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Política

Congresistas se pronuncian sobre insólito Proyecto de Ley de moratoria para universidades

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El lunes 08 de junio publicamos sobre el Proyecto de Ley N° 5145/2020-PE  que fue presentado por el presidente de la República Martín Vizcarra, el Primer Ministro Vicente Zeballos y el ministro de Educación Martín Benavides. El proyecto tiene como objetivo que se prohíban crear nuevas universidades públicas y privadas.

El proyecto tiene un solo artículo y en estos términos: Establézcase la moratoria para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas hasta el 26 de abril del 2021”. Sin embargo, en el siguiente párrafo contiene una propuesta contradictoria, pues, de un lado se prohíbe la apertura de universidades, pero de inmediato se lee: Las universidades licenciadas, públicas y privadas pueden crear filiales universitarias, cuyo funcionamiento es autorizado por Sunedu”.

Sobre el Proyecto de Ley mencionado, conversamos con los congresistas de la República que forman parte de la Comisión de Educación: Rubén Ramos Zapana, Julio Condori Flores, Grimaldo Vásquez Tan y Walter Rivera Gamarra. Además, recibimos un comunicado de la SUNEDU referente a nuestra publicación, la cual adjuntamos en este informe.

Estos fueron los comentarios de los parlamentarios sobre el Proyecto de Ley N° 5145/2020-PE.

Congresista Rubén Ramos Zapana de la bancada Frente Patriótico:

«Digamos son gestos muy sospechosos, porque no hay forma de argumentar esa observación. Sin embargo, el proyecto ni siquiera está aprobado y hay instituciones que ya se están adelantando a los hechos; esto es como si ya estuviera dirigido. Están anticipándose a los hechos, con la seguridad de que sí o sí esto va a ser aprobado».

«Te comento de manera real lo que está pasando en la Comisión de Educación. Esto ya fue analizado, de lo cual tenemos un borrador de un dictamen, y hay una contradicción en la solicitud o en el pedido de proyecto de ley de ampliar la moratoria por un año. El proyecto de ley está diciendo que todavía se amplíe la prohibición de creación de nuevas universidades, pero al mismo tiempo también pide autorizar filiales. Entonces, esto está raro.

Sobre el problema universitario, en estos momentos hay aproximadamente 212 mil estudiantes perjudicados, producto de la denegatoria de universidades donde estudiaban. Por esas filiales fantasmas la educación se ha ligado meramente al negocio sin importarles la calidad del servicio que daban a sus estudiantes, y esto con la anuencia del mismo gobierno.  Aquí la responsabilidad es de los promotores de universidades en complicidad con el gobierno, porque su función principal es asegurar y velar por la población.

Sobre todo en las regiones, el problema de mercantilismo con un nivel paupérrimo son las filiales fantasmas; porque simplemente tenían una casa como locales de estudio, y ahora el proyecto propone aperturar filiales. En la Comisión de Educación hemos hecho un debate y nos hemos opuesto totalmente a esta contradicción, y por lo tanto no está contemplado ese dictamen borrador que de alguna manera estamos redactando; pero falta debatir y ahí veremos qué pasa.

Yo he sido recientemente elegido para encabezar ese grupo de trabajo; lo vamos a hacer técnicamente y con prontitud, para poner a disposición más argumentos y análisis sobre la realidad del sector de la educación universitaria del país. De modo que nuestro trabajo no es traer abajo lo avanzando en las cosas positivas, pero aquellos errores que de alguna manera no se han hecho objetivamente como país en busca de objetivos nacionales, se tienen que comenzar a corregir; y si eso amerita derogar algunas leyes, lo vamos a hacer, siempre sin perder el horizonte como conjunto.

Un país tiene que ser premiado con acciones que corresponden a los intereses nacionales. Y de alguna manera también tienen que ser sancionados aquellos que atentan contra eso. Ese es el trabajo que vamos a hacer en el sector universitario, y será con prontitud. Nos hemos puesto como meta que en dos semanas vamos a dar un informe al respecto. Repito, la contradicción del proyecto de ley es sospechosa».

