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Política

Aportantes de la ONP recibieron un duro golpe de Vizcarra

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Justamente, en el último día de plazo que tenía el Ejecutivo para promulgar la autógrafa de ley propuesta por el parlamento, éste declinó y en el documento de 38 folios que envió al Congreso,  el presidente Martín Vizcarra y el Premier Walter Martos argumentaron que dicha devolución es antitécnica y que desnaturalizaría el sistema de pensiones, porque éste fue destinado para otorgar una prestación económica a sus afiliados, solamente cuando hayan acumulado 20 años de aportes y tengan 65 años de edad.

Asimismo, aseveraron que no es viable, porque como lo dijo en su momento la ministra de Economía, el Estado no tiene fondos para realizar los pagos porque eso afectaría a los actuales pensionistas y que ya no habría la liquidez suficiente para cumplir con las pensiones mes a mes. Y que desde un punto de vista técnico significaría para el Estado un costo de casi s/. 16,000 millones, cuyo impacto afectaría directamente al creciente déficit fiscal en un 13% del PBI y que además el riesgo fiscal alcanzaría un cuantioso incremento de la deuda pública hasta alcanzar un excesivo nivel del 37.7% del PBI. Es decir, la debacle total… y significaría un cataclismo económico nunca antes visto en la economía peruana; sin embargo, cuando el BCR de Julio Velarde, otorgó alegremente mediante sus dos Reactiva-Perú S/60 mil millones a los grandes empresarios, y S/30 mil millones a sus amigos de las AFP, no pasó nada y no hubo ningún forado fiscal que se tumbaría a la economía nacional y más bien arguyeron que aquel millonario financiamiento coadyuvaría a un superávit económico.

Por otro lado, es irónico ver cómo el Ejecutivo alude al artículo 12° de la Constitución que señala la intangibilidad de los fondos de la seguridad social.

Entonces, surge la pregunta ¿Acaso aquellas devoluciones no son destinadas a pensionistas de la seguridad social que nunca cobraron nada?

Es curioso que en estos momentos el Poder Ejecutivo hable de la intangibilidad de los fondos de la seguridad social, cuando el único que no respetó esa intangibilidad durante años ha sido el propio Estado que cogió como caja chica aquel fondo intangible para beneplácito de los proyectos inviables, las monarquías locales y las cofradías de turno. Entonces, al primero que se le tendría que interponer una acusación constitucional  por infracción de la Constitución (artículo 99° Carta Magna) justamente por haber pisoteado los derechos de los trabajadores y afiliados es al propio presidente de la República y también a los anteriores, por sus infraternas gestiones de turno.

Leer a continuación lo que no acataron los últimos presidentes del Perú con respecto a la siguiente norma constitucional:

Artículo 11° de la Constitución.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas y privadas o mixtas. Supervisa asimismo, su eficaz funcionamiento.

¿Y qué garantizó el Estado? ¿Garantizó el libre acceso a pensiones? ¿Acaso ha sido eficaz en el funcionamiento de la ONP?  Lo único que ha hecho el Estado a través de la ONP, ha sido robarle durante años a sus afiliados que aportaron el 13% de sus sueldos, porque si sus aportes se acumulaban durante 19 años y 11 meses, simplemente, se les decía adiós y el Estado se quedaba con sus dineros y los dejaba en sus arcas fiscales, porque la ley solo permite dar pensiones a los que aportaron durante 20 años y a eso se le llama ROBO.

Presidente Vizcarra, ministra Alva y congresista Merino.

Asimismo, el Estado le ha robado a millones de afiliados que fallecieron en el camino, porque sencillamente, sus beneficiarios y herederos forzosos luego no podían cobrar esas pensiones; recordemos que hay casos de afiliados que lograron aportar hasta un millón de soles; sin embargo, al morir ya no pudieron cobrar nada. Es decir, durante décadas ha habido una política malsana de desprecio hacia los jubilados de la ONP, pero cuando luego de mucho tiempo, un Congreso, sea con fines electoreros, o sea con fines populistas impulsa por primera vez una ley que al menos dignifica y resarce en parte a esos aportantes que fueron olvidados, para que se les devuelva algo que siempre esperaron y que nunca lo obtuvieron, luego salió toda esta retahíla de felones y felonas a sueldo para despotricar falacias sobre el sistema previsional estatal, con el único fin de mantener sus lenocinios comunicacionales al servicio del gobierno.

