Lo madrugaron. A primeras horas del día, integrantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú (PNP), allanaron 16 inmuebles en Lima, Cajamarca, Trujillo, Chimbote y Huaura con motivo del sonado caso ‘Qali Warma’. Fue en uno de esos inmuebles, ubicado en el distrito de Jesús María, donde miembros de la Fiscalía detuvieron a Michael Burga, hijo de Nilo Burga, fallecido dueño de Frigoinca.

Además de Michael Burga también se encuentran detenidos preliminarmente por  15 días Edgar Capani, Miguel Ángel Rosales y demás investigados. Al respecto, el fiscal Reynaldo Abia, encargado de las diligencias, mencionó que se había solicitado la orden de detención de ocho involucrados, pero solo se pudo dar con el paradero de 6.

«Se ha pedido ocho detenciones. Hasta el momento se ha ubicado a seis personas. Obviamente, es un trabajo reservado y la Policía nos está apoyando árduamente. Son distintos funcionarios», indicó.

Finalmente, Abia detalló que ya hay cinco personas con prisión preventiva con 36 meses y que las seis personas detenidas hoy de manera preliminar serán dirigidas a exámenes antes de que el Ministerio Público solicite dicha medida coercitiva.

A Michael Burga se le investiga por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y cohecho pasivo propio.

De acuerdo con la Fiscalía, Michael Burga habría tenido conocimiento de que uno de los trabajadores de Frigoinca tenía reuniones con representantes de Qali Warma; ello, cuando Dina Boluarte era titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el director de este programa era el vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien también forma parte de la investigación.

El caso Qali Warma se dio a conocer luego de que en distintas partes del país padres de familia denunciaron que las conservas con las que eran alimentados sus hijos no estaban aptas para el consumo humano.

Ninoska Chandía Roque presentó su renuncia a la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Según nuestra fuente interna, Chandía no asistió a su oficina desde el martes 17 de junio, y su salida se da en medio de crecientes presiones políticas desde el Congreso.

El detonante habría sido el contrato millonario para el alquiler de un nuevo local provisional del IRTP por 16 millones de soles. La contratación se realizó de manera directa —sin concurso público—, para un edificio antiguo, desocupado desde hace años, ubicado en inmediaciones de la cuadra 4 de la avenida Arenales. Esto ocurre justo cuando sectores del Parlamento impulsan una nueva moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, hermana de Nicanor Boluarte, muy cercano a Chandía.

La gestión de Chandía ha sido duramente cuestionada por trabajadores. David Panta, secretario general del Sindicato de Trabajadores CAS del IRTP, declaró en un reportaje televisivo: “La gestión de la señora Chandía es la peor que hemos vivido en estos largos años”.

Además de los despidos realizados durante su gestión, se le acusó de contratar a los allegados de Nicanor Boluarte y realizar viajes de carácter turístico. Para muchos, bajo su mandato, el canal del Estado dejó de ser “el canal de todos los peruanos” para convertirse en “el canal de los amigos de Nicanor”.

Según nuestra fuente, quien reemplazará a Ninoska Chandía sería un exgerente del propio IRTP.

Ya falta poco para el 1 de agosto, fecha fijada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la presentación de alianzas de aquellos partidos políticos que llegaron a inscribirse, entre los cuales se encuentra Avanza País. Entre sus afiliados se encuentra nada menos que el polémico conductor televisivo Phillip Butters, quien pertenece al partido del tren desde junio del año pasado, estando, en teoría, habilitado para participar de las elecciones primarias del 30 de noviembre. Quince días después, el JNE proclamará a los candidatos presidenciales, donde podría estar el nombre del poco simpático conductor.

Durante las últimas semanas, Butters Rivadeneira, trujillano de 58 años, se ha venido paseando por distintos programas de Youtube donde se otorga un espacio para hablar de política y realidad peruana. Es ahí donde el conocido ‘Sabelón’ viene desarrollando su pensamiento crítico, confrontando, muy a su estilo, a los conductores que mayoritariamente no comulgan con él, muchos ellos de tendencia de izquierda y progresista.

Son precisamente aquellos conductores los que le vienen recordando sobre sus ácidos comentarios. Por ejemplo, la vez en que dijo que agrediría físicamente a dos homosexuales por besarse en la puerta de su casa; o aquella ocasión en que dijo que no dudaría en patear a dos lesbianas si las veía besándose en la puerta del nido de su hija. Tales comentarios se llevaron la crítica por el gremio LGBTI+, calificándolas como homofóbicas.

