Política
Caso del alcalde de Cusco Víctor Boluarte en la Sala Penal Suprema Permanente

Escribe: Abog. Heraclio José Cereceda Vergara
En plena crisis sanitaria del Cocid-19, el Perú también sufre una crisis aguda de gobernabilidad, un evidente enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo que muestra nuestras debilidades como país y sociedad.
En esa coyuntura por la presión social en las redes principalmente, el Congreso aprobó una Ley para prohibir que en el presente proceso electoral participen los sentenciados por el Poder Judicial entre los afectados se encuentran Autoridades como el Alcalde de la Ciudad del Cusco, Víctor Boluarte, quien ha sido sentenciado por el Poder Judicial de Cusco por la Comisión de Delito contra el Patrimonio, tipo Fraude en la Administración de Personas Jurídicas, en la modalidad de Administración Fraudulenta; en agravio de los Abogados y del Colegio de Abogados del Cusco.
Pero resulta importante conocer que en esa misma coyuntura también existe una responsabilidad del sistema de Justicia sobre todo en este caso, el proceso que aún se tramita en la última instancia de justicia de manera excepcional en la Corte Suprema de Justicia del Perú, Sala Penal Suprema permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú y será esa instancia quien definirá si luego de más de 11 años de trámite judicial con sentencias condenatorias para el hoy aun Alcalde de Cusco Víctor German Boluarte Medina, la Justicia podrá cumplir su rol de hacer justicia efectivizando una condena contra una autoridad elegida por mandato popular o si imperará más “la presión política”, los contactos y presiones de alto nivel en el país para dejar impune este caso.

Es importante también para la ciudadanía conocer que sobre este caso se pronunció favorablemente el difunto Alan García Pérez señalando que solo es un “Lío de abogados” y eso sucedió en tanto Víctor Boluarte, fue y aun creemos continua siendo integrante del APRA, alto dirigente local que si bien logró ocupar la Alcaldía de Cusco fue a través de un movimiento denominado curiosamente Tawantinsuyo, siendo el propietario y fundador de dicho movimiento Jafet Hildebrando Cervantes Mansilla, actual Regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco.