Asimismo, desde un principio y como una especie de muletilla citaron el artículo 79° de la Constitución, que habla de la iniciativa del gasto púbico que por cierto no tiene el parlamento; no obstante, eso es discutible en este contexto, porque en principio, con esta norma de devoluciones no se está debatiendo un proyecto presupuestal, ni de aprobación de tributos; por lo tanto la literalidad de “crear y aumentar gasto público” no es taxativa, porque está sujeta a interpretación y para eso están los ocupantes de la casa de Pilatos.

Aquí la única verdad, es que tanto los agentes del Ejecutivo, así como esos analistas de alquiler que han estado mintiendo a la opinión pública y no han mencionado la real dimensión del proyecto de ley, porque la devolución pretende ser equitativa; es decir, de acuerdo al nivel de aportes de cada afiliado; en ese sentido, estamos hablando de 4,7 millones de aportantes.

La ley ordena abonar hasta una UIT (S/4,300 soles) a cada persona y su devolución será de acuerdo a sus contribuciones; y no necesariamente se tendrá que abonar el monto de una UIT. Asimismo, podrán retirar el 100% de sus aportes los afiliados mayores a 65 años que nunca accedieron a una pensión y ellos apenas comprenden a 223 mil jubilados. Y por último, apenas 575 mil jubilados de la Ley 19990 podrán recibir un bono extraordinario de S/930 soles.

En ese sentido, no es verosímil lo que sostuvo la titular del MEF, María Antonieta Alva: que el tesoro público del Estado va a quebrar por ese desembolso, porque las devoluciones a los aportantes tampoco provendrán de aquel Fondo Consolidado de Reserva  (FCR) de la ONP, que asciende aproximadamente a S/23 mil millones de soles y que siempre estuvo destinado para asegurar las pensiones de los jubilados; por lo tanto, no corren peligro como lo han estado difundiendo los esbirros periodísticos del gobierno en todos los medios de comunicación y vaya que dieron el grito en el cielo, y por eso iniciaron una agresiva campaña en contra de las devoluciones, que fue liderada por analistas de opinión y economistas alquilados.

Así las cosas y a pesar de las trabas de este gobierno, es absolutamente LEGITIMO que los afiliados de la ONP que en estos momentos de emergencia sanitaria se encuentran sin empleo, abandonados a su suerte, y sobre todo sin medios económicos para supervivir, reciban finalmente, lo que siempre aportaron, porque fueron olvidados por el sistema. Así como están siendo olvidados los siete millones de peruanos que se han quedado sin empleo.

Los que seguimos de cerca esta problemática que de por sí es crónica, tenemos claro que antes que la componenda y el lobby, deben primar los derechos fundamentales de las personas que necesitan sus pensiones y que en esta coyuntura de emergencia solo requieren de un resarcimiento legítimo.

Por lo pronto, y en un afán de ser vocera del gobierno, la ministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Neyra, acaba de anunciar que si el Congreso promulga la ley por insistencia, entonces el gobierno interpondrá una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, luego de haber sido testigos de la postura del Congreso que en principio aprobó una moción para vacar al presidente Vizcarra, y que a los pocos días votaron en mayoría para no vacarlo, ya no sabemos qué pensar. Aunque todo indica que el Legislativo basado en el artículo 108° de la Carta Constitucional, reconsiderará la ley e intentará promulgarla por insistencia, pero para ello tendría que alcanzar el voto de más de la mitad del numero legal de miembros del Congreso; es decir, 66 votos.

