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Congreso impulsará proyecto de ley que contribuirá a prevenir daños ambientales por derrames de petróleo

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El domingo 25 de septiembre ocurrió el séptimo derrame del Oleoducto Norperuano en la Amazonía en lo que va del año1 cuando solo dos días antes, líderes de las organizaciones indígenas ACODECOSPAT (Loreto) y ORPIAN-P (Amazonas) se presentaron en el Congreso -en coordinación con la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAA)2 – para instar a las autoridades peruanas a tomar acciones decisivas para evitar más derrames.

Alfonso López, presidente de ACODECOSPAT, exhortó al Estado a apuntar a la raíz del problema para evitar nuevos derrames: “Aquí la solución no es reaccionar frente a cada derrame, parchando el ducto, ya que sin modernizar ni realizar un correcto mantenimiento del oleoducto, seguiremos hablando de nuevos y permanentes atentados contra la salud de nuestros pueblos, nuestra diversidad biológica y recursos naturales”.

Por su parte, Edwin Montenegro, presidente de ORPIAN-P, resaltó la importancia de hacer llegar la información sobre los derrames y sus impactos a las poblaciones locales, señalando además la necesidad que el Estado reconozca las iniciativas de vigilancia indígena que vienen desarrollándose en la Amazonía.

Asimismo, María Elena Foronda, presidenta de la CPAAAE, señaló que “el OEFA informó que evaluará el impulso de acciones penales contra los funcionarios responsables de los incumplimientos a los mandatos dictados por la autoridad en cuanto a gestión ambiental y medidas correctivas”.

La congresista hizo un llamado al respeto de los derechos de las poblaciones afectadas: “La atención del Estado ante los derrames no salvaguarda los derechos ambientales y sociales de la población local al ser fragmentada, sectorializada y no preventiva”.

El caso del Oleoducto Norperuano debe servir de experiencia para mejorar estándares ambientales de las actividades extractivas, así como para la mejora de la gestión pública ambiental ante emergencias ambientales. Por su parte Vanessa Cueto de DAR señaló que “el Gobierno ha invertido en acciones para dar confianza al sector privado, ahora es momento de dar confianza a la población, hechos como los derrames del Oleoducto generan desconfianza ante grande proyectos de infraestructura”  Asimismo resaltó que “si el Perú quiere entrar a la OCDE debe cumplir con sus recomendaciones en cuanto a fortalecer instituciones como el OEFA y al SENACE, no podemos permitir la flexibilización ambiental”.

 

La Propuesta

Ante esta problemática, la congresista Foronda anunció el impulso de una propuesta legislativa para la ARTICULACIÓN DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO SOCIO-AMBIENTAL CIUDADANO E INDÍGENA EN EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL3 con el objetivo de incorporar los reportes de la vigilancia y el monitoreo de las comunidades en una base de datos que mejorela gestión territorial y ambiental en el Perú, fortaleciendo la institucionalidad ambiental. A la reunión también asistieron los congresistas Horacio Zeballos, Marco Arana y Jorge Meléndez., quienes mostraron su apoyo a las poblaciones afectadas y a sus iniciativas. Asimismo, las organizaciones indígenas recordaron que desde hace años vienen planteando alternativas, en el anterior periodo del Congreso cuando presentaron la propuesta de Proyecto de Ley  N° 3937/2014-CR, para que la información recogida por el vigilante indígena se tome en cuenta de manera oficial y convirtiéndose en una herramienta base para los diversos estudios de impacto ambiental, ya que la vigilancia indígena es una de las ocho condiciones mínimas para mejorar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

Las organizaciones indígenas hacen un llamado a los congresistas para que brinden respaldo a esta importante propuesta legislativa, la cual fortalecería el proceso de fiscalización ambiental.   

La iniciativa de la ‘Vigilancia Indígena’ desde la cosmovisión de las comunidades indígenas permite prevenir de forma temprana los desastres ambientales o afectaciones al ambiente relacionados a las actividades extractivas, esto ha demostrado4 que el vínculo estrecho que tienen con su territorio les permite recoger información clave y alertar, lo cual permite un mejor control de su afectación sobre todo en lugares de difícil acceso.

