Política
Antauro Humala: “Los medios privados de TV de señal abierta, deberán ser expropiados y entregados a la sociedad civil popular”
Luego de conocerse la noticia de su liberación, mucha gente se pregunta sobre los planes de Antauro y qué piensa sobre nuestra realidad nacional y política peruana. Aquí una entrevista con el líder etnocacerista.
Han pasado 17 años desde el Andahuaylazo, una rebelión provocada por reservistas denominados etnocaceristas y liderados por Antauro Humala, quien fue sentenciado a 19 años de prisión por los delitos de rebelión, homicidio simple, sustracción o arrebato de armas de fuego y daño agravado y secuestro agravado en perjuicio del Estado y de un grupo de efectivos de la Policía Nacional.
Ayer el INPE anunció la libertad de Antauro Humala, quienes en sus propias palabras se considera un preso político y secuestrado por el Estado antinacional y lavajatista. Hoy con la libertad de Antauro se abre un escenario política, ya que el líder etnocacerista piensa postular a la presidencia de la República del Perú en el 2026.
En esta entrevista de hace dos años exclusiva para Lima Gris, Antauro Humala Tasso, respondió sobre la coyuntura nacional, la pena de muerte, la corrupción, la CONFIEP, Mario Vargas Llosa y sobre el matrimonio gay. Además, nos da algunos alcances de lo que aplicaría en un posible gobierno liderado por el etnocacerismo.
En 2005, después del Andahuaylazo, nunca se hizo una investigación sobre los francotiradores que habrían sido puestos por Otto Guibovich y que dispararon a los policías. Solo quedó usted como autor de los homicidios, pese a no encontrarse en el lugar de los hechos. Después de 17 años ¿cuál es su reflexión sobre lo sucedido en Andahuaylas?
Toledo, presidente “fujiconstitucional” durante el andahuaylazo, así como su entonces ministro de economía y ( mandamás de Proinversión) Kuczynski, están actualmente presos por macrocorrupción lavajatista. Ahora —con las delaciones provenientes de Brasil— se sabe que siete semanas antes de esa rebelión se suscribió en Río de Janeiro la “coima presidelincuencial” de $ 35 millones de dólares por Interoceánica del Sur. Ambos, factores nocivos para la República: Fujiconstitución proextranjera y macrocorrupción presidencial (lavajatismo) son denunciados en el Manifiesto Político de aquella segunda rebelión etnocacerista efectuada en Andahualyas del 2005, que suscribí y leí sobre el techo de un patrullero perteneciente a la comandancia policial capturada. Ello explica, también, el pánico de Toledo (ebrio en Punta Sal), quien al verse desnudado en su corruptela y traición por dicha rebelión reservista dispone la perpretación de un crimen de Estado (asesinato por francotiradores de las FF/00 de cuatro policías mediante disparos de larga distancia y desde retaguardíia) a fin de atribuirlas a los rebeldes con la intención de denigrar su causa ante la opinión pública y a la vez “legitimar” una inmediata e indiscriminada acción represiva. Para tal efecto se emplea los “servicios” del general Guibovich (reincorporado al Ejército por Toledo), Jefe de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales. Por todo lo expuesto, obviamente me siento orgulloso del “Andahuaylazo”; los hechos, o sea, la historia, la justifican.
Usted simpatiza con la pena de muerte, pero eso implica la renuncia al Pacto de San José ¿Realmente lo cree viable?
Está escrita no solo en la “fujiconstitución”, también se contempla en todas las 14 constituciones anteriores habidas en dos siglos de república criolla, por causal de Traición a la Patria. El planteamiento etnocacerista (Frente Patriótico) simplemente “extiende” esa figura a la macrocorrupción presidencial en la medida que atenta contra la “frontera vertical”: espacio aéreo, suelo, subsuelo, mar territorial y lecho marino; es decir, hipotecando la soberanía estatal/nacional al interés extranjero. Y si ello implica la (necesaria) renuncia al Pacto de San José de Costa Rica (al que, por cierto, Estados Unidos de Norte América no se ha adherido), pues se tendrá que hacer.
Algunas personas se asustan cuando escuchan su nombre, mientras que otras creen que usted es la opción para el cambio, y eso ha sido reflejado en las elecciones pasadas al poner 13 congresistas de UPP en el Congreso. ¿Cómo explica ese contraste?