Congresista Fredy Condorí Flores de la bancada Alianza para el Progreso:

«En el proyecto de ley N° 5148-2020-PE sustentado por el Ministerio de Educación en el Congreso de la República, que exceptúa la moratoria a las filiales y fija plazo especifico hasta el 26 de abril de 2021, he advertido lo siguiente: Mediante la ley 29971, se suspendieron la creación y funcionamiento de nuevas actividades públicas y privadas, incluyendo las filiales por un plazo de 5 años, el cual venció el 23 de diciembre del 2017. Asimismo, mediante ley 30759 de fecha 26 de abril de 2018, se amplía la moratoria con el mismo texto por 2 años más, hasta el 26 de abril de 2020.

Lo extraño, es que, entre el 23 de diciembre de 2017 al 18 de abril de 2018, vale decir en tres meses y días, se crearon cinco filiales de la universidad privada UTP (Universidad Tecnológica del Perú) en el país».

«Lo paradójico es que el actual ministro de Educación, con fecha 12 de junio de 2019 cuando era presidente del Consejo Directivo de la SUNEDU, firmó la resolución de consejo directivo N° 081-2019-SUNEDU/CD, otorgando el licenciamiento institucional de la filial de la UTP – sede Ica, presuntamente sin cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad exigida en la Ley Universitaria; razón por el cual a través de mi Despacho Congresal, solicité informe sustentado a la SUNEDU del proceso de licenciamiento, para su investigación correspondiente en el Congreso de la República».

«Por lo que, el proyecto de Ley fue presentado por el Ejecutivo y sustentado por el ministro de Educación. Al no establecer la Moratoria para las Filiales, se estaría favoreciendo a las universidades privadas que cuentan con inmensos recursos.

Finalmente, mi posición expresada en la Comisión del Congreso de la República, es que la Moratoria debe establecerse, tanto, para la creación y funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas, así como también para las Filiales, por un plazo de 2 años».

Congresista Grimaldo Vásquez Tan de la bancada Somos Perú:

«Las inquietudes que le hemos hecho llegar a la SUNEDU, como también al ministro de Educación son para preguntarles sobre el proyecto de Ley, porque no tiene sentido crear filiales y cerrar universidades en diferentes provincias del país».

«Nosotros ya hemos hecho llegar esa preocupación y la decisión final la vamos a tomar en la Comisión de Educación, luego de escuchar las propuestas de los interesados en el proyecto, como también de otros sectores especializados que nos indiquen lo contrario. Por eso cada uno de nosotros tenemos nuestra propia apreciación, y en su momento vamos a sostenerlo en la comisión».

Congresista Walter Rivera Guerra de la bancada Acción Popular:

«Nosotros en la Comisión de Educación hemos recibido documentos de instituciones privadas de educación superior, que agrupan todas las universidades particulares. Y ellos en su carta indican que han tenido una fuerte caída de matrículas, que la deserción se ha acelerado en los últimos días producto del COVID 19, y que se van a cerrar algunas sedes universitarias. La pregunta es ¿Cómo el Estado pretende sacar el proyecto de Ley N° 5145/2020-PE que establece una moratoria para la creación y autorización para funcionamiento de nuevas universidades públicas? Justamente cuando intervenía en la comisión, al ministro le decía: “espero nomás que no estén detrás de todo esto algunas universidades privilegiadas”. Porque hay unos que se quejan y hay otros que tienen esa facilidad».

«Será motivo que nos unamos los congresistas y no le demos pase a esta ley, porque al final es solo un Proyecto de Ley. Somos los congresistas los que vamos a evaluarlo y analizarlo. Salvo que el Ejecutivo se quiera aprovechar de sus funciones y lo apruebe vía Decreto de Urgencia. Ya sería un escándalo».

Otro de los temas que tenemos que ver, es que en Ica no se ha licenciado a la universidad San Luis Gonzaga, que es una universidad nacional. Yo he planteado y decía: ojalá estas universidades no se metan al San Luis Gonzaga. Prácticamente sentenciar al Gonzaga y decir: “bueno señores, hasta acá nomas, te ponemos la cruz y ya no sigues más”.

Más bien lo que tenemos que hacer es fortalecer las universidades públicas. ¿Cómo puede ser posible que una universidad pública que se supone tiene que ser financiada por el Estado, no pueda cumplir un licenciamiento?»

Por su parte la SUNEDU nos envió el siguiente comunicado en respuesta a nuestra publicación:

Sobre el licenciamiento otorgado a la Universidad Tecnológica del Perú.