Amado u odiado en partes poco equitativas, Butters, de tendencia ultraconservadora, representa para muchos ciudadanos el candidato de la derecha. A propósito, hace unos días, durante una entrevista en Willax, manifestó que si él no ganaba las elecciones del 2026 lo iba a hacer un comunista. “Si yo no gano, ganará un comunista”, indicó el aún no oficializado candidato presidencial de Avanza País.

Y es que tras el nefasto gobierno de izquierda de Pedro Castillo y el errático mandato de Dina Boluarte (vicepresidenta de Castillo Terrones) todos los focos apuntan a un personaje que devuelva la estabilidad al país, aunque ello resulte una tarea titánica. Con un Congreso dominado por el fujimorismo y Alianza para el Progreso (APP) puede que el próximo presidente, de repetirse esa mayoría en la cámara de senadores y diputados, el futuro presidente del Perú goce de total apoyo para la promulgación de leyes que puedan llegar a afectar algunos derechos fundamentales o algunas convenciones internacionales.

La campaña electoral para algunos personajes de la política ya inició desde hace tiempo, y tal como lo hiciera Antauro Humala, Butters viene ‘madrugando’ a algunos veteranos en la política, visitando esos espacios poco convencionales, pues sabe que la mayoría de votantes, muchos de ellos jóvenes de 18 a 33 años, son consumidores habituales de esos programas.

Hay que reconocer que el ‘Sabelón’ sabe escoger bien sus batallas y por el momento, aunque no esté nada confirmada su postulación, su estrategia le viene dando resultado. ¿Serán los ‘progres’ capaces de visitar algún set de un canal de derecha?

La crisis en el Ministerio Público ha dejado de ser un asunto institucional para convertirse en un show político lamentable. La pugna entre Delia Espinoza y Patricia Benavides, ambas decididas a no ceder ni un milímetro en su disputa por el control de la Fiscalía de la Nación, refleja no solo el colapso del liderazgo dentro del órgano autónomo, sino también la politización descarada del sistema de justicia. En medio de esta tormenta, la derecha parlamentaria, lejos de exigir orden y legalidad, ha optado por tomar partido y profundizar el conflicto.

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, anunció que su bancada presentará una denuncia constitucional contra los cuatro integrantes de la Junta de Fiscales Supremos y no menos cuestionados: Delia Espinoza, Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez. ¿El motivo? Haber desobedecido —según sus propias palabras— la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dispone la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Es decir, para esta ala política, el retorno de Benavides Vargas no es una cuestión jurídica discutible, sino un mandato incuestionable que se debe ejecutar de inmediato, sin debate ni procedimiento.

Lo más grave es que la defensa férrea y “militante” de Benavides Vargas por parte de sectores de la derecha no responde a principios institucionales, sino a afinidades políticas. La fiscal suspendida fue funcional a los intereses del Congreso en sus investigaciones selectivas, y su retorno representa para varios sectores una garantía de continuidad en ese alineamiento. No olvidar que Rafael López Aliaga en 2023 condecoró a Patricia Benavides y le entregó una medalla bañada en oro de 18 quilates valorizada en más de 8 mil soles.

Por eso, ahora que su poder está en entredicho, sus aliados en el Parlamento no dudan en atacar a la Junta de Fiscales Supremos, acusándolos de «atrincherarse» y «desacatar» la ley, cuando lo que realmente hacen es esperar un acto formal colegiado que determine con claridad la situación legal.

Norma Yarrow incluso comparó a Delia Espinoza con Pedro Castillo, insinuando que intenta «perpetuarse en el poder». La ironía es evidente: mientras cuestionan a Espinoza por presuntamente resistirse a una orden, callan cuando Patricia Benavides irrumpe en la sede de la Fiscalía acompañada de abogados y policías, autoproclamándose fiscal de la Nación sin un acto oficial que la respalde. ¿Esa acción no merece el mismo nivel de crítica?

Esta doble moral no solo daña aún más al Ministerio Público, sino que desenmascara la instrumentalización de la justicia para fines políticos. El enfrentamiento entre Espinoza y Benavides es profundamente dañino, pero más preocupante aún es cómo desde el Congreso se exacerban las divisiones y se utiliza la crisis para perseguir a fiscales que no se alinean con determinados intereses.

En lugar de buscar una solución institucional, u organizar una reforma integral, la derecha opta por la confrontación. Mientras tanto, la Fiscalía continúa perdiendo legitimidad ante una ciudadanía harta de ver cómo los más altos cargos de justicia se comportan como enemigos de una guerra partidaria, y no como guardianes del Estado de derecho.