Muchos allegados a Boluarte Medina y su entorno, tienen hijos con nombre de Alan, Gabriel y demás mostrando con ello su nivel de compromiso partidario o el cumplimiento de una consigna particular para perpetuar un partido. Así que por lo menos un sector importante de la población cusqueña entiende que Boluarte no dejó de ser conspicuo integrante del partido aprista y así lo ha señalado él mismo en sus diferentes campañas electorales.
Para nadie es desconocido que en el sistema de Justicia también se encuentra la corrupción y asimismo también se ha adentrado el partido aprista que en su tiempo de gloria ha nombrado Jueces y Fiscales y a otros en diferentes cargos Públicos que hoy son ejercidos como si no tuvieran compromiso, he allí la vinculación especial de este caso que ha demorado 11 años para un delito tan simple.
Es oportuno dar a conocer:
a.- Que la SENTENCIA contra Víctor German Boluarte Medina en su PARTE RESOLUTIVA: FALLA: CONDENANDO A GERMAN BOLUARTE MEDINA por el DELITO DE FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURIDICAS producido en su condición de Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco ANEXO 1
b.- Por SENTENCIA DE VISTA ., de fecha 17 de mayo del 2019 se confirma La SENTENCIA contenida en la Resolución N° 68 de fecha 10-2-2019 REVOCANDO en cuanto impuso A VÍCTOR GERMAN BOLUARTE MEDINA Y FREDY QUIROZ ZÁRATE a dos años de pena privativa de la libertad con carácter suspendida en ambos casos por el plazo de un año y REFORMANDOLA Impune a dicho acusado un año de la pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo, con las reglas de conducta establecidas, siempre bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de aplicar el numeral 3) de artículo 59 de Código Penal es decir la revocación de la pena suspendida y hacerse efectiva por parte del órgano de ejecución. ANEXO 2
c.- El Sentenciado Víctor Boluarte Medina, ha interpuesto un recurso de casación excepcional, señalando que es de interés Casacional por cuanto:
Que los Órganos jurisdiccionales han dictado sentencia condenatoria en contra de Víctor German Boluarte medina, en calidad de Representante del Colegio de Abogados del Cusco, sin haber analizado la condición Jurídica de los Colegios Profesionales y lógicamente con argumentos que únicamente buscan no solo dilatar el cumplimiento de su condena sino forzar la impunidad en su responsabilidad penal acreditada durante 11 años de proceso judicial.
Sobre ello debemos afirmar que el tratamiento legal de la Persona Jurídica en el delito de Fraude en la Administración de la Persona Jurídica es perfectamente claro como determina el artículo 198. 8 del Código Penal.
Por lo tanto, no existe ningún trato excepcional por la Naturaleza Jurídica de los Colegios Profesionales del Perú por su condición de Instituciones autónomas de Derecho Público Interno.
El Colegio de Abogados cuando aprobó sus estatutos y los inscribió en los Registros Públicos del Cusco se sometió al Art. 80 y siguientes del Código Civil, tanto más que el Sentenciado: Víctor German Boluarte Medina, conoce este hecho y es de su perfecto conocimiento pues él fue Jefe de los Registros Públicos del Cusco.
El caso es anecdótico no solo por el tiempo de tramitación en la Ciudad del Cusco (11años de continua intención del Poder Judicial y Ministerio Público de archivar el caso) sino que ahora sí existe evidente celeridad sino veamos normalmente estos recursos extraordinarios tramitados en la Corte Suprema de la República demoran entre 2 a 3 años en resolverse pero curiosamente en este caso el recurso de Casación se inicia el mes de Agosto del 2019 y rápidamente a los siete (7) meses la Corte Suprema del Perú ya ha programado la audiencia de Casación, para este 5 de octubre del 2020 hora 9.30am, cuando por delante existen casaciones que están esperando el sueño de los Justos. Sería bueno que la Corte Suprema sea así de rápida en todas las Casaciones y no solo en este caso.