La bancarrota política, social y económica de la “Republiqueta globoneoliberal” (1992 – 202…) es tan evidente y escandalosa por su esencia montesinista (etapa dictatorial fujimorista) como lavajatista (etapa timocrática) ahora recontra calateada con el caos gubernamental e ira popular catalizada con la peste cotidiana que —no me cabe duda— se ha generado un escenario nacional que el marxismo de antaño hubiera clasificado como “situación revolucionaria”, donde el mínimo chispazo puede encender la gran pradera de resentimiento quincuacentenario; que para el sector pro-extranjero se revela como la “inundación de los bárbaros”, pero para las grandes mayorías traicionadas significará el “diluvio de la justicia”, parafraseando a González Prada, cuyo discurso adquiere más vigencia que nunca.
Esta pandemia encontró al Perú económicamente mucho más fuerte de lo que pensábamos. Siempre nos dijeron que no había dinero cuando en realidad los grupos de poder nunca quisieron darnos educación ni salud de calidad. ¿Por qué cree que no se invirtió en salud y educación, siendo esto un derecho constitucional?
Porque la educación libera. Un populorum cholo cultivado intelectualmente equivaldría a la transformación radical de una (globo) colonia de humanoides en (etno)nación de ciudadanos.
De salir usted elegido presidente ¿se enfrentaría a la CONFIEP?
Inexorablemente, en tanto mantengan el colonialismo mental de seguir subordinando la soberanía nacional al libre mercado (en verdad al libre saqueo) extranjero. Y es que para Roque Benavides —su interlocutor más visible— el capital (extranjero) crea el trabajo (nativo). Para nosotros es al revés. La colusión es obvia.
¿En un eventual gobierno suyo legalizaría el matrimonio gay?
No. Además la palabra “gay” no existe en el castellano. Se dice: maricón.
Lamentablemente el pobre nivel de la educación en el Perú permite formar mano de obra barata. Usted es una persona que recibió una educación privilegiada ¿Qué ofrece el etnocacerismo en ese sector?
Efectivamente, la política económico/educativa instaurada acá desde nuestra “inserción a Occidente” vía globocolonización quincuacentenario es la del “cholo barato”. No requiere de premios Nobel, sino de millones de lamperos. De ahí lo trascendente de la lucha magisterial asolada por tres problemas: currículas de domesticación (mutilación de los cursos de historia, geografía y otros); salarios humillantes y déficit proteínicos de un alumnado semi-anémico. Entiéndase que en un país donde campean los comedores públicos, jamás producirá un premio Nobel en ciencias.
La columna principal del periodismo es cuestionar el poder, pero muchos medios se han convertido en relacionistas públicos del poder ¿En un posible gobierno regularía la publicidad Estatal en los medios de comunicación?
No habría publicidad estatal en ningún medio de prensa, salvo en el diario oficial “El Peruano”. En cuanto a los medios privados de TV de señal abierta, estos deberán ser expropiados y entregados a la sociedad civil popular organizada: Magisterio, gremios agropecuarios, sindicales, universidades, etc. Y es que el verbo colectivo no debe estar en poder del individuo (menos aún si se trata de brodcasters extranjeros que anteayer se vendían en la salita del SIN de Montesinos), ayer percibían dádivas de empresas vinculadas al lavajatismo y hoy se mercenariza. Urge revisar, en este aspecto, el “Plan Inka” de Velasco.
El Perú tiene la Pesquería de una sola especie más rica del planeta: la anchoveta. Sin embargo, más del 98% se quema para hacer harina para cerdos y pollos. Con tan sólo con el 1% de la pesca de anchoveta se podría garantizar un aporte proteico de alta calidad para un Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria, ¿Por qué cree que ninguno de los últimos gobiernos ha tocado el tema pesquero, capital para la seguridad de la nación peruana?
Porque el oligopolio pesquero los tuvo —y tiene— estándares a priori. Soy un convencido de que un gobierno patriótico deberá priorizar ante todo la pesca de consumo humano, empezando a rescatar, fortalecer y promocionar la flota artesanal a expensas del necesario desmontaje de por lo menos el 80 % de la industria harinera, en gran parte responsable de la desnutrición masiva de nuestra población infantil, casi en 50% anémica.
