Exceso de confianza o imprudencia, a estas alturas nadie lo sabe con exactitud. El presidente de la República, Pedro Castillo, ha solicitado a la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, autorización para viajar a Bolivia este 30 de octubre, por motivo del Encuentro Presidencial y VI Gabinete Ministerial Binacional Bolivia – Perú, sin embargo dada la coyuntura esa solicitud es vista como inoportuna.

“Solicitar al Congreso de la República que, por intermedio de su digna Presidencia, conforme a lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 1021 de la Constitución Política del Perú, autorice al suscrito, en su calidad de Presidente de la República, la salida temporal del territorio nacional el día 30 de octubre de 2021, con el objeto de viajar a la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, donde se llevará a cabo el Encuentro Presidencial y VI Gabinete Ministerial Binacional Bolivia – Perú”, se lee en el documento que cuenta con la rúbrica de la primera ministra Mirtha Vásquez.

Y es que ese viaje se daría solo cinco días después de que su primera ministra Mirtha Vásquez solicite la cuestión de confianza al Parlamento, aprobación que hasta el momento no se tiene por segura su concreción.

Cabe recordar que el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, el último 28 de julio, acordó con el jefe de Estado, Castillo Terrones, retornar la ejecución del Encuentro Presidencial y VI Gabinete Ministerial Binacional Bolivia – Perú, tras ser suspendido por la propagación del coronavirus.

“En esta oportunidad, se contará con la participación de las sociedades civiles de ambos países, a fin de coadyuvar a los esfuerzos de ambos gobiernos por generar acciones concretas en favor del desarrollo y bienestar de las poblaciones, particularmente aquellas en la zona de frontera común”, precisa el documento remitido a Alva Orlandini.

En ese evento se debatirá respecto al medio ambiente y los recursos hídricos transfronterizos; el desarrollo económico, políticas sociales y fortalecimiento institucional; seguridad y defensa; e infraestructura para la integración y el desarrollo.

Buscará la aprobación de propios y extraños, y esto debido que desde una parte del partido oficialista se tiene por enterado que no se le dará el voto de confianza al Gabinete presidido por Mirtha Vásquez, quien el lunes 25 de octubre tendrá que solicitar al Pleno del Congreso su aprobación.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, de acuerdo a lo conversado personalmente, para solicitarle de conformidad al artículo 130° de la Constitución Política del Perú y el artículo 82° del Reglamento del Congreso de la República, tenga a bien permitir mi presentación el día lunes 25 de octubre del presente año, con la finalidad de exponer y debatir ante la digna representación nacional, la política general del Gobierno y las principales medidas a adoptar en mi gestión”, se lee en un documento publicado en las redes sociales.

En esa línea, la titular del Parlamento, María del Carmen Alva aceptó la solicitud que había enviado previamente la jefa de la PCM a su despacho y programó la presentación del Gabinete para las 11:00 a.m.

Cabe precisar que, desde el lunes 18, la jefa del Gabinete Ministerial viene reuniéndose con las nueve bancadas parlamentarias con la finalidad de llegar a generar consensos entre ambos poderes, pese a algunas discrepancias.

“No vamos a bajar los brazos en nuestro intento por llegar a un relacionamiento adecuado, respetuoso, en el marco democrático del equilibrio de poderes. Por eso hoy reafirmamos esa apuesta de trabajo conjunto”, señaló Vásquez Chuquilín la tarde de ayer en conferencia de prensa.

Se requiere mayoría simple para otorgar el voto de confianza

Para ser aprobada, la cuestión de confianza debe recibir el voto a favor de la mitad más uno de los votos de los legisladores presentes en la sesión. 

Si acudieran los 130 congresistas, ya sea de manera presencial o virtual, se requeriría 66 votos a favor para que el Gabinete obtenga la investidura.

Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete.

Como se recuerda, en agosto el ex primer ministro Guido Bellido expuso durante casi tres horas los lineamientos del Poder Ejecutivo, obteniendo en esa ocasión 73 votos a favor, 50 en contra y cero abstenciones para que se le otorgue la cuestión de confianza.

Esa vez, el bloque que votó en contra fueron los partidos de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, el Partido Morado, y otros parlamentarios de distintas bancadas.