  • La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) otorgó en junio del año 2019, el licenciamiento institucional por 6 años a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), tras corroborar que dicha casa de estudio cumplía las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) indispensables para ofrecer el servicio educativo de nivel universitario en el Perú.
  • El licenciamiento otorgado a dicha casa de estudio también la autorizaba a prestar servicios educativos en cinco nuevas filiales ubicadas en las regiones de Piura, Áncash, La Libertad, Junín e Ica.
  • El 26 de enero del 2018, la UTP presentó ante la SUNEDU la solicitud de creación de 8 filiales (ubicadas en las regiones de Ancash, Cusco, Tacna, Puno, Ica, Piura, Junín y La Libertad).
  • Estas nuevas filiales fueron incluidas en el proceso de licenciamiento, debido a que su pedido de creación fue presentado en el período de ventana de la Ley Moratoria (entre el 24 de diciembre del 2017 y el 25 de abril del 2018).
  • El 9 de mayo del 2018, la SUNEDU informó a la universidad que dichas filiales serían evaluadas en el licenciamiento, de acuerdo a la normativa vigente. Durante el proceso, la universidad se desistió de tres.
  • Para obtener su licenciamiento, la universidad demostró contar con la infraestructura y el equipamiento necesario para la prestación del servicio educativo durante los 2 primeros años, así como la implementación mínima. Asimismo, en su resolución de licenciamiento se detallaron los requerimientos vinculados a la ejecución de las inversiones para los siguientes años.
  • La universidad obtuvo su licenciamiento debido a que incrementó el porcentaje de docentes a tiempo completo de 4% a 26,6%, evidenció un impulso importante a la investigación, la creación de la Dirección de Investigación en el 2016, inversión en infraestructura, recursos humanos y para el pago de investigación docente. Asimismo, aumentó el presupuesto para la Dirección de Investigación, que pasó de 498 mil soles en el 2016 a cerca de 5.7 millones de soles en el 2019. A la fecha de su licenciamiento, la universidad tenía nueve proyectos de investigación en curso y otros 35 que se proyectaban culminar este año.
  • La UTP, como otras casas de estudio que solicitaron su licencia y fueron evaluadas, tuvo que sincerar su oferta académica: durante su proceso de licenciamiento tuvo que desistirse de ofrecer cinco programas de pregrado y cuatro de posgrado (tres maestrías y un doctorado).

Por lo antes expuesto, la SUNEDU reitera su compromiso por la defensa de la educación superior en el país y ratifica la naturaleza técnica de cada una de las decisiones de su Consejo Directivo, en la que recae la labor de evaluar a cada una de las universidades que se presentan al licenciamiento institucional, que se rigen por un estricto cumplimiento de la Ley Universitaria y la normativa vigente.

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Política

Vecinos de Gambetta Alta viven a ‘centímetros’ de las vías del tren sin garantías

Decenas de familias en el Callao residen prácticamente en los costados de los rieles por donde circulará el nuevo tren Lima–Chosica. Sin título de propiedad ni información oficial, temen ser desalojadas o quedar expuestas a accidentes sin que nadie asuma responsabilidades.

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En la zona de Gambetta Alta, en el Callao, decenas de familias viven a escasos centímetros de los rieles por donde circulará el tren de pasajeros recientemente traído desde Estados Unidos. Este convoy forma parte del anunciado servicio ferroviario Lima–Chosica. Sin embargo, la proximidad de las viviendas a la vía férrea —menos de un metro en algunos casos— incumple abiertamente la norma técnica, que exige una franja de seguridad de al menos 20 metros a cada lado.

Cuarenta años en terreno público

Los vecinos reconocen haber ocupado el terreno de manera informal desde hace décadas, incluso antes de que existiera el proyecto de reactivación del tren. No cuentan con títulos de propiedad, pero afirman que ninguna autoridad se ha acercado a informarles qué ocurrirá ahora que el tren de pasajeros podría comenzar a operar con mayor frecuencia.

“Nadie nos ha dicho nada. No sabemos si nos van a desalojar ni cuándo. Estamos en el limbo”, declaró un residente.

Acostumbrados al riesgo

Aunque la cercanía al tren siempre ha representado un peligro, los vecinos del Callao afirman que ya estaban habituados. Relatan que cuando el tren pasaba, cerraban puertas y se mantenían dentro de casa. Sin embargo, en el pasado ya se han producido accidentes, incluso con consecuencias fatales para personas y animales.

“Siempre hemos tenido cuidado, pero si este nuevo tren pasa cada hora, no sabemos qué puede pasar”, alertó un morador.

