En un comunicado emitido este lunes 20 de mayo, el estudio de abogados del Estudio Castañeda & Menacho anunció su decisión de apartarse de la defensa de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, y de su hermano, Nicanor.

En el documento, firmado por la gerente general del Estudio, Mabel Menacho Alcedo de Castañeda, señalan que la decisión se tomó con el objeto de no perjudicar a la institución presidencial. En tanto, Mateo Castañeda, director del estudio, ha señalado públicamente que la investigación en curso busca perjudicar a la presidenta con acusaciones basadas en fotografías y supuestos organigramas. 

Comunicado del Estudio Castañeda & Menacho, en el que anuncian el retiro de la defensa de Dina Boluarte.

Además, el equipo de abogados cuestiona a la fiscal Marita Barreto y menciona una amenaza hecha por ella durante una audiencia de apelación, donde afirmó que la supuesta organización mencionada en la investigación sigue “activa”. 

El comunicado también informa que el estudio se ha apartado de la defensa técnica de Carlos Morán Soto debido a una manifiesta incompatibilidad.

Esta decisión se produce en medio de investigaciones relacionadas con ‘Waykis en la Sombra’ y después de que Mateo Castañeda estuviera en prisión preliminar durante casi una semana hasta que el Poder Judicial le otorgó la libertad. 

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga nuevamente se ubica en el centro de la noticia por sus insólitos pedidos. Esta vez el burgomaestre metropolitano solicitó a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) un «pase libre» para que su camioneta Nissan pueda circular sin restricciones por las vías exclusivas del Metropolitano.

López Aliaga aprovecha su solicitud y cita el Protocolo Operativo sobre la Circulación Temporal y Excepcional en las vías exclusivas del Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad (COSAC 1), una regulación que normalmente se aplica solo en situaciones de emergencia, para ambulancias y bomberos, según lo establecido en la Resolución Directorial N° D-000017-2024-ATU/DO.

Solicitud que hizo Rafael López Aliaga a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Sin embargo, el alcalde, pretende pasar por encima de la ley y pretende ganar un beneficio personal al argumentando una tesis que no le compete, porque alega que, debido a la congestión vehicular que se vive en el centro de Lima, él no puede cumplir con su agenda.

“Formulamos esta solicitud teniendo en consideración que por la congestión vehicular, especialmente en los accesos al centro de Lima, no permiten cumplir adecuadamente con la agenda de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, se detalla en el documento presentado a la ATU.

López Aliaga pide ‘pase libre’ a pesar que cada 7 minutos un vehículo del Estado invade carril prohibido del Metropolitano

De acuerdo a un informe de Latina Noticias, aproximadamente cada 7 minutos un vehículo vinculado al Estado invade y transita por la zona restringida del Metropolitano, incumpliendo así las normas establecidas. Los vehículos que circulen por la vía de este medio de transporte incurren en la infracción G-16 y tendrán una multa del 8% de una unidad impositiva tributaria equivalente a S/ 404 soles.

En el allanamiento ejecutado el último 10 de mayo en los inmuebles del abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte, como parte de la investigación del caso ‘Los Waykis en la Sombra’, los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) encontraron cerca de 30 armas de fuego en la oficina y la vivienda de Mateo Castañeda, así lo dio a conocer Cuarto Poder.

Según el reporte, durante el operativo la mayor parte de armas fueron encontradas en el domicilio del abogado aprista Mateo Castañeda; entre el dormitorio principal, el comedor y un espacio que fue definido como “almacén de armas” en el acta fiscal, se hallaron un total de 19 armas de fuego.

Asimismo, el abogado de Dina Boluarte no contaba con la documentación respectiva, como tarjetas de propiedad y licencias que detallen el origen y la legalidad de los elementos incautados en la habitación de Castañeda.

“

El investigado no ha presentado el documento respectivo que acredite la procedencia lícita de las armas de fuego descritas en el ambiente denominado dormitorio principal, por lo que se procede a su incautación y lacrado”, señala el acta fiscal.

Comandante de la PNP denunciado por tráfico, sería el dueño de dos armas

Y si bien Mateo Castañeda no habría presentado dicha documentación, la investigación del caso apunta a que el propietario de dos armas de fuego encontradas en su dormitorio principal sería Jerry Alvarado García. Según Cuarto Poder, se trata de un comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) que fue expulsado de la institución y que, incluso, habría sido detenido por presunto tráfico de armas en 2017.