Incidencias del trámite CASATORIO en la Corte Suprema de Justicia del Perú.
1.- La rapidez en la tramitación de esta casación nos muestra que admitida la Casación a trámite se CORRE TRASLADO del recurso a las partes procesales por el plazo de diez días; cumplido el plazo SE DISPONE dar cuenta para su calificación. 2.- Con fecha 04-12-2019 se programa para el 31-01-2020, la calificación del Recurso. 3.- Con fecha 31/01/2020 por Ejecutoria Suprema se resuelve: DECLARANDO BIEN CONCEDIDO EL RECURSO DE CASACIÓN POR LAS CAUSALES DE INOBSERVANCIA DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL E INFRACCIÓN DE PRECEPTO MATERIAL INTERPUESTO POR LAS DEFENSAS, DE LOS ENCAUSADOS VÍCTOR GERMÁN BOLUARTE MEDINA y otros CONTRA LA SENTENCIA DE VISTA DE FOJAS 1229 DE DIECISIETE DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE. 4.- Con fecha 07/09/2020 se programa la fecha de la Vista para el 05/10/2020 a hora 9.30 am AUDIENCIA DE CASACIÓN. Este 5 de octubrela JUSTICIA peruana tiene un reto para demostrar si la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, cumplirá su deber y si aún se puede confiar y tener certeza sobre la aplicación del principio de legalidad y las dudas son razonables luego de ver los faenones de altos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Perú para dejar impunes graves y execrables delitos donde también se ven Fiscales Supremos parte de la Fiscalía de la Nación, con conductas que desdicen la función de la Justicia y que hoy se encuentran perseguidos por la Justicia de los que hasta la fecha muchos no han sido detenidos ejemplo casos de los Cuellos Blancos, otro caso del Ex Juez SUPREMO: CÉSAR HINOSTROZA PARIACHI, (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL PERÚ), FISCAL PEDRO GONZALO CHAVARRY VALLEJOS (EX FISCAL DE LA NACIÓN) y otros tantos. Este 5 de octubre a partir de las 9.30am la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA podrá resolver la vista de la causa en esta CASACIÓN que involucra al Alcalde del Cusco VÍCTOR BOLUARTE MEDINA en el proceso signado como N° 01048-2019. Desde hace 11 años se inició una lucha legal para que no quede impune un delito y la demora muestra un sistema de justicia local que continuamente abogó por archivar el caso, prescribirlo o simplemente archivarlo y dejar impune el delito de fraude en la Administración de personas jurídicas pero felizmente como en pocos casos cuando está de por medio una Autoridad en ejercicio, felizmente repito se ha impuesto en alguna forma la Justicia por la firme decisión de contados Magistrados que aun los hay en el sistema de justicia y que hacen valer el cumplimiento de la ley, por encima de presiones políticas y de otra índole, esperemos que esto continúe y se desestime en esta Instancia la CASACION ante la Sala Penal Suprema Permanente, porque así corresponde legalmente. Recordemos que si bien se tiene a los Abogados Cusqueños clamando Justicia para que no quede impune este caso también es un referente jurídico para la sociedad y así demostrar que la Ley se aplica a todos con el mismo rigor SEAN AUTORIDADES, FAMILIARES, COMPAÑEROS, COMPADRES O LO QUE SEAN. Corresponde se rechace esta casación porque no existe ningún vicio ni omisión Constitucional y además en adecuada aplicación del CPP ART. 427 2. Inciso b), es un requisito de tramitación para una casación que el delito más grave a que se refiere la acusación escrita del Fiscal tenga señalado en la ley, en su extremo mínimo tenga una pena privativa de libertad mayor a “seis años”, en este caso el año de condena al ALCALDE DE CUSCO es de 1 año lo que nos muestra que no debió haberse admitido siquiera a trámite, pero al haberlo hecho abre la posibilidad de generar una decisión de impunidad y olvido de un delito. Solo esa referencia es una señal negativa para el entorno jurídico, esperemos sin embargo que la Sala Suprema cumpla su Labor de hacer justicia. Es su obligación y es además una responsabilidad jurídica en el marco de la lucha contra la corrupción que es otra pandemia que azota todas las esferas de nuestro país y que también ha corroído las estructuras judiciales. Entretanto nosotros estaremos expectantes. El recurso de casación debe cumplir eficazmente sus fines principales y no ser mal utilizado para la impunidad de aquellos sentenciados por pruebas evidentes y objetivas del delito que cometieron. A pesar de todo por el tiempo que ha transcurrido en estos largos 11 años repetimos ese adagio popular “JUSTICIA QUE TARDA NO ES JUSTICIA». |
Política
Salhuana defiende viaje de su amiga a París y arremete contra el periodismo [VIDEO]
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana justificó el uso de fondos públicos a favor de su amiga María Jesús Gosálvez y, lejos de asumir responsabilidad, acusó a la prensa de maliciosa por tergiversar los hechos y afirmó que el periodismo “se ha vuelto un vil oficio”.

Lejos de ofrecer transparencia, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, optó por el ataque. En lugar de asumir responsabilidad o al menos reconocer el malestar público que genera el uso de fondos estatales para favorecer a una amiga personal, arremetió contra la prensa y calificó al periodismo como un “vil oficio” por informar sobre el viaje financiado a María Jesús Gosalvez Postigo.