Con 11 votos a favor, 4 en contra y una sola abstención, la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, presidida por la parlamentaria Norma Yarrow de Renovación Popular, ha aprobado un dictamen para establecer los requisitos de la designación de ministros de Estado.

Los mencionados proyectos de ley buscan modificar la Ley Orgánica del poder Ejecutivo. De esa manera, no podrán ser nombrados quienes se encuentren con investigación fiscal preparatoria o siendo juzgados ante el Poder Judicial por delitos de terrorismo, crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios o violencia familiar.

Asimismo, para ser nombrado ministro de Estado no se deberá tener sentencia condenatoria en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso, tal como lo dispone el artículo 39-A de la Constitución, ni estar inhabilitado para ejercer cargo público.

La resolución suprema de nombramiento incluirá como anexo la declaración jurada del nombrado, la cual debe consignar todas las investigaciones fiscales, los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales está o estuvo incurso en calidad de imputado o cómplice, el estado en que se encuentran dichos procesos y procedimientos, así como la decisión de las sentencias o resoluciones administrativas, si el proceso hubiera concluido.

La declaración jurada es verificada posteriormente por el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el Fuero Militar Policial y las Direcciones de Recursos Humanos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, cuando corresponda.

Hombre de leyes. Quién mejor que el propio ministro de Justicia, el catedrático Aníbal Torres, para referirse sobre la ley aprobada por insistencia respecto a la cuestión de confianza y que plantea crear restricciones a la misma.

El día de ayer, el Pleno del Congreso aprobó con 78 votos a favor, 43 en contra, y 3 abstenciones la norma que señala la facultad de los ministros para plantear una cuestión de confianza se debe encontrar referida “a materia de competencia del Ejecutivo relacionada directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afectes los procedimientos y competencias excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionales autónomos”.

Además, dicha ley precisa que “la cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y de realizada la votación conforme al Reglamento del Congreso” y que “solo el Parlamento puede interpretar el sentido de su decisión”.

Ante ello, el ministro Torres confirmó que el Poder Ejecutivo interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la ley que establece límites a la figura de cuestión de confianza.

“Se interpondrá la acción de inconstitucionalidad en el momento en el que se publique esta ley, pero tampoco confiamos ahora en nadie puesto que existe esta situación de hecho en el que hay una clase política que ha perdido las elecciones y que no va a dejar gobernar de ninguna manera”, declaró Torres para Canal N. 

De esta manera, Torres afirmó que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para que observe esta ley. Indicó que el Legislativo estaría rompiendo el equilibrio de poderes con la aprobación de esta autógrafa sin regular la vacancia presidencial por incapacidad moral.

“El Congreso debió limitar las dos figuras conjuntamente [vacancia y cuestión de confianza] porque son las dos figuras que están creando una situación de ingobernabilidad desde hace muchos años”, sostuvo.

El jurista recordó que el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para regular ambas figuras. Sin embargo, mencionó que “el Congreso ha hecho todo lo contrario”.

“Al Congreso no le importa el Perú, solo le importa el interés particular de buscar el momento apropiado para vacar al presidente”, resaltó.

Ayer el pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de ley que interpreta la cuestión de confianza regulada en los artículos 132º y 133º de la Constitución, luego de que el Poder Ejecutivo la observara.

Tras un prolongado debate, los resultados de las votaciones corresponden a 79 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones.

Las bancadas que votaron en contra de la autógrafa fueron Perú Libre, Juntos por el Perú, los tres congresistas morados, y el parlamentario no agrupado Pedro Martínez (antes en Acción Popular).

Por su parte, Perú Libre presentó un pedido de reconsideración, argumentando que no se sometió al voto la cuestión previa que presentó el congresista Edgar Tello; sin embargo, la solicitud fue rechazada por haber alcanzado 40 votos a favor, 80 en contra y una abstención.

La Comisión de Constitución ha sido muy diligente, tomando en cuenta que el 9 de octubre aprobaron el dictamen que recomendó la insistencia en la ley observada por el presidente Pedro Castillo.

Tras aprobarse la insistencia, la premier Mirtha Vásquez, a través de su cuenta de Twitter, anunció que desde el Poder Ejecutivo adoptarán las “acciones necesarias para evitar el quiebre del Estado de Derecho”.

