Política
Wilson Salazar Reque, el fiscal al que Rafael Vela encargó el megaoperativo contra la UAP, al descubierto por un documento clave
Se trata de un fiscal de lavado de activos, muy cercano a su jefe Rafael Vela Barba, bajo cuyas órdenes llevó a cabo, el 11 de abril de 2023, el extraño y politizado megaoperativo de incautación de inmuebles de la Universidad Alas Peruanas. Está investigado por el Ministerio Público y en las investigaciones asomó un documento que demuestra su ilegal accionar.
El fiscal Wilson Salazar Reque, quien se desempeña como Fiscal Adjunto Provincial en Delitos de Lavado de Activos, fue designado por el fiscal coordinador Rafael Vela Barba para que, a dedicación exclusiva, se haga cargo de las investigaciones contra Joaquín Ramírez, Keiko Sofía Fujimori y otros por los delitos de Lavado de activos y organización criminal.
Documento firmado por el fiscal Rafael Vela, donde designa al fiscal Wilson Salazar Reque.
En dicha investigación, la nueva administración de la Universidad Alas Peruanas prestó su total colaboración en su condición de agraviada y le entregó al fiscal Salazar Reque abundante documentación que, de manera extraña, el citado fiscal no ha querido utilizar y, por el contrario, terminó incluyendo en las investigaciones a los nuevos directivos de la casa de estudios a pesar de que los presuntos delitos se cometieron en la gestión anterior y el daño fue causado a la universidad.
Wilson Salazar Reque se hizo conocido cuando realizó —bajo órdenes de Rafael Vela Barba, fiscal Coordinador de Lavado de Activos— el mediático operativo de allanamiento, descerraje e incautación de numerosos inmuebles de la Universidad Alas Peruanas en base a una orden judicial que ya había vencido.
Aquel evento ocurrido el 11 de abril de 2023 y al que sus autores llamaron el Megaoperativo, fue un acto ilegal por no existir una orden judicial vigente y porque, de manera sorprendente, participaron en una medida judicial miembros del Poder Ejecutivo: dos ministros de Estado (Interior y Justicia) y el propio comandante general de la Policía. Ninguno de ellos podía intervenir en una acción de allanamiento.
De izquierda a Derecha: Fiscal Salazar Reque, exministro de Justicia José Tello, exministro del Interio Vicente Romero, General Jorge Ángulo y el general Veliz Noriega.
Ese episodio dio lugar a que los directivos de la Universidad Alas Peruanas presenten una denuncia contra el fiscal Salazar Reque ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Ante las evidentes ilegalidades, dicha autoridad dio inicio a un procedimiento disciplinario contra el mencionado fiscal que actualmente está en su fase final.
La sorpresa que escondía el fiscal
Hace unas semanas, el 14 de abril de 2024, la fiscal Lina Victoria Balvín que tiene a su cargo la investigación contra Salazar Reque, le solicitó a este funcionario que presente un informe documentado explicando las razones por las que formuló denuncia contra la Universidad Alas Peruanas, toda vez que esta entidad es agraviada y no puede estar como investigada.
El accionar ilegal del fiscal Salazar Reque tuvo el apoyo de la PNP.
El fiscal Wilson Salazar Reque dio respuesta al requerimiento a través del Oficio Nº 63-2024, y la gran sorpresa es que en su propio afán de defenderse ha terminado entregando la prueba que demuestra que este funcionario actuó de manera ilegal.
En efecto, el fiscal Salazar señala, en su Oficio Nº 63-2024, que tomó decisiones en base a una “noticia criminal que giraba en torno a un presunto lavado de US$ 15´000.000 de dólares”. Es decir, el propio fiscal admite que la investigación con la cual se incautó diversos inmuebles a la UAP se basó en una noticia.
El problema es que se trata de una noticia falsa por cuanto la “noticia criminal” a la que se refiere, se trata de un reportaje emitido en el programa Cuarto Poder de América Televisión en mayo de 2016, y cuya falsedad se comprobó cuando la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos de Norteamérica señaló no haber tenido nunca un audio en el que Joaquín Ramírez —exsecretario de Fuerza Popular— haya afirmado haber recibido 15 millones de dólares de parte de Keiko Fujimori para «lavarlos» a través de la compra de grifos.