Comandante Jerry Alvarado García cuando trabajaba en la Región Policial Tumbes.

En 2017 detuvieron a comandante PNP por tráfico de armas

Un grupo de agentes anticorrupción de la Policía Nacional provenientes desde Lima, detuvieron a un comandante PNP, quien se desempeñaba en el área de personal de la Región Policial de Tumbes. Se trataba del oficial, Jerry Fernando Alvarado García, quien fue intervenido durante un megaoperativo contra el tráfico de armas, ejecutado en diferentes ciudades del país. Dicha acción permitió desarticular una presunta organización criminal que abastecía a sicarios con armamentos y municiones militares.

Según fuentes policiales, la detención del oficial se realizó, cuando Alvarado García desempeñaba funciones administrativas en la sede policial de Tumbes, viéndose sorprendido durante el operativo. Durante la intervención Alvarado García alegó inocencia.

Los agentes especiales de Lima llegaron a Tumbes en medio del hermetismo, y tras detener al oficial lo trasladaron por vía aérea a la capital Lima para las diligencias de rigor.

De acuerdo a la investigación en su contra, se indicó que el oficial era investigado por el presunto delito de tráfico de armas, cuando en el año 2012 trabajaba en la Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (Discamec) en Lima.

La detención del oficial responde a que pertenecería a una organización criminal, la misma que proveían armas y silenciadores que daban de baja para poder venderlos a determinados delincuentes.

No solamente ha sido el Congreso, quien este viernes 17 de mayo, blindó a la presidenta Dina Boluarte al rechazar y enviar al archivo las tres mociones de vacancia contra ella. Ahora recibieron la posta 53 alcaldes distritales y provinciales de distintas localidades del norte, centro, oriente y sur del Perú.

La más de media centena de burgomaestres emitieron un comunicado contundente titulado: “Pronunciamiento conjunto de los gobiernos locales frente a la situación política de país”.

En la declaración, los 53 gobiernos locales firmantes, entre los que se encuentran 18 autoridades de distintas localidades de Puno, así como de Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna, Ucayali, Ayacucho, Cajamarca, Apurímac, Madre de Dios, Ancash, y Arequipa, “condenan cualquier intento de socavar la institucionalidad democrática de país y el respeto al Estado de Derecho”, advierten.

Pronunciamiento de los 53 alcaldes en defensa de presidenta Dina Boluarte.

Además, señalan que “rechazan el sistemático ataque y acoso político al que viene siendo sometida la mandataria Dina Boluarte”.

Finalmente, en el documento se lee que llaman a la unidad de todos los peruanos para lograr la gobernabilidad de país para lograr la reactivación económica y lucha contra la inseguridad ciudadana.  

Más alcaldes firmantes que blinda a la mandataria.

Entre los 53 alcaldes que firmaron el manifiesto en el que le dan su incondicional respaldo a la investigada presidenta Dina Boluarte, con la intención de protegerla, se encuentran:

Reyna Juli Calsin, Alcaldesa Distrital de Amantani, Puno-Puno.

Betty Huanca Diaz, Alcaldesa Distrital de Pucará, Lampa-Puno.

María Castillo Valverde, Alcaldesa Distrital de Marmot, Gran Chimú-La Libertad.

Hilda Hilario Ponce, Alcaldesa Distrital de Huancabamba, Oxapampa-Pasco.

Urbelinda Chacón Diaz de Rivera, Alcaldesa Distrital Ite, Jorge Basadre-Tacna.

Augusto Cayo Cayo, Alcalde Provincial de Páucar del Sara Sara-Ayacucho.

Moisés Mogollón Meca, Alcalde Provincial de Sullana-Piura.

Moisés Gonzales Cruz, Alcalde Provincial de Cutervo-Cajamarca.

Hernán Sifuentes Barca, Alcalde Distrital de San Martin de Porres-Lima.

Manuel Ugarte Medina, Alcalde Distrital de San Marcos, Huari-Ancash.

Yony Reyes Anampa, Alcalde Provincial de Parinacochas-Ayacucho.  

Con este extraño escenario, no solo somos testigos que la mandataria Dina Boluarte, a pesar de no tener bancadas en el Parlamento, goza de una “mayoría de facto” en el hemiciclo, gracias al apoyo de bancadas como Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza país, Renovación Popular, Somos Perú, y Podemos Perú. Así como el apoyo de diversos alcaldes en todas las regiones del país.

