El Pleno del Congreso de la República aprobó la moción de interpelación contra la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, por haber aprobado un decreto legislativo referido a la concesión del agua. Con 52 votos a favor, 33 en contra y 12 abstenciones se admitió el pedido.

La moción fue presentada por el congresista Ilich López, por lo que la ministra deberá acudir al Congreso a responder el pliego interpelatorio el próximo viernes 17 de mayo las 10:00 de la mañana.

Por su parte el legislador López explicó por qué se dio la moción de interpelación, e indicó que los ciudadanos quieren saber las condiciones de la concesión del servicio de agua que plantea la norma y cuáles son las diferencias entre una concesión y una privatización.

“La ministra debe responder qué significa el artículo 3°, donde dice que el agua es inalienable, pero, sí es así, ¿por qué se concesiona?, ¿eso implicará un alza en el servicio de agua?, se preguntó.

La interpelación se dará, a diferencia de la que el Legislativo rechazó en marzo, contra la ministra Hania Pérez de Cuellar, por presunta desaparición de fondos y reporte de inconsistencias en el sector Vivienda.

Moción de interpelación cuestionará el término “concesión de agua”

Ilich López anunció que Hania Pérez de Cuéllar deberá detallar cuáles son las implicancias en el Decreto Legislativo N° 1620, el cual, cuenta con el término “concesión del agua”. Además, advirtió que la autoridad deberá responder por cuántos años se realizaría esta presunta concesión del servicio básico. El pliego interpelatorio cuenta con 13 preguntas que básicamente abordarán, los recibos que pagan los ciudadanos por el servicio de agua potable.

Hania Pérez de Cuellar niega que Sedapal sea privatizado

La titular de Vivienda, constantemente se ha presentado en diversos medios de comunicación para negar que el Gobierno de Dina Boluarte privatizará la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y en respuesta anunció que solo la darán en concesión. ¿Acaso eso no es privatizar?

Hoy, la presidenta de la Republica Dina Boluarte participó en la ceremonia de inauguración del Seminario Internacional: Constitución, Política, Democracia y Valores Institucionales”, desarrollado en la sede del Ministerio de Cultura y dijo que cree en la justicia del país y en la responsabilidad de quienes la administran. Y agregó con un rostro adusto, que no se distraerá con asuntos menores.

“No nos vamos a distraer con asuntos menores; creemos en la justicia en el país, creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país y en esa línea este gobierno seguirá apostando por la democracia, por respetar nuestra Constitución y por hacer más grande nuestra patria”, afirmó la mandataria.

Estas declaraciones las dio mientras su hermano Nicanor era capturado y detenido de modo preliminar por un plazo de 10 días, junto a su abogado defensor Mateo Castañeda, por presuntamente liderar una organización criminal, tras la diligencia del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), en una operación conjunta con la Diviac, denominado ‘Valquiria Jericó’, y que se dio inicio desde las seis de la mañana de hoy con el allanamiento y descerraje de las viviendas de 22 involucrados en el caso conocido como ‘Los Waykis en la Sombra’.

De acuerdo con la resolución del Poder Judicial, Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros seis implicados (José Luis Ortiz Morreros, Noriel Chingay Salazar, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino y Edwin Walter Ugarte Nina) deberán cumplir con la detención preliminar, además de permanecer incomunicados.

Dina Boluarte afirmó que sin descanso revertirá la pobreza

Asimismo, la mandataria aseguró que revertirá las cifras de pobreza reportadas por el INEI.

“Desde el Gobierno seguiremos defendiendo la democracia, la gobernabilidad, la institucionalidad y el orden constitucional, y, sin descanso ni distracciones de ningún tipo seguiremos doblegando nuestros esfuerzos a fin de revertir los números adversos referidos a la pobreza y pobreza extrema que ha reportado el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)”, enfatizó.  

Boluarte Zegarra, trató de evadir las responsabilidades de su gestión de gobierno, e indicó que las causas de dicho informe de extrema pobreza se deben a que el país vivió una convulsión política y social en diciembre de 2022, y en enero y febrero de 2023.

