La Fiscalía de la Nación interpuso ayer una denuncia constitucional contra el congresista de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, por supuestos delitos de concusión y perjuicio a la administración pública, en el marco del caso ‘Mochasueldos’. Bajo la dirección del fiscal Juan Carlos Villena, esta acusación ha sido remitida al presidente del Congreso, Alejandro Soto, y está documentada en la carpeta fiscal N.º 200-2023.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle los actuados de la carpeta fiscal N.º 200-2023, que guarda relación con la denuncia constitucional interpuesta contra Jorge Luis Flores Ancachi (en su condición de congresista de la República), como presunto autor del delito contra la administración pública – concusión, en grado tentativa, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 382º del Código Penal, en agravio del Estado”, se lee en la documentación.

Esta acción legal surge a raíz de la solicitud de la Procuraduría General del Estado (PGE) para llevar a cabo investigaciones preliminares contra Flores Ancachi, planteando la posibilidad de que el parlamentario haya también incurrido en cohecho.

En efecto, de acuerdo a un informe periodístico del dominical Cuarto Poder, el parlamentario habría abusado de su cargo para obligar a los trabajadores de su despacho congresal y de la Comisión de Energía y Minas (que presidió en el periodo 2022-2023) para que le entreguen parte de sus remuneraciones.

El legislador puneño, quien también es investigado por el Ministerio Público como integrante del denominado grupo ‘Los Niños’, presuntamente exigía a sus trabajadores a entregarles el 10% de sus salarios y la mitad de todos los bonos que recibían. En audios que fueron grabados en enero de 2023 y que fueron oportunamente difundidos, se le escucha decir al parlamentario. “Con ustedes había quedado bien claro de que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”, señaló entonces.

Flores Ancachi arremetió contra fiscal de la Nación interino

Como se recuerda, el pasado 17 de abril, el legislador Jorge Flores Ancachi presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y la fiscal suprema Delia Espinoza, por presunto abuso de autoridad, entre otros. Dentro de la acusación, solicitó la inhabilitación de la función pública de ambos durante un plazo de 10 años.

El parlamentario envió la delación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) a fin de que siga su curso. En última instancia, tendría que llegar al hemiciclo parlamentario para que se efectúe.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, en medio de excesivas medidas de seguridad, con una comitiva presidencial compuesta por aproximadamente doce vehículos, llegó a la sede del Ministerio Público aproximadamente a las 9:08 a.m. para participar en una diligencia respecto del caso ‘Rolex’.

La diligencia, en respuesta a la citación del titular interino del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, tiene como objetivo ampliar el testimonio de Boluarte Zegarra ante él, sobre la supuesta recepción de relojes Rolex y otras joyas valoradas.

Hoy, la mandataria deberá responder a los cuestionamientos hacia su persona, ante la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de datos en su declaración jurada.

La investigación comenzó hace tres meses y abarca la posible recepción de beneficios indebidos por parte de funcionarios públicos, incluyendo relojes de alta gama y otras joyas que no se declararon entonces. Y como resultado, se incautaron dichas joyas.

Aunque, Boluarte Zegarra negó las acusaciones, alegando que los objetos eran préstamos del gobernador de Ayacucho Wilfredo Oscorima; ni la opinión pública, ni la mayor parte de la población le cree.

En abril pasado, Boluarte ya había dado una primera declaración sobre este asunto, y hoy se espera que dé una ampliatoria. 

Está de vuelta. El 23 de junio del año pasado, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, fue inhabilitada por 5 años por el Congreso de la República para el ejercicio de la función pública por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en relación al ex presidente Pedro Castillo.

“De esa manera, a través de su conducta omisiva, Zoraida Ávalos Rivera habría contravenido lo establecido tanto en la Constitución Política del Perú, como en las normas infraconstitucionales que se han invocado en el acápite 3.1.2.1, así como las normas procesales que regulan lo concerniente a la investigación preliminar y su finalidad”, concluyó en ese momento el Parlamento.

Luego de 11 meses de inhabilitación, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia (CSJ) se pronunció acerca del proceso de amparo interpuesto por Ávalos Rivera.

En ese sentido, resolvió “declarar fundada en parte la demanda, y por tanto inaplicable a la demandante los efectos de la Resolución Legislativa N° 024- 2022-2023-CR, publicada el 23 de junio de 2023″, que dispuso su inhabilitación por la presunta infracción a la Constitución Política del Perú, en su artículo 159°, inciso 4.