¿Las razones? es más que seguro que todos los peruanos la saben de sobra.

De terror. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó el dictamen que deroga la Ley del Servicio Civil (Ley N.º 30057) que instauraría una serie de nuevas regulaciones laborales en la administración pública. De acuerdo con la iniciativa que agrupa los proyectos de ley 7107, 7156 y 7267 -2023 (presentados por los parlamentarios Carlos Alva, Isabel Cortez y Waldemar Cerrón, respectivamente), de aprobarse en el Pleno, se procedería a crear una comisión tripartita que incluiría a miembros del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y representantes de organizaciones de trabajadores estatales para conducir un análisis exhaustivo que derive en reformas sustanciales en el régimen laboral del sector público.

Una vez aprobada por el pleno, según el dictamen aprobado, en 30 días hábiles se conformaría la mencionada comisión que tendría un plazo de 120 días hábiles para elaborar un informe detallado, proporcionar un diagnóstico sobre la situación actual del servicio público y la unificación de los regímenes laborales y de servicios.

“Con esta ley (Servir) se pretende ejecutar la desvinculación laboral; esto es, realizar despidos masivos bajo el manto escondido del término desvinculación del servidor público, contrario a lo establecido en nuestra Constitución Política del Estado”, sostiene el congresista Waldemar Cerrón, quien se opone a la ley Servir porque, según afirma, afecta los derechos a la negociación colectiva, a la huelga, igualdad y no discriminación, y la garantía de carrera administrativa.

Por otro lado, la congresista Susel Paredes expresó su preocupación por la falta de criterios meritocráticos en la administración pública sin la Ley Servir. “Cada presidente que viene trae su gente, y cuando su gente no califica, bajan los perfiles. Hemos visto eso con Castillo y con Dina Boluarte,” argumentó Paredes, enfatizando la necesidad de profesionales que ingresen y asciendan por concurso para garantizar una carrera del servicio civil basada en la meritocracia.

Pronunciamiento de Servir

Al respecto la Autoridad del Servicio Civil emitió un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por las “graves repercusiones” que dicho proyecto tendría en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, entre los cuales se encuentran:

• Obstaculizará la implementación de un sistema reconocido internacionalmente por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ha calificado como fundamental para garantizar una carrera pública basada en el mérito.
• Afectaría los logros obtenidos para que el Perú cuente con políticas públicas orientadas a la modernización del Estado, la competitividad nacional, la integridad y la lucha contra la corrupción. Además, retrasaría el proceso de adhesión del Perú a la OCDE.
• Implicaría la interrupción del derecho de los servidores públicos y los ciudadanos a participar en concursos públicos basados en el mérito para ocupar cargos en el servicio civil.

El dato:

El Servir se creó en 2013 con el objetivo de administrar los recursos humanos del sector público. Su finalidad es también promover la reforma del Servicio Civil, fomentando un enfoque basado en el mérito para la selección de funcionarios públicos.

La fiscal suprema Delia Espinoza presentó ante el Congreso de la República, una nueva denuncia constitucional contra la suspendida exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, por los presuntos delitos de falsedad genérica, encubrimiento personal agravado, omisión de funciones y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado, que los habría realizado en su condición de fiscal suprema titular.

Comunicado del Ministerio Publico que denuncia a exfiscal Patricia Benavides.

Los hechos materia de esta nueva denuncia constitucional están referidos a las acciones que realizó para remover a Bersabeth Revilla del cargo de fiscal suprema provisional, quien investigaba a su hermana Emma Rosaura Benavides Vargas y posteriormente, designar en su reemplazo al exfiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, con el fin de que disponga el sobreseimiento de dicha investigación.

Asimismo, por intentar impedir la detención de su exasesor Jaime Villanueva, así como desaparecer y ocultar las evidencias de los hechos delictivos en los que habrían intervenido ella y los presuntos integrantes de la organización criminal que lideraba, durante la ejecución dl operativo Valkiria V.  

El Pleno del Congreso de la República votó a favor del Proyecto de Ley N.º 2844/2022 -CR, que estaría obligando a las operadoras de cable a incluir dentro de su parrilla los canales de señal abierta, si estos lo solicitan.

