Hoy el exministro del Interior, Carlos Morán, admitió haber sostenido una reunión con la presidenta Dina Boluarte, su hermano Nicanor y el abogado Mateo Castañeda. Según indicó, en la cita, la mandataria manifestó su “incomodidad” frente al exjefe de la Diviac, el coronel Harvey Colchado.      

El exhombre de confianza de Martin Vizcarra, mencionó que la presidenta le advirtió que el mencionado coronel actuaba en base a “algo personal” y de modo abusivo, durante entrevista en Exitosa.

“Una reunión un poquito tensa, inicialmente. La presidenta de la República estaba incómoda con el coronel Colchado. Me lo dijo así, abiertamente. Que el coronel tenía algo personal contra ella y su familia, que estaba actuando abusivamente”, sostuvo Morán.

Carlos Morán defendió al coronel Colchado

El exministro del Interior reconoció que, tras las quejas de la presidenta Dina Boluarte, él defendió el trabajo del coronel Harvey Colchado y en la entrevista admitió que conoce al exjefe de la Diviac, desde hace 25 años.

Según relata Carlos Morán, replicó la postura de la mandataria y aseguró que el exjefe de la Diviac solo se encontraba cumpliendo con el ejercicio de sus funciones.

“Mire, presidenta, yo conozco al coronel Colchado hace 25 años, desde alférez. Sé de su calidad e integridad, y lo que está haciendo, nada más es parte de su trabajo”, Morán aduce que así le respondió a la presidenta.

Exministro del Interior Morán desmiente al abogado Mateo Castañeda

Carlos Morán ha salido a responder sobre su participación, luego de que el abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, lo acusara de haberle tendido una emboscada con Harvey Colchado.

“Rechazo todos los cargos. Si hay algo que investigar se investigará, pero esta es una emboscada del coronel Harvey Colchado, que me ha citado a reuniones a través del general Carlos Morán, que es mi cliente”, anunció el abogado detenido Mateo Castañeda.

Ante lo dicho por el abogado de la presidenta, Morán descartó enfáticamente dichas aseveraciones y aseguró que las reuniones entre él, Castañeda y Colchado se iniciaron mediante engaños, ya que el primer encuentro, donde se dieron cita los tres, tenía como excusa de un caso al del exjefe de la Diviac.

Están de vuelta y con rostros conocidos y también nuevos. El Partido Popular Cristiano (PPC) logró inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el pasado viernes 10 de mayo. De esta manera, el partido liderado por Carlos Neuhaus, Javier Bedoya y Miguel Ángel Mufarech quedó habilitado de participar de las próximas elecciones generales del 2026, o de cualquier otro comicio que se pueda presentar.

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el PPC cuenta como persona legal titular a la ex congresista y candidata presidencial, Lourdes Flores Nano, mientras que César Alayo Ramos cumple el rol de alterno.

Como se recuerda, en los comicios del año 2021, el PPC quedó en la posición 14, con Alberto Beingolea como principal candidato. La última vez que logró obtener escaños fue en el 2011, cuando se unieron a la Coalición Alianza por el Gran Cambio, junto con Restauración Nacional, Alianza para el Progreso y el Partido Humanista Peruano.

PPC tuvo que cumplir con diversos requisitos para su inscripción

Para que el PPC haya logrado inscribirse oficialmente en el ROP, tuvo que cumplir con una serie de requerimientos. El primer paso es obtener el certificado de reserva de denominación en la Oficina de Servicios al Ciudadano del JNE, lo cual otorga el derecho para presentar en el lapso de dos años la solicitud de registro con todos los documentos necesarios, en las oficinas de Lima o en las desconcentradas.

El pedido debe ir acompañado del padrón de afiliados, la relación de comités, el acta de fundación (ideario, símbolo, declaración jurada de compromiso y vocación democrática), estatuto y reglamento electoral, así como la relación de representantes, personeros legales y técnicos (titulares y alternos) designados.

Adicionalmente, se debe constatar la denominación, domicilio legal y procesal, teléfono, correo electrónico y página web del partido, así como el nombre completo, DNI y casilla electrónica del personero legal.

Si se supera esta fase, la documentación se remite al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para la verificación de firmas (padrón de afiliados, adherentes y comités) y a la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE) para la fiscalización de los comités.

Cumplida esta etapa, el ROP analiza el fondo de dicha solicitud, es decir, evalúa si la organización política cumple efectivamente con los requisitos, como el número mínimo de afiliados (no menor al 0.1% del total de ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso nacional, en el caso de partidos, y el equivalente al 1% del padrón de la elección regional más reciente del departamento donde se ubica, en el de movimientos regionales).

Luego, la entidad evaluará los comités para corroborar si son mayores a 1/3 del número total de provincias del país y si están ubicados en las 4/5 partes de la cantidad de departamentos.

Una presidenta en el lugar y en el momento menos indicado. La jefa de Estado, Dina Boluarte, llegó encubierta al edificio donde funciona la oficina de su abogado Mateo Castañeda, quien ya se encontraba bajo detención preliminar, mientras los policías y fiscales llevaban a cabo la extensión del allanamiento a su estudio jurídico, según fuentes de la Policía.

