En declaraciones a la prensa, luego de presentarse ante la Comisión de Constitución, el premier Gustavo Adrianzén se pronunció de forma aireada tras la presentación de una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por parte del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en el marco del ‘caso Rolex’. El jefe del Gabinete Ministerial aseguró que el recurso que el Ministerio Público presentó al Congreso “no es más que una muestra de la persecución sistemática en material fiscal” contra la presidenta.

“Esto firma parte de lo que nosotros venimos denunciando hace semanas atrás, la señora presidenta de la República Dina Boluarte está siendo víctima de una persecución que tiene como base la fiscalía de la nación. Es intolerable que, conociendo perfectamente el mandato constitucional, el articulo 117° y habiéndose indicado allí con claridad cuáles son los cuatro únicos supuestos del que puede ser acusad la presidenta de la República en un exceso que mella la potestad de la señora presidenta de la República, que está afectando el ejercicio de sus funciones constitucionales, no solamente se le haya denunciado en primer termino y por un plazo de sesenta días que ya se venció. Plazo en el que por lo menos teniendo en consideración la alta investidura de la presidencia debió archivarse, o en el extremo insólito formular una acusación. Esto es una persecución que denunciamos aquí”, sostuvo enfadado el premier Adrianzén.    

“Eso es intolerable. Eso es una persecución que denunciamos aquí y que confiamos que el primer poder del Estado, el Poder Legislativo, no va a dejar pasar por alto. Confiamos como lo hemos venido diciendo, que solo en mérito del ámbito constitucional, esto merezca un rechazo liminar”, culminó.

Así las cosas, vale mencionar que lo que se ha tornado sistemático de parte del Poder Ejecutivo, es el lamentable proceder de algunos ministros, como los de las carteras de Educación, Morgan Quero; Cultura, Leslie Urteaga; Transportes, Raúl Pérez Reyes; Vivienda, Hania Pérez de Cuellar; y Justicia, Eduardo Arana, que vienen saliendo a los medios de prensa para indicar que no se debe obstaculizar la labor de la presidenta Dina Boluarte, en lugar de preocuparse de mostrar los logros obtenidos en sus portafolios respectivos.

Aquí el video:

La legisladora de izquierda Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) presentó una nueva denuncia constitucional contra la jefa de Estado, Dina Boluarte, porque se habría ausentado del cargo, e inhibido de cumplir sus funciones presidenciales, desde el 29 de junio hasta el 9 de julio de 2023, luego de someterse a cirugías estéticas.

En el documento de la denuncia, Luque indica que su decisión se debe a que su despacho solicitó inicialmente que le alcancen desde Palacio de Gobierno, detalles de la agenda de la presidenta, en las mencionadas fechas; como la lista de reuniones y actividades, la prescripción médica de descanso, actas de sesiones de Consejo de ministros, entre otras evidencias.

Sin embargo, Luque indica que apenas recibió informes y memorandos, así como sus anexos respectivos, en los que básicamente dan cuenta de un listado de dispositivos normativos y actas emitidas, que en el fondo no brindan detalle de las acciones de la agenda presidencial de forma expresa.

«Existen vacíos en los documentos remitido evidenciando que las denuncias periodísticas cobran objetividad; más aún, porque la información brindada a mi despacho no permite corroborar objetivamente que la presidencia estuvo en ejercicio permanente del cargo», se lee en la denuncia.

«Los documentos seleccionados para su remisión permiten comprender que hay la intención de generar la percepción de una “formal y aparente” continuación de labores de la presidenta Dina Boluarte, pero que no se pueden apoyar con hechos, actividades específicas que den cuenta de un ejercicio efectivo de la presidencia. Por el contrario, existe vacío de información objetiva sobre la agenda presidencial de esos días, evidenciando que la mandataria no cumplió funciones, ni sostuvo actividades públicas ni tuvo reuniones con autoridades o representantes de organismos públicos o sociales», indica Ruth Luque en su acusación.

En esa línea, la legisladora denunciante refiere que la mandataria incurrió en infracción constitucional, al no cumplir los artículos 114° y 115° de la Constitución Política del Perú, así como del artículo 118°, inciso 1, al aparentemente habría hecho un abandono en el cargo.

Lo que sigue, es que el documento sea ingresado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, liderado por la parlamentaria Lady Camones (Alianza para el Progreso), para que sea evaluado, si es admitido a trámite, o lo envían al archivo.

Finalmente, los doce días que la presidenta Dina Boluarte se ausentó del Despacho Presidencial para incumplir con sus funciones, por una intervención de cirugías estéticas al rostro, no le fueron descontados de su remuneración, tal como lo informó la Subsecretaría General del Despacho Presidencial, ante el pedido que hizo la congresista Ruth Luque, la primera semana del mes de mayo.

