La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, inició una investigación preliminar contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, su hermana Emma Benavides y los jueces Bacilio Cueva, María Vidal y Jacqueline Tarrillo.

La indagación se realiza por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado.

El Ministerio Público informó que los hechos materia de investigación giran en torno al presunto favorecimiento a la ex fiscal de la Nación, Benavides Vargas, en el proceso de amparo que inició ante el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima contra la Junta Nacional de Justicia.

Comunicado del Ministerio Público.

Mediante un comunicado difundido este martes 28 de mayo por el Ministerio Público, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos es la instancia que ha iniciado esta nueva etapa en la diligencias contra la exfiscal suprema.

Asimismo, la Fiscalía recuerda que Patricia Benavides es señalada junto a su hermana Enma Benavides por la presunta comisión de los delitos de cohecho activos específico y cohecho pasivo específico.

“Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos informa que ha iniciado investigación preliminar contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y los jueces Bacilio Luciano Cueva Chauca, Enma Rosaura Benavides Vargas, María Delfina Vidal La Rosa y Jacqueline Tarrillo Meneses por la presunta comisión de los delitos de cohecho activos específico y cohecho pasivo específico”, se lee en el mencionado documento.

Luego de que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieran la tarde de ayer en la funeraria San Martín S.R.L., en la avenida Honorio Delgado, en el distrito de San Martín de Porres, a Jesús Santos Victorio Acuña (56) y Jesús Abraham Victorio Vallejos (24), padre e hijo; es decir, el tío y primo político, respectivamente de Jackeline Salazar, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Ángulo, dio más detalles sobre la intervención, realizada por el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco), a los parientes de la empresaria.

Jackeline Salazar tras ser liberada, acudiendo a dar su manifestación. foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)

La respuesta de Víctor Zanabria sobre los parientes de Jackeline Salazar

El general Zanabria, mencionó que la Policía Nacional del Perú ha encontrado una serie de vinculaciones, tanto de carácter presencial y telefónico, entre los familiares de la propietaria del gimnasio Soulfit y los responsables del acto criminal.

Ante ello, el director de la Policía pone en evidencia la vinculación del tío y del primo de la empresaria, con algunos de los integrantes de la organización criminal que la mantuvieron secuestrada por 11 días.

Para Víctor Zanabria, estos enlaces y vinculaciones han sido elementos de convicción para que el Ministerio Público pueda solicitar la detención respectiva. «Acá hubo un manejo de informaciones con la finalidad de atemorizar a la familia», concluyó.

El Poder Judicial, a través de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó su decisión de desestimar un recurso presentado por la defensa técnica del expresidente Pedro Castillo, con el cual pretendía archivar la investigación en su contra, por el presunto delito de ‘organización criminal’.

“La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declara firme la resolución que declaró infundado el recurso de excepción de improcedencia de acción para archivar investigación por organización criminal contra el expresidente Pedro Castillo Terrones”, se lee en comunicado del Poder Judicial en su red social.

Así lo determinó el tribunal supremo, que preside el magistrado César San Martín Castro, por desistimiento de recurso de apelación por parte de la defensa técnica de Castillo Terrones, que ahora está a cargo de William Paco Castillo, exabogado de Alberto Fujimori.

Por su parte, el defensor Paco Castillo desistió en su intento de anular el proceso por el presunto delito de organización criminal, recurso que había sido presentado previamente por la defensa legal de Castillo.

“Hemos decidido en nuestra visión técnico jurídica desistirnos del recurso de apelación por cuanto lo que resuelva no resulta para nuestra estrategia legal relevante”, indicó.

Expresidente Castillo y su abogado defensor en audiencia por acusación por presunta organización criminal. Crédito: Justicia TV.

El recurso de improcedencia de acción buscaba el archivamiento de la investigación preparatoria que se le sigue al expresidente, por el presunto delito de organización criminal, relacionado con los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Martín Gonzáles Sánchez, a quien se le conoce con el alias de ‘conejo’, por los delitos de organización criminal y encubrimiento personal en agravio del Estado.

El apodado ‘conejo’ también fue jefe de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) y actualmente es acusado de haber filtrado información para evitar la captura de los allegados al exmandatario Pedro Castillo y quienes habrían participado en la presunta organización criminal que él lideró.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó esta medida contra el coronel PNP y también impuso comparecencia con restricciones, bajo ciertas reglas de conducta, contra José Luis Alarcón Camacho y Martín Barco Rivadeneyra, los otros dos altos mandos del PNP investigados.