Entonces, surge la pregunta: a pesar que el pasado 25 de agosto el Congreso aprobó la ley de devolución de aportes con 106 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones ¿Esta vez nuevamente la aprobará? Considerando que ya nada nos garantiza que entre ellos luego surjan pactos y acuerdos subrepticios para cautelar intereses ocultos que al final serán revelados a través de los “votos”.

Entonces veremos cuál será el escenario…    

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

Política

Presunta ‘red de prostitución’ del Congreso pretende cambiar el rumbo de la investigación en el asesinato de Andrea Vidal

No cabe duda que en algunos congresistas ha crecido el temor de que la investigación de la ‘presunta red de prostitución’ y el asesinato de la extrabajadora que fue contratada por la influencia de Alianza para el Progreso llegue hasta el final y logre dar con los verdaderos responsables. Por ello, aducen que Andrea Vidal fue una víctima circunstancial porque quien estaba en la mira de los sicarios era el taxista.

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Desde el Congreso de la República emitieron un comunicado que atribuye el asesinato de Andrea Vidal a la inseguridad ciudadana, e indicaron que los sicarios tenían como verdadero objetivo al taxista, basándose en un documento pericial de protocolo de necropsia que no tiene firmas ni sellos oficiales, ni de la Fiscalía, ni de Medicina Legal. A pesar de que la Fiscalía continúa con las investigaciones sobre el asesinato de la extrabajadora del área Legal del Parlamento quien fuera contratada por las huestes de Alianza para el Progreso (APP), desde el Legislativo algunos congresistas y funcionarios prácticamente se han atribuido el rol de fiscales y jueces porque prematuramente ya han sacado una conclusión sobre el caso.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el Parlamento se solidarizó con la familia de la joven e indicó que ella una víctima más del sicariato, alegando que esto lo ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú (PNP).

«Nos solidarizamos con la familia de la señorita Andrea Vidal. Tal como ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú, ha sido una víctima más del sicariato que golpea duramente a nuestra sociedad. En este caso, los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi», escribieron.

Asimismo, el Poder Legislativo instó a la Fiscalía de la Nación a acelerar la investigación del caso y exhortó a la PNP a realizar las acciones necesarias para capturar a los criminales.

«Instamos a la Fiscalía a acelerar la investigación para esclarecer los hechos y exhortamos a la Policía Nacional a realizar las acciones que sean necesarias para la captura de los sicarios».

La necropsia de Andrea Vidal Gómez y el taxista José Vargas Briceño

El protocolo de necropsia que no tiene sellos ni firmas oficiales revela que Vidal sufrió siete impactos de bala: uno en la cabeza, específicamente en la región parietal derecha, que resultó ser la herida fatal; dos en la mama izquierda y cuatro en las extremidades inferiores (dos en el muslo derecho, uno en la pierna derecha y uno en el pie).

En cuanto al taxista, recibió 16 impactos de bala distribuidos en la cabeza (2), cuello (4), tórax (5), abdomen (1), pelvis (2) y extremidades superiores (2). Según la observación forense, la concentración de disparos en la cabeza, cuello y tórax indica que los atacantes buscaban asegurar la muerte de las víctimas.

El informe señala que la trayectoria de los proyectiles, de arriba hacia abajo, sugiere que los atacantes eran sicarios que dispararon desde vehículos en movimiento, posicionándose en paralelo al objetivo para maximizar la eficacia del ataque.

En el documento, insólitamente concluyeron que el conductor, José Daniel Vargas Briceño, era «probablemente el objetivo principal del ataque», ya que los disparos se concentraron en el parabrisas y el lado izquierdo del vehículo, coincidiendo con su posición. Además, se destaca que la participación de sicarios y la intensidad del ataque apuntan a un ajuste de cuentas por motivos criminales.

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Política

Despiden a trabajadores de la Municipalidad del Cusco por beber licor dentro de su trabajo [VIDEO]

Trabajadores municipales del Área de Fiscalización realizaron una fiesta el pasado 27 de diciembre.