El programa Encuentros, conducido por Luis Felipe Alpaca en Lima Gris TV, contó con la participación de Gonzalo Alegría.     

Alonso Alegría Varona es Doctor en economía, experto en finanzas y además sociólogo y académico universitario. Él nació en un entorno meramente cultural y literario por ser hijo de dos grandes autores como Ciro Alegría y Dora Varona.

Además, estuvo voceado para ocupar la jefatura de la Biblioteca Nacional del Perú, una vez que el gobierno de Pedro Castillo se instalara en Palacio de Gobierno; sin embargo, se conoció que un personaje oscuro como Edwin Rigoberto Coico Monroy desde el Misterio de Cultura boicoteó su designación, así como la de otros probables funcionarios que se quedaron a la espera.

En el diálogo televisivo Alegría Varona, aseveró:

“En Estados Unidos, del PBI, en cultura se destina el 15.9%; claro, es Hollywood, son las series, es Netflix y es la música. Y en Europa un PBI fuerte en cultura es 9%, pero hay países como España que están entre 4 y 6% dependiendo del año; pero en Colombia ya están casi en un 5% y nosotros estamos en un 2% con algo, del Producto Bruto Interno, y habría que ver hasta qué punto no es generosa esa medida. Y es porque no monetizamos; no convertimos a la cultura en una fuente de rentas. No hay publicidad para las revistas culturales, no hay convocatorias, no hay formas de venta alternativa; todo se piratea, y al final el creador no tiene una economía creativa como en los países desarrollados”.

Cuando el conductor le preguntó sobre ¿cómo era posible que un banquero como él que está ligado a las finanzas, también conozca la cultura? Gonzalo Alegría respondió:

“Yo nunca renuncié a mi espíritu, porque al final eres un banquero, eres una persona bastante cuadriculada, y prácticamente, has renunciado a tu espíritu; pero hay sus gloriosas excepciones; por ejemplo, allí está Fernando Pessoa, el poeta que era bancario, ni siquiera era banquero; trabajaba todo el día en una oficina bancaria y después salía y escribía una poesía bellísima; pero en general los banqueros suelen renunciar a la banca para dedicarse a lo que realmente les gusta y allí está Paul Gauguin, el gran pintor francés. El abuelo de Gauguin fue banquero, dueño de un banco, su padre también fue banquero y luego él tenía que heredar el banco, pero mandó todo a la porra y dijo —me voy a Tahití a pintar — y así se fue a la Polinesia francesa a pintar y murió lamentablemente de sífilis de lo bien que lo pasó con una vida desordenada.

Pero la banca sí tiene algo de bueno cuando eres una persona culta; por eso allá en Madrid cuando era subdirector general de un banco patrocinábamos exposiciones y temas culturales; entonces cuando llegué a alto directivo me reconcilié con la cultura y siempre salvé mi alma porque era profesor universitario en la Complutense”.

Sobre cómo se gestiona la cultura, Gonzalo sostuvo lo siguiente:

“Hay un tema que me mortifica y lo he vivido siempre, hasta en Londres, cuando te decían —Eso es demasiado caro y costoso para nosotros — y estamos hablando del cuarto Banco de Inglaterra, y así lo dicen: —no me lo puedo permitir—entonces, el primer problema sería siempre presupuestario.

El funcionario público en cultura, siente que siempre le falta presupuesto por todas partes y en gran parte es verdad, no invertimos mucho en cultura.

Del presupuesto del año pasado en Perú, que prácticamente son S/181 mil millones de soles, el Ministerio de Cultura recibió algo más de S/780 millones; quiere decir que era el antepenúltimo por pobreza y el único que estaba un poquito por debajo con S/500 millones fue Comercio Exterior y Turismo. Pero, por ejemplo, Midis, que hace una función social y que se supone redistribuye renta con ayudas públicas hacia las personas, está con S/4 mil quinientos millones.

Entonces, el problema del presupuesto en el Perú es que se concentra mucho y el año pasado se concentró mucho en Educación y Salud, porque era lógico por la pandemia; y salud pública se llevó más de S/40 mil millones, que era la cuarta parte del presupuesto, y luego Educación se llevó S/32 mil millones. Entre los dos eran casi S/80 mil millones de S/180 mil, entonces, se llevaron casi todo.

