Una exhaustiva investigación del portal de investigación Ojo Público ha indicado que la Universidad César Vallejo (UCV) acaba de ser sancionada por usar sus instalaciones en beneficio de su fundador, el actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña.
Asimismo, destaca que se trata de dos multas que suman más de S/ 2′000.000 por cederle al también líder de Alianza para el Progreso (APP) propiedades del centro de estudios para fines no educativos. Esta multa fue una de las últimas decisiones que tomó el ahora desmantelado Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
De acuerdo al citado portal, se expone que la resolución del Consejo Directivo, del pasado 16 de febrero, concluye que la UCV asignó entre el 2017 y el año 2019 dos unidades inmobiliarias de su propiedad, ubicadas en Lima (San Isidro) y Trujillo (San Andrés), a favor de César Acuña para fines distintos a los educativos.
La entrega de estos predios formó parte de un supuesto “acuerdo de condición de trabajo” para que Acuña Peralta realice funciones como “asesor del directorio”. Sin embargo –como precisa el informe–, este vínculo no se llegó a acreditar, ni tampoco la necesidad de que se le otorgue estos bienes para el cumplimiento de estas funciones.
En San Isidro, la primera unidad inmobiliaria asignada al también fundador de APP estaba conformada por un departamento dúplex (piso 16, 17 y azotea), dos estacionamientos y dos depósitos ubicados en la cuadra 9 de la avenida General Juan Antonio Pezet, frente al exclusivo Lima Golf Club.
El área ocupada superaba los 560 metros cuadrados y el valor contable consignado por la Dirección de Fiscalización y Sanción de la Sunedu fue de S/2,4 millones.
En Trujillo, se trató de un departamento dúplex, un depósito y un estacionamiento, de más de 513 metros cuadrados, ubicados en la calle Obispo C. Marcelo Corne, en la urbanización San Andrés. Este inmueble se encuentra situado a menos de diez cuadras de la Plaza de Armas de Trujillo.
La Ley Universitaria establece que las casas de estudio privadas deben usar sus bienes exclusivamente para fines educativos. A su vez, el derecho laboral habilita la asignación de viviendas a trabajadores cuando lo requieren para la prestación de su servicio, como ocurre con los campamentos mineros. Sin embargo, de acuerdo a la resolución 011-2023-Sunedu/02-14, del 16 de febrero pasado, en el caso Acuña no se demostró esa necesidad.
Además de las multas de más de S/ 2 millones a esta casa de estudios con más de 100.000 alumnos, la Sunedu también le ha ordenado a la UCV que, en un plazo de treinta días hábiles, desde la fecha en la que se publicó la resolución (16 de febrero), emita un instrumento de gestión, definido y aprobado por los órganos de gobierno universitario, o complemente alguno ya existente, donde se establezcan los requisitos, condiciones y procedimientos para asignar bienes inmuebles como condición de trabajo a favor de funcionarios.