Política
Abogada Liliana Humala: “El señor Salas Arenas y los otros miembros del JNE han avalado un proceso ilegal”

A pocos días de las próximas elecciones generales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) viene ejerciendo un rol extremadamente cuestionable. Actualmente, el tribunal electoral solamente está deliberando con 4 miembros, y según la ley y la propia Constitución, tendría que estar conformada por 5 miembros, para asegurar la imparcialidad, en caso de presentarse un eventual empate en los votos que reflejen alguna decisión dentro del ente electoral, y así se pueda ejercer con coherencia el voto dirimente.
Ante esta preocupación, que de alguna manera pone en riesgo los resultados de la próxima contienda electoral, conversamos con la excandidata al JNE como representante del CAL, la abogada Liliana Humala de la Oliva.
A pocos días de las elecciones generales hay una preocupación sobre el rol cuestionable que está ejerciendo el JNE, considerando que aún está conformado por cuatro miembros y donde su presidente Salas Arenas, podría asumir una posición de dirimente. ¿Qué opina usted?
Bueno, yo siendo una ciudadana peruana siempre me han instruido y enseñado que se debe respetar la Constitución, porque uno tiene deberes y derechos y en uno de esos artículos de la Constitución que es la que rige el destino de todos los peruanos, está contemplado el tema del Jurado Nacional de Elecciones. El artículo 178º señala claramente cuáles son las atribuciones que tiene el JNE, y el 179º indica la composición del pleno. Eso quiere decir que la máxima autoridad del Jurado es el pleno, y este pleno debe estar conformado por 5 miembros; lo ha señalado claramente este articulado.
¿Entre esos miembros, está el representante del Colegio de Abogados de Lima?
Claro, porque el Colegio de Abogados de Lima es el colegio profesional más antiguo de la República; entonces, nosotros en ese trayecto somos muy respetuosos de la Constitución. Pero cómo es posible que el JNE solo con 4 miembros haya convocado a una elección nacional para elegir a un presidente que va a llevar el destino de un país por 5 años. Así el Jurado da un mal ejemplo de cómo no se respeta la Constitución, siendo ellos un organismo autónomo que debe ser respetuoso de la Constitución, ellos están violentando, flagrantemente esta situación. Y a cuatro días de las elecciones, tenemos una grave violación a la carta magna.
¿Y qué acciones se puede tomar?
Me he permitido como ciudadana peruana y representante de la sociedad civil, a denunciar no solamente internamente a través de la Presidencia del Congreso a la señora Mirtha Vásquez; además les he alcanzado esa denuncia a los 130 congresistas para que luego no digan que no se les dijo. Ahí tengo los cargos de todos los correos electrónicos institucionales. Y también he denunciado al JNE, ante el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y ayer en El Peruano ha sido publicada su participación en estas elecciones. También he denunciado ante el representante de la Federación Interamericana de Abogados (Fia); he denunciado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores; he enviado un correo al señor Hugo de Zela. También, he enviado correos a la OEA, a la ONU, y he cursado notas de prensa a todos los medios de comunicación nacionales.

Lo que sucede es realmente grave y la población no lo sabe.
Esto es escandaloso, y vuelvo a reiterar, si los organismos nacionales están en comparsa con esta organización criminal enquistada en el poder, entonces nos quedan los organismos internacionales y he pedido como peruana y exigimos a las autoridades internacionales que demuestren que realmente están viniendo a ser observadores y que van a tener una conducta transparente e imparcial con respeto a las libertades y que no se pretenda torcer la voluntad del elector, porque realmente esto está induciendo a favorecer a un determinado candidato. Esto es una clara demostración que estamos en un proceso allegado al fraude. Entonces ¿qué estamos esperando… vamos a destruir nuestro país de esta manera?
Sabemos que Salas Arenas no tiene antejuicio político; sin embargo, las doctoras Ávalos y Barrios no se pronuncian sobre este tema y menos la JNJ. Ahora, sobre otro tema particular, ¿por qué se frustró la elección del CAL?
Bueno, se ha frustrado claramente y lo vuelvo a reiterar: soy testigo claro de la organización criminal liderada por el genocida corrupto Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y no lo menciono de manera irresponsable; lo digo con conocimiento de causa. Durante el régimen del genocida Vizcarra, el año pasado en 6 ocasiones se señaló fechas para elegir a nuestro decano, y en esas 6 oportunidades las elecciones fueron frustradas por la exdecana María Elena Portocarrero. Si ella fuera una decana que no tuviera ese poder político del gobierno, no hubiese logrado frustrar la elección para elegir al decano. Estoy hablando de las elecciones presenciales, donde intervino incluso, el Ministerio de Educación cuando estaba de ministro el señor Martín Benavides; también intervino la Policía Nacional para bloquear los colegios, incluso intervinieron los alcaldes, porque el señor Vizcarra les dijo que si apoyaban al Comité Electoral de ese entonces (en el cual participé), no le iban a dar el presupuesto al alcalde de Pueblo Libre, que luego más adelante terminó en un proceso por corrupción. Entonces, las 6 veces se frustraron de manera presencial.

