La ex presidenta del tribunal de la Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) Mónica Yaya Luyo, conversó con Lima Gris. La abogada y analista habló fuerte y claro y aseguró que desde el JNE se viene cocinando un fraude. Asimismo, mencionó el plan que existe para tumbarse al candidato presidencial Rafael López Aliaga y del otro plan de un grupo de extrema izquierda, que solo busca llegar al poder para enriquecerse.

Usted acaba de tuitear una noticia que es grave ¿Acaso el JNE viene cocinando un fraude?

Así es. Está por consumarse el penúltimo capítulo del fraude, porque el ultimo capitulo se va a dar cuando las fuerzas gobiernistas y vizcarristas en las mesas de sufragio alteren las votaciones. En el penúltimo capítulo, terminarán de eliminar a los opositores más importantes contra el gobierno de Sagasti, que es el mismo gobierno de Vizcarra, y que en realidad son la expresión de un grupo que está gobernando el Perú para el perjuicio de todos los peruanos y en ese grupo están incluso, algunos medios de comunicación que se financian con la publicidad estatal. No por nada, familiares de los accionistas de diarios como La República son ministros de Estado.

¿Entonces, está hablando de un circulo?

Es un circulo de poder que está gobernando en estos momentos. Es una oligocracia.

Según sus fuentes, sabemos que dentro del JNE Salas y Sanjinéz cambiaron sus votos; pero ellos lo niegan, basándose en la validez de la resolución que luego firmaron.

Ellos nunca negaron que cambiaron sus votos; nunca lo negaron. Ellos dicen que lo que vale es lo que se publica en la resolución, pero no negaron que cambiaron sus votos. Hay una diferencia allí y no lo pueden negar, porque incluso hay testigos. Por eso, ellos no han querido entregar la grabación de la votación del 28 de enero, del caso de Martín Vizcarra.

Pero, desde 2017 existe un reglamento que establece que una deliberación en el JNE debe ser rápida y luego de las votaciones el resultado inmediatamente se tiene que consignar en una resolución firmada. Sin embargo, Salas Arenas y Sanjinéz no hicieron eso

Por supuesto. La razón de ser de ese reglamento y de esas normas internas es precisamente para evitar la negociación en las votaciones; porque, además, un magistrado de la Corte Suprema como el señor Salas Arenas y un profesor universitario como el señor Sanjinéz, de pronto no pueden cambiar el sentido de sus votaciones de “rojo” a “negro”. Eso no cabe en magistrados del supuesto nivel académico que tienen ellos. De manera que no pueden decir, —el 28 de enero voté de esta manera, pero yo puedo cambiar mi votación y el 3 de febrero saco otro— no. Eso no puede ser.

Entre los miembros del JNE, también tenemos a Luis Arce y a Jorge Rodríguez, ¿Usted cree que habría un conflicto entre ellos, o hay una especie de camarilla?

No conozco si existen conflictos entre ellos, o si hay una especie de camarilla. Eso no lo sé; lo que yo puedo decir, es que la forma cómo están actuando Sanjinéz, Rodríguez y Salas Arenas, entra en conflicto con la ley y con los principios generales del derecho; sobre todo, con el de la justicia.

¿Se van a tumbar al candidato Rafael López Aliaga; esa es la consigna?

Sí, esa es la consigna; porque el plan que tienen Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y el grupo de poder que está gobernando, tienen como objetivo en estas elecciones dejar en carrera a la señora Keiko Fujimori y como ya tienen años satanizándola (de quien no soy seguidora), entonces, quieren aprovechar ese capital de satanización que han hecho contra ella y la presencia de López Aliaga hecha a perder su plan, porque él en estos momentos tiene mucha más intención de voto, que la señora Fujimori. De tal manera que no les conviene que López Aliaga siga en carrera y más bien, les interesa mantener a la señora Fujimori, para luego utilizar ese capital de satanización contra ella, de tal manera que, para la segunda vuelta, les resulte muy fácil acabar con Keiko Fujimori. Ese es su plan.

¿Quiénes serían los candidatos favorecidos o impulsados?

Estamos hablando de Lescano, de Verónika y eventualmente de Forsyth (aunque, si finalmente sale de la candidatura López Aliaga, tampoco habría razón para que continúe Forsyth, porque en similares casos, el resultado jurídico es el mismo). Yo creo que en estos momentos ellos están apuntando en reforzar las candidaturas de Guzmán, Lescano, la señora Mendoza y Salaverry, todos ellos representantes de la extrema izquierda; no de la izquierda democrática, sino de la extrema izquierda, la que en estos momentos nos está llevando a la muerte.

