richard Swing a Palacio de Gobierno y eso despertó una gran preocupación en el despacho presidencial. Más involucrados fueron desfilando ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Y para sorpresa del presidente Vizcarra el nombre de Edgard Alarcón apareció nuevamente. Esta vez ya no como Contralor General, sino, como Presidente de la Comisión de Fiscalización. El destino volvió a juntar al investigado y al investigador.
En las investigaciones del caso Richard Swing se sumó también a Mirian Morales; según el ambiente palaciego Morales es la mujer más poderosa del Perú; para muchos ella se encuentra luego del presidente Vizcarra y por encima del premier Martos. ¿Cómo llegó a tener tanto poder Mirian Morales? Esa es otra historia que pronto se conocerá. Pero lo que actualmente se sabe, es que no solo Richard Swing fue uno de los recomendados y beneficiados económicamente en la administración de Martín Vizcarra.

Otra de nuestras investigaciones fue el caso del “Richard Swing” del Ministerio de Educación. Esta vez el joven Luis Rivera Talledo, quien anteriormente se dedicaba al negocio de la peluquería y a las bases de Juventudes PPK, terminó con jugosas órdenes de servicio, primero en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y luego en el Ministerio de Educación. ¿Qué tenía en común Luis Rivera Talledo con Richard Swing? Los dos conocían al presidente Martín Vizcarra, los dos tienen fotos con el presidente, los dos visitaron Palacio de Gobierno y los dos cobraron grandes sumas de dinero en la gestión de Vizcarra Cornejo.
Pasaron los días y más personajes relacionados a Palacio de Gobierno siguieron saliendo a la luz por sus famosas órdenes de servicio. Así se hizo conocido Jorge Mere, ex pareja de Mirian Morales y padre de su hija. Luego continuó la cuñada de Morales, Claudia Mere. Pero todo esto fue solo el inicio, porque con el pasar de los días, se fue conociendo más nombres de los amigos del presidente Vizcarra que eran beneficiados con jugosas contrataciones con el Estado. Así se hicieron famosos los raqueteros del Lawn Tennis de la Exposición y los Vanini-Salas. Ahora otro nombre aparece, se trata de Felicita María Valqui Terrones, quien al mismo estilo de Richard Swing, consiguió órdenes de servicio desde que Vizcarra llegó junto a PPK al poder. Es decir, todos beneficiados económicamente por tener llegada a Palacio de Gobierno.
A pesar de todas las denuncias, el presidente ayer en conferencia de prensa volvió a repetir su típica frase que él mismo se ha encargado de desacreditar «Este gobierno tiene como bandera la lucha contra la corrupción». Parece que no se da cuenta que lo único que existe es una asta vacía que se va quebrando sobre sus hombros.
El temor en Palacio
Hace unos días la Comisión de Fiscalización envió un oficio al Presidente Vizcarra, invitándolo de forma presencial a la Comisión de Fiscalización para responder sobre su participación y vinculación en los contratos del caso “Richard Swing”, el caso de “Los raqueteros del Lawn Tennis” y sobre los contratos del padre de la ministra de Economía María Antonieta Alva.
Ayer en conferencia de prensa el presidente tuvo una actitud amenazante frente a cámaras; reacción propia de toda persona que se siente asustada. Su incomodidad por las investigaciones que cada vez están más cerca a Palacio de Gobierno lo ponen nervioso. No supo controlarse y terminó equivocándose una y otra vez al hablar. Y sobre el oficio enviado por la Comisión de Fiscalización señaló:
«Esa invitación yo la derivé al ministerio de Justicia, quien analizó como asesor jurídico del Poder Ejecutivo, determinó claramente cuáles eran las competencias de la Comisión respecto a una invitación al presidente de la República. Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, del orden, del debido proceso. Nos ha llegado una comunicación del Congreso, yo pensé que nos iba a contestar el presidente del Congreso, pero Oficialía Mayor ha mandado un documento derivado de la Comisión; sin embargo, lo damos por recibido. Este gobierno tiene como bandera la lucha contra la corrupción. Nosotros no tenemos problema en aclarar cualquier circunstancia que pueda generar duda. Así que sin tener la obligación como lo manifiesta el propio ministerio de Justicia, voy aceptar que la Comisión de Fiscalización me haga llegar por escrito las preguntas que tenga bien hacer sobre este tema que está en investigación, y le responderé como corresponde también y por escrito».
Es decir, luego de negarse a presentarse en la Comisión de Fiscalización, cambió de opinión y bajo sus propias condiciones habrán: preguntas y respuestas que serán por escrito. Aquí el temor se hace más notable, pero de la misma forma quiere darnos a entender que está dispuesto a colaborar. «O sea, con un ánimo de transparencia (levantando el dedito) para ratificar como siempre ha hecho el gobierno… que es un gobierno que no tiene nada que esconder, porque está siempre del lado de la población».
Lo cierto es que, a pesar del temor mostrado por el Presidente Vizcarra, la investigación del caso Richard Swing sigue sólida y se ha recabado información importante. Sobre esto el congresista Edgard Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización mencionó: “De los citados, estarían pasando un promedio de cinco personas de invitados a investigados. A través de un juez hemos solicitado información tributaria y telefónica de dos investigados. En 45 días vamos a tener el informe cerrado y con muchas sorpresas, ya que estamos encontrando cosas. Por ejemplo, el PCI es una caja de pandora, semana a semana han ido apareciendo contratos e involucrados y todo en la modalidad de Richard Swing. Órdenes de servicios con menos de 8 UIT, contratados a dedo. Siempre son primos, amigos, o de alguna manera cercanos a Palacio de Gobierno”.
Los audios
Si se está recabando información tributaria y telefónica de dos personas investigadas en el caso Richard Swing, sin duda una de ellas sería Mirian Morales. Pero el nerviosismo de Vizcarra ha sido debido a los audios que fueron difundidos hoy en el Congreso de la República. En el primer audio se escucha la conversación de la reunión que tuvieron Martín Vizcarra, Mirian Morales, Óscar Vasquez y Karem Rocca. El audio es claro, en Palacio se planificaba todo para mentir y esconder las huellas sobre el caso Richard Swing.
No fueron dos las veces que Richard Cisneros visitó Palacio de Gobierno, sino, cinco veces, también se escucha en el audio, y mencionan que las otras visitas las ocultaron, pero que dos visitas fueron puestas en el registro de Transparencia. Rocca se siente traicionada por el presidente y le dice que renunciará, pero que aquí la responsable y a la cual el presidente protege es Mirian Morales, señala Rocca. Es decir, desde Palacio de Gobierno el propio presidente Vizcarra nos ha estado mintiendo.