¿Y en la pandemia cómo fue?
Pasó esto de la pandemia y entre los que conformábamos el Comité Electoral, logramos hacer la elección virtual y ganó el doctor Villa Stein, pero como él es una persona que siempre ha hablado fuerte y claro, entonces, frustraron la asunción de su cargo. Nosotros le entregamos la credencial y cuando el doctor Villa Stein con la credencial y su Junta Directiva fueron al Colegio de Abogados a pedirle a la señora Portocarrero que saliera de la sede de Santa Cruz y le entregara el cargo, ella se valió de un abogado sinvergüenza que judicializó el tema del Colegio de Abogados y a pesar que el doctor Villa Stein ganó ampliamente, bloquearon la asunción de su cargo, con jueces corruptos y direccionados; ese juez corrupto se llama John Javier Paredes Salas y antes fue juez de paz, pero luego fue promovido por vara. A él las cuatro veces le tocó resolver los casos del CAL. ¿Y qué ha hecho este juez corrupto? Ha frustrado el ingreso del doctor para que hasta este momento no ingrese, porque todo lo ha declarado nulo, para nuevamente volver a realizar elecciones.
¿Usted cree que la doctora Portocarrero ha tenido un contubernio con Martín Vizcarra?
Por supuesto. Ella tiene fotos con Martín Vizcarra. Ella misma las ha colgado en las redes donde está bien abrazada con él. Ella tenía un familiar que trabajaba en el Ministerio del Interior y que también se apellida Portocarrero; todo es evidente. Mira, nosotros incluso escogimos el Campo de Marte para hacer la elección de los abogados y ahí ella también frustró todo, con una tropa de policías.
Entonces, se trata de más corrupción.
Tanto se quejaban de la corrupción del Consejo Nacional de la Magistratura, cuando en nuestras narices, ahora también tenemos corrupción. Yo he denunciado a Vizcarra Cornejo por genocidio el 29 de agosto de 2020, pero la señora Zoraida Ávalos hasta el momento esa denuncia la tiene guardada en su escritorio, ¿eso no es parte de un andamiaje o de la corrupción? A ver, la Junta Nacional de Justicia fue designada por quién, claramente sabemos que por Fernando Tuesta Soldevilla.

¿Se refiere al actual asesor del Presidente del JNE?
Fernando Tuesta Soldevilla trabajó en la ONPE y fue destituido e inhabilitado por corrupto, por haber metido a trabajar en un cargo de confianza a su mujer y ese hombre que estaba sentenciado y que estaba inhabilitado fue repuesto por el genocida Martín Vizcarra y lo puso como líder en la Comisión de Alto Nivel para la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura y que ahora se llama Junta Nacional de Justicia y en esa postulación se presentó el doctor Piero Corvetto para ONPE, y también se presentó un ciudadano para postular y ser candidato para el cargo en ONPE y éste dijo: “El señor Tuesta con el señor Piero Corvetto tienen relaciones familiares”, cuestionando así a la nueva Junta Nacional de Justicia, que en ese momento se convirtió en ciega, sorda y muda y de todas maneras nombraron al señor Piero Corvetto que antes estaba cuestionado. Entonces, mira cómo se van tejiendo los tentáculos de corrupción.
¿Me vas a decir que no hay corrupción en el país? cuando vemos claramente en estos momentos que en el JNE el señor Jorge Luis Salas Arenas representante del Poder Judicial, también tiene a su hermano Benjamín Salas Arenas, que trabajó con Martín Vizcarra en el 2014 en el Gobierno Regional de Moquegua, cuando Vizcarra le archivó un proceso administrativo. Dime si no hay tentáculos de corrupción, cuando la señora Roció Barrios Alvarado exministra de Vizcarra es hermana de la Presidenta de la Corte Suprema Elvia Barrios Alvarado, y además es la primera mujer en la historia que está dejando mal a la institución.

Entonces, todo es una componenda
Sí. El señor Salas Arenas y los otros miembros del JNE, y te lo digo como primicia, en estos momentos han avalado un proceso ilegal e ilegitimo. Por lo tanto, exijo a través tuyo que esos cuatro miembros del Jurado se vayan y elijan a un nuevo representante del Poder Judicial, un nuevo representante del Ministerio Público, un nuevo representante de la universidad particular y un nuevo representante de las universidades del Estado, y según lo que me han informado: que como yo he denunciado esto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante todas las organizaciones internacionales que están inmiscuidas en el tema del proceso electoral que se va a llevar a cabo el día domingo, me parece que la comunidad internacional también está en complicidad; significa que este andamiaje… ya no estamos hablando solo de un tema nacional; estamos hablando de un tema internacional, donde la corrupción ya mueve otros hilos, incluso con intereses económicos dentro del país. Entonces, todos esos miembros tienen que irse afuera de una vez, porque se supone que van a elegir al representante del Colegio de Abogados a fines del mes de abril, para que ingresen a trabajar en junio de este año.
¿Usted cree que este domingo se va a terminar de consumar el fraude electoral?
Por supuesto.
¿Y qué va a pasar?
Bueno, nosotros ya hemos diseñado nuestra estrategia. Estamos viendo cómo haremos los actos preparatorios a la consumación; y la consumación va a ser el 28 de julio. Ese día los peruanos nos vamos a poner de pie, porque vamos a ejercer nuestro derecho a la insurgencia, porque no vamos a permitir que nuevamente se quieran apoderar y se quieran perpetuar en su organización criminal, que está ya al desnudo.
Finalmente, ¿usted confía en la vía supranacional; cree que realmente van a resolver este conflicto?
Si ya yo he denunciado ante la OEA con fecha 2 de abril. El 5 de abril denuncié ante la ONU, y ante la Federación Interamericana de Abogados; he denunciado ante el Ceela. He denunciado ante todas las autoridades internacionales y no han dicho absolutamente nada. Ya casi es domingo y dónde están los expertos electorales de Latinoamérica que ya están aquí en Perú, porque ayer ha salido publicado en El Peruano y ellos me contestaron que han recibido mis correos, pero no dicen nada. O sea, ellos están avalando lo que pasará este domingo. Espero que entre hoy y el sábado, la comunidad internacional se pronuncie; porque, de todas maneras, voy a seguir diciéndoles a mis compatriotas de que ya no podemos permitir que esta situación siga avanzando, porque los peruanos tenemos que saber defender nuestros propios derechos.
Política
Corrupción sin freno en Ayacucho: funcionarios públicos enfrentan miles de denuncias
Actualmente, existen más de 2,500 casos de corrupción registrados en entidades públicas de Ayacucho.