Y después, el que haya tantos ministerios. Hay 18, y eso favorece al liliputismo; por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, es Liliput, es muy pequeño pues y allí hay toda una filosofía. En otros países el Ministerio del Ambiente funciona como un viceministerio metido en Agricultura”.  

Aquí el programa completo.

No se quiere quedar atrás. Si hace unos días Juntos por el Perú (JP) había presentado un proyecto de ley para modificar el artículo 113 de la Constitución Política del Perú, referente a las causales de la vacancia presidencial, el mandatario Pedro Castillo también hace lo mismo formulando otra propuesta, señalando que ésta se dé solamente por incapacidad mental o física, “y que sea compatible con el ejercicio de su función, debidamente acreditada por una junta médica y declarada por no menos de los dos tercios del número legal de miembros del Congreso”, reza el proyecto que pretende añadir ese párrafo al inciso 2 del citado artículo.

Actualmente una de las causales para vacar a un presidente es por incapacidad moral. De aprobarse la propuesta de Castillo, sería eliminado la incapacidad moral.

Asimismo, plantea cambios al artículo 130 para eliminar el voto de confianza del parlamento del gabinete al momento de exponer su plan de trabajo.

“Dentro de los 30 (días) de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo de Ministro concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. La exposición no da lugar a voto de confianza”, dice la modificación propuesta a dicho artículo.

Igualmente propone que la censura en contra de ministros únicamente proceda por materias relacionadas el ejercicio del cargo.

“El presidente del Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar. La renuncia del presidente del Consejo de Ministros obliga a los demás ministros a renunciar”, refiere la propuesta presidencial para cambiar el artículo 132.

Presidente Castillo también propone cambios para la Cuestión de confianza

Respecto a la cuestión de confianza, la administración Castillo plantea -a través del cambio al artículo 133- que esta proceda “en asuntos de competencia del Poder Ejecutivo relacionados con la Política General del Gobierno, la iniciativa legislativa ordinaria del Poder Ejecutivo y la permanencia de los ministros de Estado”.

“No procede la cuestión de confianza cuando verse sobre materias que afecte las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de los otros organismos constitucionalmente autónomos”, agrega.

Más de 20 dirigentes nacionales de Huánuco, San Martín, Amazonas, Loreto, Cajamarca, Tumbes, Piura, Ancash, Puno, Cusco, Junín, Ucayali y Lima sostuvieron una reunión de trabajo con el jefe de Estado Pedro Castillo Terrones, para discutir las principales problemáticas del sector, como el abandono en materia de protección social, particularmente en la situación de periodistas locales; evidenciando que como producto de la pandemia fallecieron 198 periodistas, por lo que es urgente que el Estado prevea un mecanismo legal a favor de hombres y mujeres de prensa que viven la precarización cotidiana.

La ANP recordó que, desde gobiernos anteriores han sido múltiples los incidentes contra periodistas cuando los representantes del Ejecutivo se desplazaban por las regiones; especialmente por la preocupante discriminación a periodistas locales, a quienes no les brindan entrevistas, ni dan facilidades para coberturas.

Asimismo, la asociación le recordó al mandatario la importancia de adherir un instrumento garante de la libertad de prensa, como es la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La ANP, le propuso al jefe de Estado que desarrolle conferencias descentralizadas en regiones, priorizando a los medios locales y regionales.

“Considerando siempre la independencia de medios y periodistas, como gremio periodístico le recordamos al presidente que la principal función de la prensa es la vigilancia crítica de todas las autoridades, sin caer en obstruccionismo”.

La ANP abogó por la situación de los reporteros y reporteras que cubren las informaciones oficiales en Palacio, y que desarrollan labores en espacios inadecuados, solicitando que este problema sea resuelto en el plazo más corto, tomando las previsiones biosanitarias pertinentes.

Al finalizar la reunión en la sala Túpac Amaru de Palacio de Gobierno, la ANP presentó un documento que, además de resumir los aspectos abordados, presenta las agresiones a periodistas de los últimos meses y expone detalladamente la precaria situación de hombres y mujeres de prensa.

Asimismo, el presidente Castillo, a través del Ejecutivo reafirmó su compromiso de descentralizar la comunicación de Gobierno, y pidió un ejercicio responsable de la libertad de prensa, la pluralidad y respeto a la información de la ciudadanía.