La congresista del Frente Amplio, Mirtha Esther Vásquez Chuquilin nació en Cajamarca y tiene 45 años. Es abogada de profesión y tras participar en enero de este año en las elecciones del Congreso Extraordinario 2020, salió elegida congresista de la República por Cajamarca, y obtuvo 12,687 votos en representación del Partido Frente Amplio.
Desde el 16 de marzo de este año, al inicio de la pandemia asumió su investidura como parlamentaria para el periodo 2020-2021.
Sus estudios de derecho los realizó en la Universidad Nacional de Cajamarca y además ha sido docente de esa casa de estudios. También, tiene una maestría en Gerencia Social por la Pucp. En su rol de activista, es abogada de GRUFIDES (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible), una ONG formada en 2001 y que es pro-derechos humanos y del medio ambiente, dizque sin fines de lucro, a pesar que obtienen importantes financiamientos del exterior.
La congresista Vásquez ha sido la Directora Ejecutiva de esa ONG, sin embargo, hoy figura como Vocal de Incidencia. Aquel organismo sin fines de lucro recibe cuantiosos financiamientos del exterior a través de la cooperación internacional; justamente hace algunos años trascendieron denuncias de que esos fondos eran utilizados para financiar actividades violentistas en contra de proyectos mineros como Newmont-Yanacocha en Cajamarca y también en la provincia de Islay, en Arequipa; aunque los de Grufides se defendieron y argumentaron que solo era una campaña de desprestigio contra ellos.
Asimismo, han deslindado tener vínculos cercanos con Marco Arana y negaron que él fuera parte de su Consejo Directivo. La congresista Mirtha Vásquez también fue abogada de otra ONG muy conocida como es APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos); esta ONG anteriormente hizo noticia por haberle solicitado a través de un escrito a los parlamentarios de la Unión Europea que retire a la organización terrorista MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru)de la lista de organizaciones terroristas expulsadas en Europa; también hizo noticia por emprender procesos para llevar a juicios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los comandos militares Chavín de Huantar; con la generación de remesas para asumir las defensas de las demandas que al ser ganadas obtendrían millonarias reparaciones civiles del Estado peruano.
La actual presidenta del parlamento peruano también integró el Consejo Directivo de la Coordinadora nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Este importante colectivo que ya tiene 35 años de actividad es una especie de monstruo que alberga a todas las ONGs Pro-derechos humanos del resto de regiones del Perú.
Entre otras cosas, Mirtha Vásquez está en contra del retiro de la inmunidad parlamentaria porque lo considera un peligro, ya que podría afectar a las investigaciones que se realizan en el Congreso. Según su bancada del Frente Amplio, ellos propusieron una reforma total, pero no la eliminación completa de la inmunidad.
Hace dos días en declaraciones a la prensa en los exteriores del Congreso, ella afirmó: “Creo que los únicos legitimados para asumir un cargo como ese son los congresistas que no votaron a favor de esta vacancia, y en ese sentido se tendrá que buscar cuál es la persona más idónea. El responsable político de la vacancia de Martin Vizcarra es el señor Merino, y los responsables políticos de las muertes son los ministros que renunciaron anoche y (sic) tiene responsabilidad el señor Rodríguez que estuvo como ministro del Interior y tiene una responsabilidad no solamente política, sino, penal y creo que hay que denunciar fuertemente estos hechos; no pueden quedar impunes de ninguna manera”.
Sobre sus colegas del Frente Amplio que votaron a favor de la vacancia, ella dijo: “En este momento hace falta que hagan un mea culpa y que le pidan perdón a este país por las consecuencias que se están viendo. Me parece terrible la actitud del señor Merino; debería renunciar porque no es una persona idónea para seguir adelante, menos cuando en su existencia por ocupar el gobierno se ha manchado de sangre esta política que él ha llevado adelante”.
Y ante la interrogante, sobre alguna responsabilidad del Congreso en los hechos de las muertes de los jóvenes durante las protestas afirmó:“Creo que todo el Congreso como institución (sic) estamos involucrados en eso y creo que a nosotros nos merece pedirle perdón a este país. Esta institución no puede haber tomado una decisión tan irresponsable y haber realmente causado estas muertes; todo el Congreso como institución estamos involucrados y por eso debemos ser los suficientemente valientes para dar la cara y pedirle perdón a este país y los que votaron en favor de la vacancia se vuelven corresponsables de estos hechos”.