De acuerdo a un informe de Punto Final, el arribo de la mandataria, que tuvo lugar el último sábado a las 9:15 horas, pasó tan desapercibido que incluso los vecinos no se percataron de su presencia, pese a que se encontraba acompañada de su seguridad personal. Para su traslado, Boluarte utilizó el mismo vehículo que el ex presidente Pedro Castillo empleaba para movilizarse a la casa del pasaje Sarratea, en Breña, lugar de múltiples encuentros no registrados oficialmente y donde, de acuerdo con la Fiscalía, se habrían planeado actos ilícitos.

Mientras los agentes reunían documentación referente a la investigación que vincula al abogado con una supuesta red criminal encabezada por el hermano presidencial, Dina Boluarte tocó la puerta, pero al encontrarse cara a cara con los policías, optó por retirarse de inmediato.

El registro estaba inicialmente programado para la oficina 702 del edificio miraflorino, ubicación regular del despacho de Castañeda. No obstante, al observar que el letrado utilizaba también la oficina 703, fue solicitada una ampliación de la medida judicial.

“Siendo que a horas 9:15 aproximadamente, tocaron el timbre del inmueble en proceso de allanamiento. Al abrir la puerta, el capitán PNP Mogrovejo Ramos Renán se vio sorprendido al observar a la presidenta de la República, la misma que al notar la presencia policial se dirigió al ascensor”, se lee en el auto de extensión de registro.

“En esas mismas circunstancias, salió raudamente la abogada que participa como testigo trabajadora del estudio jurídico […] allanado para luego subir al ascensor y retirarse con la presidenta [quien] estaba vestida con una chompa tipo lana de alpaca color hueso”, sigue el texto.

Jean Pajuelo, Secretario de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia, confirmó la inusual visita de Boluarte, quien estuvo resguardada por su escolta personal. De igual modo, señaló que el propósito fue coordinar detalles de su defensa legal con el abogado Eduardo Barriga, relacionados con una pesquisa fiscal que está en curso.

La parlamentaria Isabel Cortez Aguirre, integrante de Cambio Democrático-Juntos por el Perú viajó a Huancavelica en enero del presente año, y aprovechó su visita para organizar las bases de su nuevo partido político ‘Partido Obrero del Perú’, reveló el informe de Panorama.

En el viaje, la acompañaron Elena Coopi y Florentina Quiroz, ambas del Sindicato de Trabajadores Obreros de Lima, quienes también promoverían la formación de la organización política.

La parlamentaria Isabel Cortez también acudió este año a Trujillo, región La Libertad en semana de representación para promover el nuevo partido, entre el 18 y 22 de marzo.

El principal asesor de la legisladora, Luis Zea, fue el encargado de separar en diciembre de 2023 la denominación del mencionado partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Yo a provincia voy a pedido de los sindicatos, ellos tienen sus problemas. La última semana de representación fui a Tumbes. Son los sindicatos son los que están formando sus bases”, admitió la congresista al dominical y aceptó que en algunos viajes de semana de representación llevaban el logo del partido en formación ‘Partido Obrero del Perú’.

Les bajan el tacón. El Poder Ejecutivo aprobó este último viernes 10 de mayo el Decreto Supremo N.º 009 -2024 -SA que patologiza las identidades LGBTIQ+ y otras formas de diversidad sexual, especialmente las personas trans.

En dicho decreto, publicado en el diario oficial ‘El Peruano’, el Ministerio de Salud (Minsa) incorporó la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE -10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Plan de Aseguramiento en Salud (PEAS).

De esta manera, los diagnósticos de la CIE-10 ahora se incluyen dentro de los trastornos mentales asegurados por el servicio estatal de salud. En dichos diagnósticos se mencionan las diversidades sexuales, tales como la transexualidad, el travestismo, la identidad de género, entre otros.

Argumentos del Minsa

A través de un comunicado, el Minsa aseguró que la reciente actualización era necesaria “para garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental”y que el CIE-10 se mantiene vigente en Perú “en tanto se inicie la implementación progresiva del CIE-11, tal como ocurre en otros países”.

Sobre los riesgos expuestos por las organizaciones LGBTI, aseguraron que ratifican su posición de que la diversidad de género y sexual no son enfermedades. “Expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual en el país”, indicaron.

Asimismo, reiteraron que la Resolución Ministerial n.°753- 2021/Minsa, “Orientaciones técnicas para el cuidado integral de la salud mental de la población adolescente”, establece que “la orientación sexual y la identidad de género de una persona no constituye en sí misma un trastorno de la salud física o mental y, por tanto, no deben ser sometidas a tratamiento o atención medica ni a las llamadas terapias de reconversión”.

Reacciones de la comunidad LGTBIQ+

La publicación de este decreto supremo ha generado rechazo en las redes sociales, especialmente entre activistas por los derechos LGBTIQ+.