El tren donado por la empresa Caltrain, de mayor tamaño y diseñado para transporte de pasajeros, podría operar con una frecuencia mucho mayor, lo que incrementa el riesgo de accidentes, especialmente en tramos sin cercos ni señalización mínima.

“Es más ancho, y si uno está cerca, lo puede arrastrar”, advirtió un vecino.

Hasta ahora, ni el Ministerio de Transportes, ni las autoridades locales del Callao han informado sobre planes de mitigación, reubicación o medidas de seguridad. Los vecinos afirman estar dispuestos a dialogar y reconocer su condición de ocupantes informales, pero exigen información clara y anticipada. Temen que, si no se actúa pronto, la puesta en marcha del tren termine en una tragedia evitable.

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Política

Betssy Chávez anuncia ‘huelga de hambre’ por abusos en penal de Chorrillos [VIDEO]

La expremier acusa actos arbitrarios, restricciones ilegales y hostigamiento sexual dentro del penal donde cumple prisión preventiva por el fallido golpe de Estado. Denuncia vulneración de derechos y exige el cese de tratos humillantes.

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La exprimera ministra Betssy Chávez Chino anunció el inicio de una huelga de hambre absoluta desde el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva por su implicación en el caso del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

En una carta difundida, la también exministra de Cultura y Trabajo acusa «actos ilegales, arbitrarios y humillantes» al interior del establecimiento penitenciario femenino, los cuales —según sostiene— vulneran sus derechos fundamentales. Chávez, sindicada como presunta coautora del delito de rebelión, denuncia haber sido víctima de hostigamientos sistemáticos.

Entre los agravios señalados, afirma que se le prohíbe el uso de los baños los fines de semana, se le restringe el tránsito por los pasadizos del penal y no se le permite recibir la visita de su defensa legal de lunes a jueves. Además, asegura que también se le ha limitado la visita ordinaria de familiares y amigos.

Cabe recordar que, a inicios de julio, Chávez Chino denunció intentos de chantaje sexual y cobros de cupos dentro del penal, sin que hasta el momento se conozcan avances concretos en esas investigaciones.

Con esta medida de protesta, la exprimera ministra busca llamar la atención sobre las condiciones de su detención y exigir un alto a lo que califica como tratos degradantes e injustificados.

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Política

Empezaron las movidas congresales a pocos días de la elección de la nueva Mesa Directiva

Elizabeth Medina y Alex Paredes se suman a Somos Perú. Hace unos días, congresista Portalatino renunció a Perú Libre y aún no decide a qué bancada pasarse.

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Van y vienen, pues no les ata una ideología política definida y tampoco pertenecen a una escuela definida de pensamiento. Sí, la mayoría de nuestros congresistas saltan de bancada y bancada hasta encontrar una que les brinde las posibilidades de seguir creciendo en cuanto a sus intereses personales. Atrás quedaron aquellos bloques claramente definidos de izquierda, centro o derecha, donde los contrapuntos eran el tema central, y no los escándalos de cada uno de nuestros ‘padres de la patria’.

Ya faltan pocos días para la elección de una nueva Mesa Directiva en el Congreso y ya varios legisladores vienen analizando la posibilidad de ser parte de lo que será la última de este mandato. De esta manera, el parlamentario Alex Paredes acaba de presentar de manera formal su renuncia a la bancada compuesta por el Bloque Magisterial, anunciando su incorporación a Somos Perú.

Mediante carta dirigida al portavoz de este grupo, Héctor Valer, Paredes sustentó su solicitud argumentando su inscripción partidaria y cumplimiento del Reglamento del Congreso. Adjuntó su carta de renuncia al anterior grupo parlamentario como requisito procedimental.

En paralelo, la congresista Elizabeth Medina también anunció el último lunes 14 de julio, su renuncia al Bloque Magisterial, con miras a la nueva legislatura, incorporándose también a Somos Perú.

Previamente, la congresista Kelly Portalatino también presentó su carta de renuncia a la bancada de Perú Libre, el último 11 de julio.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Portalatino agradeció a Perú Libre por la oportunidad que le dieron de ser militante y congresista para “trabajar en beneficio de las clases sociales más vulnerables”.

Indicó también que su renuncia no responde a motivos ideológicos o el programa partidario, con el cual dijo haber sido consecuente durante su periodo de militancia. Según precisó, su decisión se da por motivos personales.

