Pedro Castillo Terrones, el expresidente que intentó disolver el Congreso por televisión y terminó disuelto él mismo, vuelve a escena. Esta vez, desde el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva por el fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022, anunció —con solemnidad— que dará un nuevo “mensaje a la Nación” este 28 de julio.

Durante la última audiencia del juicio oral que enfrenta por rebelión y otros cargos, Castillo aprovechó su turno de palabra no para responder a las acusaciones, sino para ensayar un nuevo acto político desde su celda. Aseguró que hablará al país a las 8:00 a. m. con motivo de Fiestas Patrias.

“Este 28 de julio el Perú necesita un mensaje de su presidente secuestrado, un presidente que nunca se arrodilló ante las élites del poder, un mensaje con olor y sabor a pueblo”, proclamó, como si aún ocupara Palacio y no estuviera sentado en el banquillo por intentar quebrar el orden constitucional.

La jueza Norma Carbajal, quien preside el caso, le suspendió la palabra para continuar con la diligencia. Castillo Terrones está acusado de rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública. Pero él insiste en hacerse pasar por mártir.

Al parecer, el expresidente no solo perdió el cargo y la libertad, sino también el sentido del ridículo. Aunque preso, aún se dirige a la Nación… como si alguien la gobernara desde la cárcel.

El 8 de julio de 2025, la congresista Kelly Portalatino presentó formalmente su renuncia al partido Perú Libre ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Lo hizo sin discursos, sin mayores explicaciones, como quien toma una decisión apresurada y no mide las consecuencias jurídicas ni políticas. Apenas dos semanas después, el 22 de julio, intentó retractarse públicamente: alegó que había actuado de manera “precipitada” y reafirmó su lealtad a Vladimir Cerrón. Pero el daño ya estaba hecho. Según el reglamento del ROP, una renuncia formal es irreversible: Portalatino queda inhabilitada para postular en las elecciones generales y regionales de 2026, ya sea como militante o invitada de cualquier organización.

La congresista, una de las figuras más visibles del castillismo residual, ha quedado atrapada en su propio error. Pero más allá del destino personal, su caso es una radiografía de un partido al borde del colapso, cada vez más reducido a un clan con sello familiar y escasa viabilidad electoral.

La fractura detrás del gesto

Aunque la congresista no ofreció una versión oficial de los motivos que la llevaron a firmar su renuncia, fuentes parlamentarias coinciden en que el malestar se incubó tras su exclusión de las negociaciones para la Mesa Directiva del Congreso 2025-2026. En esa contienda interna, el nombre de Waldemar Cerrón —hermano del fundador y líder ausente del partido— volvió a imponerse como la única alternativa. El aparato partidario, obediente a los intereses del clan familiar, dejó fuera no solo a Portalatino, sino también a otros congresistas que aspiraban a renovar el rostro de Perú Libre, como Américo Gonza. Sin espacio para el disenso, sin margen para el diálogo político, Portalatino optó por una salida silenciosa, probablemente convencida de que aún podía negociar su regreso.

Lo que ignoraba —o desestimó— es que en el derecho electoral peruano, renunciar al padrón partidario equivale a quedar fuera del juego. Su pedido posterior de nulidad fue simplemente inadmisible: el JNE no contempla renuncias con reversa.

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.

El cerco se cierra

La situación de Portalatino no es solo jurídica. Políticamente, ha quedado aislada. Su bancada se reduce a 11 integrantes, frente a los 37 que obtuvo en 2021, y su figura ya no despierta el interés ni de sus colegas ni de la opinión pública. Las investigaciones fiscales en su contra, por presunto encubrimiento y otros delitos, la rodean de un halo de sospecha. Desde el Congreso, su margen de maniobra será mínimo. No lidera comisiones clave, no controla fracciones internas y ha perdido la interlocución con la dirigencia central del partido.

Su lealtad a Vladimir Cerrón, expresada incluso tras la renuncia, no ha sido recompensada. El líder de Perú Libre sigue prófugo y su hermano Waldemar consolida una candidatura presidencial que, más allá de su viabilidad, se apoya en el control vertical del partido y no en una plataforma política clara.

El partido como trampa

Perú Libre, en cinco años, ha pasado de ser la sorpresa electoral de 2021 a convertirse en un feudo reducido, sin cuadros visibles y sin proyecto. La salida de Portalatino no es un hecho aislado. Es parte de un patrón: cada vez que un militante cuestiona la línea oficial o intenta ejercer autonomía política, es marginado. No hay democracia interna ni apertura al debate. Solo fidelidad ciega al caudillo.

