La foto de la discordia. Una fotografía difundida por RPP ha puesto de cabeza a la Policía y demás involucrados en la instantánea, entre ellos el empresario Guillermo Ruiz, quien ha negado formar parte de la organización criminal ‘Los Pulpos’ de la ciudad de Trujillo.

En dicha fotografía se puede apreciar a tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) junto a otros cuatro sujetos, los mismos que serían parte de ‘Los Pulpos’, entre ellos el empresario aludido.

Guillermo Ruiz, muy al contrario de las acusaciones, manifestó que en realidad dijo haber sido víctima de extorsión por parte de ‘Los Pulpos’, mencionando además que la foto fue tomada en mayo del año pasado por su amistad con los suboficiales presentes, quienes, según su versión, capturaron al tío del prófugo Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal.

Puntualizó que las personas a quienes el Gobierno vincula con la organización criminal son, en realidad, un contador y dos supervisores de seguridad que trabajan en sus empresas. Por ello, cuestionó la falta de una investigación adecuada antes de que el ministro del Interior haya emitido un “comunicado ligero”.

“Sería bueno que el ministro identificara quién está detrás de la difusión de esta foto. Soy un empresario que ha sido afectado por ‘Los Pulpos’, los he denunciado, eso es muy fácil de corroborar. Estoy trabajando con mis abogados y voy a denunciar a la PNP y al Mininter. Vamos a seguir hasta la última instancia”, afirmó.

Ministro Santiváñez piensa contrademandar a empresario

Por su parte, el titular del Mininter advirtió al empresario con tomar acciones legales de continuar con la denuncia.

“En el comunicado no nos hemos referido a ningún civil y, menos, al empresario o supuesto empresario, no conozco al señor. Nos hemos referido a los policías que, de acuerdo a la Ley de Régimen Disciplinario, van a ser sometidos a un proceso disciplinario”, indicó.

“Si el empresario va a demandar a la Policía, que lo haga, lo vamos a contrademandar nosotros, por una sencilla razón, en qué momento se le ha sindicado. Nosotros no lo hemos sindicado”, agregó.

La ferviente defensora del prófugo Vladimir Cerrón, la congresista María Agüero, ha presentado un Proyecto de Ley (PL) para que los medios de comunicación declaren quiénes son sus fuentes de financiamiento y si influyen de alguna manera en la denominada ‘línea editorial’.

La legisladora arequipeña, investigada por el caso ‘Mochasueldo’ explica en el artículo segundo del PL n.° 10208/2024 -CR la finalidad de esta iniciativa.

“La finaldiad de esta ley es garantizar que la ciudadanía disponga de información clara, precisa y verificables acerca de la estructura de propiedad, las fuentes de financiamiento y las actividades de los prestadores de servicios de medios de comunicación”.

Según la propuesta, los medios deberán informar sobre los montos recibidos, el origen de los fondos, y las condiciones específicas de los financiamientos, tanto nacionales como internacionales.

Este proyecto ha generado una fuerte oposición por parte del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), que lo califica de “regulatorio” y “persecutorio”. Rodrigo Salazar, director del CPP, criticó la propuesta, señalando que podría ser una venganza política de Agüero contra los medios que han informado sobre las presuntas irregularidades en su gestión. “Eso evidencia que lo que hay siempre en este tipo de proyectos de ley es una venganza contra aquellos que alertaron sobre los entes que tienen el poder y no lo ejercen bien”, sostuvo Salazar.

El proyecto, titulado Ley de Transparencia en la Propiedad, Financiamiento y Actividades de los Prestadores de Servicios de Medios de Comunicación, también establece que los medios deberán entregar al Poder Ejecutivo detalles sobre el origen de los fondos, sean públicos o privados, y la naturaleza de los acuerdos financieros. La medida busca garantizar que los medios operen de manera más transparente.