Sobre su bancada del Frente Amplio, ella añadió: “Ustedes están viendo que mis colegas están haciendo un acto de pedir perdón al país”.
Finalmente fue enérgica, a tal punto que es capaz de recurrir a las instancias supranacionales, porque su respuesta respecto a los desaparecidos de las recientes marchas, simplemente concluyó: “Insto a las autoridades a que activen el mecanismo para que puedan buscar a esas personas, y vamos a activar también las denuncias pertinentes a los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Es curioso ver cómo una parlamentaria con perfil antiminero y oenegero, mantuvo estrechos vínculos con Francisco Sagasti y la bancada Morada durante el accidentado proceso de conformación de la lista para obtener las presidencias de ambos Poderes del Estado, si tomamos en cuenta que concertaron un acuerdo y fueron aliados para ese fin. Así las cosas, ambos en esta coyuntura tienen algo en común que los unió y que de alguna manera hizo que sean presidentes simultáneos de dos Poderes del Estado. Ese algo en común, consiste en que ambos votaron en contra de la vacancia de Martín Vizcarra.
No obstante, a partir de ahora ¿la mesa directiva del Congreso hará sinergia con un presidente de la República de las características de Francisco Sagasti? Eso habrá que verse.
Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.
El Ministerio de Educación aprobó —mediante resolución de Secretaría General N.º 208-2024-MINEDU — otorgar defensa legal al ministro de Educación Morgan Quero Gaime con fondos públicos, pese a estar denunciado por presunta discriminación contra el pueblo Awajún.
En aplicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N.º 004-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles” —modificada por las Resoluciones N.º 185-2016-SERVIR-PE y N.º 103-2017-SERVIR-PE— el Ministerio de Educación a venido otorgando defensa legal a funcionarios y exfuncionarios. Esta normativa, en su numeral 6.1, establece, entre otros requisitos, que para acceder a dicho beneficio se debe presentar una solicitud expresa dirigida al titular de la entidad, cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva.
Con la Resolución de Secretaría General N.º 111-2024-MINEDU de fecha 2 de julio de 2024, el Ministerio de educación aprobó la defensa legal de Ana del Pilar López Rodas, exdirectora general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación, por presunta comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de discriminación e incitación a la discriminación. Acusación que comparte junto al actual ministro de Educación Morgan Niccolo Quero Gaime.
En efecto, mediante la Resolución de Secretaría General N.º 208-2024-MINEDU, publicada el 31 de octubre de 2024, se declara procedente el otorgamiento del beneficio de defensa legal a favor del actual titular del sector.
Cabe señalar que, el actual representante del MINEDU, es investigado por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima, en el marco de una investigación preparatoria, a raíz de sus declaraciones del 10 de junio de 2024, en las que afirmó:
“[…] Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación con los descargos que correspondan […]”.
Estas declaraciones se emitieron en relación con los casos de violencia sexual contra menores de edad ocurridos en la UGEL Condorcanqui, vinculados a poblaciones nativas Awajún y Wampis.
La norma Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 185-2016-SERVIR-PE, “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles”. – Anexo 2, toda vez que en su numeral 6.2 de la establece cuándo NO procede otorgar defensa legal. Entre los supuestos menciona:
Literal b) Cuando el solicitante no tenga la calidad de denunciado, investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable de ser el caso haya sido citado para la actuación de alguna prueba en los procesos, procedimientos previos o investigaciones a que se refiere el numeral 5.2 del Artículo 5 de la presente Directiva, los hechos imputados no estén vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de gestión en su oportunidad como servidor civil o ex servidor civil de la respectiva entidad, derivadas del ejercicio de la función pública.(el subrayado es nuestro)
¿Se justifica el uso de recursos del Estado para defender declaraciones que podrían constituir actos discriminatorios? ¿Acaso las presuntas declaraciones discriminatorias forman parte del «ejercicio regular» de funciones del ministro Morgan Quero? ¿Es un «criterio de gestión» insultar a un pueblo originario como el Awajún?