Publicación de RPP.
La situación del fiscal Wilson Salazar Reque se agrava por otro acto cuestionable. En efecto, en su respuesta a la fiscal Lina Victoria Balvín —dentro de la investigación a que está sometido ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público— el propio fiscal Salazar, en su Oficio Nº 63-2024 del 14 de abril de 2024, sostiene que, en la investigación sobre lavado de activos, terminó involucrando a la casa de estudios bajo el argumento de que existían “operaciones inusuales de la Universidad Alas Peruanas que vendría aumentando significativamente su capital social, desconociéndose el origen de esos fondos”.
Lo insólito es que el fiscal se refiere a dos aumentos de capital realizados por la UAP en los años 1999 y 2000, es decir, hace 25 y 24 años, respectivamente y los califica como “fondos de origen desconocido”.
Después de más de dos décadas, la fiscalía “descubre” un presunto lavado de activos por “fondos de origen desconocido”. Sin embargo, el fiscal Salazar Reque no hizo lo que haría cualquier funcionario: solicitar a las autoridades de la UAP que expliquen los aumentos de capital de hace más de dos décadas. De haberlo hecho, se habría enterado de que esos dos aumentos de capital de los años 1999 y 2000, no se realizaron con dinero en efectivo y no tienen origen desconocido porque se trató de un aporte realizado con inmuebles de la Cooperativa Alas Peruanas debidamente inscritos en los Registros Públicos. En términos legales, significa que nunca hubo lavado de dinero.
Allanamiento de la Universidad Alas Peruanas encabezado por el fiscal Salazar Rque.
El dato que delata al fiscal
Las investigaciones en curso están demostrando que el fiscal Salazar ha utilizado el extraño argumento de remontarse a dos aumentos de capital de hace más de dos décadas, por una razón: esos antiguos aumentos de capital suman 15 millones de dólares y la fiscalía busca calzar esa cifra con los 15 millones de dólares mencionados en la noticia falsa que se utilizó para sostener que el partido político Fuerza Popular había recibido 15 millones de dólares de la UAP para su campaña electoral del año 2011. Lo cual, como lo ha señalado la propia Administración para el Control de Drogas (DEA), es falso.
El hecho que incrimina al fiscal Salazar Reque es que él mismo reconoce que utilizó cifras de los años 1999 y 2000 para sostener que, el año 2011, se entregaron 15 millones de dólares para fines políticos. En las investigaciones que se están efectuando, se empieza a descubrir que dicho argumento es insostenible porque la UAP tendría que haber guardado 15 millones de dólares desde 1999 y 2000, a la espera de que el año 2011 el fujimorismo lleve a cabo una campaña electoral.
El argumento no solo es absurdo sino falso porque en la construcción de su coartada, el fiscal Wilson Salazar Reque olvidó que los aumentos de capital fueron con inmuebles y, por lo tanto, nunca hubo 15 millones de dólares en efectivo.
Y la prueba de ese accionar ilegal, ha sido proporcionada por el propio fiscal Wilson Salazar Reque. En su afán de defenderse en la investigación a que está sometido ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público, ha terminado confesando, en su oficio Nº 63-2024 del 14 de abril de 2024, su ilegal accionar.
Documento de la declaración del fiscal Wilson Salazar Reque.
Las investigaciones están demostrando que Wilson Salazar Reque realizó un megaoperativo de allanamiento, descerraje e incautación de inmuebles de la UAP con una orden judicial vencida; usando como fundamento una noticia falsa y acusando, sin sustento, por lavado de activos cuando los aumentos de capital cuestionados provenían de un patrimonio cuyo origen lícito está probado porque se trató de inmuebles con partidas registrales.
Con estas evidencias, la investigación que tiene a su cargo la Dra. Lina Victoria Balvín en el Órgano de Control Interno del Ministerio Público, tendrá los elementos para sancionar y apartar de sus funciones a un fiscal como Wilson Salazar Reque, muy cuestionado en diversos casos. La pregunta que asoma es: ¿su jefe, Rafael Vela Barba seguirá protegiéndolo?