Gosalvez Postigo, una empresaria castañera de Madre de Dios y conocida cercana de Salhuana, viajó a París con un pasaje pagado por el Congreso. ¿La razón? Recoger una medalla otorgada en el concurso París Gourmet. Según el titular del Parlamento, la entrega del pasaje fue una “decisión de la Mesa Directiva”, como si eso bastara para legitimar el uso de recursos públicos con fines discutibles.
En conferencia de prensa, Salhuana intentó justificar el gasto señalando que el premio obtenido por Gosalvez beneficia a más de 1500 familias de Madre de Dios, debido a que “internacionaliza” el producto de la castaña. Lo que no explicó es por qué el Congreso, y no una entidad del sector productivo o incluso una iniciativa privada, debía cubrir los costos del viaje.
El vínculo entre Salhuana y Gosálvez ha sido documentado en redes sociales y reportajes como el de Punto Final, donde se reveló que fue la esposa del congresista, Ivonne Ruiz —presidenta del Comité de Damas del Congreso— quien contactó a la empresaria para ofrecerle el pasaje. La propia Gosalvez Postigo reconoció que inicialmente gestionó el viaje por su cuenta, pero luego siguió las instrucciones de la esposa del parlamentario.
El Acuerdo de Mesa N.º 185-2024/2025, presentado en el reportaje, autoriza la entrega del pasaje “a título de liberalidad” y sujeto a disponibilidad presupuestal. Un recurso público justificado con una fórmula ambigua y sin rendición clara.
En vez de reconocer el conflicto ético, Eduardo Salhuana desvió el foco y acusó a la prensa de “maliciosa”, deslegitimando su rol fiscalizador. La defensa corporativa y familiar desde la cúpula del Congreso no solo genera sospechas, sino que refleja el patrón de cómo se entienden los privilegios desde el poder: como favores entre amigos, pagados con dinero de todos.
#EnVivo
— Canal N (@canalN_) July 14, 2025
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, responde tras denuncia por viaje de su amiga financiado con fondos del Congreso. "Es una información maliciosa"
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Política
Congresista María Acuña es denunciada por apropiarse de parte de un parque público [VIDEO]
Hermana de César Acuña invadió 118 metros cuadrados del parque n.° 17 en Monterrico.

Invasiones como cancha. No cabe duda que algunas personas creen tener mayores derechos que los demás, ocupando espacios públicos como se les plazca, argumentando que la delincuencia está imparable y por ello creen oportuno, para sus intereses personales, colocar muros y rejas a los alrededores de sus viviendas o propiedades. Son ellos, bajo su criterio, quienes terminan dividiendo aún más una fragmentada sociedad.
Uno de esos ciudadanos sería nada menos que la parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña, que no contenta de haber dicho que sus tesis se la llevó el fenómeno del Niño, ahora pretende ocupar áreas que no le corresponden. Un informe del dominical Cuarto Poder reveló que la legisladora invadió 118 metros cuadrados del parque n.° 17, ubicado en la urbanización Los Álamos, en el exclusivo distrito de Monterrico.
La Municipalidad de Surco confirmó mediante un acta de fiscalización que el predio de la congresista excede los límites permitidos y abarca parte del terreno destinado al parque. Como consecuencia, se emitió una papeleta de infracción a nombre de la inmobiliaria Los Alizos EIRL, empresa cuya titular es la propia María Acuña desde 2025. La fiscalización también reveló que el apoderado de la firma, Segundo Flavio, enfrenta denuncias por usurpación, estafa y lavado de activos.
La propiedad fue adquirida en julio de 2023 por más de 530 mil dólares, según registros públicos, y la transacción se realizó en dos partes mediante cheques de gerencia. La denuncia del citado medio periodístico también menciona molestias previas de los vecinos debido al ruido de una carpintería instalada en la vivienda, lo que motivó visitas de inspección anteriores.
No sabe, no opina
Así como su olvidadiza tesis, la parlamentaria optó por guardar un rotundo silencio en vez de salir a esclarecer la denuncia pública. En tanto, su esposo Elver Díaz Bravo salió a defender la legalidad del terreno, asegurando que tal ya existía desde hacer más de 40 años, acusando a otros vecinos de apropiarse también de espacios públicos. “Si tengo que retirarme, yo me retiro”, declaró, aunque insistió en que no hay construcción nueva ni intención de invadir.
Política
MTC responde a López Aliaga y califica de ‘ordinario’ su comportamiento
Choque de egos y campaña electoral: el proyecto del tren Lima-Chosica se estanca debido a las pugnas entre el alcalde de Lima Rafael López Aliaga y el ministro de Transportes, César Sandoval.