“Las cifras económicas de esta convulsión política, de casi 500 manifestaciones todas ellas violentas, económicamente han sido más fuertes que la pandemia del Covid-19, luego, tuvimos el problema del Yaku y demás eventos como consecuencia de ello”, concluyó.

No cabe duda que la “madre de todos los peruanos” pasará este domingo un amargo Día de la Madre, luego que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) detuviera esta mañana, de manera preliminar, a su hermano mayor Nicanor Boluarte, así como al abogado de esta, Mateo Castañeda.

En una operación conjunta entre la Diviac y el Eficcop, denominado ‘Valquiria Jericó’, se dio inicio de las seis de la madrugada de hoy con el allanamiento y descerraje de las viviendas de 22 involucrados en el caso conocido como ‘Los Waykis en la Sombra’.

Durante la orden de allanamiento autorizada por el Poder Judicial (PJ) se detuvo preliminarmente por un plazo de 10 días al hermano de la jefa de Estado, así como al abogado de ella, Mateo Castañeda.

De acuerdo con la resolución del PJ, Boluarte, Castañera y otros seis implicados (José Luis Ortiz Morreros, Noriel Chingay Salazar, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino y Edwin Walter Ugarte Nina) deberán cumplir con la detención preliminar, además de permanecer incomunicados.

“Declarar fundado el requerimiento presentado por el representante del Ministerio Público, sobre detención preliminar judicial incomunicada de 8 investigados hasta por el plazo máximo de diez días naturales”, señala el documento.

En el operativo ‘Valkiria Jericó’ se encuentran comprendidos 22 investigados, desarrollándose simultáneamente en los departamentos de Lima, San Martín, Cajamarca, Junín y Apurímac. Para ello, 28 fiscales participaron de las diligencias de descerraje e incautación que incluyen ambientes abiertos y cerrados, registros vehiculares, incautación de bienes inmuebles y aparatos electrónicos como celulares, laptops y otros dispositivos.

Asimismo, el juez Richard Concepción Carhuancho autorizó el levantamiento secreto de las telecomunicaciones para visualizar y extraer información de sus teléfonos móviles, tabletas, computadoras, laptops, USB y disco duros externos de los investigados.

El Eficcop realizó un cuadro informativo donde se incluyen los nombres de los 22 involucrados, donde aparece en lo más alto el nombre de Nicanor Boluarte:

¿De qué se le acusa a Nicanor Boluarte?

De acuerdo a la tesis fiscal, Nicanor Boluarte utilizó el “poder de facto otorgado por su hermana” e instrumentalizó el aparato estatal de las prefecturas, y subprefecturas provinciales y distritales en los departamentos de San Martín, Cajamarca, entre otros, para obtener dádivas económicas a través de la designación de prefectos y subprefectos. Además, estos funcionarios habrían sido obligados a recolectar firmas para la inscripción de su partido, Ciudadanos por el Perú, ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Abogado de Dina Boluarte habría querido obstaculizar la investigación de la fiscal Marita Barreto que seguía contra su hermano

Siguiendo la tesis fiscal, el abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, también formaría parte de la presunta organización criminal al querer obstaculizar las investigaciones de la fiscal Marita Barreto al concertar un encuentro con el agente “René” en el restaurante ‘Pescados Capitales’, ubicado en la avenida La Mar, distrito de Miraflores, el pasado 14 de marzo, con la única intención de archivar la investigación contra Nicanor Boluarte Zegarra.

Para ello, habría ofrecido a los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano beneficios ilícitos por parte del Gobierno como ascensos y protección desde la vía judicial.

Sin embargo, debido a que no logró ninguno de sus objetivos, Mateo Castañeda habría concertado con “la máxima autoridad de la FF. AA.” y la Policía para “defenestrar al Equipo Especial de la PNP en apoyo al Eficcop”, suspendiendo de su puesto al coronel Colchado el 11 de abril del año en curso.

