Ricardo Uceda evidenció los defectos de la investigación contra Ántero Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez, y Manuel Merino

En medio de las manifestaciones del 14 de noviembre del 2020, fueron asesinados los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado. Desde ese día, a pesar de no existir pesquisas ni pruebas concretas sobre los responsables de la muerte de los jóvenes, se promovió falsedades que fueron difundidas especialmente por excongresistas del Partido Morado. Invenciones que incluyó una falsa lista de desaparecidos que fue propalada por varios medios de comunicación. Esto no fue casualidad, fue más bien un plan estructurado, que tenía como finalidad tomar la presidencia de la República desde las calles.

Con la muerte de los dos jóvenes también se evidenció la manipulación de la información y el odio político que se fue gestando en la bancada morada, odio que fue apoyado por las bancadas de izquierda para iniciar una cacería contra Ántero Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez, y Manuel Merino, acusándolos de ser los responsables de la muerte de Inti y Bryan. Una absurda acusación que fue evidenciada por el periodista de investigación Ricardo Uceda, autor del libro “Muerte en el pentagonito”.

Curiosamente, el 12 de octubre de 2021, Uceda escribió un artículo titulado ¿Tres asesinos? en el diario La República. El texto desenmascaró no solo la poca seriedad de la investigación de la Fiscalía, sino que, además, el periodista señaló que “El Ministerio Público no encontró elementos para atribuirles abuso de autoridad o desaparición forzada, ni tampoco indicios de que hubo órdenes desde Palacio de Gobierno para que la policía actuara impropiamente”.

Para Uceda, todo esto fue un mito bastante extendido, que tuvo, además, una carga potente de odio. Sorprendentemente, semanas después de ser publicado el artículo, Ricardo Uceda salió del diario La República.

Actualmente el diario de la familia Mohme insistí en una clara cacería contra Ántero Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez, y Manuel Merino. Esta insistencia resulta hasta grosera, luego de que uno de sus periodistas evidenció incluso de que “Flores-Aráoz, por ejemplo, discurseó ante los jefes policiales instándolos a cumplir su deber con respeto a los derechos humanos”.

Sabemos que La República ya no lo compran en los kioscos, pero para paliar la crisis, parece que su estrategia de marketing tiene como único camino apelar al odio, así intentar que cada día la devolución de los diarios se reduzca. Lo que preocupa es que ese odio político ha sido heredado por algunos congresistas del actual parlamento. Congresistas que viven embriagados de ese vil sentimiento. Como diría Baudelaire “El odio es un borracho en el fondo de una taberna, que constantemente renueva su sed con la bebida”.

¿Pero qué dijo Ricardo Uceda en su artículo? El texto inicia señalando dos defectos groseros de la investigación.

El primer defecto: “Un mandatario no es garante de la integridad de quienes participan en una manifestación. La denuncia funda su base legal en el deber del Estado de proteger la vida, más la norma constitucional es demasiado genérica para acusar a cualquiera por asesinato. Es el principal defecto del recurso. Distinto fuera si Merino y sus coimputados conocieron que los policías estaban yendo a matar, como presume una Fiscalía Penal Supraprovincial que los investiga. Entonces cabría reclamarles una falta de reacción a los gobernantes”.

Sobre el segundo defecto de la investigación, Uceda menciona: “No hubo diligencias que buscaran demostrar que Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez –presidente, premier y ministro del Interior del gobierno encabezado por el primero– conocían que la policía estuviera empleando municiones prohibidas. Había alertas sobre un uso desproporcionado de la fuerza, algo creíble por los daños de casi un centenar de heridos, pero se requería un trabajo más profesional del Ministerio Público para acreditar omisión homicida. Los mensajes emitidos en su momento por los imputados no apoyan la acusación. Flores-Aráoz, por ejemplo, discurseó ante los jefes policiales instándolos a cumplir su deber con respeto a los derechos humanos. Hay memorándums de Rodríguez, por escrito, en la misma línea”.

El Ministerio Público no encontró nada

Para Uceda la investigación del Ministerio Público se cayó, y esto lo enfatizó mencionando que “La investigación para acusarlos comenzó con la búsqueda de otros delitos. El Ministerio Público no encontró elementos para atribuirles abuso de autoridad o desaparición forzada, ni tampoco indicios de que hubo órdenes desde Palacio de Gobierno para que la policía actuara impropiamente, un mito bastante extendido. Todo eso se cayó. Por eso no se los acusa de ser autores mediatos: no tenían dominio sobre los hechos. Ni siquiera conocían los planes operativos, cuya hechura y administración es de responsabilidad exclusiva de la policía. De modo que los acusaron no por hacer algo sino por dejar de hacerlo, luego de una disforzada construcción teórica para justificar la tipificación”. Es decir, hubo bastante creatividad e invención.