En otro de los audios entre Karem Rocca y Richard Swing la conversación se centra en más detalles sobre las investigaciones del caso Richard Swing. Rocca menciona que Palacio de Gobierno le puso los abogados pero que ella los ha desechado, porque eso significaba que ellos sepan todo lo que hace. Karen Rocca señala que el presidente se molestó por eso.
Richard Swing en el audio menciona que tiene información y copias guardadas por su seguridad de todo lo que sabe sobre el presidente Martín Vizcarra. Además, señala que le habló sobre Chinchero al presidente y le dijo que iba quedar como el peor delincuente. También Cisneros menciona que Mirian Morales fue la que se encargó de llamar al Ministerio de Cultura para que sea contratado.
Con la difusión de una parte de los audios el congresistas Edgard Alarcón solicitó garantías para su vida y su familia. De la misma forma pidió garantarias para la vida de Karrem Rocca (exasistente del despacho presidencial) y para Richard Cisneros Carballido. En adelante los dos colaborarán con la investigación como testigos. El parlamentario Alarcón también agregó que en total hay más de dos horas y media de audio.
Hoy el Congreso estaría solicitando la vacancia presidencial por incapacidad moral.
Política
De ‘Qali Warma’ a ‘Desayuno en mi Cole’: Midis cambia de nombre, pero la problemática continúa
Tras denuncias por alimentos en mal estado, el programa alimentario del Midis pasó de llamarse ‘Qali Warma’ a ‘Wasi Mikuna’. Ahora, la ministra Leslie Urteaga anuncia un nuevo intento bajo el nombre ‘Desayuno en mi Cole’.