Si bien es cierto que el ministro actuaba en calidad de funcionario público al momento de las declaraciones, ello no implica per se que sus expresiones estén cubiertas por el marco funcional de su cargo. En este caso, las expresiones atribuidas al ministro —según la denuncia presentada por la congresista Ruth Luque Ibarra — no solo carecen de justificación funcional, sino que colisionan especialmente si éstas contravienen principios constitucionales como el respeto a la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la protección de los pueblos indígenas (artículos 1, 2 y 89 de la Constitución Política del Perú).
El caso del ministro Morgan Quero es particularmente indignante. Un alto funcionario acusado de emitir declaraciones discriminatorias contra el pueblo originario Awajún, y el Estado —nuestro dinero— pagando por su defensa. Como si las palabras que hieren a nuestras etnias fueran parte del deber ministerial. Como si ofender fuera una prerrogativa del cargo.
Resulta profundamente preocupante que, ante esta denuncia, algunos actores políticos y gremiales hayan salido a respaldar al ministro sin siquiera considerar la realidad estructural de exclusión que enfrentan las comunidades Awajún y Wampis no solo en el departamento de Amazonas.
Este caso amerita una revisión urgente por parte de la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General de la República y el Congreso de la República. La defensa legal con fondos públicos debe proteger el cumplimiento del deber, no blindar actos reprochables.
El artículo 77 de la Constitución establece que el uso de los recursos públicos debe estar orientado a fines de interés general. En consecuencia, el financiamiento de la defensa legal de un ministro acusado de realizar expresiones discriminatorias genera un conflicto ético-administrativo, pues se estaría utilizando dinero de todos los peruanos para proteger actos que podrían constituir una afectación directa a un sector históricamente vulnerado como el pueblo Awajún.
En términos de control de legalidad, corresponde evaluar si este acto administrativo —aunque aparentemente válido en su forma— resulta ilegítimo por su contenido y por la finalidad que persigue.
¿Es este el Perú que queremos? ¿Uno donde la discriminación se protege con fondos públicos mientras las comunidades indígenas luchan por ser escuchadas?
Según la Resolución de Secretaría General N.º 087-2025-MINEDU, se formalizó una modificación presupuestaria por 970,950 soles al rubro Defensa Judicial del Estado. Si bien este fondo está legalmente destinado a la defensa jurídica del Estado como institución, existe el riesgo de que parte de estos recursos termine beneficiando a funcionarios de alto nivel involucrados en procesos legales por actos realizados durante su gestión. Esto abre una legítima preocupación ciudadana: ¿estamos financiando con recursos públicos una defensa que debería ser personal?
Durante la gestión del ministro de Educación, Morgan Niccolo Quero Gaime, entre abril de 2024 y abril de 2025, la Secretaría General del Ministerio de Educación emitió 21 resoluciones mediante las cuales se concedió defensa legal a 19 personas —entre funcionarios y exfuncionarios— involucrados en procesos judiciales, investigaciones fiscales y administrativas, en el marco de presuntas responsabilidades derivadas del ejercicio de sus funciones.
En el ajedrez político del Perú, hay piezas que se mueven solas. No importa si están en jaque, si cometieron errores, o si su jugada fue torpe: el tablero se inclina siempre a su favor. ¿Por qué? Porque el Estado ha decidido que ciertos jugadores merecen protección. No importa el color de su ficha ni las reglas del juego.
En aplicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N.º 004-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles” —modificada por las Resoluciones N.º 185-2016-SERVIR-PE y N.º 103-2017-SERVIR-PE—, ha venido otorgando defensa legal a funcionarios y exfuncionarios. Esta normativa, en su numeral 6.1, establece, entre otros requisitos, que para acceder a dicho beneficio se debe presentar una solicitud expresa dirigida al titular de la entidad, cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva.
Bajo este marco, se han aprobado 19 defensas legales a favor de funcionarios y exfuncionarios del sector. Aunque se argumenta que el procedimiento se ajusta a la norma, en la práctica se configura un sistema desigual donde los beneficios se otorgan de manera selectiva. Mientras a algunos se les rechaza la solicitud sin mayor explicación, otros —incluido el exministro Daniel Alfaro, el ministro Morgan Quero Nicollo y exfuncionarios— reciben el respaldo del Estado como si se tratara de un privilegio garantizado.
Daniel Alfaro fue ministro de Educación del investigado expresidente Martín Vizcarra.
Entre los beneficiados destacan:
Ruth Marina Vilca Tasayco, exjefa encargada de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resolución N° 063-2024-MINEDU, Expediente N° 12819-2023, 04/04/2024, presunta indemnización por daños y perjuicios al MINEDU).
Rossana María Zurita Silva, exasesora Pedagógica para la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación (Resolución N° 077-2024-MINEDU, Expediente N° 04529-2021, 18/04/2024, presunta comisión del delito de exhibiciones obscena en material educativo).
Leoncio Delgado Uribe, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 080-2024-MINEDU, Expediente N° 01938-2023 y Expediente N° 17692-2021-0-1801-JR-LA-84, 25/04/2024 y 03/03/2025, ambos por presunta indemnización por daños y perjuicios al Estado).
Willy Arturo Olivera Absi, exjefe de la Oficina De Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 082-2024-MINEDU y N° 120-2024-MINEDU, Expedientes distintos, 25/04/2024 y 2/07/2024, presunta indemnización por daños y perjuicios al Estado).
Raúl Antonio Moral Guillén, excoordinador Regional en Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres 09 de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación (Resolución N° 083-2024-MINEDU, PAD, 26/04/2024, presunto incumplimiento de funciones).
Víctor Enmanuel Luján Ccorahua, excoordinador Regional en Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres 09 de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación (Resolución N° 101-2024-MINEDU, PAD, 22/05/2024, presuntamente, incumplimiento de funciones).
Ana Del Pilar López Rodas, exdirectora general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe, y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación (Resolución N° 111-2024-MINEDU, investigación fiscal, 2/07/2024, presunto delito contra la humanidad, discriminación).
Catalina Julietta Horna Melo, , excoordinadora del Área de Estudios y Proyectos de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 126-2024-MINEDU, Expediente judicial, 11/07/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
Hernán Jesús Navarro Franco, exencargado de la Unidad de Planeamiento y Normatividad de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación(Resolución N° 160-2024-MINEDU, Expediente N° 03001-2024, 9/09/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
Iván Jimy La Rosa Tong, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resoluciones N° 181-2024-MINEDU y N° 238-2024-MINEDU, expedientes distintos, 27/09/2024 y 13/12/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
Ruth Angélica Ho González, exjefa de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resoluciones N° 183-2024-MINEDU y N° 184-2024-MINEDU, casos fiscales, 1/10/2024, presunta negociación incompatible).
Daniel Alfaro Paredes, exministro de Educación, (Resolución N° 193-2024-MINEDU, juicio oral, 16/10/2024, presunta omisión funcional),
Morgan Niccolo Quero Gaime, actual ministro de Educación (Resolución N° 208-2024-MINEDU, denuncia fiscal, 31/10/2024, presunto delito contra la humanidad, discriminación).
Eric Franklin Paz Meléndez, exjefe de la Oficina de asesoría Jurídica del Ministerio de Educación(Resolución N° 215-2024-MINEDU, Expediente N° 05605-2024, 13/11/2024, presunta, indemnización por daños y perjuicios en perjuicio de la Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del Ministerio de Educación).
Iván Jimy La Rosa Tong, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 238-2024-MINEDU, Expediente N° 03001-2024, 9/09/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – Ministerio de Educación.
Yovana Alfaro Ramos, exjefa de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resolución N° 026-2025-MINEDU, caso fiscal, 30/01/2025, presunta negociación incompatible).
María Julia Martínez Reyes, excoordinadora macrorregional de la Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento de la Oficina de Infraestructura Educativa (Resolución N° 037-2025-MINEDU, Expediente N° 04492-2024, 14/02/2025, presunta indemnización de daños y perjuicios al Ministerio de educación).
Nataly Luza Chacón, Especialista Senior en Remuneraciones de la Oficina de Gestión de Personal de la Oficina General de Recursos Humanos (Resolución N° 085-2025-MINEDU, PAD, 9/04/2025, presunta falta disciplinaria).
Casos improcedentes, no recibieron el beneficio de defensa legal de parte del Ministerio de Educación: Roberto Carlos Arrieta Casas – R.M. N.º 140-2024-MINEDU – 05/08/2024 y Rubén Jaramillo Zavala – R.M. N.º 141-2024-MINEDU – 05/08/2024.
Entre los funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Educación involucrados en procedimientos judiciales y administrativos durante el 2024 y 2025, destacan; Ruth Marina Vilca Tasayco, exresponsable del Programa de Nacional de Dotación de Materiales Educativos del Ministerio de Educación, como se recuerda habría estado involucrada en la compra de computadoras por 146 millones de soles, en la gestión del ex ministro de Educación Jaime Saavedra, lo que provocó su interpelación y censura.
En el caso de Rossana María Zurita Silva, exasesora Pedagógica para la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, estaría implicada en la investigación por ser coautora del texto escolar en el que se incluía un enlace con contenido sexual inapropiado para los estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria, situación que ocasionó la interpelación de la exministra de Educación Flor Pablo Medina en el gobierno de Martín Vizcarra.
La buena fortuna de Vladimir Cerrón: en cuestión de meses anulan dos sentencias en su contra y ahora el Gobierno ya no ofrece recompensa por su captura
Cabe recordar que sobre el fundador de Perú Libre aún recae una orden de 24 meses de prisión preventiva por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.
Dos de tres. “Abran campo para la reaparición de Vladimir Cerrón”, pareciera decir la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien ya viene contando los días para su salida de Palacio de Gobierno, no sin antes retirar del camino las piedras y obstáculos del escurridizo líder de Perú Libre, quien en los últimos meses la buena fortuna, y ciertos fallos legales, le vienen sonriendo de par en par.
Y es que hasta hace unos días se ofrecía por el ideólogo del partido del lápiz hasta 500 mil soles por su captura, pero al realizarse una consulta rápida al portal de recompensas del Estado su nombre ya no figura en la lista de los más buscados.
Fuente: Mininter.
Como se recuerda, a finales de diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) le anuló una condena efectiva de 3 años y 6 meses por el denominado caso ‘Aeródromo Wanka’. En esa ocasión la Corte había concluido que no se había demostrado el delito de colusión simple, ya que la firma del contrato entre el gobierno regional de Junín y el Consorcio Aeródromo Wanka no evidenciaba concertación dolosa ni intención de perjudicar al Estado.
Meses después, en marzo del año en curso, el mismo alto tribunal también le anuló la condena impuesta por negociación incompatible en el caso ‘La Oroya’. De acuerdo al TC, tanto la sentencia original como la resolución de apelación carecían de motivación suficiente al no establecer con claridad los hechos que demostrarían un favorecimiento indebido a un contratista ni el rol específico de Cerrón Rojas en los supuestos delitos.
En ambas ocasiones el ex gobernador de Junín denunció ser un “perseguido político”.
Sin embargo, aún queda en pie una orden de prisión preventiva de 24 meses contra Vladimir Cerrón por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ y los presuntos aportes ilegales de su partido que habrían favorecido las campañas de Pedro Castillo y Dina Boluarte.
Resulta relevante recalcar que en la actualidad el líder de Perú Libre no cuenta con condena alguna en su contra, así como de no tener inhabilitación alguna para ejercer cualquier cargo de elección popular, pudiendo postularse como alcalde, diputado o senador.
El dato:
No solo Vladimir Cerrón ha sido borrado del mapa del Programa de Recompensas del Mininter. El ex ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, también abandonó la lista de los más buscados. Él se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de dos años.
Detectan que partido de Martín Vizcarra falsificó 5 mil firmas para su inscripción [VIDEO]
Reniec indicó que durante proceso de inscripción de partido Perú Primero del ex presidente se encontró la firma de afiliados sin haber dado su consentimiento.
Más falsas que las vacunas que trajo en pandemia. Pensaba que nadie se daría cuenta y que iba a pasar de manera disimulada como con las vacunas que se inoculó, pero fue tanto el escándalo de cientos de ciudadanos que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se puso a revisar los padrones de afiliados a los partidos políticos, encontrándose con una serie de irregularidades en los documentos.
De acuerdo a una investigación de Latina Noticias se pudo constatar que el partido político Perú Primero, del ex presidente Martín Vizcarra Cornejo, había completado su lista de 25 mil afiliados con 5 mil firmas falsificadas, las mismas que no contarían con el consentimiento de los ciudadanos.
Es así que el Reniec va a proceder a denunciar a dicho partido por un intento de “fraude masivo”.
En su reporte, Reniec identificó que el partido del ‘Lagarto’ Vizcarra, que hasta ahora no se da cuenta que se encuentra impedido de postular, había presentado en total más de 5 mil firmas falsas, y que todas estas provenían del mismo puño. Por ejemplo, de las 25 mil 189 rúbricas presentadas por Perú Primero en noviembre de 2022, 1936 fueron rechazadas tras detectarse irregularidades. Durante los años posteriores, hasta noviembre de 2024, la entidad excluyó alrededor de 3181 afiliaciones por el mismo motivo.
La Reniec también precisó que Perú Primero actuó de manera sistemática durante este proceso, puesto a que también «han fraguado huellas digitales«, es decir, se ha colocado una misma huella en distintas fichas de inscripción.
fuente: latina noticias.
Pero el partido del ‘Lagarto’ no es el único en jugar sucio para su inscripción. El partido Voces del Pueblo, del congresista Guillermo Bermejo, también había presentado más de 4 mil firmas falsas desde julio de 2023.
De acuerdo a las autoridades del JNE y la Reniec, Perú Primero y Voces del Pueblo estarían incurriendo es el delito de falsedad genérica e ideológica. Por tal motivo, las entidades han presentado las denuncias respectivas para garantizar el cumplimiento de la ley.
Alcaldes del Cusco denuncian maltrato durante ceremonia del Premio Nacional Sello Municipal [VIDEO]
Burgomaestres viajaron a la capital para recibir una placa de reconocimiento, pero esta nunca llegó. Alcaldes denuncian improvisación y maltrato por parte de la presidenta Dina Boluarte y ministra Leslie Urteaga.
Se fueron con las manos vacías. Alcaldes y alcaldesas de la región Cusco se mostraron sumamente indignados luego de haber acudido hoy a la ceremonia de reconocimiento a las municipalidades ganadoras de la octava edición del Premio Nacional Sello Municipal, organizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cartera encabezada por la cuestionada ministra Leslie Urteaga que anteriormente tuvo a su cargo la cartera de Cultura.
Estando ellos incluidos entre los ganadores, las autoridades municipales tuvieron que viajar hasta Lima para recibir el premio que reconocer a aquellos municipios por la mejora de sus servicios públicos y la calidad de vida de las personas en situación de pobreza extrema, sin embargo, se dieron con la amarga sorpresa de que las placas de reconocimiento se habían agotado, desatando la incomodidad e indignación de esas autoridades municipales, que tuvieron que invertir tiempo y dinero para viajar hasta la capital.
No solo las autoridades de la región Cusco se vieron afectadas, sino también se reporta que los representantes municipales de Puno y Junín habrían tenido la misma suerte. Se estima que fueron cerca de 30 alcaldes que tuvieron que retornar a sus jurisdicciones tal como vinieron, ya que las autoridades del Midis le comunicaban que se trataba de una demora del vehículo que transportaba los premios.
El dato:
En esta edición, se convocaron un total de 1,890 municipalidades, de las cuales 1,698 se registraron para participar, logrando un récord histórico. Un total de 1,140 gobiernos locales recibieron este reconocimiento, a través de la Resolución Ministerial N° D000052-2025-MIDIS, lo que marca un hito en esta octava edición del premio nacional.
De estas, 559 municipalidades fueron distinguidas con la insignia Platinum, 394 recibieron la insignia Oro, 23 obtuvieron la insignia Plata y 164 fueron galardonadas con la de Bronce.
IRTP es copado por Fuerza Popular, Ninoska Chandía prepararía terreno para campaña electoral
La presidenta del IRTP ratificó a exjefe de prensa de Fuerza Popular, Christian Peralta Navarrete. Primero aceptó su renuncia y al día siguiente lo designó como su asesor II. Anteriormente él trabajó en el Parlamento gracias a los fujimoristas y habría formado un grupo de ‘cuentas falsas’ contra opositores. Con el nuevo ROF ratificaron a más ‘allegados’ en sus cargos de confianza.
Las movidas y reacomodos dentro del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP,) continúan bajo la jefatura de su presidenta ejecutiva Ninoska Chandía Roque. Como se recuerda, el mes pasado, exactamente el 10 de marzo, mediante Resolución de Jefatura n.° 000007-2025-IRTP-JE designó bajo el régimen CAS como hombre de su confianza a Christian Clemente Peralta Navarrete en el cargo de Asesor de la Jefatura Institucional de la entidad estatal.
Resolución de Jefatura n.° 000007-2025-IRTP-JE que en marzo designó a Christian Clemente Peralta Navarrete. Fuente: El Peruano.
Han transcurrido apenas 42 días desde su designación, y mediante Resolución de Jefatura n.° 000022-2025-IRTP-JE, del martes 22 de abril, la señora Chandía Roque resuelve aceptar la renuncia de Peralta Navarrete; y al día siguiente, mediante la Resolución de Jefatura n.° 000023-2025-IRTP-JE publicada el miércoles 23 de abril, decide contratar nuevamente a Peralta Navarrete como servidor de confianza, esta vez como Asesor II (bajo el régimen laboral D.L 1057).
Resolución de Jefatura n.° 000023-2025-IRTP-JE publicada el miércoles 23 de abril de este año.
Con nuevo ROF en IRTP hay todo un ‘mejunje’ interno
Resulta que desde la jefatura del IRTP liderada por Ninoska Chandía y desde la Oficina de Gerencia General comandada por José Ernesto Vidal Fernández, dieron el visto bueno a un ramillete de personajes que ya pertenecían a la casa televisora y radial, tras haber elaborado informes y memorandos dirigidos a la Oficina de Gestión de Talento Humano “confirmando” que de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP-P), “los elegidos” cumplen con la totalidad de requisitos exigidos para los cargos asignados.
Es decir, las “ratificaciones” se basaron en el nuevo Reglamento de Organización Y Funciones del IRTP (ROF), que la señora Ninoska aprobó el 06 de febrero del 2025, el cual consta de 02 títulos y 81 artículos, dizque porque era necesario, en honor a la “modernización de la gestión del Estado”.
Resolución n.° 000002-2025-IRTP-JE, que aprueba el nuevo ROF para el IRTP firmado por Ninoska Chandía.
Servidores fueron ‘ratificados’ en sus cargos de confianza
Pero no solo el extrabajador de la bancada de Fuerza Popular y del exministro Demartini, Christian Clemente Peralta Navarrete, acaba de ser ratificado y/o reasignado en el IRTP, como asesor II de la Jefatura de la entidad.
La señora Ninoska Chandía también designó a Graciela Elizabeth Ramírez Alberca, en el cargo de Asesora II, quien apenas hace 4 meses Julio Demartini la designó como asesora en el Midis; a Víctor Raúl Ahumada Bastidas, en el cargo de Asesor I de la Gerencia General; a Nelly Flor Ramos García, también como Asesora I de la Gerencia General; a Rogger Mauro Gallardo Kruger, como Jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental; a Carlos Alfredo Castro Gao, como Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a Jorge Ricardo Tisnado Ipanaque, como Jefe de la Unidad de Logística; y a Jean Carlos Chávez García, como Jefe de la Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Ex jefe de prensa de Fuerza Popular continúa como asesor de IRTP
El Asesor II de la jefatura del IRTP, Christian Clemente Peralta Navarrete tiene en su historial una serie de nombramientos vinculados al partido de Keiko Fujimori y al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. No solo llegó al Congreso que tuvo mayoría fujimorista (73 curules) en 2016, sino que lo hizo como parte de la jefatura de comunicaciones del Legislativo, por lo que tuvo a su cargo el canal de televisión del Congreso.
Ese mismo año, el semanario Hildebrandt en sus 13 publicó un reportaje en el que se indicaba que Peralta Navarrete había creado al interior del Parlamento un “escuadrón fujitroll” encargado del “asesinato simbólico de los adversarios”, una serie de publicaciones en redes sociales para confrontar a los enemigos u opositores a Fuerza Popular.
En junio del 2018, luego de un reportaje en Cuarto Poder que hizo eco de la denuncia hecha por Hildebrandt en sus 13, Peralta Navarrete negó públicamente que estuviese a cargo de una red de ‘fujitrolls’.
“Efectivamente, se ha fortalecido el área de Redes Sociales. El Congreso, al igual que los medios, se está volviendo multiplataforma (…) antes teníamos a dos personas (…) Toda la vida dicen que yo particularmente dirijo una red de ‘fujitrolls’ y eso es falso”, afirmó luego de ser cuestionado por la contratación de 12 personas más en esta área.
Christian Peralta Navarrete trabajo como jefe de prensa de la organización política de Keiko Fujimori en el año 2016.
Un artículo difundido por Ojo Público afirma que entre noviembre del año 2023 y febrero del 2024, Christian Peralta Navarrete también fue asesor del cuestionado exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, que dejó el cargo a finales de enero de este año, en medio del escándalo de corrupción por el Caso ‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’. En febrero del 2024, Demartini nombró a Christian Peralta Navarrete en la Oficina de Comunicación e Imagen del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Midis, aunque este nombramiento se mantuvo solo por unos días, entre el 16 de febrero y el 28 de febrero de ese año. Al menos hasta junio del año 2024, se reportó que Peralta Navarrete era el subgerente de comunicaciones de EsSalud; y actualmente, continúa formando parte del circulo de confianza de la allegada a Nicanor Boluarte, la presidenta ejecutiva del IRTP, Ninoska Chandía Roque.
Se le escapó la tortuga y ahora asume las consecuencias. El pasado lunes el reo venezolano Jhon Kennedy Javier Sebastián, sentenciado a 10 años de pena privativa de la libertad por delitos contra el patrimonio, saltó el muro que da hacia los exteriores del penal de Lurigancho, lastimándose una de sus piernas debido a la fuerte caída, tomándose unos segundos para poder reincorporarse y desaparecer en la oscuridad de la noche. Durante ese tiempo, personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) deambularon de aquí para allá sin saber exactamente qué hacer. Fue así como se dio la fuga más insólita de los últimos años.
Es así que el Poder Ejecutivo hizo oficial la renuncia de Javier Llaque Moya a la jefatura del INPE, como consecuencia directa a la fuga del reo extranjero. Su destitución fue oficializada mediante la Resolución Suprema n.° 077 -2025 –JUS, siendo refrendada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Justicia, Eduardo Arana.
Durante una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que la salida de Llaque responde a una “responsabilidad funcional” asumida por el exjefe del INPE. También anunció la destitución del director del penal de Lurigancho y la revisión de los protocolos de vigilancia. El Gobierno ya evalúa a su posible sucesor.
“El señor Llaque presentó su renuncia, que ha sido aceptada, y se designará un nuevo titular del INPE”, declaró Adrianzén, quien enfatizó que este tipo de decisiones son necesarias para enfrentar fallas institucionales graves como la reciente fuga.
De manera oportuna, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), de manera conjunta, anunciaron la eliminación del pago correspondiente al proceso de desafiliación a un partido político, luego que se reportaran incontables denuncias de parte de ciudadanos que no habían dado su consentimiento para pertenecer a una organización política.
Es así que ayer el presidente del JNE, Roberto Burneo, y la jefa del Reniec, Carmen Velarde, realizaron un pronunciamiento, detallando que se tomó la decisión de cancelar el pago como respuesta directa a los miles de casos de afiliación indebida.
Asimismo, indicaron dichas autoridades que se procederá a denunciar ante el Ministerio Público a las organizaciones que habrían incurrido en la presentación de firmas sin la autorización de los ciudadanos.
El sustento de estas denuncias fueron 130 informes técnicos presentados por el Reniec, con los que se observaron 238 335 firmas, las que quedaron invalidadas para el proceso de inscripción de estas organizaciones políticas”, precisaron.