En los últimos 10 años se han importado cientos de miles de toneladas de papa, maíz, trigo, arroz, quinua, carne, leche en polvo, soya, etcétera, siendo nosotros productores de todos estos recursos, perjudicando al erario público, al productor nativo y al pueblo peruano. ¿Qué haría el etnocacerismo en un eventual gobierno?
En el programa de “10 puntos patrióticos/soberanos” del etnocacerismo (pilar central del Frente Patriótico) se contempla el “cerrar toda importación que compita con la producción nativa”, así como el “subordinar el libre mercado a la nación soberana”.
La selva está desapareciendo por la acción de grandes empresas cultivadoras de palma aceitera, minería ilegal y la tala indiscriminada, pero también por la acción sistemática de poblaciones migrantes empobrecidas, ¿cómo solucionaría este grave problema?
Ante todo, ha de considerarse que históricamente tanto Europa como los Estados Unidos de Norteamérica deben también su desarrollo a la tala de sus antiguos bosques o selvas en pro de la expansión de sus áreas agropecuarias. A nosotros y el resto de países sudamericanos se nos prohíbe lo mismo (salvo Brasil que hace caso omiso) a fin de salvaguardar la Amazonía “(último) pulmón planetario”. Y claro, lo es, más aún en pleno calentamiento global debido principalmente a los humos de la industralización del Hemisferio Norte. ¿Qué hacer entonces? Pues apelar a un mecanismo de “compensación”. Entiendo que las llamadas “lonas de carbono” apuntan a ello (conservar la selva a cambio de compensación económica). Hemos, entonces, de profundizar esta herramienta, si se quiere de “chantaje justiciero/conservacionista” ante el consejo de seguridad de la ONU.
¿Cree usted que vivimos en un narcoestado? ¿cómo lo enfrentaría?
Totalmente. Y lo solucionaríamos legalizando el libre cultivo agrococalero empadronándolo vía ENACO, en tanto se rescate el agro nativo agobiado de tanta importación vía tramposos TLC’s. Refiérase que el 80% del campesinado cocalero son expaperos, exmaiceros, extrigueros, ex-etcéteras, quebrados por el Estado antinacional. Asimismo, siguiendo el ejemplo uruguayo, se legalizaría, tanto para fines terapéuticos como recreativos, el cultivo, comercio y consumo libre de canabis (el consumo individual está permitido según el código penal, pero paradójicamente su compra/venta es ilegal). Se trata de “dejar sin chamba al narcotraficante y a la DEA”, de tal manera que, en el caso de la cocaína ésta deje de ser exportada clandestinamente en la barriga del burrier, en el avión presidencial o en la avioneta colombiana; sino que se exporte —como materia prima (hoja de coca)— con el sello franco y soberano de “Aduanas del Perú”, por supuesto, previo convenio del Estado Peruano a Estado norteamericano como de la UE. Incluso presupuestalmente saldría —esta fórmula a entablar con los países consumidores— mucho más barato que el actual e inútil presupuesto antidrogas: vuelos de interdicción, bases antinarcóticos, DEA, DIRANDRO, CEDRO, manutención carcelaria de decenas de miles de reos por tráfico ilícito de drogas, manutención de la población de Adictos, etc. Soberanía pura.
¿Cree que sigue vigente el “Pensamiento Gonzalo”?
