Esta mañana el Poder Judicial inició la audiencia para evaluar la sustitución de la sanción condenatoria de 20 años de prisión efectiva dictada contra el expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique. En esa línea, el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, anunció que hoy a las 16:00 horas, emitirá su decisión respecto al pedido presentado por la defensa del hoy preso exmandatario para cumplir su condena en calidad de arresto domiciliario, por razones humanitarias.

Por su parte, Alejandro Toledo declaró que tiene enfermedades como cáncer, gastritis y ansiedad crónica, entre otras, que requieren de permanente atención médica.

“No pedimos la modificación de la pena, sino la parte dónde debe cumplir la condena. Solicitamos que se declare fundado el pedido y que se ordene que Alejandro Toledo cumpla su condena conforme establece la modificación del Código Penal”, refirió el abogado defensor del exmandatario.

A su turno, desde el Penal de Barbadillo, Alejandro Toledo pidió al juez “de todo corazón”, que le permita salir a su vivienda, considerando sus 80 años de edad y los males que tiene.  Dijo que no se irá del país, hasta que su situación legal se resuelva.

“Iré a una clínica privada donde me diagnosticaron el cáncer que tengo, que ha resurgido. Tengo problemas cardiacos, problemas de ansiedad aguda. Pido, de todo corazón que, por razones humanitarias, de mi enfermedad y de mi edad, se atienda mi pedido”, refirió.

En tanto, la representante de la Fiscalía se opuso al pedido de la defensa de Toledo, señalando que en la sentencia de condena a 20 años y 6 meses impuesta al exjefe de Estado, se precisa que debió ser extraditado de Estados Unidos, porque nunca se puso a derecho.

“Hoy se va a dar la decisión. Anuncio que será a las 4 de la tarde, en sesión presencial”, refirió el juez Concepción Carhuancho.

Durante la audiencia, el abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, dijo que ha formulado el pedido al amparo de una reciente norma que establece que, por razones humanitarias, los sentenciados mayores de 80 años cumplirán su condena con arresto domiciliario.

¡Vade retro! La presidenta de la República, Dina Boluarte, estaría evaluando en las próximas horas solicitar al Congreso de la República un permiso para poder viajar al Vaticano y así estar presente el próximo 18 de mayo para la entronización del papa León XIV o Robert Prevost, quien tiene la nacionalidad peruana desde el año 2015.

Es bien conocido por todos los ciudadanos la fuerte devoción católica de la mandataria, quien en ocasiones anteriores estuvo al lado del papa Francisco en la ciudad del Vaticano, así como su intención de querer estar presente durante su velatorio. Ahora, teniendo como nuevo papa a un ciudadano peruano-estadounidense, la mandataria no querrá desaprovechar la ocasión de compartir momentos junto al sumo pontífice.

Consultado sobre ese posible viaje, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Salhuana, respondió a varios medios de prensa estar “dispuesto” a evaluar esa “eventual solicitud”.

“Si la presidenta lo solicita, se evaluará. Nosotros miramos con simpatía esa posibilidad porque posiciona al Perú en el escenario internacional”, respondió el legislador de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña, aliado no declarado de la jefa de Estado.

A propósito de APP, la congresista María Acuña, hermana del gobernador de La Libertad, manifestó encontrarse a favor del viaje de Boluarte Zegarra, añadiendo que le gustaría viajar también al Vaticano junto con toda su familia.

“Mi familia y yo quisiéramos viajar (al Vaticano) y por supuesto con nuestros recursos”, aclaró la legisladora apepista ante la interrogante si viajaría utilizando los recursos del Estado.

Por su parte, el congresista de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, se mostró en contra de otorgarle un permiso a la presidenta. El legislador indicó que la presencia de Dina Boluarte podría “perturbar” la alegría que se vive en el mundo debido a la elección del exobispo de Chiclayo.

«El Perú, respecto a la presidenta, tiene otro sentimiento. Y, respecto al Papa, es totalmente distinto. Así sea por una invitación, ella no debería mezclar las cosas. Y eso, al contrario, podría perturbar yo creo este sentimiento de alegría, de regocijo espiritual que todos los peruanos y los católicos estamos viviendo», contestó Cruz Mamani.

A través de un comunicado, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima anunció que abrió investigación preliminar por la presunta contratación ilegal de la mayormente conocida como ‘Hija política’ de César Acuña, Jaqueline Yessenia Lozano Millones, en el cargo de jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso de la República.

El Ministerio Público informa que la fiscalía anticorrupción ya empezó a investigar a los que resulten responsables del delito de ‘negociación incompatible’ por la referida designación en el Parlamento.

«Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Tercer Despacho) inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de negociación incompatible por la designación presuntamente irregular de Jaqueline Yessenia Lozano Millones como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso de la República», se lee en el anuncio fiscal.

Asimismo, se indica que la fiscal adjunta provincial Djanira Ajalcriña Cáceres ha solicitado formalmente al Congreso de la República que remita los documentos relacionados con la contratación de la apepista Lozano Millones, así como también el instrumento normativo que sustente la creación, funciones y conformación de la referida oficina, «entre otras diligencias necesarias» para que se logre esclarecer los hechos. Asimismo, indican que la investigación se basa en la hipótesis de que se trata de un «beneficio laboral obtenido únicamente en virtud de su afiliación a un partido político», como es Alianza para el Progreso (APP).

Salhuana defiende a Yessenia Lozano

Entre tanto, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, defendió la permanencia de Yessenia Lozano Millones en una oficina del Parlamento, indicando que no habría motivos para que la militante del partido Alianza para el Progreso (APP) tenga que abandonar su puesto como jefa del Centro de Modalidades.

«No hay ningún motivo objetivo para retirarla. Ella es una joven profesional y aquí, en el Congreso, damos oportunidades para que los jóvenes peruanos asuman roles y responsabilidades. Si ella estuviera involucrada en un tema ilícito, de corrupción, de malos manejos, o un trabajo incompetente, tengan la absoluta seguridad de que la retiraríamos de inmediato […] Yessenia será valorada, no por la universidad donde ha estudiado, sino por sus capacidades y los logros que nos brinda en la oficina en referencia», refirió el presidente del Congreso en una entrevista.

Los congresistas de la región Cusco, Luis Ángel Aragón Carreño, Guido Bellido Ugarte, Ruth Luque Ibarra, Alejandro Soto Reyes y Jhakeline Katy Ugarte Mamani enviaron un oficio formalmente al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Juan Burgos Oliveros, para que cite con carácter de urgencia al gobernador regional de Cusco, Werner Máximo Salcedo Álvarez, con el fin de que rinda cuentas y explique qué acciones viene tomando, respecto del conflicto generado a raíz de la concesión del lujoso hotel Sanctuary Lodge, de propiedad del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Este lujoso hospedaje se encuentra ubicado en la entrada del Parque Arqueológico de Machu Picchu y gracias a una medida cautelar otorgada por el Décimo Segundo Juzgado Civil Subespecializado Comercial de Lima, del Poder Judicial, la empresa Belmond Hotels ya no abandonará las instalaciones del lugar hasta que la controversia se resuelva mediante un arbitraje.

Como se sabe, el contrato de usufructo con la empresa hotelera debió culminar este mes de mayo; sin embargo, actualmente se ha prorrogado la vigencia del contrato, impidiendo que el Gobierno Regional del Cusco (GORE Cusco) recupere la posesión del predio en Machu Picchu.

Empresa hotelera de ‘Porky’ denuncia posibles disturbios violentos

Temen una posible toma del hotel; por ello, el 7 de mayo, la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu emitió una advertencia al gobernador Werner Salcedo y a dirigentes sociales, como Héctor Calla Chura y Alfredo Cornejo Paredes, para que se abstengan de promover o ejecutar la recuperación por la fuerza del Hotel Sanctuary Lodge, basándose en una denuncia presentada por la empresa Perú Belmond Hotel S.A., que acusa a los mencionados de incitar a la población a actos que podrían configurar delitos como usurpación, disturbios, daño agravado y coacción.

Ante el anuncio de nuevas movilizaciones programadas para el próximo viernes 16 de mayo, la fiscal María Teresa Huaco Cateriano advierte que existe un riesgo «efectivo e inminente» de violencia.

Juzgado de Lima le dio la razón al hotel de López Aliaga

El contrato original entre Belmond Hotels y el GORE de Cusco data de 1995. Es decir, tienen más de 30 años concesionando el bien y el vencimiento de la misma, debiera ser el próximo 16 de mayo. Sin embargo, en abril de 2025, el 12.º Juzgado Civil Comercial de Lima ordenó mantener vigente dicho contrato mientras se resuelve un proceso arbitral pendiente.

Quiere que le pongan la canción del “cervecero” antes de ir a votar. El congresista de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, presentó el proyecto de ley (PL) n.° 10933, en el cual buscaría beneficiar a las empresas dedicadas al rubro de licores, reduciendo la prohibición de la ‘Ley Seca’.

El principal argumento del parlamentario indica que de esa manera más de 300 mil bodegueros se beneficiarán en la reducción de la restricción, la misma que menciona en el artículo 351 de la Ley n.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, la prohibición de venta de licores durante 48 horas.