¿Cree que ellos obtendrían el poder para mantener el statu quo de sus ideologías?

Ellos lo que pretenden es continuar con sus ideologías, porque al mismo tiempo les originan… digamos, que les aseguran riquezas, porque, este tema de las vacunas ha sido un gran negocio, así como las pruebas rápidas.

¿Entonces, sus objetivos se basan en grandes negociados?

Los objetivos de Julio Guzmán, de Verónika Mendoza y de Yonhy Lescano es enriquecerse; pero, ellos al mismo tiempo son manipulados por grupos de poder, que son los que se enriquecen con la publicidad estatal.

¿En qué terminará este tinglado de las negociaciones de las vacunas, Sagasti tendrá que darle una explicación al país?

El presidente Sagasti tiene que acabar en la cárcel, porque está condenándonos a la muerte a todos y está dividiéndonos a los peruanos entre ricos y pobres. No tiene la talla de un presidente, porque un presidente une a los ciudadanos de un país. Él está marcando una diferencia inexistente que en estos momentos no importa y de lo que se trata es salvar las vidas, no de los ricos, sino de todas las personas que podrían salvarse, incluidas aquellas en la que el Estado podría concentrarse, que son las que menos tienen. Al presidente Sagasti no le importa la vida de los pobres, lo que a él le importa es el negocio de las vacunas con Sinopharm. Él se está portando como el representante exclusivo de Sinopharm en el Perú, es por eso que está impidiendo que el empresario Ciccia traiga las vacunas rusas. El diario La República ha informado que la embajada rusa no va a vender las vacunas a quien no tenga la autorización del gobierno peruano. Eso significa que el obstáculo no está por el lado de Rusia; el obstáculo lo ha puesto el gobierno peruano.

¿Si el empresario Ciccia llegara al país con las 100 mil vacunas, cree que Francisco Sagasti sería tan iluso y necio de impedir a través de Digemid que se emitan los registros sanitarios y que luego esas vacunas se malogren sin poder salir de la aduana?     

Yo creo que sí y no es que este gobierno sea iluso. Este gobierno es negociante; el señor Sagasti está haciendo un negocio con las vacunas.

Para terminar ¿Cree que reinará la impunidad, o todos estos personajes tarde o temprano terminarán en prisión, tras las rejas?

Yo creo, que tarde o temprano acabarán tras las rejas. El señor Sagasti y el señor Vizcarra, por genocidas. Y Vizcarra, por haber recurrido a varios delitos con tal de ganarse impunidad. Y las ministras merecen también la prisión por habernos mentido tanto tiempo, desde que no adquirieron las pruebas moleculares que necesitábamos para determinar quiénes estaban contagiados y quiénes no. Estoy segura que van acabar en la cárcel.

El periodista Beto Ortiz en su programa se refirió sobre la pregunta que realizó Melissa Peschiera en la presentación del libro El perfil del lagarto de Carlos Paredes, que se realizó anoche de forma virtual vía Facebook de la editorial Planeta.

Beto Ortiz señaló: La presentación del libro tuvo como anfitriones a tres distinguidos miembros del periodismo progre del Perú: Marco Sifuentes, Renato Cisneros y la señora Melissa Peschiera. Es llamativo que Carlos Paredes haya escogido a tales personajes para presentar su libro, puesto que, El perfil del lagarto es un libro que hace pedazos a Vizcarra y los tres periodistas que acabo de mencionar, son más bien, guaripoleros, son más bien, personajes que han lanzado porras para Vizcarra”.

En la presentación del libro, Melissa Peschiera le preguntó al periodista Carlos Paredes: “Por qué difundiste El perfil del lagarto, tu investigación, tu trabajo, en un espacio que precisamente no destaca por hacer el más serio, el más ético de los periodismos, que no necesariamente destaca por hacer buen periodismo. No había otro espacio. Cómo se da esta presentación”.

La respuesta de Beto Ortiz sobre la pregunta de Peschiera fue contundente: “Me sorprende sus aires moralistas, y de autoridad del periodismo y de la ética. Tranquila, Oriana Fallaci de Santa Beatriz. Francamente, esos aires, para una señora que ha hecho una carrera leyendo muy pulcramente el telepronter, me da un poquito de risa. Ella trata de esculear, trata de decir cómo has podido ir ha ese espacio tan discutible, polémico y reñido. La verdad que Susan Sontag, no eres. No eres Christiane Amanpour, mi querida Melissa. No te acercas siquiera al juanete del pie de Bárbara Walters. Entonces, de dónde estos aires”.