A pocas horas de que el Pleno del Congreso vote sobre su informe de suspensión de 120 días, aprobado en la Comisión de Ética, por agredir verbalmente a su excolega de bancada Patricia Juárez, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu presentó su carta de renuncia al partido de Fuerza Popular y también a la bancada naranja.

“He presentado el día de hoy mi renuncia irrevocable al partido y a la bancada de Fuerza Popular por motivos personales y de conciencia. ¡Agradezco a Keiko Fujimori la oportunidad de poder servir a mi patria y a los PEX (peruanos en el exterior), avanzaremos!”, escribió en su cuenta de X.

Cuenta de X de Juan Carlos Lizarzaburu.

Pasaron cuatro meses desde que el informe de suspensión de 120 días del congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu, por agredir a Patricia Juárez, fue aprobado en la Comisión de Ética del Congreso, pero este aún no recibido la luz verde en el Pleno para que pueda hacerse efectiva su separación temporal.

Recordemos que el 13 de diciembre último, se produjo la agresión de Lizarzaburu a Juárez. El hecho ocurrió cuando, en medio de una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el fujimorista dejó encendido su micrófono y lanzó una frase agresora machista y sexista que fue difundida a través de los medios de comunicación, y se volvió inmediatamente un escándalo mediático.

Tuvo que pasar un mes y medio para que el informe final de ese bochornoso hecho recién sea votado, el 29 de enero, en la Comisión de Ética. Por su parte, Fuerza Popular solo lo sancionó con seis meses del ejercicio de su militancia.

El gobernador regional de Ayacucho, el “wayki” Wilfredo Oscorima, anunció que realizará una marcha contra el Gobierno de Dina Boluarte, en caso no le asignen el presupuesto requerido para la región Ayacucho en el 2025.

Así lo proclamó Oscorima, durante su discurso en la ciudad de Puquio, provincia de Lucanas, donde se realizó la primera Audiencia Pública Regional Descentralizada de rendición de cuentas 2024. La noticia de la marcha, causó impresión entre los asistentes, los cuales respondieron con aplausos al momento de las exigencias. Y, asimismo, a los críticos al Gobierno de Dina Boluarte, que prácticamente es muy afín a la posición del Gobernador Regional de Ayacucho, respecto de su wayki Boluarte Zegarra.  

Wifredo Oscorima, durante su participación en la primera Audiencia Pública Regional Descentralizada de rendición de cuentas 2024, realizada en Puquio.

«En el 2025 nuestro presupuesto debe superar los mil millones de soles. De lo contrario yo mismo encabezaré las marchas por el pueblo […] Porque no hay otra forma de poder salir de la situación de pobreza», dijo Oscorima, en la Audiencia Pública Regional Descentralizada, realizada en Puquio.

Durante su discurso, Wilfredo Oscorima señaló que su Gobierno requiere más de mil millones de soles para el 2025. Y en caso no recibir el presupuesto, recurrirá a las marchas de protestas encabezadas por su persona.

Otra denuncia le salpica al Poder Ejecutivo. Esta vez el gobierno de Dina Boluarte, ha sido acusado de gastar cerca de medio millón de soles en contratos duplicados. El dominical Panorama, reveló que el Despacho Presidencial habría contratado a personas que lleven a cabo funciones que ya son realizadas en Palacio. Ello a cambio de cifras que oscilan entre los S/16 y S/ 21 mil soles.

Entre otras las labores, que estarían realizándose por duplicado, están los servicios archivísticos y el control de documentos. En el marco de la misma acusación, a inicios de 2024 se registraron contrataciones en el Ejecutivo que han causado preocupación.

Solo en dicho periodo, tres servidores públicos fueron contratados para realizar labores vinculadas a las contrataciones del Estado por pagos desde S/ 16 mil y S/ 27 mil. Dichos cargos fueron descritos como “servicio en contrataciones públicas”, “servicio en contrataciones del Estado” y “servicio de analista en contrataciones del Estado”.

El Gobierno se defiende

El día de ayer, tras tonar conocimiento del reportaje; el Gobierno de Dina Boluarte se pronunció en la noche de este domingo 26 de mayo.

Mediante un comunicado emitido desde la cuenta de la Presidencia, el Ejecutivo rechazó presuntos actos irregulares en las mencionadas contrataciones y aseguró que los referidos vínculos están bajo la supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE. Asimismo, el vocero de la presidenta, Fredy Hinojosa, defendió a la jefa de Estado y explicó que estos casos obedecen a que los funcionarios de planta no podrían cubrir la necesidad de los servicios mencionados anteriormente.

Comunicado de la Presidencia de la República.

“Los servicios por terceros se realizan dentro del marco de la ley y cumplen estrictamente con lo establecido en los términos de referencia. Estos contratos están bajo supervisión de OSCE, se encuentran debidamente registrados en SEACE y publicados en el Portal de Transparencia de libre acceso para cualquier ciudadano”, se lee en el documento publicado en X.