La corrupción en las entidades estatales de Ayacucho se ha convertido en una plaga creciente y normalizada. Actualmente, existen más de 2,500 casos registrados, lo que refleja no solo la ineficacia del control público, sino también el enquistamiento de redes ilícitas en todos los niveles de gestión.
Durante una sesión extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo y Control Concurrente del Congreso, presidida por el legislador José Luna Gálvez (Podemos Perú), se evidenció la magnitud del problema. Funcionarios de distintas instituciones de Ayacucho expusieron la alarmante situación de sus entidades, reconocieron la fragilidad de los mecanismos de control y la limitada capacidad de sanción efectiva.
Yoshio Mabel Valenzuela Retamozo, representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Ayacucho, informó que existen 2,586 casos activos por corrupción, incluyendo 370 casos en etapa de ejecución de sentencias condenatorias con reparación civil. Los delitos más comunes: colusión, peculado, negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho. En resumen, el catálogo completo de la corrupción administrativa.
El congresista Luna reconoció la gravedad del fenómeno, señalando que se necesita “control concurrente real y sanción efectiva”. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la débil acción del Estado frente al avance sistemático de la corrupción en regiones históricamente desatendidas.
Por su parte, Víctor Oriundo, procurador del Gobierno Regional de Ayacucho, reveló que solo en esa entidad existen 778 casos de presunta corrupción, de los cuales 422 ya están camino a sentencia. Una cifra que habla por sí sola sobre la magnitud de la podredumbre institucional.
Ayacucho es un ejemplo más de cómo la corrupción no solo erosiona recursos, sino que perpetúa la desigualdad, deslegitima al Estado y posterga el desarrollo. La lucha anticorrupción no puede seguir siendo solo una promesa política: requiere voluntad, transparencia y sanciones ejemplares.
Política
Caso «Cofre»: Comisión de Fiscalización avanza hacia vacancia de Boluarte pese a blindaje político
El informe expone presuntas coordinaciones indebidas de la presidenta Dina Boluarte, agravando su situación por posible uso del poder para encubrir actos ilícitos. Sin embargo, su avance en el Congreso es incierto: bancadas como Alianza para el Progreso han sido un escudo clave para evitar su caída.

Con nueve votos a favor, tres en contra y una abstención, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó este viernes el informe final sobre el escándalo del denominado «Cofre Presidencial», que apunta directamente a la presidenta Dina Boluarte por presuntas irregularidades que configurarían incapacidad moral permanente, causal de vacancia según el artículo 113 de la Constitución.
El informe, liderado por el congresista Juan Burgos, señala presuntas coordinaciones indebidas por parte de la mandataria, incluyendo actos en un condominio distinto al complejo Mykonos —ya vinculado a investigaciones anteriores— lo que agrava la situación y refuerza sospechas de uso indebido del poder para encubrir posibles actos ilícitos.

Entre las recomendaciones del documento se incluye el otorgamiento de facultades de comisión investigadora, una reforma del reglamento del Congreso para fortalecer su rol fiscalizador, y la evaluación de una posible infracción penal por parte de Boluarte Zegarra. También se plantea que el Pleno debata una eventual vacancia como respuesta constitucional frente a las irregularidades detectadas.
Sin embargo, la posibilidad de que este informe prospere más allá del debate parlamentario parece lejana. El Congreso, que debería actuar como contrapeso institucional, ha sido uno de los principales escudos políticos del régimen de Boluarte. Bancadas como Alianza para el Progreso (APP), pese a su retórica ambigua, han sostenido una postura funcional al Ejecutivo, blindando sistemáticamente a la presidenta de cualquier consecuencia real.
Lo mismo ocurre con otras agrupaciones que, tras bambalinas, negocian cuotas de poder a cambio de su silencio o abstención. El Congreso no solo ha fracasado en su deber de fiscalización, sino que se ha convertido en cómplice activo de la parálisis moral que atraviesa el país. El voto en contra de APP al informe, es solo el último episodio de una alianza tácita que prioriza intereses partidarios sobre el bienestar nacional.
Mientras la ciudadanía asiste con escepticismo a este nuevo episodio de impunidad, el equilibrio de poderes sigue en entredicho. La crisis no es solo de la presidencia: es del sistema político entero, corroído por pactos de impunidad y carente de liderazgo ético.
Política
Cruzó la línea: se le viene la noche a ministro Fabricio Valencia por recorte de reserva de las líneas de Nasca
Titular del Mincul tendría que acudir al Congreso para responder un pliego de 11 preguntas por permitir la reducción de 2400 km. en zonas protegidas de las líneas de Nasca.

No una, ni dos, sino ¡tres mociones de interpelación! El titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Fabricio Valencia, acaba de cometer un gravísimo error que le podría costar su cargo al reducir considerablemente (2,400 kilómetros cuadrados) la zona correspondiente a la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.
El ministro Valencia aprobó tal disminución, mediante la Resolución Viceministerial n.° 00128-2025-VMPCIC/MC publicada en el diario El Peruano, pese a que en setiembre pasado se advirtió la presencia de mineros ilegales cerca de la zona protegida.
Es por ello que congresistas de distintas bancadas llegaron a presentar hasta tres mociones de interpelación contra el titular de Cultura, teniendo que presentarse en el Parlamento para responder un pliego de 11 preguntas relacionadas a tan bochornosa reducción. Una de ellas se refiere al sustento técnico, científico y legal del recorte del sitio reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; y otra, a si el portafolio coordinó con la Unesco la modificación del territorio arqueológico, donde se han hallado más de 800 figuras geométricas, antropomorfas, zoomorfas, entre otras.

De conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y los incisos a) y b) del artículo 83 del Reglamento del Congreso, en la siguiente sesión del Pleno se consultará la admisión de la moción de interpelación.
¿Ministro Valencia presionado por los mineros?
Resulta llamativo que la principal autoridad de Cultura del país, quien en teoría debería de estar encargada de velar y proteger nuestro patrimonio cultural, sostenga que tal recorte no llegará a afectar el valor ni las características de la reserva arqueológica.
En tal sentido, el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú viene exigiendo la inmediata destitución del titular del Mincul, argumentando que desde su cartera se viene promoviendo la afectación de nuestro patrimonio cultural.
Asimismo, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) resaltó que justo esa área recortada coincida con el petitorio de decenas de mineros para la explotación de la zona.
En un pronunciamiento, la organización destacó que ha “identificado que en el área excluida no solo existen 57 concesiones tituladas y 165 petitorios mineros, sino que, además, a pocos días de la decisión gubernamental, se han presentado ante el Ingemmet al menos 58 nuevos petitorios mineros en la zona arqueológica excluida, generando mayor presión sobre esta área sensible”.
El dato:
En caso de que sus respuestas no resulten satisfactorias, el Congreso de la República podría respaldar una eventual censura contra el ministro del régimen de Dina Boluarte.
Política
Fabricio Valencia Gibaja: entre órdenes de servicio y minería informal
El escándalo de Shirley Hopkins y el recorte del perímetro de las Líneas de Nasca y Palpa han convertido al ministro Fabricio Valencia en un fusible quemado a favor del clientelismo y la minería informal.