La acusación del Eficcop contra ‘conejo’, sostiene que él colaboró con la fuga de los sobrinos del expresidente Pedro Castillo, Fray Vásquez y Gianmarco Castillo, el exasesor del despacho presidencial, Bruno Pacheco y el exministro de Transportes y Comunicaciones, y hasta el día de hoy prófugo, Juan Silva.

Cabe recordar que un colaborador eficaz de la Fiscalía, sindicó a ‘conejo’ Gonzáles Sánchez de haber sido nombrado como director de la Digimin, por encargo del sobrino del expresidente, Fray Vásquez.

“(….)Respecto a los hechos vinculados a la influencia que tuvo Fray Vásquez Castillo, en la Designación de Martín Gonzales Sánchez, alias “Conejo” como director de la Digimin, con la finalidad que este le brinde o filtre información relacionado a sus investigaciones o posibles detenciones”, se lee en el documento.

Además, se sabe que el exviceministro y exdirector de la Digimin, también habría facilitado la fuga del exjuez supremo César Hinostroza en octubre del 2018.

‘Conejo’ le facilitó las cosas a Dina Boluarte

Según la Fiscalía, ‘Conejo’ Martín Gonzáles Sánchez habría sido una pieza clave que la presidenta Boluarte utilizó para debilitar las investigaciones que el Eficcop realizaba contra ella. Él habría utilizado sus contactos para tejer una red paralela, dentro de los integrantes del servicio de inteligencia, afines a él, con el objetivo de acelerar la salida del coronel Harvey Colchado de la Diviac y además, habría realizado seguimiento a Marita Barreto, la lideresa de los fiscales del Eficcop.

En esa línea, el informe de la Fiscalía evidencia un claro interés de Dina Boluarte en desbaratar al Eficcop y al grupo especial de la PNP que colabora con ellos.

“(…) acciones para desacreditar, quebrantar y desmembrar al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y el Equipo Especial de la PNP en apoyo a este, por encargo de Dina Boluarte”, se lee en el documento.

Lo curioso en todo esto, es que hace menos de un mes, el exministro del Interior Walter Ortiz, desactivó al grupo especial de la PNP que colaboraba con el Eficcop, argumentando que había una duplicidad de funciones con la Diviac. Por esa irregular decisión, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Ortiz, quien renunció al cargo, y también contra la presidenta Dina Boluarte, que precisamente, hoy viene rindiendo declaraciones ante el fiscal de la Nación, justamente, por este caso. 

Hoy el abogado de Mauricio Fernandini, David León Flores, informó que el Poder Judicial (PJ) ha resuelto revocar la medida de prisión preventiva en contra de su defendido, quien se encuentra preso en el penal Ancón II por el caso ‘Fondo Mi Vivienda’.

En ese sentido la Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional ordenó el cese de la medida de 30 meses de prisión preventiva que se le impuso al periodista por el caso Markagroup.

La defensa legal del periodista anunció que el colegiado superior, por mayoría, revocó la decisión de primera instancia que rechazó el pedido de Fernandini y, en su lugar, impuso comparecencia con restricciones sujeto a reglas de conducta.

“Procédase a la inmediata excarcelación del investigado Jorge Mauricio Fernandini Arbulu, siempre y cuando no registre orden de detención, prisión preventiva y/o condena a pena privativa de libertad efectiva, dictado por autoridad competente”, se lee en la resolución.

El caso Mauricio Fernandini

El escándalo involucró al periodista a mediados de 2023, cuando el exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, mencionó en una de sus declaraciones que Mauricio Fernandini le entregó dinero.

Al día siguiente de difundirse la declaración, el periodista lo negó. No obstante, reconoció haber actuado como intermediario entre la empresaria Sada Goray y el entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, por pedido de su prima Pilar Tijero. Sin embargo, con el paso de los días y el avance en las diligencias, el periodista de RPP admitió que participó en la transacción de dinero.

La presidenta Dina Boluarte acudió hoy, 28 de mayo, desde las 8.45 de la mañana, a la Fiscalía de la Nación para rendir su declaración por la desactivación del Equipo Especial PNP que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop). La mandataria llegó a las oficinas fiscales de la avenida Abancay con un impresionante contingente de seguridad, provisto de siete vehículos y más de medio centenar de agentes de la Policía Nacional.

La citación fue programada para las 9:00 a. m. en la sede del Ministerio Público (MP) a raíz del inicio de diligencias preliminares contra la presidenta, por un presunto “encumbramiento personal”.

El abogado de la jefa de Estado, Juan Carlos Portugal había confirmado un día anterior, la presencia de su representada para hoy en la Fiscalía. Según indicó el defensor, la propia presidenta Boluarte quiere declarar ante la Fiscalía.