La propuesta ha dividido opiniones. Mientras algunos consideran que permitirá una mayor claridad sobre los intereses que influyen en los medios, otros temen que se convierta en una herramienta para controlar el contenido informativo y restringir la libertad de prensa en el país.

Los Boluarte en todas partes y en todo momento. Por si no fuera suficiente con su hermano Nicanor Boluarte ahora la abogada y también hermana de la mandataria, René Boluarte Zegarra, aparece como una de las principales asesoras de la recién constituida Junta Nacional de Justicia (JNJ), asumiendo desde el 6 de enero de 2025.

Cabe mencionar que la JNJ se encarga de la selección, ratificación y evaluación de jueces y fiscales en el país, muchos de ellos analizando diversas denuncias contra la actual jefa de Estado Dina Boluarte. Es por ello que ha causado gran preocupación que un familiar directo de la presidenta de la República se encuentre ocupando un cargo tan importante en la JNJ.

René Boluarte, quien tiene una vasta trayectoria en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ocupa ahora un puesto de asesoría de alta dirección en la JNJ. A lo largo de su carrera, René Boluarte ha trabajado en diversos puestos dentro del CNM desde su ingreso en 2001, lo que le otorga un conocimiento profundo de los procesos administrativos de la Junta. 

Sumado a todo eso, es importante refrescar la memoria que el actual pleno de la JNJ ha sido conformado por excolaboradores cercanos a la presidenta Dina Boluarte, como el exprocurador Gino Ríos Patio, quien fue designado presidente para 2025, y la excongresista de Podemos Perú María Teresa Cabrera, quien ocupa la vicepresidencia. La vinculación de estas figuras con el entorno político de la mandataria refuerza la percepción de que existe un intento de politizar el sistema judicial.

Más Bolaurte en el Estado

René Boluarte no es la única pariente de la presidenta con un cargo importante en el Estado. Su primo, Luis Campana Boluarte, así como su hijo, David Gómez Boluarte, son funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, su hermano, Nicanor Boluarte, ha sido denunciado por liderar una organización criminal, la cual habría instrumentalizado prefectos y subprefectos en favor de su partido político Ciudadanos por el Perú.

No es novedad que algunos medios tradicionales jueguen en pared con el Ministerio Público y algunos empresarios. En ese contexto, algunos diarios impresos sirven como caja de resonancia para señalar a diversos personajes políticos que en muchos casos les resulta incomodos.

Por ello, el Presidente del Consejo de Ministros y actual congresista Guido Bellido, mediante su cuenta oficial de X, se pronunció sobre la portada del Diario El Comercio, donde se señala que la Fiscalía pide 20 años de cárcel para los congresistas Guillermo Bermejo, Guido Bellido y 25 años de cárcel para Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.

Tras la publicación periodística, Bellido Ugarte mencionó: «Estamos en un país donde el Ministerio Público se ha convertido en una herramienta de persecución política. En lugar de combatir la delincuencia, persigue sin pruebas a quienes asumen responsabilidades públicas por elección popular. Durante la segunda vuelta electoral, fabricaron acusaciones de afiliación a organizaciones terroristas sin una sola evidencia».

Además, agregó: «Se supone que el Ministerio Público debe garantizar la legalidad y proteger los derechos ciudadanos, pero en realidad solo resguarda el orden corrupto que ha oprimido al pueblo durante siglos. Este caso será emblemático: una institución que jamás ha enfrentado la delincuencia porque muchos de sus integrantes son parte de ella. Si fueran serios, habrían archivado el caso. Saben que las acusaciones son falsas, pero siguen derrochando el dinero del pueblo con el cuento del terrorismo».

Tras casi cinco meses de haber sido suspendido, Rafael Muente Schwarz, retomó sus funciones como presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Su regreso se cumple tras el fallo a favor en segunda y última instancia administrativa de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Cabe recordar que Muente Schwarz asumió el puesto en la entidad de telecomunicaciones en 2017 y fue reelegido en 2022 para un segundo periodo. Sin embargo, su regreso se da en medio de una serie de cuestionamientos por haberse ejercido un presunto conflicto de interés a su favor.