“… tiene consecuencias económicas significativas, en especial para las 383 mil 338 bodegas formales registradas en el Perú y que en muchos casos dependen en más de un 50 % de sus ingresos diarios de la venta de bebidas alcohólicas”, mencionó el parlamentario apepista.

Es así que pretende modificar el citado artículo a fin de reducir las horas de prohibición del comercio de bebidas alcohólicas antes, durante los comicios electorales, y ocho horas después de haber realizado.

“Desde las 20:00 horas del día anterior hasta las 24 horas del día de las elecciones, no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos, o los espacios de los establecimientos comerciales, dedicados exclusivamente a dicho expendio”, se lee en su propuesta legislativa.

El congresista de la región Cusco señala que para el año 2026 se espera realizar cuatro jornadas electorales: las Elecciones Generales de abril, una posible segunda vuelta en junio, las Elecciones Regionales y Municipales en octubre, así como su hipotética segunda vuelta regional para noviembre. De tal manera que los bodegueros peruanos, explica, perderían cerca de 320 millones de soles por cada jornada electoral, lo que a larga sumaría un total de 1280 millones de soles perdidos en ese rubro.

Por otro lado, el legislador en su PL compara las realidades de otros países como Chile, Argentina, Colombia, México y Brasil, apuntando que las restricciones sobre el consumo y venta de alcohol en elecciones son más flexibles. Así, en algunos casos se limitan únicamente al horario de votación, mientras que en otros se aplican restricciones solo a ciertas zonas o se establece la prohibición durante unas 12 a 24 horas. Al respecto, subraya que en ningún caso se ha evidenciado una relación directa entre horarios más cortos y una mayor incidencia delictiva durante los comicios.

Cómo puede ser posible que estemos en manos de supuestos líderes políticos que más que ayudar al ciudadano a combatir la delincuencia y salir de la pobreza permitan que esas falencias permanezcan como si nada.

El líder del partido Alianza para el Progreso (APP) y también gobernador regional de La Libertad habla mucho, pero hace poco por el bienestar de todos. Recientemente, César Acuña Peralta estuvo en Palacio de Gobierno junto a la presidenta Dina Boluarte, pronunciándose sobre las medidas que adoptará el Gobierno Central en conjunto con su gobernación, a lo cual la jefa de Estado el cede la palabra para que brinda mayores detalles sobre el trabajo planificado. El popular ‘Plata como cancha’, en vez se ilustrarnos con tácticas innovadoras contra la delincuencia se la pasó mandando saludos a la mandataria, a las autoridades de las Fuerzas Armadas y haciendo un llamado a la unión de todos los peruanos; en otras palabras, habló mucho, pero no dijo absolutamente nada. Es ahí donde uno se da cuenta que Acuña Peralta no tiene preparado ni un plan.

Ahora, ha salido a defender al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, de las cuatro mociones de censura presentadas en el Parlamento, asegurando que sería contraproducente para todos los peruanos la salida intempestiva del cuestionadísimo premier.

“Estamos a un año del cambio de gobierno. Cambiar al premier o a un ministro ahora sería un gran error”, manifestó el propietario de la universidad César Vallejo, adelantando además que la bancada de APP votará en contra de la censura.

‘Plata como cancha’ también se atrevió a mantener la “estabilidad” institucional, olvidándose que ha dejado su gobernación, desde que asumiera en el año 2023, más de 100 días, yéndose de viaje a China, Emiratos Árabes o Chile, mientras toda la población liberteña viene sufriendo por las extorsiones y la minería informal. ¿Esa es la “estabilidad” que dice mantener? ¿O cuando se refiere a “estabilidad” institucional lo dice para que su “hija política” permanezca trabajando en el Congreso ganando 19 mil soles al mes con un título de bachiller? ¿De qué “estabilidad” habla?

Es un secreto a voces que Boluarte Zegarra y Acuña Peralta toman de la misma copa, apoyándose mutuamente, abrazándose en público y ‘tirándose flores’ cuando se la ocasión lo amerite. Es él una pequeña pero incómoda piedra en el zapato de los millones de peruanos que día a día tenemos que soportar.

Gremios y Empresarios de turismo a través de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (APETUR), enviaron un oficio a 23 congresistas de las bancadas de Acción Popular y Podemos Perú, que representan a diversas regiones del país, exigiendo que presenten ‘cuestión previa’ en contra del Proyecto de Ley 9796, acumulado a otros, Nueva Ley General de Turismo, para que regrese a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, con el fin de desacumular el Proyecto de Ley 10209, y pueda ser dictaminado de forma independiente. 

Asimismo, denuncian que en el nuevo texto sustitutorio del dictamen de la nueva ley general de turismo se ha eliminado la obligación legal de que Mincetur deba aprobar programas de turismo social que beneficien a grupos excluidos del turismo, considerando que dicho detalle sí se encontraba en el texto primigenio de la vigente ley general del turismo.

