Opinión

Terrorismo urbano, neuromarketing legal

Lee la columna de Hans Herrera Núñez

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Paro de transportistas, olas de extorsiones y una absoluta ineficacia de parte del ministerio del Interior. En Perú lo único organizado es el crimen. A falta de soluciones reales, siempre queda el marketing.

La presidenta Boluarte reiteró que en su gobierno no va a permitir “el caos y la anarquía que muchos quieren sembrar”, el problema es que el caos y la anarquía ya se cosechan en Perú. Y es el colmo, hace unos meses asaltaron a la seguridad del hijo de la presidenta. Si así están los envarados, cómo estaremos nosotros. Y es que hasta en el burgués San Isidro te disparan, como ocurrió hace unos días.

Por su lado el todopoderoso Congreso de la República se reúne. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que el pleno del Parlamento debatirá y votará este 3 de octubre los proyectos de ley sobre terrorismo urbano que tienen en agenda. 3 de octubre, fecha áulica en la memoria nostálgica de algunos amigos de las botas. El 3 de octubre de 1968 fue el golpe del general Velasco. En fin, lo menciono porque en Perú las efemérides son como el zodiaco entre los supersticiosos.

Por otra parte, para este 3 de octubre se suspende el paro de transportistas de Lima y Callao, según confirmó Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano. Habrá que preguntarse si el crimen organizado se irá a un paro o si seguirá trabajando. Porque, así como van las cosas, a los únicos que les va de maravillas es al crimen. Me pregunto si tendrán plan de pensiones.

Entre tanto está por debatirse la ley sobre terrorismo urbano (que buen nombre, me pregunto a qué agencia de neuromarketing habrán contratado), su objetivo es frenar el sicariato y la extorsión, en medio de un estado de emergencia que alcanza a 14 distritos (¿me parece o cada vez nos acostumbramos a ver más militares en la calle que en los cuarteles?). Mientras tanto los robos y extorsiones continúan. Durante su visita a la ciudad de Piura para entregar 120 camionetas a la Policía, Boluarte afirmó que “es momento de endurecer las penas”.

Pero una cosa es la semántica y otra la realidad

Carlos Caro, que defiende al ministro Juan José Santiváñez, sostuvo que el Perú ya tuvo hace más de 20 años una ley que incluía a personas en posesión de explosivos, secuestradores, extorsionadores y asesinos como “terroristas especiales”; pero esta no pudo controlar la criminalidad. No cambió nada. Más cambio tú ex sin ti que la criminalidad en la calle.

Como dijo Caro: “En el año 98 se aprobó el decreto legislativo 895 de terrorismo agravado, donde se criminalizaba a las bandas que secuestraban, robaban y cometían delitos graves y se calificó como terrorismo. El año siguiente, se le cambió el nombre por el de terrorismo especial”. Sin embargo, en 2001 el TC prácticamente lo declaró inconstitucional.

Según la norma publicada hace 23 años, en su primer artículo, indica que “todas las personas que se encuentran procesadas o sentenciadas conforme a las normas previstas en los Decretos Legislativos 895 y 897 (los derogados) serán sometidas a nuevo juicio en el Fuero Común del Poder Judicial, con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal y el Procedimiento Ordinario del Código de Procedimientos Penales y normas complementarias”. Es decir, la ley de terrorismo especial fue derogada en el año 2001 y las personas procesadas y sentenciadas por ella, tuvieron que pasar por un nuevo proceso de juicio en el Fuero Común del Poder Judicial.  O sea todo de comienzo, un caos.

Si bien es cierto que lo que necesitamos es inteligencia policial y del Ministerio Público, lo cierto es que la inteligencia es lo mismo que una sociedad secreta, nadie sabe quién será, ni donde estarán.

Ahora bien, la ley de terrorismo urbano, no creo que se trate tanto de terruquear a través de las leyes, como de una campaña de neuromarketing, cuya efectividad será semejante al impacto del uso del lenguaje inclusivo en la reducción de la violencia de género: o sea nada.

Ahora una breve aclaración semántica. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional reconoce únicamente como terroristas a quienes tienen la intención de subvertir el orden democrático y tomar el poder por la fuerza. Los que secuestran y roban, así como las bandas de criminales, no tienen una agenda política de asalto al poder, lo que quieren es lo mismo que esos gurús de internet que te venden una Masterclass para hacerte rico con bitcoin: solo quieren tu dinero.

El terrorismo desde sus orígenes modernos en el terror revolucionario francés de 1793, el de los atentados anarquistas de fines del s.XIX, o del terrorismo de Estado de Pinochet, o de la secta maoísta de Sendero Luminoso, solo puede entenderse desde una dinámica de lucha por el poder desde la violencia organizada. Las bandas criminales, en cambio no quieren asaltar a la presidenta o secuestrar al Congreso (ojalá lo hicieran), no les interesan las instituciones públicas. Lo que quieren es plata y punto. Mezclar a las bandas criminales con terrorismo es mezclar ceviche con aguadito.

Sin embargo, se requieren soluciones y pronto, pero desde una realidad y coherencia jurídica y no desde inventos oligofrénicos de parte de los políticos. Porque un Estado que no puede garantizar la seguridad a su población es un Estado fallido. El primer Derecho Humano es la paz. Y cuando una democracia no es capaz de lograrlo, entonces es un gobierno autoritario el que emerge, y es el pueblo el que lo celebra. Cuidado con los dictadores, que uno sabe cuando llegan, pero no cuando se van.

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