Lo que debería ser un proyecto técnico y estratégico para mejorar la movilidad en Lima-Este, se ha convertido en un nuevo escenario de confrontación política. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), liderado por César Sandoval protagonizan una disputa pública que, más que acercar soluciones, evidencia agendas personales y tensiones entre autoridades que deberían trabajar juntas.
Desde el MTC, la respuesta al alcalde de Renovación Popular no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, la institución recordó que todo proyecto de infraestructura debe desarrollarse “acorde a los requerimientos técnicos y no a imposiciones políticas”. También calificaron como “agresivo y ordinario” el comportamiento de López Aliaga, en referencia a los ataques verbales lanzados por el burgomaestre contra el ministro César Sandoval.
El ministerio fue enfático en señalar que no está poniendo trabas, sino cumpliendo con su rol rector en materia de transportes. “Actuamos con seriedad y responsabilidad”, indicaron, descartando actuar por motivaciones personales o políticas. Además, precisaron que las autorizaciones para la operación del tren serán evaluadas conforme a criterios técnicos, especialmente en cuanto a seguridad vial.

Del otro lado, el alcalde de Lima continúa elevando el tono. Desde el Callao, acusó al ministro Sandoval de “no querer que la gente sea feliz” y de oponerse a todo por razones políticas. “Si quiere politizar esto, política tendrá”, afirmó, insinuando que el titular del MTC responde a intereses oscuros, sin ofrecer pruebas. A través de redes sociales, fue aún más lejos, pidiendo su renuncia y calificando su gestión de “pésima” y “mezquina”.
En el fondo, el problema parece no ser solo técnico. López Aliaga, que insiste en que no será candidato presidencial, parece más interesado en capitalizar políticamente cada acción municipal. La presentación de los trenes —aún sin infraestructura para operar— se convierte en un espectáculo simbólico que busca mostrarlo como un ‘gestor eficiente’, aunque los plazos y condiciones reales digan lo contrario.
En vez de avanzar en soluciones para la ciudad, el proyecto de tren entre Lima y Chosica queda atrapado entre el ego de un alcalde en campaña y la reacción de un ministerio que, aunque defiende el marco legal, tampoco ha sabido comunicar con claridad su hoja de ruta.
Política
Dina Boluarte: “Nosotros no pactamos con mineros ilegales”
Mientras endurece su discurso referente al caos por bloqueos mineros, la presidenta de la República convocó a una mesa de trabajo para abordar el proceso de formalización minera.