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Un poco más y los agarraban en plena ‘hora loca’. Cinco trabajadores de la Municipalidad Provincial del Cusco fueron despedidos luego que se descubriera que estaban bailando y bebiendo alcohol dentro de las oficinas del Área de Fiscalización de la mencionada comuna cusqueña.

La oficina, usualmente compuesta por computadoras, escritorios y documentos, fue alterada de manera radical para darle la impresión de una discoteca, con sus luces de neón que podían ser apreciadas fácilmente desde los exteriores del edificio municipal.

En un principio todos imaginaban que esa fiesta clandestina se había realizado recientemente; sin embargo, esta tuvo lugar el pasado 27 de diciembre, cuatro días antes de las celebraciones de Año Nuevo.

En las imágenes se puede apreciar al personal de Recursos Humanos sorprendiendo en flagrancia a los trabajadores municipales cuando estos se preparaban a consumir ron con gaseosa.

fuente: rpp noticias.

La comuna cusqueña se pronunció esta semana a partir de que los videos de esta fiesta comenzaron a circular en las redes sociales.

“Tras lo ocurrido, y por mandato del alcalde Luis Pantoja, se rescindió el contrato de los cinco involucrados”, se lee en el comunicado en el que no se nombra a los implicados.

Paradójicamente, el área tiene la función de realizar intervenciones a los locales nocturnos. 

En la oficina, se encontraron hasta cinco botellas de ron y gaseosa, además de las luces de fiesta y música a alto volumen, que se escuchaba desde el exterior del local municipal.

Los trabajadores, en presunto estado de ebriedad, fueron sorprendidos mientras bailaban.

De momento, la Municipalidad Provincial del Cusco comunicó que los implicados han sido sometidos a los procedimientos administrativos correspondientes y deberán responder a la Ley Disciplinaria en caso amerite.

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Política

Dina Boluarte desafía a encuestas que le dan bajas cifras: «Les he dicho que me pongan CERO»

Durante una actividad oficial la presidenta arremetió contra las encuestadoras y le atribuyó a su Gobierno el “crédito” del crecimiento económico. Asimismo, hace unas horas aseguró que se siente orgullosa de servir al pueblo de manera honesta y con las “manos limpias”, por lo que nadie puede señalarla con el dedo al aducir que no tiene carpetas fiscales por actos de corrupción.

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Durante la reunión para la Gestión de Inversiones para el Desarrollo Territorial – Agenda 2025, desarrollado en el distrito de San Borja, la presidenta de la República, Dina Boluarte respondió fuerte y claro sobre las encuestas que la ponen entre las más bajas cifras de popularidad. Ante ello, la mandataria pidió que la califiquen con un “cero”, para que así la impulsen a trabajar más por el Perú.  

Dina Boluarte dice que gracias a su trabajo la economía ha crecido

En su intervención, la mandataria afirmó que, pese a las críticas en contra de su gobierno, ella está demostrado que han venido trabajando con mejoras en la economía y que ese es un punto innegable; incluso, para aquellos que señalan que «no trabaja».

«Este año que terminó, 2024, vimos con satisfacción y orgullo que nuestra economía ha crecido. Eso nadie lo puede negar, ni siquiera aquellos que nos dicen que no hacemos nada y que nos ponen en las encuestas el 3%, 4%. Ayer en un periódico ‘que nos quiere mucho’ nos han puesto un puntito más. Yo lo que les he dicho es que no me hagan el favor. No les he dicho que me suban; pónganme ‘cero’, y realmente nos concentraremos en seguir trabajando», enfatizó.

«Nadie puede dirigirme el dedo» (por actos de corrupción) ¿Y el caso Rolex qué?

Asimismo, apenas hace 24 horas, desde La Libertad, anunció que nadie puede decir que su gobierno, específicamente nadie de su gabinete, ni ella, son señalados por actos de corrupción, ni que tengan investigaciones abiertas por delitos contra la administración pública.

«Con el orgullo de peruana y decir: Gracias Dios por haberme dado la oportunidad de servir a mi pueblo y lo hice de manera honesta con las ‘manos limpias’. Nadie puede dirigirme el dedo, ni a mí, ni a mis ministros. Ninguno tenemos ninguna carpeta por actos de corrupción», complementó la mandataria.

Presidenta Dina Boluarte recibió joyas y relojes Rolex, a cambio de otorgar privilegios a Wilfredo Oscorima.

Sin embargo, Dina Boluarte omite decir que sí existe una, entre las varias investigaciones que corren en su contra y que mantienen una carpeta en el Ministerio Público, precisamente por el caso ‘Rolex’, que la acusa de enriquecimiento ilícito.

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Política

Aron Espinoza: “La incapacidad del alcalde de Lima se demuestra al no entregar una obra emblemática porque está en campaña presidencial” [VIDEO]

El regidor metropolitano remarcó que Rafael López Aliaga demuestra su incapacidad, pero además contó que ha endeudado a Lima con un crédito de más de S/5 mil millones que los pagarán los próximos 4 o 5 alcaldes y manifestó que el burgomaestre solo piensa en su campaña presidencial y no en gobernar la capital que lo eligió.

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El regidor de Lima, Aron Espinoza Velarde, vuelve a cuestionar la gestión municipal del alcalde metropolitano Rafael López Aliaga y acusó a éste por múltiples razones, entre ellas de preocuparse más por su campaña presidencial en lugar de inaugurar alguna obra emblemática en 25 meses de gestión ininterrumpida.

Asimismo, por haber endeudado irresponsablemente con S/5 mil millones a la comuna capitalina con el fin de tener caja para publicitar una obra que ni siquiera tiene expediente técnico, la Vía Expresa Sur, en la que trata de amedrentar a un juez por haber concedido una medida cautelar en favor de varios vecinos de un Asentamiento Humano de San Juan de Miraflores y que a pesar de ser propietarios fueron despojados de sus casas porque éstas fueron demolidas por orden del alcalde Rafael López Aliaga.

Poder Judicial ordenó a Rafael López Aliaga suspender demolición de casas en San Juan de Miraflores.

Regidor critica que alcalde López Aliaga no respeta la propiedad de los demás

En conversación con Exitosa, el regidor Espinoza Velarde también criticó que López Aliaga a través de la Municipalidad denunciara al juez Javier Paredes Salas por presunto prevaricato y usurpación de funciones, luego de que dictara una medida cautelar que suspendía las obras de la Vía Expresa Sur.

«Ha declarado en emergencia la Vía Expresa Sur y ha encargado a EMAPE la demolición, pero le puso el alto un juez y lo único que hace es amedrentarlo. Sabemos que la obra es importante, pero ¿Qué hacemos si no respetamos la propiedad de los demás? Si no tenemos expediente técnico, ¿Cómo podemos saber el trazo real de esa obra?», denunció Espinoza.

Vecinos de SJM a López Aliaga: “No siga destruyendo nuestras viviendas”.

López Aliaga en su segundo año de gestión demuestra su incapacidad

El regidor de Lima también indicó que el burgomaestre Rafael López Aliaga está demostrando su incapacidad al no entregar una obra emblemática y apuntó que el burgomaestre solo inaugura «obras pequeñas» como escaleras o losas deportivas en distritos de la capital y que además organiza grandes convocatorias con inauguraciones incluidas para presentar los grandes logros de estas “obras”.

«La incapacidad del alcalde de Lima se demuestra al no entregar, en su segundo año de gobierno, una obra emblemática que tenga el sello de Rafael López Aliaga. Lo que hace para tapar esa incapacidad de ejecución de obra, es inaugurar obras pequeñas como escaleras, losas deportivas, etc. Hace toda una gran convocatoria como si fuera una gran obra», señaló.

López Aliaga endeudó a Lima por S/5 mil millones

En esa misma línea, Aron Espinoza afirmó que los próximos 4 o 5 gobiernos pagarán la deuda que estaría dejando Rafael López Aliaga. Posteriormente, calculó que la deuda ascendería a S/5 mil millones.

«Nos hemos sobreendeudado. Hay que decirles a los limeños que los próximos 4 o 5 gobiernos, de los próximos alcaldes, pagarán la deuda que hoy ha comprometido Rafael López Aliaga, irresponsablemente. Son más de S/5 mil millones de soles (…) Esa obra (Vía Expresa Sur) también ha sido parte del gran endeudamiento que ha tenido la Municipalidad», aseveró.

El alcalde López Aliaga está enfocado en su campaña presidencial y no gobierna la ciudad capital

Finalmente, el regidor metropolitano manifestó que el burgomaestre de Lima está pensando en su campaña presidencial y no en gobernar la capital, por la que fue elegido.

«El señor está pensando en su campaña presidencial y no está pensando en gobernar Lima, por lo que fue elegido. No puede ser posible que un alcalde esté pensando en cómo se ve haciendo una obra y que esto le sirva de plataforma para ser el próximo candidato presidencial», culminó.

Pidieron a Contraloría que intervenga a la MML por financiamiento de la ‘Marcha por la Vida’

Como se recuerda, a inicios del mes de diciembre del 2024, el regidor Aron Espinoza denunció que desde las redes institucionales de la comuna metropolitana pretendieron lavarse la cara, porque anteriormente ellos eran promotores de la ‘Ley Cavero’ y también solicitó la intervención de la Contraloría por el presunto mal uso de fondos públicos para costear la denominada ‘Marcha por la vida’.

En aquel momento, el regidor criticó las acciones que venía realizando el alcalde de Lima Rafael López Aliaga y afirmó que el burgomaestre, estaba desesperado por levantar su popularidad porque estaba más preocupado en su campaña presidencial. En tal sentido, pidió que la Contraloría General de la República investigue el financiamiento de la Municipalidad Metropolitana para la ‘Marcha por la Vida y Familia’.

MML gastó más de S/9 mil en materiales para la ‘Marcha por la Vida y la Familia’

La Gerencia de Desarrollo Humano, mediante la Subgerencia de la Mujer y Familia de la Municipalidad de Lima, adquirieron miles de globos, matracas y silbatos por más de S/9 mil, con el dinero de los tributos de todos los vecinos de Lima para una marcha de color “celeste” que se desarrolló el pasado sábado 7 de diciembre del 2024.

Según la web de Convocatorias para Compras, que no sobrepasen las 8 UIT, el 04 de diciembre, la MML pidió una cotización para la compra de materiales para la ‘Marcha por la Vida y la Familia’, por el número de 1mil banderines, 2 mil globos, 30 cientos de globos pencil, 500 matracas, 500 silbatos, y otros materiales que fueron utilizados por los manifestantes durante la marcha.

Sin embargo, a la fecha esta acción continúa pasando desapercibida y la Contraloría no ha emitido ningún informe al respecto.

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Política

Reasignan al capitán ‘Culebra’ a Moquegua para que cumpla funciones como policía comunitario [VIDEO]

Capitán PNP Junior Izquierdo es uno de los principales testigos en las investigaciones contra el ministro del Interior Juan José Santiváñez, quien habría ordenado el cierre de la DIVIAC, así como realizar seguimiento al comunicador Marcos Sifuentes.

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Lo mandaron lejos. La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) designó al capitán Junior Izquierdo Yarleque, alias “Capitán Culebra”, como policía comunitario en Moquegua.

Esta resolución firmada por el general Víctor Zanabria, se emite poco después de que el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, se negara a entregar su cuenta de iCloud a la Fiscalía de la Nación, en el marco de una investigación en su contra.

El documento oficial justifica la reasignación de los oficiales subalternos de armas y servicios por la “causal de necesidad de servicio”. Sin embargo, este movimiento ha generado dudas sobre sus motivaciones, dada la situación que involucra al ministro Santiváñez.

 “Reasignar cargos a los Oficiales Subalternos de Armas y Servicios de la Policía Nacional del Perú, por la causal de necesidad del servicio, con costo y sin costo para el Estado conforme a los anexos 1 y 2 que forman parte de la presente resolución”, se lee.

Antes de su reasignación, el capitán Izquierdo trabajaba en la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, gestionando operaciones de emergencia y seguridad pública sin contacto directo con la comunidad. Ahora, como policía comunitario en Moquegua, se enfocará en patrullajes a pie, sensibilización y colaboración con líderes locales para prevenir delitos.

Este cambio se produce en medio de las investigaciones que señalan al ministro Santiváñez por haber solicitado al capitán Izquierdo intervenir en el control del comunicador Marco Sifuentes.

Como se sabe, Izquierdo divulgó audios que, implicarían a Santivañez en comprometedoras conversaciones. En estos audios, se escucharía al ministro mencionar que la presidenta Dina Boluarte le habría ordenado disolver la División de Investigación de Alta Criminalidad (Diviac) para tomar el control del Ministerio del Interior. Además, se sugiere que existía una relación cercana entre ambos.

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Política

PJ ordena la liberación de José Nenil Medina, ex alcalde de Anguía [VIDEO]

Ex alcalde vinculado con Pedro Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.

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Suelto en plaza. El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó la libertad del exalcalde de Anguía en Cajamarca, José Nenil Medina Guerrero, quien es investigado por los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.

«Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordena la libertad del investigado José Nenil Medina Guerrero e impone las siguientes restricciones: no variar de domicilio sin autorización judicial, concurrir al Poder Judicial para control biométrico cada 15 días, no acercarse a los investigados y pagar una caución de 3 mil soles», se puede leer en la resolución.

Además, el tribunal le impuso restricciones como no variar de domicilio sin autorización judicial, concurrir al Poder Judicial para control biométrico cada 15 días, no acercarse a los investigados y pagar una caución de 3 mil soles.

El exalcalde de Anguía cumplía 30 meses de prisión preventiva como parte de la investigación por presuntamente ser parte de la red criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda.

fuente: exitosa.

De acuerdo con la investigación fiscal, Medida Guerrero era miembro del denominado Gabinete en la Sombra del expresidente, Pedro Castillo, actuando como operador de una presunta red criminal.

Se le acusa de participar en negociaciones ilícitas para asegurar presupuesto de obras en Cajamarca, particularmente a través del Ministerio de Vivienda, recibiendo presuntas coimas a cambio de adjudicaciones.

En enero del año pasado, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de habeas corpus a favor del exalcalde de Anguía y anuló el mandato de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, un mes después la Tercera Sala Constitucional de Lima revocó el habeas corpus que dejaba sin efecto su reclusión.

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Política

Fiscalía dispone el retiro de libro de Dina Boluarte de la Biblioteca Nacional tras corroborarse que realizó plagio [VIDEO]

Peritaje técnico arrojó muchas similitudes en la obra de la mandataria pertenecientes a otros autores.

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Mentirosa y plagiadora. El Ministerio Público concluyó que el libro “Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, de coautoría de la actual jefa de Estado, Dina Boluarte, se detectaron “párrafos completos” extraídos de otros autores sin su consentimiento.

Cabe precisar que el delito de plagio ya prescribió, sin embargo, la Fiscalía ordenó retirar todos los ejemplares de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), así como la anulación definitiva de su registro legal.

De acuerdo a peritajes técnicos realizados con la colaboración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se constató la reproducción de párrafos completos de textos originales en el libro. No obstante, las diligencias no pudieron continuar debido al tiempo transcurrido desde la publicación, hace 19 años. La normativa vigente permite investigar casos similares solo dentro de un plazo de 12 años.

El proceso fiscal fue impulsado tras una denuncia periodística en el programa Punto Final que señalaba presunto plagio en la obra. El fiscal Miguel Puicón Yaipén lideró las indagaciones, que incluyeron entrevistas con los supuestos coautores del libro y un análisis técnico. Según informó el citado medio, su unidad de investigación pudo confirmar que el Ministerio Público sí corroboró plagio en la obra de la jefa de Estado. “Se advierte de la reproducción de párrafos exactos de los textos originales”.

Sin embargo, el tiempo transcurrido desde la comisión del delito obligó a las autoridades a archivar el caso penal. La Fiscalía explicó: “El transcurso del tiempo habilita la prescripción del presente caso, circunstancia que imposibilita continuar con las diligencias”. Pese a esto, se adoptaron medidas administrativas como el retiro del libro de la Biblioteca Nacional del Perú, instruyendo además la anulación de su registro.

fuente: atv noticias.

Por su parte, los abogados Luis GavanchoCarmen Rivera y María Chávez, supuestos coautores de la obra, manifestaron no haber aprobado el texto final de la obra, pues solo se llegó a considerar una publicación conjunta, la cual nunca se concretó.

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Política

Presentan proyecto de ley que obliga a los policías someterse a pruebas psicológicas trimestrales

La iniciativa presentada en el Congreso busca la estabilidad emocional de los agentes policiales, considerando que en los últimos años su salud mental se ha ido menoscabando. Por lo que se han reportado múltiples casos de efectivos involucrados en feminicidios, abusos sexuales, extorsión y redes criminales.

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Ya no es secreto para la opinión pública que la salud mental de algunos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ha visto menoscabada en los últimos tiempos por acciones antijuridicas, no solo ligadas a actos de corrupción; sino a graves delitos penales, como la violación sexual, el feminicidio, y pertenecer a bandas criminales, bajo el ropaje de un uniforme policial. Debido a estas razones, desde el Congreso proponen establecer de manera obligatoria una evaluación psicológica y periódica para todos los miembros de la Policía del Perú, mientras se encuentren en servicio activo.

De esta manera, la legisladora de la bancada de Perú Libre, María Agüero, ha presentado la propuesta legislativa N° 9928/2024-CR que busca implementar las pruebas psicológicas obligatorias para los miembros de las fuerzas del orden. La iniciativa, establece que los aspirantes a ingresar a la PNP deberán aprobar una evaluación psicológica como requisito indispensable para su admisión; aunque este requisito ya se encuentra incluido en la malla de evaluaciones al inicio de una postulación. Pero, además, se estipula que los policías que se mantengan en servicio activo se sometan a pruebas psicológicas trimestrales.

Proyecto de Ley N° 9928/2024-CR.

Se crearía la ‘Comisión Técnica de Evaluación Psicológica de la PNP’

La iniciativa legislativa también contempla la creación de la ‘Comisión Técnica de Evaluación Psicológica de la PNP’, que será la encargada de desarrollar, coordinar, implementar y supervisar el sistema de evaluaciones periódicas para todos los agentes de la institución policial. Este órgano será quien vele por la salud mental de todos los efectivos policiales, con el propósito de que se mantengan aptos mentalmente para el desempeño de sus funciones.

Policías que presenten diagnósticos con problemas de salud mental serán tratados

En caso de que un efectivo de la Policía presente indicios de trastornos emocionales graves, la propuesta legislativa establece su derivación a un tratamiento especializado. Pero, si el agente se niega a recibir el tratamiento psicológico, su actitud será considerada como una infracción disciplinaria, con las consecuencias que ello conlleve, como una sanción drástica.

El Congreso debatirá la propuesta legislativa

La parlamentaria Agüero sostiene que esta medida busca garantizar la integridad y eficacia de la institución policial, asegurando que sus efectivos puedan contar con la estabilidad emocional necesaria para enfrentar las exigencias de su labor diaria. «Es fundamental que nuestros policías estén en óptimas condiciones psicológicas para servir y proteger a la ciudadanía», sostuvo.

Mientras tanto, el proyecto de ley se encuentra en debate en las comisiones correspondientes del Congreso, donde se evaluará la viabilidad y las posibles modificaciones que requiera antes de ser sometido a votación en el pleno. Y de ser aprobado, marcaría un cambio importante en las políticas de recursos humanos de la Policía Nacional del Perú.

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