Mutis total de Dina Boluarte

Ocurridos todos estos hechos desde tempranas horas, a la jefa de Estado, Dina Boluarte, se le vio durante la ceremonia de inauguración del Seminario Internacional Constitucional Política, Democrática y Valores Institucionales, realizado en la sede del Ministerio de Cultura, con un rostro adusto.

“No nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país, creemos en la razonabilidad de las personas que administran la justicia de nuestro país”, señaló al final de su discurso.

Finalmente, la mandataria se retiró del acto oficial sin brindar ninguna declaración a la prensa.

El ministro de Educación, Morgan Quero designó ayer (mediante Resolución Ministerial N° 201-2024-Minedu) a Juan Yangali Quintanilla, como nuevo director de la Casa de la Literatura, en reemplazo de Karen Calderón. En el portal institucional de la entidad adscrita al Minedu, se indica que Yangali Quintanilla es escritor. En el portal de la SUNEDU solo figura que es bachiller y licenciado en literatura.

Fuente: SUNEDU.

Juan Yangali hasta hace unas semanas fue asesor del gabinete del Ministerio de Cultura encabezado por la ministra Leslie Urteaga. Además, se conoce que desde la sede principal del MINCUL ubicado en Javier Prado, Juan Yangali habría estado recomendando personajes cuestionados en la Biblioteca Nacional del Perú.  La relación de los hermanos Yangali con Nicanor Boluarte los ha empoderado en el actual gobierno de la señora de los Rolex.

Juan Yangali en la Municipalidad de Pueblo Libre

Juan Yangali Quintanilla también se desempeñó desde el 11 de marzo de 2019 como gerente de Cultura en la Municipalidad de Pueblo Libre. Aquí hay un dato importante que revela su relación Nicanor Boluarte. El 12 de julio de 2019, bajo la gestión cultural de Juan Yangali en la comuna pueblerina, en la universidad Antonio Ruiz de Montoya, se realizó el foro: “Retos del Perú Frente al Bicentenario” y entre los ponentes estuvo nada menos que el hermanísimo Nicanor Boluarte. Y el evento fue moderado nada menos que por Jorge Nieto Montesinos.

Recordemos que Jorge Nieto Montesinos cuando fue ministro de Cultura trajo desde México a Morgan Quero, y el 14 de octubre de 2016 lo designó como Jefe de Gabinete de Asesores del MINCUL.

Juan Yangali, uno de los hombres de confianza de Nicanor Boluarte.

Juan Yangali y Nicanor Boluarte en Pueblo Libre

Queda claro, que no ha sido una casualidad que el hermano presidencial Nicanor Boluarte también haya trabajado en la Municipalidad de Pueblo Libre. Nicanor fue contratado como asesor principal en la Municipalidad de Pueblo Libre en octubre de 2021, por el entonces alcalde Haas del Carpio, ganando un salario mensual de 8.370. En esa ocasión, Boluarte reemplazó en la comuna distrital nada menos que a otro consejero íntimo de su hermana Dina, cuando aún lideraba el Midis, se trata de Enrique Vílchez, quien luego se convertiría en el secretario general de la Presidencia de la Republica.

Sin embargo, el cargo a Nicanor Boluarte le duró poco y tuvo que ser separado porque la Ley de Contrataciones del Estado impedía que un hermano directo de la vicepresidenta de la República, como lo era en ese entonces, Dina Boluarte, también trabaje para el Estado. Además, de modo extraño el caso fue archivado por OCI, justo antes que Dina Boluarte asumiera la presidencia de la República, y así su hermano Nicanor se salvó de ser sancionado.

El hermano Rivin y los Boluarte

Aquí surge otro personaje que también trabajó en la Municipalidad de Pueblo Libre, se trata de su hermano Rivin Yangali, otro hombre de confianza de la mandataria Dina Boluarte. Rivin fue gerente de Juventud y Deportes, Educación y Cultura y Turismo en mayo de 2018, durante la gestión del alcalde Jhonel Jorge Leguía Jamis (APP).