De acuerdo a los fundamentos de la Corte Suprema indican en el considerando vigésimo de la resolución que “(…) el Congreso de la República no ha motivado debidamente la infracción constitucional atribuida a la demandante conforme a los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional, dado que incurre en motivación insuficiente/incongruente (…)”.

“Esta Sala Superior Constitucional concluye que se ha vulnerado el derecho al debido proceso formal, en el ámbito de la motivación de la resolución legislativa de inhabilitación, de la demandante”, precisa el documento.

La resolución también ordena reponer “las cosas al estado anterior a la violación o amenaza del derecho fundamental, corresponde ordenar la reincorporación de la demandante Zoraida Ávalos Rivera como Fiscal Suprema Titular del Ministerio Público”.

Por último, la Sala resolvió “dejar a salvo la potestad del Congreso de la República para que proceda conforme a sus atribuciones constitucionales con relación a los actos que le fueron imputados a la demandante como infracción constitucional, garantizándole el irrestricto respeto a sus derechos fundamentales”.

Zoraida Ávalos lo celebra

Tras el fallo del Poder Judicial (PJ), Zoraida Ávalos Rivera celebró su reincorporación como fiscal suprema en el Ministerio Público (MP) y señaló que “está de vuelta”.

A través de su cuenta oficial de ‘X’, antes Twitter, la exfiscal de la Nación se pronunció sobre la decisión que tomó la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Con las energías recargadas. El congresista Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular) presentó el 29 de setiembre del año pasado el Proyecto de Ley N.º 6030/2023-CR, “Ley que prioriza proyectos científicos de inversión privada y/o pública destinados a la agrovoltaica”, en donde se mencionaba en el segundo artículo del proyecto referido la finalidad de la misma:

“…el Estado peruano impulse el desarrollo científico de alternativas de energías renovables para el desarrollo de la agricultura de manera sostenible y amigable con el medio ambiente, lo que conlleva a la generación de electricidad, el abaratamiento de los costos de energía, y la mejora en los resultados de la producción agrícola”.

Pero, ¿Qué significa la agrovoltaica? En palabras del mismo PL se enmarca dentro de una “actividad agraria sostenible, que implica instalar paneles fotovoltaicos orientados a generar energía en terrenos dedicados a actividades agrícolas ocurriendo de manera simultánea sobre una misma área. El objetivo de dicha actividad es el aprovechamiento de los suelos disponibles de manera eficiente, administrando conjuntamente recursos naturales para alimentación y generación de energía en base a una fuente renovable, inagotable y respetuosa con el medio ambiente”.

Hasta ahí todo bien con el Proyecto de Ley si no fuera por los antecedentes del congresista Jorge Luis Flores Ancachi en cuanto a sus presuntos vínculos con empresas dedicadas a las energías renovables con las cuales ya tendría un acuerdo previo para ingresar al mercado nacional, entre ellas la gigante asiática Huawei, empresa que financió el viaje a China del parlamentario Flores Ancachi.

Al respecto, Lima Gris publicó el 11 de octubre del año 2023 una nota en donde se mencionaba su cercanía Flores Ancachi (sindicado de pertenecer a la presunta organización criminal ‘Los Niños), con la empresa china Huawei. En ese momento se hacía énfasis en correos electrónicos donde aparecía el nombre del parlamentario acciopopulista, así como su viaje a China, todo pagado, junto con su pareja. Aquí el enlace: https://limagris.com/huawei-jorge-flores-ancachi-y-la-energia-agrovoltaica/.

Flores Ancachi, ¿el brazo político de Huawei en Perú?

Para que la gigante asiática en tecnología pueda tener ‘terreno fértil’ para sus operaciones comerciales requiere necesariamente de un intermediario en la política, en específico un congresista peruano que se encuentre, casualmente, en la Comisión de Energía y Minas, y que desde ahí se encargue de impulsar proyectos de ley que modifiquen las leyes nacionales a favor de la gigante tecnológica. Al parecer, el elegido sería el parlamentario natural de Puno, nos referimos a Jorge Luis Flores Ancachi.  

Desde el 2014, la empresa china con sede central en Shenzhen viene promoviendo el mayor proyecto agrovoltaico del mundo. Este proyecto ha sido construido en China, exactamente en el distrito de Binhe New. Desde allí se viene trabajando desde diez años para revitalizar terrenos de tierra árida en la provincia de Ningxia. El proyecto, es el resultado de un acuerdo entre el grupo Baofeng y la división Solar de Huawei, ya se ha instalado 640 megavatios de energía agrovoltaica con el objetivo de llevar la capacidad final a 1 gigavatio.