Sendero Luminoso hace por lo menos una década que dejó de ser un peligro de seguridad nacional. Derrotados en la lucha armada por el Ejército, aspiran —vía MOVADEF— ingresar a la vía electoral. La ONPE, o sea el Estado contra el cual insurgieron, debiera permitirle la inscripción en vez de anularla leguleyamente por presión de la derecha bruta y achorada. Quizás se tiene “horror” que supere (a diferencia del APRA alanista, del PPC de Lourdes Flores, o de Solidaridad Nacional de Castañeda) la valla electoral del sistema electoral peruano. Refiérase que el siglo pasado, entre los 30 y 50, al APRA (que captura cuarteles y efectúa rebeliones) se le adjetivó de “terrorista”; a los mismos etnocaceristas del Andahuaylazo, Toledo nos adjetivó también así; pese a que reservistas y el suscrito éramos veteranos de la guerra contrasubersiva, en la cual lamentamos haber arriesgado el pellejo por una “Santa Puta Democracia”, ahora revelada —por las delaciones lavajatistas— como “timocracia” o democracia de timadores: “presidelincuentes” sucesivos en los últimos 30 años. En cuanto al reciente Habeas Corpus (ya denegado por el Poder Judicial) presentado por los abogados de Guzmán, respecto a su detención domiciliaria por efectos de contraer el COVID 19, creo que si en realidad está infectado, pues al igual que los presidelincuentes Toledo y Kuczynski (que han hecho tanto daño como él) debiera —por principio de equidad— otorgársele. Compartí cautiverio con Guzmán (y con Montesinos) en la Base Naval y puedo decir que, además de ser más viejo que Fujimori y PPK, esta(ba) en peor estado de salud, aparte de soportar peores condiciones de carcelería. El llamado “Pensamiento Gonzalo”, que en verdad no existe (aparte de la llamada “entrevista del siglo” publicada por la revista Marka en 1989 y su tesis universitaria, ¿Qué obra ha escrito Guzmán exponiendo su pensamiento? ), fue solo propaganda en su periodo de lucha armada, fracasada por estar —al igual que el resto de la izquierda peruana (criolla, caviar o chanfainita)— infectada de colonialismo mental, esta vez “maoísta” y mostrarse alérgica al “etnicismo” (Factor etnocultural) tawantinsuyano en un país milenario como el nuestro. Se desconsidera que la manera coherente de ser izquierdista en el Perú, arranca por ser etnonacionalista.
Mario Vargas Llosa ha sido garante de varios presidentes. En una eventual candidatura suya ¿es consciente que será su tenaz opositor?
Sería de grandísima ayuda.
Política
Alcaldes se adhieren al ‘blindaje’ de Dina Boluarte en medio de investigaciones por presunta organización criminal
Tras el contundente blindaje que obtuvo del Congreso la presidenta Dina Boluarte, luego se sumaron más de medio centenar de alcaldes de todas las regiones del Perú. Entre los burgomaestres firmantes, 18 son de localidades de Puno, justamente, la región donde perdieron la vida 29 ciudadanos, durante las masacres en enero de 2023.
No solamente ha sido el Congreso, quien este viernes 17 de mayo, blindó a la presidenta Dina Boluarte al rechazar y enviar al archivo las tres mociones de vacancia contra ella. Ahora recibieron la posta 53 alcaldes distritales y provinciales de distintas localidades del norte, centro, oriente y sur del Perú.
La más de media centena de burgomaestres emitieron un comunicado contundente titulado: “Pronunciamiento conjunto de los gobiernos locales frente a la situación política de país”.
En la declaración, los 53 gobiernos locales firmantes, entre los que se encuentran 18 autoridades de distintas localidades de Puno, así como de Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna, Ucayali, Ayacucho, Cajamarca, Apurímac, Madre de Dios, Ancash, y Arequipa, “condenan cualquier intento de socavar la institucionalidad democrática de país y el respeto al Estado de Derecho”, advierten.
Pronunciamiento de los 53 alcaldes en defensa de presidenta Dina Boluarte.
Además, señalan que “rechazan el sistemático ataque y acoso político al que viene siendo sometida la mandataria Dina Boluarte”.
Finalmente, en el documento se lee que llaman a la unidad de todos los peruanos para lograr la gobernabilidad de país para lograr la reactivación económica y lucha contra la inseguridad ciudadana.
Más alcaldes firmantes que blinda a la mandataria.
Entre los 53 alcaldes que firmaron el manifiesto en el que le dan su incondicional respaldo a la investigada presidenta Dina Boluarte, con la intención de protegerla, se encuentran:
Reyna Juli Calsin, Alcaldesa Distrital de Amantani, Puno-Puno.
Betty Huanca Diaz, Alcaldesa Distrital de Pucará, Lampa-Puno.
María Castillo Valverde, Alcaldesa Distrital de Marmot, Gran Chimú-La Libertad.
Hilda Hilario Ponce, Alcaldesa Distrital de Huancabamba, Oxapampa-Pasco.
Urbelinda Chacón Diaz de Rivera, Alcaldesa Distrital Ite, Jorge Basadre-Tacna.