Tras los escándalos que marcaron el final de ‘Qali Warma’ y el fallido experimento de ‘Wasi Mikuna’, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) liderado por la cuestionada Leslie Urteaga Peña lanza su tercer intento: el programa “Desayuno en mi Cole”, que entrará en vigencia este 11 de agosto en 62 colegios públicos de Lima y Callao.
Aunque se presenta como una «nueva estrategia» para asegurar alimentos frescos y preparados dentro de las instituciones educativas, la credibilidad del Midis está por los suelos. Los antecedentes son claros: ‘Qali Warma’ fue blanco de múltiples denuncias por intoxicaciones, incluso con productos en mal estado como las recordadas conservas con carne de caballo distribuidas en Puno por la empresa Frigoinca, lo que provocó una crisis sanitaria y la destitución de 19 funcionarios.
En respuesta, el entonces ministro Julio Demartini lanzó, en noviembre de 2024, el programa ‘Wasi Mikuna’, prometiendo eficiencia y control. Pero apenas meses después, nuevas intoxicaciones y quejas por alimentos malogrados obligaron al gobierno a declarar en emergencia el servicio alimentario escolar hasta diciembre de 2025. Ahora, con otro cambio de nombre y esquema, el Midis insiste en recomenzar.

En noviembre de 2024 el exministro Demartini cambió de nombre a ‘Qali Warma’ por el de ‘Wasi Mikuna’.
¿Qué ha cambiado realmente? Según la ministra Leslie Urteaga Peña, esta vez habrá mayor control: los alimentos se prepararán diariamente dentro de los colegios, a cargo de un concesionario externo. Pero esa misma figura —la tercerización del servicio— ha sido utilizada antes, sin resultados que eviten los riesgos sanitarios ni la corrupción.
Mientras tanto, el exdirector ejecutivo de ‘Qali Warma’, Fredy Hinojosa, sigue en su cargo de vocero en Palacio de Gobierno, pese a ser señalado en varias investigaciones por omisión de funciones y negligencia.
El Midis, lejos de mostrar una política alimentaria sólida, parece limitarse a cambiar de nombre y maquillar el fracaso con nuevas promesas. Pero mientras no haya responsables sancionados ni un rediseño real del sistema, los escolares seguirán siendo víctimas de la improvisación estatal.
Política
Poder Judicial protege peajes de ‘Línea Amarilla’ pese a vínculos con Villarán
El juez Jorge Luis Chávez Tamariz rechazó el pedido fiscal de suspender el cobro de peajes en Línea Amarilla. Lima Expresa alegó riesgo de quiebra, priorizando intereses privados sobre la corrupción investigada durante la administración edil de Susana Villarán.

El Poder Judicial, una vez más, ha optado por preservar los intereses económicos de empresas privadas en detrimento del interés público. Esta vez, al declarar infundado el pedido de la Fiscalía para suspender temporalmente el cobro de peajes en la concesión de Línea Amarilla, una infraestructura manchada por la corrupción durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
La decisión, firmada por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, favorece a Lima Expresa S.A.C., empresa actualmente a cargo de la concesión y vinculada directamente con el caso Lava Jato. La Fiscalía había solicitado que se detuviera el cobro de peajes mientras avanzan las investigaciones por lavado de activos y asociación ilícita, en las que están implicadas varias compañías brasileñas y funcionarios de la gestión Villarán.
Corrupción reconocida, pero sin consecuencias prácticas
La resolución judicial reconoce que la empresa Lima Expresa, anteriormente conocida como LAMSAC, está siendo investigada como parte de una red de corrupción encabezada por la constructora brasileña OAS. Sin embargo, considera que no existen motivos suficientes para suspender el cobro de peajes, ni para entregar temporalmente la administración del proyecto a la Municipalidad de Lima, a través de Emape S.A.
El argumento principal del juzgado se sostiene en la supuesta falta de riesgo procesal. Según Lima Expresa, ya no hay posibilidad de obstaculización porque la Fiscalía incautó todos los documentos clave en los allanamientos de mayo de 2023. Además, la empresa alegó que desde 2020 está aplicando correctamente la fórmula de reajuste tarifario dictada por un laudo arbitral internacional.