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1 Este domingo 25 de septiembre en el distrito de Urarinas-Loreto se reportó un nuevo vertido del Oleoducto Norperuano cerca a la comunidad de Monterrico, ubicada a solo dos horas de la comunidad kukama de Nueva Alianza, la misma donde el 21 de agosto último se reportó el derrame de más de cuatro mil barriles de petróleo, a raíz del grave deterioro del Oleoducto Norperuano que opera la estatal Petroperú.SA.

Adicionalmente, el sábado 24 de septiembre en el distrito de Andoas-Loreto, se reportó otro incidente dentro del área de influencia del Lote 192, que opera la empresa canadiense Pacific Rubiales desde fines de agosto de 2015.

2 Las declaraciones se dieron en el marco del Foro “Amazonía, Petróleo y Gobernanza”, organizado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), el último viernes 23 de septiembre en la sala Grau del Congreso de la República.

3 Algunas de las organizaciones indígenas que promueven la Ley de Vigilancia Indígena: AIDESEP, sus bases regionales y federaciones como  Organización Regional AIDESEP Ucayali – ORAU; la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca – ACODECOSPAT (Loreto);  Consejo Machiguenga del Río Urubamba – COMARU (Cusco); y la Central Asháninka del Río Ene – CARE (Junín), Organizaciones Indígenas que conforman el Pacto de Unidad como ONAMIAP y CNA. Organizaciones y Movimientos sociales del ande representadas por RED MUQUI.

4 Los últimos daños ambientales, en Loreto y Amazonas, fueron denunciados por el “Sistema de Vigilancia Indígena” con reportes de control en sus territorios y gestionados por las comunidades y sus organizaciones representativas como ORPIAN y ACODECOSPAT. Además gracias a la Estrategia de Vigilancia Integral Kukama (impulsada por ACODECOSPAT) se hace un seguimiento continuo de la remediación de daños en las comunidades de Nueva Alianza, San Pedro, Cuninico y San José de Saramuro, donde previamente ocurrieron derrames.

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Fiscal de la Nación exige al gobierno que reponga al equipo especial de la PNP que apoya a Eficcop [VIDEO]

El interino Juan Carlos Villena se pronunció para apoyar a los fiscales que combaten la corrupción y exhortó al Poder Ejecutivo reponer al grupo policial que apoyaba al equipo que lidera Marita Barreto.

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El Fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, exige al gobierno, específicamente al Ministerio del Interior la inmediata reposición del equipo especial de la Policía Nacional que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), tras ser recientemente desarticulado por orden del gobierno de Dina Boluarte.

«La ciudadanía no debe tener duda que los fiscales del Ministerio Público defenderemos la legalidad en todas las instancias y especialidades», refirió Villena en la ceremonia del 43° aniversario del Ministerio Público.

El titular del Ministerio Público remarcó la importancia de mantener la legalidad y la integridad de las instituciones judiciales y resaltó la necesidad de apoyar a los fiscales que se dedican a combatir la corrupción. 

Según la tesis de la Fiscalía, la presidenta de la República, Dina Boluarte, habría ordenado a la presunta organización delictiva “Inteligencia criminal en la sombra” que realice acciones para “desacreditar, quebrantar y desmembrar” el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder (Eficcop) y al equipo especial de policías que, solo hace 24 horas fue desactivado.

Según acta del Ministerio Público, se hallaron elementos de convicción respecto a que altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) habrían coordinado con la presidenta Dina Boluarte la destitución del coronel Harvey Colchado de la jefatura de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

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Terrorismo en Patáz: volaron otra torre de alta tensión de minera Poderosa

Los terroristas desafían a las FF. AA y a la PNP. Pese al estado de emergencia en Pataz y pesar del patrullaje de 300 efectivos policiales y la presencia de cientos de soldados del Ejército, destruyen otra torre, entre las 15 torres que fueron destrozadas en los últimos meses. Y dejaron sin energía a la minera Poderosa.

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¡Insólito, a pesar del control militar y policial, debido al estado de excepción! a la 1.39 de la madrugada del miércoles 8 de mayo, un suceso alarmante ha sacudido la localidad de Santa Rosa de Zancobamba, distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión en Pataz-La Libertad, debido a un acto de terrorismo que ha interrumpido las operaciones en la mina Poderosa.  

Según el Ministerio del Interior, la torre número 55, un eje crucial del sistema eléctrico nacional que conectaba el Sistema Eléctrico Nacional (SEIN) con Mina Poderosa, fue destruida en una explosión que ha dejado sin energía a todas las unidades mineras como Marañón y Santa María.