Ricardo Uceda también señala que “La Fiscalía Supraprovincial atribuye al ex comandante general de la PNP Alejandro Lam la autoría mediata del asesinato con alevosía de las víctimas, por haber dirigido una estrategia represiva letal. A cinco jefes más los considera coautores. En el documento que formaliza la investigación preparatoria figuran testimonios de los numerosos lesionados con fotografías de sus heridas y fracturas. La imputación también se apoya en un informe de la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior, suscrito por Luis Naldos, cuya conclusión es que hubo uso excesivo e indiscriminado de armamento no letal –perdigones de goma– por parte de la policía”.

Seguido a esto, Uceda revela los puntos controversiales en la investigación, una investigación que a todas luces se encuentra mal hecha. “Este dictamen, sin embargo, no es conclusivo. En su manifestación Naldos declaró que a su oficina no le correspondía establecer responsabilidades penales ni administrativas. Su análisis servía de orientación, dijo. Inspectoría de la PNP, en un informe oficial que no figura en el expediente, libró de responsabilidad a los jefes policiales. Aún no ha habido debate público sobre las pruebas que aportará el Ministerio Público, aunque ya es posible advertir algunos puntos en controversia”.

Además, agrega: “Es clave el concerniente a la viabilidad de que las escopetas policiales para lanzar perdigones de goma pudieran haber disparado la munición de plomo que se encontró en los cuerpos de Sotelo y Pintado. Una pericia del Ministerio Público afirma que sí. Existen otras, de parte, que lo niegan. No viene al caso dilucidarlo en este minuto. Este tipo de interrogantes pueden ser despreciadas por un amplio sector de ciudadanos indignados por la cruenta represión, por activistas que desean ver colgado a alguien. Por otro lado, habría que tener en cuenta que este puede ser un caso más de impunidad de los tantos que hay en el Perú. Y probablemente por una mala investigación”.

Los errores de una acusación política

Hasta la fecha el Ministerio Público y el propio Congreso no tienen nada concreto en la investigación, lo único que resalta es lo gaseoso de algunos argumentos. Sobre este punto, Ricardo Uceda mencionó: “El Ministerio Público aún no ha identificado a los autores materiales de los disparos ni encontró las armas que contenían balines de plomo. Es posible que nunca lo determine. El 16 de noviembre del 2020, dos días después de las muertes, el fiscal Yony Soto retiró del caso a la Dirección de Investigación Criminal de la PNP (Dinincri), cometiendo el error que puede explicar vacíos que son evidentes a estas alturas. No existe una pericia de la escena del crimen. No se sabe exactamente en qué lugar murieron las víctimas, ni desde dónde dispararon los homicidas las municiones prohibidas”.

El sesgo de la Fiscalía

Sin duda esta investigación tiene varios errores, pero a esto se suma un absurdo prejuicio que asoma gravemente en la tesis fiscal. Sobre esto, Ricardo Uceda señaló: “El fiscal actuó basado en el prejuicio de que Homicidios de la PNP, por espíritu de cuerpo, favorecería a los culpables. Pero este departamento es altamente calificado. Fue decisivo para demostrar los asesinatos del llamado Escuadrón de la Muerte, integrado por policías, en la investigación que lleva a cabo el fiscal Álvaro Rodas. Permitió la identificación de los miembros de la PNP responsables de las muertes durante las protestas agrarias en el norte, en diciembre del 2020. A propósito de aquellos episodios, ¿el expresidente Francisco Sagasti debió haber presumido que la PNP emplearía armas letales? Hubo disparos de bala. Desde luego que no y, en todo caso, no figuraba como objetivo en la agenda política de la fiscal de la Nación. Manuel Merino sí. Para imputarlo, Zoraida Ávalos pudo haber esperado los resultados de la investigación contra los jefes policiales. Quizá se adelantó, precisamente, porque no aseguraban resultados”.

A pesar de todo lo mencionado, en el Congreso se sigue perdiendo tiempo y dinero en una investigación que tiene como principal combustible, el odio político.