En lugar de tender puentes, el gobierno de Dina Boluarte opta nuevamente por levantar muros. En un reciente pronunciamiento desde Palacio de Gobierno, la presidenta descartó cualquier posibilidad de diálogo con los mineros ilegales que, desde hace semanas, bloquean vías y protagonizan enfrentamientos violentos en distintas regiones del país.
“Nosotros no pactamos con la ilegalidad, el estado y el gobierno apoyan a los emprendedores peruanos de los que nos sentimos orgullosos porque crean sus propios puestos de trabajo por el bien de sus familias. Los mineros ilegales están al margen de la ley. Con ellos no hay pactos, acuerdos ni diálogo, porque como se ha demostrado en estos días, sus medios son violentos en defensa de su actividad destructiva del país. Atentan contra la vida civilizada de todos los peruanos”, sentenció Boluarte Zegarra, marcando distancia tajante con un sector que, aunque fuera de los marcos legales, representa un problema estructural que el Estado ha sido incapaz de abordar durante décadas.
La mandataria responsabilizó directamente a estos grupos por las muertes registradas en las protestas y denunció supuestos vínculos con sectores extremistas, sin aportar pruebas concretas. También pidió al Ministerio Público investigar a dirigentes y congresistas que, según afirmó, estarían promoviendo acciones “contra el Estado”. Su discurso, más confrontacional que resolutivo, busca mostrar firmeza, pero elude la complejidad del problema: un Estado ausente que permitió el crecimiento descontrolado de esta actividad y una informalidad que ha sido usada electoralmente por muchos actores políticos, incluidos los actuales.
Por otro lado, los grupos mineros que bloquean carreteras tampoco ofrecen legitimidad moral ni política. Usan la violencia y el chantaje como métodos de presión, afectando el transporte, la salud y la economía de miles de peruanos. No representan a todos los pequeños mineros ni a quienes buscan formalizarse, pero su protagonismo ha terminado por eclipsar cualquier agenda de diálogo razonable.
En medio de esta tensión, Dina Boluarte anunció la instalación de una mesa técnica para la formalización minera este lunes 14 de julio, en la que participarán el Presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, la Presidenta del Poder Judicial Janet Tello, el Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, representantes de los gremios mineros, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Paul Gutiérrez); aunque queda claro que, sin liderazgo ni voluntad real de diálogo, difícilmente se logrará algo más que declaraciones.
Mientras tanto, el país sigue atrapado entre una presidencia autoritaria y sectores ilegales dispuestos a incendiarlo todo.
Política
Alianza Unidad y Paz y el PPC presentan a Roberto Chiabra como su candidato a la presidencia
Javier Bedoya, secretario general del PCC, indicó que existen “muchas coincidencias” con partido del congresista Chiabra.

Apuntan a un mismo objetivo. Faltan pocos días para la fecha límite para la conformación de alianzas y el Partido Popular Cristiano (PPC) ha decidido unirse formalmente con el partido Unidad y Paz, del parlamentario Roberto Chiabra. La intención es solo una y es llegar al poder en las próximas elecciones del 2026; para ello han visto conveniente designar a militar en situación de retiro como su cara más visible. La pregunta es ¿conectará su rigor militar y voz aguardentosa con la población?

En ese sentido, Javier Bedoya, secretario general del PCC, explicó que la decisión fue tomada tras un congreso extraordinario del partido. Durante ese encuentro, los líderes del PPC acordaron que el ex militar de 75 años sea el candidato presidencial de la coalición. Bedoya también mencionó que las conversaciones con otros partidos continúan, lo que podría ampliar la coalición en los próximos días.
“La idea es, finalmente, agrupar a partidos que pertenecemos a un mismo espacio político, ir juntos y demostrar madurez ante el electorado, mostrando que el centro hacia la derecha se puede unir y anteponer sus intereses por el bien del país”, expresó.
Asimismo, Bedoya destacó que existen “muchas coincidencias” entre el PPC y Chiabra, especialmente en la defensa de la democracia, el modelo económico y la lucha contra la corrupción. Además, resaltó la vasta experiencia del parlamentario en seguridad y su trabajo en el sector público. “Chiabra cumple el requisito que la población pide en cuanto a seguridad ciudadana”.
El dato:
El 1 de septiembre, el JNE dará a conocer cuáles de las alianzas electorales han cumplido con los requisitos establecidos para su inscripción.
Política
Ministerio de Cultura designa a nuevo director de la DDC de Cusco con antecedentes de presunta corrupción
El abogado Handersson Casafranca Valencia fue despedido de EsSalud en 2018, tras ser denunciado por colusión, por direccionar la compra irregular de pasajes aéreos en favor de familiares cercanos. Hoy tras salir de la jefatura de Sutrán-Cusco, asume una de las direcciones más cuestionadas del sector Cultura.