Fiscalía solicitó al PJ suspender el cobro de los peajes de la Línea Amarilla, pero éste no le dio la razón.
¿Y el perjuicio económico al ciudadano?
Mientras Lima Expresa se defiende invocando la legalidad de sus operaciones desde 2020, la Fiscalía documenta que el primer reajuste tarifario en 2013 —realizado durante la gestión de Susana Villarán— violó el contrato. En lugar de aplicar una fórmula mixta, se utilizó únicamente el IPC nacional, lo que infló las tarifas de manera irregular.
Según el Ministerio Público, esta decisión generó un perjuicio económico al Estado y a los ciudadanos por más de S/ 20 millones, sin que se aplicaran sanciones a la concesionaria. La MML, controlada entonces por la alcaldesa Villarán, avaló el reajuste sin cuestionamientos ni penalidades, pese a tratarse de fondos públicos.
Además, uno de los actos más cuestionables fue la inclusión del Proyecto Río Verde mediante una adenda al contrato original, reemplazando al proyecto COSAC IV sin estudios técnicos ni aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. El cambio no solo desvió recursos sin control, sino que favoreció directamente a la empresa sin prever mecanismos correctivos.
El fantasma de la quiebra y el chantaje económico
Lima Expresa, hoy controlada por el grupo francés Vinci Highways, argumentó que suspender los peajes durante un año significaría su quiebra. Dijo que se verían afectados 627 trabajadores, los fondos de pensiones que han invertido en sus bonos, y la recaudación del Estado vía IGV.
Este tipo de narrativa —el riesgo de colapso económico— ha sido recurrente en las defensas de concesionarias implicadas en corrupción. La empresa, pese a estar bajo investigación penal, apela a una lógica de chantaje económico que antepone la estabilidad financiera a la rendición de cuentas.
Pero, ¿debe el Estado renunciar a la justicia para evitar la quiebra de una empresa? ¿Debe tolerarse el cobro de peajes en condiciones cuestionadas por la propia Fiscalía, solo para evitar un impacto en el flujo de caja de una firma privada?
Diferencias con el caso Rutas de Lima: ¿doble rasero judicial?
La Fiscalía también intentó que el juzgado tomara en cuenta el precedente del caso Rutas de Lima, donde el Tribunal Constitucional ordenó suspender los peajes por la ausencia de vías alternas. Sin embargo, el juez Chávez Tamariz rechazó esa comparación, argumentando que las condiciones legales y técnicas eran distintas.
Aunque los contextos puedan variar, en ambos casos hay una constante: contratos de concesión firmados en contextos de corrupción, peajes impopulares y decisiones judiciales que terminan por favorecer a los actores privados, incluso cuando están bajo investigación por delitos graves.
Una justicia que llega tarde y a medias
El fallo del juez Chávez Tamariz refleja una tendencia preocupante en el sistema judicial peruano: la incapacidad para actuar de forma preventiva frente a casos de gran corrupción. Las decisiones tienden a privilegiar la estabilidad económica sobre la transparencia y la rendición de cuentas.
En el fondo, lo que se está legitimando es que empresas salpicadas por escándalos de corrupción —como OAS o sus subsidiarias— puedan seguir operando con normalidad, mientras el proceso judicial se arrastra por años. En paralelo, la ciudadanía sigue pagando peajes elevados sin recibir mejoras sustantivas en infraestructura ni respuestas claras sobre a dónde va ese dinero.
Demandas millonarias y arbitrajes internacionales
El caso se complejiza aún más al conocerse que, paralelamente, la Municipalidad de Lima enfrenta una condena internacional: deberá pagar cerca de US$ 200 millones al consorcio Rutas de Lima por incumplimientos contractuales, según una reciente sentencia en EE.UU. El Estado peruano ya ha iniciado acciones para investigar los vínculos de Brookfield, controladora del consorcio, con Susana Villarán.
Pero eso no es todo. Brookfield ha iniciado un arbitraje ante el CIADI exigiendo US$ 2700 millones por presunta expropiación de su inversión. La Municipalidad de Lima afirma que presentará nuevas pruebas sobre irregularidades en los contratos, pero el costo de estos litigios ya recae sobre los contribuyentes.
¿Quién paga por la corrupción?
Lo más preocupante es que, pese a los millonarios perjuicios económicos y las pruebas reunidas por la Fiscalía, las medidas correctivas son mínimas. Mientras las empresas se protegen con arbitrajes internacionales, el ciudadano común sigue atrapado entre contratos viciados, tarifas injustas y un sistema judicial que llega tarde y actúa con tibieza.
La pregunta es inevitable: ¿cuántos millones más deben perderse antes de que se tomen decisiones valientes en defensa del interés público?
Política
Compra de aviones de guerra: Dina Boluarte recibió a dueño de empresa Saab
La presidenta Dina Boluarte recibió en Palacio a Marcus Wallenberg. Mientras tanto, su gobierno destina más de S/ 13 mil millones a aviones de guerra, sin enemigo visible, en una decisión ajena a las urgentes prioridades del país.