Augusto Cayo Cayo, Alcalde Provincial de Páucar del Sara Sara-Ayacucho.
Moisés Mogollón Meca, Alcalde Provincial de Sullana-Piura.
Moisés Gonzales Cruz, Alcalde Provincial de Cutervo-Cajamarca.
Hernán Sifuentes Barca, Alcalde Distrital de San Martin de Porres-Lima.
Manuel Ugarte Medina, Alcalde Distrital de San Marcos, Huari-Ancash.
Yony Reyes Anampa, Alcalde Provincial de Parinacochas-Ayacucho.
Con este extraño escenario, no solo somos testigos que la mandataria Dina Boluarte, a pesar de no tener bancadas en el Parlamento, goza de una “mayoría de facto” en el hemiciclo, gracias al apoyo de bancadas como Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza país, Renovación Popular, Somos Perú, y Podemos Perú. Así como el apoyo de diversos alcaldes en todas las regiones del país.
¿Las razones? es más que seguro que todos los peruanos la saben de sobra.
Política
Comisión de Trabajo aprueba dictamen que pretende derogar la Ley Servir [VIDEO]
De aprobarse en el Pleno pondría en riesgo la meritocracia en los trabajos del sector público.
De terror. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó el dictamen que deroga la Ley del Servicio Civil (Ley N.º 30057) que instauraría una serie de nuevas regulaciones laborales en la administración pública. De acuerdo con la iniciativa que agrupa los proyectos de ley 7107, 7156 y 7267 -2023 (presentados por los parlamentarios Carlos Alva, Isabel Cortez y Waldemar Cerrón, respectivamente), de aprobarse en el Pleno, se procedería a crear una comisión tripartita que incluiría a miembros del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y representantes de organizaciones de trabajadores estatales para conducir un análisis exhaustivo que derive en reformas sustanciales en el régimen laboral del sector público.
Una vez aprobada por el pleno, según el dictamen aprobado, en 30 días hábiles se conformaría la mencionada comisión que tendría un plazo de 120 días hábiles para elaborar un informe detallado, proporcionar un diagnóstico sobre la situación actual del servicio público y la unificación de los regímenes laborales y de servicios.
“Con esta ley (Servir) se pretende ejecutar la desvinculación laboral; esto es, realizar despidos masivos bajo el manto escondido del término desvinculación del servidor público, contrario a lo establecido en nuestra Constitución Política del Estado”, sostiene el congresista Waldemar Cerrón, quien se opone a la ley Servir porque, según afirma, afecta los derechos a la negociación colectiva, a la huelga, igualdad y no discriminación, y la garantía de carrera administrativa.
Por otro lado, la congresista Susel Paredes expresó su preocupación por la falta de criterios meritocráticos en la administración pública sin la Ley Servir. “Cada presidente que viene trae su gente, y cuando su gente no califica, bajan los perfiles. Hemos visto eso con Castillo y con Dina Boluarte,” argumentó Paredes, enfatizando la necesidad de profesionales que ingresen y asciendan por concurso para garantizar una carrera del servicio civil basada en la meritocracia.
Pronunciamiento de Servir
Al respecto la Autoridad del Servicio Civil emitió un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por las “graves repercusiones” que dicho proyecto tendría en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, entre los cuales se encuentran:
- Obstaculizará la implementación de un sistema reconocido internacionalmente por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ha calificado como fundamental para garantizar una carrera pública basada en el mérito.
- Afectaría los logros obtenidos para que el Perú cuente con políticas públicas orientadas a la modernización del Estado, la competitividad nacional, la integridad y la lucha contra la corrupción. Además, retrasaría el proceso de adhesión del Perú a la OCDE.
- Implicaría la interrupción del derecho de los servidores públicos y los ciudadanos a participar en concursos públicos basados en el mérito para ocupar cargos en el servicio civil.
El dato:
El Servir se creó en 2013 con el objetivo de administrar los recursos humanos del sector público. Su finalidad es también promover la reforma del Servicio Civil, fomentando un enfoque basado en el mérito para la selección de funcionarios públicos.
Política
Fiscalía presenta nueva denuncia constitucional contra Patricia Benavides por ‘encubrimiento agravado’, al beneficiar a su hermana Emma
Los hechos materia de esta nueva denuncia constitucional están referidos a las acciones que realizó Patricia Benavides para remover a Bersabeth Revilla del cargo de fiscal suprema provisional, quien investigaba a su hermana Emma Benavides Vargas.