En medio de una creciente indignación nacional, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, enfrenta duras críticas por dos decisiones emblemáticas de su cuestionada gestión: la reducción del perímetro protegido de las Líneas de Nasca y Palpa, y las jugosas órdenes de servicio a la señora Shirley. Ambos casos exponen una alarmante tendencia: el debilitamiento institucional del Ministerio de Cultura y el avance de intereses privados, incluso ilegales, sobre el patrimonio cultural del país.
Nasca y Palpa: el tijeretazo al patrimonio
Una de las medidas más escandalosas del ministro Valencia fue la drástica reducción en un 42% del área protegida de las Líneas de Nasca y Palpa, pasando de 5,600 a 3,200 kilómetros cuadrados. Esta área, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, alberga cientos de geoglifos milenarios que aún no han sido completamente estudiados.
Según el ministro, la decisión responde a un “proceso de optimización técnica”, supuestamente respaldado por estudios internacionales. Pero el Colegio de Arqueólogos del Perú y diversas organizaciones patrimonialistas han calificado esta medida como irresponsable y servil a intereses extractivos.

Reducir el área protegida es abrirles la puerta a los mineros informales que desde hace años intentan ingresar a esa zona. No hay justificación científica ni técnica que respalde semejante atentado. Lo que hay es una larga lista de empresas mineras que vienen acechando la zona con vínculos al partido Alianza Para el Progreso de César Acuña.
El nuevo perímetro excluye zonas con presencia de geoglifos no mapeados y áreas que desde hace décadas estaban en proceso de conservación. Como resultado, la actividad minera informal ha comenzado a avanzar peligrosamente hacia sectores antes resguardados, según informes locales. Altos funcionarios del Ministerio de Cultura señalan que detrás de esta maniobra estaría el acalde de Nasca, Jorge Bravo (APP), y un grupo de mineros con vínculos políticos que operan en la región de Nasca.

Alcalde de Nasca, Jorge Bravo.
El caso Shirley Hopkins: miles de soles sin título universitario
Otro de los episodios que ha revelado el deterioro ético en la gestión de Valencia es la contratación de Shirley Hopkins, quien fue contratada para un puesto clave del sector Cultura sin contar con título universitario, lo que violaría la Ley Servir y los lineamientos del propio Ministerio.
Pese a las advertencias internas y la denuncia en Lima Gris, el ministro primero defendió públicamente su nombramiento, alegando experiencia en el sector. Sin embargo, en nuestra investigación revelamos que Hopkins no solo carecía del título profesional exigido, sino que tenía un vínculo previo con miembros del entorno político del ministro, lo que refuerza las sospechas de un caso de favoritismo político encubierto.

Esta contratación fue la gota que colmó el vaso para varios sindicatos del sector, que denunciaron una “política de nombramientos a dedo” en diferentes direcciones regionales de Cultura, entre ellas la de Cusco, donde el intento de imponer al controvertido Régulo Franco también provocó protestas laborales.
Ayer los trabajadores del Ministerio de Cultura de Cusco realizaron un paro de 24 horas, una advertencia que anunciaría la caída de los oscuros negocios digitados desde Palacio de Gobierno.
Una gestión a espaldas de la cultura
La gestión de Fabricio Valencia Gibaja está siendo cada vez más percibida como opaca, ineficaz y favorable a intereses ajenos al sector cultural. Todo esto a que pesar que su padre fue un arqueólogo respetado y su madre es una antropóloga que hasta el momento continúa sin pronunciarse sobre la gestión de su hijo.
A ello se suma su estilo autoritario, evidenciado en los múltiples conflictos con trabajadores del Ministerio y en las decisiones unilaterales que han derivado en protestas, paros y demandas judiciales, como ocurrió en el caso de la venta de boletos para Machu Picchu.
El ministro, lejos de corregir el rumbo, ha optado por minimizar las críticas y aferrarse al cargo, blindado políticamente por sectores del Ejecutivo que ven en él una ficha útil para facilitar concesiones y recortes en zonas estratégicas. Antes defendía el patrimonio y ahora desde el piso ocho de la sede central del Mincul parece que su tarea es lotizar nuestro legado cultural.
El caso de las Líneas de Nasca y Palpa y la designación de Shirley Hopkins no son hechos aislados, sino síntomas de una política cultural desvirtuada. En lugar de fortalecer la protección del patrimonio y profesionalizar la gestión, el ministro Fabricio Valencia Gibaja parece empeñado en desmantelar lo avanzado, abriendo camino a la informalidad, el clientelismo y el debilitamiento institucional.
En tiempos donde el Perú necesita reafirmar su identidad y proteger su riqueza histórica, la pregunta cae por su propio peso: ¿al servicio de quién está el Ministerio de Cultura bajo la gestión de Valencia?
Política
El turismo en Loreto: El gobernador y su estado de emergencia
El pedido de estado de emergencia por parte del gobernador de Loreto levanta sospechas, pues es de conocimiento público que en un estado de emergencia las compras y contrataciones se realizan sin licitación, abriendo la puerta a posibles actos de corrupción y al despilfarro de dinero. Aquí una muestra del manejo del dinero en la gestión de René Chávez.