Además, el conductor agregó: “¿Cuál es tu reportaje más memorable? ¿Cuál es tu entrevista que todos los estudiantes consultan? ¿Cuáles son tus crónicas, tus artículos de reporte de guerra? ¿Cuáles son tus libros publicados? ¿En qué consiste tu obra, Melissa Peschiera? En nada. Básicamente es una chica guapa, blanca y que apellida Peschiera. Y eso en Lima funciona maravillosamente”.

Aquí el video de la respuesta a Melissa Peschiera.

Lo último. Hoy el Congreso de la República ha aprobado por insistencia, con 105 fotos a favor, el texto sustitutorio de la ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público y que elimina el régimen de Contratos Administrativos de Servicios (CAS), pese a observaciones previas por parte del Ejecutivo.

Según estos proyectos de Ley, se dispone que todo el personal que se encuentra laborando en el régimen CAS pase a formar parte de los regímenes laborales regulados por los Decretos Legislativos 276 y 728.

Para ello, los trabajadores bajo el régimen CAS deben acreditar: realizar labores de carácter permanente; tener contrato administrativo de servicios CAS por 2 años de modo continuo o 3 años de modo discontinuo y haber ingresado a la institución mediante concurso público o en su defecto, haber tenido la condición de servicios no personales y posterior contrato administrativo de servicios.

“El orden de prelación para la incorporación que se señala en la presente ley está en función de la antigüedad de contrato, edad, cuota de discapacitados e igualdad de género”, precisa la norma.

A partir de la entrada en vigencia de la ley, ninguna entidad del Estado podrá contratar personal a través del régimen especial CAS, “con excepción de aquellas contrataciones que se encontraran vigentes y que sean necesarias de renovar a efectos de no cortar el vínculo laboral de los trabajadores con vínculo vigente”.

Quedan exceptuados de los alcances de la ley, los trabajadores CAS que hayan sido contratados como CAS de confianza.

Cuestionamientos a la aprobación de los proyectos de Ley

El presidente de SERVIR, Juan José Martínez, aseguró -a fines del 2020- que el traslado de los trabajadores CAS al régimen 728, no generará oportunidades para los trabajadores públicos de hacer carrera en el Estado.

“Si un trabajador -con esta ley- pasará al (régimen) 728 va quedar vinculada únicamente al puesto que tiene. Si esa persona trabaja 30 años, se quedará sin la opción de hacer carrera profesional en el Estado, como sí está contemplado en el servicio civil. Incluso la ley de servicio civil le da oportunidad de que si se abre otra plaza en otra entidad, los trabajadores podrían postular”, puntualizó en esa oportunidad el presidente de SERVIR.

El día de ayer se revelaron fragmentos de videos donde aparece la candidata para la vicepresidencia, Neldy Mendoza, del partido Renovación Popular, cuyo líder es Rafael López Aliaga, realizando declaraciones respecto al rol de la mujer en la actualidad.

“Si usted enseña que lo que menos importa es ser madre, sino más bien ser profesional y ganar plata y nunca lavar los platos, usted se estará convirtiendo en una abuela terrorista de sus nietos”, declaró Mendoza en una conferencia para el grupo La Salle.

En otro de los videos Mendoza afirma que las mujeres son “literalmente violadas por tomar anticonceptivos”.

“El Monseñor nos comentaba en su conferencia: las mujeres que toman anticonceptivos son literalmente violadas por los esposos, porque el varón no se preocupa de un posible embarazo, de la llegada de un hijo, simplemente tiene un objeto en su casa con el cual satisfacerse”, afirma la candidata de Renovación Popular.

“El 89% de violencia familiar se da en mujeres que consumen anticonceptivos, comprobado. El 90% y más del 90% de enamoradas que toman anticonceptivos no se casan con el varón con el que tienen relaciones. La anticoncepción ha venido a destruir a la mujer”, añadió.

Mendoza también sugirió que la virginidad es el mejor método anticonceptivo.

“La virginidad y la pureza es lo más vigente, porque es el estilo de vida sanitario más efectivo para prevenir infecciones de transmisión sexual, sida y embarazos no deseados. No lo digo yo, lo dicen los epidemiólogos de grandes universidades del norte”, manifiesta en la grabación.