Ahora que el proyecto elaborado por el congresista Flores Ancachi se encuentra en etapa de estudio por parte de la Comisión de Energía y Minas del Congreso cabe preguntarse si dicho grupo de trabajo dejará pasar por alto todas esas irregularidades que solamente favorecerían a la gigante asiática que no ve las horas en meter a nuestro país sus paneles fotovoltaicos.

Viaje mortal. El ex contralor general Edgar Alarcón Tejada falleció este martes mientras se dirigía en un bus de la empresa CIVA rumbo a Ayacucho. Durante el trayecto el vehículo de transporte interprovincial se precipitó por un barranco en el sector Apacheta, vía de Los Libertadores.

De acuerdo con Exitosa, los familiares de Alarcón Tejada se presentaron en la terminal Civa en La Victoria, Lima; sin embargo, optaron por no declarar.

Al momento, la Dirección de Salud de Ayacucho dio cuenta de 14 heridos y 13 fallecidos producto del accidente de tránsito.

Asimismo, desde el Congreso de la República se publicó un mensaje vía X en donde enviaban sus condolencias a los familiares del ex parlamentario.

Fiscalía detrás de las causas del accidente

Por su parte, la Segunda Fiscalía Penal de Huamanga inició diligencias sobre el accidente ocurrido esta mañana en la vía Los Libertadores, en la que perdieron la vida 13 personas, entre ellas el ex contralor Edgar Alarcón.

“El fiscal provincial Juan Ames Blas informó que se dispuso recabar la lista de pasajeros y documentación de la empresa de transportes y del vehículo, tomar las declaraciones de los testigos y pasajeros ilesos, así como efectuar el levantamiento de los cuerpos”, informó el Ministerio Público.

Investigaciones en su contra

Por otro lado, Edgar Alarcón enfrentaba un juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito al tener un incremento patrimonial injustificado en relación a sus ingresos como contralor general de la República. Por este hecho, el Congreso lo destituyó en 2017.

Años después, en 2020, Alarcón fue elegido como congresista para completar el periodo parlamentario 2016-2021. Sin embargo, fue suspendido de sus funciones en 2021 tras ser acusado constitucionalmente por presunto enriquecimiento ilícito cuando era contralor general.

El proceso penal contra Alarcón ya estaba en etapa de juicio oral. Ahora con su sensible fallecimiento, la Sala Suprema Penal Especial declarará la extinción de la acción penal y archivará la causa.

La Fiscalía solicitaba 15 años de pena privativa de la libertad, inhabilitación de la función pública por 20 años, una pena de multa por un total de S/202.121,50, y el pago de una reparación civil de cinco millones 522 mil 243.72 soles.

En medio de la detención preliminar de Nicanor Boluarte por 10 días, acusado de liderar la presunta organización criminal ‘Los Waykis en la Sombra’; el Gobierno de su hermana Dina, designó a su amigo en un importante cargo. Se trata de Juan Enrique Alcántara Medrano, quien desde hoy despacha como viceministro de Justicia, en reemplazo del renunciante Walther Javier Iberos Guevara.

La Resolución Ministerial N° 070-2024-JUS con el nombramiento de Alcántara, se encuentra publicada en el diario oficial El Peruano y lleva las firmas de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa.

El currículum de Alcántara Medrano también incluye un cargo muy de confianza a la presidenta Dina Boluarte, pues durante la actual gestión de la mandataria, desde el 3 de febrero del año 2023, también fue nombrado como Secretario General de la Presidencia. Ocupó el cargo hasta que en abril del 2023 fue trasladado al Ministerio de Justicia como director general del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).

Alcántara señaló a un dominical en diciembre del año pasado que conoce a Nicanor Boluarte desde la época en que ambos trabajaron en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el 2016. Incluso, en el informe televisivo se emitió imágenes de saludos, que ambos se enviaban como amigos en la red social Facebook.

Flamante viceministro tiene antecedente en la Contraloría

El nuevo viceministro Alcántara Medrano tiene un antecedente cuestionable, al aparecer en un informe de la Contraloría General de la República.

Según el documento, el amigo de Nicanor Boluarte tuvo una presunta responsabilidad administrativa y penal en la contratación de una persona que no tenía experiencia laboral, ni formación académica y que iba a ser asesor del exalcalde de la municipalidad de Breña, José Li Bravo. El ingeniero beneficiado de manera irregular fue Daniel Peña Bermúdez, quien habría tenido un sueldo mensual de 7.500 soles, desde enero de 2019, hasta julio de 2021.