La fiscal suprema Delia Espinoza presentó ante el Congreso de la República, una nueva denuncia constitucional contra la suspendida exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, por los presuntos delitos de falsedad genérica, encubrimiento personal agravado, omisión de funciones y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado, que los habría realizado en su condición de fiscal suprema titular.
Comunicado del Ministerio Publico que denuncia a exfiscal Patricia Benavides.
Los hechos materia de esta nueva denuncia constitucional están referidos a las acciones que realizó para remover a Bersabeth Revilla del cargo de fiscal suprema provisional, quien investigaba a su hermana Emma Rosaura Benavides Vargas y posteriormente, designar en su reemplazo al exfiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, con el fin de que disponga el sobreseimiento de dicha investigación.
Asimismo, por intentar impedir la detención de su exasesor Jaime Villanueva, así como desaparecer y ocultar las evidencias de los hechos delictivos en los que habrían intervenido ella y los presuntos integrantes de la organización criminal que lideraba, durante la ejecución dl operativo Valkiria V.
Política
Parlamento aprueba PL que obligaría a empresas de cable incluir canales de señal abierta en su parrilla [VIDEO]
Proyecto de Ley N.º 2844/2022- CR del presidente del Congreso, Alejandro Soto, no pasó por debate en la Comisión de Transportes.
El Pleno del Congreso de la República votó a favor del Proyecto de Ley N.º 2844/2022 -CR, que estaría obligando a las operadoras de cable a incluir dentro de su parrilla los canales de señal abierta, si estos lo solicitan.
Esta medida tiene como finalidad eliminar la decisión de las televisoras por cable en la selección de canales locales para su parrilla de programación.
Este PL, de autoría del actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Soto, fue aprobado en primera votación con un respaldo de 72 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones. Cabe mencionar que dicha iniciativa pasará a una segunda votación dentro de siete días para su ratificación.
Un detalle no menor es que el PL del congresista Alejandro Soto fue exonerado de la Comisión de Transportes y agendado directamente al Pleno, tras acuerdo de la Junta de Portavoces el pasado 14 de mayo del año en curso.
AFIN en contra de proyecto aprobado
Por su parte, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) emitió un comunicado de alerta luego que el pleno del Congreso, en primera votación, aprobó sustituir el Proyecto de Ley 2844, que propone incorporar los artículos 21-A y 21-B al texto único ordenado de la Ley de Telecomunicaciones.
“Sin importar el interés del consumidor que se ha suscrito a determinada programación según su interés. En ese sentido, se estaría obligando a los usuarios a pagar por la señal abierta de televisión cuando actualmente es gratuita. Lo más grave de esta situación es que esta incorporación se realizaría sin la existencia de un dictamen aprobado, pese a la oposición de distintas instituciones públicas”, expresó AFIN.
También se alertó que se trata de una intervención en los contenidos de las señales de programación de los operadores de TV paga y una imposición a los usuarios sobre qué deben o no ver, a pesar de haber pagado.
“La capacidad de las parrillas de TV paga es limitada, por lo que para cumplir con esta obligación tendría que retirarse contenidos que son del interés de los usuarios. Además, esta regulación es innecesaria dado que, si el usuario desea acceder a determinada señal de TV abierta, tiene la posibilidad de hacerlo a través de sistemas de sintonización de canales que permiten los televisores modernos”, finalizó.
Política
Congreso protege al gobierno y rechaza las tres mociones de vacancia contra Dina Boluarte
Al parecer, el objetivo de ambos Poderes del Estado es quedarse hasta el 2026. Las tres mociones de vacancia presentadas contra la presidenta de la República Dina Boluarte no fueron admitidas para el debate y fueron archivadas por no alcanzar el mínimo de votos requeridos.
Política
Pleno del Congreso aprueba creación de la Universidad de Arte Escénico
Proyectos de Ley 2300, 6793 y 6846 fueron aprobados por unanimidad.