Mientras el país sufre por hospitales colapsados, cárceles hacinadas y vías de transporte en ruinas, el gobierno de Dina Boluarte ha decidido destinar más de S/ 13 mil millones a la compra de aviones de guerra. ¿La justificación? Una “renovación histórica” de la flota aérea de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), pese a que el país no enfrenta ningún conflicto armado ni amenaza inminente.
La decisión, anunciada oficialmente el 2 de julio durante la ceremonia por los 40 años del sistema Mirage 2000, se concretó esta semana con una reunión en Palacio de Gobierno entre la presidenta Boluarte y Marcus Wallenberg, presidente de Wallenberg Investments AB, principal accionista de Saab, la empresa sueca que fabrica los cazas Gripen E que el Perú planea adquirir.
En la cita también participaron representantes del poderoso Grupo Wallenberg y seis ministros de Estado, incluyendo el titular de la PCM, Defensa, Relaciones Exteriores, Economía, Transportes y Energía. La visita se da en vísperas del arribo del ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, quien llega tras participar en la feria F-AIR en Colombia, donde se exhibieron aviones Gripen utilizados por la Fuerza Aérea de Brasil.

Presidenta Dina Boluarte se reunió con Marcus Wallenberg y representantes del Grupo Wallenberg.
¿Seguridad o pretexto?
El gobierno argumenta que esta compra responde a la necesidad de “fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias” y renovar equipos obsoletos. Pero en un país donde la inseguridad ciudadana, la corrupción y la pobreza golpean a diario a millones, resulta difícil creer que las prioridades nacionales pasen por modernizar cazas de combate sin enemigo a la vista.
La pregunta cae por su propio peso: ¿a quién realmente beneficia esta millonaria operación? En un contexto de cuestionamientos a la legitimidad del Ejecutivo, con una presidenta aislada y acusada de usar el poder para blindarse, la compra de armamento de alto costo abre la puerta a sospechas sobre posibles negociados, comisiones ocultas o compromisos oscuros antes de dejar el cargo.
Aviones sí, hospitales no
El contraste es brutal: mientras se firman acuerdos para importar aviones supersónicos, las postas médicas carecen de insumos, las escuelas se caen a pedazos y los ciudadanos mueren esperando una cama UCI. La supuesta “decisión histórica” se parece más a una jugada estratégica que podría tener más de oportunismo que de visión de Estado.
Política
Zonificación a la medida: MML autoriza edificios de 28 pisos en San Isidro
Pese a las normas vigentes, con la ordenanza 2670, la gestión de López Aliaga allana el camino a megaproyectos inmobiliarios. Vecinos acusan a la alcaldesa de San Isidro de ceder ante su partido y ante intereses empresariales.

Una nueva polémica sacude al tradicional distrito de San Isidro. La construcción de un edificio de 28 pisos en la avenida Salaverry con calle Burgos ha desatado la indignación vecinal. ¿El motivo? La Municipalidad del distrito otorgó una licencia que contradice abiertamente las normas urbanísticas: en esa zona solo se permiten edificaciones de hasta 10 y 4 pisos, respectivamente. La Contraloría General de la República lo ha confirmado: la obra viola todas las regulaciones vigentes.
Pese a que el caso se encuentra judicializado, la Municipalidad de San Isidro aprobó el proyecto en marzo de este año. Mientras tanto, la alcaldesa Nancy Vizurraga de ‘Renovación Popular’ guarda silencio ante el reclamo ciudadano. Su gestión ha iniciado “acciones administrativas” para investigar responsabilidades, pero los vecinos no ven avances concretos. Para ellos, la situación es clara: el municipio parece responder más a los intereses del sector inmobiliario que al bienestar de los ciudadanos.
Alcaldesa de San Isidro es criticada por no defender al distrito
“No estamos en contra del desarrollo urbano, pero queremos que se respete el orden y se escuche a los vecinos”, dicen con firmeza. La falta de transparencia, consulta y estudios técnicos —como los de impacto ambiental y vial— en proyectos como este refuerzan sus sospechas.
La controversia se amplía con la ordenanza 2670, que modifica la zonificación del centro comercial Camino Real. La Municipalidad de San Isidro ha pedido su revisión, alegando que sus observaciones técnicas fueron ignoradas. Pero la decisión final la tiene la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Rafael López Aliaga, que, según los vecinos, actúa como aliado de los grandes constructores.

Ordenanza 2670 de la MML, firmada por el teniente alcalde Renzo Reggiardo.
En medio del malestar, la vecina Nora Loredo fue contundente:
“Lo que está sucediendo es un escándalo. La MML ha cambiado la zonificación para que aquí se pueda construir cuatro torres de 18 pisos, con no sabemos cuántos departamentos, sin hacer estudios de impacto ambiental, sin hacer estudios de impacto vial; no hay consulta vecinal y sin tomar en cuenta que esta es una zona de reglamentación especial porque está la huaca Huallamarca allá y El Olivar aquí. la alcaldesa de San Isidro Vizurraga que se ponga los pantalones y que se enfrente a su jefe, el señor López Aliaga, pero en realidad no es su jefe. Su jefe somos nosotros señora alcaldesa, porque nosotros fuimos los que votamos por usted. Nosotros fuimos los que la hicimos alcaldesa a usted. Usted tiene que rendirnos cuentas a nosotros. A sus votantes”.
Política
Dina Boluarte: “Me retiraré en 2026 con el orgullo de haber servido de la mejor manera»
La presidenta Dina Boluarte afirma que dejará Palacio de Gobierno el 28 de julio de 2026 “con la frente en alto”, pese a las críticas, protestas sociales y su alta desaprobación ciudadana.

Durante una ceremonia organizada por el Ministerio de Trabajo, la presidenta Dina Boluarte anunció que culminará su mandato el 28 de julio de 2026 “con orgullo y la frente en alto”. Frente a un centenar de jóvenes talentos, afirmó que su gestión se ha caracterizado por la ejecución de obras y una lucha firme contra la corrupción. “Misión cumplida. Me retiraré con el orgullo de haber servido de la mejor manera como presidenta de la república», exclamó Dina Boluarte, refiriéndose a su paso por el Ejecutivo.
En el acto, donde se presentó a los jóvenes que se integrarán a la administración pública, Boluarte insistió en que su gobierno será recordado como “honesto y decente”. Aseguró que no se toleran actos irregulares en su gestión y que todo indicio de corrupción es sancionado de inmediato. “Con nosotros no hay adendas, donde bien sabemos que se escondía la corrupción. Aquí obra iniciada es obra terminada y entregada al pueblo”, dijo.

Pese a investigaciones, la mandataria dice: “Nuestras obras son con las manos limpias”.
Más tarde, acompañada del ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero Campos, Boluarte presentó un informe sobre avances en el sector agropecuario. Desde Palacio de Gobierno, resaltó el cierre de brechas como una de las prioridades de su mandato.
Sin embargo, la afirmación de que dejará el poder con la “misión cumplida” contrasta con una gestión marcada por cuestionamientos, protestas sociales, crisis política y altos índices de desaprobación. Si bien la presidenta busca proyectar una imagen de transparencia y eficiencia, diversos sectores de la sociedad civil critican la falta de resultados tangibles y la desconexión con las demandas ciudadanas. Su declaración parece más un intento de consolidar una narrativa oficial que una evaluación objetiva de su paso por el poder.
Política
Congreso: bancadas tantean ‘alianzas’ para disputar la Mesa Directiva
Con los comicios internos a la vuelta de la esquina, el denominado “Bloque Democrático” busca perpetuarse en el control del Congreso, mientras sectores opositores intentan —sin aún los votos suficientes— construir una alternativa que rompa la hegemonía legislativa.

A pocas semanas de elegirse a la nueva Mesa Directiva del Congreso para el período 2025-2026, las bancadas empiezan a mover fichas, tejer alianzas y tantear escenarios posibles. Por un lado, el Bloque Democrático, ya instalado por dos periodos consecutivos, busca repetir el control legislativo. Por el otro, agrupaciones opositoras intentan romper esa hegemonía y armar una lista alternativa. Pero el panorama está lejos de definirse.
El Bloque Democrático, conformado por Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, perfila una fórmula continuista con apoyo previsible de Somos Perú, cuya adhesión ha sido casi automática en los últimos años. En palabras del vocero Héctor Valer, Somos Perú solo integrará una lista si es bajo el paraguas de ese bloque.
Desde el otro lado del tablero, la bancada Honor y Democracia —integrada por ex Renovación Popular como Jorge Montoya y José Cueto— fue la primera en anunciar su intención de competir. El 27 de junio, Montoya oficializó la candidatura de Cueto a la presidencia del Congreso y, en una muestra de apertura política poco usual, no descartó tender puentes incluso con bancadas de izquierda: “La mayoría manda”, afirmó.
Una oposición que aún no suma
La noche del domingo, Aron Espinoza, dirigente de Podemos Perú y esposo de la congresista Digna Calle, anunció que esta semana se iniciarán conversaciones formales con diversas agrupaciones para construir una lista opositora. Las bancadas convocadas para una primera reunión este martes 8 de julio son: Acción Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú y Honor y Democracia.
Espinoza fue tajante: la intención es evitar que la próxima Mesa Directiva sea funcional al Ejecutivo. “La lista oficialista está hecha para proteger a Dina Boluarte. Ya se sabe quiénes la integran: Fuerza Popular, Perú Libre —que ya le gustó la mamadera a Waldemar Cerrón—, Avanza País y Somos Perú”.
Sin embargo, los números aún no cuadran. Juntas, las bancadas convocadas suman apenas 46 votos (Podemos 13, Renovación 11, Acción Popular 9, Juntos por el Perú 8, Honor y Democracia 5). Aún les faltan 21 votos para alcanzar la mayoría simple de 67 necesaria para ganar en primera vuelta. Este margen obliga a una ampliación de alianzas que todavía no está asegurada.
Además, falta definir quién encabezará la fórmula. Aunque Honor y Democracia propone a Cueto, tanto Renovación Popular como Podemos Perú han señalado que no asumirán cargos en la directiva, al menos por ahora, lo que deja abiertas negociaciones complejas sobre los puestos de vicepresidencia.
¿Una izquierda como comodín?
Un punto llamativo es la disposición de Honor y Democracia —una bancada de perfil conservador— a dialogar con grupos de izquierda como Juntos por el Perú. Esta flexibilidad responde, más que a convicciones ideológicas, a una estrategia pragmática de supervivencia política, tras haber quedado fuera de las mesas anteriores. En esta ocasión, buscan evitar el aislamiento y no descartan respaldar una fórmula distinta si se garantiza su participación en algún cargo de la directiva.
¿El Congreso se inclina hacia el continuismo?
A pesar de los esfuerzos opositores, todo indica que el Bloque Democrático mantiene ventaja. Tiene experiencia, recursos, alianzas consolidadas y respaldo tácito del Ejecutivo. Además, los incentivos para mantenerse en el poder son evidentes: controlar la agenda parlamentaria, blindar a sus aliados y decidir el ritmo de las reformas.
La carrera hacia la Mesa Directiva 2025-2026 ya empezó. Pero más allá de los nombres, la verdadera disputa es por el modelo de Congreso que predominará: uno que responda a los intereses del oficialismo o uno que ejerza una oposición más activa, aunque aún fragmentada.
Política
Fiscalía investiga al alcalde de Pomalca por presunta apropiación de fondos municipales
El alcalde Manfri Bernal y dos funcionarias son investigados por no depositar más de S/ 171 mil en la Cuenta Única del Tesoro, lo que habría facilitado el presunto desvío de recursos públicos durante el primer semestre de 2025.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha abierto una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Pomalca, Manfri Bernal, y dos funcionarias de su gestión, por la presunta apropiación indebida de recursos económicos municipales que ascienden a más de S/ 171 mil soles.
El fiscal a cargo del caso, Daniel Gerardo Flores Aguinaga, del Tercer Despacho de la mencionada fiscalía, junto a agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, intervino las oficinas de Caja y Tesorería de la municipalidad para recabar documentos y verificar los ingresos recaudados durante el primer semestre de 2025.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.
Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.
En la investigación figuran también Ana Llempén, tesorera de la entidad, quien no habría rendido cuentas ni realizado el traslado de fondos, y Rosaliz Cubas, gerente municipal, señalada por presunta omisión de funciones en el control financiero.
El alcalde Bernal es incluido por inacción ante las irregularidades, lo que podría interpretarse como tolerancia o encubrimiento. La fiscalía ha establecido un plazo de 240 días para determinar responsabilidades y recabar elementos de convicción.
Política
Mininter aprueba contratación de abogados que defenderán a exministro Santivañez
Las resoluciones firmadas por la Secretaría General autorizan el uso de recursos públicos para contratar al estudio de abogados propuesto por el propio Santivañez, investigado por presuntas irregularidades durante su breve gestión en el Ejecutivo.

El Ministerio del Interior ha aprobado, mediante tres resoluciones de Secretaría General —N° 119-2025-IN-SG, 120-2025-IN-SG y 121-2025-IN-SG— la contratación de servicios legales para la defensa del exministro Juan José Santivañez Antúnez, quien enfrenta diversos procesos en su contra.

Resolución de Secretaria General N° 119-2025-IN-SG.
Esta decisión tiene como antecedente la Resolución de Secretaría General N° 071-2025-IN-RSG, emitida el 14 de mayo de 2025, en la que se declara procedente la solicitud presentada por el propio Santivañez para contar con servicios especializados de asesoría y defensa legal. Posteriormente, el Proveído N° 009696-2025-IN-OGAF, con fecha 21 de mayo, fue remitido desde la Oficina General de Administración y Finanzas a la Oficina de Abastecimiento, formalizando el requerimiento.

Resolución de Secretaria General N° 120-2025-IN-SG.
El estudio legal propuesto por Santivañez Antúnez para asumir su defensa es Miranda & Asociados E.I.R.L., firma que también brinda servicios contables y que, según los documentos oficiales, fue seleccionada por el exministro.
Las resoluciones en cuestión aprueban la ejecución de los Procedimientos de Selección No Competitivos N° 25, 26 y 27, a través de los cuales se formalizará la contratación de los abogados encargados de asumir la representación legal del exfuncionario.
Todas las resoluciones han sido firmadas por Erick Fernando Caso Giraldo, actual secretario general del Ministerio del Interior.

Resolución de Secretaria General N° 121-2025-IN-SG.
La decisión genera interrogantes sobre el uso de recursos públicos en defensa de exautoridades investigadas, especialmente en contextos donde la transparencia institucional está bajo constante escrutinio.
Cabe recordar que Juan José Santivañez fue designado ministro del Interior en abril de 2024, y debió dejar el cargo en medio de denuncias públicas por presuntas contrataciones irregulares, vínculos con estudios legales cuestionados y posible tráfico de influencias. Actualmente, es investigado por el Ministerio Público, por lo que el uso de recursos del Estado para costear su defensa ha generado preocupación y críticas por parte de especialistas y sectores de la sociedad civil.
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