Este atentado no es un hecho aislado; porque en los últimos meses la minera Poderosa sufrió una serie de ataques terroristas que han cobrado la vida de 17 personas. Y como saldo del accionar terrorista de la minería ilegal, se registra la voladura de 15 torres de alta tensión, una subestación eléctrica, una línea de trasmisión y una tubería de fuerza de la central hidroeléctrica.   

El Estado de emergencia no detiene a los criminales terroristas

A pesar de declararse estado de emergencia en la provincia de Pataz y el despliegue de más de 300 efectivos policiales y soldados del Ejército, los ataques persisten. La presencia de autoridades no ha resultado en acciones efectivas contra la minería ilegal, que sigue operando con impunidad. 

Esto se ve exacerbado por la derogación de una norma ejecutiva que buscaba frenar estas actividades ilícitas por parte del Congreso de la República. 

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Procurador Javier Pacheco: “Alberto Fujimori no debe recibir pensión vitalicia por ser condenado”

El procurador general del Estado, Javier Pacheco asegura que la pensión vitalicia de S/15 600 para Alberto Fujimori queda suspendida, por haber sido condenado por delitos de corrupción y lesa humanidad y que, si bien fue indultado recientemente, esto no implica que se le haya declarado inocente.

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El recién designado procurador general del Estado, Javier Pacheco Palacios, afirmó que, según la Ley N° 26519 (Ley de pensión para ex Presidentes Constitucionales de la República), la pensión vitalicia de S/15 600 soles de Alberto Fujimori, queda suspendida al haber sido condenado por delitos de corrupción y lesa humanidad.

El artículo 1° de la ley establece: “Los ex Presidentes Constitucionales de la República gozarán, de una pensión equivalente al total de los ingresos de un Congresista en actividad”.

Sin embargo, el artículo 2° señala: “El derecho referido en esta ley queda en suspenso para el caso de ex Presidentes de la República respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes”.

Ley N° 26519 (Ley de pensión para ex Presidentes Constitucionales de la República).

El procurador Pacheco en entrevista a Exitosa, advirtió que, si bien fue indultado, el expresidente Fujimori no ha sido absuelto de los cargos. Es importante recordar que, si bien fue liberado recientemente, esto no implica que se le haya declarado inocente.

“Nosotros conocemos cuál fue el resultado y que aquí no fue declarado inocente. Fue condenado tanto por delitos de corrupción, como delitos de lesa humanidad (…) No tiene este beneficio en el Congreso de la República”, remarcó.

Alberto Fujimori sí cobra pensión de catedrático

Con respecto a este tema, el abogado del exmandatario Elio Riera reconoció que, actualmente, el expresidente recibe pensión por haber sido catedrático de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).

“¿Él está ganando como catedrático? Es correcto, y de la renta que genera de los libros (…) estimo que son menos de S/2000”, puntualizó.

Fujimori pidió al Congreso su pensión vitalicia, más vales de combustible

A través de un documento enviado el 24 de abril, el exmandatario y su abogado, Elio Riera, formalizaron el pedido ante el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno Florez, amparándose del acuerdo de Mesa 078-2016-2017/MESA-CR.

Fuente: Latina.

“Por medio de la presente me es grato saludarlo y a la vez solicitarle se disponga se le otorgue la pensión establecida en la Ley N°26519 al expresidente constitucional de la República, Alberto Fujimori Fujimori, según Acuerdo de Mesa N°078-2015-2017/MESA-CR”, se lee en el oficio.

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Colectivos realizarán protesta contra ‘apología al terrorismo’ en el Ministerio de Cultura

Ante el escenario ciudadano que exige una responsable inversión del erario público para el estímulo de obras cinematográficas, varios colectivos harán un plantón el miércoles 8 de mayo en el frontis de la sede principal del Ministerio de Cultura.

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Más de una decena de colectivos realizarán este miércoles 8 de mayo un plantón-protesta en el frontis de la sede principal del Ministerio de Cultura para mostrar su rechazo a los criterios utilizados por la Dirección de Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) para otorgar los estímulos económicos provenientes de los fondos públicos a proyectos cinematográficos con sesgo ideológico.

El plantón se realizará desde las tres de la tarde y participarán colectivos como Legión Patriota y Comando Valer, Insurgencia, Movimiento Democrático Anticomunista, Fenavit, Fundación Juana López, Elite Democrático, Trinchera Demócrata Perú, Anti Comunistas-Anticaviares, entre otros.

En la promoción de su anuncio se lee: “Ministra de Cultura financia películas que le lavan la cara al terrorismo sanguinario pisoteando la memoria de mies de víctimas”.

Cabe mencionar que el Congresista Alejandro Muñante ya solicitó a través de una moción de orden del día, crear una Comisión Investigadora en el Parlamento para investigar los ‘Estímulos Económicos’ del Mincul para conocer cuáles fueron los criterios para financiar proyectos cinematográficos, y advirtió que el “Ministerio de Cultura destinó fondos públicos para financiar y promover cinematografías que tergiversan la historia”.

Ministerio de Cultura anunció una reestructuración en el financiamiento para los proyectos cinematográficos

Ante el escenario ciudadano que exige una responsable inversión del erario público para el estímulo de obras cinematográficas y tras el oficio que la congresista Rosangella Barbarán le envió a la ministra Leslie Urteaga, para que explique sobre el financiamiento de películas con temática terrorista, la titular del sector anunció, reestructuración.

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Congresista Muñante solicitó crear Comisión para investigar los ‘Estímulos Económicos’ del Mincul

El congresista Alejandro Muñante presentó una moción para crear una comisión investigadora para conocer cuáles fueron los criterios para financiar proyectos cinematográficos, y advirtió que el “Ministerio de Cultura destinó fondos públicos para financiar y promover cinematografías que tergiversan la historia”.

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El parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó una moción de orden del día (N° 11383) para crear una comisión multipartidaria que investigue en el plazo de 60 días, el uso de los fondos públicos otorgados por el Estado para la Actividad Cinematográfica y Audiovisual; es decir, a los proyectos de cine presentados por sus realizadores, entre los años 2011 y 2023.

La investigación busca determinar si estos fondos “cumplieron los propósitos contemplados en la norma, esto es, estimular la educación, y promover la imagen del Perú a nivel nacional e internacional”.

Moción que solicita crear comisión para investigar uso de fondos públicos para películas.

El congresista, a través de su cuenta en X, advirtió que el “Congreso de la República debe investigar inmediatamente el correcto uso de los recursos públicos destinados a la producción de películas señaladas por su sesgo ideológico y acusadas de tergiversar la historia de país”.  

En el segundo folio de la moción se indica que el Mincul destinó fondos públicos para financiar producciones que tergiversan ideológicamente la historia del Perú, respecto al terrorismo que azotó al país.

“Contrariamente a los fines de la norma, a través de denuncias periodísticas, se ha podido conocer que el Ministerio de Cultura ha destinado fondos públicos para financiar, promover y distribuir producciones cinematográficas y audiovisuales que tergiversan la historia del Perú en lo que respecta al terrorismo y proyectos artísticos que tienen una carga ideológica”, señaló Muñante.

Asimismo, el congresista citó películas como “El Viaje de Javier Heraud”, “La Revolución y la Tierra”, “Hugo Blanco, Río Profundo”, “La Última Tarde”, y la recién estrenada “La Piel Más Temida”, estas dos últimas dirigidas por el cineasta huancaíno Joel Calero.

Expremier Salvador del Solar también se benefició con S/800 mil para una de sus películas

Muñante Barrios, se refirió al Decreto de Urgencia N° 022-2019 que promulgó el expresidente Martín Vizcarra

“Estas producciones habrían tenido un importante incremento a raíz de la dación del Decreto de Urgencia 022-2019 que fue promulgada por Martín Vizcarra de la mano con Salvador del Solar, aprovechando el interregno parlamentario, tras el cierre del Congreso. Sin embargo, llama la atención que, gracias a este DU, el expremier habría sido beneficiado con S/800 mil en el 2023 para la producción de una de sus películas”.

Hasta 2022 el Ministerio de Cultura otorgó casi 110 millones para producción de películas

El congresista también se refirió a los años de financiamiento de producciones cinematográficas por parte del ministerio de Cultura:

“Asimismo, hemos advertido en la moción que, desde el 2011 al 2022 se ha entregado S/109 millones, 883 mil, 873 para la Actividad Cinematográfica y Audiovisual. Además, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, ha anunciado otros S/36 millones en el 2024”.

Así las cosas, y pese a que a la ministra de Cultura Leslie Urteaga ya anunció que en DAFO habrá una reestructuración en el financiamiento para proyectos cinematográficos; de todas maneras, tiene mucho qué explicar, sobre este tema y sobre otros casos, como la contratación de la empresa Joinnus y las vulneraciones que acaban de darse en patrimonios arqueológicos como Chan Chan y Kuélap.

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Walter Gutiérrez renunció a los cargos de embajador del Perú en España y Andorra

Al exdefensor del Pueblo los cargos solo le duraron unas semanas. Walter Gutiérrez fue designado como embajador de Perú en España en marzo de 2023; sin embargo, inició funciones el 21 de abril y lo más probable es que El Ejecutivo lo coloque en otro cargo.

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¿Acaso el Ejecutivo le está reservando otro cargo? Walter Gutiérrez ha presentado su renuncia al cargo de embajador en España y del Principado de Andorra, y como representante del país ante la Organización Mundial de Turismo (OMT).

La decisión fue comunicada a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a través de una carta.

La designación de Walter Gutiérrez como embajador en España se llevó a cabo en marzo de 2023, y comenzó oficialmente sus funciones el 21 de abril del mismo año. Luego, el 12 de mayo, asumió simultáneamente como embajador extraordinario y plenipotenciario de Andorra.

Según el exdefensor del Pueblo, su motivación corresponde a “consideraciones personales que hacen inviable continuar desempeñándome como embajador del Gobierno”.

Asimismo, trascendió que el también exdefensor del Pueblo, habría tenido diferencias con el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea acerca de las políticas del Gobierno sobre el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

Al presentar estas dimisiones debo agradecerle la confianza brindada para asumir las mencionadas responsabilidades. Asimismo, deseo expresarle que ha sido un honor representar al Estado peruano y a mi país en el reino de España”, señala Gutiérrez en la misiva.

Carta enviada por Walter Gutiérrez a Dina Boluarte donde renuncia a los cargos de embajador.

“Finalmente, es mi más sincero deseo que su Gobierno pueda concretar los objetivos de Estado que se han propuesto, así como cumplir con éxito el periodo constitucional de su gestión”, añade.

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Osiptel bloqueó más de 600,000 celulares con IMEI clonados en apenas 11 días

Asimismo, la representante de Osiptel advirtió que, a partir del 22 de julio, se bloquearán los equipos móviles que no estén registrados en la lista blanca del sistema.

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A mediados del mes pasado Osiptel había anunciado que desde el 22 de abril los celulares robados serían bloqueados. 

En esa línea, Tatiana Piccini, representante y directora de Atención y Protección del Usuario de Osiptel, informó que desde el 2 de abril se implementó un nuevo sistema que detecta celulares con IMEI clonado o inválido, como parte del Registro de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad Ciudadana.

En apenas once días de funcionamiento, ya se han identificado más de 600 mil dispositivos afectados y se han solicitado bloqueos a las operadoras correspondientes.

La representante de Osiptel advirtió que es sumamente importante proteger el código IMEI y recomendó a los usuarios que verifiquen la autenticidad de sus dispositivos móviles, marcando *#06#.

“Esta clonación representa un riesgo, ya que los delincuentes pueden utilizar estos dispositivos para actividades ilegales”, refirió en entrevista a Canal N.

¿Cómo consultar el estado de tu IMEI?

Asimismo, mencionó que se puede consultar el estado del IMEI en la herramienta ‘Checa tu IMEI’ proporcionada por Osiptel.

Desde el 22 de abril, todos los equipos celulares traídos desde el extranjero por personas naturales para su uso personal, vienen siendo registrados en el nuevo Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados y Fabricados (RETMIEF), en la lista de celulares válidos, o lista blanca, a través de las empresas operadoras de servicio móvil que les prestará el servicio para evitar el bloqueo.

Finalmente, Piccini informó que, a partir del 22 de julio, se bloquearán aquellos celulares no registrados en la lista blanca del sistema.

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Alcalde Rennán Espinoza a pesar de evidente video, negó que haya piloteado camioneta y que haya escapado de la ambulancia

Tras cinco días de silencio, apareció el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza y en una entrevista aseguró que nunca manejó la camioneta accidentada y que no huyó de la ambulancia que lo llevaba al hospital y más bien aseveró: “Se fuga quien está detenido, preso o impedido de su libertad. Cuando uno es un paciente y es trasladado en este tipo de casos, es a voluntad de la persona que se retira”.

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Tras una clandestinidad de cinco días, por fin apareció el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, y pesar de las imágenes de video que registraron los detalles del accidente y su explicita fuga de la ambulancia que lo trasladaba al hospital, él dio declaraciones a periodistas de América Noticias y negó todo.

Mientras monitoreaba la remodelación de un parque, el burgomaestre de Puente Piedra aseguró que el primero de mayo, día en el que su camioneta se estrelló contra una caseta en el peaje Chillón, él no conducía y negó que se haya fugado de la ambulancia que lo trasladaba al hospital.

Cuando el periodista le preguntó: ¿Usted no quiso entrar por temor a que le hagan un dosaje? Renán Espinoza respondió: “Pero yo no tengo que pasar dosaje etílico ¿cuál sería mi temor a pasar dosaje etílico?”

Entonces, vino la repregunta: “Alguien podría pensar que usted manejaba”.

“Pero si eso se estableció en el accidente; para eso estaba la policía en el lugar”, respondió el alcalde Espinoza. 

Asimismo, el alcalde de Puente Piedra desvirtuó el video en el que se observa hasta cuatro mujeres que intervienen en su rescate para emprender la fuga y en su lugar asegura que se trató de un ‘retiro voluntario’.

“Se fuga quien está detenido, preso o impedido de su libertad. Cuando uno es un paciente y es trasladado en este tipo de casos, es a voluntad de la persona que se retira”, respondió.

También dijo que decidió ir a una clínica porque no estaba tan mal y agregó que solo fue auxiliado por unas vecinas.

“Mucha gente se acercó y es probable que sean personas de la Municipalidad como otras vecinas y vecinos, tengo varios amigos”.

Ante ello, se le preguntó: ¿No conoce a sus funcionarios?

“Sí los conozco, pero ni siquiera he apreciado bien los videos”, contestó el alcalde de Somos Perú.

Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas y en realidad, no se acercó ningún vecino, ni amigo. Por ello, el propio alcalde Rennán Espinoza terminó por reconocer que fueron sus funcionarias municipales, las que se lo llevaron de la ambulancia.

“Sí, son trabajadoras de la municipalidad”, admitió el burgomaestre.

Sila Pilar Chahua Bailón es la gerenta de Salud; Hilda Chaccha Suasnabar es la gerenta de Seguridad Ciudadana; Brenda Milagritos Santana Sáenz trabaja en la agencia centro y Deysi Linn Ortiz Tarazona es gerenta de Participación Vecinal. Aunque ésta última no estuvo, según el alcalde.

Cámara de seguridad registra cómo fugó el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza.

Negó que sus funcionarios municipales le hayan ayudado a escapar

“Yo no necesitaba ayuda para poder trasladarme, no estaba incapacitado; tranquilamente podía caminar, y se han acercado para ver si estaba en una situación más gravosa”, refirió.

Rennán Espinoza también negó haber estado ese mismo día en una reunión con sus trabajadores en el estadio municipal y señaló que dicho evento ocurrió un día antes.

Lo cierto, es que el hombre evacuado por la ventana del piloto de la camioneta vestía polo celeste y gorro azul; justamente, la indumentaria del alcalde Espinoza al momento del accidente; sin embargo, lo negó todo y dijo que se trata de una especulación, e incluso mencionó que las cámaras lo pueden corroborar todo.

Todo lo demás es pura especulación, las cámaras pueden corroborar todo esto, yo entiendo que la especulación y la suspicacia es mucho más grande decir que el alcalde estaba ahí, porque es el político, lo comprendo”, de esa manera negó todo.

Finalmente, también dijo que no vio la agresión de su sereno contra un efectivo de la Policía y que menos sabía que su jefe de Imagen nunca había tramitado un brevete en su vida.

Ante este afán de confundir a la opinión pública y de presuntamente obstaculizar las investigaciones con declaraciones insólitas y contrarias a las evidencias tecnológicas, ahora solo queda esperar a la Fiscalía de la Nación, para que tome cartas en el asunto, porque solo su institución es la que debe perseguir el delito y la única titular de la acción penal.

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