Según el último informe emitido por el Banco Central de Reserva del Perú, sucursal Iquitos, el turismo no destaca como actividad primaria en la economía regional, como sí resaltan los sectores agropecuario, pesquero y minero. El sector turístico no se puede evidenciar como actividad de primera importancia. Estos datos reflejan la cruda y veraz condición económica del turismo y que la autoridad regional nunca tuvo el mínimo interés por desarrollar la industria sin chimenea. Es decir, asumió la gobernación sin tener un plan estratégico de desarrollo turístico para Loreto. Y esta aseveración cobra fuerza al apreciar los cuadros estadísticos.
Este mal manejo del turismo debe quedar marcado como precedente para la población electoral y no dejarse sorprender ante tanto parlanchín que se ufana y enarbola la bandera del turismo como herramienta de solución a los problemas económicos de la región. Definitivamente, el gobernador René Chávez tiene una distorsión de la valía del turismo, que no es como él lo viene promocionando con juane y chicha, con fiesta y farra, y con tufillos populistas y demagógicos con sonido a campaña electoral.

Gobernador Regional de Iquitos René Chávez.
Al parecer, de nada le sirvió su estancia en Cuba, ya que es un país que genera divisas por el turismo y la salud, a través de la hotelería hospitalaria; sin embargo, la región Loreto se encuentra en unidad de cuidados intensivos en ambos sectores. El gobernador Chávez debe saber que cada rincón o provincia de la región Loreto guarda atractivos culturales, naturales y de apoyo que son claves para poder diseñar corredores turísticos, ya que esta región guarda la más grande riqueza en biodiversidad en sus bosques y ríos, cultura y tradición en sus 33 pueblos originarios y una belleza arquitectónica en la zona monumental de la ciudad de Iquitos que no la tiene ninguna otra región o ciudad amazónica peruana.
Ante los últimos hechos deplorables a turistas en el río Amazonas, los asesores y comunicadores del gobernador que desfilan semanalmente por su despacho, deberían susurrarle al oído que es en vano recurrir a poses plañideras y querer estigmatizar con campañas orquestadas de animadversión a cada mando policial y, más aún, pretender castigarles con el destierro, como si ellos fueran los grandes responsables de las malas decisiones de su gestión que, sospechosamente, excusa al alto mando de la V Zona Naval ya que son los responsables directos de patrullar los ríos amazónicos.

Requena.
El gobernador loretano debe hacerse un mea culpa por las mentiras, medias verdades y la falta de atención al sector turístico, porque desde que inició su gestión restringió el presupuesto a la oficina de GERCETUR, o “confía” partidas de inversión a personas leales a su interés, como es el caso de “arreglos y mejoras en Quistococha” y la “fiesta del juane y su chicha”. Asimismo, mantuvo distanciamiento frontal con los miembros de la CARETUR, pues, irrisoriamente, “inauguró” con matracas y serpentinas un vuelo comercial a la ciudad colombiana de Leticia, pero nunca más volvió a despegar o aterrizar alguna avioneta o avión que nos conecte con la ciudad fronteriza; además, asigna fondos económicos a una oficina improductiva de la marca “Loreto”, donde funcionarios de turno, desde su creación hasta la fecha, despilfarraron o usaron irracionalmente el dinero. El gobernador Chávez debe entender y asumir que fue elegido para liderar una de las regiones más grandes del Perú que lo conforman 8 provincias, y en cada una de las mismas debería funcionar una oficina de turismo de enlace con GERCETUR debidamente implementado con personal capacitado, herramientas tecnológicas y presupuesto asignado que hasta la fecha no se hace.
Los empresarios de turismo de la región Loreto han unido sus voces para decir ¡basta ya! de estar quejándose y pidiendo suspicazmente “estado de emergencia” para la región, que no hará más que ahuyentar a los pocos turistas que llegan y, por consiguiente, sufrirían pérdidas económicas. Pero, por supuesto, esa suerte no correrían los funcionarios públicos del gobierno regional para hacer las compras o adquisiciones directas sin licitación. Es importante, que la población conozca que el año 2024 el gobierno regional de Loreto recibió del Estado S/. 1, 103 millones de soles, y ejecutó 969 millones de soles, de los cuales invirtió en el sector turístico 77 millones, menos del 10% del monto total recibido y que fue distribuido de la siguiente manera: 34 millones de soles en el Centro Ferial y Turístico de Yurimaguas, 21 millones en el Boulevard de Requena, 12 millones en la Marina Turística en Iquitos, 4,4 millones de soles en construcción de un corredor, casetas y oficinas para información turística en Quistococha, 3 millones en creación y mejoramiento de los servicios públicos en la zona monumental de Iquitos, 2,6 millones soles en mejoramiento de servicios públicos en la Plaza San Francisco de Asís de Requena y otros dos montos de menor inversión, tal como se puede observar en la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fuente: MEF.
Esta noticia fue recibida con sorpresa por algunos empresarios de turismo porque hasta la fecha en algunos casos no se colocó ni un ladrillo o hay una evidente desproporción de lo manifestado con la realidad. Hubiese hecho bien invertir en promocionar el destino en ferias nacionales o extranjeras como de Madrid (España), Berlín (Alemania) y Anato (Colombia), entre otros escenarios.
Estamos seguros que los amazónicos le van a exigir al “médico del pueblo” con mayor presupuesto otorgado por el Estado, para que se ponga a trabajar por la Amazonía en el poco tiempo que le queda y deje de ser berrinchudo con su pedido de “estado de emergencia”. Por otro lado, está en la obligación de esclarecer y rendir cuentas de los desembolsos millonarios que viene haciendo en el sector, porque si no logra sincerar las inversiones que ejecutó el año 2024 (sin revisar de años anteriores), automáticamente se sumará una nueva carpeta en la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público a su abultado legajo de investigaciones que recaen sobre él desde que fue alcalde de la provincia del Datem del Marañón, y lamentablemente tendrá el mismo final de los anteriores gobernadores de la región Loreto.
Política
Reelección de gobernadores y alcaldes se definirá mediante referéndum
Anoche pleno del Congreso no alcanzó los 87 votos requeridos para modificatoria constitucional y ahora deberá ser el pueblo quien decida si vuelve la reelección.