Cada vez más personas buscan talleres donde explotar todo su talento, ya sea en la danza, la música o el teatro, recurriendo a plazas o centros comerciales para juntarse con otros jóvenes para ensayar. Resulta positivo que ahora los jóvenes inviertan su tiempo practicando danzas típicas o modernas, o que se desenvuelvan ante un público pasajero para escenificar una obra teatral.
A propósito de ello, el Pleno de Congreso ha aprobado, por unanimidad, el dictamen del proyecto de ley que propone la creación de la Universidad de Arte Escénico (UNAE), sobre la base de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro, ubicada en Lima.
Se trata de los Proyectos de Ley 2300, 6793 y 6846 de autoría de los parlamentarios Susel Paredes Piqué (CD-JP), Alex Paredes Gonzales (BMCN) y Waldemar Cerrón Rojas (PL), respectivamente. Obtuvo 100 votos a favor, cero en contra y 5 abstenciones.
El presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, José Balcázar Zelada (PB), explicó que la propuesta legislativa permitirá contar con docentes más calificados y mejor preparados, ya que todos sus profesores deben tener como mínimo una maestría para enseñar en los estudios de pregrado.
Agregó que en el país existe una gran cantidad de personas con inclinación en el arte y muchos ciudadanos persiguen su formación a través de instituciones que les permiten esta posibilidad de mejorar sus condiciones con el perfeccionamiento de sus calidades a través de un centro de instrucción de maestros que les puedan brindar conocimientos adecuados.
Por su parte, el Ministerio de Educación (Minedu), a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), se encargará de la elaboración de la respectiva guía de adecuación, a fin de elevar el nivel de formación artística en el país.
A su turno, Cerrón Rojas resaltó las diversas manifestaciones artísticas representadas en aquellas personas que hacen danza, música, canto y otros, por su disciplina y por su aporte a la cultura de nuestro país.
En tanto, Paredes Gonzales y Paredes Piqué coincidieron en señalar que el dictamen de creación de la universidad fortalece a la institución.
“En esta escuela, los profesores han estudiado en otros países donde existen los grados de magister, doctor, lo que se quiere es dar la categoría de universidad”, señaló la parlamentaria Susel Paredes.
El dictamen aprobado indica en sus disposiciones complementarias finales que la Universidad Nacional de Arte Escénico (UNAE) se financiará con el presupuesto asignado por el Estado a la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro.
Política
Bancadas de izquierda y No Agrupados consiguen los votos requeridos para presentar una moción de vacancia contra Dina Boluarte
Moción multipartidaria sostiene que la mandataria ha incurrido en una “permanente incapacidad moral” relacionado a los casos Rolex y ‘Waykis en la sombra’, entre otras conductas irregulares a su investidura.
Hace unos días la presidenta de la República, Dina Boluarte, manifestó que su intención es permanecer hasta el 2026 en el sillón de Pizarro, a pesar de que cada día van apareciendo más indicios de que ella habría cometido actos de corrupción gracias a favorecimientos indebidos de sus ‘waykis’. Ajena a la realidad de millones de peruanos, ella intenta crear una realidad alterna solo para el exterior, aseverando que existe un “gobierno fuerte”. Al parecer, tantas joyas en su cuello y brazos la han enceguecido de no percatarse que tiene en sus narices un país al borde del abismo.
Es así que las bancadas de Perú Libre y Cambio Democrático-Juntos por el Perú han presentado una nueva moción de vacancia contra la “mamá de todos los peruanos” para que se declare su “permanente incapacidad moral” por la desactivación del Equipo Especial de policías que prestaban apoyo al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
En la moción, se le acusa a Dina Boluarte de intervenir indebidamente en las investigaciones policiales y fiscales relacionadas con su familia. Por ejemplo, se cuestiona que el 7 de mayo Boluarte haya convocado al coronel PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), tan solo tres días antes de la detención de su hermano, para discutir temas relacionados con las investigaciones en curso.
Durante esta reunión, según trascendió, la presidenta realizó varias preguntas incisivas al coronel Moreno, como: “¿Por qué usted no ha puesto a disposición al coronel Harvey Colchado a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional?”. Se reporta que esta pregunta se refería a la destitución de Colchado como jefe de la Diviac después del allanamiento de la residencia de Boluarte en marzo de 2024, en el marco de un caso de relojes Rolex.