La aprobación de la gestión presidencial de la mandataria Dina Boluarte cayó a su más bajo nivel, comparado a fechas anteriores. Actualmente, de acuerdo a la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) entre el 18 y el 23 de mayo, publicada por el diario La República, indica que un 90 % desaprueba cómo Boluarte Zegarra está conduciendo su gobierno, mientras que solo un 5 % aprueba su desempeño.

La caída de la presidenta se está incrementando, poque hace dos meses, según otro estudio del IEP, la mandataria era desaprobada por 86 % y aprobada por un 8 %. La aprobación de Boluarte Zegarra cae aún más en Lima, donde solo un 4.1 % de los encuestados dijo que aprobaba su gobierno.

Con respecto a temas de corrupción, la percepción entre los ciudadanos tampoco es favorable al actual gobierno. Porque, un 50 % cree que la gestión Dina de Boluarte terminará siendo más corrupta que en gobiernos anteriores. Mientras, que un 42 % indica que será igual de corrupto y apenas un 5 %, cree que será menos corrupto.

El nivel de aprobación del Congreso de la República también se mantiene en muy bajo nivel porcentual. Solo el 6 % de los encuestados, afirmó que lo aprueba, mientras que un 91 % manifestó su desaprobación al Parlamento.

Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal destituida Patricia Benavides, se ratifica en que todo lo que ha manifestado ante la Fiscalía sobre este caso es cierto y reconoció haber participado en “actos bochornosos e ilegales”.

Villanueva acudió esta mañana ante el Ministerio Público y rindió su manifestación en torno a la investigación que se sigue contra la destituida fiscal y tras salir de la sede declaró a la prensa, ratificando que todo lo que se conoce sobre este caso debido a sus declaraciones, son verdad.

“Saben que es cierto y no hay ninguna manera de sostener que en alguna parte digo la verdad y en otra no. Ya hay algunas acciones concretas que se han realizado a partir de lo que yo he declarado. Yo estoy relatando hechos en los que yo he participado o de los que yo he sido testigo, ya será el Ministerio Público y el Poder Judicial los que determinarán la responsabilidad de las personas”, indicó.

Villanueva, que en diciembre último recuperó su libertad tras acogerse a la colaboración eficaz, reafirmó que ha contado todo lo que sabe sobre las irregularidades al interior de la Fiscalía y que involucra a su exjefa Benavides Vargas, destituida el último miércoles 22 de mayo por el voto unánime de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), además del fiscal Rafael Vela y el operador Gustavo Gorriti.

“Yo estoy diciendo la verdad. Yo estoy asumiendo mi responsabilidad en todos estos actos. Yo no estoy rehuyendo a mi responsabilidad ni me estoy escondiendo detrás de relatos, de mentiras, sino yo estoy afrontando, con lo duro y difícil que pueda ser reconocer actos bochornosos e ilegales en los que he participado, pero estoy dando la cara. Estoy asumiendo esa responsabilidad. Yo me reafirmo en que todo lo que he manifestado es cierto”, aseguró el exasesor y actual colaborador.

En su manifestación ante los fiscales, Jaime Villanueva narró una serie de actos irregulares que se llevaron a cabo dentro de las instalaciones de la Fiscalía cuando él trabajaba allí, donde se involucró a los fiscales Rafael Vela, fiscal superior que era encargado del equipo especial Lava Jato; José Domingo Pérez y al operador Gustavo Gorriti, ello con la finalidad de impedir la salida del expresidente Alan García.

Tanto, el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya y los congresistas de esa agrupación José Cueto y Javier Padilla renunciaron al partido Renovación Popular, liderada por Rafael López Aliaga.

Los legisladores parlamentarios presentaron su renuncia a través de un comunicado oficial, y entre otros motivos detrás de estas renuncias se señalan vulneraciones a las garantías del debido procedimiento y derechos contenidos en el reglamento interno del grupo parlamentario.

Montoya explicó que se han producido pugnas internas y fraccionamientos dentro del grupo, lo que ha resultado en la aprobación clandestina de un nuevo reglamento interno sin seguir el debido proceso y que el procedimiento adecuado no fue respetado y que él no fue informado, ni verbal, ni formalmente sobre los cambios propuestos. Y cuestionó la necesidad de auto convocar una sesión plenaria, si ya se había programado una para tratar estos temas.

Por otro lado, el congresista Javier Romero también presentó una carta en la que manifiesta su decisión de retirar su firma de un documento dirigido al partido, alegando que fue inducido a error y desconocía el contenido de este. Romero consideró grave la eliminación de la participación del parlamentario andino Gustavo Pacheco en el nuevo reglamento.