Un Congreso deslegitimado aprobó ayer, en primera votación, la reelección inmediata de gobernadores regionales y alcaldes, sin embargo, al no alcanzar los 87 votos requeridos, ahora tendrá que someterse a un referéndum la reforma constitucional.
Al alcanzarse solo 77 votos, la reforma de la constitución deberá ser vista por la población. Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, criticó severamente que esto pase por un referéndum, calificando tal vía como “absurda” pues implicaría “gastar una enorme cantidad de dinero”.
“Se ha presentado una reconsideración y, por lo tanto, el proyecto ha quedado en pausa, como el anterior. En la legislatura pasada se votó un proyecto idéntico de reelección de gobernadores y alcaldes, pero que tenía la eliminación de movimientos políticos. Esta vez ya no iba con los movimientos regionales, no tenía nada que ver. Solamente elección de gobernadores y alcaldes, cosa que hubiera sido muy positiva porque permite una mejor gestión y, además, una carrera política”, sostuvo para Canal N.
Alcaldes y gobernadores en ejercicio podrían volver a ser elegidos
El texto sustitutorio propuesto modifica los artículos 191 y 194 de la Carta Magna para permitir que gobernadores y alcaldes puedan postularse nuevamente tras su mandato de cuatro años, estando posibilitados los actuales gobernadores y alcaldes en ejercicio, como por ejemplo el gobernador regional de La Libertad, César Acuña o el burgomaestre capitalino Rafael López Aliaga.

Opiniones de los congresistas
El congresista Rospigliosi alegó que la reelección de autoridades no constituye un derecho fundamental, sino una decisión política, tal como ha reconocido el Tribunal Constitucional. “Posibilita la implementación de proyectos de desarrollo mediano y largo plazo, además, fomenta la profesionalización de la política”.
Por su parte, la congresista Ana Zegarra (SP), presidenta de la Comisión de Descentralización, señaló que la reelección permitirá que se concluyan proyectos que no son considerados por las nuevas autoridades. “Hay que darle la oportunidad, pues quien finalmente los elige son los electores”, dijo.
A su turno, Alejandro Cavero (Avanza País) manifestó que la reelección no es un derecho de los alcaldes, sino de los ciudadanos, pues es la libertad de poder decidir si un alcalde ha hecho bien o no su gestión y merece un periodo adicional.
En tanto, el parlamentario Alejandro Muñante (RP) dijo que la reelección de alcaldes no ha sido un problema, porque no ha superado el 20%, es decir, no todos los que querían una segunda oportunidad ganaban.
Por otro lado, el congresista Luis Aragón (AP), en representación de los autores de un dictamen en minoría, planteó que la reelección de autoridades municipales y regionales sea a partir del 1 de enero del 2027.
Política
Escandalosa designación del Presidente de EsSalud es revelada en contundente informe de Contraloría
Pese a las graves observaciones de la Contraloría sobre la designación irregular de Segundo Acho Mego como Presidente Ejecutivo de EsSalud, la entidad ha emitido un comunicado que, lejos de rendir cuentas y corregir, busca blindarlo con argumentos insostenibles, alimentando la impunidad desde lo institucional.

Un reciente informe de la Contraloría General de la República (Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 003-2025-2-0192-AOP) ha dejado al descubierto una grave irregularidad en el nombramiento de Segundo Cecilio Acho Mego como Presidente Ejecutivo de EsSalud. El funcionario presentó constancias laborales emitidas por clínicas privadas que carecen de respaldo documental, lo que pone en duda su experiencia profesional y lo inhabilitaría para ejercer el cargo que actualmente ostenta. A esto se suma una inhabilitación vigente del Colegio Médico del Perú posterior a su designación, lo que agrava la situación y compromete la legalidad del proceso, así como los principios de idoneidad, veracidad y probidad que deben regir en la administración pública.

Designación cuestionada desde el origen
La Resolución Suprema N.º 003-2025-TR del 8 de marzo de 2025 formalizó la designación de Segundo Cecilio Acho Mego como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud, en calidad de Presidente Ejecutivo, con el respaldo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). No obstante, el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de EsSalud establecía una serie de requisitos obligatorios que el funcionario debía cumplir para asumir dicha responsabilidad.
Entre estos requisitos figuraban: contar con título universitario profesional, estudios de maestría, colegiatura y habilitación vigente en el Colegio Profesional correspondiente; además de conocimientos técnicos y diplomados de al menos 90 horas, manejo de ofimática e inglés básico. Pero lo más crítico: se exigía una experiencia laboral general mínima de ocho años y una experiencia específica de cinco años en cargos directivos o jerárquicos equivalentes en el sector público o privado.

La documentación bajo la lupa
El 19 de marzo de 2025, apenas días después de la designación, el Órgano de Control Institucional (OCI) del MTPE solicitó a la Secretaría General del ministerio el expediente completo que tuvo a la vista el ministro Daniel Maurate para respaldar la designación de Acho Mego. La jefatura de Recursos Humanos del MTPE respondió el 24 de marzo remitiendo enlaces con el currículum vitae documentado del funcionario y un informe fechado el 6 de marzo, que concluía que Acho cumplía con los requisitos establecidos en el MPP. Sin embargo, la verificación de los documentos presentados reveló inconsistencias notables.
Acho Mego incluyó tres constancias laborales emitidas por el Hospital Nacional Cayetano Heredia, la Clínica Megasalud Naranjal SAC y la Clínica CORI SAC, que supuestamente acreditaban cinco años, cuatro meses y trece días de experiencia en cargos directivos. Pero un análisis más profundo mostró que solo una de estas entidades —el Hospital Cayetano Heredia— lo registraba en planilla electrónica como trabajador dependiente.

Clínicas sin evidencia contable ni contractual
Ni Megasalud Naranjal SAC ni la Clínica CORI SAC registraron a Acho Mego como trabajador en planilla electrónica. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), a través de su base de datos, confirmó que no existió retención de impuestos de cuarta categoría (honorarios) ni de quinta categoría (planilla) por parte de estas clínicas durante los períodos en los que supuestamente el funcionario laboró como director médico.