Una vez más, la controvertida la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco —una de las más sensibles y estratégicas del país por su importancia patrimonial— es escenario de una cuestionable designación. Esta vez, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, ha nombrado como nuevo titular de esta oficina a Handersson Bady Casafranca Valencia, un abogado con antecedentes que despiertan más dudas que confianza.
La designación se formalizó mediante la Resolución Ministerial N° 000171-2025-MC, publicada este lunes. Casafranca es natural del Cusco, abogado de profesión y cuenta con estudios de posgrado en derecho ambiental, constitucional y comunicación para el desarrollo. Su experiencia laboral incluye cargos en el Poder Judicial, PCM, SUNEDU, Ministerio de la Producción, SUTRAN y EsSalud. También figura como representante legal de al menos tres empresas privadas, (“Casafranca Legal Perú Abogados Asesores y Consultores S.R.L.”; “Monte Bello International Peru Fashion S.A.C.”; y “Dolce E Verde Alimentación Saludable E.I.R.L”; lo cual podría generar conflictos de interés en su nuevo rol público.

Sin embargo, su paso por EsSalud Cusco dejó una huella preocupante. En 2018, fue separado de su cargo como asesor legal de la Red Asistencial del Seguro Social en Cusco, tras ser involucrado en un presunto caso de colusión. Junto a otros dos funcionarios, Casafranca Valencia fue denunciado por haber direccionado la compra de pasajes aéreos para favorecer a familiares cercanos, manipulando requerimientos y fragmentando costos para evadir los procesos de contratación pública con un monto menor de 8 UIT (Unidades Impositivas Tributarias).
Según la denuncia, las órdenes de compra fueron emitidas con posterioridad a la adquisición de los pasajes y con montos presuntamente inflados.
Este historial no ha sido obstáculo para su reciente nombramiento al frente de la DDC Cusco, una entidad históricamente golpeada por la inestabilidad, el clientelismo político y múltiples denuncias de irregularidades. La decisión del ministro Fabricio Valencia pone nuevamente bajo la lupa la falta de criterios técnicos y filtros éticos en las designaciones dentro del Ministerio de Cultura.
Cabe recordar que, hasta este domingo 13 de julio, la cuestionada viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva, se encontraba a cargo de la DDC Cusco de forma interina. Su gestión ha sido también criticada por la falta de transparencia y por las decisiones políticas que han primado por encima del interés patrimonial.

El nombramiento de Handersson Bady Casafranca Valencia reaviva las preocupaciones sobre la calidad de la gestión pública en un sector clave como el cultural, donde la idoneidad y la probidad de sus funcionarios debería ser incuestionable.
Política
Show ferroviario: López Aliaga presenta vagones sin infraestructura operativa
¿Campaña electoral en marcha? La MML exhibirá trenes diésel de Caltrain en el Parque de la Muralla, pese a no contar con vías, ni permisos para operarlos.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) exhibirá en el Parque de la Muralla, el primer lote de vagones y locomotoras adquiridos a la empresa Caltrain, con los que el alcalde Rafael López Aliaga planea impulsar el proyecto de un tren de cercanías entre el Cercado de Lima y Chosica. Aunque aún no existe la infraestructura operativa ni la autorización técnica para su funcionamiento, el evento ha sido organizado como una pomposa presentación pública, con animación musical a cargo de Deyvis Orosco y Ruby Palomino.
Los trenes, que arribaron al país la noche del viernes, serán trasladados desde el Callao hasta la estación Desamparados, según una fuente edil. La actividad contará con la presencia del alcalde y una comitiva de invitados. La Municipalidad afirma que tres operadores ferroviarios han mostrado interés en participar en el concurso público para operar la línea, proceso que, de acuerdo a estimaciones internas, podría tomar varios meses.
Pese a la ausencia de condiciones mínimas para la operación del servicio —como vías, estaciones habilitadas y certificaciones técnicas—, López Aliaga declaró que “estamos listos para operar” y arremetió contra el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, a quien acusa de frenar el proyecto por motivos políticos. “Ese tren hemos traído. No me vengan a decir que no funcionan”, dijo el burgomaestre de Renovación Popular, refiriéndose a las unidades que antiguamente prestaron servicio en el Silicon Valley.