“Está citada a las 9 de la mañana. La presidenta me dijo hace unos días: ‘Doctor Portugal, oigo en los medios que usted dice que desea que yo declare, pero no solamente usted desea, yo quiero declarar, no solo usted, yo deseo declarar’. Por eso mañana estaremos a las 9 de la mañana en la Fiscalía de la Nación”.

Como se sabe, Boluarte Zegarra visitó anteriormente las instalaciones del Ministerio Público por el ‘caso Rolex’ y por las ‘Muertes en las protestas’. El último encuentro entre la mandataria y Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación, se dio hace dos semanas en el marco de la indagación por la exclusiva colección de relojes que exhibió la mandataria en eventos oficiales.

Cabe recordar que el pasado 10 de mayo, la Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por la desactivación del equipo policial que apoyaba al Eficcop.

El Ministerio Público informó que la mandataria es sindicada como presunta instigadora del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal, así como por abuso de autoridad. Estas acusaciones también alcanzaron al exministro del Interior, Walter Ortiz, quien renunció una semana después de ejecutar dicha medida.

“Fiscalía informa a la ciudadanía que ha dispuesto el inicio de diligencias preliminares contra Dina Boluarte, en su actuación de presidenta, como presunta instigadora; y, contra Walter Ortiz Acosta, en su actuación de ministro del Interior, como presunto autor de la comisión del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal”, determinó el Ministerio Público.

En resumidas cuentas, la mandataria se encuentra en estos momentos dando su declaración ante el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en la sede del Ministerio Público.

La presidenta de la República Dina Boluarte ha sido denunciada constitucionalmente por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena por el ‘caso Rolex’.

Precisamente, en el petitorio de la denuncia y de conformidad con el artículo 99° de la Constitución Política del Perú, la jefa de Estado es acusada como presunta autora de la comisión de delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de cohecho pasivo impropio, previsto y sancionado en el artículo 934°, primer párrafo, del Código Penal.

Juan Carlos Villena continuará siendo fiscal de la Nación

Apenas hace unas horas, a través de un comunicado, el Ministerio Público indicó que la Junta de Fiscales Supremos, por un interés institucional acordó extender el ejercicio interino del cargo de Fiscal de la Nación, a Juan Carlos Villena Campana.

Asimismo, el Ministerio Público informó que oportunamente se realizará la convocatoria correspondiente para elegir al nuevo fiscal de la Nación, cargo hoy ocupado de forma interina por Juan Carlos Villena y anteriormente por Patricia Benavides.

Comunicado de la Junta de Fiscales Supremos.

El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc de embargar, en forma de inscripción, la empresa de repostería ‘Bakery 180 E I.R.L’ de la exprimera dama Nadine Heredia, en el marco del caso ‘Club de la Construcción’.

El juez Víctor Zúñiga Urday ordenó la medida cautelar sobre el “emprendimiento” creado por la esposa del exmandatario Ollanta Humala, desde julio del 2020, a raíz de las investigaciones por el caso Odebrecht y Lava Jato.

Se ordenó el embargo hasta por la suma de S/7245 soles, lo cual equivale al 100% de los derechos y acciones que le corresponden a la exprimera dama. En base a ello, dispuso que se cursen las partes correspondientes a los Registros Públicos de la Oficina Registral de la Sunarp Lima.

Inicialmente, la Procuraduría Ad Hoc, en su condición de actor civil o parte agraviada dentro de este caso, presentó una propuesta inicial para que Nadine Heredia, su esposo y los demás implicados en el caso ‘Club de la construcción’ paguen la suma de S/168 648 182.11 soles como reparación civil en favor del Estado, dentro de este proceso penal.

El caso ‘Club de la Construcción’

El denominado caso ‘Club de la Construcción’ está enfocado en el grupo de empresas constructoras que operaron en el Perú, presuntamente repartiéndose obras públicas que ejecutaba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones entre los años 2011 y 2014, durante el mandato de Ollanta Humala.

En relación a este caso, se dio a conocer que la constructora peruana Cosapi S.A. se convertirá en colaborador eficaz luego de que el Poder Judicial (PJ) haya aprobado el acuerdo que también dispone del pago de S/ 84 millones como reparación civil en favor del Estado peruano. Según se informó, esta compañía admitió su participación en las licitaciones públicas, así como su culpabilidad en delitos de corrupción.

Cabe precisar que, en diciembre del año pasado, el juez Leodan Cristóbal Ayala también dispuso el embargo en forma de inscripción y orden de inhibición sobre esta misma empresa. Sin embargo, en aquella ocasión la medida se dio en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue junto a su esposo Ollanta Humala y otros por el caso Gasoducto Sur Peruano.