El vacío es rotundo: no se emitieron recibos por honorarios, no hubo contrato escrito, no existió registro contable de pagos ni documentación firmada por el médico en funciones. La relación laboral fue verbal y carente de cualquier evidencia que demuestre la prestación efectiva de servicios. En resumen, las constancias emitidas por las clínicas carecen de sustento probatorio.
El reglamento de comprobantes de pago es claro: toda prestación de servicios profesionales debe estar respaldada por un recibo por honorarios. Sin embargo, entre el 15 de junio de 2010 y el 14 de diciembre de 2010, y entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de marzo de 2020, no se registró pago alguno a favor de Acho Mego por parte de las clínicas mencionadas. La Sunat lo confirma, y las clínicas no pueden probar lo contrario.

Sin pruebas, sin méritos suficientes
El OCI del MTPE ofició directamente a las clínicas involucradas el 14 de abril de 2025, solicitando detalles sobre el tipo de contrato, la jornada laboral y documentos suscritos por Acho Mego en calidad de director médico. La respuesta fue tan alarmante como reveladora: reconocieron que la relación contractual fue “verbal”, que no hubo horario de trabajo definido y que no conservaban ningún documento firmado por el médico en funciones.
Esta ausencia absoluta de pruebas desarma la principal evidencia presentada por el funcionario para acreditar su experiencia específica. Según el informe de Servir, en estas condiciones, las constancias no pueden ser válidas ni utilizadas para respaldar el ejercicio de funciones directivas.
En consecuencia, de los cinco años exigidos por el MPP como experiencia específica, el funcionario solo podría acreditar tres años, cinco meses y once días —correspondientes a su paso por el Hospital Nacional Cayetano Heredia—, lo cual lo deja fuera del umbral mínimo requerido para ocupar el cargo de presidente ejecutivo de EsSalud.

Una inhabilitación que agrava la situación
Por si fuera poco, al momento de su designación, Segundo Acho Mego presentó una captura de pantalla que supuestamente acreditaba su condición de médico habilitado ante el Colegio Médico del Perú. Pero esta información también fue desmentida. El propio colegio profesional, a través de la carta N.º 002469-2025-CMP-CN-SG, remitida el 5 de mayo de 2025, informó al OCI que el funcionario se encontraba en condición de “NO HÁBIL” desde el 1 de abril de 2025, es decir, a menos de un mes de asumir el cargo. El 9 de mayo, la consulta en línea al portal “Conoce a tu médico” confirmó que esta condición no había cambiado.

Esta inhabilitación compromete seriamente la legalidad del nombramiento. El MPP exige colegiatura y habilitación vigentes como requisitos fundamentales para ejercer funciones de dirección en una institución de salud pública. La falta de habilitación no es un error administrativo menor: es una infracción que atenta contra la integridad del sistema público de salud y, en última instancia, contra los derechos de los asegurados.
Silencio institucional y responsabilidades pendientes
La gravedad del caso no ha sido respondida con celeridad. Hasta la fecha de emisión del informe de Contraloría, la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte, entidad vinculada al cargo ejercido por Acho Mego, no había respondido a los oficios remitidos el 22 de abril y el 8 de mayo. La omisión institucional podría interpretarse como falta de voluntad para aclarar o corregir una designación claramente viciada.
El informe de Contraloría no deja margen de duda. Existen elementos suficientes para afirmar que Segundo Acho Mego no cumplía con los requisitos esenciales del puesto. Las clínicas no pueden probar que haya trabajado para ellas. Sunat no tiene registros de pagos. El Colegio Médico certifica su inhabilitación. El MTPE evaluó documentos cuya validez es, como mínimo, cuestionable. Y el silencio institucional refuerza la sospecha de una posible red de encubrimiento.
Un caso que exige consecuencias
Ante este escenario, la Contraloría ha recomendado al titular del MTPE adoptar las acciones necesarias para corregir los hechos irregulares y, de ser el caso, iniciar el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. La pregunta clave es: ¿se tomarán medidas o este será un caso más que quede impune bajo el manto de la burocracia?
La ciudadanía exige respuestas. El sistema de salud no puede estar en manos de funcionarios cuya trayectoria está cimentada sobre documentos sin sustento. La transparencia no es una opción, es una obligación. Y en este caso, la evidencia demuestra que la legalidad fue vulnerada, la confianza ciudadana traicionada y los principios que deberían regir la administración pública, pisoteados.
EsSalud emitió comunicado que blinda a Segundo Acho Mego
El reciente comunicado de EsSalud, en respuesta al contundente informe de la Contraloría General de la República que cuestiona la legalidad de la designación de su Presidente Ejecutivo, Segundo Cecilio Acho Mego, es un ejemplo clásico de control de daños institucional que, lejos de disipar dudas, las profundiza.