Finalmente, en otro extracto, Mendoza sugirió que las mujeres serían las culpables de la violencia en su contra porque “quizás no has aprendido a relacionarte bien con él, has hecho que salga lo peor de esa persona”.

Los congresistas Ricardo Burga Chuquipiondo de Acción Popular y Luis Felipe Castillo Oliva de Podemos Perú, afirmaron que el mandatario Francisco Sagasti debe darle inmediatas explicaciones al país, con respecto a los supuestos intermediarios que participaron en la negociación de las vacunas chinas de Sinopharm.

Por su parte el legislador Castillo agregó: “Primero debe validarse esa información de que el trato no fue directo con Sinopharm, sino que hubo dos intermediarios, uno de ellos asentado en Hong Kong, que es un paraíso fiscal. Esto es lamentable y Sagasti está en la obligación de explicarle al país qué ha sucedido”.

Asimismo, coincidieron en que Francisco Sagasti tiene que aclarar por qué se desecharon otras negociaciones que estaban avanzadas para la compra de vacunas contra la Covid-19, para darle preferencia únicamente a la de Sinopharm.

Ante ello, Castillo Oliva, quien también es médico, opinó que hay dos posibilidades: “Sagasti no sabía nada de la documentación o simplemente está encubriendo un negocio millonario. Es algo muy delicado”, añadió.

El legislador de PP, también espera que Sagasti pronto aclare, por qué no se continuó con los tratos con Pfizer: “Se ha revelado que desde agosto de 2020 hubo tratos con Pfizer, cuya vacuna tiene incluso un precio menor que la de Sinopharm. ¿Por qué se dejó eso? ¿A razón de qué se eligió a Sinopharm”?

Finalmente, Ricardo Burga recordó que el próximo lunes 8 de marzo ya debería revelarse el resultado de la investigación que realiza el Parlamento, respecto de los funcionarios vacunados fuera del proceso de los ensayos. Además, afirmó que es lamentable comprobar que el gobierno de Sagasti es solo la continuidad del de Martín Vizcarra y que el actual jefe de Estado ya debe dar la cara al país y contar qué sucedió en la negociación.

Burga hizo una denuncia grave

 “Todo este secretismo es por una razón. Me ha llegado información confidencial, en el sentido de que los 12 mil voluntarios no fueron tales, sino que apenas se aceptaron 9,700. Es decir, hubo 2,300 vacunados que nada tenían que ver con los ensayos”, reveló. “Es por esa razón que hay un hermetismo traidor. Hay muchos nombres de este gobierno, gente de poder, que ha sido vacunada. Sagasti tiene que hablarle al país”, añadió.

De la palabra quechua “Wayrachi” que significa “ventilación”, estas cánulas ventiladoras evitan que el paciente empeore y sea conectado a un ventilador mecánico o sea ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Estos aparatos han sido distribuidos a distintos lugares del Perú, gracias a la iniciativa de tres ingenieros peruanos (Camilo Parra, Daniel Akamine, y Fernando Sato), quienes desde abril del año pasado se pusieron a producirlos, gracias al apoyo privado. Desde ese entonces estos reguladores de alto flujo han sido donados al Ministerio de Salud y Essalud, pero ahora una regulación de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) –la misma que tuvo participación en el escándalo de las vacunas VIP– ha ocasionado que la producción de estos aparatos se detenga y no lleguen donde se les necesita, los hospitales del país.

“En plena pandemia pedir regulaciones es ilógico. En emergencia se salvan vidas. ¿Quién va a cuestionar si he salvado vidas? Es ilógico. Las autoridades pueden decir que no se use hasta que se pruebe la calidad del equipo, pero eso debe ser cuando se controle la pandemia. En estos momentos no se ha controlado”, señala el doctor Luis Chuecas Asencio jefe de Cuidados Críticos de Emergencia del Hospital Edgardo Rebagliati.

La versión de Digemid

Por su parte Lida Hildebrandt Pinedo, directora de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de Digemid, explica que “por un tema de seguridad, ya sea regalado, donado o lo que sea, deben tener el monitoreo de Digemid”.

“Son usados en humanos y tiene que estar registrado de cualquier forma por un tema de seguridad. Como posible paciente, me gustaría saber qué tan seguro es ese dispositivo médico”, indicó Hildebrandt. La funcionaria agregó que si los ingenieros que fabrican los Wayrachis quieren continuar haciéndolo, deben iniciar un proceso a través de la ventanilla virtual.

“Deben tener a la mano toda la información técnica. No es un entrampamiento. Si tienen toda la documentación, sale en dos días (la autorización)”, sentenció la funcionaria de Digemid.

En estos momentos deportistas de la Asociación Nacional de Gimnasios del Perú, de la Asociación de Gimnasios y propietarios de los gimnasios de la capital, están realizando una marcha en el frontis del Ministerio de Salud para protestar por las medidas del gobierno que les impiden reabrir sus locales de entrenamiento para poder subsistir, a pesar que otros rubros sí pueden funcionar en esta emergencia sanitaria.

Ellos han unido esfuerzos con todos sus agremiados y con cientos de atletas anaeróbicos y aeróbicos vienen emprendiendo esta fuerte protesta, como la que realizaron el año pasado, con una multitudinaria marcha en el mes de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Salud; lo que posteriormente originó que la exministra Pilar Mazzetti opte por abrir una mesa de diálogo con ese sector.

Sin embargo, con esta nueva medida sanitaria impuesta por el gobierno de Francisco Sagasti, los gimnasios se han visto condenados a cerrar.

El coordinador de la Asociación Nacional de Gimnasios del Perú, Marco Antonio Reeves Garay, precisó que es incoherente que no se les permita reabrir, dado que luego de operar alrededor de 45 días, no se reportaron contagios del virus del Covid; por lo que cuestionó el criterio de los ministerios de Salud y de la Producción, por oponerse a la reapertura de los gimnasios.

“No existe un criterio técnico. Es penoso que en el Perú se tomen decisiones a la ligera y no se den cuenta que los gimnasios sí podemos trabajar, sabiendo que no ha habido contagios en los establecimientos (…) Los ministerios (Minsa y Produce) no tienen los datos exactos para determinar el cierre, prácticamente lo hacen al champazo”, añadió.

Se estima que, a nivel nacional, aún funcionan 3,500 gimnasios; es decir, 3,000 en la capital y 500 en el resto de regiones del país y aquella medida interpuesta por el Ejecutivo golpea nuevamente al rubro de las máquinas y los fierros, que hasta el momento ha sufrido el cierre y la quiebra de más de 1,000 gimnasios, desde que se dictó la primera cuarentena el 16 de marzo de 2020.

Son terceros civilmente responsables. Así lo ha determinado la Procuraduría Especial del caso Lava Jato para 16 empresas en las que se incluye Odebrecht, vinculadas éstas a la ex alcaldesa Susana Villarán, y al empresario Gonzalo Monteverde.

Gracias a esas decisiones judiciales, esas 16 empresas jurídicas junto a las personas naturales investigadas, responderán de manera solidaria por el eventual pago de las reparaciones civiles que la procuraduría Ad Hoc viene exigiendo por los daños causados al Estado.

Para el caso de Susana Villarán, y otros, se incluye como terceros civilmente responsables a tres compañías vinculadas al proyecto Rutas de Lima: Constructora Norberto Odebrecht S.A. (matriz de Brasil), Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, y la concesionaria Rutas de Lima S.A.C.

La procuraduría Ad Hoc ha solicitado de manera preliminar el pago de 20 millones de dólares como reparación civil.

En tanto en el proceso que se le sigue a Monteverde, quien habría brindado sus empresas para el pago de sobornos con dinero proveniente de Odebrecht, se ha logrado la inclusión de 13 de sus compañías como terceros civilmente responsables.

Para ellos, la procuraduría ha solicitado de manera preliminar una reparación civil de 50 millones de dólares.

Tanto el caso Monteverde como el de la exalcaldesa Villarán se encuentran en la etapa de investigación preparatoria. En caso de que el Poder Judicial encuentre como responsables a las personas naturales y empresas investigadas, todos deberán pagar la reparación civil a favor del Estado de manera solidaria.

Odebrecht y Susana Villarán

Según indica la procuraduría esta empresa no ha reconocido culpabilidad para este caso. De acuerdo a ello, la procuraduría, en ejercicio de sus facultades, se encuentra en la potestad de iniciar acciones legales para garantizar el eventual pago de una indemnización a favor del Estado.

Asimismo, la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros ex funcionarios de la Municipalidad de Lima investigados, se encuentran dentro del proceso por la presunta recepción de dinero por parte de las empresas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas políticas a cambio de favorecerlas con las concesiones de los proyectos Línea Amarilla, y Rutas de Lima.