El dato:

Con la incorporación de Medina y Paredes, la bancada de Somos Perú contaría con 7 integrantes. Estos son: José Jerí, Alfredo Azurín, Héctor Valer, Jorge Morante, Ana Zegarra, José Pazo, Alex Paredes y Elizabeth Medina.

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Política

Alcalde de Surco advierte con mandar a tumbar supuesta invasión de congresista María Acuña en parque

Burgomaestre Carlos Bruce menciona que actuarán de todas maneras si no ven una disposición de la legisladora.

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A las buenas o a las malas. La congresista que le encanta ocultar su tesis, María Acuña (Alianza para el Progreso (APP), ahora se encuentra advertida por nada menos el alcalde de Surco, Carlos Bruce, de retirarse de una presunta invasión en un parque público. De acuerdo al popular ‘Techito’ Bruce, si la parlamentaria no desocupa de manera voluntaria esa supuesta ocupación ilegal, su comuna procederá a demolerla de acuerdo a ley.

“El caso es contundente. Lo mejor es que la congresista voluntariamente retire el espacio invadido y demuela la construcción que se ha hecho ahí. De no ser el caso, la ley nos establece un procedimiento por el cual lo haríamos como municipio, que es el demoler. Hay un procedimiento. Cuando es un espacio público, calculo que en 45 días ya estaríamos demoliendo”, declaró Bruce para Canal N.

Asimismo, informó que ya se ha iniciado el contacto con los propietarios del inmueble involucrado. “Esta mañana he indicado que se pongan en contacto con los dueños del inmueble para involucrarles, que voluntariamente se retiren del área pública. De lo contrario, lo haríamos nosotros de manera compulsiva”, añadió.

También hizo referencia a las constantes quejas de vecinos respecto a ruidos provenientes de dicha construcción: “Veníamos recibiendo quejas de vecinos por los ruidos. Se está poniendo la multa respectiva y la invocación para que actúen dentro de las normas básicas de la vecindad y no estar haciendo estos ruidos”.

Invasiones como cancha. Legisladora estaría desconociendo los límites de la propiedad privada y pública.

Esta controversia fue difundida el pasado domingo en el programa Cuarto Poder, donde la congresista, hermana de César Acuña, habría invadido 118 metros cuadrados del parque n.° 17, ubicado en la urbanización Los Álamos de Monterrico. En el área ocupada se identificaron estructuras de carpintería, cercos metálicos, calaminas y una puerta con un cartel que dice “Bienvenidos”.

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Política

Dina Boluarte premia con ‘doble cargo’ a viceministro de Transportes investigado por presunta corrupción

Ismael Sutta acumula cuatro investigaciones fiscales activas por presuntos delitos como peculado, concusión, abuso de autoridad y tráfico de influencias. La más reciente, lo vincula a un cobro ilegal por una licencia de conducir. En el Perú de Boluarte, los cuestionados no son sancionados, se les asciende.

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Mientras el discurso oficial insiste en la lucha contra la corrupción, el gobierno de Dina Boluarte parece operar con una lógica opuesta. Una de sus decisiones más reveladoras es el respaldo que mantiene —y refuerza— a Ismael Sutta Soto, un funcionario cusqueño con un pesado historial de investigaciones fiscales y observaciones de la Contraloría, pero que hoy ostenta no uno, sino dos cargos clave en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Sutta Soto despacha como viceministro del MTC desde hace 25 meses.

Desde hace dos semanas, Sutta no solo continúa como viceministro de Transportes, cargo que asumió el 28 de junio del 2023, sino que también ha asumido el cargo interino de viceministro de Comunicaciones, desde el 30 de junio de este año. Un ascenso político a pesar de sus graves antecedentes, que genera preguntas incómodas sobre los verdaderos criterios del Ejecutivo para designar a sus altos funcionarios. ¿Por qué se le premia? ¿Qué lo hace intocable?

Pese a sus carpetas fiscales abiertas, Sutta Soto ahora tiene doble cargo en el MTC.

Su cercanía con el círculo presidencial es una explicación recurrente. Fuentes del sector sostienen que su permanencia responde a una cuota de poder que le garantiza protección política, incluso ante un rosario de acusaciones graves.

Ismael Sutta tiene cuatro carpetas fiscales activas en el Cusco, región donde fue regidor y gerente municipal. Entre los presuntos delitos que se le imputan figuran peculado, concusión, abuso de autoridad, delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. La más reciente data de febrero de 2025, cuando un ciudadano denunció haber pagado a alguien que se identificó como él para obtener una licencia de conducir, en un caso aún bajo investigación en la Fiscalía Anticorrupción.