Rivin Yangali es un abogado que en 2021 postuló al congreso por el partido Victoria Nacional con el numero 25, sin éxito. En esa elección Jorge Nieto Montesinos también postuló con él, con el número 1, y tampoco alcanzó una curul. Rivin, además trabajó en Indecopi en 2020, luego en el ministerio de Educación; pero anteriormente, despachó en la Municipalidad de Pueblo Libre como asesor de Mancomunidades en 2019. De ahí saltó al Midis que lideraba la ahora presidenta de la República, donde se desempeñó como coordinador parlamentario y ahí aprovechó para acercarse a las bancadas opositoras al régimen de Pedro Castillo.

Posteriormente, ya con Dina Boluarte en el poder, Rivin Yangali se convirtió en asesor en la PCM durante la época del premier Otárola, en 2023. Según el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), él consiguió cuatro órdenes de servicio (febrero, marzo, mayo y junio) por una suma aproximada de S/ 104 mil soles.

Dicho personaje es muy cercano a la presidenta, y junto con Morgan Quero realizaron un cabildeo congresal para atenuar la denuncia contra la mandataria por haber liderado el Club Departamental Apurímac y lograron que el 4 de diciembre de 2022 la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivara la denuncia y por tanto Boluarte no fue inhabilitada.

Juan Yangali organizó el foro: “Retos del Perú Frente al Bicentenario” y entre los ponentes estuvo Nicanor Boluarte. Y el evento fue moderado por Jorge Nieto Montesinos.

Rivin Yangali es tan cercano a Dina Boluarte, que se ufana y dice: “Dina Boluarte me escucha cuando es pertinente”.

Se sabe que Nicanor Boluarte es el que se encarga de dar el visto bueno a algunas designaciones de servidores del Estado; sin embargo, en ese círculo de confianza, también se encuentran Morgan Quero, Enrique Vílchez y nada menos que Rivin Yangali (hermano del flamante director de la CASLIT). En la designación de Juan Yangali no se puede hablar de meritocracia, sino de dedocracia. Este es un nuevo ejemplo de que la camarilla de Nicanor Boluarte continúa copando los cargos en las instituciones del Estado.

Ministro Morgan Quero responde sobre la designación de Juan Yangali

Nos comunicamos con el ministro de Educación Morgan Quero Gaime, para conocer sus descargos sobre la designación de uno de los hombres del círculo de Nicanor Boluarte.  Fueron dos preguntas puntuales que le hicimos: ¿Nicanor Boluarte esta detrás de la designación de Juan Yangali? ¿la amistad con el hermano de Yangali influyó en su designación?

Ante las interrogantes el ministro de Educación respondió: “Para nada. Es un excelente gestor cultural. Hay que repotenciar la Casa de la Literatura para que desarrolle actividades en regiones y con la comunidad educativa. Lo conozco y he visto su trabajo”.

Ministro de Educación Morgan Quero.

Nosotros también conocemos su trabajo, y el ministro a nosotros no nos podrá sorprender, ya que Juan Yangali es un escritor menor y no tiene experiencia dirigiendo alguna institución cultural, sus pequeñas acciones culturales solo le alcanzan para ser nombrado mediador cultural pero no director de la Casa de la Literatura Peruana. Queda claro que la designación de Juan Yangali fue por una motivación política. No pretendan vendernos gato por liebre.

La ya desprestigiada titular del Ministerio del Cultura (Mincul), Leslie Urteaga, al no haber concretado la venta de boletos para Machu Picchu por parte de la empresa Joinnus, ahora estaría buscando promover una medida para “flexibilizar” la intangibilidad de las reservas indígenas, bajo la argucia de “debatirlo” con un “grupo de trabajo”.

Dicho anuncio se realizó el pasado 30 de abril, durante la vigésima sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, un espacio que tradicionalmente sirve para abordar temas de protección ambiental y cultural.

Durante la sesión Urteaga declaró: “las comunidades que viven ahí necesitan tener servicios básicos, eso no significa que sean intangibles, creo que también es flexibilizar, de pronto, algunas autorizaciones totalmente formales y los esquemas de intervención que tiene el Estado. Me permito hacer una propuesta de tener un grupo técnico que pueda debatir y conversar, respecto aquellos casos en que sí nos preocupa”, señaló la titular del Mincul.

En ese sentido, la idea de crear ese “grupo de trabajo” para explorar esa flexibilización ha alarmado a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), integrada por diversas organizaciones indígenas y defensores de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento, quienes ven en esta propuesta un riesgo potencial para la conservación de sus territorios y cultura.

De acuerdo a las organizaciones indígenas, según la legislación actual, la presencia de reservas PIACI no obstaculiza la provisión de servicios básicos a los pueblos indígenas, señalando que algunas comunidades ya cuentan con acceso a educación y servicios de salud.

En efecto, la Ley N.º 28736, conocida como Ley PIACI, establece la intangibilidad de las reservas indígenas como un principio fundamental para asegurar la protección de los territorios y los derechos culturales de estas comunidades, especialmente aquellas en situación de aislamiento.

Reacción del ORPIO por las declaraciones de la ministra Urteaga

Como respuesta, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) —organización indígena que encabeza las iniciativas de creación de reservas indígenas— declaró:

“Rechazamos categóricamente la iniciativa propuesta por la ministra Urteaga sobre crear un Grupo de Trabajo compuesto solo por representantes del Poder Ejecutivo y el Congreso de la República para tratar el tema relativo a la posible “flexibilización” de las reservas indígenas. Además, de que sería un procedimiento poco transparente sin opción de fiscalización ni participación inclusiva, la exclusión de este potencial Grupo de Trabajo representaría un acto de discriminación”.

Frente a la situación, la ORPIO ha manifestado su preocupación, instando a la ministra y al Gobierno a reconsiderar cualquier propuesta que pudiera comprometer la salvaguarda integral de los pueblos indígenas en aislamiento y sus territorios.

El Poder Judicial autorizó al investigado legislador Roberto Sánchez Palomino viajar a EE.UU. entre el 11 y 19 de mayo como presidente de la comisión que impulsa el Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay. Se debe precisar que el Ministerio Público pide 25 años de prisión para Roberto Sánchez, por el presunto delito de rebelión, de acuerdo a los hechos del 7 de diciembre del 2022.

En ese sentido, el exministro del gobierno de Pedro Castillo aún goza de libertad, pero con restricciones, como la de no salir de Lima sin permiso del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema; sin embargo, ante la solicitud de permiso que el 11 de abril pasado hizo Sánchez Palomino, el Poder Judicial le otorgó la autorización para viajar a USA. Por su parte, la fiscalía advierte que habría un peligro de fuga.

El congresista, como presidente de la comisión que impulsa el megapuerto de Chancay, argumentó que realizará este viaje para participar en un recorrido por diversos puertos marítimos de EE.UU., entre el 13 al 17 de mayo de 2024, incluyendo potencialmente los puertos de Long Beach, en el estado de California; y el de Baltimore, en Maryland.

Recordemos que hace más de un año, el 22 de marzo de 2023, el congresista Roberto Sánchez se libró de la suspensión (un sector de activistas indicó que el motivo fue para que no acceda a dicha curul, la accesitaria representante de la comunidad LGTB Gahela Cari) parlamentaria, gracias a los votos de los conservadores Fuerza Popular, y algunas abstenciones de Avanza País y Renovación Popular. Aunque se aprobó su acusación constitucional por el presunto delito de rebelión, él continuó despachando en el Congreso y respiró hondo para seguir en sus “proyectos” legislativos.

Fiscalía pide 25 años de prisión contra congresista Roberto Sánchez, por el presunto delito de rebelión.

Roberto Sánchez y el megapuerto de Chancay

Posteriormente, el 22 de octubre, Roberto Sánchez fue elegido presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay. El objetivo de esta comisión es darle seguimiento al proceso de construcción de la infraestructura del Megapuerto de Chancay y por ello deberá coordinar promover y recomendar las políticas públicas, planes y estrategias de desarrollo productivo e industrial que estén vinculados a la cadena comercial y logística del transporte marítimo.

Xi Jinping, presidente de la República Popular China.

En ese sentido, el exministro de Pedro Castillo, —que desde el principio al presentarse la moción fue promotor del tema— de pronto, se hizo protagonista en un megaproyecto de capitales chinos y ha venido ejerciendo un papel esencial, para impulsar dicho Hub, —como él siempre menciona— Eso significa que Sánchez Palomino maneja información sensible y clave respecto a toda la inversión china en el megaproyecto en Chancay; así como los procesos y planes a futuro concernientes a la apertura de nuevas exportaciones con nuevos socios estratégicos.

¿Quiénes acompañan en esta “comisión” a Roberto Sánchez? Nada menos que el “energético” Eduardo Salhuana de APP, como vicepresidente y Luis Aragón de AP, como secretario.

Roberto Sánchez, Eduardo Salhuana y Luis Aragón miembros de Comisión “pro Megapuerto”.

El congresista Sánchez Palomino, que, por azares de la vida, continúa en el Parlamento, se ha tomado en serio este rol de monitorear e impulsar el proyecto del Mega puerto de Chancay, a tal punto, que pareciera que se ha convertido en vocero de las inversiones chinas en el norte chico. 

Solo basta escuchar una entrevista realizada en el Congreso, en su calidad de presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay, donde señaló: “Por la importancia del desarrollo económico en un contexto de receso, con mayor razón habría que darle la importancia debida a un proyecto tan relevante que nos convertirá en un hub comercial portuario del pacifico. Es la obra más emblemática que tiene un aproximado más de 3600 millones de dólares de inversión en todos sus componentes en la primera etapa y que será inaugurada en el marco del foro APEC del año 2024, en noviembre aquí en Perú”.

Su viaje a Estados Unidos en el 2022

Durante el gobierno de Pedro Castillo, Roberto Sánchez viajó a los Estados Unidos (del 17 al 22 de setiembre 2022). Aquella vez, desde la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Sánchez ocupaba el cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo. En esa oportunidad afirmó que el empresariado estadounidense reconoce el desempeño económico del Perú, a pesar de la crisis política. Se podría decir que su relación con el gobierno de Estados Unidos fue impulsada durante el gobierno de Castillo Terrones.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Roberto Sánchez, entre Xi Jinping y Biden

El legislador Roberto Sánchez, pronto irá de viaje a EEUU por invitación de la Embajada estadounidense para visitar puertos de ese país. Él impulsa proyectos chinos y ahora tratará con inversionistas norteamericanos, a pesar que ambos países son adversarios comerciales.  

En ese sentido, ¿Cómo ha logrado que se le levante el impedimento de salida para viajar a USA? ¿A qué estaría jugando Roberto Sánchez? Acaso, la importante información sensible que maneja sobre el megaproyecto en Chancay será también de interés del gobierno de Biden.

El accionar de la embajada de Estados Unidos en Perú, estaría cometiendo una injerencia. Detrás de esto, la lectura es que se pretendería limpiar a Sánchez de su proceso legal, a cambio de información que favorecería a Estados Unidos. Hay que preguntarnos ¿Cuál sería el costo de ello? ¿Por qué se le levanta un impedimento de salida con la excusa de visitar puertos? ¿estamos ante la actuación de un topo parlamentario?

Día clave para varios implicados en el denominado caso ‘Valkiria XI’. El Ministerio Público ha requerido 36 meses de prisión preventiva para José Luis Castillo Alva, Miguel Girao Isidro y otros cinco investigados por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo, organización criminal y otros en el caso Valkiria VI que involucra a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El pedido incluye también a Abel Hurtado Espinoza (exasesor de Benavides), Mirtha Gonzales Yep (pareja de Castillo Alva), Jorge Rodríguez Menacho (capitán PNP), Giancarlo Valer Enciso (empresario) y Jorge Palomino Quesada (exgerente de logística de la fiscalía). 