Preocupado más en defender a la presidenta Dina Boluarte o en firmar decretos que declaran de “interés nacional” la final de la Copa Libertadores 2025, el titular del Ministerio de Economía (Minedu), Morgan Quero, hace de la ‘vista gorda’ para no mirar cómo están quedando los colegios en Lima tras el sismo de magnitud 6.1 ocurrido el último domingo.

El cuestionado ministro, que le encanta lanzar vivas al autismo o aseveran que no se necesitan docentes de inglés en los colegios, hasta el momento no se ha hecho presente en ninguna institución educativa perjudicada, pero sí está en primera fila para apoyar a la jefa de Estado, no ha emitido ningún reporte.

En cambio, Marcos Tupayachi, titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) ha salido a informar que 181 colegios presentan daños, de menores a muy graves, luego de ocurrido el movimiento telúrico.

En conversación con RPP, Tupayachi señaló que equipos de su entidad y las UGEL han efectuado inspecciones en las escuelas de los distritos de la ciudad. Según aclaró la autoridad, estos daños se relacionan principalmente con “algunas baldosas que han cedido, quebraduras en las paredes y algunas uniones que por el movimiento se abren un poco pero que necesitan una reparación inmediata”.

Respecto al impacto en el desarrollo de las clases, Tupayachi precisó que la mayoría de los colegios afectados solo tuvo que suspender las actividades presenciales por uno o dos días, principalmente para limpiar vidrios rotos y asegurar un ambiente adecuado para el retorno seguro de los estudiantes.

“(…) En los 181 la gran cantidad de colegios que tenemos son por vidrios rotos. Eso ha obligado a que el primer día de clase, por ejemplo, hagamos una suspensión de un día o dos días para proceder a la limpieza. Estas ya están en presenciales”, detalló.

Sin embargo, hay actualmente nueve colegios que debieron pasar temporalmente a la virtualidad, aunque solo tres de ellos se mantienen en esa modalidad por un periodo aún indefinido debido a mayores daños en su infraestructura.

Consultado por los pedidos de emergencia en distritos como Comas, Marcos Tupayachi afirmó que hay colegios con infraestructura muy antigua, y por eso, son los que presentan mayores daños. Anunció que equipos técnicos están realizando informes y, al final de la semana, se recopilará la información definitiva para canalizar recursos y atender de inmediato a estos locales escolares.

El nuevo paro anunciado por un sector de transportistas para el 26, 27 y 28 de julio —en plenas Fiestas Patrias— revela no solo la profunda desesperación del gremio ante el avance del sicariato y la extorsión, sino también la desastrosa parálisis del gobierno de Dina Boluarte. La presidenta permanece indiferente, encerrada en su silencio político, mientras la violencia se apodera de las calles y el sistema de transporte se hunde en el caos.

La protesta realizada el miércoles 18 de junio, aunque con una participación reducida, expuso con claridad la sensación de abandono que enfrentan los transportistas. No es nuevo: los crímenes contra conductores se acumulan sin respuestas efectivas del Ejecutivo, y la extorsión es ya una ‘industria paralela’. Sin embargo, es inaceptable que, en respuesta a esa desprotección, los gremios opten por paralizar el país cuando les parece, afectando a miles de ciudadanos que también están atrapados en esta crisis.

Los usuarios —trabajadores, pacientes, estudiantes— son los primeros perjudicados por este tipo de medidas que, lejos de generar empatía, provocan rechazo. El transporte público no puede convertirse en un arma de presión política. La solución no es chantajear al país con paros estratégicos, sino exigir medidas reales sin bloquear la vida cotidiana de los demás.

Por su parte, Boluarte continúa como espectadora de un Estado que se desmorona. Su incapacidad para gestionar la seguridad ciudadana y liderar una estrategia articulada contra el crimen organizado ha hecho del país un campo fértil para mafias y extorsionadores. No solo ha perdido autoridad, sino también legitimidad.

En resumen, la responsabilidad política del Ejecutivo, hoy mal conducido por Boluarte Zegarra y la irresponsabilidad de los gremios transportistas forman una combinación peligrosa: un gobierno ausente y un sector que cree tener licencia para tomar las calles como rehenes. El Perú merece mucho más que esta asfixiante parálisis compartida.

Fue durante el primer gobierno de Alan García, en 1988, cuando se reestructuró la histórica Guardia Republicana para convertirse en un primer momento como la “Policía de Seguridad” hasta el año 1991, para posteriormente ser parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Realizando una breve reseña histórica, la Guardia Republicana fue creada por iniciativa del expresidente Augusto B. Leguía, quien durante su segundo mandato , en 1919, quiso emular a la famosa Guardia Republicana de Francia, disponiendo que desde ese momento el Batallón de Gendarmes de Infantería n.° 1 pase a llamarse Batallón de Gendarmes de Infantería «Guardia Republicana del Perú» n.° 1, el cual tendría como funciones la seguridad de las instituciones del Estado como el Palacio de Gobierno o el Congreso de la República.

Al respecto sobre esta desactivada entidad, el congresista de Renovación Popular, Miguel Ciccia, presentó el Proyecto de Ley (PL) n.° 11687/2024-CR que propone la restitución de la Guardia Republicana, pero además de la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones el Perú (PIP) y el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), instituciones especializadas de la PNP.

De acuerdo al PL, la PNP estaría integrada tres cuerpos policiales especializados. En ese sentido, la Guardia Civil del Perú se encargaría del orden público, patrullaje preventivo, seguridad ciudadana y funciones policiales urbanas y rurales. 

Con respecto a la Guardia Republicana, tendría como función, la protección de instituciones y activos críticos del Estado, servicios de escolta, seguridad penitenciaria y custodia de sedes institucionales.

Por su parte, la Policía de Investigaciones del Perú estaría dedicada a la investigación criminal, lucha contra el crimen organizado, delitos complejos en apoyo técnico policial al Ministerio Público. 

Asimismo, busca el retorno del Grupo Especial de Inteligencia «como unidad élite de inteligencia operativa» de la PNP y su conformación sería por agentes egresados de las escuelas de la Guardia Civil, Guardia Republicana, PIP, GEIN y especializadas en la lucha contra el terrorismo, crimen organizado y otras amenazas a la seguridad ciudadana. 

La iniciativa legislativa también contempla crear nuevas escuelas policiales para cada unidad, y establece un plazo máximo de 12 meses para adecuar la estructura y funciones de la PNP. De aprobarse, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en 90 días, derogando toda norma en contra.

La reciente denuncia penal interpuesta por Delia Espinoza Valenzuela contra Patricia Benavides Vargas y su “comitiva de incursión” no es simplemente un acto legal y facultativo; es el más reciente capítulo de una pugna de poder descarnada entre dos fiscales supremas que parecen haber olvidado que el Ministerio Público no es un feudo personal, sino una institución del Estado que exige estabilidad, credibilidad y respeto.

Espinoza Valenzuela, actualmente en el cargo de fiscal de la Nación, acusa a Benavides Vargas de ‘usurpación de funciones’ y ‘perturbación de la tranquilidad pública’ por irrumpir, junto a su abogado Juan Mario Peña Flores y otros seis acompañantes, en la sede institucional del Ministerio Público el pasado 16 de junio a las 08:27 a.m. Según la denuncia, Benavides se presentó como fiscal de la Nación pese a no contar con el respaldo formal de la Junta de Fiscales Supremos, lo que para Espinoza representa una actuación ilegal, una afrenta al orden interno y una amenaza a la institucionalidad.

Sin embargo, lo que subyace detrás de esta denuncia no es solo una controversia técnica o legal. Es la continuidad de una guerra política que ha degradado profundamente la imagen del Ministerio Público. Ambas fiscales, con cuestionamientos distintos pero igual vehemencia, parecen más concentradas en disputarse el trono que en velar por la justicia.

Delia Espinoza, en lugar de actuar con la prudencia y neutralidad que se espera de la cabeza de esta institución, ha utilizado su posición para consolidar su autoritarismo mediante denuncias que, si bien pueden tener sustento legal, se leen también como maniobras de control político interno.

Por su parte, Patricia Benavides tampoco actúa con altura institucional. Su ingreso intempestivo al noveno piso de la Fiscalía, flanqueada por abogados, policías y asesores, fue un acto claramente calculado y amedrentador para enviar un mensaje de prepotencia y desafío. Retomar funciones sin un acto colegiado expreso por parte de la Junta de Fiscales Supremos no solo es jurídicamente cuestionable, sino que pone en entredicho su compromiso con el debido proceso y con la institucionalidad misma que afirma querer defender.

El país asiste indignado, a una disputa de egos que debilita gravemente al sistema de justicia. Y en lugar de construir consensos o preservar la autonomía del Ministerio Público, ambas fiscales se olvidaron de velar por el ‘principio de legalidad’ y se han enfrascado en una batalla encarnizada por el poder que solo beneficia a los impunes, sean de derecha o izquierda y daña aún más la confianza ciudadana.

No se trata de quién tiene la razón, sino de quién está dispuesto a actuar con altura moral. Ni Delia Espinoza ni Patricia Benavides parecen, hoy dispuestas a dar un paso atrás por el bien institucional. Y mientras tanto, la Fiscalía de la Nación se ha convertido en escenario de una vergonzosa telenovela política, donde lo último que importa es la justicia.