Pero las observaciones no terminan ahí. Informes de la Contraloría atribuyen a Sutta Soto responsabilidades civiles y administrativas por irregularidades cometidas en la Municipalidad del Cusco, entre 2019 y 2022, que habrían ocasionado pérdidas por más de 700 mil soles al Estado. El caso más alarmante: la prescripción de miles de papeletas de tránsito sin justificación técnica, con un perjuicio de más de 620 mil soles para la comuna.

Historial de afiliación política del viceministro Ismael Sutta. 

A pesar de este historial, teñido de presunta corrupción, el gobierno de Dina Boluarte, no solo lo mantiene en su cargo, sino que lo promociona. El mensaje es claro: la meritocracia y la transparencia son prescindibles cuando se trata de lealtades políticas. En el Perú de Boluarte, los cuestionados no son sancionados, se les asciende.

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Política

López Aliaga y el tren fantasma: populismo ferroviario con fines electorales

El uso del municipio como vitrina electoral. Mientras el alcalde de Lima López Aliaga busca titulares, miles de limeños continúan atrapados en un sistema de transporte colapsado y sin soluciones concretas a la vista.

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A menos de un año del inicio formal de la campaña para las elecciones generales de 2026, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, parece decidido a mantener el reflector apuntando hacia su figura política. Esta vez, el foco es un ambicioso —y aún inviable— proyecto ferroviario, del que se habla más en conferencias de prensa que en términos técnicos reales.

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), su titular, el acuñista César Sandoval, no ha dudado en calificar las acciones del burgomaestre como irresponsables y guiadas por intereses electorales. “Le pido al alcalde que no actúe por caprichos personales ni por estar en campaña. No se puede mentir ni hacer demagogia con un tema tan delicado”, sentenció el ministro desde Loreto.

Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, prometió trenes y lanzó fechas sin sustento claro.

Y es que el tren de López Aliaga, lejos de contar con estudios técnicos, permisos o garantías financieras, parece más un anuncio de campaña—con concierto musical incluido—que una obra pública seria. El alcalde de Renovación Popular ha cambiado reiteradamente su discurso: primero habló de una “marcha blanca”, luego de una “marcha en vacío”, sin ofrecer fechas claras, rutas definidas, ni procesos legalmente sustentados. Según el MTC, nada de esto ha sido autorizado.

El problema no es solo de forma, sino de fondo. El Ministerio ha advertido que el proyecto carece de estudios de viabilidad, impacto ambiental, análisis financiero y acuerdos formales con concesionarios. Aun así, el alcalde insiste en presentarlo como un logro de su gestión, apelando a la expectativa ciudadana de mejorar el transporte urbano, sin explicar cómo se sostendría técnica o económicamente.

“El alcalde le ha faltado el respeto a la ciudadanía de Lima y al ministerio”, afirmó Sandoval, acusándolo de desinformar al público con anuncios grandilocuentes sin sustento alguno.

Este nuevo capítulo entre la Municipalidad de Lima y el gobierno central pone en evidencia un patrón preocupante: la utilización del aparato municipal como plataforma electoral. Mientras López Aliaga busca titulares, miles de limeños siguen atrapados en un sistema de transporte colapsado, sin soluciones reales a la vista.

La postura del MTC es clara: sin estudios serios, no hay tren. Pero el alcalde López Aliaga, más interesado en la propaganda que en la planificación, parece decidido a seguir vendiendo humo sobre rieles. Una estrategia que, aunque útil para su campaña, no resuelve la crisis del transporte en Lima.

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Política

Al menos dos heridos tras disturbios previo a la llegada de Dina Boluarte a Iquitos [VIDEO]

Mandataria tiene previsto participar en el VIII Consejo de Estado, pero la población iquiteña no perdona el olvido del Gobierno Central hacia su región.

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No la quieren en Puno, menos en Arequipa y tampoco en Iquitos. Las encuestas solo arrojan una realidad que la jefa de Estado, Dina Boluarte, no quiere reconocer hasta ahora, y es que ese 3 % de aprobación no es una cifra caprichosa extraída de la nada, sino una consecuencia directa de su distanciamiento con la población y los medios de prensa. Tanto ella como sus ministros se vienen ganando a pulso el repudio de las mayorías, quienes le demuestran su descontento cada vez que viajan a sus regiones.