Los 28 congresistas que apoyan la moción (7 de Perú Libre, 8 de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, 4 del Bloque Magisterial, 2 de Perú Bicentenario, 1 de Podemos Perú, y 6 No Agrupados) afirman que Boluarte Zegarra ha violado varias disposiciones constitucionales y ha abusado de su posición para obstruir la justicia. También indicaron que la presidenta habría “cometido delitos utilizando indebidamente su cargo de jefa de Estado y de la Nación para tal efecto”. Añaden que la desactivación del equipo especial que apoyaba al Eficcop fue una maniobra para evitar la investigación de su entorno.
Como se recuerda, el Ministerio del Interior emitió la Resolución Ministerial 0610-2024-IN que desactivó el equipo policial de apoyo al Eficcop. Esta medida, según el ministerio, se tomó debido a la “duplicidad de funciones” entre este equipo y la Diviac. Sin embargo, la medida fue criticada por diversos sectores que la consideraron una forma de obstrucción a la justicia.
El dato:
Esta sería la sexta moción de vacancia contra la mandataria, las cinco anteriores no alcanzaron los votos requeridos para su debate y pasaron a su archivo.
Política
Juan José Santiváñez juramentó como nuevo ministro del Interior [VIDEO]
Abogado ingresa en reemplazo de Walter Ortiz, quien presentó su carta de renuncia a la mandataria tras 45 días al frente del Mininter.
El sexto en la lista. El abogado Juan José Santiváñez Antúnez juramentó hoy a las 2 de la tarde como nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter), reemplazando del renunciante Walter Ortiz, quien permaneciera poco más de un mes al frente de dicha cartera.
Santiváñez Antúnez, se desempeñaba hasta la fecha como viceministro de Orden Interno desde abril de este año, y en dos ocasiones anteriores (mayo 2020 y febrero – marzo 2024) fue jefe de gabinete de asesores en el Mininter.
El primer civil en asumir la jefatura del Mininter es un abogado que hasta este 16 de mayo se desempeñaba como viceministro de Orden Interno de dicho portafolio, cargo al que juramentó hace tan solo un mes en reemplazo del general PNP (r) Miguel Núñez Polar. Asimismo, se ha desempeñado dentro del Mininter como jefe del gabinete de asesores.
El letrado es egresado de la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con maestrías en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Según su hoja de vida, tiene también un máster en Litigación Oral por la California Western School of Law (USA), y máster en Acción Política y Participación Ciudadana por la Universidad Rey Juan Carlos (España), por la que obtuvo la calificación “Summa Cum Laude”.
Nuevo ministro del Interior y sus fuertes lazos con la Policía
Juan José Santiváñez fue abogado de miembros de la Policía en casos vinculados a presuntos actos de corrupción, como el del general general Héctor Petit Amésquita, implicado en la presunta adquisición a precio sobrevalorado de rancho policial y equipos de protección contra la Cco-19, en el 2020.
Santiváñez también fue abogado del general PNP José Figueroa, quien en 2018 fue señalado como presunto integrante de la organización criminal Los Intocables Ediles, vinculada al cobro de extorsiones a comerciantes ambulantes y liderada aparentemente por el exalcalde de La Victoria, Elías Cuba.
Asimismo, mencionó haber sido abogado “a nivel administrativo” de Enrique Prado Ravines y otros involucrados en el caso del Escuadrón de la Muerte, que entre 2012 y 2016 presuntamente llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales de sospechosos delincuentes.
En 2023, se supo de otros casos similares en los que Juan José Santiváñez actuó como abogado de tres generales de la Policía Nacional implicados en presuntos ascensos irregulares durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, en el 2021. Santiváñez Antúnez representó legalmente a Luis Enrique Legua Egocheaga, Eduardo Espinoza López y Fredy Aristo del Carpio, acusados de pagar una ‘coima’ para acceder a un ascenso.
“Son defensas que yo asumí en el ejercicio de mi profesión porque toda persona tiene derecho a su defensa”, manifestó en febrero de este año para RPP, luego de haber sido designado nuevamente como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, en la gestión del exministro Víctor Torres.
La poesía y la escuela
Alcaldes se adhieren al ‘blindaje’ de Dina Boluarte en medio de investigaciones por presunta organización criminal
IX Festival Nacional “Pianistas del futuro”
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