Los tres miembros del tribunal que reincorporaron a Rafael Muente son sus amigos y colegas de la PUCP

El Tribunal de Servicio Civil (SERVIR) que el último 14 de febrero declaró NULA la Resolución emitida por la Comisión Ad Hoc de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que hace cinco meses sancionó con la suspensión y 365 días sin goce de haber a Rafael Muente Schwarz, lo conforman nada menos que Rolando Salvatierra Combina, como presidente de la Primera Sala del Tribunal de Servicio Civil; y los vocales de la Primera Sala del Tribunal de Servicio Civil, Orlando De Las Casas De La Torre Ugarte y César Efraín Abanto Revilla.

Aquí lo insólito es que los tres miembros del tribunal, además de ser abogados y colegas de la PUCP de Rafael Muente Schwarz, también son sus amigos y compañeros de trabajo. Es decir, firmaron la resolución que favorece a Muente Schwarz, incurriendo de esa manera en un grosero y presunto flagrante conflicto de interés, en lugar de haberse inhibido.  

¿Por qué la PCM suspendió a Rafael Muente Schwarz?

En septiembre de 2024 la PCM suspendió a Rafael Muente Schwarz por un año sin goce de haber, argumentando el uso indebido de fondos públicos en un programa de capacitación. Sin embargo, el Tribunal de SERVIR conformado por los amigos cercanos de Muente Schwarz acaba de anular esta medida al considerar que hubo una vulneración al debido proceso.

Por su parte, Muente Schwarz afirmó que el proceso en su contra careció de sustento legal, señalando que la contratación de la capacitación cumplió con todos los procedimientos establecidos y acusa que se cometió una ‘usurpación de funciones’ dentro de la propia PCM.

«Recordemos que por efecto de la decisión de Servir, ningún acto administrativo posterior o cualquier acto que persiga un efecto jurídico es válido, bajo responsabilidad. No me dejan alternativas sino proceder con firmeza en defensa del cumplimiento de la ley, ante lo que ya constituye usurpación de funciones», advirtió y acusó al premier Gustavo Adrianzén, de tener una actitud parcializada en su contra.

Tras este escándalo por un presunto conflicto de interés que apuntó a favorecer al abogado Rafael Muente Schwarz se exige una inmediata investigación administrativa y si fuera el caso, también de tipo penal.

La sentencia final contra el expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia se daría en el mes de mayo de este 2025 y con una posible condena de los acusados, según informó el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, e indicó que el caso permanece a cargo de su colega, el fiscal Germán Juárez Atoche. En esa línea, dio a conocer que ya se han acusado a 11 personas naturales y 2 personas jurídicas.

Fiscalía confía en la destrucción total de la presunción de inocencia

Asimismo, Vela Barba señaló que, tras los distintos pasos de los controles de legalidad judicial, se encuentran en el estadío de la defensa material de los acusados y que esta culminaría el próximo 5 de marzo, por ello señaló que el Ministerio Público confía en la destrucción total de la presunción de inocencia.

«Finalmente estamos en el estadío de la defensa material de los acusados que deberá culminar el 5 de marzo del 2025, con lo cual la expectativa de tener un pronunciamiento judicial de condena o absolución (…) emita la sentencia que corresponda. Pensamos que no debería de extenderse del mes de mayo», culminó.

Alista las maletas. El Poder Judicial (PJ) autorizó el viaje del ex congresista Kenji Fujimori, quien se ausentará del territorio nacional del 5 al 14 de marzo con destino a México.

«Autorizar el viaje internacional del sentenciado Kenji Gerardo Fujimori Higuchi, desde la ciudad de Lima Perú, hacia el país de México del 05 al 14 de marzo, debiendo retornar a la ciudad de Lima, Perú, al término de la fecha solicitada«, se lee en la resolución judicial.