Con motivo del VIII Consejo de Estado Regional a realizarse en la ciudad oriental de Iquitos, un grupo de manifestantes se enfrentó esta mañana a la Policía Nacional del Perú (PNP) a tan solo dos cuadras de la Villa Aérea del Perú, lugar donde se prevé que la mandataria aterrice para participar del mencionado concejo.

Ciudadanos e integrantes de gremios de construcción civil, organizados presuntamente por el excongresista Fernando Meléndez, integrante de Alianza para el Progreso (APP), se congregaron en la plaza 28 de Julio para salir a marchar a la base aérea, con la intención de acercarse lo máximo posible cuando Boluarte pise suelo amazónico. Al ver que la Unidad de Servicios Especiales que resguarda el perímetro de la Villa Aérea les impedía el paso, varios de ellos empezaron a arrojar piedras y objetos contundentes contras las fuerzas del orden, iniciándose así los disturbios que terminaron hasta el momento con dos heridos y varios vecinos de Mariscal Cáceres, Atlántida, Sargento Lores y Zamora, quienes se vieron afectados por los gases lacrimógenos.

Tal parece que existiría una pugna entre Meléndez y el actual gobernador de regional de Loreto, Jorge René Chávez Silvano (Somos Perú), quien estaría buscando su reelección como gobernador.

De acuerdo a las primeras informaciones de los medios locales, la protesta fue convocada por gremios locales y colectivos que cuestionan la gestión del Ejecutivo, especialmente en zonas de la selva.

Las críticas apuntan a la percepción de abandono del Ejecutivo hacia las regiones amazónicas, así como a la continuidad de conflictos sociales sin resolución clara en zonas de frontera, salud, educación y servicios públicos.

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Política

Salhuana defiende viaje de su amiga a París y arremete contra el periodismo [VIDEO]

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana justificó el uso de fondos públicos a favor de su amiga María Jesús Gosálvez y, lejos de asumir responsabilidad, acusó a la prensa de maliciosa por tergiversar los hechos y afirmó que el periodismo “se ha vuelto un vil oficio”.

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Lejos de ofrecer transparencia, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, optó por el ataque. En lugar de asumir responsabilidad o al menos reconocer el malestar público que genera el uso de fondos estatales para favorecer a una amiga personal, arremetió contra la prensa y calificó al periodismo como un “vil oficio” por informar sobre el viaje financiado a María Jesús Gosalvez Postigo.

Empresaria María Jesús Gosalvez Postigo es amiga de Salhuana.

Gosalvez Postigo, una empresaria castañera de Madre de Dios y conocida cercana de Salhuana, viajó a París con un pasaje pagado por el Congreso. ¿La razón? Recoger una medalla otorgada en el concurso París Gourmet. Según el titular del Parlamento, la entrega del pasaje fue una “decisión de la Mesa Directiva”, como si eso bastara para legitimar el uso de recursos públicos con fines discutibles.

En conferencia de prensa, Salhuana intentó justificar el gasto señalando que el premio obtenido por Gosalvez beneficia a más de 1500 familias de Madre de Dios, debido a que “internacionaliza” el producto de la castaña. Lo que no explicó es por qué el Congreso, y no una entidad del sector productivo o incluso una iniciativa privada, debía cubrir los costos del viaje.

El vínculo entre Salhuana y Gosálvez ha sido documentado en redes sociales y reportajes como el de Punto Final, donde se reveló que fue la esposa del congresista, Ivonne Ruiz —presidenta del Comité de Damas del Congreso— quien contactó a la empresaria para ofrecerle el pasaje. La propia Gosalvez Postigo reconoció que inicialmente gestionó el viaje por su cuenta, pero luego siguió las instrucciones de la esposa del parlamentario.

El Acuerdo de Mesa N.º 185-2024/2025, presentado en el reportaje, autoriza la entrega del pasaje “a título de liberalidad” y sujeto a disponibilidad presupuestal. Un recurso público justificado con una fórmula ambigua y sin rendición clara.

En vez de reconocer el conflicto ético, Eduardo Salhuana desvió el foco y acusó a la prensa de “maliciosa”, deslegitimando su rol fiscalizador. La defensa corporativa y familiar desde la cúpula del Congreso no solo genera sospechas, sino que refleja el patrón de cómo se entienden los privilegios desde el poder: como favores entre amigos, pagados con dinero de todos.

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