“En pleno 2024, el Estado sigue guiándose del CIE-10 (1990), cuando ya existe el CIE-11, en donde la identidad trans, por ejemplo, ya no se considera una “enfermedad mental”. Esto significa un tremendo retroceso para los derechos de la comunidad LGBTIQ+, que por sí ya es una minoría tremendamente estigmatizada y desprotegida”, señaló la activista Caro Díaz en ‘X’.

“El problema es que (la identidad trans y travesti) esté en un manual que las catalogue como enfermedad. Ningún organismo científico serio considera ser una persona trans u homosexual como enfermedad”, mencionó, por su parte, la directora del colectivo Más Igualdad, Alexandra Hernández.

Desde que asumió como ministro de Educación, Morgan Quero ha estado actuando más como una especie de vocero defensor de la presidente Dina Boluarte, quien actualmente se encuentra en graves problemas por su oscura gestión y muy nerviosa por la reciente captura y detención de su hermano Nicanor Boluarte Zegarra y de su abogado Mateo Castañeda.

El 08 de mayo pasado, publicamos un artículo titulado “Morgan Quero ¿Ministro, abogado o escudero de Dina Boluarte?” donde se cuestiona el papel que viene desempeñando el ministro de Educación, pero, además, señalamos que según nuestras fuentes, teníamos conocimiendo que el ministro Morgan Quero desearía ser Premier y, por ello, lo estarían perfilando y voceando para eventualmente asumir la titularidad de la PCM en reemplazo de Gustavo Adrianzén.

En una comunicación que tuve con el ministro Morgan Quero, me hizo referencia al artículo líneas arriba mencionado, y sobre eso respondió: “No soy abogado, no soy escudero. Cuando me preguntan respondo de todo”.

Además, evidentemente incomodo por lo que se había publicado sobre su posible designación como Presidente del Consejo de Ministros, señaló: “Es absolutamente falso que desee ser Premier. Espero que puedas corregir eso. Nunca he pedido ningún cargo. Me siento muy honrado de estar en el MINEDU”.

Esta fue la aclaración del ministro de Educación y cumplimos con publicarlo. Pero también queremos hacer una pregunta a la presidente de los Rolex, Dina Boluarte, ¿Quién reemplazá al Premier Gustavo Adrianzén si presenta su renuncia?

La fiscal suprema especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, Delia Espinoza Valenzuela pidió al Poder Judicial que se levante el secreto de las comunicaciones de la suspendida fiscal Patricia Benavides Vargas, de un grupo de congresistas y de jueces implicados en el caso que se le sigue por ser cabecilla de una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público.

Además, se le investiga por el presunto canje del archivo de investigaciones penales contra parlamentarios, a cambio de votos en temas de su interés político. También se le cuestiona la presunta recepción de sobornos, a cambio de dirigir licitaciones en la Fiscalía.

El pedido fiscal se remitió al despacho del juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley, quien en los próximos días convocará a una audiencia virtual «reservada» para evaluarla.

La solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones abarca también a Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, así como al exministro Hernán Garrido Lecca y al fiscal Elmer Ríos Luque.

La exfiscal Benavides fue sometida a una intervención quirúrgica el pasado martes 7 de mayo y actualmente se encuentra internada mientras enfrenta un proceso pendiente en la Junta Nacional de Justicia que podría resultar en su destitución.

Tras varias horas de allanar la vivienda de Nicanor Boluarte ubicada en el distrito de San Borja, el operativo concluyó y se procedió a su traslado a la sede de medicina legal.

Al salir de forma accidentada, debido a la masiva presencia de los periodistas, y ante las preguntas de la prensa, el hermano de la presidenta de la República negó todas las imputaciones e insistió en su inocencia, ante las acusaciones de tráfico de influencias.  Mientras era escoltado por la policía, declaró no tener vínculos con los hechos que se le imputan.

Según la tesis de la Fiscalía, el caso de ‘Los Waykis en la Sombra’, se basa en la existencia de una organización criminal, que sería liderada por el hermano de la mandataria.

Además, se ha impuesto una prohibición de comunicación con los otros detenidos y se ha ordenado levantar el secreto bancario y de comunicaciones de Boluarte y otros veintiún investigados.

Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta detenido y conducido por agentes policiales.

Hermana de Nicanor y de la presidenta Dina Boluarte pidió respeto  

La hermana de la presidenta Dina Boluarte también se pronunció, pidiendo respeto y transmitiendo fortaleza a su hermano.

“No puede ser posible que traten así a los ciudadanos. Damos mucha fortaleza a mi hermano, la persona honesta es así, que enfrenta”, se le escucha decir. 

Cabe precisar que el Poder Judicial, en el marco de la operación ‘Valkiria Jericó’ por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, ordenó la detención preliminar de Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado.

También se encuentra en la lista Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, abogado de la presidenta. Asimismo, allanaron 26 inmuebles, e incautaron bienes tecnológicos y se autorizó judicialmente el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones con el fin de visualizar y extraer información de sus teléfonos móviles, tabletas, computadoras, laptops, USB’S y disco duros externos.