El caso Portalatino, en ese sentido, es paradigmático. Intentó alzar la voz, luego retrocedió, pero ya era tarde. Lo que debió ser una jugada táctica se convirtió en su acta de defunción política.

¿Es posible que la izquierda peruana saque lecciones de este naufragio? ¿Puede surgir una alternativa fuera de la lógica cerronista? Hoy, la respuesta es incierta. Pero lo que sí parece claro es que mientras Perú Libre mantenga su estructura de partido-dinastía, el destino de figuras como Portalatino no será la excepción, sino la norma.

En un acto que evidencia el deterioro institucional y el uso político de los órganos de control, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por la congresista María Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso (APP), archivó la denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, acusada de liderar una ‘Organización Criminal’ dentro del Ministerio Público.

La decisión se impuso con siete votos en contra del informe de calificación —que recomendaba admitir a trámite la denuncia—, seis a favor y dos abstenciones. Así, el caso fue cerrado de forma inmediata y definitiva. Lo escandaloso no termina ahí: el documento fue incluido en la agenda sin previo debate ni coordinación, sorprendiendo incluso a los propios miembros de la subcomisión y dificultando un análisis serio y responsable.

Benavides Vargas, lejos de ser una figura menor en esta historia, es acusada por la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de delitos tan graves como organización criminal, cohecho, abuso de autoridad y obstrucción a la justicia. Según Espinoza, la exfiscal habría manipulado investigaciones, removido y designado funcionarios a conveniencia, e interferido en procesos judiciales para favorecer intereses políticos y personales.

No obstante, el Congreso, en vísperas de la elección de una nueva Mesa Directiva y en un momento de baja vigilancia pública y bajo el paraguas de un Parlamento desacreditado, optó por blindar a Benavides Vargas. La SAC —única comisión activa en medio del receso parlamentario— actuó con premura y sin transparencia. Su presidenta, la apepista María Acuña Peralta, carga ahora con la responsabilidad política de haber convertido un órgano de control, en un muro de impunidad.

En una maniobra paralela que parece buscar desviar la atención, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció una investigación preliminar contra Delia Espinoza por presunta usurpación y abuso de poder. Esto, luego de que se negara a restituir a Patricia Benavides en su cargo, desoyendo una resolución de la JNJ. Según el comunicado oficial, Espinoza habría incurrido en “quebrantamiento de derechos y principios constitucionales”, entre ellos, negarse a recibir a Benavides Vargas, tras cinco horas de espera e instar a funcionarios del Ministerio Público a desconocer la orden.

El mensaje del Congreso es claro: cuando se trata de proteger a los suyos, no hay delito demasiado grave ni evidencia suficiente. La impunidad, al parecer, tiene fuero parlamentario.

Sin contenido para la política. La conocida exmodelo y conductora de televisión Olenka Zimmermann hace tan solo unos días había anunciado para la revista Cosas su candidatura al Congreso de la República por Avanza País, sin embargo, tal agrupación política salió de manera inmediata a desmentirla, indicando en un comunicado que las declaraciones de Zimmermann fueron a “título estrictamente personal”.

“Queremos dejar constancia de que las declaraciones realizadas por la señora Olenka Zimmermann son a título estrictamente personal y no representan la postura oficial del partido ni de ningún integrante de nuestra organización”, se lee en el pronunciamiento.

La misiva también señala que, hasta la fecha, no existe un proceso interno de designación de candidaturas, y que Olenka Zimmermann no figura como postulante: “Rechazamos cualquier intento de autoproclamación o actos de campañas exclusivos, a través de cualquier medio”.

Avanza País le habría bajado el dedo por su contenido en OnlyFans

Un programa de espectáculos realizó una investigación a fondo de la ex chica de impacto, encontrándose que hasta el momento continúa ofreciendo contenido para adultos en OnlyFans, a pesar de que recientemente había indicado que pretendía convertirse en parlamentario.

De acuerdo al reportaje, la exconductora de 55 años tiene su cuenta activa, ofreciendo diverso contenido sumamente explícito a sus suscriptores dispuestos a pagar hasta 400 dólares. Fue ahí donde uno de los reporteros pudo constatar que la exmodelo se muestra como Dios la trajo al mundo, pese a que manifestaba en su trunca candidatura proteger a los menores de edad y respetar a la familia.

“Aquí hay que hacer algo, los niños están desprotegidos. Prácticamente, cuando los dejan en el colegio, entran como en un área de abandono y son poseídos por todas esas ideologías. Si como adultos no protegemos a los niños en qué mundo estamos”, manifestó para la citada revista.

Faltando pocos minutos para el cierre se presentó finalmente, de manera oficial, la segunda lista que intentará hacerse de la Mesa Directiva del Congreso de la República. Se trata de la nómina encabezada por el congresista de Honor y Democracia, José Cueto, quien en alianza con otras bancadas buscarán terminar el periodo congresal 2021 – 2026.

En la presidencia se encuentra Cueto, mientras que el legislador Carlos Zeballos (Bloque Democrático) irá a la primera vicepresidencia. Javier Padilla (Honor y Democracia) se presenta como segundo vicepresidente, mientras que Juan Burgos (Podemos Perú) aparece como tercer vicepresidente.

Ayer por la tarde la lista encabezada por el congresista José Jerí se presentó de manera oficial, teniendo en su lista como primer vicepresidente a Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) en la segunda vicepresidencia, e Illich López (Acción Popular) en la tercera vicepresidencia.

La Oficialía Mayor anunció oficialmente la inscripción de ambas fórmulas, las cuales fueron presentadas en cumplimiento del artículo 12 del Reglamento del Parlamento. La elección se llevará a cabo este sábado 26 de julio, a partir de las 10:00 a.m., durante una sesión presencial en el hemiciclo.

La jornada electoral se desarrollará mediante el uso de cédulas físicas, descartando cualquier modalidad de votación virtual. Esta medida responde a la normativa vigente, que establece que la elección de los nuevos representantes en la Mesa Directiva debe realizarse de manera presencial y directa, asegurando así la transparencia del proceso. El Congreso atraviesa un momento político clave, en el que las alianzas y pactos definirán el futuro de la dirección parlamentaria.

De acuerdo con el inciso f) del artículo 12 del Reglamento del Congreso, el resultado de la elección se comunica en forma oficial a la presidenta Dina Boluarte, así como, a los titulares del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Fiscalía de la Nación, Defensoría del Pueblo, Instancias regionales y a las municipalidades provinciales del país. 

Una vez más, todo lo que toca Dina Boluarte queda maldito, proscrito, resistido por las masas. Hace poco la población de Puno retiró entre abucheos al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, acusándolo de estar a favor de la mandataria y de no salir en defensa de los asesinatos en esa región durante las protestas en el sur del país.

Así o más repudiado se encuentra el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, quien nuevamente ha sido abucheado por sus conciudadanos. Cabe recordar que hace meses fue recriminado en la puerta de embarque de un aeropuerto por pasársela viajando y no solucionando los problemas de su región; ahora, durante un evento por Fiestas Patrias, la ciudadanía le recordó el desprecio que le tienen por su desastroso gobierno.

Acuña tenía programado arribar al desfile oficial a las 11:00 de la mañana. Sin embargo, apenas apareció en el estrado después del mediodía, lo que fue suficiente para detonar la molestia ciudadana. Entre las voces que se escucharon, sobresalieron expresiones como “Fuera, fuera” y otros insultos lanzados por quienes asistieron a la ceremonia.

El retraso fue el principal motivo de la protesta pública. Varios de los asistentes reclamaron la falta de puntualidad y señalaron el incumplimiento del cronograma establecido para el evento. Estos hechos provocan una imagen de distanciamiento entre la autoridad y parte de la población.

Siete por ocho, la ‘pregunta filosófica’ que aún no puede resolver Acuña

En medio de las protestas, un grupo de ciudadanos también aprovechó para recordarle uno de los episodios más mencionados en los últimos días. Desde las gradas, varias personas gritaron: “¿Cuánto es siete por ocho?”, haciendo alusión a la recordada entrevista en la que el gobernador aseguró tener habilidades matemáticas, pero no pudo dar respuesta a una multiplicación sencilla. El incidente se viralizó tiempo atrás y continúa siendo uno de los motivos de burla y desaprobación hacia Acuña en espacios públicos.

No cabe duda que nuestras autoridades viven en un universo paralelo a nosotros, creyéndose todopoderosos, viajando a distintas partes del mundo, recibiendo regalos o dádivas, llegando tarde a los eventos, o sencillamente dándole la espalda a la población.

Condenado, pero muy lejos del país. Días antes de recibir su sentencia, Jorge Cuba Hidalgo, ex funcionario durante el gobierno de Alan García, huyó a Ecuador el pasado 20 de julio, anticipándose a lo que efectivamente fue una condena. Fue el fiscal José Domingo Pérez quien informó que la Policía había constatado que Cuba ya no se encontraba en su domicilio, escapándose al país del norte.

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional lo condenó a 21 años y 8 meses de prisión efectiva tras hallarlo culpable de haber favorecido a la trasnacional brasileña Odebrecht para la adjudicación de los dos primeros tramos del Metro de Lima.

El Juzgado Penal precisó que a la pena de 21 años y 8 meses de prisión contra Cuba Hidalgo se le deberá descontar el tiempo que estuvo en prisión preventiva. Dispusieron la emisión de las órdenes de ubicación y captura a nacional e internacional.

A los exmiembros de la Comisión Especial de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, Mariella Huerta Minaya y Edwin Luyo Barrientos, también se le impusieron 21 años y 8 meses de prisión efectiva con ejecución inmediata. Al otro miembro del comité de licitación, Santiago Chau Novoa, se le dictaron 18 años y 4 meses de prisión efectiva.

El exasesor del MTC Miguel Ángel Navarro Portugal recibió 16 años de prisión, mientras que el primo de Jorge Cuba Hidalgo, Víctor Muñoz Cuba, 13 años y 4 meses.

Finalmente, el Juzgado Penal dictó contra los acusados Magdalena Bravo Espinoza y Jesús Wilfredo Uribe Tapia una pena de 5 años de prisión suspendida por 4 años bajo cumplimiento de reglas de conducta.

Cabe precisar que la exvoleibolista Jessica Tejada también fue acusada por presunto lavado de activos. Sin embargo, el tribunal la absolvió al considerar que no existen elementos que acrediten que cometió el delito dolosamente.

Reparación civil deberá ser pagada de manera conjunta

El Poder Judicial fijó en 12 millones de soles el monto por el delito de colusión, el mismo que deberá ser pagado por Jorge Cuba y los otros acusados por este delito.

Respecto al delito de lavado de activos, el Juzgado fijó la reparación civil en 12 millones de dólares. Este monto también deberá ser cancelada por el exviceministro de Comunicaciones junto a los otros condenados por este ilícito.

Quiere llevar agua para su molino y para ello quiere ganarse el voto de miles de mineros en proceso de regulación. Uno de los conflictos más significativos durante los últimos meses en el país es la minería no formal, encontrándose tanto los mineros artesanales como informales.

Cientos de mineros salieron a protestar para la ampliación del Reinfo, pero el Congreso de la República no ha cedido a sus reclamos. Tampoco encuentran una chance en el Ejecutivo, toda vez que han ido a querer reunirse con el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, no encuentran satisfactoria su visita.

Ante ello, como buen oportunista, Alfredo Barnechea (Acción Popular) está vez sí ha querido comerse ese ‘chicharrón’ para así tener un buen colchón de votantes para lo que sería su postulación a la presidencia el próximo año.

“La minería en el Perú se crea a pico y pala, abriendo socavones en las minas. Y son siempre esos mineros artesanales los primeros que empiezan abriendo la mina”, dijo en entrevista con Latina el periodista y político de 73 años. Sin embargo, mencionó, estos mineros suelen quedar al margen de las grandes decisiones y negociaciones en torno a la actividad minera, según el testimonio que denuncia la ausencia de un diálogo nacional efectivo.

En ese sentido, propone que el Ministerio de Economía (MEF) convoque de manera urgente a un diálogo entre la minería formal y la pequeña minería. El argumento sostiene que existen “muchísimas concesiones mineras que no están explotadas” y que no es posible otorgar estos permisos y dejar que pasen años sin ninguna actividad. “Hay 400 mil mineros artesanales a los que nadie defiende”, añade.

Reforma del sistema de concesiones y censo nacional minero

La brecha entre los mineros artesanales y la gran minería se ha profundizado, mientras los problemas de inseguridad persisten en diversas regiones del país, incluida La Libertad, Apurímac, Cusco y zonas de Loreto, a raíz del desplazamiento de los actores mineros, sostiene Barnechea. 

Para ello plantea una reforma inmediata en el sistema de concesiones mineras. El problema, sostiene el acciopopulista, reside en la acumulación de permisos sin actividad mientras miles de pequeños mineros buscan una oportunidad para trabajar formalmente. “Oiga, dele usted que pueda trabajar y que le vendan a ustedes el producto. Hay muchas maneras de resolver”, propone, sugiriendo un modelo de integración entre la minería a gran escala y la pequeña minería mediante condiciones justas de comercialización.

Otra propuesta central es la realización de un censo nacional minero, con el fin de modernizar el mapa de concesiones y distinguir claramente entre las diferentes modalidades de explotación. “Por primera vez, hay que hacer un censo nacional minero real. Y luego hay que hacer una reestructuración del mapa de las concesiones, porque hay muchos tipos de concesiones”, recalca.