Cada día los ciudadanos nos encontramos más indefensos ante la creciente ola delictiva que no duda un segundo en apretar el gatillo para arrebatar hasta un celular; cuando se les hace frente con la misma proporcionalidad muchas veces el delincuente se convierte en víctima, encarcelando al ciudadano agredido. Ante ello, el Congreso de la República ha aprobado el uso de armas por parte de ciudadanos en situación de “legítima defensa”, modificando para ello el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal.

La iniciativa, impulsada por las parlamentarias Patricia Chirinos y Norma Yarrow, tuvo el apoyo con 79 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones.

Así pues, se modificó el artículo 20 del Código Penal, que ahora establece que no habrá responsabilidad penal para aquellos que, en defensa de su integridad o la de terceros, empleen la fuerza, llegando incluso al uso de fuerza letal, bajo ciertas circunstancias.

En esa línea, el cambio legislativo establece que no se procederá con prisión preventiva contra las personas que en defensa propia usen armas para proteger su integridad o la de terceros, siempre y cuando no tengan antecedentes penales o sentencia firme previa.

El numeral 3 del documento aclara que el acto de defensa puede ejercerse en caso de una irrupción ilegítima en una propiedad privada, vehículo, negocio o lugar de trabajo. Así como también frente a una situación de peligro inminente, donde se repele una agresión.

También se establece que si en el acto de defensa se usó un arma de fuego legalmente inscrita esta deberá ser incautada por la autoridad competente en un plazo que no exceda las 48 horas, para las investigaciones preliminares.

Poder Judicial y Fiscalía se opusieron

Cabe señalar que, previo a la aprobación del proyecto, el Poder Judicial (PJ) y la Fiscalía la rechazaron, declarando, en setiembre del 2023, que esta iniciativa legislativa no era viable por la Comisión de Justicia. Estas entidades, fundamentales en la administración de justicia del país, han expresado serias preocupaciones sobre las implicaciones de dicha propuesta.

El PJ indica que sugerir estos cambios en el Código Penal podría desvirtuar el análisis objetivo y concreto de los hechos, esenciales en el proceso penal.

Por su parte, Fiscalía indicó que la seguridad ciudadana no puede ser usada como pretexto para crear mecanismos que, en la práctica, faciliten la justificación o exculpación de actos de violencia por parte de los ciudadanos hacia terceros, incluidos familiares.

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Peter Abad Altamirano, confirmó que la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) dispuso expresamente la censura temporal para la entrega del informe de pobreza monetaria 2023.

“Como es de conocimiento público, la postergación se debió a una disposición expresa de la Presidencia del Consejo de Ministros”, indicó durante el evento de análisis del ‘Informe sobre la Pobreza Monetaria 2023’ organizado por el INEI.

“Esto no implicó dejar de publicar el Informe Técnico de la Pobreza 2023 y la base de datos en nuestra página web institucional en la fecha establecida. Gracias por su interés y bienvenidos a todos”, añadió.

INEI suspendió publicación de resultados de la Pobreza Monetaria en el 2023 por “razones de fuerza mayor”

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) pospuso la publicación de los datos sobre pobreza monetaria correspondientes al año 2023, ello generó un ambiente de preocupación en el país.  

Las cifras, que se esperaban, podrían reflejar un aumento en los niveles de pobreza, regresando a los índices alarmantes experimentados durante la pandemia.  

Mediante un breve comunicado compartido en su cuenta de X, desde el INEI indicaron que se había adoptado esta decisión “por razones de fuerza mayor”; sin embargo, no mencionaron que se debía por orden del gobierno, específicamente de la PCM. Asimismo, señalaron que la presentación se realizaría durante la próxima semana.

El Consejo de Ministros retardó la presentación de los índices de pobreza

En la última sesión del Consejo de Ministros, fotografías oficiales revelan que la presidenta Dina Boluarte y su gabinete fueron informados sobre estas estadísticas, lo que inmediatamente generó especulaciones sobre la razón detrás del aplazamiento de la presentación. Algunas fuentes sugieren que las cifras de pobreza multidimensional, que incluyen aspectos como seguridad, salud, educación, empleo, vivienda y conectividad, podrían haber causado incomodidad en el gobierno.  

La Presidencia del Consejo de Ministros descartó que el Gobierno tenga la intención de modificar cifra alguna del INEI, al asegurar que es un ente técnico especializado e independiente; sin embargo, ordenaron no difundirlas temporalmente.

En las fotos registradas durante la última sesión de la PCM, se revela que la presidenta Dina Boluarte y su gabinete sí vieron las cifras de la pobreza.