En el contexto del operativo Valkiria XI, llevado a cabo el pasado 23 de abril, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder Judicial (Eficcop), en colaboración con agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), procedió a la detención de siete individuos. Estas personas están siendo acusadas de participar en una presunta red de corrupción, la cual se cree que está liderada por Patricia Benavides.

El pasado 3 de mayo, el Poder Judicial confirmó la detención preliminar de cuatro individuos entre los implicados en el caso. Estos incluyen a Castillo Alva, Girao Isidro, Palomino Quesada y Rodríguez Menacho.

La audiencia de prisión preventiva se ha programado para este jueves 9 de mayo, a las 17.30 horas y es de carácter inaplazable, informó el Poder Judicial en la red social Twitter (X).

Abogado de Rodríguez Menacho se pronuncia sobre fotografía de su cliente junto a Patricia Benavides

Eduardo Guerrero, abogado del ex capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho, confirmó ayer que el Ministerio Público ha pedido 36 meses de prisión preventiva para su cliente, pero recalcó que no hizo ningún favorecimiento a Patricia Benavides.

“En ningún momento o extremo el capitán ha hecho creer otras cosas de que no existían llamadas. Por el contrario, el capitán siempre ha sido claro e incluso en el informe 132 hace mención de que solo existen registros de llamadas”, explicó para RPP.

Guerrero manifestó que no existe ningún vínculo entre su patrocinado con Patricia Benavides y que la foto revelada en el programa Punto Final tampoco comprueba algo. Sin embargo, señaló que Rodríguez Menacho sí acepta que se reunió con la exfiscal de la Nación sin avisar a sus superiores. 

“Fue su error y pecado no haber comunicado a sus superiores, lo ha reconocido”, indicó el letrado.

Con su dinero no es. El Gobierno de Dina Boluarte decidió otorgar la buena pro en favor de la defensa legal del ex presidente Ollanta Humala Tasso, quien afronta una serie de investigaciones en su contra por el caso Odebrecht. Cabe mencionar que esta decisión se adoptó el pasado 1 de abril del año en curso, a través de la Oficina de Abastecimiento del Despacho Presidencial.

Según la información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), el abogado Edinson Huamán Chacón,será el encargado de brindar la asesoría legal al expresidente, a quien se le investiga por presuntos actos de corrupción durante su gestión entre los años 2011-2016.

De acuerdo con el texto del otorgamiento de la buena pro, el letrado Huamán Chacón cumple con los requisitos establecidos por la Oficina de Abastecimiento del Despacho Presidencial para que pueda ejercer la defensa legal de Humala Tasso,los cuales precisan que el abogado del exmandatario presente sus respectivas declaraciones juradas en las que manifieste que se encuentra colegiado y habilitado.

Adicional a ello, debe contar con experiencia en asesoría y defensa legal en materia penal o procesal no menor a tres años, la cual habría sido comprobada a través de las constancias o certificados que Edinson Huamán Chacón presentó ante la referida área del Ejecutivo. Además, también poseer estudios de especialización en las mencionadas materias.

“De la revisión de la oferta presentada, se verificó que la oferta cumple con la documentación obligatoria requerida para su admisión (…) Se verificó que la misma consta de la documentación obligatoria y cumple con los términos de referencia, de acuerdo con lo señalado en las bases (…) Así también; se efectúa la revisión del precio de la oferta, verificándose que esta asciende a S/291.600”, se indica.

Ollanta Humala y sus procesos en los casos Odebrecht y Lava Jato

Como es de conocimiento público, la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó que el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, paguen más de 22 millones de soles por daños al Estado peruano debido al caso Centro de Convenciones Lima y 1,8 millones de dólares adicionales.

El organismo a cargo de los casos Odebrecht y Lava Jato especificó que el pago de 22,9 millones de soles se debe al daño patrimonial al país, derivado de pagos indebidos y el no cobro de penalidades. Además, solicitó una compensación de 1,8 millones de dólares por el daño extrapatrimonial relacionado con el impacto negativo a la reputación del Estado.