Desde el MTC, el ministro Sandoval aclaró que los trenes no tienen aún ninguna autorización para operar y que por el momento solo serán trasladados a un almacén de la concesionaria Ferrocarril Central Andino. “No hay fecha concreta para la marcha blanca. Una vez en el almacén, se harán las verificaciones necesarias”, precisó.
La presentación de los trenes se produce en un contexto de alta exposición mediática por parte del alcalde, quien —pese a insistir en que no será candidato a las elecciones generales— viene desplegando una “estrategia de campaña” que combina obras simbólicas, anuncios grandilocuentes y confrontación política. En lugar de un anuncio técnico, el acto parece orientado a fortalecer su imagen como gestor eficiente, aunque no existan condiciones reales para la operación del servicio ferroviario.

Además, el discurso de López Aliaga se ha tornado cada vez más intolerante frente a las críticas. En repetidas ocasiones ha calificado de «comunistas» a quienes cuestionan sus decisiones, evadiendo así el debate técnico y político necesario para una obra de esta magnitud.
Por otro lado, el exministro Rafael Rey aclaró en una reciente entrevista que la adquisición de los trenes no fue una donación, como inicialmente se sugirió desde la Municipalidad. “Se ha pagado US$7.5 millones a Caltrain. No es una donación, es una compra”, indicó.
En suma, la gestión de López Aliaga busca mostrar resultados a toda costa, aunque ello implique inaugurar trenes sin vía y sin permiso. Una estrategia donde la forma se impone al fondo, y donde el cálculo electoral parece pesar más que la viabilidad técnica.
Política
Después de 50 años, EsSalud anuncia la culminación de la Torre Trecca
Funcionamiento del imponente edificio de 23 pisos comenzaría en el año 2027.

Muchas colas, pacientes, enfermos, moribundos, familiares desvelados, ministros de salud, presidentes, pasaron por más de cinco décadas y la Torre Trecca, construida inicialmente en el año 1969, nunca vio la luz debido a esa insoportable burocracia que se encuentra en cada rincón de las instituciones del Estado. Así de lento funciona nuestro país y todo aquel que haya pasado por un proceso judicial o sacado una cita médica lo sabrá perfectamente.
El edificio de 23 pisos, ubicado en la cuadra 14 de la avenida Arenales, fue pensado como un conjunto de consultorios para trabajadores del seguro social, sin embargo, tras algunas modificaciones estructurales en 1980, el recordado ‘elefante blanco’ quedó paralizado en el año 1985.
Pasaron los años y todos los transeúntes se preguntaban qué pasó con aquel proyecto inconcluso, olvidado durante varios gobiernos sin que ninguno se atreva a terminar lo que alguna vez se empezó. Sin embargo, esta vez la suerte de la Torre Trecca finalmente tendría un desenlace feliz, luego que EsSalud y ProInversión firmaran un convenio que permitirá reactivar el edificio bajo la modalidad de asociación público-privada. La inversión supera los S/490 millones, y se prevé habilitar 110 consultorios, servicios especializados en más de 20 áreas médicas y un centro oncológico con equipamiento de última generación. El proyecto beneficiará a más de 13 millones de personas afiliadas al sistema nacional de salud.

“Con el apoyo de Proinversión, esta emblemática infraestructura se convertirá en un establecimiento asistencial funcional y equipado, donde se ofrecerán servicios de consulta externa, urgencias, riesgo quirúrgico, procedimientos especializados y diagnóstico por imágenes. De esta manera EsSalud se pone a la vanguardia en beneficio de los 13 millones de asegurados”, afirmó el titular de EsSalud, Segundo Acho.
El convenio firmado este 2025 establece que el concesionario realizará toda la inversión inicial y EsSalud la reembolsará a lo largo de 10 años. Sin embargo, el inicio de obras aún depende de la aprobación de una adenda técnica por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Solo con ese visto bueno, el consorcio podrá ejecutar las obras. El plazo estimado para su habilitación oscila entre 18 y 24 meses.
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