Además, la Asociación Peruana de Empresas Turísticas denuncian que CANATUR y algunos congresistas que serían sus aliados, se confabularon los días 12 y 13 de diciembre del 2024, para excluir a las agencias de viaje y turismo y a las empresas que presten el servicio turístico de transporte turístico, para que sean excluidas del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 7208, cuyo titulo es: “Ley que modifica la Ley 31556, Ley que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos”.   

Finalmente, el presidente de APETUR, Rolando Concha López solicitó una audiencia con los integrantes de las bancadas a las que se le cursó el oficio para poder sustentar la necesidad de que presenten un Proyecto de Ley que modifique a la Ley 32219, que es la que pretende modificar a la Ley 31556, que promueve la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas turísticas y de restaurantes y alojamientos.

Por su parte, en el Pleno de hoy en el Congreso, el legislador Guido Bellido durante su intervención mencionó que, para los cusqueños, este predictamen se aprobó en una sesión en la Municipalidad Metropolitana de Lima en presencia del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, aprobado solo con 5 votos favor; es decir, un predictamen que fue exonerado de la Comisión de Descentralización, cuando el tema de turismo tiene que ver con todo el país, y también fue exonerada de la Comisión de Economía, y han desaparecido el turismo social.

“Aquí claramente se muestra que el propósito es beneficiar a la corporación que maneja el turismo en el país, en detrimento de los intereses del propio país. No solo están contentos con eliminar el beneficio social, sino, con beneficio presupuestario a esas grandes empresas como las del señor Rafael López Aliaga, y planteo una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Descentralización y Economía”, concluyó Bellido Ugarte.

El legislador Guido Bellido durante su intervención mencionó que, para los cusqueños, este predictamen se aprobó en una sesión en la Municipalidad Metropolitana de Lima en presencia del alcalde de Lima Rafael López Aliaga. @GuidoBellidoU pic.twitter.com/79HWyFGc4A

— Revista Lima Gris (@Limagris) May 8, 2025

El congresista, exfujimorista y actualmente de Alianza Para el Progreso (APP), Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, ha presentado el Proyecto de Ley n.° 11037/2024-CR denominado: “Ley que fortalece la seguridad ciudadana, a través de la incorporación de los artículos 4-B y 4-C en la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre para la adquisición y responsabilidad de las transacciones de los vehículos menores motorizados”, que en resumidas cuentas plantea exigir antecedentes penales, policiales y otros requisitos de rigor para comprar motocicletas en el Perú. En el documento propuesto se indica que el objetivo ayudar a prevenir delitos.

La iniciativa propone que se incluyan los artículos 4-B y 4-C en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y el nuevo texto sería de la siguiente manera:

Artículo 4-B. De la adquisición de los vehículos menores motorizados

Para la adquisición de los vehículos menores motorizados de la categoría L de la clasificación vehicular contenida en el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos, serán indispensables los siguientes requisitos:

• Licencia de conducir.

• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) legalizado.

• Antecedentes Penales.

• Antecedentes Policiales

• Para el caso de extranjeros, además, condición migratoria habilitante vigente.

Además, señala que los mismos requisitos serán necesarios para el alquiler de los citados vehículos motorizados, previo registro en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Mientras tanto, el artículo 4-C hace referencia a la «responsabilidad administrativa de las transacciones de vehículos menores motorizados».

«Las personas naturales y jurídicas que, al transferir, alquilar, prestar, donar o permutar vehículos menores motorizados de la categoría L de la clasificación vehicular contenida en el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos; no hayan cumplido con acreditar ante el MTC, lo previsto en el artículo 4-B de la presente Ley, alcanzan responsabilidad administrativa», señala.

MTC deberá crear registro de compra de motos

En las disposiciones complementarias finales se establecen que el Poder Ejecutivo deberá aprobar el reglamento de la Ley en un plazo «no mayor de noventa días hábiles contados desde su entrada en vigor». Asimismo, la iniciativa establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cree el Registro de Adquisiciones de Vehículos Menores Motorizados.

En la exposición de motivos, el proyecto de ley argumenta que las razones se deben a que durante los últimos años se ha presenciado un «incremento exponencial de los delitos que se comenten utilizando como medio de transporte a los citados vehículos motorizados». En tanto, consideran que con las nuevas exigencias y requisitos se podrá ejercer un debido control sobre las motos lineales.

«Así, las autoridades tendrán las herramientas necesarias para una debida fiscalización y un monitoreo permanente con el propósito de la prevención de ilícitos», añaden en la iniciativa legal.