Aquí un análisis del lamentable comunicado de EsSalud:
1. Blindaje disfrazado de transparencia
«El señor Segundo Cecilio Acho Mego acreditó fehacientemente su experiencia profesional…»
EsSalud inicia su defensa con una afirmación rotunda que contradice de forma directa las conclusiones de la Contraloría y la SUNAT. Se omite por completo que ambas clínicas citadas (Clínica CORI y Megasalud Naranjal) reconocieron no haber conservado documentación que acredite la prestación efectiva de servicios por parte del funcionario. No hubo contratos escritos, no hubo comprobantes de pago, no hay evidencia contable ni administrativa.
Calificar como “fehaciente” una experiencia laboral sustentada en constancias sin respaldo documental ni tributario es, en el mejor de los casos, negligente; y en el peor, una maniobra de encubrimiento institucional.
2. Falsa narrativa de sometimiento al control posterior
«…se somete a la fiscalización posterior de las constancias señaladas, en el marco de la Directiva N.º 001-2023-SERVIR-GDSRH…»
Este argumento es engañoso. El proceso de fiscalización ya fue realizado y los resultados son públicos: las constancias presentadas carecen de sustento verificable. Presentar el sometimiento a una “fiscalización posterior” como gesto de integridad es una forma de dilatar responsabilidades y mantener en el cargo a un funcionario cuya designación, hoy, está objetivamente en entredicho. El comunicado tergiversa el sentido de la fiscalización: no se trata de una fase futura, sino de una acción ya concluida con observaciones graves.
3. Manipulación del hecho sobre la habilitación profesional
«…se encontraba habilitado profesionalmente, como se verificó en el portal institucional del Colegio Médico del Perú…»
Aquí se intenta maquillar otro de los puntos más sensibles del informe: la inhabilitación profesional. EsSalud omite que el Colegio Médico del Perú, mediante documento oficial, informó que Acho Mego estaba en condición de “no hábil” desde el 1 de abril de 2025, y que dicha condición seguía vigente al 9 de mayo. La supuesta captura de pantalla que lo acreditaría como habilitado carece de validez frente al pronunciamiento oficial del CMP. Este punto es especialmente crítico: según el MPP de EsSalud, la habilitación profesional es un requisito obligatorio al momento de la designación. No se trata de una formalidad, sino de un estándar mínimo de legalidad profesional.
4. Silencio sobre los hallazgos de SUNAT y falta de planilla
Lo más revelador del comunicado es lo que no dice: No se menciona que SUNAT confirmó que Acho Mego no percibió ingresos ni emitió recibos por honorarios en las clínicas donde supuestamente trabajó. No se responde al hecho de que solo figura en planilla del Hospital Cayetano Heredia, y no de las otras entidades con las que dice haber tenido vínculo laboral.
Tampoco se reconoce que, de los cinco años de experiencia directiva exigida, solo se puede acreditar tres años y medio. Este silencio cómplice refuerza la percepción de que EsSalud intenta construir una defensa superficial basada en afirmaciones sin evidencia real.
5. Lenguaje evasivo y apelación a la “trayectoria profesional”
«…reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a la trayectoria profesional…»
La mención a la “trayectoria profesional” es una táctica discursiva frecuente para desviar la atención del núcleo del problema: el incumplimiento de requisitos objetivos y verificables. La trayectoria no sustituye los requisitos legales. Este tipo de apelación emocional desvía la discusión técnica hacia lo subjetivo y refuerza una cultura de impunidad donde el pasado profesional puede justificar la omisión de reglas básicas.
Un comunicado que blanquea la irregularidad
El comunicado de EsSalud, lejos de aclarar las dudas, las profundiza. No responde a los hechos duros verificados por la Contraloría, evade las conclusiones de la SUNAT, ignora la inhabilitación formal emitida por el Colegio Médico, y pretende normalizar la ausencia de evidencia laboral con términos como “relación verbal” o “fiscalización posterior”.
Política
Todo sobre la nueva Ley General del Turismo aprobada por el Congreso
Resalta sobremanera la creación de espacios denominados “ZEDT” que contarán con beneficios tributarios durante 15 años en determinadas regiones turísticas.

Con 87 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones, el Congreso de la República, en segunda votación, aprobó ayer la nueva Ley General del Turismo (LGT) recaído en los proyectos de ley 2007, 3981, 3992, y otros, que busca otorgar beneficios tributarios al sector turístico, los mismos que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del año próximo.

A propósito de esos beneficios, se señala dentro de las disposiciones la creación de las Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (ZEDT), consistentes en áreas que contarán con beneficios tributarios y condiciones especiales para atraer a los inversionistas privados.
Además, para los proyectos de inversión de infraestructura básica se autoriza el uso de hasta un 5 % del Fondo de Compensación Regional (Foncor) y para garantizar la formalización, se prohíbe la comercialización y promoción de servicios propios de las agencias de viaje y turismo en espacios públicos como plazas, parques u otros lugares, en aras de salvaguardar a los turistas.
¿En qué consisten las ZEDT?
De acuerdo al Capítulo III de la Ley, las ZEDT ofrecerán exoneraciones fiscales, incluyendo la eliminación de impuestos como el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), así como el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), entre otros.
Para obtener tales beneficios, las zonas deberán de cumplir el principio de sostenibilidad, la inclusión de la población local en la fuerza laboral y la contribución al desarrollo económico de las comunidades. Tales exoneraciones no podrán superar los 15 años.
Además de todo eso, las transferencias de bienes y servicios entre los usuarios de las ZEDT también estarán exentas de impuestos.
Más beneficios tributarios
En tanto, en el Capítulo IV de la nueva LGT destaca la posibilidad de aplicar una depreciación acelerada de activos fijos a una tasa del 20 % anual, lo que beneficiará a establecimientos de hospedaje, agencias de viaje, restaurantes y otros servicios relacionados con el turismo.
Asimismo, se establece la suspensión del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) para empresas que hayan acumulado pérdidas tributarias entre 2020 y 2026, medida que estará vigente durante los ejercicios fiscales de 2026 y 2027, siempre que las empresas cumplan con ciertos requisitos, como no tener deudas tributarias pendientes.
Otro beneficio relevante es el crédito tributario por reinversión, que permitirá a las empresas deducir hasta el 30 % del monto reinvertido en la mejora de servicios turísticos, infraestructura y equipamiento.
Para las micro y pequeñas empresas, este porcentaje se eleva al 50 %, con un plazo de aplicación de hasta cinco años. Según el dictamen, estas reinversiones deberán orientarse hacia la sostenibilidad, la conservación de ecosistemas y la innovación tecnológica en el sector.
Beneficiarios encubiertos
Las casas de apuesta se encuentran dentro de los beneficiarios de los incentivos fiscales, siendo criticado por varios sectores ya que consideran que tales actividades no contribuyen directamente al desarrollo sostenible del turismo y es más que seguro que el próximo año, cuando entre en vigor la Ley, se verán casos de diversas casas de apuesta pagando menos tributos de lo que les corresponde.
-
Política5 años ago
Las licencias de Benavides [VIDEO]
-
Política5 años ago
La universidad fantasma de Benavides
-
Actualidad5 años ago
Richard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»
-
General4 años ago
Dan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional
-
Política4 años ago
Altos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas
-
Actualidad2 años ago
Carlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»
-
Cultura5 años ago
MINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING
-
Cultura4 años ago
«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo