Los congresistas renunciantes de ‘Renovación Popular’ anunciaron este lunes 27 de mayo la conformación de una nueva bancada denominada “Honor y Democracia”.

En el documento enviado al Oficial mayor, Giovanni Forno, informaron que el nuevo grupo parlamentario estará integrado por los legisladores Jorge Montoya, José Cueto, Gladys Echaíz y Javier Padilla, en Renovación Popular. Y lo completa Héctor Acuña Peralta, quien se mantenía como no agrupado.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo atentamente y remitirle adjunto el acta de conformación del Grupo Parlamentario ‘Honor y Democracia’ que a partir de la fecha está conformado por los siguientes congresistas: Jorge Carlos Montoya Manrique, José Ernesto Cuesto Aservi, Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga, Javier Rommel Padilla Romero y Segundo Héctor Acuña Peralta”, se lee en el oficio.

Asimismo, ‘Honor y Democracia’ anunció que Jorge Montoya será el portavoz titular de la bancada y José Cueto ejercerá la vocería alterna.

Congresistas Jorge Montoya, José Cueto y Javier Padilla renunciaron a Renovación Popular

Cabe recordar que, el último viernes 24 de mayo los congresistas Jorge Montoya, José Cueto y Javier Padilla presentaron sus renuncias como afiliados al partido político Renovación Popular.

Mas allá del anuncio de la posible candidatura presidencial del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, otros de los motivos que impulsaron estas renuncias, incluyen vulneraciones a las garantías del debido procedimiento y derechos contenidos en el reglamento interno del grupo congresal.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Lady Camones informó a los medios que la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por el ‘caso Rolex’, será evaluada el próximo martes 4 de junio en la sesión del grupo de trabajo.

La legisladora de Alianza para el Progreso (APP) indicó que la denuncia presentada por el fiscal de la Nación, recién ingresó durante la tarde del lunes 27 de mayo a Mesa de partes, por lo que no pudo ser incluida en la última sesión del grupo de trabajo y por ende tuvo que ser agendada para la sesión de la próxima semana.

«Nosotros ya teníamos una agenda, incluso notificada, así que esta denuncia que ha sido ingresada ayer al Congreso en realidad, a nosotros nos han notificado ayer (lunes) en horas de la tarde y como subcomisión tendremos que dar cuenta en la próxima todavía que será el próximo martes», indicó la titular de la subcomisión.

Asimismo, Camones descartó algún tipo de injerencia de parte del presidente del partido APP, César Acuña, y aseguró que durante el tiempo que lleva como titular del grupo de trabajo siempre han sido objetivos.

«En los dos años que casi voy a cumplir como presidenta de la Subcomisión, nosotros siempre hemos sido objetivos. El tema partidario no ha tenido nada que ver en las decisiones que se han tomado, más aún si en el caso de la presidenta, yo soy solamente un voto de los 24 miembros. Entonces, mi voto no define si una denuncia se aprueba o no, es un voto colegiado de todos los miembros», concluyó.

En declaraciones a la prensa, luego de presentarse ante la Comisión de Constitución, el premier Gustavo Adrianzén se pronunció de forma aireada tras la presentación de una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por parte del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en el marco del ‘caso Rolex’. El jefe del Gabinete Ministerial aseguró que el recurso que el Ministerio Público presentó al Congreso “no es más que una muestra de la persecución sistemática en material fiscal” contra la presidenta.

“Esto firma parte de lo que nosotros venimos denunciando hace semanas atrás, la señora presidenta de la República Dina Boluarte está siendo víctima de una persecución que tiene como base la fiscalía de la nación. Es intolerable que, conociendo perfectamente el mandato constitucional, el articulo 117° y habiéndose indicado allí con claridad cuáles son los cuatro únicos supuestos del que puede ser acusad la presidenta de la República en un exceso que mella la potestad de la señora presidenta de la República, que está afectando el ejercicio de sus funciones constitucionales, no solamente se le haya denunciado en primer termino y por un plazo de sesenta días que ya se venció. Plazo en el que por lo menos teniendo en consideración la alta investidura de la presidencia debió archivarse, o en el extremo insólito formular una acusación. Esto es una persecución que denunciamos aquí”, sostuvo enfadado el premier Adrianzén.    

“Eso es intolerable. Eso es una persecución que denunciamos aquí y que confiamos que el primer poder del Estado, el Poder Legislativo, no va a dejar pasar por alto. Confiamos como lo hemos venido diciendo, que solo en mérito del ámbito constitucional, esto merezca un rechazo liminar”, culminó.

Así las cosas, vale mencionar que lo que se ha tornado sistemático de parte del Poder Ejecutivo, es el lamentable proceder de algunos ministros, como los de las carteras de Educación, Morgan Quero; Cultura, Leslie Urteaga; Transportes, Raúl Pérez Reyes; Vivienda, Hania Pérez de Cuellar; y Justicia, Eduardo Arana, que vienen saliendo a los medios de prensa para indicar que no se debe obstaculizar la labor de la presidenta Dina Boluarte, en lugar de preocuparse de mostrar los logros obtenidos en sus portafolios respectivos.

Aquí el video:

La legisladora de izquierda Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) presentó una nueva denuncia constitucional contra la jefa de Estado, Dina Boluarte, porque se habría ausentado del cargo, e inhibido de cumplir sus funciones presidenciales, desde el 29 de junio hasta el 9 de julio de 2023, luego de someterse a cirugías estéticas.

En el documento de la denuncia, Luque indica que su decisión se debe a que su despacho solicitó inicialmente que le alcancen desde Palacio de Gobierno, detalles de la agenda de la presidenta, en las mencionadas fechas; como la lista de reuniones y actividades, la prescripción médica de descanso, actas de sesiones de Consejo de ministros, entre otras evidencias.

Sin embargo, Luque indica que apenas recibió informes y memorandos, así como sus anexos respectivos, en los que básicamente dan cuenta de un listado de dispositivos normativos y actas emitidas, que en el fondo no brindan detalle de las acciones de la agenda presidencial de forma expresa.

«Existen vacíos en los documentos remitido evidenciando que las denuncias periodísticas cobran objetividad; más aún, porque la información brindada a mi despacho no permite corroborar objetivamente que la presidencia estuvo en ejercicio permanente del cargo», se lee en la denuncia.

«Los documentos seleccionados para su remisión permiten comprender que hay la intención de generar la percepción de una “formal y aparente” continuación de labores de la presidenta Dina Boluarte, pero que no se pueden apoyar con hechos, actividades específicas que den cuenta de un ejercicio efectivo de la presidencia. Por el contrario, existe vacío de información objetiva sobre la agenda presidencial de esos días, evidenciando que la mandataria no cumplió funciones, ni sostuvo actividades públicas ni tuvo reuniones con autoridades o representantes de organismos públicos o sociales», indica Ruth Luque en su acusación.

En esa línea, la legisladora denunciante refiere que la mandataria incurrió en infracción constitucional, al no cumplir los artículos 114° y 115° de la Constitución Política del Perú, así como del artículo 118°, inciso 1, al aparentemente habría hecho un abandono en el cargo.

Lo que sigue, es que el documento sea ingresado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, liderado por la parlamentaria Lady Camones (Alianza para el Progreso), para que sea evaluado, si es admitido a trámite, o lo envían al archivo.

Finalmente, los doce días que la presidenta Dina Boluarte se ausentó del Despacho Presidencial para incumplir con sus funciones, por una intervención de cirugías estéticas al rostro, no le fueron descontados de su remuneración, tal como lo informó la Subsecretaría General del Despacho Presidencial, ante el pedido que hizo la congresista Ruth Luque, la primera semana del mes de mayo.

A pocas horas de que el Pleno del Congreso vote sobre su informe de suspensión de 120 días, aprobado en la Comisión de Ética, por agredir verbalmente a su excolega de bancada Patricia Juárez, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu presentó su carta de renuncia al partido de Fuerza Popular y también a la bancada naranja.

“He presentado el día de hoy mi renuncia irrevocable al partido y a la bancada de Fuerza Popular por motivos personales y de conciencia. ¡Agradezco a Keiko Fujimori la oportunidad de poder servir a mi patria y a los PEX (peruanos en el exterior), avanzaremos!”, escribió en su cuenta de X.

Cuenta de X de Juan Carlos Lizarzaburu.

Pasaron cuatro meses desde que el informe de suspensión de 120 días del congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu, por agredir a Patricia Juárez, fue aprobado en la Comisión de Ética del Congreso, pero este aún no recibido la luz verde en el Pleno para que pueda hacerse efectiva su separación temporal.

Recordemos que el 13 de diciembre último, se produjo la agresión de Lizarzaburu a Juárez. El hecho ocurrió cuando, en medio de una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el fujimorista dejó encendido su micrófono y lanzó una frase agresora machista y sexista que fue difundida a través de los medios de comunicación, y se volvió inmediatamente un escándalo mediático.

Tuvo que pasar un mes y medio para que el informe final de ese bochornoso hecho recién sea votado, el 29 de enero, en la Comisión de Ética. Por su parte, Fuerza Popular solo lo sancionó con seis meses del ejercicio de su militancia.

El gobernador regional de Ayacucho, el “wayki” Wilfredo Oscorima, anunció que realizará una marcha contra el Gobierno de Dina Boluarte, en caso no le asignen el presupuesto requerido para la región Ayacucho en el 2025.

Así lo proclamó Oscorima, durante su discurso en la ciudad de Puquio, provincia de Lucanas, donde se realizó la primera Audiencia Pública Regional Descentralizada de rendición de cuentas 2024. La noticia de la marcha, causó impresión entre los asistentes, los cuales respondieron con aplausos al momento de las exigencias. Y, asimismo, a los críticos al Gobierno de Dina Boluarte, que prácticamente es muy afín a la posición del Gobernador Regional de Ayacucho, respecto de su wayki Boluarte Zegarra.  

Wifredo Oscorima, durante su participación en la primera Audiencia Pública Regional Descentralizada de rendición de cuentas 2024, realizada en Puquio.

«En el 2025 nuestro presupuesto debe superar los mil millones de soles. De lo contrario yo mismo encabezaré las marchas por el pueblo […] Porque no hay otra forma de poder salir de la situación de pobreza», dijo Oscorima, en la Audiencia Pública Regional Descentralizada, realizada en Puquio.

Durante su discurso, Wilfredo Oscorima señaló que su Gobierno requiere más de mil millones de soles para el 2025. Y en caso no recibir el presupuesto, recurrirá a las marchas de protestas encabezadas por su persona.

Otra denuncia le salpica al Poder Ejecutivo. Esta vez el gobierno de Dina Boluarte, ha sido acusado de gastar cerca de medio millón de soles en contratos duplicados. El dominical Panorama, reveló que el Despacho Presidencial habría contratado a personas que lleven a cabo funciones que ya son realizadas en Palacio. Ello a cambio de cifras que oscilan entre los S/16 y S/ 21 mil soles.

Entre otras las labores, que estarían realizándose por duplicado, están los servicios archivísticos y el control de documentos. En el marco de la misma acusación, a inicios de 2024 se registraron contrataciones en el Ejecutivo que han causado preocupación.

Solo en dicho periodo, tres servidores públicos fueron contratados para realizar labores vinculadas a las contrataciones del Estado por pagos desde S/ 16 mil y S/ 27 mil. Dichos cargos fueron descritos como “servicio en contrataciones públicas”, “servicio en contrataciones del Estado” y “servicio de analista en contrataciones del Estado”.

El Gobierno se defiende

El día de ayer, tras tonar conocimiento del reportaje; el Gobierno de Dina Boluarte se pronunció en la noche de este domingo 26 de mayo.

Mediante un comunicado emitido desde la cuenta de la Presidencia, el Ejecutivo rechazó presuntos actos irregulares en las mencionadas contrataciones y aseguró que los referidos vínculos están bajo la supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE. Asimismo, el vocero de la presidenta, Fredy Hinojosa, defendió a la jefa de Estado y explicó que estos casos obedecen a que los funcionarios de planta no podrían cubrir la necesidad de los servicios mencionados anteriormente.

Comunicado de la Presidencia de la República.

“Los servicios por terceros se realizan dentro del marco de la ley y cumplen estrictamente con lo establecido en los términos de referencia. Estos contratos están bajo supervisión de OSCE, se encuentran debidamente registrados en SEACE y publicados en el Portal de Transparencia de libre acceso para cualquier ciudadano”, se lee en el documento publicado en X.

La aprobación de la gestión presidencial de la mandataria Dina Boluarte cayó a su más bajo nivel, comparado a fechas anteriores. Actualmente, de acuerdo a la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) entre el 18 y el 23 de mayo, publicada por el diario La República, indica que un 90 % desaprueba cómo Boluarte Zegarra está conduciendo su gobierno, mientras que solo un 5 % aprueba su desempeño.

La caída de la presidenta se está incrementando, poque hace dos meses, según otro estudio del IEP, la mandataria era desaprobada por 86 % y aprobada por un 8 %. La aprobación de Boluarte Zegarra cae aún más en Lima, donde solo un 4.1 % de los encuestados dijo que aprobaba su gobierno.

Con respecto a temas de corrupción, la percepción entre los ciudadanos tampoco es favorable al actual gobierno. Porque, un 50 % cree que la gestión Dina de Boluarte terminará siendo más corrupta que en gobiernos anteriores. Mientras, que un 42 % indica que será igual de corrupto y apenas un 5 %, cree que será menos corrupto.

El nivel de aprobación del Congreso de la República también se mantiene en muy bajo nivel porcentual. Solo el 6 % de los encuestados, afirmó que lo aprueba, mientras que un 91 % manifestó su desaprobación al Parlamento.