Esta medida tiene como finalidad eliminar la decisión de las televisoras por cable en la selección de canales locales para su parrilla de programación.

Este PL, de autoría del actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Soto, fue aprobado en primera votación con un respaldo de 72 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones. Cabe mencionar que dicha iniciativa pasará a una segunda votación dentro de siete días para su ratificación.

Un detalle no menor es que el PL del congresista Alejandro Soto fue exonerado de la Comisión de Transportes y agendado directamente al Pleno, tras acuerdo de la Junta de Portavoces el pasado 14 de mayo del año en curso.

AFIN en contra de proyecto aprobado

Por su parte, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) emitió un comunicado de alerta luego que el pleno del Congreso, en primera votación, aprobó sustituir el Proyecto de Ley 2844, que propone incorporar los artículos 21-A y 21-B al texto único ordenado de la Ley de Telecomunicaciones.

“Sin importar el interés del consumidor que se ha suscrito a determinada programación según su interés. En ese sentido, se estaría obligando a los usuarios a pagar por la señal abierta de televisión cuando actualmente es gratuita. Lo más grave de esta situación es que esta incorporación se realizaría sin la existencia de un dictamen aprobado, pese a la oposición de distintas instituciones públicas”, expresó AFIN.

También se alertó que se trata de una intervención en los contenidos de las señales de programación de los operadores de TV paga y una imposición a los usuarios sobre qué deben o no ver, a pesar de haber pagado.

“La capacidad de las parrillas de TV paga es limitada, por lo que para cumplir con esta obligación tendría que retirarse contenidos que son del interés de los usuarios. Además, esta regulación es innecesaria dado que, si el usuario desea acceder a determinada señal de TV abierta, tiene la posibilidad de hacerlo a través de sistemas de sintonización de canales que permiten los televisores modernos”, finalizó.

¿El objetivo es quedarse hasta julio del 2026? El Pleno del Congreso rechazó la admisión a debate de las tres mociones de vacancia presentadas contra la presidenta Dina Boluarte. En la última votación de la tercera moción de vacancia los resultados arrojaron 32 votos a favor, 47 en contra y 20 abstenciones.

En las mociones archivadas que fueron iniciativas presentadas con las firmas de congresistas de izquierda, se cuestionaba a la presidenta por supuestamente interferir en las investigaciones por los ‘casos Rolex’ y “Waykis en la sombra”. También se incluyó en la moción un presunto abandono del cargo por 12 días.

Prácticamente, con las tres mociones de vacancia, se suman a otras cinco previamente presentadas y también rechazadas. Para que la solicitud sea admitida, se requería del voto de por lo menos el 40% de los congresistas hábiles; es decir, entre 48 a 52; sin embargo, no se llegó a completar los votos y pasaron al archivo.

Quiénes presentaron las tres mociones de vacancia

La primera moción recopiló veintiocho firmas, incluyendo a legisladores de diversas agrupaciones, lo que la convirtió en multipartidaria. Dicha moción tuvo el apoyo de bancadas como Perú Libre con siete congresistas, Cambio Democrático, Juntos por el Perú con ocho, el Bloque Magisterial con cuatro, Perú Bicentenario con dos, Podemos Perú con uno y seis congresistas sin afiliación.

Se debe recordar que la primera moción fue anunciada por la congresista Ruth Luque, junto con Susel Paredes.

La segunda moción recopiló veintiséis firmas y también fue impulsada por Ruth Luque y Cambio Democrático-Juntos por el Perú. La agrupación recabó las firmas necesarias para que sea presentada.

Y la tercera moción de vacancia, hoy archivada, fue promovida por Perú Libre, que logró reunir veintiséis firmas provenientes de Perú Libre, Cambio Democrático, Juntos por el Perú, el Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y congresistas no afiliados.

Resulta preocupante que los legisladores que integran el Parlamento no ejerzan su función principal que es fiscalizar y cuestionar las acciones de la presidenta Dina Boluarte; tal como establece la Constitución y el propio Reglamento del Congreso. Por lo que estarían incurriendo en el presunto delito de omisión de funciones, y podrían ser denunciados, conforme lo establece el artículo 377° del Código Penal.

Artículo 377. Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales

El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa.

Cuando la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales esté referido a una solicitud de garantías personales o caso de violencia familiar, la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.