El ex legislador, ahora alejado de la política, argumentó que ese viaje es “una oportunidad para fortalecer la unión familiar y matrimonial”, pues desde el 2018 él y su esposa no han podido viajar juntos al extranjero. Asimismo, fuentes cercanas al entorno Fujimori Higuchi mencionaron que el viaje tiene como propósito poder asistir a la boda de sus ahijados, participando en la ceremonia como padrino.

Liberado de prisión efectiva

Como se recuerda, el año pasado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dictaminó una condena de cuatro años y seis meses de prisión suspendida para Kenji Fujimori, al ser encontrado culpable del delito de tráfico de influencias reales agravado en perjuicio del Estado, esto en relación al sonado caso denominado como ‘Mamanivideos’.

El juez Manuel Luján Túpez detalló las razones por las que el tribunal supremo no aplicó la efectividad de la pena de cuatro años y seis meses contra Kenji Fujimori y los parlamentarios Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel.

“Resulta que entre una sentencia (año 2022) y la otra (dictada hoy) se emitió el Decreto Legislativo 1585 (noviembre de 2023) que tiene que aplicarse por favorabilidad, que es mandato del artículo 109 de la Constitución. Este decreto establece que, si la pena impuesta es menor de cinco años, esta puede ser suspendida, siempre y cuando los sentenciados cumplan los requisitos de ley”, afirmó. 

En este caso -agregó- los sentenciados Fujimori, Ramírez y Bocángel cumplían los requisitos y “porque la ley es igual para todos, sin diferencia, se dictó la pena suspendida y no efectiva”, precisó.

Asimismo, precisó que tales requisitos son: no tener antecedentes judiciales, cumplir con los mandatos de los órganos jurisdiccionales. “No se han fugado, han cumplido los mandatos que se establecían y, además, no existe ninguna conducta que hagan pronosticar que serán delincuentes consuetudinarios”, refirió.

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el informe final que recomienda acusar al exjefe de Estado Francisco Sagasti Hochhausler por presunta infracción constitucional y presunta comisión de abuso de autoridad, el cual propone inhabilitarlo para la función pública por diez años, de acuerdo con el artículo 100 de la Carta Magna.

La presunta infracción constitucional es por los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Carta Magna, y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, que está tipificada en el artículo 376 del Código Penal. Este obtuvo 18 votos favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones; en tanto, la propuesta de inhabilitación obtuvo 22 votos favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones.

A Sagasti Hochhausler se le acusa de haber emitido las resoluciones supremas que arbitraria e ilegalmente disponen el pase al retiro y que declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, así como la Resolución Suprema N° 094-2020-IN, que designa al nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú.

Las recomendaciones y la propuesta de inhabilitación se encuentran en el informe final sobre las denuncias constitucionales acumuladas 285, 287 y 369, que fueran formuladas por los congresistas Juan Burgos Oliveros (PP), José Ernesto Cueto Aservi (HyD), el ciudadano Orlando Velasco Mujica y otros.

El expresidente Francisco Sagasti Hochhausler Sagasti manifestó que la decisión de pasar al retiro al conjunto de oficiales de la policía estuvo estrictamente enmarcada en la Constitución y en las leyes vigentes en su momento.

Asimismo, sus ex ministros del Interior Rubén Vargas y José Elice también son acusados por el pase al retiro de los altos mandos policiales en noviembre del 2020.

Debido a que Rubén Vargas no compareció, solo se votó y aprobó la acusación constitucional e inhabilitación de José Elice. 

El ex ministro Elice dijo no entender por qué está incluido en esta acusación si en la fecha no era ministro del Interior, y calificó que estaba ante un proceso de juicio político, “cargado de más elementos políticos que jurídicos, porque la intención, sin duda, es evitar que en el escenario político actual, y en el ejercicio de sus derechos de participación política, algunas personas que pueden ser incómodas puedan postular a cargos de elección popular”